Los retos de la agenda legislativa

Con el inicio de la nueva legislatura fueron varios los temas que causaron expectativa por su trascendencia política y porque seguirían la pauta de iniciativa y eficiencia legislativa del gobierno y sus buenas relaciones con el Congreso. Se rumoraba desde el mes de junio la introducción de los proyectos de ley estatutaria de participación ciudadana, de derecho a la oposición, el nuevo código electoral, la reforma a la justicia y la ley de tierras.

Sin embargo la legislatura empezó de manera infortunada. La división del Polo Democrático, único partido de oposición, se evidenció aún más en la conformación de las mesas directivas del Congreso, el anuncio del nuevo presidente del nuevo presidente del Senado de intentar revivir la polémica inmunidad parlamentaria causó un impacto negativo en la opinión pública y la reforma a la justicia causó el un choque de poderes entre el poder ejecutivo y judicial.

Después de tres meses de iniciada la legislatura se empiezan a vislumbrar algunas dificultades para sacar adelante su agenda legislativa del gobierno. Esto no significa ni quiere decir que la coalición de gobierno se esté debilitando con el paso del tiempo, sino que los temas actuales no son, en términos de Maravall (2008), temas transversales o de consenso. Es claro que los proyectos aprobados en la legislatura pasada tuvieron una mayor facilidad en su trámite y discusión al tratarse de temas, tal y como lo mencionaban los mismos congresistas y Presidente, de envergadura nacional, que si bien generaron debate y discusión, no desembocaron en el hundimiento de proyectos. ¿Quién no se encuentra de acuerdo con la necesidad de tener un estatuto anticorrupción o con aprobar una ley de protección a víctimas?

El caso es que, además de que los temas en discusión son temas posicionales en la política, en donde aspectos ideológicos o de grupo que van más allá de la naturaleza de la coalición, son aspectos que tienen que discutirse con otros sectores sociales y políticos. Éstos por una parte tienen una relación directa con la ley, como en el caso del estatuto de la oposición; implican un reacomodamiento del poder en términos de varios aspectos como recursos o pautas de funcionamiento y por qué no en cuotas de poder, como la reforma a la justicia y del código electoral; o que por su envergadura y conflicto social genera o ha generado una división y resistencia interesante por parte de varios sectores políticos y sociales del país, como lo es la ley de tierras.

Así las cosas, sólo el proyecto de reforma a la justicia ha sido presentado ante el Congreso, mientras que el proyecto de código electoral, el estatuto de la oposición y la ley de tierras, se han venido aplazando varias veces por aspectos de distinta índole. Por otra parte ya se encuentran en la discusión temas también posicionales que pondrán a prueba la coalición de gobierno y que han generado un vigoroso debate, no solo dentro de la Unidad Nacional, sino en la opinión pública en general como la penalización del aborto o la despenalización de la dosis mínima.

Con este panorama son grandes los retos que en materia legislativa se presentan en la actualidad, enmarcados no solo en los temas de la agenda, sino en el en manos de quién va a caer el protagonismo en materia legislativa. ¿Seguirá el Congreso tan disciplinado, con los temas prioritarios del ejecutivo? ¿Tratará el Congreso de imponer sus temas prioritarios en la agenda? ¿Estos temas en discusión cuando estén en el Congreso tendrán una ‘fácil’ aprobación? ¿Qué papel jugará la oposición y los distintos sectores sociales implicados? Las respuestas a estas preguntas pueden ser casi obvias en el contexto actual de la Unidad Nacional, pero el llamado efecto ‘luna de miel’ no es eterno, las divisiones se empiezan a vislumbrar y como se mencionaba más arriba la discusión de temas posicionales puede poner a temblar la firmeza de la Unidad. 

Nadia Jimena Pérez Guevara

+ njperezg@nuevoarcoiris.org.co

Referencias 

MARAVALL, José María. 2008. La confrontación política. Madrid. Taurus 

En defensa de las consultas internas

A pesar de que el ministro del Interior  Germán Vargas Lleras, califique la jornada electoral que se cumplió el domingo como un total fracaso, asegurando además que no hubo una “coherente relación” entre los gastos en los que tuvo que incurrir el Estado para la logística y preparación de las elecciones y la real participación de los ciudadanos. Cualquier esfuerzo que se haga desde el mismo Estado en aras de promover la participación ciudadana en la democracia electoral, es ganancia.

No se puede comparar los resultados de unas elecciones para presidente, alcalde, gobernador o congresistas, con una en la que la decisión popular favorece únicamente a determinado partido, porque claramente, el número de votos será menor, mucho más si se tiene en cuenta que los partidos y movimientos políticos en Colombia tienen su imagen totalmente desdibujada y muy pocos confían en ellos y otros desconocen sus obejtivos. Si estas consultas se hubiesen desarrollado en el pasado cuando el fervor político llevo a muchos a pelear con sus vecinos por  la filiación política, con seguridad la gente hubiera participado masivamente en ellas, pero hoy día la realidad es otra.

El mecanismo de la consulta interna como su nombre lo indica, es un proceso que no debería ser abierto a todo el que quiera participar, lo más coherente es que este se haga únicamente  con los afiliados al partido que corresponda, así de paso los obligaría a promover la participación de sus miembros, se daría a la tarea de atraer a nuevos militantes y llevar a cabo una fuerte campaña para que la jornada sea exitosa, porque lo único que se comprobó en la última jornada electoral con los resultados, es que la apertura de este mecanismo electoral al que quiera participar, solo promovió la pereza de cada jefe único y de los precandidatos a elegir.

No por el hecho de que la participación electoral en Bogotá, no haya alcanzado el mismo número de votantes que logró en las últimas elecciones, se puede calificar a la jornada como un desastre,  primero porque Bogotá, no es la única ciudad del país y segundo porque si hay gestión que tradicionalmente en Colombia ha sido cuestionada, es la política y en aras de que esta se logre sanear y cada vez se ejerza de manera más transparente y no a dedo, lo más coherente es promover una mayor participación en política de los ciudadanos de a pie.

Resulta extraña la actitud del ministro del Interior,   si se tiene en cuenta que  en sus tiempos de senador  defendió la implementación de las consultas internas, las que que en estos momentos  deben corregirse y defenderse para que no se vuelva a elecciones de candidaturas a dedo, ni con aplausometros.

La tarea que le corresponde en estos momentos no solo al gobierno, sino al Estado en pleno, en aras de garantizar el mayor acceso a la democracia electoral, tanto en consultas como en el momento de decidir quiénes van a dirigir los destinos de la patria, es incentivar la participación de la mayor parte de votantes, no solo para darle vida a las jornadas, sino como forma de resistencia a los violentos.

Oscar Fernando Sevillano

Corporación Nuevo Arco Iris

Así va la Ley de Víctimas

El proceso legislativo de la ley de víctimas continúa avanzando en el Congreso y los debates sobre puntos álgidos de la iniciativa que tímidamente se avizoraron durante las sesiones en Cámara de Representantes, hoy día en el Senado de la República van tomando sus verdaderas dimensiones gracias a las intervenciones de los que  denuncian fallas estructurales dentro del proyecto y de los Senadores que sin decirlo abiertamente preferirían que la iniciativa no se convirtiera en ley. Los primeros han expresado sus argumentos anunciando la radicación de proposiciones para mejorar el proyecto, mientras los segundos  apelaron  a la sostenibilidad fiscal para cuestionar los alcances de la iniciativa.

Dentro de estos extremos se ha movido la discusión y la tarea de guardar este delicado equilibrio, fue  asumida por el coordinador de ponentes Juan Fernando Cristo, quien ha logrado un positivo respaldo del resto del equipo de ponentes,  destacándose la labor de los senadores Avellaneda del Polo y Londoño del Partido Verde por un lado,  así como de Roy  Barreras del Partido de la U y Andrade del Partido Conservador, quienes hasta el momento aunque en  distintos tonos y a pesar de tener posiciones contradictorias sobre puntos específicos,  han coadyuvado en la tarea de no polarizar en exceso el debate y no ponerlo en los términos en que se discutía en el año  2009, cuando se trató  de sacar adelante el anterior estatuto para  víctimas.  

