Aprobado en primer debate proyecto de ley para recuperar derechos laborales

"La Ley 789 atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales": senadora Gloria Inés Ramírez.

El 16 de abril del presente año, la Comisión Séptima de Senado aprobó en primer debate la ponencia presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos (PDA), al Proyecto de Ley No. 82 de 2012 Senado, "Por la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo, de la Ley 789 de 2002".

De esta manera, si el proyecto se convierte en ley, se eliminarán las normas sobre flexibilización de los contratos laborales, ampliación de la jornada laboral y recorte de los pagos adicionales por horas extras dominicales, festivos y desvalorización de los contratos de aprendizaje, y se establece que la liquidación de las vacaciones en dinero se hará con base en el último salario devengado.

La ponencia de la senadora Gloria Inés se fundamentó en el parágrafo del artículo 46 de la mencionada Ley, que alienta al Congreso a tomar la iniciativa de presentar un nuevo proyecto cuando no se hayan logrado los efectos prácticos para la generación del empleo. En efecto, distintos estudios de varias universidades reconocidas han demostrado cómo las disposiciones han tenido un efecto marginal en la generación de empleos y, por el contrario, han contribuido a la precarización laboral. Inclusive, el entonces Procurador Edgardo Maya, señaló que la Ley 789 "atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales y desconocen principios, valores y derechos fundamentales consignados en la Carta Política y los Tratados internacionales."

La tasa de desempleo en el mes de febrero del presente año fue de 11.8%, mientras que en el mismo mes del 2012 era del 11.9%, lo cual quiere decir que sólo disminuyó en una décima, que es una cifra ridícula, de la cual el Gobierno no debe sentirse orgulloso . Por otra parte, la Escuela Nacional Sindical ha demostrado cómo "apenas el 32% de los colombianos que trabajan, tiene condiciones de trabajo decente porque la mayor parte de los empleos de la economía son de mala calidad."

Además, más de la mitad de la población está en condiciones de informalidad. De acuerdo con el Dane, del total de ocupados, el 51.2% tenía un empleo informal. Por su parte, el Banco de la República considera trabajadores informales a los que no contribuyen a la seguridad social y de acuerdo con esta definición la informalidad está en el 62%. Estas cifras dieron lugar a que el último Informe del Panorama Laboral de América Latina de la OIT clasificara a Colombia entre los cuatro países de la región con mayor informalidad.

Ante esta realidad, el Proyecto de Ley aprobado pretende recuperar las condiciones laborales y materiales para los trabajadores con las siguientes propuestas: en primer lugar, restablecer la jornada de trabajo diurno de 6am a 6pm. En segundo lugar, restablecer los límites de los turnos de trabajo y recuperar el reconocimiento de los recargos por horas extras, dominicales, festivos y trabajo nocturno y establecer que la compensación en dinero de las vacaciones se haga con base en el último salario devengado.

En tercer lugar, el proyecto recupera el carácter laboral del contrato de aprendizaje en respuesta a algunos de los problemas por los que atraviesan los aprendices, gravemente desprotegidos desde la aplicación de la Ley 789, a fin de que se cumplan los Convenios de la OIT y se restablezca su afiliación a la seguridad social, lo mismo que el derecho a recibir una formación integral profesional y una remuneración justa por su trabajo.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión Séptima del Senado acogieron la Ponencia y la aprobaron por unanimidad, lo que representa un paso importante para la recuperación de los derechos que habían sido cercenados por la Ley 789 de 2002. No obstante, tanto el movimiento sindical como los aprendices del Sena y de otras entidades de formación profesional, deben estar alerta para que en lo que resta del trámite legislativo no se vayan a frustran los avances logrados en la Ponencia para primer debate.

Prensa senadora Gloria Inés Ramírez

Gloria eterna al comandante Hugo Chávez

El día 5 de marzo de 2013, el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, les anunció a los venezolanos y al mundo la triste noticia de que a las 4 y 25 de la tarde había fallecido el Comandante Presidente de esta nación hermana, Hugo Rafael Chávez Frías.


Inmediatamente, millones de venezolanos comenzaron a movilizarse hacia el Hospital Militar y el Palacio de Miraflores y a las calles y plazas de todo el país para manifestar su dolor y reafirmar su respaldo a la Revolución Bolivariana, mientras algunos medios de comunicación de Colombia hablaban apenas de “cientos” de personas y ponían a los micrófonos a analistas políticos de la derecha, algunos para vaticinar que lo que le espera a Venezuela es la incertidumbre, cuando no el caos. Para ellos, Chávez vivo era la causa de todos los males  y, ahora, su muerte será la causa del desastre. Es la práctica inmoral de los mercaderes de la información al servicio del gran capital nacional y transnacional.


Hugo Chávez fue un ser humano excepcional, ejemplo de militar patriota que, a diferencia de otros que actúan como verdugos de su propio pueblo, hizo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una institución comprometida con el proceso revolucionario de su país.


Durante sus catorce años de gobierno (1.999 – 2.013), el Presidente Chávez debió enfrentar los más difíciles desafíos: el golpe de Estado de 2002, un referendo revocatorio promovido por la derecha en 2004, varias huelgas impulsadas por los empresarios,  campañas difamatorias y calumniosas de los sectores más retardatarios de la prensa, la hostilidad permanente del imperialismo gringo y de sus gobiernos títeres como el de Uribe Vélez. El sueño dorado de la reacción era sacarlo del poder.


Una y otra vez, la respuesta del pueblo venezolano fue rodearlo de un respaldo firme y generoso como reconocimiento a su política nacional e internacional y a su obra de gobierno.


El Presidente Chávez recuperó para su patria la soberanía nacional y la dignidad, atropelladas durante muchos años por los imperialistas, llevó adelante un ambicioso plan de reformas democráticas en favor del pueblo y fue factor determinante de los cambios progresistas y de izquierda que se desarrollan en América Latina y El Caribe.


Rescató para su país los recursos naturales, comenzando por el petróleo, acabó los desmanes de las compañías transnacionales, puso en marcha un nuevo tipo de relaciones internacionales fundadas en la solidaridad y la independencia y bajo su influjo nacieron la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericana UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se apartan del tutelaje de Estados Unidos y avanzan en nuestra integración regional.


Fue un luchador consecuente contra la dominación imperialista y por la soberanía nacional y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Su gran preocupación fueron los pobres y desprotegidos y para ellos puso en marcha programas de educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros, que la derecha descalifica como “populismo”, pero que hicieron de Venezuela uno de los países latinoamericanos con mayores avances en políticas sociales.


Para nuestro país, a pesar de la hostilidad de la derecha y de las frecuentes descalificaciones del gobierno de Uribe, fue un factor determinante en la liberación de varios cautivos en manos de las FARC y, como lo reconoce el Presidente Santos, le hizo una gran contribución al proceso de conversaciones que se desarrollan en La Habana en procura de la paz, en donde Venezuela participa como país acompañante.


El Comandante Chávez deja para su país y para América Latina y El Caribe un legado imborrable de realizaciones, pero su mayor mérito es haber despertado la conciencia de los venezolanos y latinoamericanos que cada vez comprenden mejor el valor de la dignidad, la independencia y la justicia social y que sabrán defender las conquistas logradas,  consolidar el proceso de la Revolución Venezolana y multiplicar las luchas y las victorias a lo largo y ancho de nuestro Continente.


La profunda crisis en que se debate el capitalismo y el desastre social que está causando en todo el mundo, demuestran que es un sistema caduco mandado a recoger por la historia y que el futuro les pertenece a las fuerzas del cambio y a los procesos progresistas y revolucionarios que se desarrollan en América Latina.


En esta hora de dolor y luto, les hacemos llegar a los familiares, del Comandante Hugo Chávez, al gobierno y al pueblo venezolano nuestras profundas condolencias y nuestra más firme solidaridad y unimos nuestra voz a las de los millones de hombres y mujeres  que levantan la consigna “Chávez vive, la lucha sigue!”.


Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2013

Que el pueblo colombiano participe en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

La senadora de la República electa por el PDA y el Partido Comunista Colombiano, en el marco de la IV Junta Nacional de Fensuagro realizada el fin de la semana anterior en el municipio de Viotá, Cundinamarca, instó al pueblo colombiano a participar decididamente en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social.

El lanzamiento de esta nueva esperanza social se realizó con éxito en Bogotá el pasado 20 de febrero con la participación de más de 1.500 delegados de al menos 1.000 organizaciones sociales de todo el país.

En su intervención en la junta de Fensuagro la senadora criticó la mal llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, porque nunca se tuvo en cuenta la opinión de los supuestos beneficiarios, excluye de la reparación a las víctimas anteriores a 1985 y a quienes fueron despojados antes de 1991, fija un tope de 20 millones de pesos a las indemnizaciones y un plazo de 10 años para hacerlas efectivas.

“A pesar de la campaña mediática para destacar sus beneficios, los resultados son extremadamente precarios, y a la sombra de esta ley el paramilitarismo ha devenido en los “ejércitos anti-restitución”  que han asesinado a más de 70 líderes de tierras y que cometen toda clase de crímenes para que los despojadores puedan quedarse definitivamente con las propiedades de los despojados”, indicó la Ramírez.

Las anteriores leyes –anotó Ramírez- no son para darles tierra y condiciones a los campesinos para que puedan trabajar y vivir dignamente, sino de incorporarlos a los grandes proyectos agroindustriales de los capitalistas como mano de obra barata para producir biocombustibles y productos de exportación, en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Así mismo hizo con la Reforma Tributaria porque castiga fuertemente a los asalariados de ingresos medios y altos y a los sectores medios de la población. “El IVA es un impuesto regresivo, de manera que la gran mayoría de bienes y servicios de la canasta familiar quedarán gravados de forma general mediante este impuesto”, dijo.

Sobre la ampliación del fuero penal militar expresó que este  fue impuesto por la ultraderecha y el militarismo, quienes rechazan las condenas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la propia justicia colombiana, contra numerosos militares y policías, y tiene por objeto amparar con la impunidad los crímenes de la Fuerza Pública contra la población civil.

Citando al profesor Ricardo Bonilla, la congresista explicó que mientras tres millones de familias tienen apenas 5 millones de hectáreas, 3 mil grandes propietarios acumulan 40 millones de hectáreas de tierra.

En el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0.87 y el de tierras a 0.86, lo que pone a Colombia entre los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo.

A la problemática anterior la legisladora agregó que el 70% de los campesinos no tiene título de propiedad y que mientras la tierra dedicada a cultivos agrícolas sólo llega a 4.9 millones de hectáreas, hay 38.8 millones con ganadería extensiva, en manos de grandes propietarios. “Esta situación origina que en el campo el 64.5% de la población se concentra en la pobreza y el 29.2% en la miseria”, aseveró.

Frente a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, dijo que es urgente la construcción de un frente amplio por la paz para rodear el proceso frente al saboteo de la ultraderecha y el militarismo y trabajar en la construcción de propuestas para ser entregadas a la Mesa de Conversaciones de La Habana.

“Es importancia de que todas las fuerzas democráticas y de izquierda se movilicen en apoyo de las conversaciones de La Habana y en demanda de un acuerdo que corresponda a los anhelos de paz con democracia y justicia social y soberanía nacional de la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Ramírez Ríos, invitando a las y los colombianos a participar en las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, para logar estos objetivos.

Tags: Proceso de Paz

¿SE IMAGINAN A COLOMBIA SIN CAFÉ? EL PARO NACIONAL CAFETERO ES JUSTO ¡APOYÉMOSLO!

Tags: Sector cafetero

Respaldamos la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón

En el día de ayer, más de 12 mil trabajadores de la empresa Carbones del Cerrejón, en el Departamento de la Guajira, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN, después de cumplir todos los requisitos contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, iniciaron una huelga de carácter indefinido que tiene como objetivo demandar de la empresa la solución satisfactoria del pliego de peticiones presentado por el sindicato.  

Carbones del Cerrejón es propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Xtrata Glencore, que, al igual que otras empresas extranjeras dedicadas a la minería, obtienen multimillonarias ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales, la degradación del medio ambiente, el pago de escasas regalías al Estado y la sobreexplotación de los trabajadores, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de ellos están vinculados mediante formas tercerizadas de contratación.  

Desde finales de noviembre de 2012, el sindicato le presentó a la empresa un pliego de peticiones pero, luego de cumplidas las etapas de negociación previstas en la ley, no hubo acuerdo en ninguno de los puntos principales debido a la posición intransigente de los empresarios, por lo que el sindicato procedió a convocar a sus afiliados a que decidieran entre la convocatoria de un tribunal de arbitramento y la huelga. El resultado fue contundente, pues el 96.76% de los socios votó por la huelga, que a partir del día de ayer se hizo efectiva.  

Es importante destacar que el pliego de peticiones del sindicato no se limita a demandas exclusivamente laborales, sino que contempla aspiraciones muy sentidas de la población, como la responsabilidad de la empresa en el desarrollo de las comunidades, la preservación del medio ambiente, la generación de empleo decente y la dignidad de las familias de los trabajadores. En síntesis, lo que pide el sindicato es que se cumpla el mandato constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”.

Como representantes de la oposición en el Congreso de la República y como voceros de los explotados y oprimidos de nuestro país, le expresamos el más firme respaldo a la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón, les pedimos al gobierno y a los empresarios asumir una actitud que posibilite la pronta y satisfactoria solución del conflicto y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de toda la solidaridad a los trabajadores del Cerrejón y a su organización sindical SINTRACARBÓN.

Felicitaciones a los periodistas en su día

Teniendo en cuenta que el 9 de febrero se celebra en Colombia el Día del Periodista, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi saludo afectuoso y mis felicitaciones por esta fecha tan importante en su vida profesional.

De manera especial, les expreso mi solidaridad a los periodistas de la prensa independiente, a quienes sufren presiones y persecuciones y a los familiares de quienes han sido víctimas de crímenes por su compromiso con la verdad y con los intereses de nuestro pueblo.

Considero que el Día del Periodista debe ser ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de una libertad real de prensa y sobre la necesidad de lograr una profunda democratización que impida la concentración monopólica de los medios de comunicación en manos de grandes grupos económicos que los ponen al servicio de sus intereses.

Por la coyuntura especial que vive el país, les hago un llamado cordial a trabajar para que los medios no sean utilizados para atizar la guerra y torpedear los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y, más bien, se pongan al servicio de la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Una abrazo caluroso para todas y todos los periodistas y trabajadores de la prensa en su día.

Tags: Periodismo

Frente amplio por la paz

El periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente de la República, afirma que “llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto”. De dónde le resultan cinco meses, si las conversaciones comenzaron el 19 de noviembre del año anterior? Él, que hizo parte de las reuniones exploratoria que condujeron a la suscripción del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sabe mejor que nadie que dicho acuerdo, que apenas se limita a definir la Agenda y la reglas de juego para las conversaciones, requirió más de seis meses de trabajo (entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012), por lo que resulta desproporcionado reclamar resultados sobre los temas de fondo en el breve término de dos meses.  

El Presidente de FEDEGAN, reconocido opositor a la salida negociada, se negó a participar en el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, realizado en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre por el PNUD y la Universidad Nacional a instancias de la Mesa de Conversaciones de La Habana, y ha dicho abiertamente que “el proceso de paz no va para ninguna parte”.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal afirmó que “El proceso de paz comenzó mal”, porque no se cumplieron requisitos que, a su juicio, han debido pedírseles a las FARC antes de iniciar los diálogos, olvidando que una forma de impedir el diálogo es hacer exigencias que sólo pueden ser resueltas en la mesa de conversaciones.

No podían faltar las declaraciones provocadoras del Procurador General de la Nación, otro enemigo jurado de la paz, quien ha dicho que los guerrilleros que tengan condenas no podrán participar en política, con lo cual desconoce abiertamente el delito político.

