Sin educación, no hay camino…
Hace poco Alberto Salcedo Ramos ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset con su crónica La Travesía de Wikdi; un niño kuna de 13 años quien tiene que caminar cerca de cinco horas diarias para ir y volver de su escuela en el Chocó en medio de la pobreza, el peligro, la guerra y la muerte. Wikdi arranca su travesía, muchas veces sin desayuno a las 5:45 de la mañana, camina por el barro y la trocha de Unguía para llegar a un colegio que en palabras del cronista "(…) es un inventario de desastres".
Lo más lamentable es que en Colombia tenemos muchos Wikdis que quieren su escuela y anhelan muchos de ellos, ser maestros, como nuestro personaje. Pero ante la ausencia de opciones educativas, oportunidades, condiciones de vida digna y proyectos de futuro optan por la ocupación de la guerra, la minería ilegal, la producción y el microtráfico de drogas, y demás actividades ilícitas.
La semana pasada denuncié en debate de control político que la señora María Fernanda Campo, quien ocupa la cartera de Educación, en una actitud negligente e irresponsable, delega su tarea en las regiones sin ninguna supervisión sistemática, permitiendo así convertir la ya precaria educación de las zonas rurales, en un negocio que solo es rentable para iglesias y organizaciones de papel de los departamentos más pobres y en mayor situación de conflicto. Todo ello amparada en un decreto que termina por legitimar la enorme brecha que existe entre la educación en las grandes ciudades y la que se imparte en los territorios en guerra.
Más de 200 mil millones de pesos han recibido iglesias y otras organizaciones de "dudosa ortografía" a cuenta de contratos para el servicio educativo rural en 393 municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, durante los últimos tres años.
"¿Cómo se podría romper el círculo vicioso del atraso? -Se pregunta Alberto Salcedo en su crónica, y su respuesta es contundente- En parte con educación, supongo". No piensa lo mismo la responsable de la educación, quien olímpicamente afirma que lo que ocurre en los municipios es un asunto local que no le compete a cuenta de la descentralización. Y se queda tan tranquila, ¡qué cinismo!
Es intolerable que el Ministerio de Educación siga argumentando después de 20 años -amparado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 2355 de 2009- que muchas regiones no cuentan con "suficiencia educativa" para cumplir con el derecho fundamental de los niños y jóvenes a la educación y esta situación la resuelvan avalando contrataciones que según muchas denuncias, no cumplen criterios mínimos de idoneidad, continuidad, calidad y pertinencia.
En repetidas oportunidades los contratos mencionados, no especifican el número de estudiantes a quienes se prestará el servicio; se encuentran rubros para la compra de "elementos estudiantiles" los cuales no aparecen, pero sí se incluyen hasta pasajes aéreos. En algunos casos se entregan anticipos por el 95% del valor contratado. La palabra para describir estas actuaciones es corrupción, no hay duda.
Es inconcebible que el Ministerio de Educación como cabeza de la política pública del Gobierno Santos ni se ocupe, ni se preocupe por lo que pasa con miles de niños y niñas pobres de las zonas rurales de este país. No existe seguimiento sistemático a estas contrataciones que no cumplen con el calendario escolar, pues se ejecutan en algunos casos durante seis o siete meses dejando el resto de tiempo a los niños y jóvenes a la deriva, como ha sido denunciado en muchos de los municipios del sur del departamento de Bolívar y en Caquetá. Situación que afecta de igual manera a muchos maestros a quienes se les vincula por días y meses sin estabilidad laboral, ni seguridad social.
Hay que sacar a los niños, niñas y jóvenes de la guerra, con un Estado Social de Derecho real que les garantice efectivamente un presente y un futuro dignos. La travesía de Wikdi, así como la de muchos niños y niñas en Colombia, debe ser una travesía hacia una vida digna, donde la educación de excelencia, sea el camino.
ANGELA ROBLEDO
Columna para el periódico La Patria
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Angela Robledo pide a concejales de Bogotá publicar sus declaraciones de bienes e ingresos
Tras conocerse la imputación de cargos al ex concejal Hipólito Moreno, vinculado al carrusel de la contratación por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, la Representante a la Cámara por Bogotá, Angela Robledo, pidió a los Concejales de la ciudad que “actualicen y hagan públicas sus declaraciones de bienes e ingresos, como un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción”.
La congresista Ángela Robledo recordó que la publicación y actualización de estos documentos es una práctica común de los funcionarios públicos de Chile, Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde resulta más fácil averiguar si los funcionarios se enriquecieron ilícitamente.
“No tengo duda que muchos Concejales de Bogotá conservan su independencia, sus principios y su honestidad, pero el llamado Cabildo Distrital fue cooptado por las mafias de la contratación y los delincuentes de cuello blanco durante los últimos años, produciendo uno de los mayores desfalcos a los recursos públicos que hayamos conocido recientemente”, concluyó la Representante Ángela Robledo, al tiempo que invitó al Secretario General del Concejo a que haga público el registro de intereses privados de los cabildantes.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Ángela Robledo pide sanción penal, moral y social para quienes violentan a las mujeres
Bogotá, mayo 20 de 2013.
La congresista Angela Robledo dijo que es inadmisible que casos como el de Zully Mejía, ex esposa del representante del Casanare José Rodolfo Pérez engrosen las cifras que indican que cada hora seis mujeres reciben maltrato de su pareja. “Hago un llamado a todas las mujeres congresistas para que apoyen una sanción penal, moral y social contra el congresista agresor”, dijo Angela Robledo.
“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Ángela Robledo.
La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257 de 2008, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.
En Colombia, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el BID y la Universidad de los Andes arrojó que los ingresos dejados de percibir por las mujeres a causa de la violencia, corresponden a 2.2% del PIB del país y se estima que los costos anuales totales por causa de la violencia intrafamiliar, pueden alcanzar el 4% del PIB anual.
Ángela Robledo aseguró que si bien los Decretos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar y difundir con mayor vehemencia las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y afinar los alcances del programa de equidad laboral con perspectiva de género, que ha creado muchas expectativas.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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El Concejo de Bogotá es una vergüenza nacional
No nos digamos mentiras: el Concejo de Bogotá es una vergüenza. Varios concejales conservan su independencia y su honestidad, pero el llamado Cabildo Distrital fue cooptado por los delincuentes de cuello blanco, por las mafias de la contratación. Así parecen comprobarlo las investigaciones de los organismos de control, que viven descubriendo los desfalcos que sufrió la ciudad en los últimos años. Así lo han sugerido también los medios de comunicación, que han revelado más de un escándalo, en los que ciertos políticos suelen aparecer vinculados.
No es un secreto que la mayoría del Concejo guardó silencio mientras algunos concejales, contratistas y funcionarios públicos se robaban Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. Varios de esos delincuentes viven amparados en la impunidad; permanecen libres, habiendo sido presuntamente responsables de tráfico de influencias, interés ilícito en la contratación, concierto para delinquir, peculado o cohecho. No son delitos menores, sino mayores. Tan graves que cualquiera se indigna con la lentitud y la negligencia de la justicia para investigarlos, condenarlos (si es el caso) y exigirles la devolución del dinero robado, que al parecer tienen escondido en los famosos paraísos fiscales.
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El Congreso fue mezquino con movimiento LGBTI
El pasado 24 de abril de 2013, la mayoría de los senadores y senadoras de la República de Colombia votaron en contra del matrimonio igualitario. Ese día el Congreso tenía la oportunidad de mostrar un talante incluyente y democrático ¡No lo hizo! Mostró con toda claridad su carácter discriminatorio y dogmático. El día anterior a la votación del proyecto, el debate fue de una enorme pobreza en argumentos. Muchos de quienes asistimos ese día nos sentimos más en una capilla, que en el Congreso de la República.
Haber negado el derecho de los gais a casarse fue un hecho violento. Negar todo derecho es intensificar la violencia, las mujeres sabemos lo que ello significa. Los homosexuales son ciudadanos y ciudadanas, que de manera sistemática en Colombia han ido ganando, gracias a su pacífica lucha jurídica, que la Corte Constitucional reconozca algunos de sus derechos. El Congreso no debió negarles el derecho al matrimonio.
Reinó la aplanadora de las mayorías y no la democracia constitucional. No se tuvo en cuenta que nuestro marco normativo como legisladores no es la Biblia, sino la Constitución, porque el Congreso no es una capilla, repito, a la cual llegamos a hacer pública nuestra condición sexual, nuestras creencias religiosas, razones todas ellas respetables, pero que no pueden ser fundamento de la tarea legislativa.
Nuevamente el Congreso perdió la oportunidad de legislar en pro de las minorías, en pro de esta población que pide a gritos no ser tratada con desprecio, con indiferencia, con malicia, como si las personas LGBTI, fueran enfermos, pervertidos y no personas que desean, aman, sueñan.
Sin embargo, para el Congreso fue difícil reconocerlos como son: como iguales. Se trataba de dejar de tildar las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo como un simple "gustico enfermizo", para darle paso a una mirada diferente que permitiera comprender las diversas subjetividades. Había que aceptar que sus relaciones y orientaciones son formas de estar y habitar en el mundo.
Lo he dicho en otros espacios y aquí lo repito: ¿Somos un Estado que se dedica a reprimir a sus ciudadanos, a otorgarles derechos basados en creencias religiosas? ¿Somos una sociedad polarizada, sesgada, excluyente, que condena la diversidad?
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Cambiemos las 'zorras' por la dignidad
Mucho se ha hablado sobre la necesidad de sustituir los vehículos de tracción animal que hay en el país, más conocidos como ‘zorras’ o carretas. Y digo que mucho se ha hablado porque poco se ha hecho para prohibirlas. Las excusas de los mandatarios han sido diversas: unos han reclamado falta de recursos, otros han apelado a la falta de legislación, otros han explicado la dificultad de lograr acuerdos con los dueños de las ‘zorras’.
La verdad es que ha faltado conciencia y voluntad política, pero nadie se atreve a reconocerlo. En el año 2010, el entonces Ministro de Transporte firmó el decreto que obligaba a los alcaldes locales a realizar las campañas de sustitución. Y, en aquella época, la única ciudad que se tomó en serio la orden fue Medellín, donde su Alcalde Alonso Salazar logró la sustitución de más de 230 ‘zorras’ que había deambulando por sus calles.
Bogotá, en cambio, le incumplió a los animales y a los carreteros durante estos tres años. Sólo hasta el pasado mes de febrero comenzó el proceso de sustitución, que aparentemente va por buen camino: a la fecha, más de 150 ‘zorras’ han salido de circulación, y la meta es recibir casi tres mil caballos de aquí a septiembre, plazo que fijó la Alcaldía de Gustavo Petro para terminar el proyecto.
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Las víctimas no fueron escuchadas
La ley de Víctimas y Restitución de tierras -Ley 1448 del año 2011- tiene como propósito desarrollar un conjunto de disposiciones judiciales, administrativas, sociales y económicas para restablecer los derechos de las víctimas, que dentro de esta ley se definen como aquellas personas o colectividades que han sufrido daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto armado, a partir del primero de enero de 1985. En la ley se establece en su artículo 142 que el 9 de abril será el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas y se señala como deber para el Estado, realizar eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de colombianas y colombianos.
De manera particular, la responsabilidad del Congreso en la conmemoración de este día, queda establecida en los siguientes términos: "El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada en sesión permanente". Pues bien, nada más alejado del cumplimiento de esta responsabilidad que lo que ocurrió el pasado martes 9 de abril, en el salón elíptico del Congreso. La manera como fue organizada la sesión para escuchar a las víctimas terminó, por su falta de manejo y cuidado, en un bochornoso suceso de desconocimiento de las más mínimas normas de ciudadanía y respeto a las víctimas que ese día se hicieron presentes para la audiencia. Quienes habían viajado de distintos y distantes lugares de Colombia tenían la expectativa de ser escuchados por los congresistas y por el país entero a través del Canal institucional del Congreso. Y no solo sufrieron una enorme frustración, sino que vivieron en carne propia la improvisación y ausencia de planeación en la preparación de esta solemne sesión. Lo afirmo, porque en primer lugar fueron ubicadas en un salón por fuera del recinto. Solo ante sus quejas y el descontento expresado por muchas personas, fueron llevados a las "barras "del salón elíptico, sin ninguna comodidad y sin explicaciones.
Posteriormente tuvieron que escuchar largos discursos de los congresistas, los cuales acortaban cada vez más la oportunidad para ser escuchados con atención y respeto. Luego empezaron a ser llamados a una especie de sesión de muro de lamentaciones, dado que solo contaban con tres minutos para exponer su larga lista de vejaciones, de promesas gubernamentales no cumplidas y de amenazas que pesan en muchas ocasiones sobre sus vidas. Allí nadie escuchaba, un ensordecedor parloteo opacaba sus voces. Con el transcurso de las horas las y los congresistas fueron, poco a poco, retirándose del recinto. Para evitar que el salón elíptico quedara desierto, hombres y mujeres víctimas ocuparon las curules de los honorables representantes de la República. Ante este doloroso escenario, pude confirmar una vez más los dramáticos efectos que esta guerra ha dejado en nosotros: indiferencia ante el dolor de los demás, incapacidad para comunicarnos con quienes sufren, dureza en el corazón.
Lo bello de la audiencia fue escuchar la cantaora María Estela Guerrero, quien por muchas horas viajó a Bogotá, desde El Placer, Putumayo, para compartir su testimonio como víctima y como colonizadora de un territorio en el que por más de 20 años, su población civil ha sido estigmatizada como guerrillera o paramilitar. Un lugar en el cual dependiendo de donde se habite, se es víctima de los más diversos y atroces repertorios de violencia. Pero en este lugar de Colombia donde se vive entre la coca y la guerra, existen muchas mujeres como María Estela que se levantan cotidianamente para decir basta ya a la violencia. También viven niñas y niños que quieren crecer en paz.
Ese 9 de abril a través de la voz de María Estela pudimos conocer estrofa tras estrofa, el infierno de quienes viven en la comunidad de El Placer. Su voz se desplegó en medio de un recinto que no se silenció para escucharla, para acompañarla en su dolor, en su reclamo de cara a un país que los mantiene en la exclusión y en el olvido. Con su entereza y fuerza marcó un doloroso contraste frente a un auditorio del Congreso de la República ¡que no quiso escucharla!
Columna para el periódico La Patria
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Representante Angela Robledo publica su informe número 14 de rendición de cuentas a la ciudadanía
Clic aquí para conocer el informe completo, que corresponde al trabajo político y legislativo realizado entre enero y marzo del 2013.
Para conocer todos los informes publicados hasta ahora por la Representante Angela Robledo, por favor ingrese ya a www.angelarobledo.com
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Aprobado proyecto de ley contra la impunidad en casos de violencia sexual
Aprobado en Plenaria de Cámara proyecto de ley que busca erradicar la impunidad en casos de violencia sexual
Demostrando un compromiso decidido con las mujeres víctimas, la Plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó hoy en segundo debate el Proyecto de Ley 037 de 2012 radicado por los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda, "por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual”.
Ángela Robledo explicó que “El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, orientados a proteger los derechos de las mujeres víctimas”.
Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contextos de coacción o delitos producto de amenazas o uso de poder. Amplia conductas penales como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.
Con la aprobación del Proyecto en segundo debate, le restan dos debates más en el Congreso de la República y la sanción presidencial para convertirse en Ley.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Angela Robledo apoya el matrimonio igualitario
Hoy quiero reafirmar mi compromiso con el derecho a la diferencia, con el libre desarrollo de la personalidad que por derecho tenemos todos los colombianos y colombianas, como lo consagra la Constitución en su artículo 16. También reafirmo mi compromiso y mi defensa por el principio de la Dignidad Humana (artículo 1), que nos garantiza que el Estado trabajará porque cada un@ de nosotr@s tenga la posibilidad de realizarse como persona, que nos garantizarán los mecanismos para que podamos cumplir ese sueño de construir nuestra vida de acuerdo a la libertad.
Y ello me compromete a trabajar por la lucha del matrimonio igualitario en Colombia, de la familia igualitaria. Eso significa luchar contra el déficit en los derechos de las familias de las relaciones no heterosexuales, porque el movimiento LGBTI tiene derecho a decidir y amar en la diferencia. Como lo establece la sentencia C-577 de 2011:
“(…) [L]a consideración de la pareja integrada por personas del mismo sexo, “puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen -y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior- parejas homosexuales”, cuya efectiva existencia supone, como en el caso de la pareja heterosexual, “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia”.
Por ende, cuando un Estado, como el nuestro, se dedica a reprimir a sus ciudadanos, a otorgarles sólo las “libertades” políticamente correctas y basadas en creencias religiosas, estamos enviando el mensaje que somos una sociedad polarizada, sesgada, excluyente, que condena la diversidad. Debemos pensar si queremos seguir viviendo en una sociedad medieval o si definitivamente le apostamos a la formación de ciudadanos y ciudadanas libres y tolerantes.
Creamos que podemos convivir con el otro, con la diferencia, con la solidaridad; creamos y luchemos por un Estado justo, que reconoce e incentiva la libertad y crea lazos de confianza sin reproches ni prejuicios.
Démonos la oportunidad de concebir un mundo distinto, mejor. Apostémosle a estas nuevas luchas, que sólo pueden revolucionar nuestra vida cotidiana.
¿A quién se le ocurrió pensar que el amor es “enfermizo”? ¿Quién nos niega la libertad a decidir? Hace años Michel Foucault, en una de sus últimas entrevistas, decía que las limitaciones al amor homosexual eran el miedo que le tenemos como sociedad a quitarle lo más perverso a la relación homosexual y darle formas más parecidas al amor.
Esa es la realidad de nuestro país: la negación al amor de parejas del mismo sexo. Como congresista, tengo el deber de trabajar por la población excluida y su libertad. Esa libertad de amar, soñar, construir, pensar y sentir diferente. Llegó el tiempo de que la sociedad deje de concebir el amor entre homosexuales como una mera acción sexual; se trata, más bien, de la expresión de las emociones y de las pasiones más humanas.
Por eso apoyo el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que por fortuna va muy bien en el Congreso. Y seguiré apoyando y trabajando por más iniciativas que garanticen una familia igualitaria, para así erradicar las distintas formas de discriminación contra el movimiento LGBTI.
Aventurémonos al cambio y al reconocimiento del amplio concepto de familia, para reivindicar esa realidad que nos dice que hay miles de formas de pensar la familia. Comprometámonos, además, para que la adopción entre parejas del mismo sexo sea protegida, aceptada y respetada.
Me identifico con los activistas, la comunidad y el movimiento LGBTI, porque nosotras las mujeres también llevamos décadas exigiendo nuestros derechos, llevamos ya muchos años demostrando que somos capaces, iguales, independientes, dignas y trabajadoras.
Y eso mismo hace que la mujer en Colombia se caracterice por ser una reserva ética y moral sobre la vida, el amor, la política, la solidaridad: por ser ¡pacifistas! Y eso conlleva necesariamente a buscar la igualdad entre personas, a apoyar la libertad a la diferencia, esa de la que carecemos tanto y que nos ha acarreado innumerables conflictos desde hace tantos años…
Cuando veo el proceso que ha vivido nuestro país por lograr la inclusión social, desde los activistas del movimiento LGBTI y desde una institución como la Corte Constitucional, me lleno de orgullo y satisfacción por la labor cumplida. Sin embargo, cualquier ley o sentencia que garantice la unión de hecho de personas del mismo sexo no será suficiente. Se requiere que esa realidad que nos transforma como sociedad sea respetada y protegida por el derecho, que el matrimonio sea igualitario y no sólo entre personas con orientación heterosexual. Así como lo ha dicho la Corte : el legislador “[n]o puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente”
No más ciudadanos de primera y segunda categoría. Hay que darle paso a la igualdad entre los diferentes tipos de parejas y de familias. Debemos dejar de dominar la esfera privada del amor, de poner limitaciones que excluyen otras expresiones del afecto. Así como la Corte nos ha dicho:
“A juicio de la Corte, del núcleo esencial de los derechos a la personalidad y a su libre desarrollo, respectivamente contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta, forma parte la autodeterminación sexual que comprende “el proceso de autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad”, como opción no sometida a la interferencia o a la dirección del Estado, por tratarse de un campo que no le incumbe, “que no causa daño a terceros” y que está amparado por el respeto y la protección que, de conformidad con el artículo 2º superior, deben asegurar las autoridades a todas las personas residentes en Colombia”.
Invito a tod@s los congresistas y ciudadan@s a que se unan a esta minga que propone una apertura a la palabra matrimonio, ¡como una expresión de amor entre dos personas y no entre orientaciones sexuales!
ANGELA ROBLEDO
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Ángela Robledo pide retirar del Partido Verde al Concejal José Juan Rodríguez
La representante a la Cámara Ángela Robledo pidió al Partido Verde que retire al Concejal José Juan Rodríguez hasta que se defina su responsabilidad sobre la presunta participación en el carrusel de contratos que estafó a Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.
Ángela Robledo envió desde octubre del año pasado una comunicación a Alfonso Prada, presidente vocero del Partido Verde, para que se tomaran medidas éticas y políticas al respecto, pero a la fecha no ha obtenido ninguna respuesta. “Como partido alternativo que invoca los recursos públicos como sagrados, no podemos mantener una actitud impasible ante hechos tan delicados como el desfalco a Bogotá. Nos corresponde tomar medidas éticas y políticas al respecto y me preocupa sobremanera el silencio y la inoperancia de la dirigencia verde al respecto”, dijo Ángela Robledo.
“(…) Un partido como el nuestro, tiene el deber y la oportunidad de contribuir desde la práctica política a la búsqueda de soluciones de lo que considero graves problemas. Por ello, llamo la atención porque hace poco más de un año observo los continuos señalamientos al Partido Verde y a algunos de sus concejales electos en Bogotá por sus actuaciones durante la cuestionada administración del Polo Democrático y su alcalde Samuel Moreno Rojas, en lo que se ha denominado Carrusel de la Contratación y de la salud, sin que al día de hoy se haya conocido de manera pública una posición oficial del Partido”, indicó Ángela Robledo en su comunicación de octubre 16 de 2012.
“Aprovecho este nuevo derecho de petición, para solicitar concretamente se informe las acciones adelantadas por cualquier órgano del Partido Verde con motivo de las actuaciones del Concejal de Bogotá José Juan Rodríguez (…) y se haga llegar ese informe, a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación”, señaló Ángela Robledo en su comunicación de hoy, abril 15 de 2013.
Finalmente, Ángela Robledo dijo que José Juan Rodríguez debería por iniciativa propia retirarse del Partido y aclarar cuanto antes su situación.
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La guerra mundial. Por Angela Robledo
Este es el nombre del libro del filósofo francés Michel Serres, el cual fue publicado en el año 2008 y hoy circula en las redes sociales, gracias al trabajo de traducción realizado por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Luis Alfonso Palau. Este filósofo e historiador de las ciencias, francés, de 80 años, miembro de la Academia Europea, en la obertura de este texto nos cuenta que durante su infancia, adolescencia y primera edad adulta, vivió en medio de cinco a seis guerras. Expresa, por esta razón, estar marcado por la violencia, por los asesinatos, y por ello nos invita de manera contundente a decir no a la guerra entre hermanos, no a la violencia que inicia muchas veces sin saber por qué crece cada vez más, y se reproduce hasta el infinito, amenazando exterminar nuestra especie humana. Dice no a la guerra porque esta opera como máquina de matanzas, odios, venganzas. El libro versa sobre la pregunta ¿matar o no matar? La respuesta contundente de Serres: "…pase lo que pase, lector, no mates".
La manera como se presenta ante el lector de su libro, nos permite reconocer un cuerpo forjado por la guerra: "Mis tobillos, la planta de mis pies hasta las pantorrillas, muslos y pliegues poplíteos, mis rodillas, sexo y nalgas, el tronco entero, de la pelvis a la cintura escapular, ombligo y mediastino comprendidos, bíceps y puños, hasta las uñas, mi nuca, los cabellos que me quedan, mi rostro y sus arrugas, todo, mi piel y mis huesos, músculos y neuronas, todo les digo, todo lo visible denso de mi apariencia, todo lo que -de lejos o de cerca- los llama con mi nombre, todo ese ser está hecho de guerra", y agrega: "Lloro desde hace siete decenios. Nunca podré dejar de llorar".
Pues bien, ese hombre forjado en la guerra, escribe este libro desde sus lágrimas, escribe este libro desde su alma, lo escribe desde sus relatos, anécdotas y su utopía. Declara y jura su no-violencia: "...nunca levanté mi puño contra nadie, ni siquiera para defenderme, pues esta razón defensiva me parece un pretexto para pelearse mejor y terminar por destruir y matar…" Como Sócrates, prefiere sufrir que lanzar conflicto o polémica y solo usar palabras desarmadas.
Al avanzar en la lectura me pregunto ¿qué le ha permitido a este filósofo que nace y crece en medio de la guerra, declarar su no-violencia e invitarnos a dar un salto hacia una mayor hominización, hacia un mundo sin guerras? Su respuesta es de nuevo contundente: solo lo he encontrado en lo sagrado. Lo sagrado contenido en la Biblia, en los mitos griegos, latinos, indios.
Esta guerra mundial entre hermanos, que se libra en tantos lugares del planeta: Siria, Corea, Afganistán, Israel… Esta guerra en nuestro país ha marcado con su forja de hierro al rojo vivo los cuerpos de millones de niños, viejos, mujeres, hombres. Esta guerra ha desplazado 5 millones de personas, ha significado el despojo de más de 2 millones de hectáreas a familias campesinas, comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas. En esta guerra los guerreros han violado el cuerpo de medio millón de mujeres durante los últimos diez años. Se ha utilizado su cuerpo como un territorio más en disputa, se han penetrado sus entrañas, profanado su cuerpo al convertirlo en máquina para parir hijos, para ser sometido a esclavitud, a torturas extremas, al dolor, a la muerte. En esta guerra han sido reclutados niños, sometidos a violencia extrema y en muchas ocasiones al exterminio, y han muerto miles de jóvenes de lado y lado, miles de jóvenes que no hubieran querido tomar un arma en sus manos. Esta guerra que ha sembrado los campos de cadáveres, de desolación, de hambre, debe terminar. Necesitamos más hombres y mujeres como Michel Serres que a pesar de haber sido forjados en la guerra, juren no-violencia. Hombres y mujeres que no levanten el puño para defenderse, que aprendan a perdonar, que prefieran sufrir primero ellos que infligir sufrimiento a otros. Hombres y mujeres que acudan a la palabra desarmada, al gesto fraternal, para que en Colombia la vida sea sagrada.
COLUMNA PARA EL DIARIO LA PATRIA
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Radican proyecto alternativo de Reforma a la Salud: Angela Robledo
No más pañitos de agua tibia a una salud que agoniza
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA), y diferentes representantes de partidos políticos del país, sindicatos, organizaciones médicas, organizaciones de pacientes, organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, radicaron hoy en Secretaría de Senado, el proyecto de la sociedad civil de ley ordinaria en salud.
Principales apuestas del proyecto:
-Concepción de la salud: Es un derecho fundamental
-Acceso a servicios: Directamente en el lugar donde reside o trabaja, con la presentación del documento de identidad.
-Financiación: Con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos.
-Destino de los recursos de la salud: La salud pública teniendo en cuenta la estrategia de Atención Primaria en Salud y servicios médicos requeridos. Los recursos son públicos de principio a fin y deben ser invertidos en Salud. El Estado garantiza, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones, controla el sistema y orienta las políticas del sector.
-Papel del Estado: El Estado recupera su capacidad para garantizar, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. La red hospitalaria tendrá predominio en la prestación de los servicios de salud.
Al cierre de la radicación del proyecto, la Representante a la Cámara Ángela Robledo reiteró su compromiso con el proyecto e insistió en que los congresistas deben explicitar sus intereses e impedimentos y comprometerse para que la salud sea un derecho y no un negocio. “Este proyecto elimina las EPS, la integración vertical y cumple con el mandato constitucional de descentralizar la salud. No queremos pañitos de agua tibia para la salud que agoniza. Se requiere una reforma estructural del sistema de salud”, puntualizó la congresista Angela Robledo.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Ángela Robledo pidió al Congreso transparencia en el debate de salud
La representante Ángela Robledo, pidió hoy a la Comisión Séptima de la Cámara que se expliquen y expliciten los intereses, inhabilidades e impedimentos que los congresistas tienen para entrar a debatir las reformas al sistema de salud.
Ángela Robledo llamó la atención sobre la importancia de que el Congreso haga un debate a profundidad y con transparencia frente a un derecho que implica la vida y la salud de los colombianos. “Estoy de acuerdo con el mensaje de urgencia que pidió el gobierno para el proyecto de ley de salud pero eso no implica que el debate sea profundo y claro”, dijo.
Ángela Robledo dejó constancia sobre lo que ella considera “los reprochables hechos que sindican a integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara por una participación indebida en el trámite de proyectos que puede configurar un presunto conflicto de intereses (…)”.
“Los congresistas de hoy tenemos el deber y la oportunidad de contribuir desde la práctica política a la búsqueda de soluciones de lo que considero graves problemas. Por ello, llamo la atención porque hace poco más de dos años, observo los continuos señalamientos a integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara por sus actuaciones durante el trámite de la Ley 1438 de 2011 y el continuo reproche en medios de comunicación y de órganos de control por denuncia de posibles irregularidades penales en el control de los recursos públicos de la salud y participación indebida en la celebración de contratos y cohechos”, anotó la congresista.
PRENSA: 3202343806
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Si Uribe fuera Senador...
Por estos días ha estado circulando una carta abierta al expresidente Álvaro Uribe, solicitándole encabezar la lista al Senado del autodenominado Centro Democrático, como "una necesidad para que el país retome el rumbo".
Según los firmantes, "el Partido de la U también fue víctima de la mermelada". Eso, en últimas, termina siendo un ejercicio de autocrítica, pues supongo que se refieren al mismo partido que todos conocemos, cuya fundación fue a imagen y semejanza del expresidente Alvaro Uribe Vélez. Quizás se refieren al partido que hoy en día cuenta con más del 25% de congresistas –hombres y mujeres- investigados por la Corte Suprema de Justicia, varios de los cuales apoyaron la elección y reelección de Uribe y muchos de sus proyectos de ley, antes de irse a la cárcel, respondiendo al clamor público que les formulara el expresidente. Si es cierto que a esa colectividad le gusta la mermelada, debió ser que el "número uno" les abrió el apetito durante ocho años de repartija. Vaya uno a saber.
Los firmantes de la carta agregan, sin sonrojarse, que en el actual gobierno "la libertad de prensa se ve cada día más afectada", cuando eso es falso de toda falsedad. No pretendo defender al Presidente Santos, pero yo no olvido las chuzaDAS, ni la persecución de la que fueron víctimas los periodistas, entre ellos Daniel Coronell, Holman Morris, durante la "seguridad democrática", donde impunemente se recurrió a la injuria y la calumnia contra la prensa crítica e independiente. Y no lo digo yo; así lo advirtieron en varias ocasiones la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y la FLIP, entre otras organizaciones.
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Nueva demanda contra fuero penal militar
Privilegios a militares sería inconsitucional
Los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez, integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas, radicaron el día de hoy a las 2 de la tarde la demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del año pasado.
La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Corte Constitucional, que decidirá si el Acto Legislativo 002 del 2012 tuvo vicios de competencia, por sustitución de la Constitución, en cuyo caso sería inconstitucional.
Los demandantes argumentan que el Congreso de la República de Colombia se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos.
Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad. Dado que el Acto Legislativo 002 del 2012 traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH), dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo. En otras palabras, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos, lo cual compromete la transparencia y la independencia de los procesos.
“La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia. Eso no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”, dijo la Representante Ángela Robledo, una de las demandantes. “Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado”, agregó la parlamentaria.
Finalmente, cabe recordar que Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones sociales han insistido en que la ampliación del fuero militar es un “retroceso en materia de derechos humanos, contraviene obligaciones internacionales y podría exponer a Colombia a la intervención de la Corte Penal Internacional”.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Los ciudadanos del Bronx
No es justo que los habitantes de la calle sean considerados simples criminales o asesinos. Seguramente hay delincuentes, pero no son la mayoría. No es justo que los medios de comunicación los presenten como gente “enferma y loca”, condenada a la miseria o al olvido. Semejante estigma reproduce la mal llamada “limpieza social”, que termina con la vida de personas inocentes y excluidas, cuyas muertes casi siempre quedan en la impunidad.
No falta quien quisiera verlos “pudrirse en la cárcel” o fuera de la ciudad; no falta quien se alegra cuando la Policía los persigue y no falta quien se burla ante los excesos del ESMAD. Incluso, no falta quien prefiere verlos muertos en los noticieros de televisión. No es justo.
Los habitantes de la calle son, por encima de cualquier prejuicio, ciudadanas y ciudadanos, sujetos de derechos. Reconocerlos como tal sería fundamental para su inclusión social y cultural a una vida digna, que el Estado no les ha garantizado.
Por eso lamenté la intervención que la Alcaldía de Bogotá organizó el mes pasado en la “calle del Bronx”. Tras el operativo policial, murió un habitante de la calle y dos más resultaron heridos, cuando esas vidas había que protegerlas y respetarlas. Porque el gran reto de la administración de Gustavo Petro es intervenir sin reprimir, renovar sin disparar. Y eso se logra con menos policía y más política social, privilegiando la renovación social por encima de la urbana.
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Las Comisiones de Paz del Congreso y su tarea pedagógica
Las comisiones de paz del Congreso de la República, tanto la de la Cámara de Representantes como la de Senado, han jugado un importante papel en este proceso de paz que va por buen camino. Estas comisiones fueron configuradas en noviembre de 2010 por el Congreso y buscan contribuir a la consecución de la paz en Colombia, para dar cumplimiento al artículo 22 de la Constitución donde se establece la paz como derecho y deber para todas y todos los colombianos.
Las comisiones hemos hecho pedagogía de la paz: hemos apoyado sin titubeos el proceso, hemos reconocido y hecho públicas la polifonía de voces de nuestra Colombia profunda que clama la paz. En otras palabras, las comisiones han nutrido este proceso de experiencias, creencias, emociones, propuestas que fueron surgiendo en las nueve mesas regionales que realizamos en el año 2012.
Un reconocimiento importante de esta tarea, lo recibimos a través del comunicado conjunto redactado por la delegación del gobierno nacional y la de las Farc-ep en La Habana el 29 de noviembre de 2012: "La Mesa acordó recibir las conclusiones de los foros organizados por las comisiones de paz del Congreso de la República, que contaron con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas Colombia, a través de las delegaciones diplomáticas en Colombia, de los garantes del proceso: Cuba y Noruega." Las propuestas de las "Mesas de Trabajo para Poner Fin al Conflicto" no solo llegaron a La Habana sino que han sido tenidas en cuenta en el documento conjunto que se redacta por estos días en La Habana.