Este comportamiento en gran medida es la respuesta al arduo trabajo realizado durante estos años por las organizaciones de víctimas, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil y la sociedad internacional, ahora respaldadas por el acto simbólico de radicación personal de la iniciativa por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, hecho que  constituye en sí mismo un avance en la dura discusión de este proyecto de ley,  que aún con las falencias en materia de garantía efectiva de derechos  de las víctimas señaladas con razón por varios sectores, muestra también aspectos positivos logrados a lo largo del debate.

En efecto, debe destacarse la existencia de un consenso en el Congreso de la República donde se reconoce que hasta la fecha se ha venido legislando a favor de los victimarios,  dejando relegados los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este gesto se convierte en el punto de partida para una discusión en la que el acento se ha puesto en las víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario,  a pesar de la reticencia de algunos Senadores del Partido de la U y del Partido Conservador,  quienes han pretendido llevar nuevamente el debate al terreno del victimario.

Así sucedió con la discusión del polémico artículo 3  de la ponencia para tercer debate que define el carácter de víctima y por ende los beneficiarios de las medidas que allí se establecen, donde se suscitó una amplia discusión sobre sí  las víctimas de las denominadas bandas criminales derivadas del paramiltarismo y el narcotráfico - bacrim - ,  estaban o no incluidas como beneficiarias,  y donde sin llegar a una solución definitiva,  se ha venido imponiendo el principio según el cual la calidad de víctima estará dada por la Grave Violación a los Derechos Humanos o la Infracción al Derecho Internacional Humanitario sufrida por la persona, independientemente de la denominación o status del victimario. Esto sin duda ameritará la reformulación del mencionado artículoy deberá dejarse constancia expresa de este principio en su nueva redacción, así como también debera modificarse su parágrafo 3,  entendiendo que la referencia  a los actos de delincuencia común que allí se hace pueden especificarse y delimitarse haciendo una remisión a los artículos 35 de la ley 600 de 2000 y 37 de la ley 906 de 2004 que en conjunto establecen la competencia de los jueces penales municipales para aquellos delitos que por su naturaleza no tienen la categoría de Graves Violaciones de Derechos Humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Esto último cerrará la puerta a interpretaciones restrictivas,  que en este sentido afecten los derechos de las víctimas y de la misma forma establecerá las distinciones necesarias con los delitos comunes que estarán excluidos del ámbito de aplicación de la ley, respondiendo a quienes exageradamente temen porque el proyecto termine cobijando cualquier tipo de victimización, pues si bien todos hemos sufrido de alguna manera el conflicto que vive el país,  no todos somos víctimas en estricto sentido tal como argumentan algunos sectores,   con el fin de que por la vía de la tergiversación,  se termine desnaturalizando el contenido de la ley.   

Este mismo punto de partida al que se ha hecho referencia ha justificado la superación de debates hasta hace muy poco tiempo impensados,  como el de la inclusión de víctimas de agentes del Estado,  respecto del cual hay apoyo del gobierno y de manera especifica del Ministerio de Defensa que dice sentirse tranquilo con el tema, e igualmente permitirá así como sucedió en la Cámara de Representantes, que la votación de buena parte del extenso articulado se haga en bloque, agilizando considerablemente el proceso de votación,   para concentrarse en temas puntuales que seguirán dando de que hablar.

Así las cosas, por una parte habrá quienes sigan atacando la iniciativa desde la sostenibilidad fiscal a pesar del aval del Ministerio de Hacienda sobre su financiación progresiva durante el periodo de aplicación de la ley, y por otra parte con razones jurídicas basadas principalmente en los tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad,  se buscará el reconocimiento político de varios temas que aún preocupan a las mismas víctimas,  como la fecha de retroactividad de la ley, el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario con las exclusiones que trae el artículo 3, la aceptación de responsabilidad expresa por parte del Estado por omisión de su deber de garantía de los Derechos Humanos, así como la exclusión de los conceptos de derecho de superficie y de imposibilidad de restitución sobre bienes de utilidad pública.

Todos los anteriores son temas que sin duda pueden afectar el goce efectivo de los derechos de las víctimas y que deberían resolverse a favor suyo,  de no ser por las concesiones de tipo político propias del trámite legislativo, sin embargo teniendo en cuenta las mayorías existentes hoy en el Congreso,  producto de la unidad nacional es un hecho que la ley será aprobada de una u otra forma razón,  por la cual el camino adecuado no debe ser renunciar al debate,  sino partiendo del reconocimiento de los avances dados por el cambio de rumbo del gobierno nacional, buscar mejorar los temas de preocupación de las víctimas durante lo que resta del debate concreto del articulado,  con el fin de allanar el camino en búsqueda de fortalecer la ley ante los inmensos desafíos que plantea su aplicación, propósito que además de lo dicho hasta acá,  pasará necesariamente por la conformación de una institucionalidad sólida, eficaz, eficiente y respetuosa de la dignidad de las víctimas.  

Iván Palomino

Asesor

Programa de Poblaciones Afectadas por el Conflicto

Corporación Nuevo Arco iris

Primeros seis meses de Unidad Nacional

Terminan los primeros seis meses de la conformación de la llamada Coalición de Unidad Nacional en el Congreso de la República de la que hacen parte los Partidos de la U, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Mira y demás movimientos pequeños que acompañaron la campaña del Presidente de la República Juan Manuel Santos.

Dicho acompañamiento le ha servido al Presidente Santos para a través de su ministro del Interior y de la Justicia darle trámite a sus iniciativas sin mayores tropiezos, lo que no significa que no los haya tenido, sin embargo supo capotearlos.  Es así como son presentadas  a consideración del legislativo las leyes de víctimas y tierras,  al igual que la búsqueda de facultades  extraordinarias para reorganizar al Estado, reformar la distribución de regalías, eliminar la Comisión Nacional de Televisión,  impulsar un nuevo estatuto anticorrupción, modificar el ordenamiento territorial, crear una ley para el primer empleo, impulsar la reforma a la salud, entre otros proyectos.

Sin embargo más allá de los aciertos que tuvo el gobierno nacional en el manejo de las relaciones con el Congreso de la República,  en aras de obtener una buena marcha para la aprobación de sus iniciativas, el Ejecutivo ha podido permanecer tranquilo porque en materia de escándalos que han tocado a su bancada, estos pertenecen a manejos que se dieron en la administración de Álvaro Uribe.

Es así como a pesar de que las investigaciones de la Parapolítica se inician en 2006, estas no han cesado y al día de hoy personas como Dieb Maloof,  que ya cumplieron su pena en la cárcel  por relaciones con los paramilitares, la Corte Suprema de Justicia  le abrió un nuevo expediente, esta vez por Crímenes de lesa humanidad.

Otro lío judicial que tienen algunos congresistas y que está relacionado con el gobierno anterior, se da por la denuncia interpuesta por el Representante a la Cámara Germán Navas Talero,  por vicios de trámite en la discusión del proyecto de reelección, hecho que aún no ha tenido alguna decisión en la Corte Suprema de Justicia.

Como si fuera poco el Partido Conservador hoy está en la picota pública porque algunos de sus congresistas, al parecer se vieron favorecidos a través de sus allegados, para hacerse a bienes incautados a la mafia, hecho que de ser cierto, fue posible gracias a que el manejo de la Dirección Nacional de Estupefacientes estuvo durante los ochos años del gobierno Uribe en manos la bancada azul, por lo que algunos analistas políticos piden la responsabilidad política del partido, más que la individual.