Mientras tanto, el máximo jefe de la ultraderecha y el guerrerismo, Álvaro Uribe, ataca permanentemente el proceso de diálogos, porque para él la única alternativa aceptable es el exterminio militar de los guerrilleros o su rendición. Lo que en realidad quiere el señor Uribe es la guerra infinita que le permita seguir derivando de ella dividendos políticos.

Al comienzo de las conversaciones la organización Colombianas y Colombianos por la Paz les propuso a la partes acordar una “tregua o cese al fuego bilateral” y, desde entonces, las FARC han insistido en la propuesta, encontrando siempre la negativa rotunda del gobierno, que lo que anuncia reiteradamente es la intensificación de la ofensiva militar.

Las FARC, por su parte, ordenaron una tregua unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013, pero la reiniciación de hostilidades y la captura de algunos integrantes de la Fuerza Pública, cuya liberación ya ha sido anunciado por las FARC, les sirvió de pretexto a los enemigos de la paz para lanzar una nueva ofensiva contra las conversaciones de La Habana, cuando de lo que se trata es de una consecuencia de negociar en medio del conflicto.

La posición del Gobierno Nacional ante la andanada guerrerista del militarismo y la ultraderecha es confusa, por decir lo menos. Unas veces dice que hay“avances” en el proceso, lo que hace suponer que las cosas van bien. Otras, descalifica las propuestas de la guerrilla, hace amenazas y pone ultimátums, como el de que el Acuerdo Final debe concretarse a más tardar en noviembre de este año. Un día afirma que no volverá a referirse a Uribe y otro les pide respeto a las FARC para “la dignidad del Presidente Uribe”. Con razón, el columnista de El Tiempo, Pedro Medellín, concluye que “la negociación está en un momento difícil, más por cuenta de las interferencias y el mal manejo de los que están fuera de la mesa y del propio Gobierno”.

Lo cierto, es que no ha habido ni habrá un proceso de paz, exento de dificultades, lo que no impide que se pueda avanzar, como lo consignan las FARC en un reciente comunicado en el que dicen que “Nadie se ha puesto de pie o anunciado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdo significativos que representan avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz”.

Todos estos hechos demuestran que para que las conversaciones puedan llegar a feliz término deben sortear múltiples y difíciles obstáculos que sólo podrán superarse con la más amplia movilización de las masas para defender el proceso de paz.

Es el momento de unir todas las fuerzas partidarias de la paz en un Frente Amplio y dotarlo de una agenda de lucha para impedir que los sectores guerreristas cumplan sus objetivos de sabotear los diálogos, y hay que convertir las conversaciones en un proceso que nos conduzca a la “construcción de una paz estable y duradera”, tal como se consigna en el Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Tags: Diálogos de paz

INFORME DE GESTIÓN GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS SENADORA DE LA REPÚBLICA PERÍODO LEGISLATIVO: JULIO – DICIEMBRE 2012

Tags: Rendición de cuentas

Condenamos el asesinato del compañero Édgar Sánchez Paredes

El pasado 10 de noviembre, a las 8:30 a.m., FUE ASESINADO EN LA CIUDAD DE Soacha por parte de dos sujetos que lo atacaron a bala, el compañero EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, militantes del Partido Comunista Colombiano e integrante dela Marcha Patriótica, mientras departía un café con algunos amigos.

El compañero Sánchez era, además, un destacado dirigente comunal del municipio de Soacha, y su asesinato es la materialización de la campaña de calumnias y hostigamientos contra los integrantes de la Marcha Patriótica que se viene adelantando a lo largo y ancho del país por los sectores más derechistas e intolerantes.

Por eso, al tiempo que condenamos de la manera más enfática este abominable asesinato, le exigimos al gobierno adoptar medidas prontas y eficaces para proteger la vida e integridad de los militantes de la oposición, le solicitamos a la justicia esclarecer los hechos y castigar a los responsables intelectuales y materiales y llamamos a la opinión pública a movilizarse para cerrarles el paso a los criminales que siguen actuando impunemente contra quienes ejercen el legítimo derecho a disentir y a hacer oposición.

Respaldamos propuesta de tregua navideña

Hace algunos días, Colombianas y Colombianos por la Paz les propusieron al gobierno y a la guerrilla acordar una “Tregua Navideña” bilateral y, ante esta propuesta, las FARC respondieron desde La Habana que la estudiarían y que, en todo caso, sería el Secretariado de esa organización el que tomaría cualquier decisión al respecto.

Algunos medios de comunicación, caracterizados enemigos de la paz e incendiarios de la guerra, tergiversaron la propuesta y la presentaron como si hubiera sido hecha por las FARC, y el gobierno, por boca del Presidente de la República dio como “respuesta contundente” que “no hay tregua ni cese al fuego”, al tiempo que el Ministro de Defensa afirmó que la posición del gobierno es “no dar mayor importancia a informaciones que muchas veces no tienen coherencia”.

Así mismo, refiriéndose a los temas de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, el Presidente Santos precisó que “No estamos negociando el Estado, ni el modelo de desarrollo, ni las políticas públicas. Lo que queremos es llegar a unos acuerdos para poner fin al conflicto”.

Estos hechos demuestran que por encima de los discursos oficiales sobre una supuesta voluntad de paz, lo que prevalece en el gobierno es una férrea posición belicista y que lo que pretende es limitarse a unos “acuerdos para poner fin al conflicto”, sin ocuparse de las causas que le dieron origen, para evitar que vuelva a reproducirse.

Resulta muy preocupante la actitud cada vez más soberbia e intransigente del gobierno, que sólo considera aceptables sus propias propuestas y que descalifica permanentemente las ideas e iniciativas de los demás, sin siquiera examinarlas.

Por consiguiente, esperamos que esta no sea la posición que va a imponer en la Mesa de Conversaciones, cuyos trabajos se iniciarán el próximo lunes en La Habana, y que las partes tengan la capacidad de asumir una actitud constructiva que conduzca a unos acuerdos que sean la base de “la paz estable y duradera” de que habla el Acuerdo General suscrito el 26 de agosto de este año.

Esta situación también pone de presente la importancia y la urgencia de movilizar a la opinión pública para impedir una nueva frustración de los anhelos de paz con democracia y justicia social del pueblo colombiano.

Tags: Comisiones de Paz

CONSTANCIA RECHAZO FUERO PENAL MILITAR

En mi condición de Senadora de la República y como Defensora de Derechos Humanos, ante la H. Plenaria de este Órgano Legislativo, dejo constancia sobre la inconveniencia para el país y para la administración de justicia, de aprobar la reforma constitucional al Artículo 221 de la Carta Política que amplía el fuero penal militar por las siguientes razones:

1.    Es una verdad probada e incontrovertible que la aplicación del fuero penal militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, ha traído como consecuencia la más absoluta impunidad para sus perpetradores, la que a su vez ha estimulado la continuidad e incremento de dichas violaciones, razón por la cual, la Constituyente de 1991, limitó los alcances del fuero penal militar al establecer que de los delitos cometidos por la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, en otras palabras, que las violaciones a los derechos humanos no podían ser conocidas por la justicia castrense sino por la justicia penal ordinaria.

2.    De ser aprobado este esperpento jurídico, estaríamos contribuyendo a un retroceso democrático y a un desconocimiento de las decisiones jurisdiccionales que del Alto Tribunal Constitucional, que mediante la Sentencia C-387 de 1997[1], en providencia de innegable riqueza jurídica, estableció con toda precisión los límites del fuero penal militar, cuyo contenido y alcance ha sido complementado con idénticos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

3.    Igualmente se estaría desoyendo los serios y profundos pronunciamientos de Organismos Internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Expertos de Naciones Unidas y de Human Rights Watch entre otras organizaciones de derechos humanos, que de manera reiterada han sido enfáticos en considerar acertadamente, que la justicia penal militar no constituye un tribunal de justicia imparcial, independiente y eficaz en la investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos en que se encuentran incursos cientos de agentes de Fuerza Pública, como es el caso de los 3.500 “falsos positivos” que se han perpetrado en el país, especialmente durante los dos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos avances en las investigaciones y juzgamiento de los responsables, materiales e intelectuales deja mucho que cuestionar.

4.    Para quienes hemos compartido de tiempo atrás el dolor y la tragedia que enfrentan las Víctimas de Crímenes de Estado, sabemos que el empeño de fortalecer el fuero penal militar a través de reformas legales o constitucionales, tiene objetivos claros pero no declarados, aunque muy evidentes, que buscan impedir que la justicia ordinaria se ocupe de investigar los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra en que ha incurrido la fuerza pública, muchos de ellos a cambio de prebendas que ofenden la dignidad de las víctimas y la majestad de la justicia.

5.    Lo que se pretende en el fondo, de ser aprobado este nuevo Golpe de Estado a la Carta Política del 91, es la excarcelación masiva de los militares sindicados o condenados por la justicia ordinaria o, el no sometimiento a la misma de otros centenares de uniformados comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, como ha podido establecerse de los procesos que actualmente se adelantan bajo su jurisdicción, donde la dilación, la burla, la amenaza para jueces y fiscales, la estigmatización de las víctimas y sus representantes, es una táctica permanente a la que se acude, dando lugar a la más oprobiosa impunidad.

6.    Es pertinente recordar al Congreso de la República, que la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional, han trazado criterios claros y precisos en relación con la aplicación del fuero penal militar, en razón de lo cual resulta contraproducente que en una reforma se constitucionalicen los delitos que quedarían cobijados por el fuero penal militar y los que quedarían excluidos del mismo, propuesta que se anuncia desde ya como sumamente lesiva a los caros intereses de la justicia, pues pese a lo indicado al final del articulado propuesto sobre independencia e imparcialidad, el resto de normas establecen un marco de actuación que impedirá la realización de la justicia a través de un órgano independiente e imparcial.

7.    Como lo señalado de forma persistente el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch en su carta dirigida al Presidente de la República, permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios abusos, advierte de suyo la impunidad de estos hechos, por cuanto como se ha reiterado insistentemente durante todo el debate congresional que ha transcurrido en las dos vueltas para su aprobación, la justicia penal militar carece de la independencia, imparcialidad y, por ende, también de la credibilidad necesarias para asegurar que militares que cometieron abusos sean sometidos al rigor de la justicia.

8.    A su vez, la creación de un “Tribunal de Garantías Penales” de composición cívico - militar con facultades para determinar la legalidad de todas las investigaciones o procesos contra miembros de la fuerza púbica acusados por cualquier delito en el que estén comprometidos, no solo dilata la aplicación del Principio de la Debida Diligencia en las investigaciones y juzgamientos de los crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública, sino que hará más difícil la etapa de pruebas, dando lugar a la violación del principio de igualdad, de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos en favor de las víctimas.

9.    Con mucha valentía el Señor Vivanco ha expresado que el Ministro Pinzón ha intentado minimizar y soslayar la preocupación de los organismos internacionales y del Movimiento de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, sobre la remisión de los casos de “falsos positivos” a conocimiento de la justicia penal militar con el argumento de que estos no tienen “relación con el servicio”.

10.  Sin embargo, justamente el propósito de la reforma al añadir un párrafo al artículo 221 de la Carta, dispone que las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por miembros de las fuerzas de seguridad “serán conocidas exclusivamente” por la justicia penal militar. 

11.  Comentario aparte merece la pretensión de establecer una jurisdicción especial para la Policía, pues se trata de una novedosísima idea que quizás no exista en ningún otro Estado de Derecho y bajo Sistema Democrático alguno, pues se trata de un cuerpo civil que cumple funciones de protección para el ejercicio de los derechos fundamentales y de investigación para prevenir la comisión de nuevas conductas delictivas, y no de un cuerpo militar sometido a la disciplina de una jurisdicción de militares para los militares.

12.  Otro aspecto preocupante del contenido de la reforma, es permitir que violadores de derechos humanos cumplan medidas privativas de la libertad o purguen penas de prisión en instalaciones militares o agencias de inteligencia, lo que se constituye en un verdadero peligro para la sociedad, las víctimas y sus representantes, pues desde allí pueden trazarse planes en su contra, dado el privilegiado “status” y poder de que gozan en ellas. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con los verdugos del senador Manuel Cepeda Vargas.

13.  Finalmente si esta reforma se impone como se ha anunciado por los medios masivos de comunicación, el mismo Estado estaría abriendo de par en par, las puertas para que intervenga la Corte Penal Internacional por la ineficacia en la administración de justicia y por desconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado Colombiano con la Comunidad Internacional en materia de administración de justicia, de protección y reparación integral a las víctimas y del compromiso de no repetición de los crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra que se han cometido de tiempo atrás por agentes del Estado.

Por todo lo anterior, anuncio mi VOTO NEGATIVO a la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo No. 07 de 2011.

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COMUNICADO Condenado injustamente a 18 años de cárcel el defensor de derechos humanos DAVID RAVELO CRESPO

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CULMINÓ EXITOSAMENTE PRIMERA RONDA DE MESAS REGIONALES POR LA PAZ

SALUDAMOS NUEVO GESTO DE PAZ DE LAS FARC

Rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer en La Haya (Holanda) el fallo sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, como respuesta a una demanda presentada por el gobierno de Nicaragua desde el año 2001.  

El fallo ratifica la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Serranilla, Bajo Nuevo, Serrana, Quitasueño y Roncador, al norte de las islas, y Este Sudeste y Alburquerque, al sur del archipiélago, pero modifica el Tratado Esguerra Bárcenas, suscrito entre los dos países en 1928, y cambia los límites marítimos de manera que le quita a Colombia miles de Kilómetros de mar sobre los cuales venía ejerciendo soberanía, con graves consecuencias para el país, particularmente para los pobladores del archipiélago y, en especial, para los pescadores.  

El Presidente de la República, en su alocución pública manifestó al respecto que “No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el Tratado, que ella misma había declarado válido y vigente” y anunció que, aunque el gobierno es respetuoso del Derecho, “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el Derecho Internacional para defender nuestros derechos”.

Diversos especialistas en el tema, por su parte son escépticos de que el fallo vaya a ser revisado o modificado, y lo más seguro es que estamos ante un hecho cumplido, lo que no obsta para demandar de los organismos competentes nacionales esclarecer dudas e interrogantes, como la eficacia de la defensa que representó a nuestro país o el desconocimiento por parte del gobierno del concepto del Consejo de Estado en el sentido de que no era necesario acudir a los tribunales internacionales, y cuyo Presidente ha dicho recientemente que es “algo que ya se preveía desde 2007, cuando decidieron poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal internacional”. Las responsabilidades políticas, si las hay, deben quedar claras ante el país.

De todas maneras, la decisión de la Corte Internacional de Justicia crea una nueva situación en las relaciones entre Colombia y Nicaragua que debe ser abordada por los dos gobiernos de manera constructiva con el fin de resolver los problemas que surgen de la aplicación del fallo, entre ellos, el de que los habitantes del archipiélago que derivan su subsistencia de la pesca. Lo que impone la realidad es afianzar la amistad y trabajar en proyectos integracionistas que beneficien a los dos países.

Por consiguiente, al tiempo que rechazamos el atentado de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de Colombia, nos oponemos a cualquier manifestación de chovinismo, pues estamos convencidos que, más allá de nuestras diferencias, el futuro de América Latina está en la unidad para enfrentar conjuntamente los retos que se nos plantean y lograr el desarrollo económico y social, la justicia social, el pleno respeto a nuestra soberanía nacional y un futuro mejor para nuestros pueblos.

En lo que respecta a los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, les expresamos nuestra solidaridad y exigimos para ellos una mayor atención del Gobierno Nacional a fin de contribuir efectivamente a la solución de sus problemas y superar el abandono a que han estado sometidos.

Tags: Nicaragua

Rodear de respaldo popular el diálogo para la paz

A partir del día de hoy, se inició en La Habana la segunda y decisiva etapa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, con el objetivo de lograr un acuerdo que posibilite una “paz estable y duradera”.

En lo inmediato, se discutirá el tema del Desarrollo Agrario Integral, y después vendrán el del fin del Conflicto, el de la participación política, el de la solución al problema de las drogas ilícitas y el de las víctimas, en el orden que sea acordado por las partes.