Como lo planteé en Razón Pública: Las mesas de trabajo regional para contribuir a poner fin al conflicto han encarnado la idea de asumir la acción política como una actividad pedagógica, donde se promueve lo mejor de cada uno y en donde todos trabajan juntos, alrededor de una mesa, para "hacer mejor la vida de todos" y todas. (bit.ly/SFXxq8).
En esta experiencia pedagógica hubo tres asuntos que fueron recurrentes: 1) Las partes no se deben parar de la mesa sin antes haber firmado el acuerdo, 2) las voces ciudadanas, las nuevas voces ciudadanas y las voces excluidas deben ser parte activa de este proceso de paz 3) no da espera una reforma agraria integral que transforme la tenencia y los usos de la tierra, en un marco de equidad y sostenibilidad ambiental.
En este trabajo logramos construir confianza y respeto a los acuerdos pactados. Esto permitió un trabajo fluido. Sin embargo, dicha confianza y reglas se rompieron. El presidente del Senado Roy Barreras decidió unilateralmente convocar a una comisión de elegidos y elegidas para viajar a La Habana: el criterio de elección no fue claro. La regla que pactamos era irrefutable: las actividades de los integrantes de comisiones de paz, en La Habana, serían conocidas entre nosotros.
Dicha comisión viajó el 3 y 4 de marzo de 2013 a Cuba a reunirse con la delegación de las Farc-ep para cumplir tres objetivos, según he visto en medios: alertar sobre los tiempos del Congreso para que la firma del acuerdo empate con los ritmos legislativos, discutir sobre la condición de las víctimas e intercambiar opiniones sobre la participación política.
Los tres objetivos son bienvenidos, si los resultados contribuyen a construir esta paz tan añorada. La incomodidad que me surge es la forma como se tramitó dicha reunión, a las espaldas de las comisiones de paz, irrespetando las reglas que habíamos acordado y con un criterio de selección ambiguo. Esta forma de manejar el viaje afectó una idea que habría podido tener un impacto político importante en la ciudadanía. El vuelo a La Habana ha sido, por decir lo menos, poco afortunado: muchos medios deslegitimaron el viaje. La ciudadanía aún no comprende bien qué pasó.
Las comisiones de paz tenemos ante nosotros otra oportunidad pedagógica: la confianza es difícil de construir y fácil de destruir, pero tenemos el deber de reconstruirla, a partir de discusiones francas, respetuosas, en donde no se niegue el conflicto y se replanteen reglas que debemos respetar. Las comisiones de paz del Congreso, podemos dar ejemplo de acciones de paz y para la paz, en este proceso.
COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA
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Angélica Bello: el coraje de una mujer
Escribo desde el dolor, la indignación y, quizás, desde la impotencia. Impotencia por haber denunciado sistemáticamente violaciones de derechos humanos y sentir que no pasa nada. Ratificar que hay una enorme impunidad legal, social y moral frente a estos delitos y más aún, frente a los delitos sexuales que ocurren en el marco del conflicto armado. Si esta guerra no para, Colombia no será. La paz no da espera.
Con este dolor despedimos a la compañera y amiga Ana Angélica Bello Agudelo quien murió de manera extraña en Codazzi, Cesar, el pasado sábado 16 de febrero a las 10:50 p.m. Las autoridades dicen que se suicidó, yo no lo creo.
Como lo hemos repetido quienes pudimos trabajar con ella, Angélica nos legó su temple, su convicción por la búsqueda de la justicia, su capacidad de resurgir como el ave fénix de entre las cenizas, para convertirse en una líder, gestora de dignidad y activista de derechos humanos.
Conocí a Ana Angélica Bello Agudelo el 8 de junio de 2011. Organizamos un debate de control político al gobierno nacional, con el representante Iván Cepeda sobre la situación que viven las mujeres víctimas de violencia sexual, en el marco del conflicto armado. Denunciamos allí varios casos para demostrar como el cuerpo de la mujer, en estos contextos, es tomado como botín de guerra. El cuerpo de Angélica no fue la excepción.
En este debate Angélica presentó su testimonio, para permitirnos a quienes estábamos presentes, sentir con ella su padecimiento, sus pérdidas, su duelo pero también saber de su resistencia. Nos contó cómo su cuerpo y el cuerpo de sus hijas había sido tomado por los paramilitares como herramienta para amilanar su fuerza y obligarla a desplazarse en cuatro ocasiones, como lo ratifica Pilar Rueda, defensora delegada para la niñez, la juventud y las mujeres. Ese día insistió en la urgencia de la atención psicosocial, en especial para las mujeres. Desde ese momento me impresionó su fuerza sutil y contundente. Con su lenguaje desparpajado y fuerte defendía sin temor sus derechos y, ante todo, los derechos de mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, en el marco de este conflicto armado.
Angélica nunca se amilanó ante los poderosos, en el año 2000 en Casanare se presentó ante el paramilitar Martín Llanos, para reclamar sus dos hijas, de 9 y 14 años, quienes habían sido secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. Sus hijas, le fueron devueltas, pero tuvo que salir de allí, así inicia su itinerario de desplazamientos. Siempre habló con franqueza y verdad. Trabajó con colectivos de mujeres, organizaciones sociales, organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos de las mujeres. El pasado 9 de enero, ante el presidente de la República, en reunión del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de nuevo le exigió, con toda claridad, darle cumplimiento a la ley 1448 en lo relacionado con la atención psicosocial. Atención que se convierte en proceso fundamental para reparar, renovar, reconstruir la propia existencia de las víctimas en Colombia.
Me uno a la solicitud que tanto la defensora delegada para la niñez, la juventud y las mujeres, como la Corte Constitucional han formulado al Gobierno Nacional y a la Fiscalía, para adelantar una investigación seria, pronta y con resultados y poder aclarar las circunstancias reales de su muerte.
Presidente Juan Manuel Santos, directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Salud, Fiscal general de la Nación, si quieren realmente reparar la muerte de Angélica Bello, si quieren hacer un reconocimiento real a cuanto significó su vida y su lucha, no les va a resultar suficiente con haber hecho un pronunciamiento público ofreciendo excusas o haber asistido a su entierro. Muevan todo el aparato institucional, dentro de la ley, para que este hecho se aclare y los casos de violencia sexual no queden en la impunidad, como viene ocurriendo. Implementen, de una vez por todas, aquello por lo que Angélica luchó siempre: la atención psicosocial para las víctimas. Sin formalidades, con acciones reales, prontas, con profesionales preparados y sensibles. Asuman a fondo y seriamente este mandato de la ley.
ANGELA ROBLEDO/ REPRESENTANTE A LA CAMARA
Columna para el periódico La Patria
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Angela Robledo interpone acción de tutela contra el Ministerio de Defensa
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo presentó ayer una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del Ministerio de Defensa, en cabeza de Juan Carlos Pinzón por considerar que violó su derecho fundamental a la información.
El pasado 4 de febrero de este año, Ángela Robledo había tramitado ante el Ministerio de Defensa, una solicitud, vía derecho de petición, a fin de que se estudiara la posibilidad de proveer transporte a un grupo de mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que pedían asistir a La Habana a rodear el proceso de Paz, el próximo 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. A la fecha y a pesar que desde la oficina de la parlamentaria se le ha hecho seguimiento a dicha solicitud aún no se ha obtenido respuesta.
La parlamentaria indicó que mientras que muchos seguimos empeñados y trabajando por un anhelo por la Paz, este país sigue concentrado en la guerra cuando miles de niños, jóvenes y mujeres mueren a diario por el fuego cruzado de los violentos en el Cauca, Putumayo, Arauca, Chocó, Antioquia y otras zonas del país
“Al día de hoy 26 de febrero de 2013, es decir 22 días después de radicada la solicitud ante el Ministerio de Defensa, este no ha dado respuesta de acuerdo a lo que dispone la Constitución, el Código Contencioso Administrativo y los decretos violando mi derecho fundamental de petición”, dice el documento.
Ángela Robledo ha insistido que en las mujeres son la reserva ética y política de este país y hace un llamado a que las mujeres hagan valer su derecho a la Paz: “Convoco a todas las colombianas y a las mujeres líderes, políticas, economistas, periodistas y las que lideran las organizaciones sociales, populares y comunitarias, para que este 8 de marzo levantemos nuestra voz para darle una oportunidad a la Paz”, anotó la parlamentaria.
Angela Robledo instó al Ministro para que demuestre qué acciones ha realizado para cumplir su función constitucional de Paz: “El Ministerio de Defensa tiene como función coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos de acuerdo al Decreto Número 1512 de Agosto de 2000”.
“Pareciera que el Ministro sólo quiere seguir haciendo vuelos para la guerra y ni uno sólo para la Paz”, puntualizó la congresista.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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No más mordazas a la televisión pública
Por: Angela Robledo/ Representante a la Cámara
Debo confesar que no recuerdo el nombre del antiguo gerente del Canal Capital. ¿Alguien se acuerda? Debo confesar, también, que no sé cuáles fueron los logros de su gestión. ¿Alguien los conoce? Puedo cometer una injusticia con varios productores, libretistas, presentadores o camarógrafos, pero el único programa que recuerdo emitido años atrás en ese canal de televisión es el del exalcalde Samuel Moreno. Una vergüenza.
Los tiempos han cambiado y, con ellos, la dirección del Canal Capital, actualmente bajo el liderazgo y la valentía del periodista Hollman Morris. No hay duda que la nueva programación es una apuesta por la paz, la verdad, la justicia, la memoria y la reconciliación. Han hecho de Canal Capital un espacio para condenar la impunidad y rechazar todas las formas de violencia, un espacio para respetar la vida, la libertad, la diferencia y la diversidad.
Eso, en este país, tiene un costo: la estigmatización y la persecución, muy propias de las dictaduras. Es el precio que tienen que pagar quienes se enfrentan al establecimiento, o quienes trabajamos por la paz y la defensa de los derechos humanos. Es indignante y lamentable, lo sé, pero ese fue el peor legado de la “seguridad democrática”.
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La basura tapó todo
Por: Angela Robledo/Representante a la Cámara por Bogotá
Hay quienes me critican por “defender al Alcalde Gustavo Petro”. Es un mediocre, me dicen. No sabe ejecutar, repiten. Se la pasa improvisando, insisten. Debo aclararles que yo no defiendo personas. Para eso están los abogados. Desde mi condición de Representante a la Cámara por Bogotá, apoyo los proyectos de sociedad que rechazan el “todo vale”, la violencia y la complicidad con los corruptos; apoyo los modelos de ciudad que buscan la igualdad, la justicia, la equidad y la inclusión, que respetan la ley y los derechos humanos, que cuidan la vida y defienden a los animales y al medio ambiente, que luchan por la educación y rescatan el valor de lo público. Yo prefiero el desarrollo humano y la cultura ciudadana, por encima del cemento.
Esas fueron las banderas que en el año 2010 lideramos con la Ola Verde. Esos fueron los principios que juré cumplir y esa ha sido mi tarea a lo largo de mi vida pública y política, en la que he defendido –especialmente- los derechos de las y los más vulnerables, entre ellos los niños, las mujeres y los viejos.
Por eso no me da vergüenza ni temor respaldar la propuesta de una “Bogotá más humana”, liderada por el Alcalde Gustavo Petro. Lo hago de manera libre, sin ataduras ni chantajes, sin sobornos ni contraprestaciones, propias de los clientelistas. Lo hago porque he seguido atentamente los mayores logros de su primer año de gestión, entre ellos, la disminución histórica de los homicidios, el aumento del presupuesto de la educación pública, la reducción de las tarifas de Transmilenio, la garantía del mínimo vital de agua para los estratos bajos, la oferta cultural, la atención a las víctimas y la implementación de un modelo de salud pública que busca garantizar la dignidad.
SIGA LEYENDO ESTA COLUMNA HACIENDO CLIC AQUI.
*Columna para ElEspectador.com
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Saquen YA! a l@s niños de la guerra pide Ángela Robledo
Saquen YA! a l@s niños de la guerra pide Ángela Robledo
Bogotá, Colombia, febrero 6 de 2013
La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo se unió al Día de la Mano Roja que busca prevenir y atender el reclutamiento forzado de niñ@s con destino a la guerra.
La parlamentaria denunció, en debate de control político realizado en diciembre pasado, que unos 14 mil niños son víctimas del reclutamiento por parte de todos los actores del conflicto armado en Colombia. “Datos del Instituto de Medicina Legal (2011) demuestran que niñ@s y adolescentes son los que más sufren violencia sexual en el conflicto armado. El 89%, es decir casi la totalidad de víctimas, de delitos sexuales son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. El dato es aún más escalofriante: el 35%, es decir, uno de cada tres casos son niñ@s de 10 a 14 años”, dijo Ángela Robledo.
“Los niñ@s son las principales víctimas, junto con las mujeres, de esta guerra centenaria; están sin oportunidades y proyectos de vida y son quienes se vuelven carne de cañón o presa fácil de la violencia. Los indicadores sociales de las áreas rurales son una vergüenza”, dijo Robledo.
En el debate la parlamentaria incluyó parte del Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia (2012) para señalar casos de violencia sexual por parte de todos los grupos armados: “A menudo se las obliga (a las niñas) a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si quedan embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud (…) En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados (…)” .
De acuerdo con ONU “Las FARC-EP obligaron a abortar a niñas embarazadas en Cauca (2009). En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres armados agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años. El mismo año, en el Meta, una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada. Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En 2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron que ése sería el procedimiento de represalia contra quienes les denuncien”.
Ángela Robledo presentó a finales de 2012 una proposición para ampliar este debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. “Hay una responsabilidad política innegable del Estado y del gobierno en esta guerra. Asumir esta responsabilidad, junto con la que debe asumir también la guerrilla de las FARC-EP es un paso fundamental para una paz positiva y duradera. Las víctimas que hemos escuchado en todas las regiones piden más verdad que justicia”, puntualizó Ángela Robledo.
PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO
12 de febrero Día de la Mano Roja
El Día de la Mano Roja que significa: Detengan el uso y reclutamiento de niños y niñas en la guerra, entró en vigencia en 2012 y obliga a los Estados a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y a atender a aquellos que continúan siendo víctimas de este crimen.
Este año distintas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales se han unido para realizar dos acciones en Bogotá:
1. Un foro distrital de responsabilidad pública en el que se abordará la situación actual de la niñez colombiana víctima del conflicto armado. Salón Huitaca, Alcaldía Mayor de Bogotá, el 11 de febrero a partir de las 8:00 am.
2. Una acción de participación e incidencia en la que los niñ@s y adolescentes enviarán mensajes de paz a la mesa de diálogo en La Habana (Cuba). Salón Boyacá, Congreso de la República, el 12 de febrero, a partir de las 8:00 am.
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Ángela Robledo pide al Ministro de Defensa “Un vuelo para la Paz”
Bogotá, Colombia, febrero 4 de 2013
La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, envió hoy una carta al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón en la que solicita facilitar el transporte a 300 mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan a favor de la Paz.
"Las colombianas queremos rodear el proceso de paz y agenciar las propuestas presentadas por las mujeres en las mesas organizadas de manera conjunta el semestre anterior, entre el Congreso de la República y el Sistema de Naciones Unidas, para contribuir al fin del conflicto. Este viaje sería un homenaje a las indígenas, campesinas y afro descendientes, que viven todos los días en medio del horror de la guerra", dijo Ángela Robledo en su carta.
Robledo aseguró que "las mujeres, principales víctimas de esta guerra, viudas, huérfanas y desplazadas, son el 85% de las sobrevivientes del conflicto", al tiempo que llamó nuevamente la atención sobre las cifras de violencia contra las mujeres en el conflicto que afecta a unas 500 mil mujeres, de acuerdo con estudios de la Casa de la Mujer y Oxfam.
"Ministro Pinzón, la Fuerza Aérea Colombiana realiza todos los días vuelos para la guerra, esta es una oportunidad de hacer un vuelo para la Paz", puntualizó Ángela Robledo.
Texto de la Carta:
Señor
JUAN CARLOS PINZON
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa Nacional
La Ciudad
Ref: Derecho de petición: Un vuelo para la Paz
Cordial saludo,
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres fecha en la que las mujeres colombianas, queremos ratificar nuestro no rotundo a esta guerra y nuestro apoyo al proceso que adelanta la mesa de diálogo de La Habana (Cuba) dirigido a firmar el acuerdo para el fin del conflicto armado con las Farc-Ep. Mujeres, jóvenes y niñas, son las principales víctimas de esta guerra. Muchas de ellas, son hoy sus viudas, huérfanas y desplazadas en condición de sobrevivientes del conflicto.
Como Usted bien conoce, unas quinientas mil mujeres soportan todo tipo de violencias a causa de la guerra: 94.565 sufren violaciones, 26.058 embarazo forzado, 19.422 esterilización forzada, 7.754 prostitución forzada, 48.554 servicios domésticos forzados, 175.873 acoso sexual y 326.891 imposición de controles represivos sobre su vida social.
Las mujeres son la reserva ética de este país, pioneras de todos los procesos de paz y las principales agentes de dignidad en esta guerra que nos agobia. Que sus propuestas lleguen de manera efectiva y significativa a la mesa de diálogo en La Habana, sería el mejor homenaje el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para lo cual necesitamos de su concurso en la facilitación del transporte para unas 300 mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan a favor de la paz.
Las colombianas queremos rodear el proceso de paz y agenciar las propuestas presentadas por las mujeres en las mesas organizadas de manera conjunta el semestre anterior entre el Congreso de la República y el Sistema de Naciones Unidas, para contribuir al fin del conflicto. Este viaje sería un homenaje a las indígenas, campesinas y afro descendientes a quienes escuchamos en las regiones y viven todos los días en medio del horror de la guerra.
En la labor que emprendimos con la Comisión de Paz del Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar cerca de 3.000 personas, en su gran mayoría mujeres y jóvenes de 1.400 organizaciones sociales, que exigen un proceso de paz exitoso y una paz estable y duradera en donde se profundice la política social en nuestro país.
Ministro Pinzón, la Fuerza Aérea Colombiana realiza todos los días vuelos para la guerra, esta es una oportunidad de hacer un vuelo para la Paz.
Agradezco su atención y pronta respuesta.
Atentamente,
Ángela Robledo
Representante a la Cámara
CC. Señor General del Aire Tito Saúl Pinilla Pinilla, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana
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No queremos una guerra perpetua
Por: Angela Robledo, Representante a la Cámara
David Grossman, connotado escritor y pacifista israelí, quien perdió a su hijo cuando prestaba servicio militar obligatorio en el año 2006 durante la guerra entre Israel y Hezbolá, visita por estos días nuestro país para participar en Hay Festival. En entrevista concedida a la revista Semana, al referirse de manera particular a los países que viven un conflicto armado prolongado, como es el caso de Israel y de Colombia, expresaba lo siguiente: "Durante los conflictos, en especial los muy largos, la gente empieza a creer que no hay otro camino, que están condenados a vivir en medio de la tragedia por toda la eternidad" y agrega "las partes interesadas en los conflictos establecen un lenguaje violento que es cárcel y que no permite que se resuelvan las diferencias".
Las palabras de Grossman tienen enorme pertinencia hoy en nuestro país, porque nos alertan sobre lo que significa vivir condenados a la tragedia de la guerra eterna. Condenados a vivir en medio del miedo, la inmovilidad, el odio, donde las palabras y los gestos violentos, resultan tan efectivos como un fusil, una granada, una bomba.
Al leerlo pensaba cómo han calado entre nosotros las palabras amenazantes y las acciones violentas de los llamados otrora, por Otto Morales Benítez, "los enemigos agazapados de la paz". Hoy en Colombia, después de casi treinta años, estos enemigos atacan la paz no de manera solapada y clandestina, lo hacen de frente con gran cinismo y amplia resonancia en medios de comunicación. Son aquellos quienes de manera desafiante y pública declaran que no hay otra salida que continuar esta terrible guerra, la cual prometieron acabar hace 10, 8, 6, 4, 2 años y cuyos resultados han sido miles y miles de colombianas y colombianos muertos o desplazados. Expresiones estridentes y amenazadoras como las de Álvaro Uribe o las de José Félix Lafaurie, por nombrar solo a dos de sus más caracterizados exponentes, producen no solo miedo, sino indignación.
Y es que de manera especial, ha sido el gremio de los grandes ganaderos del país, el que de tiempo atrás ha presentado la prolongación del conflicto armado y la guerra como la única salida a tanta pobreza y desigualdad. Aún recuerdo como en sus asambleas en tiempos de Jorge Visbal como su directivo y Álvaro Uribe Vélez como presidente, el primer mandatario era recibido por muchos de los afiliados de Fedegán, con los puños cerrados y los brazos en alto, a la manera del saludo que los alemanes le presentaban a su Führer.
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Angela Robledo propone a las mujeres tomarse La Habana el 8 de marzo
Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, propuso hoy a la Comisión Legal de Mujeres del Congreso rodear el proceso de paz y agenciar las propuestas presentadas por la mujeres en las Mesas Regionales para contribuir al fin del conflicto, como un homenaje a las indígenas, campesinas y afrodescendientes que sobreviven al horror de la guerra.
“Invito a mis compañeras de la Cámara y el Senado y a todas las mujeres que estamos comprometidas con este país a que nos tomemos La Habana y sentemos de una vez por todas nuestra posición como ciudadanas que luchamos por la Paz de nuestro país y que queremos que este proceso de diálogo sea exitoso”, propuso Ángela Robledo.
Ángela Robledo aseguró que “las mujeres son la reserva ética de este país, son las pioneras de todos los procesos de paz y las principales agentes de dignidad en esta guerra que nos agobia. Que sus propuestas lleguen de manera efectiva y significativa a la Mesa de Diálogo en La Habana, sería el mejor homenaje el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”.
“A nosotras como representantes de las mujeres colombianas nos corresponde la tarea histórica y política de incidir para que este proceso termine con un acuerdo de paz que permita que muchas comunidades salgan del abismo oscuro de la guerra. Todos los guerreros tienen que saber que las mujeres estamos atentas y vigilantes para que la paz positiva sea una realidad”, dijo hoy Ángela Robledo durante el encuentro de parlamentarias en la Comisión Segunda de la Cámara.
Ángela Robledo aseguró que las mujeres, los jóvenes y las víctimas directas de la guerra, son los principales aliados para la Paz: “En la labor que emprendimos con la Comisión de Paz del Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar a unas 2.700 personas, en su gran mayoría mujeres y jóvenes de 1.178 organizaciones sociales, que exigen un proceso de paz exitoso y una paz estable y duradera en donde se profundice la política social”.
“Estas mujeres que son víctimas, activistas, sobrevivientes y gestoras de proyectos productivos comunitarios nos dan ejemplo, con su vida y nos enseñan que es posible hacer resistencia a la guerra haciendo minga, trabajando con los otros, sin rendirse, a pesar de los despojos de los paramilitares, las violaciones de los militares, los abusos de los guerrilleros, el maltrato de las petroleras y el olvido del Gobierno”, dijo Ángela Robledo.
Ángela Robledo señaló que las mujeres de todo el país tienen propuestas concretas para la paz: Mujeres cundiboyacenses con proyectos colectivos que jalonan mercados campesinos; mujeres del Eje Cafetero orgullosas de lograr la primera cédula cafetera en un contexto puramente masculino y mujeres de Córdoba que han convertido su dolor en dignidad. Entre las propuestas que presentaron las mujeres en las nueve mesas regionales, Angela Robledo destacó: 1. Instaurar una reforma agraria profunda con enfoque diferencial y de género 2. Desallorar políticas públicas y proyectos agrarios productivos dirigidos a mujeres campesinas que eviten su migración a la grandes ciudades para convertirsen en empleadas domésticas 3. Acelerar la entrega de tierras a mujeres cabeza de familia en procesos de restitución 4. Adjudicar las tierras a unidades agrícolas familiares dado que las principales víctimas del conflicto son las viudas que no tienen titulación de tierras 5. Desarrollar programas de atención psicosocial para las mujeres y las familias víctimas del conflicto.
Ángela Robledo pidió además a sus compañeras de la Cámara y el Senado que apoyen decididamente el Proyecto de Ley 037-Cámara, dirigido a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara en noviembre pasado. “Este proyecto sin duda contribuirá a la Paz, porque la guerra exacerba todas las formas de violencia que recaen en forma cruel en los cuerpos y las vidas de miles de mujeres", aseguró Angela Robledo.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Crímenes de odio contra los homosexuales
No es justo que el poder sirva de excusa para dirigir campañas discriminatorias, máxime cuando se lideran con recursos públicos bajo el amparo de la "inviolabilidad parlamentaria", que evita la persecución judicial por las opiniones emitidas por quienes decimos representar en el Congreso a la ciudadanía.
Ya la historia comprobó qué ocurre cuando el poder se ejerce en función de la persecución, la estigmatización, la intolerancia, el fascismo y el desprecio. La humanidad ya fue testigo de esa barbarie y nos resistimos a repetirla. Porque las minorías también tienen derechos, así no le guste al senador Gerlein y a muchos quienes como él, abusan de su poder, e invocan de manera directa o indirecta los sentimientos de odio hacia el otro, hacia el considerado diferente y por ello inferior. Vale recordar que el movimiento LGBTI se ha ganado a pulso su derecho a la diferencia, a la igualdad, a la inclusión y a la diversidad. La Constitución del 91 obliga al Estado a proteger sus derechos fundamentales, luchando contra las distintas formas de discriminación, incluidas la homofobia y evitando la reproducción de la macabra "limpieza social".
Por eso, a través de un derecho de petición radicado el pasado 22 de noviembre, pedí al Procurador General se pronunciara frente a las declaraciones de Roberto Gerlein, pues nuestra Constitución establece que, independientemente de sus convicciones religiosas, el Procurador tiene que velar por el cumplimiento de la Ley y proteger los derechos humanos de todas y todos los colombianos. De todos y todas (léase bien), incluidos los homosexuales.
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Militares estarían implicados en violencia sexual contra niñas, denuncia Angela Robledo
Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz denunció este martes en debate de control político, que miembros de las fuerzas armadas estarían involucrados en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
“Tenemos evidencia de que algunos miembros de la fuerza pública, abusan de niñas y adolescentes en zonas de conflicto. La explotación sexual por parte de estos funcionarios a niñas y adolescentes no son hechos aislados, son crímenes generalizados que deben tener una responsabilidad y sanción tanto de los involucrados como de los jefes máximos. En territorios de guerra rurales, donde hay bases militares, hay explotación sexual a menores de edad”, dijo la parlamentaria.
Angela Robledo presentó datos del Instituto de Medicina Legal que demuestran que niños, niñas y adolescentes son los que más sufren violencia sexual en el conflicto armado. El 89%, es decir casi la totalidad de víctimas, de delitos sexuales son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. El dato es aún más escalofriante: el 35%, es decir, uno de cada tres casos son niños y niñas de 10 a 14 años . Según Forensis, miembros de las fuerzas armadas estarían en el primer lugar del rango de victimarios por presunto abuso sexual en el marco del conflicto colombiano.
De acuerdo con Ángela Robledo el delito de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto armado lo cometen todos los guerreros, sin embargo la parlamentaria aseguró que “es preocupante que la presencia de la fuerza pública se convierta en un factor de riesgo para los menores de edad”.
El Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia señala que “Se han recibido denuncias de casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia y de la policía (…) En abril de 2010, en Arauca, una adolescente de 14 años fue violada, según se informó, por un efectivo de las Fuerzas Militares de Colombia. Otra menor de 13 años fue violada cerca de su escuela, presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, que se encontraban por la zona de la escuela. En octubre de 2010, en Arauca, al parecer dos niñas fueron violadas en repetidas ocasiones por un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, quien más tarde mató a una de las niñas y a sus dos hermanos. El militar presuntamente violó a uno de los niños antes de matarlo”.
El mismo informe, muestra casos concretos de este tipo de violencias por parte de todos los grupos armados: “A menudo se las obliga (a las niñas) a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si quedan embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud (…) En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados (…)”.
De acuerdo con ONU “Las niñas reclutadas por los grupos armados no estatales o vinculadas a ellos con frecuencia son víctimas de graves y repetidos actos de violencia sexual. En 2009, se recibió información de que las FARC-EP obligaron a abortar a niñas embarazadas en Cauca. En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres provistos de armas pertenecientes a un grupo armado no estatal no identificado agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años. En agosto de 2010, en Meta, una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada por sus agresores, quienes le cortaron los senos. Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En marzo de 2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron de que ese sería el procedimiento de represalia que seguirían contra quienes presentasen denuncias”.
“El conflicto armado también ha puesto a los niños en peligro de sufrir explotación sexual. En mayo de 2009, en Putumayo, miembros de Los Rastrojos ofrecieron dinero a las estudiantes de una escuela para niñas a cambio de mantener con ellas relaciones sexuales. En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados.”
Angela Robledo aseguró que “en las zonas de guerra, todos los grupos armados incurren en crímenes repudiables y, a su vez, el Estado no garantiza derechos y en muchas ocasiones los viola. En estas condiciones una paz estable y sostenible es imposible”. La parlamentaria hizo un llamado para que en este proceso de paz, las niñas, niños y adolescentes salga inmediatamente de la guerra, de ser usados como informantes por todos los grupos armados, de ser reclutados o violados.
“Hay una responsabilidad política innegable del Estado y del gobierno en esta guerra. Pues en muchos casos ellos también son victimarios o no generan condiciones para frenar esta situación que pareciera que no indigna a los gobernantes de este país. Asumir esta responsabilidad, junto con la que debe asumir también la guerrilla de las FARC-EP es un paso fundamental para una paz duradera. Las víctimas que hemos escuchado en todas las regiones piden más verdad que justicia”, puntualizó Ángela Robledo.
VEA EL DOCUMENTO COMPLETO DEL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO HACIENDO CLIC AQUÍ.
CLIC AQUI PARA ESCUCHAR LOS DESGARRADORES TESTIMONIOS DE HABITANTES DE PUTUMAYO
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO
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Debate de control político: Niños en la guerra
Mambrú se va a la guerra, qué dolor, qué pena!
Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso citó este martes a debate de control político al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte, al Comandante General de las Fuerzas Militares, General Alejandro Navas Ramos, al Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Álvaro Alejandro Eder Garcés, para que respondan por la situación de unos 14 mil niños víctimas del reclutamiento por parte de todos los actores del conflicto armado en Colombia.
Angela Robledo dijo que su debate estará centrado en revisar las condiciones de abandono y extrema pobreza de niñas, niños y adolescentes que viven en las regiones apartadas del país, que no tienen oportunidades y terminan involucrados en el conflicto: “Los niños son las principales víctimas, junto con las mujeres, de esta guerra centenaria; están sin oportunidades y proyectos de vida y son quienes se vuelven carne de cañón o presa fácil de la violencia. Los indicadores sociales de las áreas rurales son una vergüenza. Sumando reclutamiento, violencia sexual y víctimas de minas antipersonas, alrededor de 30.000 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas directas de la guerra”.
La parlamentaria aseguró que es responsabilidad del gobierno colombiano garantizar las condiciones materiales mínimas para que la guerra no sea el camino de niños y jóvenes, al tiempo que llamó la atención sobre la situación de niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública.
CLIC AQUI PARA ESCUCHAR LOS TESTIMONIOS
El debate está citado a las 9:30 a.m. en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO
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Las antígonas contemporáneas: una reserva ética frente a la guerra
Esta columna está basada en un texto de mi autoría incluido en el libro "Divergencia: múltiples voces nombran lo político", el cual fue publicado por el CINEP y la Universidad Javeriana en el año 2010. Quise reproducirlo en este espacio en razón de su vigencia, y especialmente, dada su pertinencia en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre.
Al reflexionar sobre la política, algunos de mis referentes han sido las imágenes femeninas milenarias que, como Antígona, Penélope o Sherezada, han estado presentes para romper certidumbres, cuestionar límites, visibilizar realidades, encarnar mitos e inspirar nuevas representaciones de la realidad. En ocasiones he pensado en las relaciones entre poética y política a propósito de la imagen de Antígona, quien pone en cuestión los límites entre lo privado y lo público, entre las leyes de los dioses y los hombres, entre la guerra y la política, entre las relaciones del honor y del amor.
Antígona encarna el amor al Otro y se convierte en reserva ética para el cuidado de los vivos y de los muertos. En el grito de Antígona se funden los gritos de cientos de mujeres que por siglos hemos insistido que no hemos nacido para compartir odio sino amor. Por ello Antígona vive entre los campos devastados por la guerra y el desplazamiento, entre los cientos de pueblos abandonados donde muchas mujeres se resisten a salir, donde muchas de ellas exigen tener el derecho a sepultar sus muertos y cuidar la vida.
Y digo que las mujeres somos reserva ética porque hemos hecho resistencia frente a las prácticas patriarcales de sometimiento, de exclusión, de violencia. Es la fuerza de lo femenino, donde nuestras prácticas cotidianas y sociales han estado más cerca de nutrir que de consumir o devorar. Porque lo femenino se ha convertido en espacio de resistencia frente a las ideas que han vinculado el progreso y el crecimiento con la perversa convicción de que el desarrollo significa consumir más, poseer más, devorar más.
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Angela Robledo pide a la Procuraduría adelantar acciones en caso Gerlein
Ángela Robledo, representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión del Paz de Congreso de la República pidió al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, que como garante de los derechos humanos, tome medidas y se pronuncie frente a las expresiones discriminatorias y claramente homofóbicas del Senador Roberto Gerlein, presentadas en el trámite del proyecto de ley que regula las uniones gay en Colombia.
“Solicito respetuosamente, a usted, como autoridad competente informar las medidas que como servidor público garante de los derechos de los ciudadanos va a tomar frente a la declaraciones del Senador Roberto Gerlein, y emitir su respectivo pronunciamiento sobre el tema”, anota la parlamentaria en un derecho de petición que fue radicado este jueves ante la Procuraduría General de la Nación.
De igual manera Ángela Robledo pidió al Procurador Ordoñez que emita su concepto frente a las iniciativas legislativas que pretender modificar el código civil en materia de matrimonio y proteger los derechos de la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta que es a la Procuraduría a quien corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y proteger los derechos humanos de las minorías en un Estado Laico y pluralista.