Otro lio judicial que surte trámite en los organismos investigadores y que en la mayoría de casos no ha surtido decisión alguna, tiene que ver con la entrega de notarías y embajadas a congresistas que con su voto favorecieron la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, hecho que una vez más hizo que durante los primeros seis meses,  el gobierno de Juan Manuel Santos no se viera inmerso en ningún escándalo por malos manejos, debido a que los hoy existen, en lo que tiene que ver con relaciones con el legislativo,   son de la administración anterior, por lo que el Ejecutivo no tuvo ningún tropiezo que distrajera su atención, por lo cual se centró en no permitir que pequeñas discrepancias entre bancada y bancada,  amenazara  con romper la coalición de Unidad Nacional y así lograr el trámite adecuado a sus iniciativas.

Se estrena la Silla Vacía

En adelante cada partido político que tenga a uno de sus miembros con procesos judiciales en firme por vínculos con grupos armados al margen de la ley, no podrá reemplazar al congresista judicializado, por el siguiente en la lista electoral, lo que  significa que por el proceso abierto a Javier Cáceres por delito de concierto para delinquir agravado, en su modalidad de promoción de grupos armados ilegales”, se aplicará el castigo para Cambio Radical que se conoce con el nombre de Silla Vacía.

Dicha figura se aprobó en la reforma política aprobada en 2009, con el fin de responsabilizar  al partido político por no haber establecido los filtros necesarios que hubiesen evitado que sus listas fueran permeadas por la ilegalidad.  

La silla vacía se aplicará para congresistas  que tenga proceso judicial en firme,  con posterioridad a la aprobación de la reforma y no tiene juego cuando la sanción provenga de la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de procesos disciplinarios, lo que quiere decir, que en el caso de la Senadora Piedad Córdoba, el Partido Liberal podrá reemplazar esa curul, siempre y cuando su caso no tenga efectos judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera podría suceder con los casos que en estos momentos se encuentran en investigación previa por Parapolítica y Farpolítica, los que en el hipotético caso de que entraran en investigación formal, por abrirse en fechas posteriores a la   aprobación de la norma, con seguridad se perderían las curules, si llegasen a ser detenidos.

La aplicación de la silla vacía pondrá a pensar no solamente a quienes resulten afectados, sino también a los partidos políticos a los que pertenezcan, puesto que  en ambos casos se verían afectados políticamente, hecho que en adelante les obligará a cuidar y vigilar a los militantes y miembros de sus listas.

Parapolítica, el proceso continúa

Con las decisiones judiciales que tomó la Corte Suprema de Justicia, se demuestra una vez más que la labor por esclarecer los oscuros tratos del paramilitarismo con la política local en nuestro país, no ha cesado, ni cesará, al menos por un buen tiempo.

Cuando nadie se lo esperaba, el alto tribunal de la justicia emitió orden de captura contra el senador Javier Cáceres a quien La Corporación Nuevo Arco Iris en su publicación “Paramilitares y Políticos”, mencionó como uno de los legisladores que para las elecciones de 2006 -2010, había obtenido votaciones atípicas en lugares de dominio paramilitar en la costa atlántica.

Sonaba un poco extraño que la justicia no se pronunciara frente a este caso, luego de que ex jefes paramilitares en sus versiones de justicia y paz le señalaran como uno de los beneficiados por el proselitismo armado que hizo el grupo armado en el momento de expandir su dominio territorial:

·         Salvatore Mancuso: Reveló sus nexos con políticos locales. Dijo que controlaba 25 de 28 alcaldías de Córdoba y mencionó entre otros congresistas a Armando Benedetti, Mario Uribe y Zulema Jattin y Javier Cáceres. Salvatore Mancuso prometió hablar de las empresas que, según él, apoyaron a las Autodefensas.  www.eltiempo.com, 17 de mayo de 2007.

·         Alexis Mancilla: Según la Fiscalía, Mancilla García, ratificó el apoyo que las autodefensas prestaron a las campañas políticas de Javier Cáceres Leal al Senado de la República y de Libardo Simancas Torres a la Gobernación de Bolívar en el año 2003. Ex jefe paramilitar salpicó a políticos bolivarenses de tener vínculos con las Auc. www.caracolradio.com, 6 de marzo de  2009.

·         Juancho Dique: En el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel el ex jefe paramilitar Uber Enrique Banquéz , alias ‘Juancho Dique’, relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar. Según ‘Dique’, que fue uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares que operaban en Bolívar.  'Juancho Dique' salpica a Javier Cáceres,   www.verdadabierta.com, 13 de julio de 2010

Bajo estos antecedentes la justicia decidió indagar si era cierto que Cáceres había hecho tratos con los paramilitares, con el fin de beneficiarse políticamente de sus acciones.  A este senador se le seguía un proceso judicial por posible tráfico de influencias en el manejo de la Empresa Territorial para la Salud – Etesa, en donde según denuncia de la Revista Cambio el congresista tenía  injerencia en la entidad, noticia  corroborada por grabaciones en las que funcionarios comprometidos en millonarios cobros ilegales a operadores clandestinos de casinos, máquinas tragamonedas y otros juegos, lo mencionaban como  persona que influía en el manejo de la nómina.

De otro modo también resulta curioso el apoyo de Javier Cáceres a Daira de Jesús Gálvis,  para obtener la curul para el actual senado por Cambio Radical, quien fue durante un tiempo abogada de Enilce López, alias la Gata, que por su oficio conoce con detalle el oscuro proceder de su ex defendida, quien de tiempo atrás maneja y conoce los negocios de juegos de azar, en varios departamentos de la Costa Atlántica, precisamente donde Javier Cáceres parece tener influencias en la nómina.

El otro llamamiento a la justicia que tiene que ver también con Enilce López, es a Miguel Ángel Rangel, Director de Apertura Liberal, en donde aterrizó López con toda su tropa política local en 2002 y del que se separó con la llegada en 2009  del movimiento conformado por Cristian Murcia, hermano de David Murcia, quien fue representante legal de la captadora de dineros DMG, para finalizar en el acuerdo político promovido desde una cárcel en Bogotá conocido con el nombre de Partido de Integración Nacional – PIN y en donde están la mayoría de herederos de ex congresistas condenados por parapolítica.

Otro político que entró a la cárcel en los últimos días por cuenta de la parapolítica es Mario Salomón Nader, señalado por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, como uno de los 23 políticos beneficiados por las AUC del  Bloque Élmer Cárdenas, quienes al parecer tenían la idea de crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con el fin de tener aliados en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas.

El ex jefe paramilitar se refirió a políticos de Córdoba entre quienes figuraban: Mario Salomón Nader, entonces senador del Partido Liberal; Reginaldo Montes, ex senador de Cambio Radical y quien ya fue condenado a 6 años de prisión por parapolítica; Mario Buendía, ex diputado; Mari Bechara, candidata a la Cámara que no salió elegida; Juan Manuel López, senador Liberal condenado a 7 años de cárcel por parapolítica; y José De los Santos Negrette, ex representante absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

 Con la vinculación de Nader a la parapolítica, los grupos políticos en el departamento de Córdoba quedan todos con uno de sus miembros señalados de haber hecho tratos con las AUC, tratos  que a futuro significarían desplazamiento masivo y masacres a los pueblos de la región.

Son pocas las caras que cambian en el Senado de la República

Aunque no se ha declarado la elección del nuevo Senado de la República por el CNE, son pocos los primíparos para el próximo período. 27 de los 102 senadores estrenarán escaños.

Entre tanto, casi la mitad, el 47% de los actuales congresistas logró reelegirse.

En esa nómina hay 22 senadores que proceden de la Cámara de Representantes y 4 llegan después de haber ocupado un escaño en oportunidades anteriores.

En la Cámara de representantes hay más de 100 de los 166 que se estrenarán.

Algunos de los datos que se desprenden de los comicios del pasado 14 de marzo señalan que el Partido de la U tendría 27 escaños, entre los cuales hay congresistas sobre los cuales recaen investigaciones por parte de la Corte Suprema, o son cercanos a ciertos procesados. Son los casos de Dilian Francisca Toro, Musa Besaile, Piedad Zucardi.