Aún cuando todos estos temas tienen relación directa con la política de gobierno, llama la atención que tanto el Presidente de la República como el jefe de la comisión gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, repiten con insistencia que no se van a negociar ni el modelo de desarrollo ni las políticas del gobierno, lo que plantea serios interrogantes acerca de cuál es la verdadera disposición del gobierno de comprometerse en acuerdos que vayan más allá de la desmovilización y desarme de los guerrilleros y que se ocupen de las causas que originaron el conflicto y que lo han mantenido vivo durante tantos años.

El vocero gubernamental afirma, igualmente, que “No habrá concesiones de carácter militar, ni cese del fuego, ni zonas desmilitarizadas”, que no es el momento de discursos y que lo que debe haber es “acuerdos concretos y realistas” en el menor tiempo posible. En otras palabras, que las conversaciones deben supeditarse a los afanes reeleccionistas del Presidente Santos.

Esta posición contrasta con el anuncio de las FARC, que saludamos, en el sentido de que “acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública y privada”, con el fin de “generar una medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado”.

Esperamos una actitud consecuente del gobierno para que el cese de operaciones decretado por las FARC no vaya a ser saboteado por los enemigos de la paz.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, apenas se anuncia que habrá una página web y que posteriormente se darán a conocer otros mecanismos, pero es evidente que el tema no despierta mayor interés en el gobierno, que lo que pretende es eludir la discusión de los principales problemas del país.

Si a ello se les suman los persistentes ataques de la ultraderecha, que rechaza cualquier negociación y que sólo tiene como alternativa el aniquilamiento militar de la insurgencia o su rendición, todo hace prever que el proceso estará expuesto a múltiples riesgos y dificultades, y que es urgente acompañarlo de un sólido respaldo popular y de la movilización caudalosa de las masas para conducirlo a un final satisfactorio.

Por eso, al tiempo que saludamos el inicio de la discusión de la agenda invitamos a las partes a asumir una actitud constructiva y llamamos a todos los sectores amantes de la paz a comprometerse en la defensa del diálogo y a trabajar para que sus conclusiones respondan a los anhelos de paz con democracia, justicia social y soberanía nacional, de la mayoría del pueblo colombiano.

Tags: Comisiones de Paz Conflicto Conflicto Armado FARC Proceso de Paz Sociedad Civil Paz

EXITOSA MESA REGIONAL DE PAZ EN FLORENCIA

Durante los días 14 y 15 de noviembre del año en curso se llevó a cabo en

la ciudad de Florencia la Mesa Regional de Paz, con la participación de 280

asistentes de 133 organizaciones procedentes de los departamentos de Caquetá,

Amazonas, Vichada y Vaupés, quienes entregaron importantes informes, análisis

y propuestas sobre el conflicto y sus causas y sobre los cambios que necesita el

país para superar la violencia y construir la paz.

Especialmente interesante resultó la intervención del Gobernador del Caquetá,

Víctor Ramírez Loaiza, con su tesis de que para alcanzar la “paz estable y

duradera”, se necesita primero, de manera urgente, una “paz real” que se

fundamente en el respeto al derecho a la vida, así como su iniciativa de que “si

en medio de las negociaciones no hay un silencio de los fusiles, proponemos que haya un

pacto de la prensa a nivel nacional y regional que silencie la publicidad de la guerra”.

También son de destacar sus condenas a la corrupción como uno de los factores

generadores de violencia, su invitación a las empresas transnacionales a apostarle

al proceso de paz, su llamado a la Mesa de Conversaciones de La Habana

a lograr acuerdos mínimos de respeto a la población civil y su consideración

de que “la paz no debe permitir un desarrollo económico local justo y solidario, un

fortalecimiento de la economía interna con reconversión de la producción, la protección

y restauración ambiental, el rescate de la soberanía alimentaria y, por consiguiente, la

generación de equilibrios económicos, sociales y políticos incorporando a los sectores

poblacionales excluidos”.

De esta manera, avanzan con pleno éxito las Mesas Regionales por la Paz,

convocadas por las comisiones de Paz del Senado de la República y la Cámara

de Representantes, siendo de destacar que en todas ellas los distintos sectores

participantes se pronuncian por la realización de cambios democráticos a fondo

en las estructuras económicas, políticas y sociales del país, lo que contrasta

con la posición del gobierno que considera que su política es intocable y que las

conversaciones deben limitarse a “acuerdos para poner fin al conflicto”, ignorando las causas que lo han generado.

A finales del presente mes culminará la primera ronda de las Mesas Regionales

por la Paz y luego se organizarán las relatorías para hacerlas llegar a la Mesa de

Conversaciones de La Habana, con la esperanza de que sean tenidas en cuenta

por las partes.

Tags: Dialogos de paz

Comunicado a la opinión pública A LOS PARTICIPANTES EN EL III CONGRESO DEL PDA

Tags: Polo Democrático

AUDIENCIA PÚBLICA ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

Tags: Reservas Campesinas

Exitosa iniciación de las mesas regionales por la paz

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo con pleno éxito en la ciudad de Sincelejo la primera mesa regional por la paz, en desarrollo de la programación hecha por las comisiones de paz del Senado de la República y la Cámara de Representantes, con el propósito de habilitar espacios para que las organizaciones sociales puedan expresar sus problemas, opiniones y propuestas para ser entregadas posteriormente a la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que sesionará en la ciudad de La Habana (Cuba).

 A esta primera cita concurrieron 350 personas en representación de 223 organizaciones, y hubo 45 intervenciones que reflejaron los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, con propuestas claras, concretas y enriquecedoras que ponen de manifiesto el interés de la opinión pública por hacer parte del proceso, por rodear las conversaciones de La Habana y por contribuir al éxito del diálogo para la paz.

En el día de mañana, una segunda mesa sesionará en la ciudad de Barranquilla y luego seguirán las de Villavicencio, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Florencia y Bogotá, para cubrir todas las regiones del país. Más adelante habrá una segunda ronda de mesas con el mismo cubrimiento, para garantizar que ningún sector se quede sin la posibilidad de participar, pues la paz no es un asunto exclusivo entre el gobierno y la guerrilla, sino un problema de la sociedad.

Este meritorio esfuerzo del Congreso de la República por aportarle su contribución al proceso de paz, cuenta con el apoyo técnico eficiente del Sistema de Naciones Unidas, que trabaja en la organización de las mesas y la elaboración de las relatorías que serán entregadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana con el fin de que sean tenidas en cuenta en las deliberaciones y en el acuerdo que todos esperamos como resultado final para acabar cerca de 50 años de conflicto interno y darle paso a una nueva era de paz estable y duradera para todos los colombianos.

Tags: Comisiones de Paz Conflicto y Paz

Respaldamos la justa lucha de Asonal Judicial

Desde hace más de 15 días, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial organizados en ASONAL JUDICIAL adelantan un PARO NACIONAL que tiene como propósito demandar del Gobierno Nacional compromisos serios y concretos para hacer efectiva la nivelación salarial establecida en la Ley 4ª. de 1992.

La respuesta del gobierno al conflicto no puede ser más contradictoria y absurda, pues de una parte, el propio Presidente de la República ha reconocido la justeza de las peticiones y, de otra, ha propuesto que la nivelación se haga en un plazo de quince años y ha declarado que el paro es ilegal.

Olímpicamente se olvida de que el que está en la ilegalidad desde hace veinte años es el gobierno, que no ha cumplido con la ley 4°, que los trabajadores del Poder Judicial se vieron forzados a ir al paro precisamente porque sus innumerables peticiones nunca fueron resueltas, es decir, que lo que están haciendo es ejercer el derecho a la protesta consagrado por la Constitución Política Nacional, y que la facultad de calificar las huelgas no le corresponde al gobierno, sino al Tribunal del Distrito Judicial competente, según la Ley 1210 de 2008.

Resulta insólito que mientras ASONAL JUDICIAL propone un plazo razonable de cuatro años para hacer la nivelación salarial, el gobierno tenga la osadía de pedir quince años más para cumplir con el mandato legal. En qué país del mundo se necesitan 35 años para darle cumplimiento a una norma que se supone es de ejecución inmediata? Cuántos empleados y funcionarios habrán muerto, o se habrán jubilado o habrán salido del Poder Judicial en los pasados 20 años, sin que se les haya reconocido el derecho a la nivelación? Cuántos más tendrían que correr igual suerte en los próximos 15 años, de prosperar la propuesta del gobierno?

Ante esta situación a todas luces injusta y arbitraria, respaldamos firmemente la justa lucha de ASONAL JUDICIAL, exigimos al gobierno cumplir sus obligaciones legales en vez de amenazar y sancionar a los trabajadores y llamamos al movimiento sindical y a la opinión pública a rodear de la más amplia solidaridad a los servidores de la Rama Judicial.

Tags: Actividad sindical

El procurador Ordóñez debe acatar y respetar las decisiones judiciales

1. No tiene carácter abortivo sino anticonceptivo,
2. Su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto,
3. Las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y
4. Hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.

Tags: Procuraduría General de la Nación

Saludamos la instalación de la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC

En el día de hoy se instala en Oslo, la capital de Noruega, la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el fin de desarrollar la Agenda prevista en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito en la ciudad de La Habana (Cuba).  

Se trata de un hecho de la mayor importancia para nuestro país, que es el resultado de prolongadas luchas y grandes esfuerzos del movimiento popular por conseguir que se aceptara que la única alternativa sensata para ponerle fin al conflicto interno que durante medio siglo nos ha afectado tan gravemente, es la salida negociada.  

Aunque el temario de conversaciones tiene limitaciones evidentes, puesto que deja al margen problemas muy sentidos por la mayoría del pueblo, el Acuerdo General prevé mecanismos de participación que puedan posibilitar que sean tratados, por lo que es necesario organizar la participación popular y la elaboración de propuestas para ser presentadas a la Mesa, a fin de enriquecer el diálogo y procurar que sean acogidas, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz que esperamos la mayoría de los colombianos debe incluir los cambios económicos, políticos y sociales que ataquen las causas que generaron el conflicto e impidan su reproducción.

No ignoramos que el proceso que se inicia tiene poderosos y agresivos enemigos que buscarán por todos los medios, como lo han hecho en otras ocasiones, torpedear el buen suceso de las conversaciones. Es deber del gobernó otorgar las debidas garantías para la movilización del pueblo y adoptar todas las medias encaminadas a impedir los sabotajes y provocaciones de los enemigos de la paz.

Saludamos alborozados la iniciación de las conversaciones y llamamos a los sectores democráticos y de izquierda y a todos los partidarios de la paz a rodear el proceso, a promover la participación y a organizar la movilización para que Colombia pueda, por fin, conquistar la paz con democracia y justicia social tan largamente esperada.

Tags: Conflicto y Paz

Rechazamos persecución oficial contra la Marcha Patriótica

En los últimos días se ha recrudecido la persecución oficial contra sectores de la oposición política. El 13 de septiembre fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el dirigente de la Marcha Patriótica Andrés Gil, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en momentos en que iba a tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Barcelona (España), en donde debía iniciar una gira por Europa para dar a conocer la importancia del diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Luego de permanecer varias horas retenido por la policía y gracias a la intervención de la Ex senadora Piedad Córdoba y otros dirigentes de Marcha Patriótica, Andrés Gil fue dejado en libertad al no encontrarse ningún requerimiento judicial en su contra.

Al día siguiente fueron detenidos en el Departamento de Antioquia Juan Alberto Galeano Ruíz, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz y familiar de la Ex senadora Piedad Córdoba; Ana Francisca Pérez, del movimiento Marcha Patriótica, y Luz Helena Hernández. Según declaraciones del Director General de la Policía, José Roberto León Riaño, los detenidos pertenecen al Frente 36 de las FARC y están acusados de la comisión de diversos delitos.

Que sepamos, ninguna autoridad los ha juzgado ni ha demostrado que las sindicaciones que se les hacen corresponden a la verdad; sin embargo, han sido presentados públicamente por el Director de la policía como peligrosos terroristas, sin el menor derecho a controvertir tan grave acusación.

Estos hechos son demostrativos de la doble moral que caracteriza al régimen dominante, que dice tener la mejor disposición para la solución negociada del conflicto y anuncia que habrá plenas garantías para la oposición, pero en la práctica continúa con la misma campaña macartista y de persecución que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez.

Ante esta situación, manifestamos nuestro enfático rechazo a la persecución contra la Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianas por la Paz y otras organizaciones, exigimos respeto al derecho a disentir y hacer oposición y demandamos del gobierno contribuir a la creación de un clima favorable a la negociación para ponerle fin al conflicto que por tantos años ha golpeado a nuestro país.

Al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con quienes son víctimas de atropello oficiales, llamamos al movimiento popular a respaldar el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC y a demandar las debidas garantías para que pueda conducir a un acuerdo que garantice la paz con democracia y justicia que anhelan la mayoría de los colombianos.

Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2012

Tags: Oposición

CONSTANCIA MODIFICACIÓN LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Me permito dejar la presente constancia en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, en relación con el Proyecto de Ley No.  193 de SENADO, 096 de 2011 –CÁMARA-.“Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”

El objetivo del proyecto de Ley de modificar la Ley 975 de 2005 tiene buenas iniciativas en el marco de coordinar las leyes existentes en materia de justicia transicional y reparación de víctimas. Estamos de acuerdo con la incorporación del criterio de priorización de casos que implica establecer un orden para realizar la investigación de los hechos delictivos mayores. Lo cual, sería compatible con las obligaciones internacionales  del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar penalmente las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia.

Sin embargo, rechazamos la interpretación de dicha priorización como un sinónimo de selección de casos, dado que ello implica renunciar a unos por investigar otros, criterio que generaría impunidad e iría en contra de los derechos de reparación integral de las víctimas. Adicionalmente, considero que debería evaluarse con mayor detenimiento el siguiente punto del proyecto de Ley:  el artículo 24 que introduce un nuevo artículo 23ª sobre Reparación Integral en la Ley 975 de 2005 que dice que las todas las víctimas serán reparadas de conformidad con el modelo contemplado en la Ley 1448 de 2011.

Este artículo olvida los problemas que ha presentado la reparación de las víctimas contemplada en dicha Ley, que acogió inicialmente una visión bastante estrecha del concepto de reparación, cuyo núcleo central está constituido por la  denominada indemnización por vía administrativa que implica un contrato de transacción entre la víctima y el gobierno, en donde ésta debe renunciar a futuros procesos judiciales o litigios para poder obtener un pago por concepto de su victimización.

Esta visión demasiado limitada de lo que significa la reparación implica la renuncia a la justicia, lo que profundiza el estado de cosas inconstitucional producido por la recurrencia de la vulneración de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado ante los cuales ha fallado la Corte Constitucional en varias sentencias como la T-025 de 2004.

Además, la aplicación de la medida de indemnización administrativa ha tenido distintos problemas advertidos por el Informe conjunto de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.[1] Entre ellos cabe destacar lo siguiente:

1.    No existe claridad en las normas existentes: Decreto 1290 de 2008 reglamentario de la ley 975 de 2005 y la aplicación del Decreto 4800 de 2011 reglamentario de la Ley 1448 de 2011 sobre la manera de tasar la indemnización administrativa. Es preocupante que tampoco las víctimas cuenten con información precisa respecto de su situación y los procedimientos de pago. 

2.    Las distintas medidas establecidas por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 plantean un escenario de reparación administrativa con recursos insuficientes para realizarla en la práctica de manera efectiva teniendo en cuenta lo que se estableció en el Conpes 3726 de 2012.

3.    El enfoque que ha adoptado el Gobierno otorga prioridad a la adopción de criterios fiscales de “sostenibilidad fiscal” más que a la satisfacción y restitución efectiva de los derechos de la población desplazada.