La parlamentaria ha dicho que no es justo utilizar la inmunidad parlamentaria para discriminar y ofender a una comunidad que se ha ganado a pulso y por la vía legal su derecho a la diferencia y a que el Estado les proteja sus derechos fundamentales. “Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y diferencias con respeto y consideración, sobre todo en una sociedad postmoderna que está transitando hacia la búsqueda de la paz y la reconciliación. Es elemental suponer que quienes ostentan el poder y representan a la ciudadanía deben dar ejemplo de respeto y dignidad”, puntualizó Ángela Robledo.
Clic aquí para ver comunicación de Ángela Robledo al Procurador Alejandro Ordoñez.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Aprobado en primer debate Proyecto de Ley contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado
Hoy martes 20 de noviembre de 2012, en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley radicado por los Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, "por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”.
"No hay una mejor noticia para la conmemoración del Día de la NO violencia contra las mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Este proyecto luchará contra la impunidad y contribuirá a la Paz, porque la guerra exacerba el conflicto, lo cual recae en forma cruel en los cuerpos y las vidas de miles de mujeres de nuestra Colombia, que hoy todos defendemos", aseguró Angela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión del Paz.
El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.
La iniciativa, que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) tiene entre sus objetivos: 1) Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia en los casos de violencia sexual, puesto que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras. 2) Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia. 3) Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva.
Esta iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica habitual, extendida, sistemática, generalizada e invisible.
Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contexos de coacción o delitos producto de amenzas o uso de poder. Amplia conductas penales como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.
Este Proyecto de Ley, fruto de un año de discusiones, fue radicado el pasado 25 de julio y contó con el apoyo o los aportes del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Con la aprobación del Proyecto en primer debate, le restan tres debates más en el Congreso de la República y la sanción presidencial para convertirse en Ley.
Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806
Más información en www.angelarobledo.com y www.pazypedagogia.com
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Los jóvenes y las mujeres son reserva ética en los diálogos de Paz.
Muchos de los procesos exitosos de paz que se han dado en el mundo coinciden en que la participación ciudadana es vital para transitar hacia una democracia más profunda y poder así llegar al fin de la confrontación armada, que si bien no significa vivir en paz, si se convierte en condición indispensable para ésta. Esa es la esperanza que llevamos en el corazón millones de colombianas y colombianos, en especial aquellos quienes viven cotidianamente la guerra que desangra nuestro país.
Propiciar la participación ciudadana ha sido una de las tareas más importantes para las comisiones de paz del Congreso de la República. Hemos querido escuchar de viva voz a muchas mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños representantes de organizaciones sociales, comunitarias, académicas, ONG, víctimas del conflicto, sindicalistas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos, movimientos LGBTI, y empresarios, la presentación de sus propuestas referidas a tres de los puntos contemplados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: Desarrollo Rural Integral, Sustitución de Cultivos Ilícitos y Participación Política. En un ejercicio que denominamos Mesas de Trabajo Regionales por la paz, que ha contado con el apoyo técnico del Sistema General de Naciones Unidas y el PNUD, hemos tenido la oportunidad de escuchar sus planteamientos, exigencias y propuestas plasmadas en las relatorías, las cuales serán enviadas formalmente a la mesa de negociación en La Habana, la primera semana de diciembre de este año.
En los encuentros en las diferentes regiones hemos buscado propiciar el diálogo en torno a lo significados y las implicaciones de este nuevo proceso de paz en Colombia. Nuestras comisiones se convierten así en un canal de comunicación en esta segunda fase, entre la mesa negociadora y los miles de colombianos que históricamente han sido excluidos y que hoy tienen propuestas concretas para la paz, las cuales apuntan a erradicar las causas estructurales de la guerra: acceso a la tierra, protección a la economía agrícola, participación política con garantías para los movimientos y los partidos de oposición, acceso a los derechos fundamentales y políticas estructurales para erradicar la pobreza y la flagrante desigualdad en Colombia.
En una polifonía de voces hemos escuchado a lo largo y ancho de esta Colombia profunda cerca de dos mil personas, pertenecientes a más de 800 organizaciones. Estuvimos en Sincelejo con líderes de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre; en Barranquilla con organizaciones del Atlántico, Guajira, Magdalena y San Andrés; en Villavicencio con comunidades de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare y Guaviare; en Pasto con movimientos sociales de Nariño y Putumayo; en Medellín con sectores de Antioquia, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas; en Bucaramanga con voceros de Santander, Norte de Santander y Arauca.
Entre las reivindicaciones más frecuentes están las de las víctimas del conflicto político quienes han transformado su dolor en dignidad, exigen celeridad en los procesos de reparación integral, en especial aquellos los relacionados con la restitución de sus tierras, sacar a la población civil de conflicto y un cese al fuego pronto y efectivo. Piden que sus voceros sean escuchados en la mesa de negociación Gobierno-Farc.
La participación de las mujeres y los jóvenes ha sido contundente, sus propuestas imaginativas y factibles. Son reserva ética para este proceso. Las mujeres nos enseñan a hacer minga para construir la paz, desde las regiones. A enfrentar la guerra y la pobreza con proyectos productivos comunitarios y mercados campesinos justos para sus productos agrícolas. Señalan estar dispuestas a perdonar si hay verdad y reparación integral. Los jóvenes se niegan a que su destino sea la guerra, anhelan un presente y un futuro en el que puedan estar alejados de las armas, reivindican su derecho a la objeción de conciencia. A cambio piden una política agraria que los reconozca como herederos del cuidado de la tierra.
Nuestra presencia en estas mesas, nos ha permitido ratificar la enorme e intolerable brecha que existe entre la Colombia urbana y la Colombia rural, esa Colombia profunda que muchos desconocemos. Seguimos convencidos de que la paz es la victoria y la justicia social es el camino.
Columna de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria
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Los congresistas mejor calificados por los líderes de opinión
Según encuesta de la firma Cifras y Conceptos, que consultó a casi 2 mil líderes de opinión, la Representante Angela Robledo se ubicó en los primeros lugares del ranking de los mejores congresistas del país. ¡GRACIAS!
Lea el artículo completo en el siguiente link:
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Conclusiones de la Mesa Regional por la Paz realizada en el Meta
Organizaciones sociales denuncian en la mesa regional por la Paz, violación de derechos humanos de actores de la región
“(…) Las zonas donde hay fuerzas militares y zonas de consolidaciones existen violaciones, despojos, embarazos no deseados. Las petroleras no respetan los derechos laborales, no contratan personas de la región, están masacrando la tierra dejando la región sin agua y obligan a pequeños campesinos a abandonar las tierras. El gobierno se destaca por su profundo olvido y desidia. En otras palabras, el modelo minero y petrolero, y la militarización de nuestra vida están resquebrajando las bases de esta región y están dando todas las condiciones para intensificar el conflicto, con estas condiciones es muy difícil pensar en una paz duradera”, denunciaron participantes de la Tercera Mesa Regional que se realizó en Villavicencio, Meta, durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, convocada por las Comisiones de Paz del Congreso de la República.
Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, resaltó la participación de las mujeres y jóvenes líderes y dijo que son la reserva ética frente a la guerra: “Estas mujeres nos dan ejemplo, con su vida y nos enseñan que es posible hacer resistencia a la guerra haciendo minga, trabajando con los otros, sin rendirse, a pesar de los despojos de los paramilitares, las violaciones de los militares, los abusos de los guerrilleros, el maltrato de las petroleras y el olvido del Gobierno”.
“Las mujeres proponen, trabajan, generan ligaduras, promueven proyectos productivos, son lideresas y, a la vez, cuidan las hijas o hijos que han quedado sin padres porque este conflicto los mató o desapareció. Hay ejemplos de mercados campesinos que jalonan estas mujeres y que se vuelven un proyecto de vida, un proyecto de toda una comunidad y fortalece una economía campesina que no acude a intermediarios perversos que concentran los recursos del trabajo campesino”, afirmó Ángela Robledo.
Llamó la atención la participación de un número considerable de jóvenes que exigieron una política agraria que focalice proyectos productivos para ellos. “Queremos vivir sin tocar un arma”, afirmaron los jóvenes al reivindicar su derecho a la objeción de conciencia.
Ha sido recurrente en las mesas la exigencia para que la voz de las víctimas sea tenida en cuenta en La Habana y para que los negociadores firmen un acuerdo que ponga fin al conflicto. De igual manera los participantes pidieron que se respete su autonomía para cultivar y la no extranjerización de la tierra.
Las Mesas de Trabajo Regionales cuyo objetivo es promover la participación de diferentes actores sociales en la preparación de propuestas dirigidas a fortalecer el primer eje temático (desarrollo rural) del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que inicia en La Habana el 15 de noviembre, reunió 320 personas de unas 170 organizaciones de indígenas, afrodescendientes, campesin@s, mujeres, empresarios, ambientalistas, jóvenes, defensor@s de derechos humanos, comunidad LGTBI, iglesias, sindicatos, víctimas, academia, iniciativas de paz, entre otras, provenientes de seis departamentos del país: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare y Guaviare.
La Tercera Mesa Regional fue instalada por el Gobernador del Meta, Alan Jara y coordinada por Ángela Robledo, Mercedes Rincón, Alexandra Moreno Piraquive, Doris Vega, Juan Carlos Martínez, Iván Cepeda, Jorge Eduardo Gechem, Luis Carlos Avellaneda, Hernán Andrade, Jorge Londoño, de las Comisiones de Paz del Congreso de la República.
La relatoría de estas mesas cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el destino de las propuestas es la Mesa de Negociación Gobierno-Farc que inicia en los próximos días en La Habana (Cuba).
La Cuarta Mesa se realizará este fin de semana (Viernes 2 y sábado 3) en Pasto.
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806
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Internet, el espacio para democratizar los diálogos de paz
Una de las críticas que más sonaron de los frustrados diálogos del Caguán, en el Gobierno de Pastrana, fue la poca participación que tuvo la sociedad civil. Años después de aquel intento por frenar el conflicto en Colombia, analistas han hecho énfasis en que la participación de la ciudadanía fue débil.
Muestra de ello son los análisis de profesores como Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, o de Jaime Zuluaga Nieto, quienes señalaron que las audiencias que se crearon para que unas 25 mil personas se apersonaran de ese proceso de paz no definieron con exactitud el rol de los ciudadanos, lo que convirtió tales encuentros en un “muro de lamentaciones”.
Pero los actuales diálogos se dan en un momento distinto. La ciudadanía hoy es mucho más activa a través de las redes sociales, y las posibilidades que brindan las herramientas en la Web permiten que los ciudadanos puedan estar informados de cómo avanza el proceso y hacer parte del mismo.
Con el interés de democratizar los actuales diálogos de paz, que se instalaron formalmente el jueves en Oslo, en las últimas semanas han surgido diferentes propuestas para generar encuentros con la ciudadanía. Algunos de esos espacios virtuales fueron creados por políticos como la representante a la Cámara Ángela Robledo o la Fundación Ideas para la Paz.
Pedagogía en tiempos de diálogos
La representante Ángela Robledo y copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, lanzó hace tres semanas el portal http://www.pazypedagogia.com/ que busca entregar por medio de foros, análisis de expertos, encuestas, información de contexto, un paquete completo que le permita a la ciudadanía entender mucho mejor el proceso, criticarlo y debatirlo.
“Para el proceso de paz no basta con informar, ni comunicar. Buscamos crear espacios de mutua afectación con la ciudadanía para permitir esta polifonía de voces, mirar qué es lo que significa para los colombianos la paz y cuáles son sus retos”, explicó Robledo.
Este portal ya cuenta con más de cinco mil visitas y tiene videocolumnas de Robledo, de Antanas Mockus, de Luis Celis, de la Corporación Nuevo Arcoiris, quienes concuerdan en que en el momento histórico que vive el país es necesario abrir estos puntos de pedagogía.
También tiene foros para que los ciudadanos hagan sus preguntas y comentarios y está abierto a recibir textos, audios y videos de la sociedad civil, en donde den sus opiniones frente al proceso de paz. Los interesados en participar pueden escribirle a angelarobledo@partidoverde.org.co
“Con cada uno de los pasos del proceso, como el que se dio el jueves en Oslo, es muy fácil pasar de la euforia al pesimismo, mantener el clima de confianza es muy complicado. Por eso, entre ciudadanos, tenemos que escuchar, encontrarnos y debatir”, indicó la representante a la Cámara.
ARTICULO DE EL TIEMPO
VER ORIGINAL EN http://www.eltiempo.com/justicia/internet-el-espacio-para-democratizar-los-dialogos-de-paz_12319501-4
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“Abandonen toda esperanza, ustedes que entran”
"Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate" parece ser el destino de aquellos y aquellas que entran a una cárcel colombiana. Parece que un ciudadano o ciudadana al ser recluido en uno de estos lugares estuviera condenado, en tierra, a entrar al infierno de Dante, a atravesar aquella puerta indolente que el poeta, junto con Virgilio, penetró y que recuerda: "Por medio de mí se va a la ciudad doliente, se va al dolor eterno, por mí se va entre la gente que ya se perdió… abandonen toda esperanza, ustedes que entran".
La posibilidad de remedio de una persona, al entrar a una cárcel es casi nula. La existencia del dolor, la infamia y la indignación es un hecho visible que ha venido siendo denunciado en los últimos meses. Una cárcel en Colombia es una "ciudad" doliente, sin esperanza, donde la posibilidad de la alegría futura, la reconstrucción de una vida, la resocialización están perdidas. No olvidemos que "toda persona tiene remedio", es un principio que guía nuestra Constitución.
No quiero defender la impunidad, ni que ante acciones ilegales las personas no deban ser judicializadas y en algunos casos sean condenadas a pagar penas. Pero sí quiero exponer críticamente dos aspectos fundamentales que tienen relación con la política criminal y la política social de este país. En primer lugar, cuestiono radicalmente la idea de que con aumento de penas y con cárceles (ley por las malas) se solucionan los conflictos sociales de una sociedad, no olvidemos que también hay regulación moral y regulación social. En segundo lugar, ninguna persona, léase bien, ninguna persona merece que se violente su dignidad y se violen sus derechos humanos. Sanciones sí pero dentro de un marco normativo claro y respetando la humanidad del juzgado.
En los últimos días, con algunos miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en una tarea humanitaria, hemos visitado varias cárceles de Colombia. La situación es intolerable e insostenible:
-En varias cárceles hay problemas de agua, solo la ponen tres veces al día y en algunos lugares tienen que trasladarla en vasijas para los baños y sanitarios.
-Hacinamiento en patios, corredores, baños.
-En muchas cárceles solo hay un médico, con rotaciones de cada ocho horas para atender en algunos casos cerca de 7.500.
-Para garantizar "seguridad" los baños y sanitarios no tienen privacidad. Se toca hasta la última fibra de la intimidad.
-Algunas edificaciones son "frigoríficos para animales". Lugares donde nunca entra el sol, en especial en las cárceles nuevas.
-Pudimos conocer casos de presos con cáncer, úlceras, dermatitis agudas, problemas pulmonares que son tratados con "ibuprofeno".
-Son varios los casos de personas con enfermedades mentales sin ninguna atención.
-Existen mafias para acceder a derechos: visitas, salidas al médico, rebaja de penas por trabajo.
-Centros de reclusión donde los presos solo ven a sus hijos y nietos 48 horas al año.
-Mujeres que deben entregar sus niños recién nacidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no tienen condiciones para cuidarlos durante sus primeros meses de vida.
Esta situación no es casual, es producto de una política que se fundamenta en una noción del infractor como un ser que no merece oportunidad y que basa su idea de justicia en la emoción de la venganza.
Roberto Gargarella, en su libro De la injusticia penal a la justicia social, defiende la idea, pertinente para este debate, de que "en sociedades marcadas por la desigualdad nos enfrentamos al serio riesgo de que el aparato coercitivo del Estado se use para mantener un Estado injustificado de cosas". Unas cárceles que violan derechos, que encierran a los más desventajados de la sociedad y que los tratan como animales. Es necesario, dirá Gargarella, "reconectar la justicia social con la justicia penal" y, a su vez, no castigar la pobreza con la cárcel sino brindar oportunidades y garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos excluidos de este país.
En resumen, las cárceles en Colombia se han convertido en máquinas de exterminio. Lugares donde en medio de la indiferencia y el olvido mueren cada día hombres y mujeres.
Columna de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria. Ver original en http://www.lapatria.com/columnas/abandonen-toda-esperanza-ustedes-que-entran
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Ángela Robledo acompañó conmemoración en La Chorrera. Cien años de barbarie y muerte tras la explotación cauchera.
“(…) Cuando desaparece toda forma de legalidad y se restablece la ley del más fuerte, inmediatamente se instauran la barbarie, el salvajismo y unos extremos de crueldad que llegan a extremos vertiginosos”, escribió Mario Vargas Llosa al referirse a la historia de Roger Casement quien fuera uno de los pioneros en documentar el genocidio indígena a causa de la explotación cauchera en la Amazonía.
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La paz no se decreta, se construye. Representante Angela Robledo rinde cuentas.
En mi rendición de cuentas del trimestre anterior celebré que la agenda del gobierno estuviera dando un giro hacia la Paz. La Paz exige que haya verdad sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de los horrores de la guerra; requiere un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La Paz requiere de garantías de no repetición, lo cual sólo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia. La Paz requiere una agenda social que luche contra la pobreza y la desigualdad. Lo he dicho en repetidas ocasiones: la justicia social es el nuevo nombre de la Paz.
Hasta hace poco hablar de paz era una práctica solitaria y sospechosa. Hoy Colombia se despierta con una nueva esperanza: otro proyecto de país, llamado a reconstruirse a fondo, desde su manera de hacer política hasta la forma como se distribuye el presupuesto nacional. Si "la Paz es la victoria", la educación es el camino.
Como Copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes seguiré en mi empeño para que la sociedad civil, todas las organizaciones sociales y las minorías sean tenidas en cuenta en los diálogos de Paz, porque la llave de la Paz la tenemos todos y cada uno de los colombianos y colombianas que estamos cansados de la guerra.
Como mujer de paz me sueño para mis hijos, mis nietos y para toda Colombia, vivir en un país en donde los violentos dejen de encontrar razones para tomar las armas. Le llegó la hora a la política, al debate, a la palabra, a la propuesta…le llegó la hora a la democracia deliberativa.
Con ese propósito, lanzamos el sitio web www.pazypedagogía.com, la Minga por la Paz. Este es un espacio democrático que brinda la posibilidad de un debate abierto, sincero, transparente y respetuoso sobre los anhelos de construir entre todos una propuesta de país con justicia social.
PazyPedagogia.com busca ofrecerle a todas y todos los ciudadanos un espacio interactivo y novedoso en Internet para que compartan información en las redes sociales y participen enviando sus blogs, fotos, imágenes, videos, caricaturas y todo tipo de material que aporte a la Paz. Este es un llamado a la Minga, a proponer, a convencer con argumentos, a desarmar la palabra, a estar juntos los distintos y derrotar definitivamente el negocio de la guerra. Cualquier sugerencia, comentario o aporte es bienvenido. Sólo deben enviarlo a través de la sección "contacto" o al correo angelarobledo@partidoverde.org.co.
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Mockus pide menos nacionalismo y más Constitución en los diálogos de Paz
En entrevista para www.pazypedagogia.com, Antanas Mockus pide menos nacionalismo y más Constitución en los diálogos de Paz con las Farc.
Vea el video ingresando al siguiente link:
http://www.pazypedagogia.com/#!blogciudadano/c1hyy
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Amnistía Internacional pide al gobierno respaldar proyecto de justicia a víctimas de violencia sexual
“(…) Si la propuesta se adopta, será la primera ley específica e integral que aborde la impunidad en los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto armado en Colombia”. Amnistía Internacional
La recomendación está incluida en el informe Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto presentado hoy y se refiere al Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”, radicado por los representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, el pasado 25 de julio ante el Congreso de Colombia.
De acuerdo con Amnistía Internacional para “combatir eficazmente la impunidad en los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, el gobierno y la fiscalía colombianos deberán (entre otros) respaldar el proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en especial, la violencia sexual con ocasión al conflicto armado presentado al Congreso y modificar el Código Penal para tipificar en la legislación nacional los crímenes de lesa humanidad y todos los crímenes de guerra”, incluidas en el Proyecto de Robledo y Cepeda.
Entre las conclusiones, Amnistía Internacional resalta que “(…) el proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que debate actualmente el Congreso podría ofrecer un atisbo de esperanza a las sobrevivientes (…) Este proyecto parece cualitativamente diferente de las iniciativas legislativas anteriores para superar los obstáculos a la justicia y, de implementarse efectivamente en su forma actual, podría convertirse en un punto de partida eficaz que represente una auténtica diferencia para la vida de las mujeres. Es crucial que el gobierno respalde este proyecto de ley en el Congreso”.
Ángela Robledo aseguró que es muy importante este apoyo y recomendación por parte de Amnistía Internacional ya que la organización, además de llevar muchos años trabajando y conociendo el tema a profundidad, ha revisado minuciosamente el Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara e incluido en sus recomendaciones varios de los artículos que este desarrolla. Robledo pidió al Congreso colombiano agilizar este trámite ya que son miles las mujeres que esperan que esta iniciativa sea ley de la república.
El proyecto cursa en la actualidad su trámite en la Comisión Primera de Cámara y propone además de la tipificación de los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad; fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.
Por su parte Iván Cepeda dijo que los objetivos del Proyecto entre los que están: 1) Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia; 2) Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia; 3) Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva, están recogidos en las recomendaciones de este informe de Amnistía.
De acuerdo con el Informe presentado por Amnistía Internacional y que realiza seguimiento año tras año a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, “Colombia sigue sin abordar eficazmente la violencia sexual (…) y las múltiples barreras que afrontan las sobrevivientes en su lucha por la justicia siguen siendo tan fuertes como siempre. (…) La impunidad por abusos contra los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario es un rasgo definitorio del conflicto armado de Colombia. (…) Esta impunidad generalizada transmite a los perpetradores de abusos el fuerte mensaje de que pueden seguir amenazando y matando sin temer consecuencias. ”
La Organización pidió al Gobierno Nacional un plan de acción integral y efectivo para abordar la violencia contra la mujer.
Violencia sexual en Colombia: total impunidad
-Entre 2001-2009 al menos medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y 7 cada hora. El 82% de las mujeres víctimas dpe estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confían en la justicia (Casa de la Mujer & Oxfam).
-Pese al sub registro, la información señala que la violencia sexual ha aumentado en los últimos 8 años en 40%. Pasó de 14.239 casos en 2003 a 20.142 en 2011. (Medicina Legal).
-La impunidad es total. A Mayo de 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en 3.5% existe sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y 3 con sentencia absolutoria (Fiscalía General de la Nación).
Este Proyecto se discutió durante un año de trabajo y contó con el respaldo del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Bancada de Mujeres del Congreso y distintos Partidos Políticos y Congresistas y los aportes de la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO
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Llegó www.pazypedagogia.com, el nuevo espacio de las voces ciudadanas por la Paz
Con la esperanza de un nuevo intento por la Paz de Colombia, llega www.pazypedagogia.com, un espacio democrático que brinda la posibilidad de un debate abierto, sincero, transparente y respetuoso sobre los anhelos de construir entre todos una propuesta de país con justicia social.
PazyPedagogía.com busca ofrecerle a todas y todos los ciudadanos un espacio interactivo y novedoso en Internet para que compartan información en las redes sociales y participen enviando sus blogs, fotos, imágenes, videos, caricaturas y todo tipo de material que aporte a la Paz.
Este es un llamado a la Minga, a proponer, a convencer con argumentos, a desarmar la palabra, a estar juntos los distintos y derrotar definitivamente el negocio de la guerra.
Cualquier sugerencia, comentario o aporte es bienvenido.
Visita ya www.pazypedagogia.com y participa en la Minga por la Paz.
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Contraloría ratifica denuncias de Ángela Robledo sobre irregularidades en el ICBF
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo caracterizada por su defensa a favor de los derechos de la niñez ha denunciado en repetidas ocasiones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no estaba haciendo la tarea y que los cuantiosos recursos que le fueron asignados se “esfumaron en empresas de papel y en conocidos monopolios de contratistas que no garantizaron la nutrición de niños y viejos", durante la dirección de Elvira Forero.
El 1 de noviembre de 2011 y después de un acalorado debate de control político cuya principal conclusión fue que “Elvira Forero convirtió al ICBF en un monstruo contratista que concentró en el nivel central el 80% de la contratación”, Forero renunció a su cargo (el 3 de noviembre de ese año).
En ese debate, Ángela Robledo, denunció irregularidades en los procesos de contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dijo que monopolios empresariales se habían “tomado la entidad” a través de los contratos de aporte. De igual manera, llamó la atención, junto con la Contraloría y la Procuraduría sobre la cantidad, calidad, oportunidad y cobertura de los programas alimentarios del ICBF. Señaló que en repetidas oportunidades los alimentos llegaban a sus destinatarios, principalmente niños y viejos, en menores cantidades, en estado de descomposición, contaminados, sin registro sanitario, incluso se habló del pico y placa en la alimentación (un día se come y al otro no).
En junio de 2012 y tras reconocer que Diego Molano estaba tratando de enderezar el camino, Ángela Robledo denunció que el ICBF seguía contratando con “empresas de papel” y que los programas bandera de la institución seguían en entredicho debido a las denuncias ciudadanas, principalmente en Santander, Cundinamarca y Boyacá, que no fueron auditadas.
El 4 de junio de 2012, Robledo radicó una comunicación al Secretario Anticorrupción y Transparencia, Carlos Fernando Galán en la que señaló: “Estamos ante una evidencia clara de que está primando la lógica del beneficio individual y no la garantía de los derechos. Grandes grupos empresariales, surgen de un día para otro, generan uniones temporales y parecen más empresas de papel que se reparten contratos por todo el país para después incumplir. De esta manera a los niños y viejos pobres, se les agudiza el hambre y los empresarios, engordan sus arcas”. A la fecha, el Secretario Anticorrupción no ha dado respuesta.
Hoy la Contraloría le da la razón a Ángela Robledo al advertir que una vez auditadas seis modalidades de atención, o sea sólo 45% de los activos, ingresos y gastos de los programas de asistencia a la primera infancia y administración para la producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional se encontraron 168 hallazgos para el período 2011.
Según el informe “se establecieron 168 hallazgos administrativos (incluyendo nivel central que concentraba 80% del presupuesto, o sea unos 3.9 billones, y puntos de control) de los cuales 7 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $6.875,81 millones; 80 tienen posible alcance disciplinario; 2 con posible incidencia penal; 6 solicitudes de apertura de indagación preliminar, una solicitud de proceso administrativo sancionatorio (…)”
“Elvira Forero se dedicó a concentrar y contratar, y fue incapaz de fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿Cuál es la responsabilidad que tendrá que asumir frente a estos innumerables hallazgos?” Es la pregunta que se hace ahora Ángela Robledo.
“La Contraloría ratifica que la calificación para el período auditado es DESFAVORABLE, desfavorable en planeación, atención, garantía de derechos, en calidad, en condiciones laborables y por supuesto el impacto negativo es para la población en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad”, aseguró Ángela Robledo.
La parlamentaria afirmó que entre los hallazgos encontrados “se destaca que el ICBF no cuenta con una línea de base de población objetivo claramente identificada, en muchos casos se habla de cupos, lo cual implica que no se tienen identificados con nombres y documentos las personas beneficiarias de las distintas modalidades de atención. Es lamentable que a pesar de existir hambre en el país, el ICBF no ejecutó la totalidad de los recursos asignados a los programas”, dijo.
Robledo señaló que “el informe registra en el ICBF desorden en gestión, administración, seguimiento e interventoría de los programas. El tema contractual no se maneja con transparencia ya que según la Contraloría, no existe evidencia de los trámites que cursan los estudios previos, pliegos de condiciones, las disponibilidades y los registros presupuestales. En cuanto a las disponibilidades y registros presupuestales se evidenciaron casos en los que no se expiden, se expiden en fechas posteriores o se cargan a rubros diferentes a los inicialmente previstos”.
“Preocupa que el Programa de Cero a Siempre, bandera de la actual administración, presente un “cumplimiento mínimo” y que los “convenios suscritos para la prueba piloto de dicha estrategia no se pudieron cumplir”, como señala el informe”, aseguró.
No sigamos negociando con los recursos públicos más sagrados: los recursos de la niñez.
VER INFORME DE LA CONTRALORÍA.
Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Tristes frases célebres de políticos
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, considerado uno de los maestros de la sospecha, se sentía orgulloso de destruir las ilusiones de quienes desde sus pequeños y frágiles pedestales construían una imagen benévola y sempiterna de sí mismos. Eligió como uno de los caminos para adentrase en el conocimiento del inconsciente y de sus manifestaciones en pensamientos y actos, el estudio de lapsus, chistes, síntomas y sueños.
Por ello considero que si Freud aún viviera, algunas de las tristes frases de políticos colombianos, se habrían constituido en un excelente material para su trabajo clínico. Estos personajes sin acudir en un discreto consultorio, al clásico diván freudiano, sino por el contrario eligiendo el ámbito público para hacer sus revelaciones, quedan con sus frases de alguna forma retratados en cuerpo y alma y nos permiten comprender un poco más los motivos de sus actuaciones. Aquí van algunas de estas frases, no sin antes advertir que fueron cuidadosamente elaboradas por "mi gente linda, mi gente bella". La colección podría ser infinita, sin embargo, recordar algunas de ellas constituye todo un ejercicio de memoria histórica. Las hay para todos los gustos y propósitos.
Las hay, por ejemplo, para los cínicos:
-"Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla. Esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes": José Obdulio Gaviria.
-"De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café": Álvaro Uribe a propósito de los mal llamados falsos positivos.
-"Con prácticas de buen Gobierno lideré esta entidad": Elvira Forero, exdirectora del ICBF.
-"Miguel Nule, tras de ladrón, bufón": Samuel Moreno.
-"Agro Ingreso Seguro fue diseñado con paredes de cristal. Lo que algunos no soportan es que los campesinos nos quieran": Andrés Felipe Arias.
Las hay para quienes gozan de una "inteligencia superior":
-"Los andenes no son suficientes por sí solos, necesitan un destino. Debemos poder caminar hasta la tienda para comprar el pan y la leche": Enrique Peñalosa.
-"¿En qué nos equivocamos? En el afán del día de no revisar artículo por artículo": Simón Gaviria, tras reconocer que "leyó por encima" la conciliación de la Reforma a la Justicia.
Las hay para quienes profesan el valor de la humildad:
-"No tengo cómo pagar la gasolina de dos vehículos. Prefiero no robar al Estado y que me paguen la gasolina": Juan Manuel Corzo.
-"El enfermero de la ambulancia me acostó, me pidió que le diera mi reloj (un Rolex), se lo entregué y se lo robó": Fernando Londoño.
-"¡Hombre!, ¿cómo le van hacer a un Senador de la República una prueba de alcoholemia?": Eduardo Merlano, honorable congresista.
-"Las dignidades del Estado, incluido el Vicepresidente, no pueden andar como zarrapastrosos": Angelino Garzón.
Las hay para pedagogos y ejemplares pacifistas:
-"Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica": Álvaro Uribe.
-"Si mi marido me pega, por algo será": congresista Liliana Rendón."Hace falta innovar, hay que utilizar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas": Pacho Santos, a propósito de las marchas estudiantiles.
Y las hay también para los discípulos del maestro Sabas Pretelt, para quien "la política es dinámica". Recordemos que "solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias"
-"No me subo a una tarima con Uribe": Lucho Garzón, meses antes de bailar el Aserejé con el expresidente Uribe.
-"Debemos defender, continuar y mejorar la inmensa obra y el legado de nuestro presidente Uribe. Vamos a animar esto: ¡viva el Presidente Uribe!": Juan Manuel Santos durante su campaña presidencial.
-"El Partido de la U está obrando con lealtad a Santos": Juan Lozano.
-"Uno le es leal a las ideas y sobre todo al país (…) Yo no he cambiado mis posiciones. Yo respondo al interés nacional": Roy Barreras.
No hay conclusión que valga para estas tristes frases "célebres". Quizás el asesor venezolano J.J. Rendón es quien mejor ha resumido esta tragedia nacional, al afirmar -sin sonrojarse- que "eso de la ética es para los filósofos". Sin duda, a la política colombiana le sobran frases y le faltan ideas; lo que le sobra en cinismo, le falta en filosofía. Nunca es tarde ¡maestros!
Representante Angela Robledo
www.angelarobledo.com
Columna para el periódico La Patria
@angelamrobledo en Twitter
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No es cualquier paz, ni a cualquier precio, dice Ángela Robledo
Ángela Robledo, representante a la Cámara y co-presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, dijo que los diálogos anunciados por el Gobierno Santos que hoy le devuelven la esperanza al país, son el comienzo de un proyecto a largo plazo que va más allá del silencio de los fusiles y que pasa por la profundización en la garantía de derechos y el ejercicio pleno de la democracia.
“Llevamos muchos años diciendo que la justicia social es el nuevo nombre de la paz, una paz que pasa por profundas reformas en educación, salud, vivienda y empleo, pero sobre todo por la inclusión social y la equidad”, aseguró la parlamentaria.
Ángela Robledo afirmó que “hasta hace muy poco hablar de paz era una práctica solitaria y sospechosa para algunos poderosos. Hoy Colombia se despierta a una nueva esperanza que convoca a distintos sectores sobre otro proyecto de país llamado a reconstruirse a fondo, desde su manera de hacer política que resulta excluyente para propuestas alternativas, hasta la forma como se distribuye el presupuesto general de la nación pensado desde la lógica de la guerra”.
“Muchas, muchísimas veces hemos gritado para que el viento nos devuelva el eco que si la Paz es la victoria, la educación es el camino para re-pensarnos como sociedad de cara a los retos que tenemos atrasados: respeto a las minorías indígenas que hoy están arrinconadas en Cauca Putumayo, Amazonas, Vaupés; justicia y reparación para las víctimas del conflicto y los crímenes de lesa humanidad, en especial niños, jóvenes y mujeres, hemos dicho que la paz empieza por el cuerpo de las mujeres; restitución de tierras para campesinos desplazados; oportunidades para miles de familias pobres cuyos ingresos son los más bajos de América Latina; compromiso con nuestros recursos y con el medio ambiente…”, aseguró la parlamentaria.
“Ya es hora que de la mano de una agenda de Paz que todos celebramos podamos también transformar las desigualdades sociales, redistribuir la tierra y la riqueza, acabar la corrupción, el clientelismo y la explotación irracional de nuestras riquezas y recursos naturales que no le dejan al país más que pobreza y desolación. Tenemos que construir un modelo económico y social sostenible para la paz”, señaló.