A la U le sigue el Partido Conservador, que obtendría 22 curules de las cuales 6 están en manos de actuales representantes a la Cámara, y seis son nuevos. También tiene congresistas investigados por la presunta comisión de algún delito o es allegado a alguno de estos. Se pueden mencionar en este grupo Hernán Andrade, Samy Merheg (hermano de Habib) y Olga Suárez Mira (hermana de Oscar de Jesús).

Los liberales tendrían 17 escaños, de los cuales solo tres son para nuevos congresistas, entre ellos Arleth Patricia Casado, a quien se le cuestiona por ser la esposa de Juan manuel López, juzgado y condenado por la parapolítica.

Para el partido de Integración Nacional, PIN, con el que nadie se atreve a hacer alianzas, alcanza 9 curules, entre ellas 5 para personas nuevas. También tiene congresistas cuestionados como Héctor Julio Alfonso, hijo de Enilse López, y Teresita García Romero, hermana de Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Mapayepo y por parapolítica.

Tal vez el más cuestionado de los partidos sea el famoso PIN (Partido de Integración Nacional), que obtiene nueve curules, entre ellos cinco primíparos. Cuestionados están Héctor Julio Alfonso, el hijo de ‘La Gata’, quien había renunciado a su curul en la Cámara, y la ex cónsul del gobierno Uribe, Teresa García Romero, hermana de Alvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapayepo y por parapolítica.

Igualmente hacen parte del PIN, Juan Carlos Rizzetto, Manuel Julián Mazenet y Nerthink Mauricio Aguilar.

Cambio Radical es uno de los que mayores curules perdió, quedando reducido a solo ocho escaños. Es uno de los que menos se renovó . El único nombre diferente es el de Fuad Char Abdala, que ya ha sido congresistas en varias oportunidades. Otro de los damnificados el 14 de marzo fue el Polo Democrático, que quedó reducido a 8 curules, entre las cuales hay dos congresistas nuevos.

El Partido Verde alcanzó cinco escaños, todos ellos para primíparos en las lides parlamentarias. El movimiento Mira aumenta una curul: de dos pasa a tres.

CONTINÚAN LOS ESCRUTINIOS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, reiteró que la gran cantidad de demandas presentadas en el desarrollo de los escrutinios es lo que ha atentado para que se conozcan los resultados de los comicios de marzo pasado.

De acuerdo con la Magistrada cartagenera, aún quedan pendientes por entregar las 102 credenciales de Senado. Entre tanto en la Cámara de representantes están pendientes por entregar: dos de afrodescendientes, dos indígenas, una de las minorías, las 17 de Bogotá, más o menos 12 del Valle, las 6 de Bolívar, 5 de Magdalena. Sumando todo, dice la funcionaria, se han entregado cerca de 120 credenciales. Todo el proceso estará concluido al finalizar esta semana.

Nota publicada en www.elheraldo.com.co

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El nuevo congreso de la República

A un mes de que se posesione el nuevo Congreso de la República y muy a pesar de que la atención se encuentra puesta en la segunda vuelta presidencial los cuestionamientos no pararon no  solo por  que las personas que se les abrió procesos judiciales por vínculos con el paramilitarismo, buscaron la manera de continuar en el legislativo, sino también por las denuncias de fraude electoral y compra de votos.

Como nunca antes se esperó que el Congreso de la República se renovara para bien de la política colombiana, hecho casi imposible de que sucediera, debido a que tradicionalmente estas personas son fichas de  familias y grupos políticos que manejan la burocracia institucional en los departamentos y municipios de donde son originarios, quienes  contralan el manejo público  del personal  que labora en las administraciones y eligen a  las empresas que participan en las licitaciones, las que en su mayoría pertenecen o tienen algún tipo de relación con ellos.

 Era difícil pensar o imaginar que la senadora electa Teresita García, hermana del ex senador Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por financiar y promover al paramilitarismo en el departamento de Sucre, participar en la masacre de Macayepo y constreñimiento al elector, junto con su fórmula a la Cámara, Mercedes Eufemia Márquez, no fueran elegidas como congresistas, finalmente hacen parte de la principal familia política en Sucre,             quienes por décadas han manejado la cosa pública en la región. En la baraja  burocrática de este sector político  siempre estuvieron y están varios de los cargos más importantes del departamento: alcaldes de municipios, concejales, directores del Sena, del Instituto de Bienestar Familiar, etc.[1]

Similar situación ocurre con Juan Carlos Martínez, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con el paramilitarismo. Es bien sabido que gran parte de las instituciones en el Valle de Cauca son cuota de Martínez, quien se jactaba  en reuniones privadas de tener en sus manos 13 alcaldías en Cauca y Valle, el consulado de Panamá, el Invías de todo el país, la Corporación Autónoma del Valle y, como si fuera poco, línea directa con la Presidencia de la República.  Era de ahí entonces que Carlos Arturo Quintero, Hemel Hurtado, Juan Carlos Rizetto, candidatos al senado por el Partido de Integración Nacional (PIN), bendecidos por el ex senador Martínez, lograran la elección y hoy día resultaran elegidos como Senadores de la República. [2]

Así mismo sucedió con todas las candidaturas de las que se esperó un castigo electoral, por su vinculación con el conflicto armando, castigó que nunca llegó, debido al gran poder regional que estas personas tienen en sus lugares de origen y por lo cual muy seguramente han de continuar en el mando, bien sea en persona propia o en cuerpo ajeno.

Por ahora ganó el uribismo:

Es indiscutible que los partidos que por el momento han seguido al pie de la letra los postulados del gobierno Álvaro Uribe fueron los ganadores en la  contienda electoral que eligió a los Senadores y Representantes a la Cámara. 28 curules obtenidas en el Partido de la U y 21 en el conservatismo, son la muestra indiscutible del triunfo de los partidos que han dado apoyo irrestricto al ejecutivo. La pregunta del millón aquí es, ¿Hasta cuándo se puede considerar que el llamado uribismo se mantenga en el tiempo?

Es claro que el Presidente Álvaro Uribe es una coyuntura y como tal tiene un principio y un final, por lo que no se puede asegurar tácitamente que sus postulados y su manera de gobernar se pueda mantener en el tiempo, primero porque la personas que aspira a sucederlo (Juan Manuel Santos)  le obedecería firmemente durante un tiempo prudencial, mientras le da un toque personal a su posible  mandato, así le de continuidad irrestricta a la seguridad democrática, proyecto que se ha de mantener como una política de Estado, porque  la situación de orden público no permite vacilar ante el creciente aumento de los grupos emergentes del paramilitarismo, el reacomodo de la guerrillas de las Farc,  la  amenaza constante de un renacer del Ejército de Liberación Nacional – ELN y la constante presencia del narcotráfico en las esferas de la sociedad colombiana.

Por lo anterior es bueno analizar hasta donde le daría al uribismo para mantenerse como grupo con el nuevo mapa electoral.

El Partido de la U fuerza mayoritaria por segunda vez consecutiva:

El Partido de la U funcionó  por  primer  vez, como partido que apoya una elección presidencial porque su creación en 2005, fue hecha con la única motivación de darle la posibilidad al Presidente Álvaro Uribe de sostenerse en el poder durante cuatro años más. De ahí que era más fácil reunir a los caciques electorales que por años han demostrado que les gusta el poder, más que las ganas de buscarle soluciones en el mediano o corto plazo a los problemas de Colombia. Es así como a él llegan, Juan Carlos Martínez, Dilian Francisca Toro, Adriana Gutiérrez, Luis Guillermo Vélez (Senador fallecido), Carlos García, etc.

Para el período 2006 -2010, el Partido de la U elige 20 senadores  y 29 representantes; para el período 2010 – 2014, próximo a iniciarse, aumenta su participación con 28 senadores y 46 representantes a la Cámara, lo que le da mayoría absoluta en ambas corporaciones y por lo cual es fácil deducir que de darse un trabajo en equipo sólido y disciplinado entre los que congresistas que están y los que llegan por primer vez en este movimiento, el candidato presidencial  Juan Manuel Santos tendría la gobernabilidad  asegurada.