4.    Por otra parte, las indemnizaciones administrativas han sido guiadas por el criterio del “menor costo posible” y se han reducido cada vez más: “Al comparar el decreto 1290 de 2008 con el decreto 4800 de 2011 de siete hechos victimizantes seis fueron tasados con los mismos montos, salvo en el caso del delito de desplazamiento forzado en que la reparación administrativa pasó de 27 SMLV a 17 SMLV”[2]

5.    Existe una tendencia cada vez más creciente a reconocer menos población en situación de desplazamiento, sin que exista claridad de las razones por las cuales esto sucede. Lo que da cuenta de un subregistro de la población víctima de la violencia y en consecuencia vulnera la restitución de sus derechos.

6.    La indemnización administrativa ha implicado el desconocimiento de la dimensión de la reparación por daños morales causados por el conflicto armado que no se pueden solucionar solamente con un “contrato de transacción” de bienes o dinero.

Por estas razones resulta preocupante que el Proyecto de Ley en curso adopte el mismo modelo de reparación de las víctimas establecido en la Ley 1448 sin tener en cuenta las falencias del mismo. Por lo tanto, aunque la iniciativa legislativa  tiene aspectos positivos al pretender articular la Ley 975 de 2005 con la Ley de Víctimas aún tiene bastantes puntos grises que deben aclararse.

Tags: Justicia y paz Ley de Justicia y Paz

CONSTANCIA SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 EN LA PLENARIA DEL SENADO

En relación con la aprobación por parte de la sesión plenaria del Senado de la República del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2013, en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, me permito dejar la siguiente

CONSTANCIA:

Ante la imposibilidad de hacer un examen exhaustivo de la totalidad del Presupuesto General de la Nación, me limito a señalar algunos aspectos que considero de especial importancia:

1.    No obstante las afirmaciones del Gobierno sobre la concepción social del presupuesto, al examinar las cifras se encuentra un divorcio considerable con la realidad, como lo demuestra el hecho de que 45.5 billones, que representan más del 17% del Presupuesto, se destinan al servicio de la deuda pública, y 26.5 billones son para seguridad y defensa, es decir, para la guerra, de manera que sólo estos dos rubros, que, a nuestro juicio, nada tienen que ver con el gasto social, suman más de la tercera parte del presupuesto nacional.

2.    La población vulnerable y las víctimas de la violencia, frecuentemente sirven de temas para hacer discursos políticos, pero el tratamiento presupuestal dista mucho de concordar con las palabras. En efecto, el presupuesto destinado para la población vulnerable y desplazada es insuficiente para la reparación de las víctimas de la violencia.

En el caso de las víctimas, la asignación aprobada es mucho menor a los $13.5 billones de pesos que distribuyó el Conpes 3712 en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 para la indemnización administrativa, el subsidio de vivienda y demás programas que ya había advertido la Contraloría eran insuficientes para cumplir con los efectos de reparación integral.

La estrategia central del Gobierno para atender a la población vulnerable sigue siendo el Programa Familias en Acción, que alcanzó cubrir 2.235.065 de familias de los niveles 1 y 2 del Sisbén en 2010^[1] y 364.579 familias desplazadas en el 2011^[2], mientras la Red Unidos ha acompañado a 1.406.926 familias en extrema pobreza y desplazadas, que también hacen parte del programa Familias en Acción.^[3] Sin embargo, estos niveles de cobertura son insuficientes si se comparan con las 4.974.786 familias en situación de pobreza, 1.789.793 en situación de indigencia^[4] y 1. 228.894 familias desplazadas.^[5] 

Además, tales programas no van más allá del asistencialismo, en la medida en que no rompen con el ciclo de la pobreza ni con la desigualdad, sino más bien mantienen a las familias en un umbral tolerable de la misma, sin brindar soluciones estructurales basadas en garantía de derechos y mejoramiento de ingresos.

Su bajo costo de inversión, que corresponde al 0,3% del PIB para Familias en Acción y 0.1% del PIB para la Red Unidos,^[6] se compensa con los altos réditos políticos que genera la utilización de estos programas en las contiendas electorales en favor de los partidos de gobierno.^[7]

De otra parte, en la distribución del presupuesto se puede ver cómo para los demás programas sociales, como subsidios a ancianos indigentes, atención a invalidez y otros, los recursos son paupérrimos para brindar una verdadera protección social a quienes por su situación de vulnerabilidad requieren la atención del Estado a través de políticas integrales que hagan realizables sus derechos.

3. En cuanto a los recursos para vivienda, el presupuesto de funcionamiento para el año 2013 es de 1,3 billones de pesos, mientras que el de inversión es de 582 mil millones de pesos,^[8] lo que indica que los recursos se orientan principalmente a atender los gastos del aumento de la burocracia, antes que a la inversión en los programas del Ministerio.

Aunque el presupuesto para el programa Soluciones de Vivienda Urbana aumenta en un 25.6%, y el de Vivienda Rural, a cargo del Banco Agrario, aumenta en un 54.8%, esto se hace a costa de la disminución significativa de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, al cual se le quitan 891 mil millones de pesos. Estas cifras confirman los pronósticos de los análisis que aseguraban que los programas de vivienda “gratis” y los Macroproyectos disminuirían los recursos asignados para el Subsidio Familiar de Vivienda que administra esta entidad.

El recorte presupuestal en los subsidios hace más difícil el ejercicio del derecho a la vivienda de por lo menos 15 millones de familias que hoy soy arrendatarias y aspiran a  adquirir una vivienda propia.

El artículo 62 del Presupuesto contempla que el Subsidio Familiar de Vivienda puede aplicarse tanto en zonas rurales como urbanas para beneficiar a la población desplazada perteneciente a comunidades indígenas y afrocolombianas conforme con los mandatos legales. No obstante, el recorte presupuestal a FONVIVIENDA hará nugatorios tales beneficios.

De otra parte, el recorte presupuestal contradice abiertamente la meta del gobierno de construir un 1 millón de viviendas en el cuatrienio, 244 mil de las cuales serían Viviendas de Interés Social que tendrían el apoyo de Fonvivienda.^[9]

A pesar de que la vivienda está incluida como una de las “locomotoras”, en la distribución del presupuesto es la que tiene la menor participación, con apenas un 3.5% del presupuesto de inversión, a lo que se agrega que según el último Informe de Camacol, Colombia es el segundo país que destina un menor porcentaje del gasto público en vivienda (0.5%) del PIB en América Latina, después de Chile.^[10]

4. En materia de educación, el presupuesto aprobado para el año 2013 apenas tiene un incremento del 0.2% con respecto al del año anterior, que resulta insuficiente,   entre otras, por las siguientes razones:

·        No compensa el recorte injustificado que tuvo en el año 2012 y menos aún atiende las recomendaciones del Programa Educación Para Todos 2015, de la Unesco, que dice que debe estar entre el 6% y el 7% del PIB.

·        Una situación especialmente grave es la que tiene que ver con las universidades estatales, pues mientras el Presupuesto General de la Nación creció en un 12,2%, las asignaciones para ellas tan sólo se reajustaron en un 3.6% para funcionamiento y en un 3% para inversión, lo que en pesos constantes significa que se les congela el presupuesto, no obstante la crisis financiera que atraviesan y las necesidades que tienen de mejorar su infraestructura física y académica para elevar la cobertura y calidad de la educación. 

·        La negativa del Congreso a incrementar mínimo en 1 billón de pesos las apropiaciones presupuestales para las universidades estatales, hecha por distintos sectores universitarios, impide solventar el déficit que arrastran y que las tiene al borde de la ruina, lo que se traducirá en la autofinanciación, particularmente con el incremento de las matrículas y el desarrollo de actividades que no corresponden a su misión, afectando la calidad académica.

5. En el presupuesto no fueron incluidas las partidas necesarias para que el Gobierno Nacional pueda cumplir con la Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó pagarles a las madres comunitarias una remuneración no inferior al salario mínimo legal, lo que abre interrogantes sobre si el Gobierno tiene la decisión de cumplir este mandato.

Tags: Presupuesto

INOBJETABLE TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Tags: Venezuela

POR EL DERECHO AL TRABAJO Y A UNA PENSION DIGNA, LAS MADRES COMUNITARIAS INICIAN HOY PARO NACIONAL INDEFINIDO

Tags: ICBF

CONDENAMOS LOS ASESINATOS DE JUAN MANUEL MOGOLLÓN Y JOSÉ EDER MINA EN ARAUCA

El 18 de septiembre del presente año fueron asesinados en el municipio de Saravena (Arauca) el dirigente del Partido Liberal Juan Manuel Mogollón Reyes, ex candidato a la gobernación de Arauca apoyado por el Polo Democrático Alternativo, y el dirigente del magisterio araucano José Eder Mina, cuyos nombres se agregan a la interminable lista de víctimas del conflicto interno en el Departamento de Arauca.

Estos hechos criminales demandan explicaciones de parte de las autoridades, pues resulta inaudito que en una de las regiones más militarizadas del país los autores de los asesinatos puedan actuar con plena libertad contra la vida de las personas.

Los dirigentes asesinados eran personas reconocidas por su compromiso con los intereses populares y con la paz, lo que hace más execrable el crimen cometido contra ellos y debe motivar el más amplio repudio de toda la opinión democrática del Arauca y del país.

Condenamos de la manera más enfática el asesinato de Juan Manuel Mogollón y José Eder Mina, exigimos del gobierno medidas eficaces para proteger la vida e integridad de todos los araucanos, pedimos a la justicia esclarecer los hechos y castigar ejemplarmente a los responsables y les hacemos llegar a los familiares de las víctimas nuestra más sincera expresión de condolencia y solidaridad.

EL FIASCO DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS AL CONGRESO DEL POLO

Tags: Polo Democrático

Reintegrada la Comisión accidental de Paz del Senado

El Presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, mediante la Resolución No. 44 del 6 de septiembre de 2012, reintegró la Comisión Accidental de Paz del Senado, de la cual hacen parte 17 senadores y senadoras pertenecientes a las distintas bancadas que tienen presencia en el Senado de la República.  

La Comisión estará presidida por el Senador Jorge Eduardo Gechen Turbay y tendrá como copresidentes a los senadores Gloria Inés Ramírez Ríos y Roy Barreras. Como Secretario Ad Hoc se desempeñará el doctor Hilzil Noriega Márquez, Secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.  

La Comisión se reestructura en momentos en que el Presidente de la República ha anunciado un Acuerdo General entre el gobierno nacional y las FARC “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y, como consecuencia, se establecerá una Mesa de Conversaciones que se instalará públicamente en Oslo (Noruega) y luego tendrá como sede principal a la ciudad de La Habana (Cuba).

En tales circunstancias, la Comisión tiene una oportunidad excepcional para cumplir con el encargo de “colaborar con el Ejecutivo en lo concerniente al logro de la paz y la convivencia pacífica entre los colombianos, además de los acompañamientos necesarios a los procesos de paz que se adelanten”, tal como lo consigna el primer considerando de la Resolución No. 44.

De manera particular, la Comisión debe trabajar por la creación en el seno del Congreso de un clima favorable a la expedición de las leyes que sean necesarias para el logro de la paz, rodear el proceso de conversaciones de un sólido respaldo y propiciar espacios de participación de la opinión pública en la elaboración de propuestas sobre los puntos de la Agenda para ser presentados a la Mesa de Conversaciones.

En lo que a mí respecta, le agradezco al Presidente del Senado haberme nombrado como Copresidenta de la Comisión y manifiesto mi total disposición a trabajar, como lo he hecho durante muchos años, para que el proceso que ahora se inicia culmine en un pacto de paz que le ponga fin a casi medio siglo de conflicto interno y siente las bases de un país en donde haya paz con democracia y justicia social; verdad, justicia y reparación para las víctimas, respeto a nuestra soberanía nacional y posibilidades reales de vivir y trabajar en condiciones de dignidad para todas y todos los colombianos. 

Tags: Conflicto y Paz

Luz Verde al Diálogo por la Paz

El 4 de septiembre de 2012, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció públicamente que el diálogo exploratorio adelantado durante seis meses en la ciudad de La Habana (Cuba) entre representantes  del gobierno nacional y de las FARC-EP, culminó con la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En el Acuerdo se consigna “la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera” y de iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la Agenda, para lo cual se instalará públicamente en Oslo, Noruega, la Mesa de Conversaciones dentro de los primeros 15 días del mes de octubre de 2012, y cuya sede principal será La Habana, Cuba.

La Agenda acordada contempla seis puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, 6. Implementación, verificación y refrendación.

Cada uno de los puntos incluye diversos temas estrechamente relacionados con el origen, desarrollo y terminación del conflicto, cuya solución es la base para la construcción de la paz con democracia y justicia social.

Con posterioridad a la alocución del Presidente de la República, desde la ciudad de La Habana fue transmitida en un video la vehemente intervención del Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, en la que afirmó que “volvemos ahora a una mesa de negociación, reconocidos como iguales, como combatientes militares, reconocidos políticamente y protegidos por los que tanto nos han perseguido”. Destacó, entre otras consideraciones que a las conversaciones se llega gracias a “la permanente movilización social en Colombia”, que “la llave de la paz no reposa en el bolsillo del Presidente ni en el del Comandante de las FARC, sino en el pueblo”, y que la ampliación de la democracia es indispensable para alcanzar la paz. Llamó al pueblo a movilizarse para rodear el diálogo y terminó diciendo que “Extendemos nuestras manos abiertas, en procura de reconciliación. Otra Colombia es posible”.

El anuncio de la apertura del diálogo para la paz ha sido recibido con alborozo por la gran mayoría de la población y cuenta con el más amplio apoyo de la comunidad internacional. El Presidente Santos ha dicho que Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase, y que Venezuela y Chile estarán como acompañantes del proceso.

Como era de esperarse, también han aparecido en escena los guerreristas irreductibles, cuya única alternativa es la paz de los sepulcros. Tal es el caso de ACORE, que ha hecho público un comunicado provocador en el que plantea condiciones tan desproporcionadas para el diálogo, que supondrían la previa rendición de la guerrilla. En el mismo sentido se ha pronunciado el Ex presidente Uribe, quien ha afirmado que la negociación es “una cachetada a la democracia”.

Lo que hay en el fondo es el afán de preservar los privilegios desmedidos que una casta militarista ha acumulado en el curso del conflicto y evadir su responsabilidad en múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con la idea de que debe haber máximas condenas para los guerrilleros e impunidad para los crímenes del militarismo. En cuanto a Uribe, es evidente que su carrera política ha dependido enteramente de la guerra y por eso ve con pavor que un acuerdo de paz lo saque definitivamente del escenario político.

Una de las principales objeciones de los sectores guerrirstas es que no se le haya impuesto a la guerrilla un cese unilateral al fuego como condición para iniciar el diálogo. Al respecto, experiencias de negociaciones anteriores enseñan que la negociación en medio del conflicto está expuesta a múltiples riesgos. Por ello, les proponemos a las partes examinar la posibilidad de un cese al fuego, pero bilateral, por la razón elemental de que si sólo lo hace la guerrilla, mientras la fuerza pública continúa su ofensiva militar, el cese al fuego estará condenado al fracaso, con graves repercusiones para las conversaciones.

El diálogo para la paz que está próximo a iniciarse es el resultado de innumerables esfuerzos y sacrificios de millones de colombianos que durante largos años han luchado por la salida negociada al conflicto. Sus resultados dependen en buena medida de la decisión de las partes que concurren a la Mesa de Conversaciones, pero, fundamentalmente, de la capacidad que demuestren los sectores democráticos y progresistas y el movimiento popular para participar en el proceso, hacer propuestas sobre los puntos de la agenda y movilizarse para cerrarle el paso a los enemigos de la paz y hacer posible que las conversaciones culminen en un pacto que signifique paz con democracia y justicia social, con soberanía nacional, con verdad, justicia y reparación para las víctimas, que construya las bases de un futuro mejor para todas y todos los colombianos.

Bogotá, D.C., 5 de septiembre de 2012

Tags: Conflicto y Paz

Rechazamos las amenazas contra la comunidad educativa.