La Representante Angela Robledo agregó que “Una paz duradera exige fortalecer la administración de justicia, crear condiciones para el desarrollo regional con participación ciudadana y fomentar una profunda transformación cultural hacia la legalidad. La legalidad democrática se fundamenta en el monopolio del Estado en la administración de la justicia, y en la consolidación del uso legítimo de la fuerza. La legalidad pasa por el manejo de los recursos públicos. No todo vale. El fin no justifica los medios. Por el contrario, es la legitimidad de los medios, su estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, los que darán al Estado la fuerza política, la legitimidad, la confianza y el respaldo de la ciudadanía para poder construir una sociedad en donde la vida sea sagrada”.
Robledo hizo un llamado al Gobierno del Presidente Santos para que los diálogos incluyan las voces de los sectores que han sido tradicionalmente excluidos como jóvenes, campesinos, organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afrocolombianas, movimientos de mujeres, de trabajadores, desempleados, vendedores ambulantes…que piden vivir con dignidad tal como lo establece nuestra Constitución. “Es importante retomar el trabajo de líderes y organizaciones sociales que han venido adelantando distintas propuestas de paz y hacer un proceso transparente y movilizador que genere confianza. Es urgente implementar una pedagogía para la paz”, puntualizó Angela Robledo.
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Colombia está entre los 7 países del mundo que más niños entrega en adopción al exterior, alertó Angela Robledo
Colombia entrega lo más preciado: sus niños
“ICBF debe responder por la rectoría del programa de adopciones”, dice Ángela Robledo.
La Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo graves señalamientos a la política de adopciones en el país a cargo del ICBF quien ha delegado esas funciones en ocho casas de adopción privadas que “entregan” 1.800 niños en promedio cada año, contraviniendo la normatividad nacional y los acuerdos internacionales sobre el asunto.
Las irregularidades puestas en evidencia hace poco por el programa de investigación Séptimo Día y revisadas por Ángela Robledo en debate de control político este martes, mostraron una realidad incontrovertible de la política de adopciones y es que a las familias más pobres del país no se les permite conservar a sus hijos y a muchas familias colombianas, acceder de manera prioritaria a procesos de adopción, tal como lo establece la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y la Convención sobre Adopciones de La Haya de 1993.
Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportan que unos 40 mil niños ha sido dados en adopción (39.723 entre 1997 y 2011), casi el 60% (23.428) se va al exterior, y sólo 40% (16.540) se queda en hogares colombianos.
Colombia es uno de los siete países del mundo que más niños entrega en adopción internacional, junto con China, Rusia y Corea. Actualmente, es el primer emisor en América Latina, superado apenas por Haití en el 2010 a causa de su terremoto.
Mientras Guatemala revisó y ajustó su política de adopciones (2007), pasando de entregar 4 mil a 58 niños (2010); Colombia da en adopción 1.800 niños en promedio cada año. Un país como Brasil que es mucho más poblado sólo cuenta con unas 450 adopciones al año, entregando niños de difícil adopción (mayores de 7 años, grupo de hermanos y con algún grado de discapacidad) y Perú entregó 169 niños, México 119 y el Salvador menos de 100 en 2010.
Está documentado que la privatización de la política de adopciones delegada en (IAPAS) Instituciones Autorizadas que Desarrollan el Programa de Adopción (Casas de Adopción) prioriza la entrega de niños a familias extranjeras adineradas de quienes se reciben donaciones entre 20 y 50 millones de pesos y poco se explora la posibilidad de mantener esos niños en sus hogares de origen y en sus familias extensas a través de la profundización de políticas públicas de garantía de derechos para las familias. En ese sentido, la Convención de La Haya (artículos 11, 22, 32) señala que en una adopción internacional no puede haber fines de lucro y que los organismos acreditados para tramitar la adopción deben estar bajo el control del Estado.
Adicional al lucro, informes suministrados por la Corte Constitucional y el ICBF, muestran que no se busca a las familias extensas para que los niños puedan permanecer con sus parientes, contraviniendo las obligaciones que tiene el Estado frente a esta problemática y que también están consignadas en La Haya.
Llama la atención que mientras las casas de adopción cuentan con todas las garantías: reciben los niños en protección, tramitan las solicitudes, reciben y manejan las donaciones con total “autonomía” (se desconocen sus ingresos), tienen soporte del recurso humano del ICBF a través de Defensorías de Familia y manejan recursos públicos, las familias en mayor situación de pobreza son víctimas de la desidia estatal y pierden a sus hijos en trámites amañados que violan principios éticos, derechos fundamentales y el cacareado interés superior de la niñez. Muchos informes de prensa y casos conocidos documentan diversas presiones sobre las familias y padres biológicos, se sabe que a los padres les dan información fragmentada y documentos falsos entre muchas otras irregularidades para presionar la entrega de sus hijos.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de diseñar y poner en práctica medidas eficaces y transparentes para prevenir beneficios materiales o compensaciones en relación con los procesos de adopción y reglamentar y vigilar la responsabilidad que ha delegado en las casas de adopción.
Como se ha demostrado en muchos países, la mejor política para evitar el abandono y las adopciones es una política fuerte de apoyo y trabajo con las familias. “Considero que estamos haciendo la tarea fácil: entregar a los niños en adopción. Al contrario no hemos asumido la mayor responsabilidad que tiene el Estado de contar con un Sistema de Protección Integral de la niñez y las familias, eficaz”, concluyó Ángela Robledo.
Tal como lo ha expresado Emilio García Méndez, “la vida de los niños más pobres terminará resolviéndose en términos jurídicos, y en muchos casos criminalizándose, y acentuando la concepción de la infancia como una etapa de protección, vigilancia y castigo”.
Estas y otras irregularidades fueron documentadas por la representante Ángela Robledo en debate de control político realizado al Director del ICBF, Diego Molano, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
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Documento completo del debate de control político:
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Un intento legislativo contra la violencia sexual
Debajo de las normas, de los discursos machistas o de lo que, incluso, algunas mujeres tienden a decir sobre sí mismas, persiste una realidad innegable, sustentada en datos: por ejemplo, para el año 2010, según el DANE, los hombres con igual nivel de formación, experiencia y responsabilidades, recibieron ingresos mayores a los de sus equivalentes del otro género (¡en un 25%!).
Pese a la famosa ley de cuotas (esa iniciativa de acción afirmativa que pretendía poner a más mujeres en cargos de representación política), ellas sólo ocupan el 25% de los escaños en el Congreso, el aparato que, por excelencia, debería representar a los colombianos, sus intereses ideológicos, sus aspiraciones políticas. Y, como por situarlo en un plano geopolítico, a nivel de participación, Colombia ocupa el mismo lugar que la República del Congo.
Esta discriminación contra las mujeres, se sabe de sobra, es la misma que encarna la violencia contra ellas. En ese hombre normal, común y corriente, que tiende a ver la mujer como el “sexo débil” o como un objeto sexual o tal vez como una mandadera de sus caprichos más nimios, se esconde (y a veces suele manifestarse de forma brutal) la persona que la agrede. Veamos pues, temas más escabrosos: una de cada tres mujeres, para 2010, fue agredida físicamente por su pareja o expareja, 6% de las mujeres reportó (en un país que teme a la denuncia) haber tenido relaciones sexuales de manera forzada y el 66% asegura que los hombres ejercen algún tipo de control sobre ellas. ¿Pura quejadera? Bueno, miremos a las mujeres desfiguradas de por vida con ácido, o recordemos la brutal violación (con empalamiento de por medio) a la que fue sometida María Elvira Cely. Estos dos no son casos aislados, son pan de cada día.
Para focalizar un poco la legislación que protege a las mujeres, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela María Robledo, radicó un proyecto de ley, en coautoría con su colega del Polo Democrático Iván Cepeda, que tiene como marco general la violencia sexual. En especial la que tiene cierto asocio con el conflicto armado interno. Revisando el proyecto, artículo por artículo, se ve un juicioso análisis de la legislación internacional, un entendimiento del enfoque diferenciado para la violencia de género y un intento razonado de fortalecer las instituciones judiciales y los procedimientos.
De esta forma se modifican algunos tipos penales para que los delitos sexuales estén acomodados al conflicto interno que vive Colombia: esclavitud sexual en persona protegida, trata de personas en persona protegida, esterilización forzada en persona protegida, son sólo algunos de ellos. Se identifican los principales criterios para la investigación y el juzgamiento, como el contexto de los hechos y la no relevancia del pasado sexual de la víctima. Se flexibiliza el régimen probatorio (tema tan difícil en el caso de la discriminación). Y se atiende a disposiciones internacionales para que los funcionarios identifiquen, si es el caso, un delito de lesa humanidad o impulsen el proceso como obligación prioritaria de ellos y no de las víctimas.
Un proyecto de ley que, como es exigible, deberá tener un debate nutrido en el Congreso, dejando a un lado (porque es posible) la discriminación de género que abunda en Colombia.
Pese a que mucho de esto ya está dicho y legislado, ya que hacemos parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, estábamos quedados en materia de legislación nacional. Enhorabuena, pues, ya que la impunidad en la judicialización de estos casos es cercana al 100%. Es importante, también, por el mensaje: por fin se sitúa este tema en un debate de índole nacional. Ojalá no quede en letra muerta.
EDITORIAL DE EL ESPECTADOR
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Violencia sexual será crimen de lesa humanidad
Violencia sexual será crimen de lesa humanidad
Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, presentaron detalles del Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”, de su autoría.
El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.
La iniciativa que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) tiene entre sus objetivos: 1) Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia en los casos de violencia sexual, puesto que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras 2) Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia 3) Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva.
Esta iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica habitual, extendida, sistemática, generalizada e invisible.
Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contexos de coacción o delitos producto de amenzas o uso de poder. Amplia conductas penales como, el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.
El impacto de la violencia sexual: total impunidad
Entre 2001-2009 al menos medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y 7 cada hora. El 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confían en la justicia (Casa de la Mujer & Oxfam).
• Pese al subregistro, la información señala que la violencia sexual ha aumentado en los últimos 8 años en 40%. Pasó de 14.239 casos en 2003 a 20.142 en 2011. (Medicina Legal).
• La impunidad es total. A Mayo de 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en 3.5% existe sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y 3 con sentencia absolutoria (Fiscalía General de la Nación).
Este Proyecto fruto de un año de discusiones, fue radicado el pasado 25 de julio y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y los aportes de la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806
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Proyecto de ley contra total impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto armado
Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos nacionales, organizaciones de derechos humanos internacionales, la Bancada de Mujeres del Congreso y diferentes bancadas y parlamentarios, presentarán este miércoles 1 de agosto el Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
Esta iniciativa pretende tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten y la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de este delito, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno, desde un enfoque diferencial y de derechos humanos.
Conferencia de Prensa Violencia sexual en el conflicto armado: !Nunca más!
Fecha: Miércoles 1 de agosto de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de la Constitución. Capitolio Nacional
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Radican proyecto de ley contra total impunidad en casos de violencia sexual
Hoy 25 de julio quedó radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, con el apoyo de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos nacionales, organizaciones de derechos humanos internacionales, la Bancada de Mujeres del Congreso y diferentes bancadas y parlamentarios, radicaron la iniciativa que pretende tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten y la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de este delito, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno, desde un enfoque diferencial y de derechos humanos.
“Este proyecto surge específicamente del debate de control político que realizamos junto con el Representante Cepeda el 8 de junio del 2011 a los ministros de entonces, Rodrigo Rivera de Defensa, al Viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, la Viceministra de Salud y Bienestar, Beatriz Londoño, en el cual denunciamos que a causa del conflicto interno que vive el país, mujeres de todas las edades son torturadas y violadas por todos los actores de la guerra, incluida la fuerza pública”, aseguró Ángela Robledo.
Ángela Robledo dijo que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras, y que estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y, lo que es más grave, en la total impunidad.
“La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano. Una forma de “calmar” a las tropas, de “premiarlas”; pero también una práctica para humillar al enemigo y convertir a las mujeres en botín de guerra”, afirmó Ángela Robledo.
Cepeda anunció que “la iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas en cuanto a su libertad, formación e integridad sexuales”.
Cepeda calificó como grave el alto número de agresiones cometidas en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y llamó la atención del gobierno nacional por la falta de registros serios y detallados sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales. “Estamos ante un crimen de lesa humanidad, y por eso con este Proyecto de ley, buscamos que sea juzgado como tal. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra las mujeres que son quienes nos dan la vida”, agregó Cepeda.
Los detalles del Proyecto serán presentados el próximo miércoles 1 de agosto a las 10:00 a.m. en una conferencia de prensa que se realizará en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional.
Conferencia de Prensa
Fecha: Miércoles 1 de agosto de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón Luis Carlos Galán. Capitolio Nacional
Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806
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¿Reelegir desde el miedo?
Muy pronto inició en Colombia la nueva contienda electoral. No han transcurrido aún los dos años de Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ya "su peor enemigo", antes "su mejor amigo", salta claramente a la plataforma política para ofrecer, en compañía de sus apóstoles, salvar del caos, de la hecatombe, nuestra Colombia agobiada y doliente. Y para hacerlo aprovecha la crisis institucional que campea en sectores como la salud, la educación, la justicia, la vivienda y desde su pedestal, evoca o más bien invoca desde el miedo o el terror, como única salida, la continuación de la guerra y el retorno a su seguridad democrática que ni fue democrática, ni significó seguridad para muchas colombianas y colombianos quienes viven en el abandono y la pobreza.
Durante los años del gobierno Uribe, si bien se obtuvieron algunos resultados, muchos de éstos fueron fruto de prácticas como los "falsos positivos". Cientos de jóvenes pobres y campesinos aparecieron como guerrilleros muertos en combate, su muerte traía como premio visitas familiares para soldados, incentivos para las brigadas, todo ello legitimado por una perversa circular, emitida en su momento desde el Ministerio de Defensa.
Álvaro Uribe Vélez invoca el miedo porque sabe que esta emoción logra transformar a ciudadanas y ciudadanos en sujetos inermes, perplejos, incapaces de reaccionar por vías democráticas y propositivas. Y esta mansa y asustada manada, se entrega al todopoderoso, quien dice ofrecerle la protección de todo mal y peligro. Uribe Vélez sabe muy bien, que cuanto más miedo se siente, más aceptable y deseable se vuelve el control militar y político, clara lección del fascismo.
El profesor Maximiliano Korstanje en su artículo "El miedo político en C. Robin y M. Foucault" nos recuerda que la política empieza donde termina el miedo y el horror o dicho de otra forma, que el miedo inicia donde termina la política. El miedo nos conduce a una aparente y apacible tranquilidad, porque el Otro, quien se presenta como el mesías, decide ocuparse de cada uno de nosotros, y lo hace a cambio de nuestra renuncia a las acciones de resistencia y a nuestras responsabilidades ciudadanas. Ese miedo también lo ha señalado Hannah Arendt, nos convierte en "niños de pecho" que buscan cobijo y protección a cualquier precio.
Bajo la emoción del miedo y del horror se justifica cualquier política, incluso aquella que viola nuestros derechos fundamentales. Para obtener seguridad y tranquilidad todo vale, siempre y cuando el "todopoderoso" la logre. Cualquier otra alternativa es débil, inapropiada y profundamente perjudicial. Es mejor apaciguar el miedo que respetar la Constitución e, incluso, respetar la democracia y la vida. En este clima guerrero, los códigos internacionales de respeto a los derechos humanos, como el DIH se convierten en un estorbo para librar la guerra.
Recuerdo las emociones a la que apelaron Fujimori, Franco, Mussolini, e, incluso, el mismo Hitler. Homogenizaron las preferencias, horrorizaron a todo un país y quebraron desde sus estructuras más íntimas las bases de la democracia. Cerraron, con apoyo de la ciudadanía el Congreso, concentraron el poder y legalizaron fuerzas "para-estatales". El miedo impulsado en toda una sociedad, ha producido holocaustos, no debemos olvidarlo.
Las próximas elecciones para Congreso y para Presidencia de la República serán cruciales. Hoy como nunca se requiere de un voto vital, en el sentido más literal y profundo del término, pues podemos debilitar aún más nuestra ya frágil democracia ¿Vamos a votar otra vez desde el miedo y a reelegir a Álvaro Uribe Vélez, así sea en cuerpo ajeno? ¿Vamos a votar por un modelo que necesita de la orgía de la guerra y de la muerte, para justificar la seguridad democrática propuesta por su gobierno? Y por último pregunto ¿vamos a votar por un "buen muchacho", como lo fueron algunos de sus funcionarios más cercanos, como lo aconseja José Obdulio Gaviria, por un muchacho obediente, leal, sin autonomía y que obedezca ciegamente los mandatos del autodenominado, puro centro democrático?
Cómo lo decía el asesinado periodista Guillermo Cano, en nuestro país se puede sentir miedo, pero no se puede vivir con el miedo. Es el tiempo de la primavera colombiana, es el tiempo de la ciudadanía.
REPRESENTANTE ANGELA ROBLEDO
@angelamrobledo
Columna de opinión para el periódico La Patria
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Colombia ocupa el deshonroso sexto lugar en justicia más lenta del mundo, advierte Angela Robledo
La advertencia fue hecha por la Representante Angela Robledo, quien citó el caso de la violencia sexual, donde la impunidad llega al 98%.
Luego del fracaso de la reforma a la justicia en el Congreso debido a los 'micos' incluidos en la conciliación que tuvo que ser hundida tras las objeciones presidenciales, en el mismo Capitolio Nacional se reabre el debate sobre los líos para esa rama del poder.
La representante a la Cámara, Angela Robledo, quien votó en contra de la reforma, dijo que es urgente un acto de "justicia para la justicia" pues el panorama no es el más alentador en el país.
Robledo presentó cifras sobre los actuales problemas, donde se advierte que al menos 350 municipios no tienen presencia de jueces, es decir, uno de cada tres municipios en Colombia no tiene justicia directa.
Así las cosas, con algo más del 31% del país sin quien pueda impartir justicia, en la práctica en Colombia no opera el Estado Social de Derecho.
Y es que Colombia ocupa el deshonroso sexto lugar de justicia más lenta en el mundo y la tercera más lenta de América Latina y el Caribe. Un proceso puede tardar en promedio 1.346 días.
Además, según Robledo, la probabilidad de condena por un delito, no supera el 20%. En homicidio tal probabilidad gira en torno al 3%.
De tal orden son los altos índices de impunidad que en 98% de los casos de violencia sexual no hay justicia.
Por eso, se habla que de seguir el ritmo actual, el sistema tardaría al menos diez años en ponerse al día.
“Tenemos la obligación de buscar alternativas a la fallida reforma a la justicia que beneficie al ciudadano común, que no privatice este derecho y que contribuya a la formulación de una justicia justa, efectiva, eficiente y pública como muchas veces lo he dicho”, aseguró Robledo.
Este jueves la Cámara de Representantes desarrollará un debate sobre la debacle de la anterior reforma y una salida a la coyuntura del mismo sistema.
EL ESPECTADOR
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Justicia para la Justicia, gran audiencia pública en el Congreso
Los Representantes a la Cámara Angela Robledo, Cepeda y Navas Talero los invitan a la audiencia pública sobre la justicia en Colombia, a realizarse el próximo 19 de julio de 2012, para debatir sobre la situación actual de la justicia en Colombia.
Los últimos acontecimientos relacionados con el hundimiento de la Reforma a la Justicia y las diversas expresiones de especialistas, sociedad civil organizada y ciudadanía en general en cuanto a continuar con una agenda ciudadana en defensa del derecho a la justicia, ratifican la necesidad de continuar el debate en torno a la búsqueda de una administración de justicia confiable, pronta, universal y eficaz.
Favor llenar el siguiente formulario de inscripción para garantizarles su acceso a las instalaciones del Congreso de la República.
CLIC AQUI PARA REALIZAR INSCRIPCION.
Lugar: Congreso de la República/ Salón Boyacá
Fecha: jueves 19 de julio
Hora: 9 a.m. - 2 p.m.
*En el transcurso de los próximo días, nuestros equipos de trabajo se estarán comunicando con ustedes para brindarles más información y confirmar su asistencia.
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Si el profesor Antanas Mockus fuera presidente…
¿Qué hubiera ocurrido en nuestro país si el profesor Antanas Mockus, a quien de esta forma se refería despectivamente el entonces candidato Juan Manuel Santos, hubiera sido el actual presidente de Colombia? Esta es la pregunta que de manera reiterada me he formulado, en especial durante estas últimas semanas de indignación e incertidumbre institucional. A continuación enuncio 10 puntos que de acuerdo a los principios del Partido Verde y a la experiencia de Antanas como gobernante-educador, estarían orientando la tarea colectiva de gobierno.
Tendríamos un gobernante educador, un pedagogo anticlientelista en el poder. Se habrían ampliado las fronteras de la práctica pedagógica y fortalecido las acciones comunicativas con y hacia la ciudadanía. Ya no solo tendríamos ciudades educadoras, sino un país educador.
La educación sería el camino. Con su compañero a la Vicepresidencia, Sergio Fajardo, habrían trabajado por una Colombia, la más educada. La reforma que se hubiera propuesto habría revisado en su conjunto el sistema educativo, es decir, habríamos pensado la educación desde la cuna hasta la tumba, como dice Gabriel García Márquez. La reforma tendría en cuenta las inequidades existentes, las prioridades para transformarlas y por supuesto incorporaría un profundo análisis sobre su factibilidad financiera y el compromiso estatal.
Se habría impulsado un cambio cultural en Colombia, que permitiría superar el mayor problema nacional: la ilegalidad. La cultura ciudadana y la apuesta democrática por la formación política de ciudadanos y ciudadanas sería un hecho. La corresponsabilidad de Estado, sociedad y ciudadanía en la transformación de los intolerables de este país sería fundamental. Los jueces y maestros serían referentes éticos y actores fundamentales en esta tarea.
Se habría presentado una verdadera reforma tributaria donde las exenciones al capital y a sectores como la minería y el turismo, desaparecerían en forma gradual. De igual manera se restringirían los impuestos regresivos como el IVA y avanzaría significativamente el Estado Social de Derecho.
La Constitución del 91 sería nuestra carta de navegación. Nos habríamos atado las manos para respetarla y no la habríamos sometido "al manoseo constante" en el cual han incurrido los últimos gobiernos.
Los recursos públicos serían sagrados, muy especialmente aquellos dedicados a la niñez y a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
Tendríamos una relación entre el Congreso y el Gobierno diferente, sin chantajes, ni intercambios de intereses particulares. Quizá se hubieran tramitado menos leyes, pero de mayor calidad, fruto de la democracia deliberativa, es decir mejores y más convincentes argumentos de lado y lado. Se habría recogido a manera de saldo pedagógico la experiencia de Mockus con el Concejo de Bogotá. Una relación antagónica, pero a la larga transparente y productiva.
Fruto de los resultados obtenidos por tanto Antanas como por Sergio por haber trabajado con mujeres capaces y comprometidas, tendríamos seguramente un gabinete con muchas de ellas. También se habría creado el Ministerio para las Mujeres, el de las revoluciones pacíficas, para transformar las históricas inequidades.
La urna de cristal no sería un ficticio castillo de cristal. La urna estaría incrustada en cada ministerio, cada entidad y en toda acción gubernamental. Toda acción pública sería susceptible de ser filmada por una cámara. Gobernaría el país una dupla presidente-vicepresidente, ampliamente confiable.
Los derechos se tramitarían como derechos y no como favores, por lo tanto se erradicaría el clientelismo estatal, que ata a los pobres a las grandes maquinarias electorales.
Mockus no es el mesías, ni es el comisario ante el cual el país cierra los ojos y le pide resultados, sin importar los medios, como lo hizo con el anterior gobierno. A Antanas, le habríamos exigido adelantar una tarea política innovadora y efectiva, siendo coherente con los principios que siempre han orientado, su tarea política. Hubiera sido un gobernante más reflexivo y quizá mucho más lento para tomar grandes decisiones, pero también más firme a la hora de sustentarlas. El profesor Mockus encarnó una voz colectiva que expresó el sueño de vivir en una sociedad donde la vida fuera sagrada y la educación el camino. Sus ideas, sus profundas discusiones y sus propuestas éticas hoy más que nunca le hacen falta a Colombia.
Columna para el periódico La Patria
Por: Representante Angela Robledo
@angelamrobledo
www.angelarobledo.com
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Se hundió la Reforma a la Justicia. Intervención de Angela Robledo
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Rendición de cuentas de la Representante Angela Robledo (abril a junio 2012)
Boletín de Noticias: abril a junio 2012. |
La urgencia por la PAZ |
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Mi gran sueño es aportar desde esta labor legislativa a la paz con justicia social porque la Paz no es solamente el silencio de los fusiles: son reformas fuertes y contundentes en salud, educación, vivienda y acceso a la tierra. No sigamos aprobando presupuestos para la guerra. Hay que legislar para la Paz. La Paz es urgente, es posible, es un derecho y un deber. Por eso hago parte de la Comisión de Paz de la Cámara, acepté la invitación a trabajar con Colombian@s por la Paz, participé en Argentina en el "Foro Internacional Haciendo la Paz en Colombia", en Perú en el "Foro Internacional Aportes de Género a la Política Social" y en Barrancabermeja en el "Encuentro Nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia", eventos que contaron con la participación de mujeres, organizaciones, políticos y activistas de la Paz en América Latina que quieren aportar a una salida negociada del conflicto. También he acompañado a los estudiantes en su lucha creativa, imaginativa y pacífica por una educación de calidad; me opuse a la reforma a la educación porque considero que los derechos no pueden convertirse en mercancías, como ocurrió con la salud. Por eso los acompañé al evento inaugural de la Marcha Patriótica. Pienso que la Marcha Patriótica es una expresión cultural, ciudadana y política de base muy importante en un contexto donde los partidos se volvieron apenas canales electorales. Me gusta pensar que las utopías son posibles. Además de las iniciativas de los jóvenes sobre reforma a la educación, he estado trabajando con ellos en sus expectativas e iniciativas frente a la paz: "Foro universitario abriendo caminos de paz", con unos 200 jóvenes de la ESAP y en Montería con unos 50 jóvenes gestores de Paz. Soy una mujer de paz. Creo que estamos ante el tiempo de las palomas, hemos tenido demasiados años de los halcones que reivindican que la guerra se acaba con más guerra. Yo sí prefiero dibujar palomas y no fusiles. |
Proyecto de Ley que tipifica la violencia sexual en el marco del conflicto como crimen de lesa humanidad |
 Seguimos trabajando junto con el Representante Cepeda y la Defensoría del Pueblo en un proyecto de ley para tipificar la violencia sexual en el marco del conflicto armado como crimen de lesa humanidad. El proyecto, que se radicará en la legislatura que comienza el 20 de julio de 2012, se presentó el 8 de marzo de este año en una versión preliminar y a la fecha hemos incluido aportes y observaciones de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, la Casa de la Mujer de Bogotá, Sisma Mujer, entre otras organizaciones. Ver más. |
¡Ni una más! |
 Condené la tortura, violación y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá y pedí que este crimen no quede en la impunidad. No hay que olvidar que en Colombia cada hora son violadas dos mujeres. NO TOLEREMOS LO INTOLERABLE. Exijamos justicia. Ver más. Por otro lado, cabe destacar que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que determina que los delitos de violencia contra la mujer podrán ser denunciados por cualquier persona y que tanto la violencia intrafamiliar como la inasistencia alimentaria dejen de ser querellables y no se podrá desistir de sus demandas. |
El ICBF continúa contratando con empresas de papel |
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Preparamos con mi equipo un debate de control político de seguimiento a la política alimentaria que contrata el ICBF y que no fue agendado en la Comisión Séptima. Sin embargo, nuevamente denuncié irregularidades en los procesos de contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dije que a pesar de los esfuerzos de la nueva administración de Diego Molano, se sigue contratando con empresas cuestionadas, como el grupo Torrado, que se han “tomado” la entidad a través de los contratos de aporte. Las irregularidades contractuales que denunciamos en nuestro debate de control político a la entonces directora del ICBF en noviembre de 2011 siguen vigentes. Nos preocupa que sigan las mismas cooperativas que sistemáticamente han incumplido y no garantizan el derecho a la alimentación de niños y viejos en mayor situación de pobreza. Ver más. NO al reclutamiento infantil La guerrilla, los paramilitares y las mal llamadas Bacrim están, por todo Colombia, reclutando niños y niñas. El reclutamiento infantil, el abuso y explotación sexual es un delito infame y, a su vez, debe ser un intolerable que el Estado, con apoyo de la ciudadanía, deben evitar con toda vehemencia. En ese marco, fuimos a Putumayo a confirmar esta realidad que muchas voces nos habían denunciado, seguimos trabajando en la mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena y estoy preparando un debate de control político sobre el reclutamiento y el abuso sexual a niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. |
Si negarse a una alianza con Uribe y ser coherente es un acto de desobediencia, hoy repito: ¡ME NIEGO! |
 Sobre la apertura de una investigación por supuesta “desobediencia e indisciplina” durante el Congreso del Partido Verde que se realizó el 28 de septiembre del año pasado, me declaré sorprendida y decepcionada pues considero que el Partido no está haciendo un juicio ético sino político. Me quieren pasar la cuenta de cobro por la derrota de Enrique Peñalosa en Bogotá, cuando en realidad los que se equivocaron fueron ellos al aceptar una alianza con el ex presidente Álvaro Uribe, contraviniendo los principios del Partido y la confianza de la Ola Verde. La dirección nacional no nos perdona nuestro origen mockusiano ni nuestra coherencia. Por falta de garantías, con John Sudarsky recusamos al Presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco por considerar que con sus declaraciones a los medios, sobre la apertura de investigación disciplinaria en su contra, vulneró la imparcialidad, prejuzgó y violó el debido proceso. He hecho una práctica política transparente, acorde a mis principios y a los lineamientos verdes, apegada a la verdad, al no todo vale, al respeto de los derechos humanos y al convencimiento de que la vida es sagrada. Una y mil veces diré ME NIEGO a una alianza con Álvaro Uribe. Ver más. |
Eventos regionales |
 Participé en el Conversatorio sobre Educación realizado en Cali, con los jóvenes del movimiento Pi3nsa. "Piensa otra educación, otra sociedad". Estuve en Montería, donde denuncié que la política de infancia en Córdoba es muy frágil. La situación de los menores de edad tanto en el país como en la región es bastante crítica. Por ejemplo, uno de cada cinco niñ@s menores de un año muere en Córdoba (18%). Este panorama fue presentado durante el III Encuentro Interinstitucional del Buen Trato: Por una Montería garante de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, convocado por Visión Mundial Colombia. Ver más. |
Dije NO a la Ley Lleras 2.0, a la Reforma a la Justicia y al Marco para la Paz |
 Dije NO a la “Ley Lleras 2.0”. Se aprobó en el Congreso a “pupitrazo limpio”, sin debate ni deliberación. Celebro que la ciudadanía exija su derecho al libre acceso a la información y al conocimiento. También me opuse a la Reforma a la Justicia y al Marco Jurídico para la Paz. VER VIDEOS DE LAS INTERVENCIONES. |
En los medios |
 Estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, discutiendo sobre la violencia intrafamiliar. Pueden ver el programa haciendo clic aquí. También estuve en el programa HORA 20, de Caracol Radio, donde debatimos sobre las llamadas “narco novelas” de televisión. Pueden escuchar el programa haciendo clic aquí. Clic aquí para leer la entrevista con Nuevo Arco Iris sobre la Paz, el Partido Verde, el gobierno Santos y la Marcha Patriótica. |
Constancias y proyectos |
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Ver todas las constancias que he radicado en el Congreso. |
Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas (período: abril a junio 2012).
Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.
Para más información, visita www.angelarobledo.com
En Twitter @angelamrobledo
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¡Ni una Rosa más!
En estos días nos invade el dolor y la indignación, a los hombres debería invadirles la vergüenza. La irracionalidad de algunos hombres empotrados en el machismo rompió todo límite pensable. La estudiante y madre Rosa Elvira Cely de 35 años fue violada, torturada, empalada y asesinada en Bogotá.
El domingo 3 de Junio alrededor de 6.000 personas asistimos al Parque Nacional, lugar donde se encontró el cuerpo de Rosa Elvira, a protestar y rechazar este asesinato que condensa todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres en Colombia. La solidaridad y expresión de indignación frente a este tipo de hechos es fundamental. Sin embargo, es inexplicable que tengan que suceder estos actos de barbarie, para que se genere el rechazo colectivo a la violencia contra las mujeres.
Se necesita ¡Un Nunca Más! vehemente, radical e innegociable por parte de padres, esposos, compañeros y guerreros para erradicar cualquier justificación frente a la violencia contra las mujeres. Se requiere pasar de esta cultura machista que asume la superioridad de los hombres, que naturaliza la violencia contra las mujeres y que desconoce la ética del cuidado y de la protección de la vida. Se requiere que no sólo sintamos indignación y repudio, los hombres en Colombia deben sentir vergüenza por lo que está ocurriendo y sumarse a la exigencia que por décadas hemos hecho las mujeres: no más violencia contra nuestros cuerpos, ni contra nuestras almas.
Una mujer es asesinada cada tres días, dos mujeres son violadas cada hora y cada hora seis mujeres son golpeadas por un hombre en nuestro país. En el 2010, 1.444 mujeres fueron víctimas de homicidio, 360 al menos, murieron en sus propias viviendas. En el año 2011 alrededor de 60.000 mujeres, fueron víctimas de violencia doméstica ¡Estamos rodeadas de hombres sin-vergüenza(s)!
Si estos crímenes como los de Rosa Cely suceden en el corazón de una ciudad ¿ cómo será la situación de miles de mujeres que viven en territorios apartados donde no llega la presencia del Estado? La investigación adelantada por la Casa de la Mujer muestra cómo entre los años 2001 al 2009 en el marco del conflicto hubo 94.565 violaciones a mujeres por parte de actores armados, 26.058 casos de embarazo forzado, 19.422 de esterilización forzada. Los datos de la Corporación Arco Iris, nos hablan de 400.000 violaciones y la impunidad es total. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en blancos para la guerra.
La promoción de la vergüenza en los hombres debe complementarse con una fortaleza legal. Fortaleza que no se traduce, léase bien, no se traduce en populismo punitivo, en pensar que aumentando penas y dando respuestas como la castración química, desde el ámbito legal, se resuelven las violencias contra las mujeres. Dicha fortaleza debe consistir en ¡No más Impunidad! Recordemos que los casos de violencia sexual son los que permanecen en la mayor impunidad en Colombia. En otras palabras, no se puede responder a un acto brutal con otro acto brutal desde el Estado, esto implicaría retornar al estado naturaleza. Si desde la ley castramos personas, matamos victimarios, seguiremos promoviendo odio y no justicia. La justicia debe operar: las comisarias de familia, la policía, los fiscales, los jueces deben adelantar su labor de manera humana, efectiva, eficiente , sin caer en prejuicios y estigmas que terminan por victimizar de nuevo a las mujeres .