Las mayorías logradas por el Partido de la U, no fueron dadas por si solas, ni por el convencimiento de nuevos liderazgos que convencidos de llegar al senado y a la Cámara por primer vez, se dieron a la tarea de buscar ese sueño de país a través de este partido. Es bueno recordar que con la entrada en vigencia de la nueva reforma política en 2008, algunos congresistas de otros partidos, en su mayoría de Cambio Radical, se deslizaron al Partido de la U, con la intención de apoyar la aprobación del referendo de la siguiente manera:

La Parapolítica y Elenopolítica aún continúa dentro del Partido de la U:

 Cuando iniciaba la campaña electoral para senado y cámara el Partido de la U, a través de su entonces director Luís Carlos Restrepo prometió que esculcaría las hojas de vida de sus candidatos y que no permitiría en sus listas a personas cuestionadas por sus posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley.

Tal promesa no se hizo realidad, ni con la llegada de Juan Manuel Santos a la dirección del Partido. Hoy día vemos que de las personas que se encuentran investigadas por parapolítica, 5 fueron elegidas por la U y de las personas que públicamente se conoce el apoyo de congresistas judicializados por vínculos con las autodefensas, 3 resultaron elegidas por este movimiento político.

A lo largo del periodo de 2006 -2010 de 20 senadores elegidos por el Partido de la U,  9 senadores se les abrió investigación y de 29 representantes,   5 tienen procesos abiertos, para un total de 13 congresistas de los cuales hasta el momento  solo uno tiene sentencia absolutoria.

 El Partido de la U al igual que otros partidos y movimientos políticos distintos al PIN, se rehusaron a limpiar de sus listas a quienes tenían procesos abiertos por vínculos con grupos ilegales como por ejemplo,  la senadora Dilian Francisca Toro, convencidos de la alta votación que esta senadora les podía asegurar. La senadora Dilian Francisca Toro, ex alcaldesa de Guacarí (Valle) llegó al Congreso en la lista liberal que respaldaba Horacio Serpa. Su triunfo en aquella ocasión coincidió con la derrota de William Sicachá y la escasa votación de José Renán Trujillo, con quienes disputaba los votos liberales para Senado en ese departamento. Tras ser expulsada del liberalismo por votar a favor de la reelección presidencial, fue recibida en Partido de la U en el cual logró la más alta votación, por encima de figuras como Gina Parody. [3]

Dilian Francisca es la esposa de Julio Cesar Caicedo, senador durante el gobierno del ex presidente Ernesto Samper, y prima de Carlos Herney Abadía, un controvertido ex senador liberal que fue juzgado en el proceso 8.000, y quien se hizo famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali. Herney Abadía fundó el Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 presentó las candidaturas al Congreso de Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, ambos detenidos por el proceso de la parapolítica.  La congresista vallecaucana para este período (2006-2010) logró una votación total de 98.505 votos, la mayor votación de la lista del Partido de la U y superó su anterior votación para Senado durante el período 2002-2006, cuando obtuvo un total de 71.721 votos. Para esta ocasión sus votos estuvieron concentrados en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño, Magdalena y Antioquia.

En otros casos el partido de la U actualmente tiene en sus listas a dos representantes que presentan doble investigación por vinculación con la ilegalidad (Odín Sánchez y Edgar Ulises Torres). Estos dos personajes de la política Chocoana, por un lado tienen investigación por vínculos con los paramilitares y por otro con Eln.

De Edgar Ulises se conocen sus posibles vínculos con el narcotraficante Olmes Durán, quien según denuncias hechas por la Revista Cambio, ha controlado   el manejo de los recursos de los licores. Según la investigación, el congresista no sólo habría sido uno de los gestores de las contrataciones, sino además el puente para mantener en contacto a Durán con el gobernador Julio Ibargüen Mosquera, hoy investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. [4]

Odín Sánchez por su parte es familiar del ex gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez miembro de una de las familias más poderosas y con mayor grado de influencia política en esa región del país. Ambos fueron mencionados por el desmovilizado del Eln,  Luis Ómar García Argüelles, quien aseguró ante un fiscal de Justicia y Paz que ellos, y el también representante Édgar Ulises Torres, recibieron apoyo político de ese grupo armado al margen de la ley. Por ejemplo, el ex guerrillero dijo que el pacto con Patrocinio Sánchez Montes de Oca consistió en colaborarle en Quibdó y los corregimientos aledaños a cambio de cuotas políticas, inteligencia o bienes. Tanto Sánchez como su hermano han negado las acusaciones,  no obstante, la Fiscalía y la Corte Suprema continúan con sus investigaciones.[5]

Odín Sánchez Montes de Oca , ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos públicos: inspector de Policía, juez del municipio de Lloró, asesor jurídico del Incora, secretario privado de la Gobernación, profesor en la Universidad Tecnológica del Chocó, juez del municipio de Acandí, gerente de la Caja Departamental, concejal por el municipio de Quibdó, diputado a la Asamblea Departamental y representante a la Cámara. Tres de sus hermanos han ocupado puestos importantes tanto en la Gobernación como en la Alcaldía.[6]

Hoy día,  estos dos personajes ante la imposibilidad de continuar en el congreso, lanzan al ruedo a Astrid Sánchez Montes de Oca, hermana Patrocinio y Odín y de quien nadie se imaginó sería el reemplazo, quizá porque no era una persona muy conocida en el mundo de la política local y nacional  y a quien en campaña no se le escuchó decir un sola propuesta innovadora y a la gente pareció  no importarle", dijo a la Revista Seman.com,  Rubén Mena, un líder barrial de Quibdó. [7]

Astrid Sánchez Montes de Oca es ahora senadora electa por el Partido de la U y sería uno de los apoyos a los cuales Juan Manuel Santos no renunció, , al igual que el de Dilian Francisca Toro, los herederos de Juan Carlos Martínez, Mauricio Lizcano, etc.,  a pesar de la gran votación que le pueda significar a su campaña para la Presidencia de la República.

Cuadro No 1, candidaturas cuestionadas, elegidas por el Partido de la U.

Las siguientes son algunas de las candidaturas más cuestionadas del Partido de la U:

El Partido Conservador un caso similar:

Caso parecido al Partido de la U, ocurre con el Partido Conservador, quien no solo corre con la cruz a su espalda  por la penetración en sus listas de la Parapolítica, sino también por los escándalos en los que semana tras semana se ha visto involucrado el ex ministro Andrés Felipe Arias, quien además fungió como precandidato por la Presidencia de la República.

El Partido Conservador pasa de tener 18 senadores a 21  y 26 a 38 Representantes a la Cámara para el siguiente período, hecho que le abre la posibilidad de competir con una candidatura a la presidencia sólida y fuerte.  Como era de esperarse, este grupo político tampoco se dio a la tarea de limpiar sus listas de personas que han sido cuestionadas por sus supuestos nexos con la ilegalidad y muy al contrario, permite la llegada de Oscar Josué Reyes, socio político de Luís Alberto Gil llamado a juicio por sus vínculos las autodefensas del Magdalena Medio, a quien no le alcanzó la votación para llegar al senado de la república. De la misma manera permite la llegada de Olga Suarez Mira, hermana de Oscar Suarez Mira, barón electoral del departamento de Antioquia, investigado por la Corte Suprema de Justicia.  Oscar Suarez Mira llegó al senado de la República por el movimiento Alas Equipo Colombia. 

Este bellanita se inició como conductor en el Municipio de Bello, integró varias juntas de acción comunal y de comités deportivos. Luego se convirtió en alcalde de esa localidad. Con el desprendimiento de la facción de Equipo Colombia, liderada por el hoy gobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y su regreso al Partido Conservador, este senador decide no aspirar a su reelección y en cambio apoya la candidatura de su hermana Olga Suarez Mira.  