La Directora de Cobertura de la Secretaria de Educación de Bogotá, María Elvira Carvajal, ha venido siendo objeto de una serie de amenazas, la última de las cuales le llegó en un ramo de flores y un sufragio con un mensaje en términos insultantes. Ante esta situación, expresamos nuestro rechazo vehemente a estos hechos repudiables que atentan contra el libre desempeño de la labor educativa.

Al propio tiempo, expresamos nuestra solidaridad a la funcionaria María Elvira Carvajal y apoyamos la labor que ha venido realizando en el control riguroso a los cupos que se asignan en los 260 colegios privados que tienen convenio con el Distrito y que se han convertido en caldo de cultivo de las “mafias” dedicadas a traficar con dichos cupos.

Cabe advertir que, lejos de ser un caso aislado, en los últimos años ha venido recrudeciéndose la violencia contra los docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, por lo que solicitamos al Gobierno Nacional un pronunciamiento sobre estos hechos y la implementación de medidas prontas y eficaces para garantizar la seguridad de las personas amenazadas.

De igual manera, exigimos investigaciones serias para encontrar a los responsables de estos hechos y la adopción de medidas orientadas a fomentar la convivencia y la resolución amistosa de los conflictos, teniendo en cuenta que los numerosos hechos que con frecuencia afectan a los docentes, funcionarios y estudiantes impiden que haya condiciones óptimas para el ejercicio de sus labores.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República en representación del PDA

Tags: Educación

Carta al Ministro de Vivienda de solicitud lavadoras en el kit electrodomésticos viviendas gratis

Bogotá, D.C,  Agosto 29 de 2012

Doctor

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro de Vivienda

E.       S.       D.

Asunto: Solicitud entrega máquinas lavadoras a beneficiarios(as) del programa de vivienda gratis.

Respetado señor Ministro:

Con mi saludo cordial, me dirijo a usted, a propósito de sus declaraciones públicas sobre el otorgamiento de un kit de electrodomésticos a los hogares beneficiarios del subsidio de vivienda gratis, para solicitarle muy especialmente que en el kit se incluyan las máquinas lavadoras, por las siguientes razones:

- La mayoría de las postulantes son mujeres cabeza de familia que deben trabajar para procurarse su sustento y el de su familia, por lo que la lavadora resulta ser un electrodoméstico de primera necesidad para ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas domésticas. Además, el lavado de la ropa es una de las actividades físicas más desgastantes, que tiene consecuencias negativas a corto y  largo plazo para la salud de las mujeres, por lo cual la dotación de este electrodoméstico permitiría mitigar los riesgos que conlleva dicha actividad.

- De acuerdo con estudios de la CEPAL[1], una de las principales barreras que encuentran las mujeres para el ingreso al mercado laboral es la demanda de cuidado y el trabajo doméstico, particularmente cuando existen hijos pequeños o personas dependientes al interior del hogar. Además, está suficientemente demostrada la existencia de una división sexual del trabajo que les otorga a las mujeres casi exclusivamente las responsabilidades del trabajo del hogar, sin que sea reconocido socialmente.

- Esta situación es aún más grave en los casos en que las mujeres son las únicas proveedoras del hogar, por ser madres cabeza de familia. Estudios del Ministerio de Trabajo indican que en Colombia hay 2,3 millones de mujeres, en esta situación,[2] que deben asumir conjuntamente las labores productivas, reproductivas, domésticas y de cuidado, es decir, la  “triple jornada laboral”, que les limita su participación en actividades sociales y el desarrollo de su proyecto su vida.

- Por consiguiente, todo lo que conlleve reducir las cargas domésticas  tiene una significación personal y social de gran importancia. En resumen, liberar a  las mujeres aunque sea de una parte del tiempo dedicado al trabajo doméstico tiene, entre otras, las siguientes ventajas:

1.    Reducir la carga que implica la “triple jornada” para que las mujeres puedan disponer de más tiempo para el descanso y  la recreación, necesarias para un buen estado de salud física y mental.

2.    Dedicar mayor tiempo al cuidado personal para mejorar su autoestima y contribuir a su crecimiento personal.

3.    Participar en actividades culturales, sociales y políticas, que son importantes para el empoderamiento, la democratización y el avance de las comunidades.

4.     Liberar tiempo para que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral o desarrollar actividades productivas en beneficio de su autonomía económica y de los ingresos de la familia, lo que también redundará en reconocimiento social y aportes a la economía nacional.

5.    Disponer de un mayor tiempo para compartir con sus hijos y su familia, lo que redundará en hogares más armoniosos y con mejores vínculos familiares.  

Espero, señor Ministro, que las razones anteriores sean tenidas en cuenta por su despacho para darle curso a mi solicitud, que no tiene otro propósito que el de favorecer de manera especial a las mujeres de menores ingresos que difícilmente pueden disponer de presupuesto para adquirir un electrodoméstico tan importante para el mejoramiento de su calidad de vida.

Atento saludo,

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República en representación del PDA

Tags: Vivienda

Bienvenido el diálogo para la paz

Los medios de comunicación han informado con gran despliegue que en el día de ayer (27 de agosto) fue firmado en la ciudad de La Habana (Cuba) una acuerdo entre representantes del gobierno colombiano y de las FARC para iniciar un proceso de diálogos formales, con el compromiso de no levantarse de la mesa hasta no suscribir un pacto de paz, y el Presidente de la República, a su turno, ha confirmado que se realizan diálogos exploratorios para buscar la paz.

Para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, particularmente para quienes hemos luchado durante largos años por la salida negociada al conflicto interno, se trata de la noticia más importante de los últimos tiempos y una de las más esperadas por nuestro país.

Simultáneamente, el Comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, ha dicho que su organización está dispuesta a iniciar un diálogo de paz sin condiciones, que podría darse en conjunto con las FARC, para ponerle fin al conflicto, lo que hace aún más promisorias las posibilidades de acabar de manera civilizada cerca de 50 años de confrontación armada.

Este hecho constituye un triunfo muy significativo para las fuerzas sociales y políticas amigas de la paz, y es una derrota de los sectores guerreristas, que no conciben alternativa distinta de la paz de los sepulcros.

Varios sondeos recientes de opinión indican que la gran mayoría de la población respalda el diálogo para la paz, y lo propio han hecho ONG’S de derechos humanos, dirigentes políticos, militares en retiro, el Presidente del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación y voceros de diversos sectores de la opinión pública, así como el Representante de Naciones Unidas y la comunidad internacional. Sin embargo, experiencias de procesos anteriores enseñan que la ultraderecha hará todo lo posible por descalificar y torpedear las negociaciones y que el proceso que está por iniciarse no será ajeno a esa realidad.

Es así como el ex presidente Uribe ha creado el llamado Frente Contra el Terrorismo, con el propósito de oponerse a cualquier negociación con la guerrilla, y ahora ha lanzado una agresiva andanada contra el diálogo con el argumento delirante de que favorece la reelección del Presidente de Venezuela Hugo Chávez. Con el cinismo que lo caracteriza, se olvida de que durante su segundo mandato él también hizo gestiones orientadas a buscar el diálogo con la guerrilla.

El movimiento popular y todos los partidarios de la paz tienen, entonces, el reto de rodear la negociación y de movilizarse para conjurar cualquier provocación o sabotaje. El gobierno, por su parte, debe adoptar medidas de protección eficaces y oportunas para las personas y organizaciones en riesgo y ofrecer las debidas garantías para la movilización popular.

En lo que respecta a la agenda del diálogo, debe tenerse en cuenta que de lo que se trata no es de firmar la rendición, sino de ocuparse de los temas relativos a las causas que le dieron origen al conflicto y lo han alimentado, para evitar que vuelva a reproducirse. Nosotros concebimos el diálogo como una oportunidad histórica para sentar las bases de un mejor país y no como un simple medio para salir de la confrontación armada. Por lo tanto, a nuestro juicio, el diálogo debe conducir a la construcción de acuerdos sobre los cambios democráticos avanzados que necesita la sociedad colombiana para lograr una paz digna que tenga como fundamentos la democracia y la justicia social, que garantice los derechos de las víctimas y que le ofrezca a la insurgencia posibilidades reales de hacer política y de reintegrarse a la vida civil en condiciones de dignidad.

Como Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, saludo la apertura del diálogo entre el gobierno y las FARC y aspiro a que incluya también al ELN; manifiesto mi plena disposición a contribuir a su desarrollo exitoso y llamo a todas y todos los colombianos amantes de la paz a defender este logro tan difícilmente alcanzado y a rodearlo del más amplio respaldo para que pueda culminar, por fin, en un pacto de paz para nuestro país.

Tags: Conflicto y Paz

La censura ideológica y el divisionismo: atentados liquidacionistas contra el Polo

El 9 de agosto de 2012, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo decidió “excluir” a los miembros del Partido Comunista Colombiano de sus filas, acusándolos de “doble militancia” por participar simultáneamente en la Marcha Patriótica.

De Acuerdo con el Artículo 23 de los Estatutos del Polo, el Comité Ejecutivo consta de 36 miembros, y la decisión fue tomada por 16 votos contra 6, lo que indica que, aunque hubo quórum, fue una minoría del Comité Ejecutivo la que decidió. Además, decisiones como esta, deben pasar previamente por la Comisión Nacional de Ética y Garantías, que tiene la función de informar al Comité Ejecutivo “para la ejecución de la respectiva sanción”, de acuerdo con el Artículo 39 de los Estatutos, y es a la Dirección Nacional a la que le corresponde “Fallar en segunda instancia sobre las decisiones de la Comisión de Ética”, según lo establece el Artículo 22. Es claro, entonces, que ni el Comité Ejecutivo ni la Dirección Nacional pueden fallar sobre algo que no ha sido tramitado por la Comisión de Ética, y que se ha ignorado el Artículo 10 de los Estatutos que dice que se debe garantizar siempre el debido proceso, por lo cual lo decidido, además de ser ilegítimo, es abiertamente violatorio de los Estatutos.

En cuanto al argumento central invocado para la “exclusión” -figura que no aparece en los Estatutos-, que es la supuesta “doble militancia”, el Artículo 9 establece entre los deberes de los afiliados al Polo “No pertenecer simultáneamente a otro Partido o movimiento político con personería jurídica”. El requisito de la personería jurídica no fue incluido por capricho o casualidad, sino consultando las realidades políticas. En efecto, en nuestro país han existido y existen numerosas organizaciones políticas, principalmente de izquierda, sin personería jurídica, debido a la antidemocracia y a la falta de garantías impuestas por el régimen. En otros casos, como el de la Unión Patriótica, la personería se perdió debido al exterminio criminal de sus militantes por la extrema derecha.

El Polo se creó como resultado de la unidad de distintos sectores organizados, entre ellos, el PCC, el MOIR, la ANAPO, el PSDC, la UD, el FSP, el PUP y otros, todos ellos sin personería jurídica, además de personalidades democráticas y de izquierda que no tenían organización, y, en consecuencia, se estableció entre los fines del Polo “la tolerancia y el respeto por la diferencia y el pluralismo ideológico, cultural, étnico, político, de orientación sexual y religiosa”, y se estatuyeron como derechos “Conformar y hacer parte de tendencias políticas”, lo mismo que “Disentir y ejercer la sana crítica, la libre expresión de las ideas”, en el marco de losEstatutos y “sin menoscabo de la unidad orgánica del Partido”. Quiere decir que la doble militancia quedó limitada a los partidos y movimientos “con personería jurídica” y, por lo mismo, no es incompatible pertenecer al Polo y militar en el PCC o en cualquier otra organización que haga parte del Polo, y así hemos funcionado desde su creación.

La Marcha Patriótica se definió a sí misma como un movimiento social y político y no tiene carácter de partido ni personería jurídica, de manera que ni la invocación de los Estatutos ni la pretensión de apoyarse en la reaccionaria legislación electoral tienen base alguna.

De otra parte, en el Ideario de Unidad el Polo determinó apoyar e impulsar “… las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional” y propugnar “un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia”.

La Marcha Patriótica, en su Declaración Política, coincide plenamente con esta orientación, “manifiesta su compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto” y “llama a la más amplia unidad del pueblo colombiano y, en especial, a los diferentes procesos sociales y populares existentes tales como el Polo Democrático Alternativo y otros partidos y organizaciones políticas de izquierda (…) a la construcción de acuerdos programáticos que, permitan avanzar hacia la superación del modo de vida y de producción imperante en el país, a la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura”.

El Partido Comunista Colombiano, en la Declaración Política de su XXI Congreso llamó a “unir todas las voces y todas las rebeldías por la paz, la democracia y la soberanía”

Dónde están, pues, ya no la doble militancia, que, como queda demostrado, carece de sustento, sino las contradicciones antagónicas o las diferencias irreconciliables y, sobre todo, cuál es la verdadera causa de la decisión de excluir a los comunistas del Polo?

Aunque no lo han dicho, todo apunta a que en algunos dirigentes del Polo han hecho mella las calumniosas sindicaciones de la ultraderecha y el militarismo y la campaña orquestada de algunos medios de comunicación que le sirven de altoparlante al régimen de que la Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano tienen vínculos con las FARC. Fue lo que afirmó hace pocos días el Ministro de Defensa y lo que apareció en el Noticiero CM&, en donde una periodista irresponsable no tuvo ningún escrúpulo en decir que la expulsión “es el resultado de la negativa de los comunistas a poner fin a la combinación de las formas de lucha, es decir, a tener brazo político y brazo armado, es decir, partido en el Congreso y partido en la selva con las FARC”.

Con este trillado e inmoral argumento la extrema derecha ha pretendido inútilmente limpiarse la sangre de los crímenes cometidos contra los comunistas y otros sectores, como lo demuestra el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político y declaró responsable al Estado Colombiano.

Es deplorable que quienes se reclaman militantes de izquierda terminen haciendo parte de la campaña macartista y la cacería de brujas, y que validen con sus decisiones las calumnias de los sectores más retardatarios de la sociedad. Es el resultado de la inconsecuencia política y el oportunismo.

En lo que a mi corresponde como militante del Partido Comunista Colombiano y como Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, puedo decir con orgullo y satisfacción que no me sancionan por ser corrupta o por incumplir mis deberes con el Polo y con quienes me eligieron.

Mi labor ha sido la de estar con la lucha de los campesinos, de los obreros, de los indígenas, de los educadores, de los desplazados y demás víctimas del conflicto, de las mujeres y de los jóvenes. Con todos ellos he trabajado por el fortalecimiento del Polo y por la unidad de los oprimidos y explotados, siendo fiel a los Estatutos y al Ideario de Unidad. Nunca he recibido censuras de los organismos de dirección del Polo por mi trabajo.

Por qué, entonces, resulto sancionada? No encuentro sino una explicación: por ser revolucionaria, por ser comunista. Y esta es una burda violación de los principios que inspiran al Polo, una censura ideológica que no acepto, venga de la derecha o de la izquierda, una actitud propia de la derecha más atrasada y una vergüenza para una organización que se dice de izquierda. Así mismo, tengo claro que los que buscan con esta maniobra es excluirnos del próximo Congreso del Polo y eludir el debate que tanto se necesita para corregir los errores que tan seriamente lo vienen afectando.

Los problemas políticos nunca se han resuelto con medidas administrativas, mucho menos cuando con ellas se lesiona gravemente la unidad de la izquierda, se profundiza la crisis del Polo y se le convierte en un cascarón que pretende ser utilizado para satisfacer ambiciones personales o grupistas que riñen con la ética y con los intereses de la militancia y del pueblo. Comparto plenamente la decisión de mi Partido de “mantenerse en el PDA, del cual somos fundadores, dando la batalla junto a múltiples expresiones polistas, apostándole a rectificar el rumbo del Polo, para colocarlo en sintonía de las aspiraciones democráticas y populares”, e insistiendo “en la necesidad de construir un Frente Amplio de procesos y convergencias de la izquierda, los sectores democráticos, los nuevos procesos sociales y progresistas del país”.