Sumando a esta urgencia de que la justicia opere, se requiere que las mujeres denuncien: el 76% de las mujeres víctimas de violencia física o psicológica, no asisten a ninguna institución a denunciar. El Estado y la sociedad deben crear las condiciones materiales y simbólicas, para que aumente la confianza en la justicia. Sabemos que en muchas ocasiones las mujeres son intimidadas o amenazadas por sus victimarios, y en muchos casos también son humilladas por los operadores jurídicos cuando denuncian.
Me uno al dolor que sentimos las colombianas y colombianos por el delito de Rosa Cely y por los miles de delitos y violencias que sufren las mujeres hora a hora en este país. Es fundamental continuar trabajando para resistirnos a la barbarización de los lazos sociales que atraviesan a Colombia ¡ Ni una Rosa Más!
COLUMNA DE LA REPRESENTANTE ANGELA ROBLEDO PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA
WWW.ANGELAROBLEDO.COM
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El ICBF continúa contratando con “empresas de papel”, advierte la Representante Ángela Robledo
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció irregularidades en los procesos de contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dijo que a pesar de los esfuerzos de la nueva administración de Diego Molano, se sigue contratando con empresas cuestionadas de grupos, como el Torrado, que se han “tomado” la entidad a través de los contratos de aporte.
“Las irregularidades contractuales que denunciamos en nuestro debate de control político a la entonces directora del ICBF en noviembre de 2011 siguen vigentes (VER VIDEO DEL DEBATE). Hay cuestionamientos graves frente a la alimentación de niñas, niños y viejos: no se garantiza una nutrición en condiciones mínimas de salubridad, de hecho, en muchos casos no llega la comida; se concentran los recursos en muy pocas empresas y éstas, una vez sancionadas, crean nuevas “empresas de papel” para no perder los rendimientos que otorgan dichos contratos”, dijo Ángela Robledo.
En noviembre de 2011, Ángela Robledo denunció que luego de concentrar 80% del presupuesto (3.9 billones de pesos), Elvira Forero favoreció monopolios como el del Grupo Torrado conformado por una serie de empresas (Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva SurColombiana de Inversiones, Alfaba, Empsenal y Fundeal) con las que contrató alimentos para niños y viejos pobres en todo el país por unos 100 mil millones entre 2006 y 2012 (109.000 millones de pesos), contratos que fueron también cuestionadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Los señalamientos de Ángela Robledo ocasionaron la salida de Elvira Forero en esa misma semana.
En esa época se evidenció que estas empresas o cooperativas licitaron juntas, compitieron entre ellas, se colaboraron, compartieron bodegas y personal… De igual manera, algunas incumplieron los contratos, se los cedieron entre empresas del mismo grupo, sin mayores requisitos, y de esta manera evitaron la sanción y la caducidad de sus contratos. “Lo que más me sorprende es que el ICBF vuelve HOY a contratar con algunas de estas empresas como Empsenal, Multiactiva Surcolombiana de Inversiones (7 mil millones) y otras como Luz de Vida (12 mil millones)… y tengamos, otra vez, los mismos cuestionamientos, quejas y denuncias de la comunidad”, afirmó Angela Robledo.
Ángela Robledo aseguró que tras una revisión de los principales hallazgos del debate de control político realizado en noviembre pasado y que ella puso en conocimiento de los organismos de control, la situación continúa. (VER VIDEO DE LA DENUNCIA).
“Preocupa que sigan las mismas cooperativas que sistemáticamente han incumplido y no garantizan el derecho a la alimentación de niños y viejos en mayor situación de pobreza”.
“Hicimos, junto con la Procuraduría y la Contraloría serios cuestionamientos sobre la calidad, cantidad, cobertura y oportunidad de los alimentos que contrata el ICBF con esas empresas. De acuerdo con hallazgos de los entes de control los alimentos llegan en menores cantidades a las contratadas, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes establecidos en minutas; incluso, se habló del pico y placa en la alimentación. Hay quejas, tutelas y derechos de petición de la ciudadanía al respecto. Entonces ¿por qué siguen los mismos?”, dijo Ángela Robledo.
Estas y otras irregularidades fueron presentadas por Ángela Robledo, al Secretario Anticorrupción y Transparencia, Carlos Fernando Galán en reunión que se llevó a cabo este lunes 4 de junio en Bogotá (Ver carta).
“Estamos ante una evidencia clara de que está primando la lógica del beneficio individual y no la garantía de los derechos. Grandes grupos empresariales que surgen de un día para otro, generan uniones temporales y parecen más empresas de papel que se reparten contratos por todo el país para después incumplir. De esta manera a los niños y viejos pobres, se les agudiza el hambre y los empresarios, engordan sus arcas”, le dijo Ángela Robledo al Zar Anticorrupción.
Información Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento
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Representante Angela Robledo se pronuncia sobre el gobierno de Santos, la Paz, la Marcha Patriótica y el Partido Verde
Ángela Robledo ha sido una revelación como congresista. Esta manizalita se ha declarado en disidencia en el Partido Verde, luego de que este aceptara el apoyo de Álvaro Uribe en la campaña para la alcaldía de Bogotá. Por eso tiene un proceso dentro del Partido, lo cual no la intimida para decir lo que piensa. Aunque este es su primer cargo de representación pública, tiene una trayectoria importante en varios escenarios. Primero como académica en la Universidad Javeriana, como directora de la Fundación Restrepo Barco, como directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social, en la alcaldía de Mockus, y ahora como representante a la Cámara. Sin duda una de las mujeres con más empuje y futuro político en la franja de la centro-izquierda. Estas son sus reflexiones sobre el país.
¿En qué va la investigación que le abrió la comisión de ética del Partido Verde?
El origen de la apertura de la investigación es el acto de disidencia en septiembre del año pasado cuando ‘me niego’ al apoyo que Álvaro Uribe le dio a Peñalosa. Lucho Garzón había dicho que no nos íbamos a subir a la tarima con Uribe. Porque era inadmisible después de la campaña que habíamos hecho que Álvaro Uribe fuera copartidario del Partido Verde en especial en Bogotá. Nosotros de tiempo atrás habíamos dicho que no íbamos a acompañar la campaña de Peñalosa en Bogotá, pero sí otras. De hecho yo acompañé la campaña de Sergio Fajardo en Antioquia, a Juan Guillermo Restrepo en Atlántico, en el Valle del Cauca acompañé a los muchachos ‘Piensas Verde’ y aSofi Ospina candidata al concejo.
Entonces surge una proposición de que nos expulsen del Partido y se conforma un Comité de Ética conformado por tres personas: Alfonso Castelblanco que es muy cercano a Alfonso Prada; Mestre cercano a Jorge Londoño y Camargo que es pariente de Carlos Ramón González. Se abrió indagatoria y conocimos que la propuesta estaba firmada por 111 personas cuyas firmas no son claras. Explicamos por qué éticamente no podíamos apoyar a Peñalosa, sin embargo con todo eso nos abrieron el proceso.
Se nos prejuzgó. Se nos dijo que podíamos ser expulsados, que nos podían quitar la voz y el voto en el Congreso de la República, o que nos podían acusar por doble militancia, cosa que absolutamente traída de los cabellos. Nosotros recusamos a Oscar Castelblanco porque se nos notificó a través de los medios. Pero aún hoy yo me sostengo y me niego todas las veces que sean necesarias a subirme a una tarima con Álvaro Uribe Vélez que representa un proyecto de país y sociedad totalmente opuesto al sueño del Partido Verde. Estamos en un desgaste innecesario, muy tonto, pero vamos a ver qué pasa. A nosotros nos quieren cobrar el fracaso de Peñalosa en Bogotá.
¿Qué pasa hoy en el Partido Verde, y cómo lo ve usted?
Desde que arrancó el Partido Verde en octubre de 2009, era una confluencia de corrientes, muy atado a personas, a figuras, pero creo que se ha convertido en todo lo que queríamos evitar. El Partido Verde se volvió un paraguas para avales; sólo se activa como maquinaria en el tema de las elecciones y hoy es una enorme desilusión para la ciudadanía. Yo tengo una segunda esperanza sobre el Partido Verde. Por eso sigo trabajando. El problema es que quienes lo lideran creen poco en los partidos: Antanas, Peñalosa, Sergio, creo que hasta el mismo Lucho.
¿Cree que el Partido verde tiene una segunda oportunidad?
El partido tiene que democratizarse. La dirección nacional del partido se parlamentarizó. Este año hay dos congresos, el de mujeres y el de jóvenes, que se abren como nichos de debate programático y de espacios de democratización para que las direcciones departamentales y municipales tengan fuerza.
Lo que acaba de ocurrir en el Valle del Cauca por ejemplo. El candidato que se había trabajado desde la región era Jesús Piñacué. Luego va un miembro de la dirección nacional delegado por un Concejo Ejecutivo que no tiene ninguna validez estatutaria, y los descalifica y el Partido Verde apoya el candidato de la coalición en el Valle del Cauca. O el caso de Antioquia. Uno diría que el jefe natural del Partido Verde hoy en día, si vamos a tomarlo por votos, es Sergio Fajardo pero en eso no ha habido claridad. Por eso se necesita democratización. Somos una cantidad de congresistas con espacios de debate, con visibilidad en la opinión pública, con tareas en el Congreso, pero no somos bancada. Esto es una sumatoria de individualidades y eso no es un partido.
¿Cómo ve usted el tema de la paz en el país?
Frente a la paz también somos voces individuales. Yo creo que si algo ha movido a Lucho Garzón en su vida es ese tema. Lucho sueña con un país en paz. Me sueño la salida vía negociación, vía diálogo, no sé cómo se la sueñe Lucho ni si Santos aspira a una rendición, a un sometimiento o a un verdadero diálogo. Yo creo que de los sometimientos no queda sino resentimientos y odio y que ni las Farc ni el Eln se van a someter.
Mi gran sueño es que uno pudiera dentro de dos años terminar una tarea legislativa y haber aportado a la paz con la justicia social. La paz no es solamente el silencio de los fusiles: son reformas fuertes y contundentes en salud, educación, vivienda. Poco a poco, de manera gradual, hay que ir desmontando el presupuesto de la gran empresa de Colombia que es la guerra: los soldados, los militares, la artillería, los grandes aparatos, los helicópteros. Yo espero en eso, encontrarme con Lucho Garzón y ojalá esa pueda ser una posibilidad de pensar en que es posible seguir en el Partido Verde así ya tengan este proceso disciplinario que fue abierto de manera tan injusta e irregular. Quiero seguir siendo Verde. Yo nunca había estado en un partido político y no quisieras a tan corto tiempo estar saliendo de él, pero el Partido Verde tiene que reconfigurarse.
Usted fue de las pocas congresistas que asistió al congreso de la Marcha Patriótica ¿Por qué lo hizo?
Me invitaron algunos de los miembros de la MANE a quienes yo acompañé en las marchas del año pasado por dos razones. Una, porque me parecía inadmisible que fuéramos a hacer una reforma a la educación inspirada en el espíritu de la reforma a la salud. Más aún cuando ya sabemos que pasa cuando a un derecho se le aplica la racionalidad del lucro. Y segundo por la manera imaginativa como llenaron las calles de Colombia y nos hicieron revivir y pensar que era posible la utopía.
Ellos me invitaron a participar en la Marcha Patriótica y además yo hago parte de Colombianos y Colombianas por la Paz,estuve en Barranca, acompañando el movimiento de campesinos, de indígenas, de mujeres, de afros y vi una demanda de quien vive la guerra día a día, y demandan una salida negociada y rápida al conflicto. La Marcha me parece una expresión cultural, ciudadana y política de base en un contexto donde los partidos se volvieron apenas canales electorales. Por eso los acompañé, por eso la veo con tanta ilusión.
¿Qué opinión tiene de la administración de Gustavo Petro?
Este fin de semana estuve releyendo el plan de desarrollo a mí me parece que lo que hace Petro es darle una enorme visibilidad a lo que Bogotá ha venido construyendo de tiempo atrás. Él toma el corazón del concepto, ya no es Bogotá sin indiferencia sino ‘Bogotá Humana’ y yo diría que un 80% del plan de Petro es ese concepto de revitalización donde pueden vivir personas de todas las clases sociales, de todas las etnias; eso me parece fundamental porque Bogotá sigue siendo muy segmentada.
La apuesta de una educación fuerte desde el inicio de la vida hasta una jornada completa me parece que es de las políticas que si logra hacerse quizás es de lo más garante de los derechos de niños y jóvenes en Colombia. El tema de víctimas, de pensar una ciudad sostenible, donde el gran ordenador es la naturaleza y de manera específica el agua. Tiene un enorme reto. Creo que comunicativamente no ha logrado decirnos cuáles son sus prioridades, pues loveo muy disperso y defendiéndose mucho. Me encantaría verlo más tranquilo, más sereno, más amable con la ciudadanía que lo eligió.
Creo que ese es el gran reto de Petro: enamorar a bogotanos y bogotanas de este proyecto de Bogotá Humana.
¿Qué valoración tiene del gobierno del presidente Santos?
Santos para mi es indescifrable. Me parece que hay muchas contradicciones en su gobierno. Por un lado está esta apuesta por el Marco por la Paz, y por el otro la ampliación del fuero militar, y ligado a eso un presupuesto cada vez más alto para la guerra. Una contradicción entre un hombre que le ha apostado a la urna de cristal y que cuando se tramitó la reforma para la salud todos sabíamos que las EPS son un nido de corrupción, que las grandes empresas farmacéuticas también, nada se hizo de manera fundamental para tocar esas dos venas rotas del sistema. ¿Por qué sigue vinculado un superintendente de salud que tiene tantas relaciones con el mundo de las farmacéuticas y que venía también con relaciones tan cercanas en el mundo de las EPS? me pregunto ¿Cómo es que despide a la directora del ICBF diciéndole que se fuera a disfrutar unas justas vacaciones cuando sabía que estaba entregando una institución con múltiples expresiones de corrupción?
Uno no siente que hayamos pasado del escritorio al territorio, parece que hace falta mucha cercanía con la ciudadanía. Para mí es un hombre frío, un gobernante diplomático con muchas máscaras. Entonces mi balance es agridulce, creo que ha habido avances pero no sé qué tan dispuesto esté Santos a hacer verdaderamente un corte de cuentas con el gobierno anterior.
Entrevista realizada por Luis E. Celis para Nuevo Arco Iris
Ver original en: http://www.arcoiris.com.co/2012/06/nunca-me-subire-en-una-tarima-con-alvaro-uribe/
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En Colombia dos mujeres son violadas cada hora
Ángela Robledo, Representante a la Cámara, condenó la tortura, violación y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá y pidió que este crimen como muchos de los que casi 18 mil que ocurren en el país no quede en la impunidad. “No hay que olvidar que en Colombia cada hora son violadas dos mujeres”
La parlamentaria que viene trabajando junto con el representante Iván Cepeda y la Defensora del Pueblo Pilar Rueda, en un proyecto de ley para tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad que se radicará en la próxima legislatura, dijo que hace falta voluntad política del gobierno frente a la reglamentación y la puesta en marcha de los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008 que pretende erradicar todas las violencias contra las mujeres.
“Es inadmisible que un hecho de tal magnitud ocurra en pleno corazón de Bogotá”, dijo Ángela Robledo, quien agregó que si esto nos ocurre aquí cómo será la situación de miles de mujeres que viven en territorios como Córdoba, Antioquia, Putumayo y Chocó, regiones apartadas donde casi no llega la mano del Estado. “Hemos llegado a unos límites de violencia contra las mujeres denigrantes, casi inimaginables, y ni qué decir de la violación como arma de guerra”, afirmó Ángela Robledo.
“Convoco al Alcalde Gustavo Petro, para que se actúe de manera ejemplar en este caso, se determine con prontitud quién o quiénes son los responsables de este cruel asesinato y se derrote, por lo menos en esta ocasión, la impunidad. Rosa Elvira pasó unas 7 horas sin auxilio, que el silencio de nuestra sociedad no se convierta en cómplice”.
NO TOLEREMOS LO INTOLERABLE: Próximo domingo 3 de junio, asiste a la jornada de duelo e indignación por la muerte de Rosa Elvira Cely. Lugar: Parque Nacional, a partir de las 10 de la mañana.
Las cifras de la violencia contra las mujeres en Colombia
Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis, enero – diciembre de 2009) señalan que:
-Violencia Intrafamiliar: 73.450 casos. 6.120 mujeres víctimas al mes, o sea 201 al día. 8 mujeres están siendo golpeadas cada hora.
-Maltrato de pareja: 54.192 casos. 4516 mujeres víctimas al mes, es decir 148 al día. 6 mujeres reciben maltrato de su pareja cada hora
-Violencia sexual: 17.935 casos de violencia sexual contra mujeres. 1495 al mes, es decir 49 al día. Dos mujeres son violadas cada hora
-Feminicidio: 128 casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres.Una mujer es asesinada cada tres días.
Información Prensa Angela Robledo: Margarita Sarmiento/ 3202343806
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El proyecto de vivienda, en busca de la revitalización social y la autonomía regional
Desde el jueves 24 de mayo de 2012, fecha en la que comenzó a discutirse la aprobación del Proyecto de Ley de Vivienda, la Representante Angela Robledo ha insistido sobre la importancia de incorporar y reforzar la perspectiva de la revitalización social de las ciudades, y de fortalecer la coparticipación de los territorios, desde un Estado Social de Derecho que fomenta la descentralización.
Por ello, en reunión con varios ponentes del proyecto de ley, los equipos técnicos de la Alcaldía de Bogotá y los asesores del Ministerio de Vivienda, se logró poner en discusión algunas modificaciones a los artículos 5, 6, 10, 27 y 37, y se adicionó el numeral 4 al artículo 52 de la ley 388 de 1997, para ser incluidos en la ponencia del Proyecto de Ley de Vivienda, ponencia que próximamente será debatida en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Adicionalmente, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se debatió el tema de la revitalización social de los municipios y distritos de todo el país, por ejemplo lo que tiene que ver con los cuatro millones de metros cuadrados inutilizados que hay en el centro de Bogotá.
En ese marco, "desde mi condición de Representante por Bogotá, le sugerí al Ministro Germán Vargas Lleras la concertación de una reunión sobre el tema con el Alcalde Gustavo Petro, en la que el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital acordaron finalmente la construcción de 11 mil viviendas de interés prioritario y cerca de 8 mil de interés social en la Capital de la República. Nuestro país y nuestra ciudad requieren cambios estructurales para eliminar la segregación, la exclusión y la sectorización de la sociedad, lo cual ha implicado que en Bogotá los pobres vivan con los pobres y los ricos con los ricos", concluyó la Representante Angela Robledo.
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Por falta de garantías, Angela Robledo y John Sudarsky recusan al Consejo Ético del Partido Verde
Los congresistas Ángela Robledo y John Sudarsky recusaron hoy al Presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco por considerar que con sus declaraciones a los medios, sobre la apertura de investigación disciplinaria en su contra, vulneró la imparcialidad, prejuzgó y violó el debido proceso.
“Castelblanco no sólo nos notificó a través de los medios de comunicación, sino que especuló sobre doble militancia y sentenció que podríamos perder la curul en el Congreso o el derecho a la voz y el voto, lo que constituye parcialidad y prejuzgamiento”, dijo Ángela Robledo.
La congresista señaló adicionalmente que dos de los miembros del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco y Pedro Mestre, estarían impedidos para investigarla puesto que ellos asistieron al III Congreso Nacional del Partido Verde, es decir, conocieron previamente los hechos, lo que de acuerdo al Estatuto Procedimental Penal (Artículo 56), les inhabilita.
De acuerdo con el oficio de recusación, Oscar Castelblanco, presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, debió declararse impedido para adelantar la investigación contra los congresistas Robledo y Sudarsky ya que: 1. Estuvo como delegado en el Congreso Verde donde se dieron los hechos producto de la investigación (Compromete su independencia e imparcialidad); 2. Antes de la notificación oficial a los congresistas estuvo dando declaraciones a los medios sobre los motivos de la investigación (Opinó sobre los hechos); 3. En las declaraciones especuló sobre los motivos de la investigación señalando doble militancia y las posibles sanciones a las que se verían expuestos los investigados, sin seguir un debido proceso (Prejuzgó).
De acuerdo con el documento de recusación no es muy claro cómo se tomó la decisión y quién presentó la proposición para tramitar la queja y cuál fue el proceso para la recolección de las firmas de los delegados al Congreso del Partido Verde, quienes pidieron expulsar y retirar las credenciales como congresistas a Robledo y Sudarsky por considerar que violaron los principios y valores del Partido al rechazar públicamente una alianza con Álvaro Uribe en la contienda electoral para la Alcaldía de Bogotá.
Ángela Robledo anunció que este proceso disciplinario no tiene ningún fundamento ético, político o jurídico ya que el acto de indignación y resistencia en contra de la alianza con el expresidente Álvaro Uribe fue absolutamente válido y dentro del marco del disenso y la independencia deliberativa propuesta por Mockus y reconocida por su Partido.
“Si evaluamos poniendo como foco los principios y estatutos del Partido Verde: Respeto a la vida, rechazo a la violencia y complicidad con grupos al margen de la ley, manejo transparente y eficiente de recursos públicos, defensa de la Constitución, coherencia entre fines y métodos… ¿Cómo podía aceptarse una alianza con Álvaro Uribe? Entonces, vale la pena preguntarse ¿Quiénes fueron los que violaron los principios y erraron al aceptar esa alianza? ¿Quiénes van a responder ética y políticamente por la derrota en Bogotá?”, dijo Ángela Robledo.
“Yo creo que es hora de que los políticos seamos coherentes y transparentes frente a la ciudadanía que nos elige. Como líderes tenemos la responsabilidad de responder por nuestros actos. Estuve en contra de la alianza del Partido Verde con Álvaro Uribe y si mil veces me lo proponen, mil veces me negaré”, puntualizó Ángela Robledo
Angela Robledo y Sudarsky han recibido el apoyo y la solidaridad de miles de seguidores a través de redes sociales, así como el respaldo de reconocidos columnistas. De igual manera, Antanas Mockus, quien propuso al Partido Verde respetar el derecho al disenso (aprobado por la Dirección Nacional el 12 de mayo del 2011), hizo llegar a los congresistas una declaración notarial como legado ético para que haga parte del proceso. Así mismo se pronunciaron Héctor Fabio Perea, Director Ejecutivo y Vocero del Partido Verde en el Valle del Cauca y Juan Guillermo Vallejo militante verde, quienes estuvieron en el Congreso verde.
Entre tanto, Pedro Mestre, integrante del Consejo Etico, renunció al Consejo de Control Ético del Partido Verde el pasado 7 de mayo aduciendo “razones personales”.
Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806
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La Marcha Patriótica: una ruta hacia la Paz
El pasado 21 de abril estuve ahí, en el lanzamiento del movimiento social y político "Marcha Patriótica", ese día ingresé a un recinto cargado de expresiones estéticas y políticas. Entré a un espacio lleno de esperanza, donde las voces de personas de diferentes edades, regiones, razas y etnias, se entremezclaban con la voz de Mercedes Sosa: "…solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente…". Estuve en un evento cultural, deliberativo y político. Estuve en un escenario democrático.
Llegué allí de la mano de algunos jóvenes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, como se le conoce más comúnmente, ese movimiento de estudiantes que ha trabajado en las universidades, en múltiples talleres y encuentros para buscar alternativas universales y de calidad para la educación superior en Colombia. Ese movimiento que se ha volcado a las calles con una protesta pacífica, imaginativa y que nos ha gritado, sin ensordecernos, que en Colombia es posible vivir distinto, y que es necesario repolitizar la vida cotidiana para que salgamos de los cómodos e individuales refugios, para exigir nuestros derechos. Llegué de la mano de este movimiento que hizo de la resistencia civil no violenta, una obra de arte con resultados contundentes.
El encuentro de la Marcha Patriótica fue una expresión fundamental de democracia, una expresión de libertad de este país que clama ser escuchado desde su campo olvidado y desde sus ciudades convertidas en ocasiones, en máquinas de exclusión.
Me sumo a la apuesta de la Marcha Patriótica de señalar que en Colombia la paz es urgente y posible. Y para que esta paz sea verdadera y durable, es necesario no solo que cese el ruido de los fusiles y las bombas de los guerreros sino también, como lo decía el maestro Fals Borda, que se afinque en ese Ethos de resistencia que por dos centurias han significado las prácticas de comunidades indígenas, comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, y que hoy se expresa también en el movimiento estudiantil de Colombia. Sobre ese Ethos nace la Marcha Patriótica, desde esas voces silenciadas a quienes les duele el país y quienes han sido víctimas de sus distintas violencias.
En esta Marcha se reconoce a los jóvenes, a las campesinas y campesinos, a las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afrocolombianas, a los movimientos de mujeres, de trabajadores, a los desempleados, jornaleros, vendedores ambulantes, a todos aquellos quienes han sido excluidos y hoy piden vivir con dignidad, como lo establece nuestra Constitución colombiana.
El movimiento nace de las aspiraciones de promover un diálogo democrático que tenga en cuenta la diversidad regional y cultural. Tiene como misión contribuir a transformar estructuralmente las desigualdades sociales, acabar con la corrupción, el clientelismo y la explotación irracional de los recursos naturales. Su apuesta por la paz es clara: paz sin justicia social no es sostenible.
Su lema es una Marcha Patriótica por una segunda y definitiva independencia. Independencia de los intereses tradicionales, independencia frente a los atajos que se traducen hoy en más de 8 billones de corrupción, acaparados por carruseles de contratistas de la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, la nutrición de miles de niños, niñas y viejos. Independencia frente a un presupuesto que le apuesta a la guerra, frente a un TLC que desfavorece a los desfavorecidos, frente a una sostenibilidad fiscal que subordina la garantía de derechos a cálculos econométricos y reglas fiscales. Independencia para un país que es campeón mundial en la concentración de la tierra y está entre los primeros siete países más desiguales del mundo.
Por estas razones estuve ahí, en el evento de la Marcha Patriótica. Para dejar claro que si este movimiento es una alternativa para la guerra, bienvenida la Marcha, bienvenida la resistencia desde la no violencia. Bienvenida una izquierda democrática que confronte al establecimiento y que diga explícitamente que deslegitima todas las formas de violencia, como también deslegitima todas las formas de exclusión.
Acompaño, desde mi condición de congresista y ciudadana, esta expresión cultural, política y social de la democracia en Colombia. Adelante Marcha Política, movimiento que reúne a los indignados e indignadas en Colombia.
Columna de opinión de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria.
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Angela Robledo convoca a la ciudadanía a enviar información sobre presuntas irregularidades en la contratación del ICBF.
Siete meses después del debate de control político realizado por la Representante Ángela Robledo a la hoy ex directora del ICBF, Elvira Forero, en el que se alertó a los organismos de control sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF, Ángela Robledo prepara un debate de seguimiento en el Congreso de la República a estas denuncias, que actualmente están siendo analizadas por la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y las Superintendencias.
“Convoco nuevamente a todos los ciudadanos para que nos envíen cualquier información o indicio de irregularidades que conozcan en materia de contratación en el ICBF, dado que los documentos y las quejas enviadas por ustedes han sido fundamentales para visibilizar esta problemática, para hallar posibles responsabilidades y, lo que es más importante, para exigir la garantía de los derechos de los niños y las familias más pobres del país”, dijo Angela Robledo.
Si tiene información, por favor envíela al correo angelarobledo@partidoverde.org.co con asunto “Contratos ICBF”.
Nota: Si así lo considera pertinente, ni su nombre ni sus datos de contacto serán revelados públicamente. GRACIAS por su colaboración.
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Ángela Robledo se pronuncia sobre el marco jurídico para la Paz
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Fiasco, la columna de Ricardo Silva sobre el Partido Verde
Eso es el Partido Verde: un fiasco. Hace apenas dos años, que parecen diez, en los días inverosímiles de la pasada campaña a la presidencia, tenía cara de protagonista de la historia de Colombia: era el milagroso partido inventado por sus partidarios, el valiente intérprete del malestar de una sociedad resignada a pasar por encima de todos y de todo, la insólita candidatura que en el clímax de la espeluznante era uribista, cuando el lema bajo el escudo era "Presidente: haga lo que tenga que hacer pero que yo no me entere", había conseguido convencer a los electores de que el fin no justifica los medios. Eso era el Partido Verde. Eso fue. Hoy es un triste personaje secundario que trata y trata de venderse, pero que ni siquiera se logra alquilar. Su consigna ha dejado de ser "la vida es sagrada". Su consigna es "así es la vida".
Es cierto que la decepción es mérito del decepcionado: que nunca estamos demasiado viejos para caer en la esperanza. Y sin embargo hay que reconocerle al Partido Verde una inquebrantable vocación a defraudar: su desprecio por las ideas aparentemente simples pero fundamentales de Antanas Mockus, que le dieron 3'587.975 votos en las elecciones del 2010, demostró que no era el cándido partido de los indignados, sino otra fallida conspiración para alcanzar el poder; su penosa campaña a la alcaldía de Bogotá, una larga y deprimente entrega de principios a aquel Álvaro Uribe que la bendita 'ola verde' tanto combatía, dejó claro que sus políticos son tan modernos que sólo se representan a sí mismos; su deslucida entrada a la 'Unidad Nacional', una peregrinación de rodillas en busca de un puesto para el pobre Lucho Garzón, probó que lo único que encarna es la historia que se repite.
Eso es el Partido Verde: otro Partido Liberal, otro Partido Conservador, otro Partido de la U.
Lo único que lo diferencia hoy es su persecución, de tiempos peores, a los dos congresistas que les siguen siendo fieles a los principios de la agrupación: lo único que lo distingue es su encarnizado acoso, de tiempos de toque de queda, al senador John Sudarsky y a la representante Ángela María Robledo. El comité de ética del Partido, atendiendo una queja presentada por no sé cuántas firmas borrosas, a esta hora investiga si los coherentes Sudarsky y Robledo cometieron actos de "sabotaje, desobediencia e indisciplina" cuando se negaron a respaldar la alianza de Enrique Peñalosa con Álvaro Uribe durante las elecciones para la alcaldía. Yo me hice la misma pregunta cuando supe la noticia: y no, no es un mal chiste.
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"Los viejos verdes". Columna de Daniel Coronell
La ola verde surgió como una manifestación espontánea de rechazo a las prácticas del gobierno Uribe. El Partido Verde y Antanas Mockus fueron -por unas cuantas semanas- la encarnación, casi el pretexto, de ese sentimiento de repudio que nunca fue mayoritario pero si fuerte y claro. Gracias a esa reacción fueron elegidos cinco senadores, tres representantes a la cámara y muchos albergaron el sueño de ganar la presidencia.
De eso poco quedó. Pero dos de los elegidos –dos y sólo dos- tienen claro por qué votó la gente por ellos.
Ángela María Robledo, representante, y John Sudarsky, senador, han sido congresistas excepcionales. Responsables con las iniciativas legislativas y rigurosos en el control político. Ellos han ido quedando como la única prueba fehaciente de que alguna vez existió una ola verde.
Pues bien, ahora quieren expulsarlos de las filas del Partido Verde.
Los están acusando de doble militancia porque los dos se pusieron camisetas que decían “Me niego” cuando Enrique Peñalosa –en la más reciente de sus fallidas campañas- decidió asociarse con el ex presidente Álvaro Uribe para intentar ser al mismo tiempo el candidato del uribismo y de la ola verde.
La representante Robledo y el Senador Sudarsky se opusieron claramente a esa alianza oportunista. La justificación era simple: A ellos y a todos los verdes los habían elegido sus votantes a nombre del “no todo vale”.
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Si negarse a una alianza con Uribe es un acto de desobediencia, hoy repito: ¡ME NIEGO!
La Representante a la Cámara Ángela Robledo se pronunció hoy sobre la apertura de una investigación por supuesta “desobediencia e indisciplina” durante el Congreso del Partido Verde que se realizó el 28 de septiembre del año pasado.
Robledo se declaró sorprendida y decepcionada pues considera que su Partido no está haciendo un juicio ético sino político: “Me quieren pasar la cuenta de cobro por la derrota de Enrique Peñalosa en Bogotá, cuando en realidad los que se equivocaron fueron ellos al aceptar una alianza con el ex presidente Álvaro Uribe, contraviniendo los principios del Partido y la confianza de la Ola Verde. La dirección nacional no nos perdona nuestro origen mockusiano ni nuestra coherencia con los principios del Partido Verde”.
“Esto muestra que en este Partido no hay espacio para la deliberación, el pluralismo y el disenso tal como quedó establecido en la reunión del 12 de mayo del 2011, prácticas contrarias a la obediencia, propias de los autoritarismos”, aseguró Ángela Robledo.
En relación con la apertura de la investigación por supuesta “desobediencia”, Ángela Robledo dijo que no se imagina al recién conformado Comité de Ética de los verdes investigando a Enrique Peñalosa por su participación en el lanzamiento de la campaña al Concejo de Cali del hijo de Roy Barreras (Partido de la U) (VER VIDEO), cuando aún no se habían definido las alianzas en el Partido. Así mismo aseguró que tampoco se imagina un proceso en contra de la Senadora Gilma Jiménez, que decidió apoyar en Medellín (VER VIDEO) al candidato a la Alcaldía Federico Gutiérrez (Partido de la U), contrariando las directivas del Partido que apoyaban la alianza entre Sergio Fajardo y el hoy Alcalde Aníbal Gaviria del Partido Liberal.
La parlamentaria aseguró que "si el Partido decide seguir adelante con la equivocada idea de instalar un tribunal ad-hoc para investigar mi conducta por supuesta desobediencia, espero que sus integrantes actúen con total apego a la ley y que brinden todas las garantías, que hasta el momento no han existido, para nuestra defensa. Espero también que actúen con total imparcialidad al investigar las conductas de mis compañeros de Partido”.
En ese mismo sentido, Ángela Robledo solicitó que se hagan públicas las pruebas y los mecanismos mediante los cuales se tomó la decisión de los miembros que firmaron la solicitud para que se iniciara la investigación dado que hay incoherencias entre los que firmaron la proposición y el listado de asistencia.