El ex jefe del bloque Élmer Cárdenas de las Auc, Freddy Rendón Herrera, 'el Alemán',  señaló a óscar Suárez Mira  como uno de los 23 políticos regionales a los que financió y con los que se reunió para llegar a acuerdos electorales. Así mismo, la Corte ha tenido en cuenta los testimonios del extraditado jefe 'para',  Diego Fernando Murillo, 'don Berna', en los que fue  mencionado. [8]

Para esta ocasión el Partido Conservador siguió apostándole a la reagrupación de sus facciones, logrando esta vez sumar las de Equipo Colombia, sector dirigido por el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Con esta nueva consolidación el Partido Conservador logró aumentar su participación tanto en Senado como en Cámara de Representantes, proyectándose como opción de poder para el próximo período presidencial y como fuerza importante en el legislativo, que junto con la U, Cambio Radical y el Partido Liberal ha de consolidar una fuerte coalición que le asegure la gobernabilidad a Juan Manuel Santos en el caso de que llegue al Palacio de Nariño.

Partido Liberal logra continuar en la tercería:

El mayor esfuerzo electoral lo tuvo que hacer el Partido Liberal, debido a que su lucha fue por no reducir su participación en el congreso y no permitir que sus miembros se deslizaran hacia otras filas.

Un hecho que indudablemente ayudó a que el liberalismo lograra contener a sus candidatos y congresistas dentro de las listas del Partido, fue la no aprobación del referendo que hubiese permitido un tercer período del presidente Uribe, porque le hubiese sido inevitable no dejar que sus miembros fueran seducidos por los ofrecimientos del Ejecutivo para que le apoyaran en un futuro gobierno.

El oficialismo liberal con nuevo jefe a la cabeza compite por la presidencia con la candidatura de Rafael Pardo, buscar posicionar una imagen fresca y renovada en el electorado, distinta a la del serposamperismo, sector que dominó el Partido durante un largo período de tiempo y por el cual se alcanzó a desgastar en la opinión pública quien identifica a esta facción con la vieja clase política.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, el Partido Liberal estuvo bajo la dirección del ex presidente  Cesar Gaviria Trujillo,  quien llevó a cabo una oposición constructiva, tratando de no caer en radicalismos.

La idea de apoyar la seguridad democrática, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el apoyo militar de los norteamericanos, el respaldo a las víctimas del conflicto armado, la oposición a la reforma a la salud y al manejo del agro, hicieron que el liberalismo tomara un nuevo aire en el panorama político y se mostrara como una fuerza política con mirada de país. Sin embargo, su lucha por no perder votación importante, hizo que no renunciara a maquinarias cuestionadas como la del senador Juan Manuel López Cabrales, barón electoral en el departamento de Córdoba, quien al ser condenado por la Corte Suprema de Justicia, lanza al ruedo a su esposa Arleth Casado de López.

Lo anterior demuestra que en esta caso tampoco se hizo lo necesario por limpiar las listas de cámara y senado  o por renunciar a votos cuestionados, quizás por el afán de no reducir su representación en el legislativo, debido a que si esto hubiese sucedido, la jefatura de Rafael Pardo hubiese perdido fuerza desde antes de iniciar la competencia por la Presidencia de la República.

Se reducen el Polo Democrático Alternativo y Cambio Radical:

 Para las elecciones de senado y cámara, el Polo Democrático Alternativo (PDA), obtuvo un total de  875.451 votos, con los cuales obtuvo  10 senadores y 676.033 votos, con los cuales obtuvo 7 Representantes a la Cámara. Para las elecciones recientes, el PDA logra un total 848.851 votos con los cuales reduce su participación en el senado perdiendo dos senadores.

La opinión pública en Colombia, esperaba que el PDA redujera notoriamente su votación, primero como castigo electoral al pobre desempeño del Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, quien en últimas no se vio tan perjudicado como si le sucedió a su partido, finalmente el hermano del burgomaestre, Iván Moreno Rojas y su fórmula a la Cámara de Representantes, Alba Luz Pinilla lograron la curul, pero no por el trabajo que haya podido llevar Iván Moreno en el legislativo, sino porque la maquinaria del distrito estuvo puesta a su favor, según denuncias de Caracol Radio. [9], [10], [11]

Otro de las causas por las cuales se desdibujó la imagen que le PDA, en la opinión pública en Colombia, fueron las peleas internas entre el ala radical liderada por Carlos Gaviria y el ala moderada en cabeza de Gustavo Petro, candidato presidencial.

El PDA perdió las representaciones de Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez, Venus Albeiro Silva, pero en cambio ganó la de Iván Cepeda quien representa un sector importante de víctimas de agentes del Estado.

Dentro del pabellón de quemados de aspirantes por primera vez estuvo el profesor Gustavo Moncallo, quien buscaba un asiento en el senado de la república, al igual que Carlos Romero quien aspiraba a su reelección y Jaime Dussan su presidente, quien ante la derrota se vio en la obligación de renunciar al cargo.

El PDA tomó la decisión de mantenerse en la oposición, en un escenario aún más difícil debido a que si gana el candidato Juan Manuel Santos, este gobernará con una mayor coalición que la que acompañó al presidente Álvaro Uribe y la negativa del candidato Antanas Mockus para recibir apoyo de los partidos en caso de llegar a la presidencia. En el primero de los casos el PDA se vería obligado no solo a ser fuerza minoritaria, sino además el único en la oposición.

Por los lados de Cambio Radical la reducción  electoral estuvo dada por el deslizamiento de alguno de sus miembros en la Cámara de Representantes y Senado hacia el Partido de la U para apoyar la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe le fuera permitido un tercer período en la Casa de Nariño.

En 2006 el partido Cambio Radical obtuvo 15 curules en el senado  con un total de 1.211.457 votos y 20 curules en la Cámara de Representantes con un total de  913.756 votos. 

Cambio Radical seguirá en la coalición de gobierno en caso de que el ganador sea Juan Manuel Santos.

De Convergencia al PIN

El 24 de julio de 1997 el Consejo Nacional Electoral le concede la personería jurídica número 171 a Convergencia Ciudadana,  partido que nace bajo la dirigencia de Luis Alberto Gil Castillo, un licenciado en Sociales presidente del Sindicato de Educadores de Santander y miembro de la Junta Nacional de  Federación Colombiana de Educadores - FECODE.  En ese mismo año Gil fue elegido para el cargo de diputado de la Asamblea Departamental de Santander y para las mismas elecciones  Convergencia en coalición con los partidos Liberal y Conservador, avala al candidato Miguel Jesús Arenas, quien finalmente ganó las elecciones para la gobernación de Santander. Esa fue la última vez que Convergencia Ciudadana apoyó a los partidos tradicionales del departamento. Desde entonces se convirtió en su principal opositor.

Más adelante,  en el año 2002 Convergencia fue el único en ganar dos curules en la Cámara de Representantes para Santander, con Luis Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, mientras Luis Alberto  Gil Castillo fue elegido senador de la República y para ese entonces es cuando se conoce que a la par con la fundación de Convergencia se desarrollan varias empresas privadas ligadas a integrantes del movimiento como la ARS y EPS SolSalud, la Corporación Televisiva Ciudadana (Canal TVC de TV en Santander) y la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio FINSEMA (una EPS especial para maestros sindicalizados).

En 2003 Convergencia Ciudadana gana por si sola la gobernación del Santander con la candidatura de Hugo Aguilar quien le gana  al sector del liberalismo encabezado por el senador Hugo Serrano, líder político tradicional del departamento con lo cual accedió al control del departamento gracias los 300 mil votos que logró su candidato, Hugo Heliodoro Aguilar. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Entre otras, logró las de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, Boyacá.  También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.

Convergencia ciudadana alcanzó en las elecciones de  2006,   567 mil votos en todo el país. Logró siete escaños en el Senado y tres de las siete curules que le corresponden a Santander en la Cámara. En la lista lograron casilla Gil, Juan Carlos Martínez Sinisterra , Oscar Josué Reyes, Luis Eduardo Vives Carlos Barriga, Gabriel Acosta y Samuel Arrieta.

Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez (hoy senador electo por el Partido Liberal). Riaño, el otro congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.[1]

Tras el escándalo de la parapolítica sus miembros son llamados por la justicia, entre ellos Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño, Oscar Josué Reyes, Hugo Aguilar, Juan Carlos Martínez, Luis Eduardo Vives  y José Manuel Herrera Celis, más adelante  la Fiscalía abre investigación al movimiento político por el origen de sus recursos.

El principal líder de Convergencia Ciudadana, Luís Alberto Gil fue llamado a juicio,  según El Espectador,  luego de que la Fiscalía considerara que hay pruebas para señalar que se  reunió  con Ernesto Báez y Julián Bolívar en Medellín, Puerto Berrío y Bucaramanga; además que existen cartas en las que se le reporta a las autodefensas el número de votos obtenidos de los candidatos; múltiples declaraciones de ex concejales de Barrancabermeja (Santander) y de subalternos de Macaco, entre otros. El diario también reveló que la Fiscalía documentó un segundo encuentro, en enero de 2002, entre Gil y los ‘paras’ Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. A la reunión, llevada a cabo en Puerto Berrío, Antioquia, también acudieron varios concejales de Barrancabermeja que fueron convocados, según declararon al ente acusador, para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson Naranjo, segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de Representantes. Así lo testimoniaron ex concejales como Morgan Egea Sánchez, Jesús Sanabria y José Agustín Quecho.[2]

De igual manera, el Fiscal Delegado ante la Corte ordenó trasladar copias a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio, para que investigue el origen de los dineros con los que se desarrollaron empresas, como: Solsalud E.P.S, Ganasalud Limitada, Multiproductos Ltda., y Convergencia Ciudadana, bajo el argumento  de  que “en el curso de la investigación se estableció la existencia de una recíproca colaboración y un crecimiento paralelo de las empresas dedicadas a la salud y otros servicios con el citado movimiento político”.[3]

Dentro del mismo expediente se abrió investigación a:

1. Leonel Uribe: Dice la Fiscalía que presumiblemente fue postulado y nombrado personero de Sabana de Torres, con el respaldo del extinto cabecilla de autodefensas Carlos Castaño Gil.

2. Rafael Castillo Sánchez: La Fiscalía ordenó investigar la autenticidad de las certificaciones médicas y la veracidad de su contenido, que en su momento soportaron el retiro de la Cámara de Castillo Sánchez y de Nelson Naranjo Cabarique, lo que permitió convocar al entonces cuarto renglón de la lista que era Alexánder Ariza.

3. Alexander Ariza:  Ex personero de Cimitarra (Santander),

4. Raúl Rubio, dirigente político de Barrancabermeja, por posible concierto para delinquir y constreñimiento al elector.

Los cuestionamientos sobre Convergencia Ciudadana no solo corrieron por cuenta de los medios de comunicación y las ONG`S.  Hugo Serrano, senador liberal de Santander, denunció en el Capitolio Nacional que Gil tenía nexos con actores armados; el también congresista Gustavo Petro lo mencionó en sus debates sobre la para-política; el senador Germán Vargas Lleras lo acusó de repartir dinero sospechoso en la campaña electoral de 2006. Tanto eran las rumores que  el presidente Álvaro Uribe lo expulsó del uribismo y le pidió a la Fiscalía investigar el origen de sus recursos; y hasta la ex congresista Yidis Medina declaró ante la Corte Suprema que presenció encuentros de Gil con alias ‘Ernesto Báez’.

Su líder natural fue Luis Alberto Gil, diputado en la Asamblea Departamental de Santander durante los periodos de 1992, 1994 y 1997. Dirigió los sindicatos de  la  Asociación Santandereana de Institutores de primaria ASANIP, Sindicato de Educadores de Santander SES, Unión Sindical de Trabajadores de Santander USITRAS, y participó como miembro de la junta nacional de FECODE. Luis Alberto Gil fundó el Movimiento Convergencia Ciudadana en 1997, tras una larga trayectoria en el mundo sindical. Su vinculación al magisterio lo llevó a ser el gestor de empresas de propiedad colectiva como la Cooperativa de Educadores de Primaria, la Cooperativa Multiactiva de Educadores de Santander (COMULDESAN), la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio (FINSEMA), la Empresa Promotora de Salud Solidaria de Salud SOLSALUD y la Administradora de Régimen subsidiado SOLSALUD.

Su Movimiento también es dueño del canal de televisión regional Televisión Ciudadana y de la emisora Onda Cinco. Estas empresas le han servido de estructura económica para su movimiento y a su vez le garantizan votos de los asociados a las mismas.

Sus actividades políticas vienen siendo cuestionadas desde hace varios años. La primera vez que se habló públicamente sobre el ingreso de dineros calientes a su campaña fue en 2002.

Fuera de algunos congresistas,  el Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, documentó que su estructura era fachada del paramilitarismo. "Los señalamientos más fuertes de vinculación política electoral y de gobierno con los paramilitares recaen sobre el movimiento Convergencia Ciudadana", dice esta ONG en su informe de 2005 sobre el conflicto armado en la región. "Los señalamientos más fuertes de vinculación política electoral y de gobierno con los paramilitares recaen sobre el movimiento Convergencia Ciudadana", dice esta ONG en su informe de 2005 sobre el conflicto armado en la región.[4]

En julio de 2007  la Corte Suprema de Justicia decidió averiguar qué había  de cierto en las acusaciones que se hacían sobre Gil, sustentadas en pruebas aportadas por anónimos: documentos, fotografías y casetes que revelarían los nexos de Gil con grupos de las Auc que sembraron el terror en buena parte del nororiente colombiano. Los magistrados de la Sala Penal decidieron unánimemente abrir una indagación preliminar sobre el jefe de Convergencia y sobre otros tres parlamentarios santandereanos posiblemente involucrados en el mismo asunto: el senador Óscar Josué Reyes y los representantes a la Cámara Alfonso Riaño Castillo y José Manuel Herrera Cely .  En ese momento Luis Alberto Gil decide seguir el ejemplo de algunos colegas suyos investigados por vínculos con los paramilitares de renunciar a su curul con la clara intención de dilatar el proceso judicial y más adelante el 28 de noviembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación le  dicta medida de aseguramiento y de paso el ex Fiscal General de la Nación Mario Iguarán destituyó al fiscal encargado del caso  porque por todo ese tiempo no movió el expediente. El fiscal Mario Iguarán Arana indicó que la resolución de acusación fue proferida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en cuya providencia se ordena compulsar copias a la Sala Penal del máximo Tribunal, para que se investigue los supuestos nexos con grupos ilegales y el delito de constreñimiento al elector en los que pudo incurrir Juan Manuel González Bustos, quien llegó al Senado como segundo renglón de Gil Castillo.

Hoy su caso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia a la espera de un juicio que le declare culpable o inocente de las acusaciones que le señalan como aliado de los paramilitares del Bloque Central Bolívar.

Juan Carlos Martínez, es vinculado al proceso judicial de la parapolítica:

Cuando se inician los acuerdos políticos para resistir a la reforma política de 2003, que buscaba reducir el número de partidos y movimientos políticos en Colombia mediante el umbral del 2%, el político del Valle del Cauca, Juan Carlos Martínez, se une a Convergencia Ciudadana para buscar su elección como Senador de la República para las elecciones de 2006.

Martínez se convirtió en el heredero del caudal electoral de Carlos Herney Abadía, quien fue investigado judicialmente dentro del proceso 8.000, Es, además, el fundador del Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 avaló a varios candidatos al Congreso que ahora están en el ojo del huracán por la para-política. Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, hoy en prisión, son dos de ellos.

Juan Carlos Martínez Sinisterra nació en el municipio de Timbiquí, Cauca, pero luego haría de Buenaventura uno de sus fortines.  Inició su carrera política en el liberalismo, desde donde fue aspirante al Concejo del Puerto, pero no logró ser elegido. Luego aspiró a diputado de la Asamblea del Valle y obtiene una curul.  En el año 2002 aspiró por primera vez al Senado, con el apoyo de Carlos Herney Abadía.