Por lo tanto, hago mío el llamado del Partido Comunista Colombiano a todos sus militantes y demás sectores unitarios a no renunciar a sus tareas en el Polo, a rechazar las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo el 9 de agosto y a exigir su derogación; a defender la integralidad democrática y pluralista de la organización, el respeto al debido proceso y a los Estatutos, y a exigir de la Dirección Nacional, empezando por su Presidenta, las garantías indispensables para la cabal realización del III Congreso.

Tags: Polo Democrático

Comunicado de apoyo a movilización contra la crisis cafetera -Caldas- Agosto 2012

La situación que ha venido presentándose en Colombia en las dos últimas décadas ha puesto al descubierto la crisis cafetera en la totalidad del país. Sin lugar a dudas, la agudización de la crisis en los últimos años ha obedecido al manejo erróneo de las políticas por parte del actual presidente Juan Manuel Santos y  la Federación de Cafeteros que convertida en una gran burocracia depredadora ha llevado el sector a la ruina, afectando principalmente los intereses de los trabajadores y pequeños y medianos productores del café

Es lamentable que hoy en día Colombia haya sido desplazada del cuarto lugar en la producción del café, reduciendo su producción a menos de la mitad de lo que era en 1991 (16 millones de sacos). Esta caída de la producción cafetera en el último año 2012 ha registrado los niveles históricos más bajos en un contexto mundial donde la producción subió un 50%. Además, significa que en la actualidad, la industria sólo genera el 5% del total de las exportaciones de Colombia mientras que a mediados del siglo XX representó el 80% y fue el  motor de la industrialización y el desarrollo del país.[1] La magnitud de la crisis es tal  que en la actualidad, la mitad del consumo nacional se hace con café importado de Perú o Ecuador.

A esta crisis de producción, se suma la caída del precio causada por la revaluación y la caída de la cotización externa del grano  llevando el precio interno  por debajo de $780 mil la carga[2]. Esto ha significado la reducción drástica de los ingresos de cafeteros, calculado en $300 mil pesos como promedio mensual, siendo inferior incluso al monto del salario mínimo. Sumado a esto, los productores y trabajadores cafeteros han tenido que enfrentar una inversión bastante precaria de tecnología en el sector que no ha permitido responder adecuadamente a la roya, la broca e incluso los desastres que dejó la ola invernal.

Por su parte, las cifras de la cosecha de 2011 destacan que la producción cafetera a nivel nacional se concentró en los departamentos de Huila, Cauca y Nariño 28%, mientras que la zona cafetera de Caldas, Quindio y Risaralda llegó apenas al 20% únicamente.[3] Esto contrasta con la importancia que el café algún día tuvo en  la economía de la región representando  el 80% del Producto Interno Bruto de estos departamentos.

Las consecuencias si bien se traducen en pérdidas económicas para los productores son peores en el campo social. La crisis de la caficultura ha afectado el ingreso de por lo menos 600 familias en todas las cordilleras del país derivan su sustento del grano. La situación actual ha obligado a muchas de ellas a buscar otras alternativas para compensar sus ingresos. Según el DANE y DNP, los niveles de pobreza han aumentado, se calculaba en el 2011 que en Caldas el 40% de la población se encontraba en situación de pobreza, 43% en Quindío y 33% en Risaralda. [4]

Adicionalmente, el desempleo y la falta de oportunidades se han apoderado de muchos municipios de la zona cafetera. De hecho, de acuerdo con el último reporte del DANE el índice de desempleo ha aumentado en los departamentos, para tomar sólo un ejemplo, Pereira y Armenia se encuentran entre las cinco cabeceras municipales a nivel nacional, con mayor desempleo 15,8% y 14,5%  respectivamente.[5]

Otro aspecto de esta realidad, muestra que en los últimos años, los departamentos  Eje Cafetero han reportado el mayor porcentaje de personas en el exterior: 9.1%. Usando la encuesta de remesas de las áreas metropolitanas, casi el 14.5% de los hogares tiene al menos uno de sus miembros residiendo en el exterior y sólo en 6% de los casos uno ha retornado. Estas cifras sólo reflejan la grave crisis social por la que atraviesan no sólo  los departamentos del Eje Cafetero y son un ejemplo de la grave situación que amenaza a las familias  que derivan su sustento de la caficultura a nivel nacional.

Teniendo en cuenta este panorama, expreso mi solidaridad con la movilización cafetera en contra de la grave crisis por la que atraviesa el país y rechazo las políticas que han llevado al fracaso del sector a nivel nacional, entre ellas la propuesta de aumento de la contribución cafetera que es inviable en un contexto de saqueo y mal manejo de los recursos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y falta de inversión del Gobierno actual.

No es justo que hoy se ponga en jaque el bienestar y el destino de miles de familias colombianas que forjaron el desarrollo del país desde hace más de un siglo y hoy se ven abocadas a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. ¡No permitamos la ruina de la economía cafetera. Unámonos hoy para defender los intereses de los trabajadores, pequeños y medianos productores, de todos quienes han labrado su destino y el desarrollo del país a partir del café!. 

Cordialmente,

Gloria Inés Ramírez Ríos.

Senadora de la República PDA.

Tags: Sector cafetero

COMUNICADO PARTIDO COMUNISTA A LA OPINIÓN PÚBLICA: EL CAMINO DEL PDA ES LA UNIDAD, SIN EXCLUSIONES

Un sector del  Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo aprobó una resolución, pretendiendo excluir al Partido Comunista Colombiano de sus filas. Intenta resolver los  debates políticos hacia el III Congreso por vías burocráticas a espaldas de la base partidaria que hace 10 días, en la Conferencia Nacional Ideológica, se manifestó a favor de fortalecer la unidad del Polo y su política de alianzas y convergencia con otros sectores sociales y políticos del campo popular.

Es falso el argumento de la doble militancia contra el PCC, toda vez que nuestra participación en apoyo a nuevas fuerzas de la lucha social y política no vulnera los estatutos, el ideario de unidad del PDA, ni la ley. La Marcha Patriótica, a la que estigmatiza, es parte de los nuevos procesos sociales y políticos emergentes   de indígenas, campesinos, estudiantes y trabajadores cuyas plataformas coinciden en gran media con el ideario del Polo. Apoyar tales procesos que buscan la cercanía con el Polo no puede ser un delito. El sofisma de la doble militancia es el pretexto que utilizan quienes quieren adueñarse del aparato partidario, para convertirlo en una fábrica de avales e instrumento de alianzas  sin principios.

La decisión adoptada por este grupo además de antidemocrática y sin garantías al debido proceso, es inmoral, porque atenta contra la unidad del PDA y de la izquierda, la cual ha sido una construcción colectiva y valiosa, en un momento donde el pueblo espera de sus dirigentes la madurez y la capacidad necesaria para construir alternativas reales frente a la crisis del poder dominante.

El Partido y la Juventud Comunista reafirman la decisión tomada en su XXI Congreso de mantenerse en el PDA, del cual somos fundadores,  dando la batalla junto a múltiples expresiones polistas, apostándole a rectificar el rumbo del Polo, para colocarlo en sintonía de las aspiraciones democráticas y populares. Ahora más que nunca insistimos en la necesidad de construir un Frente Amplio de procesos y convergencias de la izquierda, los sectores democráticos, los nuevos procesos sociales y progresistas del país.

Agosto 9 de 2012.

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 

Tags: Polo Democrático

Condenamos el atentado contra el compañero Oscar Arturo Orozco, presidente de la CUT Seccional Caldas

Tags: Violencia sindical

Senadora Gloria Inés Ramírez radica proyecto de ley para tipificar el Feminicidio como delito

El agresor tendrá cárcel y no domiciliaria, perdería la patria potestad, se inhabilita laboralmente por más de 20 años y deberá presentar un certificado de género y derechos humanos para desempeñar sus labores.

En memoria de Rosa Elvira Cely víctima de feminicidio cometido en la ciudad de Bogotá, la senadora Gloría Inés Ramírez (Polo Democrático) con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, y la Organización de Investigación de Justicia; radicó esta mañana el proyecto de Ley que busca tipificar en el Código Penal colombiano, el homicidio que se comente contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

La Congresista expresó que estos casos no se pueden volver a cometer, sin que se castigue el agresor como debe ser.

 
Se pretende modificar el Código Penal en los siguientes artículos:

• Tipificar el delito de feminicidio.

• El delito debe ser considerado como delito agravado, entre tanto su pena debe ser entre 30 y 50 años. Teniendo en cuenta las causales de agravación tales como: Cuando es cometido por funcionarios públicos o pertenecientes a las fuerzas armadas, cuando lo cometen grupos de personas, o menores de 18 años y a mujeres embarazadas, a personas con limitaciones físicas; se le debe dar aseguramiento con cárcel y no domiciliaria.

• Quien haga esta patria no podrá tener la patria potestad de los hijos.

• Este delito debe ser cobijado con la medida de aseguramiento sólo con cárcel.

• Que el agresor no tenga beneficio de la rebaja de la pena impuesta.

"La tipificación de este delito ya la han aplicado países como Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica entre otros países, lo tienen en su código penal, las estadísticas muestran que en el año 2010 se cometieron 125 feminicidio, un estudio muestra que este país tiene conducta feminicida; por eso es necesario la presentación de este proyecto de ley, para salvaguardar la vida y proteger a las mujeres colombianas", dijo la congresista Ramírez, quien manifestó que espera contar con el apoyo de todas las bancadas para convertir la iniciativa en Ley de la Republica, para castigar a tantos agresores que andan sueltos.

Por su parte la senadora Arleth Casado de López (partido Liberal), acompañó a la radicación del proyecto, manifestó su preocupación por el incremento de feminicidio en el país, "en hora buena se está buscando la creación de una ley que tipifique este delito en el Código Penal, para castigar a las personas que cometen estos actos lamentables y tristes contra nuestras mujeres". Dojo la parlamentaria.

 
El grupo de mujeres portaba una pancarta con el lema: "NO MÁS FEMINICIDIOS", la cual estarán exhibiendo en los muros y pasillos del Congreso hasta conseguir la aprobación de la ley, así lo manifestaron.

Oficina de Prensa del Senado

Tags: Bancada de Mujeres Polo Democrático Violencia contra las mujeres Feminicidio Violencia sexual

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS EN EL ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO “HACIA LA VICTORIA 7 DE OCTUBRE”

Compañeras y compañeros:

Hace 229 años nacía en la ciudad de Caracas el héroe común de Colombia y Venezuela, el libertador Simón Bolívar. Hace 200 años, nuestros dos pueblos liberaban una dura lucha para derrotar el colonialismo español y conquistar la independencia de nuestros países. Esa lucha terminó victoriosa, pero los ideales bolivarianos de construir sociedades justas y democráticas quedaron postergados, porque inmediatamente se adueñaron del poder las castas oligárquicas criollas que se dedicaron a gobernar en favor de sus propios intereses y que más tarde, con la aparición del imperialismo norteamericano, se convirtieron en dóciles sirvientes que le entregaron al imperio nuestra independencia y soberanía, tan difícilmente alcanzadas. Se cumplieron así las palabras proféticas de Bolívar: “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”.

Durante largos años, nuestros pueblos han librado incontables batallas por la justicia social, la democracia real y la soberanía nacional, pero ha sido en Venezuela en donde las luchas han logrado los mayores avances en los últimos tiempos.

El triunfo electoral que llevó a la Presidencia de la República al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le abrió paso a la Revolución Bolivariana que ha significado notables avances para el pueblo venezolano especialmente para los sectores más desfavorecidos de la población. Hoy, Venezuela figura como uno de los países con mayor equidad en la distribución de la riqueza en América Latina y, aún cuando superar los múltiples y difíciles problemas dejados como herencia por los gobiernos oligárquicos, es una tarea titánica, es incuestionable que se están sentando las bases para construir una nueva sociedad cada vez más justa y democrática.

El logro más significativo y trascendental de la Revolución Bolivariana es haber liberado al país de la dominación imperialista. Siguiendo el ejemplo de Cuba, Venezuela ejerce hoy plenamente su soberanía nacional y su derecho a la libre autodeterminación. Mientras países como el nuestro se someten a los dictados imperialistas, les abren de par en par las puertas a las compañías transnacionales y propician el saqueo de nuestras riquezas y la explotación de nuestros trabajadores, Venezuela es dueña auténtica de su propio destino.

El ejemplo de Venezuela ha trascendido sus fronteras y se ha convertido en un poderoso acicate para el avance de las fuerzas democráticas y revolucionarias en nuestro continente. La mayoría de los países de América Latina cuentan hoy con gobiernos progresistas y de izquierda que, en mayor y menor medida, se apartan de las imposiciones del imperialismo y desarrollan políticas en favor de sus pueblos.

Surgen y se desarrollan organismos como MERCOSUR, ALBA, UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que son expresiones de autonomía para liberar al continente del tutelaje norteamericano.  Mientras los principales centros de poder imperialistas se debaten en una profunda crisis que causa innumerables estragos económicos y sociales, América Latina busca nuevos caminos para resolver sus problemas y para afianzar su autonomía a e independencia.

El proceso de cambios democráticos que se desarrolla en nuestro continente ha provocado la contraofensiva de la derecha y el imperialismo, que buscan por todos los medios, legales e ilegales, impedir que puedan consolidarse y avanzar. Ya no se trata sólo del criminal bloqueo que se mantiene contra Cuba desde hace más de 50 años, sino de acciones hostiles y desestabilizadoras contra los gobiernos que no son de la aceptación de Estados Unidos.

La proliferación de bases militares norteamericana en nuestro hemisferio, el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe, el fallido golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez; el golpe de Estado que desalojó del poder al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales; la rebelión policial contra el Presidente Rafael Correa, en Ecuador; los planes desestabilizadores que se ejecutan contra el Presidente de Bolivia, Evo Morales, y el reciente golpe contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, son pruebas más que suficientes de que el imperialismo gringo no cesa en su empeño de mantener a toda costa la denominación y explotación de nuestros países, a los que sigue considerando como su patio trasero, y para ello cuenta con el concurso de oligarquías apátridas que no tienen ningún inconveniente en sacrificar los intereses nacionales en aras de los intereses imperialistas.

En Colombia, como es bien sabido, hay poderosas fuerzas ultraderechistas que además de sabotear cualquier intento de salida negociada a nuestro conflicto interno, despotrican contra la normalización de las relaciones entre nuestros dos países, atacan y calumnian permanentemente al Presidente Hugo Chávez, actúan como agentes incondicionales  del imperialismo y constituyen una amenaza para la paz de América Latina.

Los revolucionarios colombianos hemos vivido en carne propia los desmanes de la ultraderecha, con el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, el asesinato de más de tres mil sindicalistas y una larga lista de crímenes contra dirigentes y militantes de oposición del movimiento popular. Por eso, tenemos plena conciencia de la importancia de la solidaridad y de la necesidad de apoyar los procesos avanzados que se desarrollan en nuestro continente y en el mundo.

De ahí nuestra vinculación decidida al Día Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y al Comandante Hugo Chávez, justamente en la misma fecha en que se cumple el 229 aniversario del natalicio de Bolívar. Con motivo de esta efemérides, le rendimos homenaje al libertador Simón Bolívar y renovamos nuestra más firme solidaridad con la Revolución Bolivariana y su comandante Hugo Chávez, al tiempo que manifestamos nuestro compromiso con la lucha del pueblo venezolano por lograr que el 7 de octubre sea un día de victoria, que también lo será para todos los pueblos de América Latina.

Le deseamos al gobierno y al hermano pueblo de Venezuela los más grandes éxitos en la lucha por construir una sociedad justa en una patria libre y les reafirmamos nuestro compromiso de no cesar en nuestra lucha hasta no hacer realidad los ideales de justicia, libertad, unidad latinoamericana y soberanía nacional de nuestro común libertador.