“He hecho una práctica política transparente, acorde a mis principios y a los lineamientos verdes, apegada a la verdad, al no todo vale, al respeto de los derechos humanos y al convencimiento de que la vida es sagrada. Una y mil veces diré ME NIEGO a una alianza con Álvaro Uribe”, puntualizó Ángela Robledo.
Información Prensa: Margarita Sarmiento
Teléfono: 3202343806
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¿Cumbres borrascosas?
Más que evocar ese clásico de la literatura inglesa de mediados del Siglo XIX escrito por Emily Brontë y publicado bajo el seudónimo de "Currer Bell", única forma de romper los prejuicios machistas de la época, esta columna tiene como propósito hacer un balance tentativo de las cumbres de mandatarios de las Américas, incluyendo la que se celebró en nuestra bella Cartagena de Indias.
Las reuniones de altos dignatarios hacen parte de una larga tradición en materia de relaciones diplomáticas. Convocadas generalmente alrededor de un tema específico, deberían convertirse en escenarios privilegiados para que los Estados debatan sus posiciones y busquen consensos, o hagan explícitas sus divergencias.
Un poco de memoria a propósito de las Cumbres resulta necesario: durante los últimos 17 años los mandatarios de esta región del mundo se han reunido en seis ocasiones. La primera de ellas en 1993, a instancias del recién elegido Bill Clinton. Tras el derrumbe del socialismo soviético, se vivían los días felices del "consenso de Washington", esto es, la creencia de que lo que los países del hemisferio necesitaban para superar su situación de pobreza, inequidad y estancamiento económico abrazar la economía de mercado e insertarse más profundamente en las redes del comercio globalizado.
Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, y se han producido muchos cambios en el panorama económico, político y social de nuestro continente. Las grandes líneas de ese proceso podrían resumirse en la pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en lo que durante décadas fue su patio trasero; el surgimiento en varios países de procesos políticos que promueven modelos de integración más horizontales y diversificados que buscan servir de contrapeso al poder norteamericano; y un alto nivel de desencanto con el capitalismo que ha sumido a Europa, y a los propios Estados Unidos, en una crisis que está lejos de ser superada.
La segunda cumbre, reunida en Santiago de Chile en 1998, trató de ampliar la agenda para incorporar temas sociales y libertades democráticas. En Quebec (2001) se sintieron los vientos helados que no soplaban del norte, sino que venían de un sur que mostraba su desacuerdo con una apertura indiscriminada de sus economías en tanto los países ricos se aferraban a sus políticas proteccionistas, particularmente en el sector agrícola.
Pasarían cuatro años para hacer posible otra cumbre. Los atentados del 11-S cambiaron las prioridades de la agenda de los Estados Unidos y sirvieron para darle oxígeno a las visiones dominantes en algunos países, incluido el nuestro, que buscaron resolver por la vía de la seguridad militar los profundos conflictos sociales de la región más desigual del planeta.
Mar del Plata, Argentina (2005) y Puerto España (2009) fueron marcando el rumbo reciente de estos eventos: mucho ruido y pocas nueces. Los latinoamericanos nos acostumbramos a ver con desesperanza reuniones que tienen mucho protocolo y poco fondo. Declaraciones de buena voluntad, de buenas intenciones, que naufragan luego en el mar de la desidia y de la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos por los países asistentes.
La cumbre de Cartagena parecía ser más de lo mismo. Un escenario decorado para que el presidente Santos mostrara su talla de líder regional y convirtiera a Colombia en ‘bisagra’ entre el norte y el sur. Pero el gran evento social se salió de las manos por cuenta de la inclusión de dos temas calientes: la presencia de Cuba en el concierto de naciones americanas; y el clamor cada vez más fuerte por encontrar una salida al fracaso rotundo de la política prohibicionista en materia de drogas.
Aún es demasiado pronto para saber cuánto cambiará en relación con este último tema. El daño que el narcotráfico y sus aliados han causado a nuestras sociedades exige cambios de fondo a una política que nos ha impuesto tantos sacrificios. Amanecerá y veremos.
Y mientras tanto, queda celebrar la convocatoria de actores sociales que buscan Cartagena para hacer sentir la voz de la sociedad civil. Y reconocer la labor de Socorro Ramírez, feminista y luchadora social a quien correspondió la tarea de organizar esta parte del evento, quizás el único del cual podamos esperar resultados importantes en el futuro.
Columna de opinión para el periódico La Patria
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Violencia sexual como crimen de lesa humanidad
A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley.
Constancias y Proyectos.
En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.
Foros regionales
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional.
Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate.
Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un "buen gobierno" del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá.
Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública.
Continúo como columnista en el periódico La Patria.
Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.
En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.
Apuntes políticos
También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer. Pueden ver la entrevista haciendo. En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.
Pregunta Yamid y HORA 20
Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes
En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.
Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"
La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes. El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.
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Representante Angela Robledo rinde cuentas del primer trimestre 2012
Violencia sexual como crimen de lesa humanidad
El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.
La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes.
Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"
En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.
Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes
Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Pregunta Yamid y HORA 20
En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.
También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer.
Apuntes políticos
* En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.
* Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.
* Continúo como columnista en el periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.
* Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública.
* Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá.
Seguimiento al debate sobre el ICBF
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional. Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate.
Foros regionales
En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.
Constancias y Proyectos
A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley, los cuales pueden consultar en www.angelarobledo.com
Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.
Para más información, visita www.angelarobledo.com
En Twitter @angelamrobledo
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Angela Robledo dijo NO a la "Ley Lleras 2"
Dije NO a la “Ley Lleras 2”. Se aprobó en el Congreso a “pupitrazo limpio”, sin debate ni deliberación. Inadmisible que aparezca la cárcel como la solución para regular el uso de los medios de comunicación alternativos. Celebro que la ciudadanía exija su derecho al libre acceso a la información y al conocimiento. Ese proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad.
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“Co-dividir el dolor”, un paso hacia la paz
Colombia es un país de víctimas. Décadas de duración de un conflicto interno armado han dejado una lista interminable de hechos de violencia y han poblado el lenguaje cotidiano de palabras tan duras como masacre, secuestro, desplazamiento, desapariciones o minas "quiebrapatas". En desarrollo de las hostilidades y enfrentamientos entre los distintos actores armados de nuestro prolongado conflicto, se han causado lesiones y muerte a miles y miles de personas, y se han destruido bienes individuales y colectivos valiosos. Ese es el propósito de la guerra, y así lo reconoce el Derecho Internacional Humanitario que tiene como fin acotar su crueldad, restringir los medios que en ella pueden emplearse, evitar daños y pérdidas innecesarias. La guerra en Colombia muy pocas veces se ha librado con sujeción a estos principios del Derecho que le es propio. Nuestro conflicto hace ya mucho tiempo que se degradó y de esa degradación no escapa nadie: el Estado que reclama el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, no ha sido capaz de romper los lazos que unen sectores de las Fuerzas Armadas, del gobierno, del Congreso, con esa máquina de horrores que ha sido el paramilitarismo de viejo y nuevo cuño. Tampoco ha sido capaz, de elevar el nivel de vida de la mayoría de su población, a la que mantiene en condiciones de precariedad en su existencia material, y negada en su condición de ciudadanía tanto política como social. Las guerrillas, por su parte, incurren de manera permanente en crímenes que ofenden el sentimiento mínimo de humanidad: reclutan, muchas veces mediante engaño o fuerza, a niños y niñas; utilizan armas con enorme capacidad de daño, y en más de una ocasión han convertido a la población civil que dicen defender, en víctimas directas de sus acciones. Y sobre los crímenes del paramilitarismo apenas sí empiezan a conocerse informaciones por boca de sus jefes militares. Falta aún identificar sus promotores, financiadores, encubridores y beneficiarios.
Frente a las acciones criminales de los actores del conflicto, las normas nacionales y las correspondientes al Derecho Internacional, exigen investigaciones eficaces y castigos justos. Es de suponer que el sentido moral impondrá sobre los perpetradores el castigo de la culpa ¿Pero, y los ciudadanos y ciudadanas de este martirizado país, no tenemos culpa alguna en relación con este estado de cosas? ¿No nos corresponde también nuestra dosis de responsabilidad en relación con estos hechos de violencia que han truncado los proyectos de vida, no solo de quienes los han padecido directamente, sino de las comunidades a las cuales pertenecen, o pertenecían, quienes sufrieron el rigor de esta violencia desatada?
Podríamos señalar que nunca hemos hecho parte ni apoyado a las guerrillas ni a los paramilitares. Y que en cuanto al Estado, quizá hemos cumplido con la obligación de pagar impuestos, de respetar las leyes y de atender otros deberes ciudadanos. Pero debemos recordar, como lo señalaba el filósofo alemán Karl Jaspers al hablar de los crímenes del nazismo, que existe una solidaridad entre los hombres que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, de todos los crímenes que se cometen en nuestra presencia o con nuestro conocimiento.
Mi propósito no es, claro está, causar malestar. Es más bien abrirnos un camino, una esperanza para sanar esta culpa. Como decía mi viejo maestro Carlo Federici, en Colombia necesitamos "co-dividir" el dolor de las víctimas. Ponernos en su lugar para experimentar la verdadera compasión, el sentir con el otro, con la otra. Esa es la invitación que hace la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras cuando consagra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, que se conmemorará por vez primera el próximo 9 de abril. Invito a mis lectores, y me insto a mí misma, a dejar de lado la indiferencia, la indolencia con la que hasta ahora hemos actuado frente al dolor de nuestros compatriotas víctimas de tantos años de guerra. Que nadie se quede en casa. Vamos a comenzar a co-dividir ese dolor para aliviar un poco a quienes lo han experimentado por muchas décadas, y a construir entre todos una sociedad en Paz.
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Una Fiscalía con mirada de mujer
Hace muy pocos meses, cuando en una decisión histórica la Corte Suprema de Justicia eligió a la Doctora Viviane Morales como Fiscala General de la Nación, expresamos nuestra alegría por saber que una mujer llegaba por primera vez a ese cargo cuya responsabilidad consiste, nada menos, que en combatir la delincuencia que azota nuestro país, incluida la de cuello blanco que campea en todos los órganos del Estado. Hicimos entonces pública nuestra esperanza de que una mujer con una trayectoria como la que registraba la Doctora Morales fuera capaz de cumplir a cabalidad con sus tareas, al igual que de conectar sus emociones con su razón para dar la batalla en contra de la discriminación de que hemos sido objeto ancestralmente las mujeres.
Hoy cuando una decisión del Consejo de Estado, discutible y discutida pero obligatoria como lo son todas las sentencias pronunciadas por los Jueces, puso fin al ejercicio de la Fiscala Morales, debemos registrar con complacencia que no nos equivocamos en nuestra apreciación de sus calidades personales y profesionales. Con excepción de algunos críticos interesados y vociferantes, la inmensa mayoría de los expertos, analistas y formadores de opinión coinciden en señalar que bajo el liderazgo de Viviane Morales la Fiscalía supo responder a las expectativa que tenía la ciudadanía de que siguieran avanzando las investigaciones en relación con graves casos de corrupción que sucedieron tanto en el Gobierno Distrital como en el Nacional.
Algunas decisiones tomadas en el ámbito de su vida privada hicieron mella en la credibilidad de la Fiscala. Y pesaron, a no dudarlo, en una decisión que si bien tuvo fundamento jurídico – recordemos que la decisión del Consejo de Estado fue bastante dividida – no deja de tener claras implicaciones políticas a las cuales no pueden ser ajenos los operadores judiciales. Me queda el mal sabor de boca al constatar que el mismo rasero para evaluar el impacto de decisiones en el ámbito íntimo , no se aplica en relación con los hombres que ejercen responsabilidades públicas. El punto es claro: No se recuerda el caso de un funcionario público de cuya idoneidad, imparcialidad y transparencia se haya dudado por el simple hecho de tener una relación sentimental, abierta o velada, con una mujer sobre cuya conducta existan cuestionamientos éticos o legales. Y la historia política reciente registra algunos casos que por respeto a la intimidad de las personas no se deben ventilar.
El patriarcado subsiste con fuerza entre nosotros, y la lucha para desterrarlo de nuestras vidas será larga y difícil. Por eso resulta igualmente importante el hecho que la Doctora Morales haya decidido adoptar, durante su breve paso por la Fiscalía General de la Nación, una política de igualdad y no discriminación en la entidad, y tuvo particular interés en impulsar las investigaciones relativas a actos de violencia sexual en contra de las mujeres, entre otras las correspondientes a los 183 casos que la Corte Constitucional le remitiera en cumplimiento del Auto 092 de 2008, dictado dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia 025 de 2004, verdadero hito en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado, y especialmente de la población desplazada como consecuencia del mismo.
A Viviane Morales la reemplazó en el cargo, de manera interina, otra brillante jurista: Martha Lucía Zamora, a quien hemos visto actuando en casos difíciles y quien ha demostrado sus capacidades profesionales tanto en la Rama Judicial como en el Ministerio Público. No entiendo por qué el Presidente Santos no la incluyó en la terna recién conformada para la provisión de un Fiscal en propiedad. ¿Eco a la censura de Álvaro Uribe Vélez?
La terna conformada contempla dos nombres de mujer. Los de las Doctoras Mónica de Greiff y María Luisa Mesa. La trayectoria académica de ambas resulta prenda de garantía sobre su idoneidad profesional. Resta saber si sus cuerpos de mujer están habitados por un alma femenina, una que sea capaz de seguir adelante con la tarea emprendida por Viviane Morales; capaz de devolver a los colombian@s la confianza en la investigación en materia penal, y de luchar denodadamente en contra de este patriarcalismo que tanto daño hace a nuestra sociedad y a la justicia.
Columna de opinión para el periódico La Patria
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De fueros y desafueros
Sepultada bajo el alud de noticias que produce a diario un país en crisis permanente, conviene rescatar una, positiva para nuestras instituciones: la decisión del gobierno Santos de retirar el tema del fuero militar de la reforma a la Justicia que discute el Congreso.
Para los lectores menos familiarizados con el tema cabría señalar que el fuero es una institución del derecho que cobija a determinadas personas, en atención a circunstancias especiales que ameritan que ellas reciban un trato especial de parte de la ley. Se habla por ejemplo del fuero que en materia de juzgamiento gozan los altos funcionarios del Estado y de cuyas faltas y delitos conocen las cabezas de los órganos de control o los más altos tribunales.
En el caso de los militares en servicio activo, existe desde la antigüedad una figura que establece que el juzgamiento de las faltas y delitos que ellos cometan será responsabilidad de un cuerpo especial de jueces, que no hacen parte de la jurisdicción ordinaria, y a quienes corresponde adelantar las investigaciones e imponer las penas correspondientes.
Las razones que se aducen para mantener este tratamiento especial en materia penal tienen que ver con la naturaleza de la vida militar, con las reglas de conducta que debe seguir el personal en armas, la disciplina a que están sometidos, los sacrificios que les impone su régimen y los peligros que la sociedad les pide asumir en la defensa de la soberanía y de las libertades.
El tema del fuero que en una sociedad en paz no da lugar a mayores discusiones, resulta muy polémico en una sociedad, como la colombiana, afectada por décadas de violencia política y en medio de un conflicto armado interno de las dimensiones y efectos del nuestro.
Bajo el régimen de la Constitución de 1886 se hizo costumbre que una vez decretado el Estado de Sitio, situación cuasi-permanente, la Justicia Penal Militar adquiría competencia para conocer de los delitos políticos de rebelión, sedición y asonada y los conexos con ellos, además de otros delitos "contra el orden público". La historia de abusos es larga y está bien documentada llegando incluso a casos probados de torturas en calabozos militares, desapariciones, detenciones arbitrarias y desaparecimiento forzado de personas.
También están documentados casos aberrantes de impunidad de delitos cometidos por militares. El sistema está limitado por el hecho que el juzgamiento se hace dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo.
En vigencia de la Carta de 1991, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo que el fuero militar constituye "una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria". En todo caso ha resaltado que, como es apenas obvio en un sistema que se dice democrático, el fuero militar cobija únicamente a los hechos y actos que son objeto de regulación penal militar, es decir, aquellos que se encuentran subordinados a "reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil que marcan una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria", de manera que se establecen claras diferencias de tratamiento en lo relativo a las responsabilidades y deberes que se predican de las y los ciudadanos del común, frente a las de un integrante de la Fuerza Pública, particularmente en lo que atañe a las consecuencias penales.
Corresponderá al Congreso establecer, mediante ley, las normas relativas al estatuto penal militar tanto en lo sustancial como en lo procesal. Así lo hará una vez el gobierno presente el proyecto que prepara con la asesoría de expertos.
Frente al interés expresado por el gobierno de desarrollar a través de los cambios al Sistema de Justicia Penal Militar los principios del Derecho Internacional Humanitario -Derecho de la guerra- y de reforzar las garantías procesales de los miembros de las Fuerzas Armadas presuntamente responsables de la comisión de delitos, los y las demócratas estaremos vigilantes para impedir que dicha reforma vaya en contravía de la defensa efectiva de los Derechos Humanos, y de la protección de los derechos de las víctimas de tales violaciones.
Fuero sí, para lo que el mismo se justifica. Desafueros, como los que se han cometido en el pasado ¡nunca más!
ANGELA ROBLEDO/ Representante a la Cámara
WWW.ANGELAROBLEDO.COM
Columna de opinión para el Periódico La Patria
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"Denunciamos el horror que significa para miles de mujeres vivir en medio de la guerra": Ángela Robledo
Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, presentaron a consideración de las organizaciones de mujeres y de víctimas, una iniciativa legislativa dirigida a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado.
La iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, formación e integridad sexual.
"(…) En Colombia, pese a algunos avances normativos y a la nutrida existencia de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras, trofeos para los combatientes y carnada entre enemigos, a causa del conflicto armado que vivimos. Violencia sistemática, invisible, generalizada que ejercen todos los grupos armados, como un medio efectivo para torturar, humillar, como forma de terror o de castigo dirigido de manera específica a mujeres", aseguró Robledo.
La iniciativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.
Robledo explicó que el Proyecto pretende armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que han sido ratificados por Colombia. "De acuerdo con Amnistía Internacional, el Código Penal colombiano no refleja las definiciones de los crímenes de derecho internacional en aspectos clave que afectan los derechos de las sobrevivientes de la violencia sexual", explicó la parlamentaria.
De igual manera la iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento.
La iniciativa incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. Robledo aseguró que la respuesta de la justicia en estos casos es ineficiente y no se compadece con la gravedad de la situación. El proyecto contempla también medidas de atención, protección y acceso efectivo al derecho a la salud.
Robledo demandó del Gobierno Nacional un mayor compromiso frente a la problemática e instó al Presidente Santos a ocuparse de las víctimas mujeres. "El Presidente debe acoger las recomendaciones formuladas por organismos internacionales y hacer viables los tratados que el país ratificó. Urge además, de la visita de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas, una política eficaz por parte del Ministerio de Defensa para actuar frente a los casos de violación por parte de miembros de la Fuerza Pública".
El Representante Iván Cepeda, calificó de grave el alto número de agresiones cometidas en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y llamó la atención del gobierno nacional por la falta de registros serios y detallados sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales.
"Estamos ante un crimen de lesa humanidad, y por eso con este Proyecto de ley, buscamos que sea juzgado como tal. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra quienes dan la vida", agregó Cepeda.
Finalmente, Ángela Robledo dijo que la ley se constituye en un hecho jurídico pero también en una acción política orientada a llamar la atención sobre la total impunidad de la violencia sexual: "Las mujeres siguen enfrentando barreras culturales propias de la cultura patriarcal como la persistencia de imaginarios sexistas que permean los sistemas judiciales, en donde la violencia se ve como un asunto secundario y de poca monta. Este grado de permisividad tiene estrecha relación con el alto índice de impunidad y configura un círculo perverso, ya que la impunidad a su vez perpetúa la aceptación social del delito y el sentimiento de inseguridad y desconfianza de las mujeres en la justicia".
El Proyecto de Ley se presentó en el Conversatorio ¡NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres en el conflicto armado, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y al que asistieron la Magistrada María Victoria Calle, Olga Amparo Sánchez, Directora de la Corporación Casa de la Mujer, Claudia Mejía de la Corporación Sisma Mujer y Cecilia Barraza de la Corporación Humanas Colombia, con los testimonios de Giovanna Sáenz y la periodista Jineth Bedoya.
La cifras de la impunidad
En los últimos diez años, unas 500.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza y porque además no confía en la justicia. En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales hay dos en proceso de juzgamiento. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito.
En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.
De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009).
Acción Social afirmó que 1534 personas solicitaron reparación por vía administrativa a causa de violencia sexual. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (Julio de 2007 y junio de 2008), 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros. Las mujeres (73%) consideran que los integrantes de los grupos armados (guerrilla y paramilitares) son un obstáculo para que haya justicia.
De los 57 mil crímenes confesados por los paramilitares desmovilizados, apenas 86 corresponden a violencia sexual. Lo anterior apunta a evitar el juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que conoce los crímenes de guerra. De éstos hay una condena.
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Proyecto de Ley contra la impunidad en casos de violencia sexual
Ángela Robledo e Iván Cepeda, Representantes a la Cámara, presentan Proyecto de Ley que busca reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
El Proyecto, que será presentado el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, al igual que otras disposiciones que tienen que ver con medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, integridad y formación sexuales.
Los parlamentarios, que han venido trabajando con la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres, Dra. Pilar Rueda, y con organizaciones sociales de mujeres, proponen modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal con el fin de reducir la impunidad existente en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y restablecer sus derechos.
“Algo no está funcionando bien cuando a pesar de ser un delito fuertemente normado, la impunidad en este delito está por encima del 98%”, afirmó Angela Robledo.
La parlamentaria, que ha venido trabajando en la denuncia de este crimen de lesa humanidad, dijo que “En los últimos diez años, unas 400.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia”.
En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales no se conoce aún ninguna condena. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito.
En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.
De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009).
De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.
El Proyecto de Ley será presentado este jueves 8 de marzo en el Conversatorio !NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres víctimas del conflicto armado que se realizará a partir de las 8:30 de la mañana en el Congreso de la República.
CLIC AQUI PARA INSCRIBIRSE AL EVENTO Y CONOCER LA AGENDA.
Fecha: Jueves 8 de marzo de 2012
Hora: 8:30 a.m. - 11:30 a.m.
Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez.
Edificio Nuevo del Congreso. Carrera 7 No. 8-68. Bogotá
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Angela Robledo hará pedagogía de la ley contra las violencias en Tunja, Boyacá
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Ángela Robledo estará este jueves 1 de Marzo en el Concejo de Tunja con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.
En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.
La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.
“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Angela Robledo.
La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El 16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".
Angela Robledo aseguró que si bien los Decretos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del programa de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.
La visita de Robledo a Boyacá se suma a la estrategia mediante la cual mujeres congresistas de la Bancada de Mujeres visitarán diversas regiones para debatir los alcances y limitaciones de la nueva normatividad. La parlamentaria verde estuvo en días pasados en Medellín con la idea de continuar la labor en defensa de los derechos de las mujeres en el país y en la prevención de la violencia contra ellas que constituye un intolerable social. Este encuentro se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Lugar: Calle 19 No. 9-95 Concejo Municipal de Tunja Segundo Piso Edificio Alcaldía Mayor.
Fecha: jueves 1 de marzo de 2012
Hora: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
CONOZCA LA AGENDA HACIENDO CLIC AQUI
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Al tablero responsables de justicia juvenil
Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo (Partido Verde) y Germán Navas (Polo Democrático) realizan mañana jueves 16 de febrero en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública "Justicia Juvenil: por una segunda oportunidad", para discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
“Nos convoca la problemática de la justicia juvenil, un asunto crucial para el presente y futuro de los adolescentes y por supuesto del país. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) hoy en día no está operando. De acuerdo con el informe de la Comisión, que se hará público mañana, el sistema presenta todo tipo de fallas no sólo en la articulación sino en la aplicación”, aseguró Ángela Robledo.
El objetivo de la audiencia es discutir esta evaluación con los agentes, ante todo estatales, operadores y organizaciones sociales que trabajan derechos de niños y jóvenes, con el fin de que se tomen los correctivos del caso y se dé viabilidad no sólo a la Ley de Infancia y Adolescencia, en lo relacionado con justicia juvenil, sino a la Ley de Seguidad y Convivencia que aprobó el Congreso en la legislatura pasada.
“En Colombia muchos de los 17 millones de niños, niñas y adolescentes, tienen la vida como castigo: Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, es decir 14 mil menores de edad, sufren de este intolerable, generalmente al interior de sus propias familias. El ICBF recibió el año pasado 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el 2011. Sabemos que 3 de cada 10 jóvenes de 16 años no están hoy en el sistema educativo y que 7% (Un millón) tiene que trabajar, por ejemplo”, dijo la parlamentaria.
Angela Robledo ha insistido en que muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo y más bien han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social: “La tasa más alta de desempleo la tienen los jóvenes entre 14 y 26 años con un 17% (DANE). Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo aún más alta: 23%. La tasa de desempleo del país es del 9,8%. Es decir, el desempleo de las mujeres jóvenes es más del doble que el desempleo promedio de Colombia”.
La parlamentaria verde dijo que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas: “El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, desarticulación e inmensa impunidad que existe”.
Angela Robledo aseguró que existe una profunda debilidad del Sistema empezando porque no existe un ente específico que responda y lidere las multiples articulaciones que se requieren para que opere. El país no cuenta con sistemas de información, profesionales capacitados para atender la problemática, infraestructura y recursos destinados a atender la complejidad que implica un sistema pedagógico y de justicia restaurativa que no puede terminar en la impunidad.
La vida de nuestros jóvenes ya no sólo en Latinoamérica sino en muchos lugares del mundo se desarrolla entre drásticas reformas a las políticas sociales, la precarización del trabajo, la desregulación de las políticas económicas, la privatización de recursos estratégicos de los países, la imposición de los intereses de las grandes multinacionales, el predominio del dinero, pero al mismo tiempo , y en especial en los últimos años, su vida se desarrolla también en medio de luchas políticas por la educación, la salud, el trabajo y la cultura.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.ANGELAROBLEDO.COM
CONOCE AQUI LA AGENDA DEL EVENTO.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. CLIC AQUI.
Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806
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Yo no pido puestos, dice Angela Robledo
"Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido Verde estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre acuerdos programáticos y no burocráticos. Obviamente, NO PEDI, NI ESTOY PIDIENDO CUOTAS. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan", afirmó la Representante a la Cámara en una declaración pública.
Declaración de Ángela Robledo
Representante a la Cámara - Partido Verde
Bogotá, febrero 13 de 2012
De manera contundente quiero informar a la opinión pública en general y al Partido Verde en particular que pese a que no he sido consultada ni convocada a las reuniones distritales en las que se ha discutido la posición frente a la Alcaldía de Bogotá, me he acogido a las declaraciones de su Presidente Vocero, Luis Eduardo Garzón, en el sentido de mantener la independencia deliberativa: apoyar los asuntos de interés general que nos beneficien a tod@s en la ciudad y oponerse a los que consideremos afecten el bien común. Es, en desarrollo de esa postura, que en días pasados hice un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un buen gobierno del Alcalde Gustavo Petro y se le dé un compás de espera al mismo, respaldado con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta.
Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre ACUERDOS programáticos y NO burocráticos. Obviamente, NO PEDI, ni estoy pidiendo cuotas. Ni nadie me las ha ofrecido. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan.
En mi calidad de Representante a la Cámara por Bogotá, solicité una audiencia con el Alcalde Gustavo Petro para conversar sobre temas de política social y desarme en Bogotá, los cuales son de mi absoluto interés. Dicha audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 16 de febrero y es un asunto que he manejado con total transparencia.
En el marco de los principios que hemos defendido, como integrante del Partido Verde y en desarrollo del mandato ciudadano que recibí en marzo del 2010, continuaré trabajando activamente por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos humanos en mi país y por supuesto en Bogotá.
Información Prensa: Margarita Sarmiento/ 3202343806
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Los jóvenes son, en sentido literal, sobrevivientes, dice Angela Robledo
El calendario avanza rápidamente. Estamos ya en el segundo mes de este año que ha estado marcado por un cierto estancamiento. Todos los días leemos anuncios de cosas importantes que luego parecen caer en el olvido. Los asuntos de la paz y la guerra, el inicio de las nuevas administraciones locales y regionales, noticias que desaparecen en medio de nuevos anuncios, muchas veces contrarios a los anteriores, que tampoco parecen llegar muy lejos. O al menos por ahora.
En medio de este clima de incertidumbre y aparente parálisis, se echa de menos la voz, la presencia, el entusiasmo, la fe en el futuro y la determinación de los miles de jóvenes, hombres y mujeres, que marcharon por nuestras calles el año pasado para reclamar una educación de calidad. Con sus cortos años, estos muchachos han tenido que superar ya muchos obstáculos en la vida, para llegar al lugar desde el cual nos interpelan. En primer término porque el nuestro es un país en donde existen niveles muy altos de maltrato y desatención infantiles. Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia. Y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, generalmente al interior de sus propias familias que reproducen así su propia experiencia. Una cadena difícil de romper, más aún si la sociedad no brinda el apoyo necesario.
Un 7% de nuestros niños y niñas tiene que trabajar. Este porcentaje, alto de por sí, esconde el hecho que la cifra en las zonas rurales, con los más altos niveles de pobreza, es el doble que en las zonas urbanas, en donde vemos a diario cuadros dramáticos que parecen salidos de una novela de Dickens. Por supuesto la necesidad de trabajar les impide en muchas ocasiones acceder o mantenerse en el sistema educativo. Además, tres de cada 10 jóvenes de 16 años no están en el sistema educativo. Trabajos y costos educativos, explican más del 30% de esta situación. La falta de pertinencia y la baja calidad de la educación impartida explican otro tanto. Las diferencias en la calidad educativa explicadas por la situación económica y las variaciones regionales contribuyen a ahondar esa inequidad. Resultados regionales en las pruebas del ICFES son muy desiguales. Las regiones peor clasificadas Magdalena, Bolívar y la Guajira. Las regiones mejor clasificadas Boyacá, Santander y Bogotá. Los resultados obtenidos por los estudiantes de colegios privados son tres veces mejores que los que asisten a los colegios públicos.
Los jóvenes que han tenido acceso a la educación superior son, en sentido literal, sobrevivientes. Han conservado sus vidas a pesar de las amenazas tan serias que gravitan sobre su existencia. Al punto que en algunas de nuestras ciudades como Cali, ha habido necesidad de decretar un toque de queda para los y las jóvenes con el fin de ponerlos a salvo de los crímenes que a diario se cometen en su contra, especialmente en las comunas más pobres. Conservar la vida al precio de perder la libertad de ser y habitar en la ciudad.
En medio de un panorama tan difícil, reflejo de la incapacidad del Estado, de la sociedad y de las familias para brindarles las oportunidades que necesitan, no debe sorprendernos que algunos de ellos estén hoy en conflicto con la ley. Los delitos que cometen están claramente relacionados con la situación de exclusión y marginalidad en que viven: siete de cada diez son delitos de hurto o de microtráfico.
Para responder a esta situación, Colombia cuenta con un Sistema de Responsabilidad para Adolescentes - SRPA cuyo diseño y operación merecen atención urgente. A pesar de que en el papel se declara el propósito restaurativo y resocializador, las cifras muestran un marcado incremento en la imposición de sanciones privativas de la libertad. Nuevas cadenas que amarran a nuestros jóvenes.
El 16 de febrero llevaremos a cabo una audiencia en el Congreso de la República para evaluar la manera como funciona el SRPA y proponer mejoras al mismo. Invito para que sumemos nuestras voces, nuestra presencia y nuestras acciones para reclamar que los jóvenes en Colombia, incluidos aquellos a quienes yo llamo coloquialmente "los chicos malos", tengan una segunda oportunidad en esta tierra.
Más información: www.angelarobledo.com
@angelamrobledo en Twitter
Columna de opinión para el periódico La Patria
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Apostémosle a un buen gobierno de Petro
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, hizo hoy a través de las redes sociales un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro. "Apostarle a un buen gobierno de Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, es apostarle al desarrollo de esta Bogotá que tanto queremos", dijo.
La parlamentaria sostuvo que el Alcalde se ha comprometido con principios que tocan el corazón del Partido Verde, como combatir la corrupción, disminuir la segregación y discriminación social, política y económica, priorizar la educación y trabajar por una ciudad sustentable y sostenible.
Ángela Robledo aseguró que hay que estar alertas a las coaliciones de la política tradicional que buscan arrebatarle al gobierno distrital, que apenas empieza, su posibilidad de cumplir con los compromisos de una Bogotá humana e incluyente.
“No vamos a permitir que muchos de los partidos de la Unidad Nacional se conviertan en un palo en la rueda para Petro. Algunos esos partidos y concejales tienen mucho que explicar por las prácticas de carruseles de contratación que le arrebataron los recursos públicos a la ciudad”.
Así mismo, dijo que propuestas como el desarme son fundamentales para la convivencia, así como trabajar por los niños y las niñas de la ciudad: “Creo que trabajar de manera prioritaria por la primera infancia buscando una cobertura total para niñ@s de 0 a 5 años, es decir, un comienzo justo, es viable e importante. Crear mil jardines es factible”.
La Representante a la Cámara invitó a la ciudadanía a “solidarizarse con aquellas iniciativas en las que todos vamos a sumar y a que seamos críticos con aquellas que vayan en contra de los intereses de Bogotá”.
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Angela Robledo está en Antioquia defendiendo los derechos de las mujeres
Ángela Robledo inicia hoy en Medellín su visita a diferentes regiones del país con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.
En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.
La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.
“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Robledo.
La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".
Angela Robledo aseguró que si bien los Decrectos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del progama de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.
Ángela Robledo inaugura la socialización de la normatividad para defender los derechos de las mujeres en todo el país y en la prevención de la violencia contra las mujeres que constituye un intolerable social.
DESCARGUE AQUI LAS PRESENTACIONES:
La violencia contra la mujer: un intolerable.
Decretos reglamentarios de la Ley 1257
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Una agenda social para la paz
El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana en los medios de comunicación, de la mano del paro armado decretado por los "Urabeños". Este hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser muy débil la presencia institucional del Estado, alianzas entre paramilitares, empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares. De manera errónea, se ha querido suplir esta ausencia de Estado con el despliegue masivo de tropas, que en ocasiones se comportan como un verdadero ejército de ocupación. Me pregunto ¿cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de servicios públicos esenciales, las de la protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados a lo largo y ancho de Colombia? ¿Cuándo se garantizarán plenamente a todas las colombianas y colombianos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?