Es considerado uno de los más poderosos jefes políticos del Valle y el suroccidente y es el principal aliado político del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Apoyó también  las candidaturas del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y la del ex gobernador Angelino Garzón. Durante el período comprendido entre 2003 y 2007, contó con  13 alcaldías en Cauca y Valle, con el consulado de Panamá, con el Invías de todo el país, con la Corporación Autónoma del Valle, el actual consulado en Washington y   como si fuera poco mientras fue senador tuvo línea directa con la Presidencia de la República.

Las diligencias judiciales  que enlodaron a Juan Carlos Martínez  se iniciaron el 23 de septiembre de 2008, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema abrió investigación preliminar, debido a las versiones que daban cuenta de su presunta cercanía con Wenceslao Mosquera y Olmer Durán Ibarguen, considerados importantes narcotraficantes del pacífico colombiano.  Fue mencionado por la Corporación Nuevo Arco Iris como "beneficiario de altas votaciones en sectores del Valle que dominaron los paramilitares". De igual manera, el congresista fue  salpicado por ex paramilitares como el extraditado Éver Veloza, alias HH, al igual que por alias Fino; el primero comandó el Bloque Bananero y Calima de las Autodefensas, y el segundo se desempeñó como jefe de finanzas del bloque Calima. Según dichas versiones, Martínez Sinisterra habría sido apoyado por las Autodefensas en 2006 para llegar al Congreso de la República.[5]

Se divide Convergencia Ciudadana:

En 2009, cuando se vuelven a tejer alianzas políticas para las elecciones a congreso recientemente celebradas, Juan Carlos Martínez se separa de la alianza política entre los senadores Samuel Arrieta y Luis Alberto Gil y desde la cárcel la Picota  lideró el proyecto que creo un nuevo movimiento, esta vez con el nombre de Alianza Democrática Nacional (ADN), junto con otros siete gobernadores que no quisieron integrarse a los partidos tradicionales.

Tras Juan Carlos Martínez también estuvieron los ex congresistas vinculados también a la parapolítica, Habib, Merheg,   Vicente Blel,   Álvaro García y Dieb Maloof. El primero tiene investigación,   el segundo fue condenado a 7 años de prisión,  el tercero fue condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo y   promover grupos de Autodefensas en el departamento de Sucre y el cuarto se acogió a sentencia anticipada por las acusaciones en su contra por parapolítica.

Luego de la creación del movimiento político ADN, se comenzaron a promover las candidaturas de Teresita García, hermana de Álvaro García, Viviana Blel, sobrina de Vicente Blel, Sami Merheg, familiar de Habib Merheg y por supuesto las personas apoyadas por Juan Carlos Martínez.

En enero de 2010 el Consejo Nacional Electoral en medio de una decisión histórica, decide suspender provisionalmente la  personería jurídica del partido político Alianza Democrática Nacional (ADN), al considerar que se violaron los procedimientos al cambiar el reglamento, estatus, nombre, logotipo y slogan. Por este motivo alguno  de sus miembros que tenían aspiraciones a Senado y Cámara de Representantes, en su mayoría con apoyos cuestionados deciden trasladarse para el también señalado naciente Partido de Integración Regional, promovido por el otro ex líder de Convergencia Ciudadana, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, Luis Alberto gil.

Se conforma el Partido de Integración Nacional PIN:

Al tiempo en que Juan Carlos Martínez, senador elegido por Convergencia Ciudadana, conformaba el ADN, desde la cárcel Luis Alberto Gil sostiene conversaciones con Enilce López, alias la Gata, quien decide separarse de Apertura Liberal por la aceptación de su director Miguel Ángel Flórez de acoger a los líderes del movimiento que promovía la legalización de la captadora DMG.

Convergencia Ciudadana, actualmente PIN, contaba con  algunos ediles en Bolívar, junto con los vendedores ambulantes de chance en Atlántico, Sucre, Bolívar y Magdalena y el personal administrativo de sus empresa,  que agrupándose con  los que llegan de Apertura Liberal,  construyen un ejército de personas sumando votos en esta elección de Congreso..

Según denunció la Revista Semana, mediante el titular La Gata abandona Apertura Liberal, Enilce invitó a todos los ediles de Cartagena para que fueran a su residencia en Barranquilla a las 3 de la tarde. Son 27, nueve por cada una de las tres localidades", asegura el testigo que pidió mantener su nombre en secreto. "A la reunión sólo pudieron ir 13 ediles, seis de la localidad 1 y siete de la localidad 3, porque los de la 2 tenían otra reunión. Enilse,  les dijo que va a abandonar su partido, Apertura Liberal, porque no va a compartir liderazgo con David Murcia (el de DMG) y ha decidido pasarse a comandar Convergencia Ciudadana aprovechando la ley de tránsfugas. A renglón seguido les propuso a los ediles que al que se pasara a Convergencia le daba 20.000 pesos por cada voto recibido en las elecciones pasadas. Esa oferta implica que los concejales recibirían entre siete y 30 millones de pesos, según sus votos”.

Desde ese movimiento se gesta la campaña  a senado de Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López y hermano del ex acalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, junto con la de Fernando Tafur, Representante a la Cámara elegido para el período 2006 - 2010 por Apertura Liberal, quien además tiene investigación por parapolítica.

Mientras tanto desde la cárcel la Picota, Luis Alberto Gil promueve la candidatura senado  de su esposa Doris Vega de Gil, aspiración que se haría desde el PIN, junto con la de Mauricio Aguilar, hijo del ex gobernador Hugo Aguilar y Didier Tavera, quien hacía carrera por llegar a la Cámara de Representantes, luego de ser derrotado por

Esta especie de matrimonio político entre Gil y Enilce López la gata fue aceptada por Samuel Arrieta, designado como presidente  del Partido de Integración Nacional  y Ricardo Flórez, nombrado en el cargo de Secretario General. Flórez ocupó el cargo de  secretario de salud durante la gobernación del coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, y mano derecha del ex presidente de Convergencia, Luis Alberto Gil Castillo. Samuel  Arrieta reconoce que el PIN utilizará la personería jurídica de Convergencia para apostarle a las elecciones de Congreso de 2010, pues de no ser así hubiese tenido que empezar de cero y fundar un nuevo movimiento y acudir a la recolección de  firmas. [6]

Desde la nueva conformación de Convergencia Ciudadana,  ahora PIN, se tuvo la clara intención de apoyar una próxima candidatura del presidente Álvaro Uribe, sin que este se pronunciara al respecto.

Es así como en el PIN  se reencauchan candidaturas a reelección  de personas que actualmente tienen investigación por parapolítica como la Fernando Tafur y de familiares como Doris Vega de Gil, esposa de Luis Alberto Gil y a él llegan algunos de los que conformaron la lista de ADN, partido que en sus inicios utilizó la personería del movimiento Colombia Viva y que le fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral.

De una lista de 100 candidatos a senado, el PIN obtiene 8 curules en las que se encuentran las de:

1.    Antonio José Correa

2.    Carlos Arturo Quintero

3.    Edgar Espíndola Niño

4.    Héctor Julio Alfonso López

5.    Hemel Hurtado

6.    Juan Carlos Rizetto

7.    Manuel Julián Mezanet

8.    Nerthink Mauricio Aguilar

9.    Teresita García.

Y para la cámara de representantes el PIN logra doce curules entre las que se encuentran las de Mercedes Eufemia Marquez, fórmula de Teresita García y la Didier Tavera y Holger Díaz, ambos allegados a Luis Alberto Gil.

De esta manera  Convergencia Ciudadana pasa a denominarse en el panorama político como Partido de Integración Nacional – PIN, movimiento que mientras se ejerza el proselitismo político para la Presidencia de la República, los candidatos al primer cargo del país mantendrán su posición de no aceptar públicamente el apoyo de esta fuerza, sin embargo el que llegué a suceder al presidente Álvaro Uribe, tendrá que contar con su respaldo para la aprobación de sus proyectos y asegurar la gobernabilidad, hecho que le ha de obligar a ceder en sus pretensiones.