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2012

Tags: Venezuela

CARTA APOYO PARO NACIONAL MADRES COMUNITARIAS

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2012

Doctor

DIEGO ANDRES MOLANO APONTE

Director General del ICBF

Carrera Avenida 68 No. 64C-75

Ciudad.-

Asunto: Exhortación a dar cumplimiento cabal a los Acuerdos suscritos con las Madres Comunitarias durante los días 7 y 8 de mayo y 8 de junio de 2012.

Respetado Señor Director:

Como es de conocimiento de su despacho, en vista de que el Gobierno Nacional no ha dado cumplimiento a los acuerdos suscritos el pasado mes de mayo con las organizaciones de Madres Comunitarias que integran la Mesa Nacional de Unidad, sobre aspectos relacionados con el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales, que de forma sistemática les han sido vulnerados durante toda la vigencia del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, bajo el supuesto de que se trata de unas trabajadoras “voluntarias”, para quienes los principios y las normas del Derecho Laboral, no les es aplicable, nuevamente en el presente año, han convocado una jornada de protesta, que de suyo, consideramos justa y legítima, para cuya realización demandamos el otorgamiento de las garantías a que haya lugar.

Si bien es cierto no compartimos el contenido y alcance de los citados acuerdos, por su precariedad y porque dejan en la penumbra el reconocimiento de claros y precisos derechos que comporta la realidad fáctica y jurídica del vinculo contractual que ellas ostentan y, que a través de un modelo de intermediación, como lo son los Contratos de Aporte que suscriben las Asociaciones de Padres Usuarios, se ha persistido en desconocer el derecho que estas trabajadoras tienen a una remuneración que alcance el “mínimo vital” y, sobre todo, ante la inminencia del proceso de transición a un nuevo sistema de atención a la Primera Infancia, como lo es la estrategia “Cero a Siempre”; se les desconoce igualmente el derecho a una pensión digna, a las que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional que demandan los nuevos lineamientos del programa, sean retiradas del servicio.

Las promesas de que este asunto de vital importancia sería considerado en forma seria y oportuna por los delegados del gobierno que intervinieron en las reuniones de entendimiento entre el ICBF y las Madres Comunitarias, al parecer no tendrán viabilidad, por cuanto según informaciones que nos llegan de todo el país, unas 50.000 Madres Comunitarias serán retiradas del servicio durante el proceso de ajuste al nuevo sistema, sin que se haya dado trámite a soluciones como la afiliación a BEPs, la realización del cálculo actuarial sobre los períodos dejados cotizar, para la definición de una probable apropiación de recursos con destino al reconocimiento de una pensión mínima o, como ya se había anunciado, el otorgamiento del auxilio para ancianos indigentes, a las que tengan bajo o ningún nivel de ahorro, según los términos contenidos en los acuerdos.

Pero ha sido motivo de especial preocupación, tener conocimiento que el ICBF suscribió en el presente año, Contratos de Aporte solo por el término de seis (6), tiempo durante el cual se presume que de forma progresiva y hasta completar el término de tres (3) años, el Programa de Atención a la Primera Infancia entra en un proceso de transición, sin consideración a la suspensión del servicio de cuidado y atención de los infantes que prestan las Madres Comunitarias, y de la vacancia tácita en que han sido colocadas estas trabajadoras, en tanto los nuevos operadores las convocan para postularse a la planta de cargos de los Centros de Desarrollo Infantil Temprano, siempre y cuando reúnan los requisitos de los nuevos perfiles ocupacionales.

En nuestra opinión, bajo estas circunstancias, se está presentando una flagrante violación de los derechos laborales y sociales de las Madres Comunitarias, que ante la expectativa de vinculación con el nuevo operador, no reciben remuneración alguna, se interrumpe la afiliación al régimen de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, por los efectos jurídicos de terminación de los Contratos de Aporte entre el ICBF y las Asociaciones de Padres Usuarios, que fueron suscritos solo para cubrir el primer semestre del presente año, sin consideración a que no existe solución de continuidad en el vínculo contractual que ostentan las Madres Comunitarias, que de conformidad con la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un “contrato realidad”, para efectos de sus derechos laborales.

Así mismo, en el marco de este proceso de ajuste institucional del programa, se está vulnerando el derecho de protección a la maternidad de las Madres Comunitarias que se encuentran en estado de embarazo, en vista de que los nuevos operadores no las contratan por su estado de gravidez, su proximidad a la época del parto y del puerperio, dejándolas desprotegidas, a ella y a su hijo, en su derecho al cubrimiento de la prestación social y económica (licencia remunerada por maternidad), lo cual resulta totalmente discriminatorio y violatorio de las normas establecidas en la Constitución Nacional, en el Estatuto Laboral y en el Convenio 183 de la OIT del año 2000.

A parte de lo anterior, las Madres Comunitarias que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional y la idoneidad académica que exige el nuevo sistema, no serán vinculadas por los nuevos operadores, de conformidad con las respuestas dadas por el Director Nacional del ICBF, Dr. Diego Molano, al cuestionario formulado por el H. Senador Alexander López, con motivo del Debate de Control Político que tuvo lugar en la Plenaria del Senado de la República el 17 de abril del presente año; en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios, solo 27.000 serán incorporadas al nuevo sistema, que son las que se necesitan para atender el 1.201.960 niños, que es la población que atienden hoy estas trabajadoras, quedando en la incertidumbre, un número aproximado de 50.000 Madres Comunitarias, para quienes no existe una propuesta de Retén Social que las proteja, especialmente en su derecho a una vejez digna.

Igualmente es pertinente precisar, que la improvisación en los ajustes al nuevo sistema, ha dado lugar a que los niños y las niñas que atendían las Madres Comunitarias en los Hogares del ICBF, no estén siendo atendidos por efectos de la terminación de los Contratos de Aporte con las Asociaciones de Padres, generando incertidumbre en los padres usuarios, que no encuentran un Centro de Desarrollo Infantil cerca de su hogar o de su trabajo para el cuidado de sus pequeños.

De otra parte, es preciso recordar que las Madres Comunitarias han cumplido en el 100% los estándares de calidad para la prestación del servicio de atención a la Primera Infancia en los Hogares del ICBF. No obstante, encontramos que a los operadores de la estrategia “Cero a Siempre”, no se les exige con el mismo rigor, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la ejecución de la nueva estrategia, que en el apresuramiento de aplicarla, se suscriben contratos para la prestación del servicio, en sitios que están lejos de garantizar las mejores condiciones de calidad, sanidad y seguridad para el cuidado y atención de los infantes.

En este punto me permito formular algunas reflexiones sobre los propósitos de la política de mejoramiento del programa, así:

1. Por cada niño atendido en los Centro de Desarrollo Infantil Temprano, como se denominan los establecimientos adecuados para tal fin, la canasta de servicios en 11 meses por niño tiene un costo de $2.640.000 ($240.000 pesos mensuales) que le son transferidos a estos nuevos operadores.

2. Por cada niño atendido en un Hogar Comunitario del ICBF, donde laboran las Madres Comunitarias, el costo anual equivale a la suma de $783.277 ($65.273 pesos mensuales) por 14 o 12 niños.

De lo anterior se puede establecer, que el gasto social invertido por el Estado en el antiguo sistema, tenía un valor equivalente a la ¼ parte de lo que hoy el Estado invierte a través de los contratos con las Asociaciones Público Privadas que fueron autorizadas por la Ley 1508 de 2012, para la prestación de servicios como el que nos ocupa, dando lugar a la privatización de una función que debe estar a cargo del Estado y que a través de esta normativa de favorecimiento de la empresa privada, se le otorga legitimidad a la mercantilización del cuidado de la primera infancia, tal como ha sucedido con el derecho a la salud, cuya crisis se ha vuelto insostenible, la educación, o con los Contratos de Concesión que favorecen los intereses de las Transnacionales.

En desarrollo del proceso de transición, que como lo ha afirmado su despacho, está previsto en el término de tres (3) años, es pertinente que se precise, cuántos niños a la fecha de implementación de la estrategia “Cero a Siempre” han sido atendidos en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios de Bienestar y, cuántos son los niños que no reciben ningún tipo de atención, en orden a establecer la forma como tiene realización el derecho a la igualdad y a la igualdad de oportunidades y de trato, así como los demás derechos fundamentales de los niños, desde la consideración de su prevalencia.

De otra parte, permítame hacer alusión a los siguientes asuntos.

En cuanto al pago del aporte pensional que deben efectuar los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional, en su condición de sujetos de especial protección constitucional y legal, como es el caso las Madres Comunitarias, a partir del 1º de agosto, no se han expedido los formatos para proceder a la cancelación de los respectivos aportes al Seguro Social o la nueva entidad aseguradora, COLPENSIONES, ocasionando una interrupción injustificada, que podría dar lugar, de alcanzar el período de cuatro meses, a una sanción consistente en el retiro del sistema, generando un nuevo vacío en la posibilidad de acceso a una pensión digna de las Madres Comunitarias.

Igualmente, resulta preocupante el anuncio por parte de funcionarios del Consorcio PROSPERAR, que ante las dificultades que presentan los ajustes institucionales, para la eficiencia del sistema en el pago de las cotizaciones al Seguro Social por concepto de aporte a pensiones, se proponga efectuar el pago en los puestos de Baloto, sin las garantías logísticas y documentales de identificación de los cotizantes, lo que en nuestra opinión coloca en alto riesgo el manejo y la administración de estos recursos pertenecientes al mínimo vital de los pensionados de Colombia.

Por todo lo anterior, de forma comedida y respetuosa, solicito a su señoría, convocar en forma urgente a los integrantes del gobierno que suscribieron los acuerdos con las Madres Comunitarias, para que de forma oportuna y eficaz, se de cumplimiento cabal a las demandas contenidas en sus pliegos de peticiones, en orden a garantizar sus derechos humanos, laborales y sociales.

Así mismo anuncio, que estaré solicitando a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, la integración de la Comisión de Seguimiento que se propuso durante el Debate de Control Político que tuvo lugar el pasado mes de abril en la Plenaria de este órgano legislativo, a fin de establecer si se ha dado trámite a las conclusiones y recomendaciones del mismo y, en especial, lo relacionado con la situación laboral de las Madres Comunitarias.

Con toda atención,

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

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INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS AUDIENCIA PÚBLICA RESTITUCIÓN DE TIERRAS: DISYUNTIVAS ENTRE LA NORMA Y LA REALIDAD

Salón Boyacá – Capitolio Nacional

Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2012

 En primer lugar quiero presentar mi saludo de reconocimiento y solidaridad a las organizaciones que integran la “Campaña Nacional e Internacional: Tierra, Vida y Dignidad” que han convocado esta jornada de reflexión, denuncia y fortalecimiento del Movimiento de Personas en situación de Desplazamiento Forzado en Colombia.

En tercer lugar quiero referirme a una de las causas estructurantes del conflicto social y armado que padece el país por más de 5 décadas, que como ha sido analizado suficientemente por académicos e investigadores, se ha centrado especialmente en la propiedad de la tierra, cuya tenencia y posesión ha sido disputada por diferentes actores desde los orígenes de la nacionalidad.

Aunque las estimaciones varían, la magnitud de la crisis de la tierra en Colombia, es claramente enorme. En 2011 por ejemplo, CODHES estableció que entre los años 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas; en tanto que Acción Social, como organismo gubernamental la estima en 6.8 millones de hectáreas, mientras el MOVICE sitúa esta cifra en aproximadamente 10 millones de hectáreas, de donde se puede concluir que la cantidad de tierra despojada, se constituye en un factor evidente de la profundidad de la crisis humanitaria que ha dado lugar a la existencia de 4.5 millones de desplazados internos, que hacen de Colombia el país con mayor número de personas desplazadas del mundo, después de Sudán, Irak y Afganistán.

Igualmente no debemos perder de vista, que con anterioridad a la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, razón por la cual en Colombia se levantó con mucha fuerza, la urgente necesidad de realizar una Reforma Agraria, que en los años 60 es reivindicada por el Movimiento Agrario que dio lugar al surgimiento de la insurgencia, ante los efectos devastadores de la violencia promovida por los terratenientes en los años 50, que hoy recupera su validez y vigencia, frente a la contrarreforma de facto que se ha impuesto al agro colombiano.

Como ha sido reportado por Francis Deng[1], el desplazamiento no sucedió únicamente por razones de orden público, sino que también fue utilizado como herramienta para la “adquisición de tierras” con la finalidad de realizar megaproyectos de extracción de minerales, de agroindustria a gran escala y de infraestructura, especialmente en determinadas regiones del país, como la región Pacífica, donde el gobierno norteamericano tenía proyectado el Plan “Puebla Panamá” y la propuesta de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)[2]

En desarrollo de esta contrarreforma, Castaño declaró en alguna oportunidad: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos”[3]. El líder paramilitar hacía referencia a los territorios de propiedad colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó, donde 29,000 hectáreas fueron robadas a las comunidades afrocolombianas, de las cuales 7,000 fueron plantadas ilegalmente con palmas africanas de aceite.

Así, el cultivo de palma fue una de las estrategias económicas promovidas por los paramilitares y utilizadas para el control territorial. Según Castaño, comandantes paramilitares “formaron alianzas” y aconsejaron a muchos políticos y también tuvieron a sus “amigos” ubicados dentro de las empresas. Este modelo de complicidad entre paramilitares, políticos e intereses empresariales se ha repetido en otras áreas del país.

Este hecho ha sido verificado por la Fiscalía General de la Nación, cuando luego de varias investigaciones, en el año 2011 acusó formalmente a 15 compañías de palma y ganaderos de esta región, de participar activamente con los paramilitares en el desplazamiento forzado y violento de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó, con la finalidad de apropiarse de sus tierras para el cultivo de palma. En suma, esta es la realidad que pesa sobre la viabilidad y aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, como medida de reparación del inmenso daño causado al tejido social de la nación.

Por esta razón, considero pertinente el propósito de esta audiencia, de establecer la disyuntiva entre la realidad y la normativa vigente sobre protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, por cuanto de acuerdo a los postulados consagrados en la Constitución y en la ley, el Estado debe garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio a las comunidades originarias[4] de la nacionalidad, como un derecho vital y consustancial a su dignidad humana; pero parecería que los derechos de estas comunidades son derechos “incómodos” y las leyes que se promulgaron para protegerlos, son igualmente incómodas a los grandes intereses económicos de quienes han expropiado sus tierras, no quedando claro si el gobierno está actuando “como árbitro o cómo parte interesada” en la implementación de los grandes proyectos de extracción, que sin lugar a dudas, se han constituido en un factor de crecimiento del desplazamiento forzado en Colombia.

Esto se evidencia en el contenido y alcance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno colombiano, que bajo la presidencia de Uribe Vélez, puso fuerte énfasis en los proyectos extractivos a gran escala a favor de las multinacionales, a través de concesiones mineras, que el gobierno del Presidente Santos las tiene como una de las locomotoras de su Plan de Desarrollo. Es así como, durante una conferencia llevada a cabo en Canning House, Londres, el viernes 28 de enero de 2011, el Ministro de Hacienda colombiano Juan Carlos Echeverry, destacó el plan de Colombia de focalizarse en el incremento de la explotación de todos los recursos naturales del país; ejemplo de ello, la compañía AngloGold Ashanti, registrada en la Bolsa de Valores de Londres, que tiene un millón de hectáreas de tierra concesionada en 16 departamentos de Colombia[5].

Esta concesión masiva a compañías extractivas multinacionales de los derechos sobre la exploración y explotación de los recursos minero energéticos y agrícolas que posé el país, está ocurriendo en un momento en el que las tierras robadas no han sido restituidas a quienes les han sido despojadas violentamente. En consecuencia, las empresas comprometidas en estos negocios, están adquiriendo tierras robadas a estas comunidades y se están beneficiando de los efectos que produce el delito del desplazamiento forzado, con las consiguientes violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, las solicitudes de las comunidades sobre la restitución y restablecimiento de sus derechos y de su patrimonio, yacen en la oscuridad de los anaqueles judiciales o administrativos y en algunos casos, a pesar de que la tierra ha sido identificada para ser restituida, las comunidades desplazadas descubren que no tienen derechos plenos sobre la tierra, debido a que ha sido sembrada con palma aceitera, como es el caso de Cocomopoca[6] o vendida por testaferros a adquirentes de buena fe.