Y mis preguntas continúan ¿y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy llamadas "bacrim"?
Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la "lógica" de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas de la mano de organizaciones y los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia.
Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en paz. La paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la paz requiere, para que sea verdadera y durable, ir más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales. La paz exige que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. Exige un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La paz requiere de garantías de no repetición, lo cual solo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.
La paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas; a los distintos caminos para alcanzar la paz. La construcción de esa sociedad democrática pasa no solo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque de la pobreza y la miseria a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión de generación en generación. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, nuestras deudas con los más pobres y desposeídos de sus tierras, sus herramientas de trabajo, sus territorios ancestrales son enormes. Desarrollar una agenda social para la paz de manera corresponsable con las y los actuales gobernantes, los partidos políticos, los movimientos sociales, es una tarea que no da más espera.
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Angela Robledo pide a los Verdes un acuerdo programático con el gobierno nacional en torno a la Paz
La Representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela Robledo, envió este miércoles una comunicación a la Dirección Nacional del Partido en la que invita a avanzar en la institucionalización y democratización de su colectividad y contribuir en la búsqueda de la paz en el país; propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación. “(…) aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una paz negociada en Colombia”, dijo Robledo.
La parlamentaria reiteró a los verdes que “la justicia social es el nuevo nombre de la paz” y que el Partido puede contribuir en gran medida a este propósito.
Angela Robledo afirmó que el Verde no puede caer en prácticas clientelistas y resaltó las declaraciones de su Presidente Vocero: "En la Unidad Nacional, pero sin misterios y sin ministerios”.
TEXTO DE LA CARTA DE ÁNGELA ROBLEDO AL PRESIDENTE Y VOCERO LUIS EDUARDO GARZÓN Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO VERDE
Bogotá, D.C., Enero 16 de 2012
Señor
LUIS EDUARDO GARZÓN
Presidente Vocero
PARTIDO VERDE
Ciudad
Apreciado Lucho:
Aunque ya han transcurrido 18 días de este año 2012, esta semana puede considerarse, por razones culturales, la primera del año. Muchos colombianos y colombianas hemos regresado de unos días de descanso en compañía de nuestras familias y seres queridos, de la celebración de las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo, nos aprestamos para retomar nuestras actividades y para enfrentar los retos que en lo personal, social y político, nos plantea una realidad tan compleja como la de nuestro país.
Quiero aprovechar entonces este momento tan lleno de significado para expresar a Usted, y por conducto suyo a los demás directivos de nuestro Partido Verde, un especial saludo y mis mejores deseos por su bienestar. Deseo que este año esté lleno de realizaciones en todos los campos. También en nuestro quehacer como organización que aspira a orientar el futuro de esta Colombia que tanto queremos.
Claro está que muchas personas han tenido que continuar con sus actividades profesionales y con sus oficios, tan necesarios para garantizar el bienestar de quienes hemos podido tomar un breve descanso que ahora termina. Y no se me escapa que las autoridades locales, muchas de las cuales encabezan mujeres y hombres afiliados o apoyados por el Partido Verde, han estado haciendo enormes esfuerzos por integrar los equipos de gobierno, por definir las líneas que orientarán su gestión, por asumir sus tareas de representación ciudadana y por contribuir en la elección de las autoridades encargadas del control fiscal y disciplinario en los niveles territoriales de la Administración.
Señalaba que la realidad de nuestra ciudad, de Colombia y del mundo está marcada por signos de problemas que merecen atención y debate públicos. La situación económica mundial parece empeorar a medida que bajan las calificaciones de riesgo que las firmas especializadas dan a la deuda de los países, en especial los de la zona euro. La caída de las bolsas, los despidos masivos y las proyecciones a la baja en el crecimiento económico surgen como consecuencias directas de tales pronunciamientos. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a nuestras costas el impacto de este “tsunami” económico? ¿ Cómo vamos a enfrentar las posibles caídas en la demanda de nuestros productos de exportación, o la realidad del desempleo de los millones de colombianos que viven en Europa como migrantes económicos? En países vecinos como el Ecuador el gobierno ha puesto en marcha una fuerte política de apoyo al retorno de los migrantes. Me pregunto de nuevo : ¿Será necesario que nosotros avancemos en esta misma dirección?
El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana de los periódicos de la mano del paro armado decretado por los “Urabeños”. Este hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser muy débil la presencia institucional del Estado, alianzas entre paramilitares ,empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares. También considero que de manera errónea, se ha querido suplir esta ausencia de Estado, con el despliegue masivo de tropas que en ocasiones se comportan como un verdadero ejército de ocupación. ¿Cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de servicios públicos esenciales, protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados? ¿Cuándo se garantizarán plenamente a todas las colombianas y colombianos el derecho a la Vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?
De los hechos esbozados en el párrafo anterior surge también el interrogante ¿quién habrá de garantizar la aplicación de la Ley de Reparación de víctimas y de restitución de tierras en las amplias regiones que permanecen aún bajo el dominio de las fuerzas paramilitares que hicieron del desplazamiento y del despojo de la tierra un arma en su lucha contrainsurgente y por el control del territorio y sus riquezas? Y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy llamadas “Bacrim”.
Un Partido como el nuestro, el Partido Verde, que nace como alternativa a los partidos tradicionales que han monopolizado por décadas el control de los niveles centrales de gobierno tiene el deber de plantear alternativas de solución a éstos y otros problemas no menos apremiantes.
Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la “lógica” de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas, acudiendo en nuestro caso a los conocimientos y experiencia de muchos de los integrantes del Partido Verde, a las organizaciones y los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia.
Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en donde la violencia política generalizada sea tan sólo un recuerdo de tiempos idos. La Paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la Paz requiere, y usted lo sabe muy bien, que para que sea verdadera y durable, debe ir más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales . La Paz exige, como lo estamos viviendo hoy, que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de los horrores de la guerra. Requiere un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La Paz requiere de garantías de no repetición, lo cual sólo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.
La Paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas ; a los distintos caminos para alcanzar la paz. Pero los conflictos en una sociedad verdaderamente democrática, esto es en la cual el Estado busca ser el garante de los derechos y protector de los intereses de la mayoría de la población, no tienen porque desbordarse en violencia que destruya vidas. La construcción de esa sociedad democrática en sentido auténtico pasa no sólo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque de la pobreza y la miseria, a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión de generación en generación.
Mi invitación entonces, Lucho y demás compañeros de la Dirección Nacional del Partido Verde es que a la par de avanzar en el proceso de institucionalización de nuestra organización en el nivel regional y municipal, aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes, afiliados y simpatizantes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una Paz negociada en Colombia. Esa agenda que tendríamos que construir con otros sectores sociales y políticos haría posible definir con mayor claridad, la participación de los Verdes en el gobierno de Unidad Nacional de Santos. Ella ayudaría también a delimitar las responsabilidades políticas derivadas de tal hecho.
La justicia social es el nuevo nombre de la Paz. Y nuestro partido, el Partido Verde, ha dicho y hecho mucho en este campo. Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales elegidos a nombre o con el apoyo de nuestro partido habrán de contribuir en este propósito. Y nosotros, como directivos de una organización que aspira a orientar el destino de esta compleja y hermosa sociedad de la que hacemos parte, tenemos el deber y la oportunidad de impulsar un debate amplio, serio, documentado, democrático y propositivo en torno de los temas que aquí se mencionan y de otros que podamos acordar en las instancias apropiadas.
Reciban entonces, Lucho y demás compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido Verde, un especial saludo y esta propuesta para avanzar en la construcción de una alternativa política para una Colombia en Paz.
Sinceramente,
ÁNGELA ROBLEDO
Representante a la Cámara por el Partido Verde
@angelamrobledo en Twitter
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Rindo cuentas: Control político, un deber legislativo.
Control político, un deber legislativo
El control político es una de las funciones fundamentales de todo parlamentario. Éste no debe estar condicionado a impactos mediáticos, ni a chantajes, ni a presiones. Una democracia sin control político, que omite la crítica, fácilmente puede caer en la corrupción. Desde mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política, he centrado mi labor en defender los Derechos Humanos, principalmente de niños, niñas, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto. Ha sido desde el control político como he logrado tener un marco de incidencia desde el Congreso de la República. A continuación les rindo cuentas sobre lo más importante que hemos hecho en ese sentido:
A la Directora del ICBF
Denuncié un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF y otras irregularidades relacionadas con la concentración en la contratación que realiza este instituto. La hoy ex Directora del ICBF, Elvira Forero, convirtió al instituto en un monstruo contratista en el que se favorecen monopolios, no se garantizan los derechos de los niños y queda en tela de juicio la transparencia. La gestión de Elvira Forero, quien renunció tres días después de nuestro control político, fue calificada en un reciente informe de la Contraloría como DESFAVORABLE. La salida de Forero es una oportunidad para pasar de una política asistencialista a una verdadera política social. A "Las Polas" y otros ciudadanos valientes que nos colaboraron con las investigaciones, ¡GRACIAS!
Seguimiento: Le entregué copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF. Posteriormente, le envié una carta abierta al nuevo Director del Instituto, el señor Diego Molano, preguntándole por las acciones que se adelantarán durante su gestión para superar estas irregularidades, y así garantizar los derechos de los niños y las familias más pobres del país. Tras la renuncia de Elvira Forero, han empezado a surgir cantidades de denuncias y hechos irregulares que merecen toda la atención de las autoridades competentes. Se requiere de un ICBF transparente, que rinda cuentas, que garantice los derechos. Espero que el Instituto retome el rumbo y seguiré trabajando para que cumpla su misión. Ver más.
Sobre Educación
Frente al tema educativo, realizamos un debate de control político sobre Educación Superior en Colombia, al que asistió la Ministra María Fernanda Campo. Logramos que el Gobierno eliminara la propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, iniciativa contemplada en la propuesta de Reforma a la Ley 30, que finalmente fue retirada gracias a la presión social y el trabajo académico ejercido por el movimiento estudiantil. Previo a este debate, realizamos el Foro "Diálogo democrático para pensar la Educación", con la idea de contribuir a la discusión sobre el sentido y las perspectivas de la Universidad en Colombia y dar los primeros pasos para un gran acuerdo nacional sobre la educación. El Foro convocó unas 400 personas y logramos reunir a destacados rectores, expertos, profesores, al gobierno y a líderes políticos y estudiantiles.
Seguimiento: Acompañamos con emoción, convicción y razones al movimiento estudiantil en las marchas y trabajamos con los representantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Los estudiantes nos dieron una lección: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político; lograron frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud. Además, con el Polo Democrático organizamos tres audiencias públicas en el Congreso y estamos dispuestos a participar en la construcción colectiva de una nueva propuesta de Reforma a la Ley 30. Le llegó la hora al Presidente y a la Ministra de tomarse en serio el diálogo con la comunidad educativa. Ver más.
No violencia sexual contra las mujeres
Citamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político a los Ministros del Interior, de Defensa y al de Protección Social sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y señalamos el incumplimiento reiterado del Estado colombiano con las obligaciones nacionales e internacionales de atención, protección y reparación de los daños físicos y psicosociales ocasionados. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en territorios de guerra, y estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y en la impunidad.
Seguimiento: Hemos sostenido reuniones con directores de medios de comunicación y periodistas para darle visibilidad el tema. Tuvimos una reunión con la Consejera para la Equidad y la Mujer, Cristina Plazas, y le expusimos la urgencia de formular una política pública pertinente para acabar con este intolerable. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, con Iván Cepeda denunciamos la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja, por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios. Ver más.
Sobre la Ola invernal y el medio ambiente
Con mis colegas de bancada del Partido Verde, preparamos un debate de control político para exigir del gobierno Santos soluciones concretas frente a la emergencia invernal, la minería en zonas protegidas y la falta de articulación y planeación entre las diferentes instituciones responsables de las políticas ambientales. Este debate no se realizó por la inasistencia de todos los ministros citados: Carlos Rodado Noriega, Juan Camilo Restrepo, Beatriz Uribe y María Fernanda Campo. Ver más.
Control político a las autoridades encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
Realicé un debate de control político a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), al que fueron citados: el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, para que rindieran información en relación con sus funciones referidas a este tema. Solicité al Gobierno cumplir con lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, al tiempo que insté al Instituto de Bienestar Familiar para que asumiera el liderazgo que le corresponde. No hay políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia ni de la pobreza, existe falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF, quien tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de dicho sistema, que no está operando.
Seguimiento: Estamos trabajando en una Comisión de Evaluación del SRPA, que tiene como fin evaluar y realizar recomendaciones para evitar la impunidad y garantizar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes. Ver más.
Frente a la desnutrición de la niñez indígena y la explotación laboral de a trabajadoras de comedores escolares
Sobre la garantía de los derechos de la niñez indígena en Colombia, advertimos la grave situación de exclusión y abandono en que vive esta población, que se encuentra en condiciones de pobreza, desnutrición y carece de políticas públicas diferenciales para su atención. Según ACNUR, 35 pueblos indígenas están en peligro de extinción en Colombia. Entre 2002 y 2010, más de 1500 indígenas fueron asesinados. Por cada 1.000 niños del Pueblo Yukpa, mueren al año 200. El debate se realizó en el marco del Foro “Niñez indígena: entre la exclusión y el exterminio”, que organizamos con el Representante Hernando Hernández. El evento contó con la participación de organizaciones como la ONIC, FUCAI y DNI y el nuevo Director del ICBF, Diego Molano. Seguimiento: Un compromiso público que surgió al finalizar el debate, fue la creación de una mesa de evaluación e implementación de la política pública con componentes diferenciales para la niñez indígena. Ver más.
Con el Senador Alexander López habíamos preparado un debate al Director del ICBF, pero fue aplazado. Sin embargo, denunciamos que recibimos cerca de 550 quejas provenientes de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, que evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras de comedores escolares. Hay mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen contratos, no están afiliadas a la seguridad social ni tienen prestaciones sociales. Ver más.
Constancias y proyectos
Durante este último trimestre (de octubre a diciembre 2011), dejé tres constancias en el Congreso de la República sobre los siguientes temas: 1) A propósito de la carta dirigida al nuevo Director del ICBF. 2) Construcción colectiva de una nueva reforma a la Educación Superior. 3) El Presupuesto General de la Nación no garantiza derechos. Adicionalmente, soy ponente de 6 Proyectos de Ley, que pueden consultar haciendo clic en los siguientes enlaces:
Ver Proyectos de Ley
Ver Constancias
Apuntes políticos
*Por la vida y la libertad, marché el pasado 6 de diciembre en contra de todas las formas de violencia. Hay que asumir la Paz como un acto de resistencia, de exigencia a un Estado que por décadas no ha hecho apuestas radicales para frenar la industria rentable de la guerra. La indignación es un motor cultural y político para la Paz. Ver fotos.
*Continúo siendo columnista del periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.
*La fuerza de los argumentos logró vencer al populismo penal y, de esa manera, se hundió el referendo de cadena perpetua y el proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto en cualquier circunstancia. Me llama la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros problemas es bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal General y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. No más impunidad.
Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas (diciembre 2011).
Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.
Para más información, visita www.angelarobledo.com
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¡Estudiantes en Colombia: las nuevas voces ciudadanas!
Las movilizaciones estudiantiles de los últimos días me hacen recordar aquella estrofa de Bertolt Brecht que cita Silvio Rodríguez en su canción "Sueño con serpientes":
Hay hombres que luchan un día
y son buenos.
Hay otros que luchan un año
y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años
y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles.
Los estudiantes lucharon días, semanas, meses y lograron frenar el retiro del proyecto de ley que buscaba reformar la educación superior en nuestro país. Sus argumentos: el proyecto no había sido construido democráticamente; privatizaba la universidad pública; convertía los jóvenes en deudores que por años debían asumir créditos enormes y finalmente no promovía una educación superior de calidad.
Los estudiantes, una vez radicado el proyecto por el gobierno, siguieron luchando. Si bien se modificaron algunos artículos de la propuesta inicial y se eliminaron otros, como el que autorizaba la creación de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, el espíritu privatizador seguía vivo tanto en un nuevo artículo sobre Instituciones Mixtas, como en la ampliación de los fondos para estimular la demanda vía créditos educativos. De igual forma la financiación de las universidades públicas era insostenible y su concepción ilegítima. Insostenible porque no se podía atar la financiación de las universidades al crecimiento económico, lo cual introducía un alto margen de incertidumbre para el funcionamiento de las instituciones. Ilegítima porque no se discutió con la comunidad universitaria, no se escucharon e incluyeron las miles de voces argumentadas y sólidas de rectores, estudiantes, profesores y trabajadores. Solo se hicieron talleres de socialización de la reforma en universidades que no tenían una posición crítica.
Bajo este escenario los jóvenes siguieron luchando, marchando, generando ideas creativas en las calles, construyendo relaciones de empatía con las familias, con la policía, con la ciudadanía a través de acciones colectivas de carácter cultural y académico. Convocaron talleres, audiencias públicas, carnavales, vigilias donde las únicas armas eran los libros, las velas, los pitos, las consignas y las canciones. Movilizaron al menos medio millón de estudiantes en todo el país. Las calles de Cali, Medellín, Popayán, Pereira, Manizales se llenaron de vida, de voces juveniles. El árbol de Navidad de la plaza en Bogotá, se convirtió en un árbol de esperanza, lleno de consignas comprometidas con la educación, con el futuro de este país.
Esta acción colectiva nos dio una lección vital: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político. Por medio de estas movilizaciones los jóvenes, pusieron a discutir al país, durante semanas sobre un tema que es crucial: la educación. El mensaje fue claro: ¡con educación todo se puede! Como si esto fuera poco, se logró, por primera vez en este gobierno, frenar un proyecto de reforma que era perversa para la educación superior y en especial para la universidad pública. Se logró frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud.
Todo parece indicar que los estudiantes seguirán luchando para construir una propuesta democrática, incluyente y en donde el sentido de la educación superior como derecho fundamental se garantice para las generaciones presentes y futuras. Seguirán luchando por una educación superior pública que sea gratuita. No es un sueño, o mejor, es un sueño que puede modificar realidades. No es un incentivo perverso que subsidia la educación de los ricos, o mejor, es un incentivo para que la educación se convierta realmente en un derecho y no en una mercancía. El gobierno y algunos economistas ortodoxos dicen que no hay recursos ¿No hay recursos? Lo que no hay es voluntad política, lo que hay son grandes exenciones al capital (cerca de 6 billones de pesos); apuestas irracionales a la minería (uno de cada cinco pesos del plan de desarrollo está dedicado a la minería: 97 billones de pesos) y un enorme presupuesto para la guerra, no olvidemos que ésta pesa 13 veces más en el PIB que la educación superior.
Nuestros estudiantes han dicho que quieren una universidad del tamaño de sus sueños, si hay voluntad política y apoyo ciudadano podrán lograrlo.
Columna de opinión para el periódico La Patria
www.angelarobledo.com
@angelamrobledo en Twitter
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ICBF explota a trabajadoras de comedores escolares
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció nuevas irregularidades por parte de los operadores del ICBF. específicamente en el caso de las mujeres que los consorcios y uniones temporales "emplean" para "manipular" y distribuir alimentos.
Robledo dijo que pese a que los contratistas del ICBF están obligados por la ley a emplear personal con todas las garantías establecidas (afiliación y aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y parafiscales); muchas mujeres son explotadas por los consorcios y uniones temporales contratados para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.
De acuerdo con denuncias recibidas por la parlamentaria las empresas contratadas para desarrollar el PAE, programa que en 2010 tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos y cubre a 4 millones de niños y niñas en todo el país, no cumplen con las obligaciones de seguridad social y ni siquiera les pagan a las trabajadoras el salario mínimo establecido, también por la ley.
Robledo aseguró que a pesar de las denuncias de las mujeres sobre los reiterados incumplimientos y la evasión de las obligaciones con el sistema de seguridad social y pagos de parafiscales, el ICBF ha realizado desembolsos a los operadores del PAE, contraviniendo las normas legales y los derechos de las trabajadoras.
Una muestra de cerca de 550 quejas recibidas por la legisladora provenientes de los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras del PAE (2010-2011): "Encontramos quejas y derechos de petición de mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen ningún tipo de prestación social, no reciben dotación, ni cuentan con capacitación, entre otras irregularidades", dijo Robledo.
Adicional a las quejas laborales muchas mujeres y comunidades deben también asumir costos por el transporte, aseo de los restaurantes y servicio de gas para la preparación de los alimentos.
Estos hechos han sido denunciados también por la Contraloría que encontró, entre otros los siguientes hallazgos: "(…) las manipuladoras no tienen contratos firmados, les adeudan pagos, no están afiliadas a la seguridad social, (…) no les han entregado dotación de uniformes (…)"
La parlamentaria aseguró que es inaudito que el ICBF con presupuesto de casi 4 billones de pesos no cuente con los controles suficientes sobre sus operadores para evitar que hechos así sucedan.
A principios de noviembre Robledo adelantó un debate de control político a la Directora del ICBF, Elvira Forero, de quien aseguró sólo se ocupó de contratar y contratar, desconociendo la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables del país.
La parlamentaria ha insistido en que la concentración de recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, y debilita el papel de las 33 regionales.
En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: "No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional".
Las denuncias fueron presentadas por Ángela Robledo en una constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.
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Carta abierta de la Representante Angela Robledo al nuevo Director del ICBF
Doctor
Diego Andrés Molano Aponte
Director General ICBF
La ciudad
Ref.- Saludo de Bienvenida y seguimiento a la gestión del ICBF
Respetado Director,
Reciba usted un saludo especial de bienvenida a la Dirección del ICBF, una Institución tan querida por todos y todas los colombianos, desde cuando fue creada por el Presidente Carlos Lleras Restrepo. Una institución que está soportada en el apoyo de cientos de ciudadanos y ciudadanas y que sentimos como nuestra. Esperamos, por el bien de la Institución y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias, que durante su gestión se cumpla a cabalidad con las obligaciones constitucionales y legales que le han sido asignadas y se logre estar a la altura de los retos que tiene esta institución.
Misión del ICBF según Código de Infancia y Adolescencia
Como usted sabe, doctor Molano, los lineamientos fundamentales de la tarea del ICBF quedaron estipuladas en la llamada Ley Cecilia (Ley 75 de 1968). Ahora bien, las funciones actuales de dicha institución las especifica el artículo 11 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) así:
Artículo 11.- Exigibilidad de los derechos.- Parágrafo: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7/791) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.”
Pero la misión del ICBF se ha perdido, así lo confirma el Informe consolidado de auditoría gubernamental con enfoque integral de la Contraloría General de la República, adelantado en el año 2010 u publicado en Agosto de 20111. El informe señala:
“No existe una política de niños, niñas y adolescentes - NNA que garantice una adecuada atención integral de esta población, solo se asignan recursos (alimentación) a programas independientes que no se articulan para tener una atención integral de los NNA.”
Los recursos públicos más sagrados del país son los recursos del ICBF.
Una de las instituciones estatales con mayores recursos para el año 2012 según el Presupuesto General de la Nación es el ICBF. Para el 2011 cuenta con casi 4 billones de pesos (3,9 billones). De 2011 a 2012 este presupuesto creció un 30%, tres veces más que el presupuesto nacional. Los aportes nacionales al ICBF crecieron en 1.700%. El problema, y es una de las razones de esta carta, señor director, no es que el ICBF tenga esta cantidad de recursos públicos, son necesarios y bienvenidos. El asunto que queremos poner sobre la mesa es cómo se van a invertir dichos recursos: con qué criterios, bajo qué garantías y procedimientos de transparencia se van a ejecutar, teniendo en cuenta que, como es bien sabido, la administración de estos recursos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la ciudadanía en general.
En otras palabras, señor director, qué estrategias se tienen pensadas para garantizar el uso transparente de estos recursos y la garantía que van a atender a las poblaciones y territorios que más necesitan de ellos. Me pregunto si centralizando, concentrando y alimentando presuntos carruseles se va a cumplir con estos objetivos.
El debate del ICBF: un debate sin garantías.
Como ha sido de público conocimiento el pasado 1º de noviembre se llevó a cabo el Debate de Control Político a la ex directora del ICBF denominado “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación”, luego de ser aplazado cinco veces, cuestión del todo anómala en la historia del Congreso. El debate se desarrolló con presencia de las parlamentarias y parlamentarios de la Comisión Séptima, la Contralora General de la República Sandra Morelli, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia Ilva Myriam Hoyos y la ex directora del ICBF Elvira Forero. Dicho debate se desarrolló sin ninguna garantía: no se respetaron los tiempos ni los procedimientos establecidos en la Ley 5ta, también hubo irrespetos hacía las dos citantes del debate, de igual manera, y la ex directora del ICBF no respondió ninguna de las preguntas que se le formularon durante el mismo (Le recomiendo el video del debate en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/vJndAz ).
Doctor Molano, espero que bajo su dirección, el ICBF recobre su sentido y se superen el sinnúmero de irregularidades que se han identificado bajo la administración de la ex Directora Elvira Forero, quien “renunció” al cargo después de la realización del debate de control político “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación” ( Cfr. http://bit.ly/vJndAz ) que hicimos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y de la presentación de los informes de La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que confirman la información que por más de un año veníamos trabajando con mi equipo.
Algunas inquietudes no resueltas en el debate
-Se requiere que el ICBF vuelva a funcionar como sistema de bienestar familiar y social en todo el territorio nacional. Es urgente lograr una gran coordinación con las entidades territoriales, de lo contrario, seguiremos teniendo un Sistema de Bienestar Familiar fallido.
-Sobre la misión perdida del ICBF, está usted ante la oportunidad de re orientar esta entidad para que cumpla la función establecida en el marco normativo colombiano.
-Se requiere, como lo ordena la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar fortalecido en todos y cada uno de los Departamentos y Municipios del país, debidamente articulado en el territorio con toda la institucionalidad del sector social para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el restablecimiento, de acuerdo con los principios de interés superior (art.8), prevalencia de los derechos (art.9) y protección integral consagrados en el Código con el acompañamiento del ICBF, en cabeza de quien se encuentra la Rectoría del Sistema.
-Se requiere de un ICBF transparente del cual nos sintamos orgullosos todos los colombianos. Un ICBF que rinda cuentas, que responda preguntas, que garantice los derechos de las poblaciones que tiene bajo su responsabilidad. Un ICBF que maneje los recursos como recursos sagrados y no como “una piñata”, como ha ocurrido en los últimos años.
-Se requiere que se brinden todas las garantías necesarias para que se adelanten todas y cada una de las investigaciones que se están desarrollando en los diferentes organismos de control y la Fiscalía General de la Nación que permitan concluir en la definición de responsabilidades y las sanciones a que haya lugar.
Teniendo en cuenta las anteriores inquietudes le pregunto:
¿Cuáles serán las medidas que se adoptarán para desarrollar un Sistema de Bienestar Familiar de tal manera que aplique, de manera transparente, el mandato constitucional y legal( Código de Infancia y Adolescencia) con el fin de garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia, la tercera edad y las familias en Colombia?
No podemos tapar el sol con las manos.
Es claro que el ICBF no está en sus mejores épocas. El debate que realicé en la Comisión Séptima y los últimos hechos así lo demuestran, de igual manera las denuncias que recibí de diferentes partes del país y las columnas de opinión y noticias que han publicado los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales, también lo comprueban. Al respecto considero que son fundamentales los siguientes puntos:
-Analizar la responsabilidad que le cabe a la Junta Directiva que ha acompañado los últimos cinco años de la gestión del ICBF la cual no impidió que muchas irregularidades se presentaran:
-346 hallazgos por parte de la Contraloría General de la República.
-Alertas de la Procuraduría General de la Nación como las siguientes “Para esta Procuraduría Delegada no se entiende cómo el ICBF desde el año 2006 contrata para algunos de sus programas con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra la función misional de la Entidad Contratante”.
La pregunta que nos hacemos es ¿se van a producir algunos cambios a raíz de lo ocurrido en la junta directiva?
-¿Qué va a suceder con los supuestos “carruseles de la contratación”?
-Al menos en 2010 uno de cada cuatro pesos de la contratación del Programa de Alimentación Escolar se concentró en un mismo grupo familiar. A su vez, cuando éstos incumplían un contrato la cesión del mismo quedaba, en muchos casos, en manos del mismo grupo empresarial.
-Estas empresas, como lo muestra la Procuraduría, no cumplieron con sus compromisos contractuales. Una cuestión más grave aún, no garantizaron los derechos a la alimentación de las niñas y niños de algunas regiones del país.
-De 2007 a 2009 la contratación con Alma Mater creció en un 2.200% y las contrataciones no responden al objetivo que la misma ex directora el ICBF afirmó públicamente que “Convenios de Alma Mater son para fortalecer los equipos psicosociales con profesionales de las áreas de psicología(7%), nutricionistas(3%) y trabajadores sociales(4%) a las Defensorías de Familia”. Sin embargo, más del 60% de los contratos, según el convenio No. 024 de 2010, son para ingenieros, administradores de empresa y abogados. ¿Qué medidas se van a establecer para subsanar estas irregularidades?
La Organización Internacional de Migraciones contrata con el ICBF a finales de cada año. Esto podría constituirse en una presunta irregularidad. De igual manera, la OIM está asumiendo responsabilidades misionales del ICBF ¿Dadas estas circunstancias, el Instituto qué medidas va a adoptar para evitar este tipo de situaciones a todas luces irregulares?
EL ICBF puede dar una lección de probidad.
Dadas las denuncias, hallazgos de la Contraloría, las evidencias de la Procuraduría y los interrogantes formulados en nuestro debate, queremos preguntarle ¿Qué medidas se aplicarán de tal manera que las pruebas otorgadas en este tiempo no se ocultarán? ¿Qué medidas va a tomar para garantizar que los denunciantes, dentro y fuera del ICBF, puedan aportar pruebas que permitan sanear la Institución que usted dirige, teniendo en cuenta que muchas personas no han denunciado o aportado pruebas por temor a represalias?
¿Dónde quedan los derechos de la niñez indígena en Colombia?
Hay niñ@s indígenas que se están muriendo de hambre. Según datos imprecisos que nos da la ENSIN (un sondeo que se hizo porque no se quiso hacer encuesta) la desnutrición global de l@s niñ@s indígenas del país es la más grave (más del doble del promedio nacional) ¡Esta situación es intolerable! Le preguntamos de nuevo:
¿Se va a aplicar una encuesta, robusta estadísticamente y con todos los criterios técnicos, que permita analizar rigurosamente la situación de desnutrición de la población indígena del país y en especial de l@s niñ@s, sin importar qué tan dispersa esté esta población por todo el territorio colombiano?
¿Qué acciones de política pública focalizada se piensan tomar para mejorar esta situación de esta población?
Las niñas y niños indígenas han sido y siguen siendo víctimas de una guerra centenaria, que hoy en día los tiene en el límite de su extinción.
Señor director estamos ante la oportunidad de transformar el ICBF y reorientar tan querida Institución de tal manera que cumpla su misión y su mandato legal. Estamos ante la oportunidad de garantizar cabalmente los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mayores de edad, y las familias de este país.
Si hay políticas transparentes e incluyentes a favor de este objetivo, no dude que las vamos a respaldar.
Quedo atenta a su respuesta.
Cordial saludo,
Ángela Robledo
Representante a la Cámara
www.angelarobledo.com
@angelamrobledo en Twitter
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Angela Robledo e Iván Cepeda denuncian violación de mujeres en María La Baja, Bolívar
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda denunciaron la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.
En un comunicado los parlamentarios dijeron que: "Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres".
Los congresistas exigieron al Gobierno Nacional reglamentar de manera inmediata la Ley 1257 de 2008 y destinar los recursos suficientes para poder en marcha políticas públicas dirigidas a las mujeres.
Robledo y Cepeda saludaron el 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que reúne por estos días en Bogotá a unas 1500 mujeres de América Latina y convocaron a la movilización de esta tarde para exigir la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
VER COMUNICADO COMPLETO
30 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Este año se cumplen tres décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la No violencia Contra las Mujeres.
En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de 2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados), presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.
De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes quien participó en el debate de control político que realizamos en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto, quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.
Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad
Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a que reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública de equidad de género para las mujeres
Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual ha tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre y autónoma para las mujeres en la región.
Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.
Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este 25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de Bogotá
Bogotá, 25 de noviembre de 2011
ANGELA MARÍA ROBLEDO
IVÁN CEPEDA CASTRO
Margarita Sarmiento/ 3202343806
Prensa - Angela Robledo
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Angela Robledo entregó a los organismos de control los documentos sobre presunto carrusel de la contratación en el ICBF
La Representante Ángela Robledo envió copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF.
El envío de la información se da justo después del debate de control político que la parlamentaria Robledo le hizo el 1 de noviembre de 2011 a la entonces Directora del ICBF, quien tres días después renunció a su cargo.
La Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Economía Solidaria deberán ahora analizar la información y tomar las medidas que correspondan.
“Por cuenta de la gestión de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión. Hago entrega a las autoridades de la información y de las quejas que he recogido desde hace más de un año sobre presuntas irregularidades en el Instituto para que se investigue a fondo, se hallen responsabilidades y, lo que es más importante, se garanticen y restablezcan los derechos de los niños y las familias más pobres del país”, concluyó Ángela Robledo.
DESCARGUE AQUI UNA DE LAS CARTAS ENVIADAS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.
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Tres días después de este Debate de Control Político, la Directora del ICBF presentó su carta de renuncia.
Haz clic aquí para ver el video del Debate de control político de la Representante Angela Robledo a la Directora del ICBF. Tres días después de este debate, Elvira Forero presentó su carta de renuncia.
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Directora convirtió al ICBF en un “monstruo” contratista, dice Ángela Robledo
Estas son las principales conclusiones de las presuntas irregularidades encontradas por la Representante Ángela Robledo en la investigación sobre el ICBF para un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. (Vea el comunicado completo con videos haciendo clic aquí)
La Representante a la Cámara, Ángela Robledo pidió a la Directora del ICBF renunciar a su cargo debido a su incapacidad para fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en cambio, converitirlo en un “monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar mientras que la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”.
Elvira Forero llegó al ICBF de la mano del ex presidente Álvaro Uribe en 2006 y su gestión, que la Procuraduría califica de desfavorable y la Contraloría evalúa de ineficiente, se ocupó de duplicar y concentrar 80% de un presupuesto que hoy llega a los casi 4 billones de pesos (3.9 billones).
Es decir, que Forero decide directamente sobre 3 billones y medio destinados a “alimentar” una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades que van en contravía de los principios de transparencia y probidad impulsados desde el gobierno Santos.
Mientras Forero opina que ha mejorado la gestión disminuyendo los procesos contractuales (pasó de unos 150 programas a 12 proyectos concentrados), Robledo denuncia que esta concentración de los recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, debilita el papel de sus 33 regionales (Las alcaldías y las regiones no tienen ninguna incidencia en esta institución, en términos de presupuesto y aplicación de políticas públicas). Es decir, que la descentralización que promueve la Constitución Nacional no se aplica, y lo que es más grave, la garantía de derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, se ve seriamente afectada.
A cuenta de la “gestión empresarial a gran escala” de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión de garantizar y restablecer los derechos de las familias más pobres del país. Los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos en mayor situación de vunerabilidad, van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Cooperativa Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros.
El Grupo Torrado ¿Un carrusel nacional de alimentos?
El Grupo Torrado (Cooperativa de Trabajo Asociado –COOPROSPERAR-, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva SurColombiana de Inversiones, Alfaba, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales –Empsenal- y Fundeal, entre otras. COOPROSPERAR y EMPSENAL comparten bodega en Santander) monopolizó la contratación de los programas alimentarios dirigidos a niños y viejos pobres que atiende el ICBF en todo el país: Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PNAAM). Entre 2006 y 2011 los contratos con empresas de este Grupo, ascendieron a 81 mil 700 millones.
El Grupo Torrado de 2006 a 2011 en estos dos programas PAE y PNAAM obtuvo casi 82 mil millones de pesos (81.711 millones de pesos) del ICBF, sin contar los recursos de cofinanciación. En promedio de 2009 a 2011 el PAE tuvo 26% de los contratos por concesión y uniones temporales. Es decir, 1 de cada 4 pesos de los consorcios y uniones temporales contratados por el ICBF de 2009 a 2011 se fueron al Grupo Torrado. El total de este tipo de contratos en este período fue de 191 mil millones, o sea, se contrató con éstos un total 49 mil millones de pesos.
Para el caso del programa PNAAM, en el 2009 uno de cada tres pesos se fueron de nuevo al Grupo Torrado (38%). Vale la pena destacar que en el 2006 obtuvieron el 92% de los recursos de los contratos por concesión y uniones temporales.
También ganan por la vía de la contratación directa: en el 2010 el Grupo Torrado concentró, por medio de contratación directa, 1 de cada tres pesos del PNAAM. Es decir, 4.200 millones de un total de 12.000 millones de pesos.
De acuerdo con información reportada por el ICBF, COOPROSPERAR contrató directamente unos 56 mil millones en los últimos 4 años en todo el país; Según la Procuraduría, a pesar de múltiples irregularidades en sus servicios firmó 11 contratos de manera directa para PNAAM, en el último año (Diciembre de 2010 y enero de 2011).
Es de público conocimiento que el Grupo Torrado estuvo involucrado también en el carrusel de la contratación de Bogotá y que contrató con la Secretaría de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones, pese a sus múltiples incumplimientos y mala calificación por parte de la Contraloría. Se sabe también que son empresas vinculadas con familiares de los dirigentes del Partido de la U, Efraín y Edgar Torrado García y que su manejo corre por cuenta de los sobrinos Torrado quienes controlan 52% del capital social de la empresa: René Torrado, Andrés Jiménez Torrado y Alexander Torrado que figura con distintos cargos y responsabilidades en las múltiples empresas del Grupo.
Es preocupante, según Robledo, que los políticos relacionados estén involucrados en “hacer empresa” cuando de recursos públicos se trata, lo cual podría ser considerado como tráfico de influencias. Contrario opina Álvaro Uribe quien en un homenaje al Senador Torrado anunció que: “No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia”. Es aún más preocupante el modo como operan estos consorcios y uniones temporales que además de presentarse varias de ellas para una misma convocatoria, incumplen los contratos, se los ceden entre ellos mismos, evitan sanciones, siguen contratando y atentan contra la garantía de los derechos de los más pobres. Y más preocupante aún que el ICBF no tenga establecidos controles para tal fin y no pase nada de nada.
Los programas PAE y PNAAM dirigidos a solucionar la problemática de hambre en el país focalizados en niños y viejos de los niveles 1y 2 de Sisben, pertenecientes a poblaciones indígenas y desplazadas presentan un sinnúmero de irregularidades desde la concepción y planeación, pasando por la contratación y la implementación de los mismos, hasta su impacto. Unos 5 millones de niños en Colombia (50%) no reciben nutrición adecuada debido a las trampas en el sistema de contratación y a la negligencia, ineficiencia e inoperancia de la dirección general del ICBF.
Son innumerables y de diversa índole las quejas que Ángela Robledo ha recibido desde todos los rincones del país sobre la calidad, la cantidad, cobertura y la oportunidad de los alimentos que contrata directamente, la Directora del ICBF, Elvira Forero, en particular con el Grupo Torrado y que coinciden con los hallazgos de los entes de control: menores cantidades de alimentos a los estipulados, alimentos muy maduros, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y que no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes, establecidos en minutas.
Es frecuente que roten la distribución, se habla en algunos lugares del pico y placa en los comedores y muchos niños y viejos se queden sin el alimento en determinados sitios, pero se dice que se cobran los cupos completos. No se llevan controles, ni registros de las entregas, la información al respecto es totalmente deficiente.
En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “Es motivo de preocupación las presuntas inconsistencias respecto a los contratos de Alimentación Escolar (PAE) y de Adulto Mayor (PNAAM) porque se ha podido poner en riesgo derechos fundamentales a la salud alimentaria y, por ende, a la vida de niños y adultos mayores beneficiarios. De acuerdo con el ente de control: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”.
Ríos de leche y galletas
El monopolio de la alimentación en el ICBF no se agota en el Grupo Torrado. Para atender el Programa Desayunos Infantiles con Amor (DIA), dirigido a niños entre 6 meses y 6 años, se contrató a la Cooperativa Colanta, una pujante empresa antioqueña que se “trasladó” con planta y todo a la sabana de Bogotá para realizar una “acción social” a favor de los niñ@s pobres del país.
Colanta arrancó su planta en Funza (Cundinamarca) de la mano del proyecto piloto del programa DIA con 78 mil niños (2002); cobertura que alcanza 1 millon 800 mil beneficiarios (2010) y que ha reportado ingresos cercanos a los 30 mil millones de pesos por año en un negocio que no parecía muy próspero .
Un ejemplo: En 2005 el ICBF ordenó la apertura de la licitación pública ICBF-SN-02-05, con el objeto de “Seleccionar propuestas para contratar el servicio de alimentación consistente en el suministro del complemento alimentario de desayunos infantiles”. Allí se evidencian unos términos de referencia que al parecer facilitan la prestación del suministro al contratista y que además, parecería los favorecen económicamente.
No se explica cómo el portal único de contratación SEGOB señala que la cuantía inicial de contratación fue de 26,468,729,454, que la cuantía que se contrató fue de 50.352.644.000 y que se realizara una adición (a los 4 meses) por un valor de 26.418.376.810, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve mil seiscientos veinte pesos (2.484.109.600) más de lo permitido por la ley, ya que según La ley 80 del 93 solo: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.
¿Nos podríamos imaginar lo que significaría que todos los niñ@s en Colombia desayunaran todos los días, durante sus primeros seis años de vida, con leche y “galletas fortificadas, privilegiando además a un proveedor como Colanta?
Preocupa que el ICBF deje de lado la posibilidad de fomentar la seguridad alimentaria y la promoción de la producción y el consumos local para favorecer monopolios a gran escala que según señala la Contraloría no cumplen con los lineamientos en relación a la edad de los niños y cuya gestión se califica de ineficiente y antieconómica en algunas ocasiones. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que niñ@s en condición de extrema pobreza no puedan contar con una alimentación variada y enriquecida para sus primeros años de vida?
Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?
Otra de las irregularidades que presenta el ICBF es la enorme contratación de profesionales a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, investigada también por los organismos de control.
La directora del ICBF, teniendo una planta de 5.100 funcionarios, contrató (entre 2007 y 2011) 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá 4.108 (55%) de estos contratistas.
A pesar de que la directora del ICBF ha expresado en diversos medios de comunicación que la contratación de estos profesionales está dirigida a fortalecer los equipos psicosociales de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, se constató, mediante análisis del convenio 024 de 2010 que el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros (36.6%), abogados (17%) y administradores de empresas (9%), con contratos muy cortos que por ende no generan procesos. Tampoco son claros los criterios de remuneración con los cuales se les contrata.
El ICBF suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223). El 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se firmaron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.
La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y además, señalo que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública y podría configurar fraccionamiento de contratos.
La Procuraduría señaló también que podría tratarse de una nómina paralela puesto que los contratistas cumplen funciones misionales, en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter podrían ser irregulares. Señaló también que la vinculación de personas para actividades misionales implica que la institución maneja recursos públicos y puede configurar un presunto detrimento, al tiempo que viola los principios de transparencia.
OIM ¿La caja menor de la Directora del ICBF?
La Organización Internacional para la Migraciones –OIM- ha suscrito con el ICBF unos 32 convenios por un valor aproximado a los 300 mil millones (2006 y 2011), casi todos estos convenios fueron firmados en el mes de diciembre que es cuando las entidades realizan el cierre contable y presupuestal. Llama la atención que siendo la OIM un organismo internacional dirigido a atender poblaciones en situación de desplazamiento, migraciones forzadas y reclutamiento entre otras, al revisar algunos convenios de 2009-2010 se encontró que los objetos definidos no tienen nada que ver con su mandato: Construcción de un hogar en Tumaco; construcción y adecuación de una sede educativa; adquisición de elementos de dotación para la primera infancia; diagnósticos a hogares infantiles; son algunos de los reportes investigados por la Procuraduría. Vale la pena recordar que la sede de la OIM en Colombia es la más grande del mundo ¿Tendrá esto algo que ver con los convenios con el ICBF?
Estas denuncias fueron preparadas por Ángela Robledo para un debate de control político a la directora del ICBF, solicitado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desde julio pasado y aplazado en 5 oportunidades por razones que aún desconocemos.
LEA AQUI LA COLUMNA DEL PERIODISTA DANIEL CORONELL SOBRE EL CARRUSEL TORRADO.
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El carrusel Torrado
La representante Ángela María Robledo es una de las pocas personas rescatables de las cenizas del llamado Partido Verde. Ella, junto con su equipo, ha trabajado durante meses para descubrir las irregularidades que están devorando al Bienestar Familiar. La administración de la inamovible directora Elvira Forero está beneficiando a una poderosa familia de políticos, con millonarias contrataciones.
Los favorecidos son miembros de la familia del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado. Dos prósperos dirigentes cuyos nombres aparecen en los documentos de conformación de algunas de las empresas del grupo. Ellos dicen que -preciso ahora que les está yendo tan bien- no tienen relación alguna con el gigantesco contratista.
El Grupo Torrado ha recibido uno de cada cuatro pesos que Bienestar ha contratado con consorcios y uniones temporales en los últimos dos años. A través de dos programas de alimentación, el ICBF les ha entregado 81.000 millones de pesos a empresas o consorcios en los que tiene intereses la familia.
Como si fuera poco, en 2010 los Torrado concentraron uno de cada tres pesos adjudicados por contratación directa por el ICBF en convenios para alimentación de adultos mayores.
Entre las empresas licitantes que giran en la órbita de los Torrado están Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal) y Alfaba.
Sin embargo, lo alarmante no es la inusitada concentración de recursos públicos en un pulpo contratista. Lo más grave es que existen pruebas de reiterados incumplimientos de esas empresas sin que les suceda nada. Como si los hubiera tocado un hada madrina para librarlos de las consecuencias legales.
La Contraloría y la Procuraduría han encontrado que contratos ejecutados por empresas del Grupo Torrado han incumplido con el objeto para el cual les pagaron con dineros públicos. Sin que esto les haya traído consecuencia alguna.
Por ejemplo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia encontró informes de auditoría que señalan graves fallas de higiene en el suministro de alimentos a personas mayores. No obstante, el ICBF autorizó el pago de los servicios como si los hubiesen prestado normalmente.
"No se entiende por parte de esta Procuraduría Delegada por qué se certifica cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones contraídas sin haberse adoptado por parte de la entidad contratante los correctivos pertinentes, lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".
Los Torrado ganan y ganan contratos para atender los programas de Bienestar en varios departamentos de Colombia, sin que las quejas de los usuarios merezcan atención.
Ana Mariela Silva, madre de familia del Colegio Metropolitano del Sur en Santander, denunció que los niños reciben alimentos descompuestos: "Carne molida con grandes cantidades de sebo; piña, cebolla, pimentón, papa, auyama y maduro en estado de putrefacción; salchichas sin marca y sin registro Invima (…) estos desayunos a la vista se hacen para favorecer al contratista y no garantizan un desayuno digno para los niños".
En este billonario carrusel, los contratistas han encontrado la forma de incumplir, quedarse con la plata y burlar la caducidad. Cuando es evidente el incumplimiento, ceden el contrato a otra empresa del mismo grupo. Así pasó con Nutricol, consorcio del cual hace parte Cooprosperar, fundada por los hermanos Torrado, que con autorización de Bienestar le cedió un contrato no cumplido en Cundinamarca a Nutrialianza, de la cual es miembro Epsenal. Esas cooperativas son tan cercanas que operan en la misma bodega de Santander.
Esas y otras pruebas tiene Ángela María Robledo, a quien alguien poderoso le viene aplazando su debate de control político a la directora del ICBF. Vamos a ver si finalmente esta semana dejan hablar a la congresista que ha investigado el caso.
Escrito por Daniel Coronell para la Revista Semana
http://www.semana.com/opinion/carrusel-torrado/166538-3.aspx
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Castigar, castigar y castigar
Hace muchos años me desvela la pregunta por el sentido del castigo en sociedades marcadas por la desigualdad, nuestro país resulta ser campeona en estas lides, distintas investigaciones muestran que somos el cuarto país más desigual del mundo. Comparto lo planteado por el profesor Roberto Gargarella, quien señala que cuando vivimos en sociedades altamente desiguales, corremos el riesgo que el aparato coercitivo del Estado se use "para mantener un estado de cosas injustificado que de manera sistemática beneficia a unos y perjudica a otros, en especial a aquellos que viven en condiciones de pobreza y exclusión". Por ello me resulta inadmisible que en Colombia se proponga como salida a múltiples problemas sociales, un aumento desmesurado de penas y la privación de libertad en cárceles en las cuales campea la corrupción, el delito y el inhumano hacinamiento. Esto resulta a toda luces no solo ineficiente, sino inmoral.
Muchos expertos señalan que el camino es revisar y plantear soluciones de fondo a las causas estructurales de la fragilidad social, de la falta de alternativas y de oportunidades para el grueso de la población. Ello es particularmente válido para nuestros adolescentes y jóvenes quienes viven su presente y encarnan la esperanza de un futuro que debería ser vivido en condiciones de dignidad, como lo establece nuestra Constitución.
En julio de 2010, cuando llegué por primera vez a la Cámara de Representantes, me propuse trabajar desde una perspectiva que he denominado Pedagogía Legislativa y Política, convencida que desde el Congreso se emiten un sinnúmero de leyes, las cuales en su mayoría son poco conocidas por la ciudadanía. Contribuir a la comprensión de algunas de estas leyes, las relacionadas con el cuidado de la vida, ha sido una de las tareas a las cuales me he dedicado de manera especial.
Sumado a lo anterior, durante este tiempo me ha llamado poderosamente la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad.
Durante este período legislativo se han tramitado dieciséis proyectos de ley en este sentido, en algunos de ellos se pide cárcel o aumento de penas para la discriminación racial; para los delitos contra las niñas y los niños en el marco del conflicto armado; para quienes vendan licores a menores de edad; cárcel para adolescentes en conflicto con la ley; para quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito; para quienes hacen uso indebido de la Internet y las redes sociales; para quienes vendan, distribuyan y comercialicen licor adulterado; cárcel para el porte de armas blancas; para el porte ilegal de armas de fuego; para quienes no cumplan con sus responsabilidades de asistencia alimentaria a los adultos mayores; para quienes incurran en narcoturismo; para quienes causen sufrimiento o muerte al oso de anteojos y también para quienes causen tratos crueles y tortura a los animales. ¡Todos para la cárcel!
Como bien lo decía Rodrigo Uprimny "La violencia y la criminalidad, con altas dosis de impunidad, llevan al desespero y son terreno fértil para propuestas de endurecimiento punitivo". Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros múltiples problemas es atractivo y bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal Vivianne Morales y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente.
La lista de los problemas de las cárceles en nuestro país es tan larga como las iniciativas de penalización: corrupción, hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, mala alimentación, tráfico de armas, prostitución, etc. Además de esto, la infraestructura está en crisis: 144 cárceles en el país, albergan 93 mil reclusos.
Frente al fracaso del sistema carcelario, no solo en Colombia sino en el mundo entero, las sociedades enfrentamos enormes retos para frenar las prácticas de injusticia penal. Quienes están tras las rejas, en muchas ocasiones, son los más excluidos. Es urgente entonces fortalecer los vínculos entre política criminal y política social. Políticas que en nuestro país han sido totalmente precarias.
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¿Quién engaña a quién?, pregunta Angela Robledo a propósito de la Educación
Al proyecto de Reforma a la Ley 30 le falta legitimidad, no toca los verdaderos problemas de la educación. Dicen que no hay plata. Eso es un cuento: la plata se está invirtiendo en la guerra y en la minería. ¿Más empleo? Colombia es el país de América Latina con los más altos índices de desempleo. Nos dicen "no te dejes engañar". ¿Quién engaña a quién?
VEA EL VIDEO DE ANGELA ROBLEDO HACIENDO
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Representante Angela Robledo vuelve a rendir cuentas
Me niego: Uribe no.
Cuando Antanas Mockus tomó la decisión de renunciar al Partido Verde, el senador John Sudarsky y yo, Angela Robledo, decidimos quedarnos para cumplir con el mandato ciudadano de quienes votaron por nosotros. Hoy somos parte del disenso, de esa voz excluida pero contundente que jamás va a estar de acuerdo con aliarse y compartir tarima con Álvaro Uribe.
Luego de no ser escuchados en la Dirección Nacional; de no ser convocados a la reunión donde se decidió la realización del Congreso del Partido; de no haber recibido la agenda oficial del evento; de no haber sido consultados de la decisión de entrar a la Unidad Nacional; luego de no recibir respuesta a nuestras cartas y solicitudes, decidimos hacer un acto de resistencia simbólica y portar una camiseta negra con la foto de las correrías de las directivas del Partido Verde acompañadas por el ex presidente Alvaro Uribe. Indignados, dijimos: ¡Me niego! ¡Uribe NO! No consultamos ningún manual de urbanidad. Fue un acto político de indignación que nos valió a Sudarsky y a mí un fuerte llamado de atención del Veedor del Partido, quien sorprendentemente se pronunció, luego de haber guardado silencio tanto tiempo frente a múltiples irregularidades.
Sigo asistiendo las actividades locales de líderes y lideresas verdes. Participé en un encuentro con jóvenes de Bogotá y he acompañado y apoyado candidatos a nivel regional: Gonzalo Guarín, candidato a la Gobernación de Boyacá; Sergio Fajardo, candidato a la Gobernación de Antioquia; Juan Guillermo Restrepo, candidato a la Asamblea de Atlántico; Sofi Ospina, candidata al Concejo de Cali, entre otros.
Me quedé en el Partido Verde para defender los principios que juré cumplir y no pienso renunciar. Ejercer mi derecho al disenso es una tarea difícil pero necesaria. No me voy a dejar silenciar: frente a las prácticas de silenciamiento, la resistencia. Ver más.
Se hundió el Referendo de Cadena Perpetua
En alianza con el Representante Germán Navas Talero y la Comisión Asesora de Política Criminal, creada por el Ministerio del Interior, logré abrir un debate juicioso sobre las implicaciones para la justicia colombiana y la Constitución de 1991 de este referendo, que se hundió en la Comisión Primera. Ir en contra de este proyecto se interpretó, de manera injusta, afirmando que se apoyaba a los violadores. Estando plenamente de acuerdo con los fines del referendo, como lo son la protección de los derechos de nuestros niñ@s, me declaré contraria a la iniciativa, que además de inconstitucional e innecesaria (por cuanto en el Código Penal ya se establece una pena de hasta 60 años para los violadores), afectaba el concepto de dignidad humana. No son las sanciones desproporcionadas e inconstitucionales, sino el temor a un pronto y efectivo castigo (garantía de no impunidad), sumado a políticas de educación y resocialización, las que nos permitirán ir liberando a nuestra sociedad de tan intolerables delitos. Ver más.
Haré Debate de Control Político a la Directora del ICBF
Desde julio de 2010 he seguido atentamente el desarrollo de las políticas del ICBF. En julio 21 de 2011 propuse en la Comisión Séptima un debate de control político sobre el cumplimiento de la misión del ICBF, debate que han aplazado cinco veces. ¡Cinco veces! Sin embargo, he alertado a la opinión pública y a las autoridades sobre un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF. En un informe de la Contraloría, la gestión de la Directora del Instituto fue calificada como “DESFAVORABLE”. El ICBF, a pesar de ser una de las entidades del Estado que más recursos maneja (casi 4 billones de pesos para el 2012), no logra ni siquiera evitar las condiciones de desnutrición de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como son los niños pobres e indígenas. Espero que nuestro debate se realice a principios de noviembre. Ver más.
¿Penalización del aborto en todos los casos?
Frente a la penalización del aborto en los tres casos que avaló la Corte, proyecto de ley que acaba de hundirse, he denunciado que pese a lo establecido por la Corte Constitucional frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan este derecho, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta contra la salud y la vida de las mujeres y va en contravía de la normatividad vigente. Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, pero el Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar acudiendo a argumentos religiosos. Como afirma el sacerdote jesuita Carlos Novoa, “El problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie”. En defensa de los derechos humanos de las mujeres y de nuestra condición de Estado Laico, me opuse a esta iniciativa de penalización del aborto en los tres casos contemplados en la ley. Ver más.
Función Legislativa
En el Congreso, durante este último trimestre fui ponente de 6 proyectos de ley y dejé 6 constancias sobre los siguientes temas:
1) En protesta por muerte de niños indígenas en situación de desnutrición. 2) Parece que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar. 3) Tercer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia. 4) Constancia con motivo de la citación de la Procuradora, Ilva Myriam Hoyos, a la Comisión Séptima. 5)Hablar de Paz en tiempos de guerra. 6) No más violencia sexual contra las mujeres. Ver Proyectos de Ley / Ver Constancias
Sobre la Reforma a la Educación Superior
Acompaño a los miles de jóvenes que se movilizan en contra de la privatización de la educación superior, al tiempo que llamo a que las protestas se hagan de manera pacífica y argumentada. Este trimestre he seguido dialogando con estudiantes universitarios y rectores para promover y divulgar las conclusiones del debate de control político que le hice a la Ministra de Educación y el Foro que realizamos en el semestre anterior sobre este tema.
1) La universidad es un motor de desarrollo y paz; no debe ser un privilegio, ni un negocio ni un lugar para el intercambio de mercancías. 2) Con el proyecto de Reforma a la Educación Superior, existe el riesgo de que se privatice la calidad de la educación superior. 3) No puede existir una brecha entre la educación pública y la educación privada. 4) Se requiere que los estudiantes realmente puedan disponer de posibilidades para financiar sus estudios. 5) Es fundamental vincular el desarrollo del país con el desarrollo de políticas de educación de calidad en todos sus niveles. 6)Intentar aplicar la lógica del mercado al derecho a la educación universal, es dinamitar el sentido de la universidad. Ver más.
Apuntes Políticos
-El semestre pasado realizamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este trimestre emprendimos la tarea de visibilizar el impacto del conflicto en los cuerpos y las vidas de las mujeres y estamos trabajando de la mano de periodistas y medios de comunicación para poner el tema en la agenda pública. También enviamos una comunicación a la Fiscal General de la Nación y nos reunimos con la Alta Consejera Presidencial para Asuntos de la Mujer, con el fin de llamar la atención sobre la urgencia de desarrollar políticas al respecto. Ver más.
-Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz e integrante de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, intervine en eventos donde se proponen salidas al conflicto colombiano y promoví la participación política de las mujeres.
-Motivé la realización de un encuentro que permitiera avanzar en la implementación de la Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se incluye la economía del cuidado (trabajo doméstico) en el sistema de cuentas nacionales con el propósito de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y constituirse en una herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Ver más.
*Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas sobre nuestro trabajo de Pedagogía Legislativa y Política entre junio y septiembre 2011.
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No pasemos de un Estado Laico con lógica constitucional a una dictadura del Santo Oficio
Ángela Robledo, Representante a la Cámara, denunció que pese a lo establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006) frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan el acceso de las mujeres a este derecho fundamental, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta, en muchas ocasiones, contra la salud y la vida de las mujeres, va en contravía de la normatividad y niega sus derechos sexuales y reproductivos.
“La objeción de conciencia institucional es un sinsentido conceptual, inconstitucional y una postura irresponsable, y, la objeción de conciencia frente al interrupción voluntaria del embarazo es una postura discutible moralmente y cuestionable en términos políticos, pues desconoce un fallo constitucional y niega tajantemente los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres”, enfatizó la parlamentara
“El Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar con el rosario como guía política y legislativa, y, de esa manera, obstaculizar la aplicación de normas públicas y legales por creencias religiosas individuales”.
“Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, moral y constitucionalmente hablando. En especial, las creencias religiosas de los funcionarios públicos son respetables y legítimas. Sin embargo, si se trata de generar políticas públicas y transformar las normas formales a partir de esas creencias religiosas esa intención sí es criticable. Pretender que los principios de la religión católica guíen la política y las leyes de un Estado es, por decir lo menos, pretender gobernar con una lógica medieval y abandonar la modernidad y el Estado laico que tantos avances ha tenido en la historia de la humanidad. En sentido estricto, es pasar de una racionalidad constitucional a una dictadura del Santo Oficio”, dijo.
La congresista argumentó que la objeción de conciencia como lo indica su nombre sólo se reconoce a personas naturales “con conciencia” y no a instituciones estatales o personas jurídicas que se rigen por normas y reglas. Por lo tanto no es posible tener clínicas, hospitales, centros de salud, ni públicos ni privados, que presenten objeción de conciencia frente a la práctica de un aborto en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.
Ángela Robledo dijo que no se trata de una mera discusión filosófica o jurídica: “Este tipo de argumentaciones tiene implicaciones prácticas en la vida, la salud y la autonomía y dignidad de las mujeres. No es sólo un asunto de creencias, es un asunto que tiene repercusiones prácticas de los más altos calibres vitales que pasa por una asimetría de poderes en una cultura patriarcal e incide directamente en la democracia".
"Qué mala costumbre la de Colombia en hacer avances mínimos en derechos y libertades, e intentar dar tres pasos atrás inmediatamente”, aseguró Robledo frente a las iniciativas que están en trámite en el Congreso para penalizar el aborto y retroceder los avances de la Corte Constitucional.
Robledo se distanció enfáticamente de la postura del Senador José Darío Salazar del Partido Conservador, quien propuso que las mujeres violadas dieran sus hijos en adopción: “Las mujeres no somos máquinas de parir hijos. No somos un medio para procrear. Somos personas, con fines propios que los deliberamos autónomamente y los decidimos sin imposiciones externas, ejerciendo nuestros derechos reconocidos en el orden constitucional”.
Síganos en Twitter: @angelamrobledo
Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806
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Ángela Robledo y John Sudarsky responden al llamado de atención del Veedor del Partido Verde
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Angela Robledo protestó por muerte de niños indígenas, por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF
Ángela Robledo sentó nuevamente su voz de protesta en contra del olvido y la exclusión a que el país tiene sometida a la niñez indígena por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF.
“La muerte de los niños indígenas en Puerto Gaitán nos conmovió a todos. Resulta intolerable y debería ser impensable que frente a un presupuesto de casi cuatro billones de pesos, el ICBF no haga nada”, enfatizó la parlamentaria.
Robledo dijo que “La desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país”, según la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010) realizada por Profamilia y contratada por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con la ENSIN los departamentos que tienen un mayor número de niños desnutridos son La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%), regiones que tienen una alta población indígena. Es de anotar que el promedio nacional es de 3,4%.
“Estas poblaciones indígenas, a las que se le debería garantizar todos los derechos, de manera prioritaria y privilegiada, son las más pobres y desnutridas de este país”, afirmó la Representante.
La congresista dijo que la situación de Puerto Gaitán es la expresión de una realidad dramática que viven las niñas y niños que están bajo las condiciones más vulnerables en Colombia: poblaciones indígenas, niñas y niños con SISBEN 1 y 2, niñas y niños desplazados por el conflicto armado.
“Elvira Forero, Directora del ICBF, está convencida que a punta de leche y galletas durante 1.500 días se solucionan los problemas de desnutrición de los niños pobres del país, desconociendo las dinámicas locales y culturales”, dijo Robledo.
“Me gustaría que la Directora del ICBF le explicara al país cómo su programa estrella, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que invirtió 480 mil millones (2010) y que debe priorizar a las poblaciones indígenas y más pobres, obtiene estos indicadores tan críticos”, dijo Robledo.
La parlamentaria dijo que la Comisión Séptima de la Cámara le ha cancelado en cinco oportunidades un debate de control político a la Directora del ICBF, debate que Robledo viene preparando hace casi un año sobre el cumplimiento constitucional de la misión que se le ha encargado al ICBF en el Artículo 44 de la Constitución.
(Clic aquí para descargar la constancia presentada en el Congreso de la República).
Clic aquí para ver video de la intervención de la Representante Angela Robledo.
www.angelarobledo.com
@angelamrobledo en Twitter
Información Prensa: 320-2343806
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Juan Sebastián Restrepo Ramírez:
Doctora Angela, la sigo por su coherencia entre la ideologia y el ser, estoy de acuerdo con darle mas sensibilidad al tema del ICBF una gran empresa, para no decir más (por ahora).
ME NIEGO
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"La muerte de niños por desnutrición no se evita con leches y galletas, como lo intenta el ICBF", dijo Angela Robledo
La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante a la Cámara Ángela María Robledo. ICBF en el Meta responde.
Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en el Chocó.
Robledo se preguntó cuál es la verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad.
La parlamentaria recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.
"En agosto de 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en el Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.
No obstante, la congresista dijo que el Viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".
Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y mestizos.
Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".
"La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, el Chocó y el Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.
Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por micro regiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea".
De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se manejen de manera local. El ICBF tiene 500 mil millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan la gestión local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.
Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".
ICBF responde
Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional del Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó.
Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.
A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de Unicef, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.
Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre de 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).
Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.
La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió.
Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".
Por su parte, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".
Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en el Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre a la población indígena y a los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.
Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en el orden zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".
Por: SEMANA.COM
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Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?, pregunta Ángela Robledo
La Representante a la Cámara Ángela Robledo alertó nuevamente a los organismos de control para que revisen con especial cuidado la enorme contratación de profesionales por parte del ICBF a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, y hagan los correctivos del caso en unos procesos que a todas luces resultan irregulares.
“La directora del ICBF contrató 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá (55%) 4.108 de estos contratistas”, dijo la parlamentaria.
Robledo aseguró que si bien es muy importante generar empleo esa no es la misión ni el propósito del ICBF, institución que cuenta en su planta de personal con 5.100 funcionarios de todas las especialidades.
A pesar de que la directora del ICBF aseguró que la contratación de profesionales está dirigida a fortalecer los equipos interdisciplinarios de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, Robledo constató que “el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros, abogados y administradores de empresas, en unos contratos muy cortos que no generan procesos y contribuyen a una mayor precarización del empleo en el país”.
“El ICBF, por ejemplo, suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223), el 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se suscribieron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.¿Será que unos equipos se pueden fortalecer de está manera?”, se pregunta la congresista.
Sobre la contratación de ICBF con Alma Máter la Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública. La Procuraduría dijo que podría tratarse de una nómina paralela en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter son irregulares.
Pese a que Elvira Forero ha dicho que está dispuesta a “aclarar, aclarar y aclarar”, el debate de control político solicitado por Ángela Robledo se ha postergado en cuatro oportunidades en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: “Acaban de pasarlo del 28 de septiembre al 5 de octubre. Solicité este debate desde el 26 de julio como consta en la proposición radicada en la Comisión y cada vez que está agendado lo cambian”, aseguró la parlamentaria.
Robledo, que adelantó un debate en julio del año pasado a la directora del ICBF sobre su negligenca en la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y que lleva un año haciendo seguimiento al desarrollo de programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes, aseguró que los informes de los entes de control recogen las múltiples inquietudes que ella ha venido denunciando: “Coincido con la Procuraduría y la Contraloría en que Elvira Forero tiene la obligación de explicarle al país las múltiples irregularidades en que ha estado involucrado el Instituto por cuenta de una gestión que ha sido a todas luces DESFAVORABLE a la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables y muy rentable para determinados grupos de contratistas”.
Robledo puntualizó que ya es hora de que “El presidente Santos ponga la urna de cristal en el ICBF y se oriente su misión a la protección de los derechos humanos de las familias más pobres”.
Síguenos en Twitter @angelamrobledo
Información Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806
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Aleli Montoya:
Buen dia, referente a este tema de contratacion puedo decir que efectivamente mas de la mitad de la nomina de ICBF son contratistas, que los contratistas de Almamater q estan ubicados en la Sede Nacional (Av 68 con 68) son profesionales no de equipos interdisciplinarios como Psicologia , trabajo Social o nutricion sino que son Admiistradores , Ingenieros entre otras profesiones y que estos contratistas y en esta Sede son los que devengan, no solo por el tipo y cuantia del contrato sino por la cantidad de viajes fuera de Bogota que es ecesario que realicen a nivel pais, asi que un contratista almamater contratado con $5.000.000 puede viaticar entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales adicionales a su sueldo mensual. Mientras que los contratistas de los Centros Zonales de Equipos Interdisciplinarios (Psicologia, Trabajo Social y Nutricion)estan entre $2.000.000 y $2.100.00, de los cuales deben pagar su salud y pension por lo tanto queda $1.500.000 y estos tienen la responsabilidad de definir la situacion de los niños , niñas y adolescentes y si algo sale mal tambien responden penalmente, los contratos son solo por tres meses y su continuidad depende de las relaciones con los compañeros de carrera, y la relacion con la Coordinadora del Centro Zonal, adicionalmente el objeto de contrato jamas se cumple ya que son contratados para reforzar los equipos de proteccion pero son delegados a cumplir funciones difrentes, ojala revisen estas irregularidades pues en ICBF lo unico que interesa e