Ante esta grave e insostenible situación, en el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas de la violencia de origen político tienen derecho al conocimiento de la verdad sobre los hechos violentos sufridos, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de dichos hechos, en donde la clave de este proceso es la restitución de la tierra, especialmente a las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos que han habitado tierras ricas en biodiversidad, pero que dada su importancia estratégica para la dinámica del conflicto interno, el narcotráfico y los grandes negocios de la locomotora minero energética, desconocen las graves violaciones que se producen a sus derechos humanos y sociales fundamentales. 

Ahora bien, mientras el gobierno habla de los avances significativos de la Ley de Víctimas, los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes vinculados a los procesos de restitución de sus propiedades aumentan y ocurren como un desafío de las bandas paramilitares a la política de choque anunciada por el gobierno, de restituir 2 millones de hectáreas en los próximos 4 años, de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a más de 600 mil familias, esto es 4.5 millones de desplazados desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010, sin que ello represente un verdadero obstáculo que vuelve nugatorios los propósitos de la ley.

Este desafío lanzado por las bandas criminales ha ocurrido en aquellas regiones del país en que se produjo el mayor despojo de la propiedad agraria de los campesinos desplazados, que contó y sigue contando con la complicidad de algunas autoridades, tanto civiles como militares. En la región de Urabá, por ejemplo, se calcula que un 10% del total de la tierra cultivada, unas 150 mil hectáreas según la Superintendencia de Notariado y Registro que lleva oficialmente los registros de la propiedad inmobiliaria en Colombia, fueron despojadas con la complicidad de jueces, notarios e integrantes de la fuerza pública.  

Desde el asesinato en el 2005 de YOLANDA IZQUIERDO, dirigente campesina que lideraba la lucha de los campesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, los asesinatos a líderes de población desplazada alcanza hoy la cifra de 68 víctimas, esto sin contar con las amenazas, hostigamientos y nuevos desplazamientos a comunidades que han sido restituidas o que han tomado la decisión de retornar a sus territorios por su propia cuenta, a pesar de los inminentes riesgos para su vida y su integridad personal, que no han merecido la atención y la adopción oportuna y eficaz de las medidas de protección de las víctimas, las que han resultado tardías o simplemente inocuas, en razón de lo cual, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de marzo de 2011 sobre Colombia, declaró “especialmente preocupantes han sido los asesinatos de líderes y lideresas, campesinos y desplazados que adelantaban procesos de restitución de tierras”[7].

Asimismo, muchos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas en sus demandas relacionadas con la propiedad de la tierra, han sido objeto de una estigmatización sistemática, diseñada para deslegitimizar su trabajo y, en consecuencia, desensibilizar a la opinión pública sobre la trascendencia de los atentados y asesinatos cometidos contra estos líderes. La estigmatización ha sido llevada a cabo por funcionarios del gobierno, asesores presidenciales, el ex presidente Uribe y oficiales del ejército, como es el caso del Comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, quien en marzo de 2011 declaró ante los medios de comunicación, que los pueblos indígenas eran parte de la guerra que la guerrilla perpetúa contra el ejército[8].

A pesar de que los grupos paramilitares fueron supuestamente desmovilizados bajo el gobierno anterior, continúan operando en connivencia con las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, coadyuvando a la consolidación de los intereses de sectores económicos poderosos que se mueven tras la expropiación de la tierra y el desplazamiento. Muchos de los comandantes paramilitares de mediano rango no se comprometieron con el Proceso de Justicia y Paz, pero reformaron y lideraron grupos paramilitares con nuevos nombres como las “águilas negras”, “los rastrojos”, “nueva generación”, entre otros, que continúan desarrollando su accionar criminal asociado al tráfico de drogas, el control de territorio y el despojo de tierras y territorios, sin que haya una acción efectiva del Estado para combatirlas y someterlas al rigor de la justicia.  

En la cartografía de la empresa criminal que desarrollan las denominadas “bacrim”, han resultado afectados casi todos los departamentos del país; sin embargo, es necesario plantear la grave situación que atraviesan departamentos como el Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Chocó, que según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, en estos dos últimos, se ha producido el despojo en la siguiente proporción: desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio de 2010 había en esta región 117.171 familias desplazadas inscritas en el RUPD, las cuales habían sido despojadas de 1.652.261 hectáreas de tierra, que corresponde al 27% del total de la tierra arrebatada a las familias desplazadas en todo el país, lo que explica la virulencia de la confrontación en torno a las reclamaciones sobre la propiedad de la tierra.

Entretanto, en la región constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba que ocupan el cuarto lugar en el tamaño del despojo detrás de la región sur del país, han sido desplazadas en este mismo período 58.727 familias lo que representa el 13.5% del total de familias desplazadas en el país y les habían sido arrebatadas 749.968 hectáreas en estos mismos años. Haciendas como la de Las Pavas, Veracruz, El Nilo, San Francisco; los Montes de María; los Playones de Pivijay y María La Baja, entre tantas otras extensiones de tierra, han sido el escenario de la más abominable empresa criminal que se haya podido urdir contra quienes reclaman su derecho a la tierra.

No obstante la gravedad de los hechos que han prevalecido ante las demandas de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra por sus legítimos propietarios, tras seis meses de implementación de la Ley de Víctimas, aún se desconoce el plan de acción para la ejecución de la misma, los criterios de accesibilidad, focalización y priorización de las victimas a reparar y sobre todo, la forma de su participación efectiva, de conformidad con los ordenamientos proferidos por la Corte Constitucional mediante el Auto 383 de 2009, que considera que la participación además de efectiva debe ser significativa, en orden a garantizar el acceso y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

En este punto es pertinente reiterar que la Ley de Reparación a las Víctimas del conflicto colombiano, no compensa en lo más mínimo todo el daño causado por el despojo y, por el contrario, provoca indignidad, revictimiza a los desplazados y no permite superar los niveles de pobreza e indigencia en la que han sido colocados.

De ahí que con justipreciada razón, las organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, exijan del gobierno nacional, la implementación de una verdadera y efectiva RESTITUCIÓN y REPARACIÓN, que les permita reconstruir su proyecto de vida, restablecer en el tejido moral y social de sus comunidades, más aún, en tratándose de comunidades cuya cosmovisión comporta una serie de valores y constructos psicosociales que hacen parte consustancial de la existencia misma, que al afectarse, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vida, a la integridad y a la seguridad como personas y como sujetos colectivos.

Así mismo, esta audiencia debe pronunciarse de forma contundente, en la exigencia de otorgamiento de las garantías de seguridad necesarias, para que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que lideren los procesos organizativos y de movilización hacia la restitución de sus tierras, sus territorios y sus bienes patrimoniales, puedan ejercer sus derechos, en orden a impedir que la empresa criminal de los ejércitos “anti restitución”, cumplan con sus cometidos de silenciar las voces o apagar las vidas de quienes se atreven a reclamarlos y a ejercerlos.

Sobre este asunto de vital urgencia para la prevención del crimen contra las víctimas del desplazamiento forzado y la protección de quienes se encuentren amenazados, la Unidad Nacional de Protección que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, deberá actuar con la prontitud y eficacia que impone el alto riesgo a que están expuestas las personas que lideran la lucha por la restitución de tierras, aparte de que se debe revisar los estándares de valoración de riesgo, a fin de que las medidas que se adopten garanticen efectivamente la preservación de su vida, su integridad personal y el goce efectivo de sus derechos.

En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre los asesinatos selectivos y sistemáticos que se han presentado en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Arauca, Meta, Santander, Tolima , Putumayo, y Nariño de luchadores sociales involucrados en los procesos de restitución de tierras, es preocupante la lentitud con que avanzan, razón por la cual, acompañamos la solicitud de creación de una Unidad Especial en la Fiscalía General de la Nación, e incluso, la creación de una Jurisdicción Especial que conozca de los crímenes perpetrados contra las víctimas de la violencia política en Colombia. 

Una de las preguntas que el gobierno nacional debe responder de forma clara y precisa a esta Audiencia Pública, es si su locomotora Mineroenergética garantiza la ejecución real y efectiva del Programa de Reparación y Restitución de Tierras que ordena la Ley de Víctimas; porque de no ser así, las tierras que han sido despojadas a sangre y fuego o mediante engaños a los campesinos, indígenas y afrodescientes durante los últimos 40 años por quienes ostentan el poder político y económico, legal e ilegal, o que han sido entregadas mediante contratos leoninos de concesión a empresas transnacionales, para la exploración y/o explotación de los recursos naturales durante tiempos a veces inconmensurables, no podrían ser jamás restituidas a sus verdaderos dueños y poseedores ancestrales, dejando en la más absoluta impunidad su derecho a la realización de la verdad, la justicia, la reparación integral y el compromiso de no repetición. 

Finalmente, la lucha que las organizaciones sociales de desplazados libran en el país, por su derecho a la Tierra, al Territorio y, sobre todo, por su derecho inalienable a la realización de un Proyecto de Vida Digna, está indisolublemente ligado a la lucha por LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE PONGA FIN A LA GUERRA y a los efectos devastadores sobre la vida y sobre la necesidad imperiosa de abrirle caminos a la construcción de la Paz, la realización de la Justicia y la profundización de la Democracia Política y Social.  

Por estas sopesadas razones, acompañamos con el debido reconocimiento, la presencia de todas y todos ustedes en esta jornada de reflexión, de denuncia y fortalecimiento de la heroica lucha que han venido librando en Colombia, por el derecho a tener derechos, en un país donde la recuperación de su altura moral, requiere con urgencia, entre otros aspectos, de la superación de los disimiles “estados de cosas inconstitucionales” que resultan insoportables a la dignidad de la persona humana, como es el caso de los 4.5 millones de desplazados internos, resultado de la violencia social y política que prevalece en el país por ya casi medio siglo y a la que hay que ponerle fin y por ello, incansablemente seguiremos trabajando.

POR UNA VERDADERA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DE BIENES DESPOJADOS A LAS Y LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA

¡¡¡VIVA LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL “TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD”!!!

Tags: Ley de Victimas Restitución de tierras

INFORME DE BALANCE DE LA GESTIÓN PARLAMENTARIA Y EXTRAPARLAMENTARIA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2012

RESPONSABILIDADES 

 ·         Integrante de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado

·         Fundadora e integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República

·         Integrante de la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República

·         Coordinadora de la Comisión Accidental de Seguimiento al Acto Legislativo No. 04 de 2011, bajo cuya iniciativa se propuso una agenda de trabajo para el funcionamiento de la misma, especialmente relacionada con la aplicación de esta prerrogativa en favor de los servidores públicos en condición de provisionalidad.

PRESENTACIÓN: 

El presente informe de gestión sintetiza las actividades parlamentarias y extraparlamentarias de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, del Polo Democrático Alternativo, en el período legislativo comprendido entre el 16 de marzo y el 20 junio de 2012, aunque también contempla algunas tareas realizadas desde el mes de enero del mismo año.

 Durante este tiempo ha venido profundizándose la política neoliberal, antidemocrática y guerrerista del gobierno de Juan Manuel Santos, que cuenta con amplias mayorías para hacer aprobar sus proyectos, mientras el Polo Democrático Alternativo es la única fuerza de oposición en el Congreso de la República.

En los años 2010 y 2011 fueron aprobadas una serie de leyes que supuestamente iban a resolver problemas de gran importancia para el país. Sin embargo, el balance de resultados de las principales leyes es ampliamente negativo.

 La reforma a la salud resultó inútil para solucionar la problemática del sector y hoy la salud vive una profunda crisis, aquejada, además, por una escandalosa corrupción.

 La Ley de Primer Empleo y de Formalización Laboral, a pesar de lo que dice la propaganda gubernamental, no ha servido ni para disminuir la desocupación ni para formalizar el empleo.

 La Ley de Regalías afectó a más de 400 municipios y aún no se sabe si los remiendos que le introdujeron a última hora servirán para mejorar la situación.

La constitucionalización de la Sostenibilidad Fiscal como principio para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho y la Regla Fiscal como instrumento para garantizar la estabilidad macroeconómica, como lo habíamos advertido, están siendo utilizadas para negar el reconocimiento de derechos sociales fundamentales a la población en general y en particular, a sujetos de especial protección constitucional, como son los desplazados, las víctimas de la violencia sociopolítica y las comunidades indígenas y afrodescendientes.

 La Ley de Reparación a las Víctimas y la Restitución de Tierras, tal como lo demostró el Polo Democrático Alternativo en un debate de Control Político realizado en el Senado de la República, está resultando ser un fiasco, pero sobre todo, una forma de revictimización de las víctimas, antes que una reparación integral a los enormes daños materiales e inmateriales infringidos en el marco de la guerra.

En el período que acaba de culminar, lo proyectos más importantes fueron el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, la constitucionalización del Fuero Militar y la Reforma a la Justicia.

El primero de ellos es una reforma constitucional, aprobada en último debate por 65 votos contra 3, en la Plenaria del Senado y luego conciliada, que contiene normas de justicia transicional en dos artículos transitorios, cuyo supuesto fin es lograr un acuerdo de paz con la insurgencia, pero que apenas ofrece muy precarias posibilidades de servir a ese propósito, que como es de dominio público, ha sido blanco de una rabiosa campaña de la ultraderecha y el militarismo, encabezada por Uribe Vélez, que se oponen a cualquier posibilidad de salida política y negociada del conflicto.

 En estas circunstancias la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Senado resolvió votar afirmativamente el proyecto, no obstante su precariedad como instrumento de paz, porque es consciente de que no debe desechar ninguna posibilidad que pueda conducir al diálogo y la negociación, por pequeña que ella sea, para hacer una nueva demostración de la su compromiso con la paz y para no resultar en la vergonzosa compañía del uribismo.

En cuanto al “Fuero Militar, lo aprobado hasta ahora se encamina a cubrir con la impunidad numerosos crímenes de la Fuerza Pública.

 Para el efecto, se crea un Tribunal de Garantías Penales, compuesto por 6 magistrados, 3 de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro, lo que le da un marcado carácter militar que no garantiza imparcialidad, con el agravante de que tendrá la función permanente de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar”, lo que puede llevar a que al decidir a cual jurisdicción corresponde la competencia se produzcan fallos sesgados en favor de los militares y se haga nugatoria la norma que establece que los delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales y reclutamiento o uso de menores, deben ser de conocimiento de la Justicia Ordinaria.

Además, el proyecto crea un fondo destinado a la defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, lo que significa financiar con dineros públicos la defensa de quienes son juzgados por cometer crímenes, y establece que las condenas se cumplirán en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública, que, como ha sido denunciado, son una burla al pago efectivo de la pena de cárcel.

En cuanto al Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, ante la debacle institucional que generarían los vergonzantes micos que de forma fraudulenta pretendió introducir el conciliábulo de conciliadores de la Unidad Nacional, en forma desesperada y por fuera del ordenamiento constitucional y legal, el Presidente Santos logró que el pasado 28 de junio, mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias, esta se hundiera, a pesar de las lamentaciones de quienes tenían intereses protervos en su promulgación.

 Entre los aspectos más negativos que contenía esta reforma a la Constitución, están: la ampliación del período de los magistrados de 8 a 12 años y de la edad de retiro forzoso, que pasó de 60 a 70 años; la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por un Gerente y un Consejo de Gobierno Judicial en detrimento de la autonomía de la Rama; la asignación de funciones jurisdiccionales a centros de arbitraje y conciliación, a notarios y a abogados que, junto con el cobro de un arancel judicial en algunos procesos, abren el camino a la privatización de la justicia, y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el juzgamiento de altos dignatarios del Estado (Presidente, Vicepresidente, Fiscal, magistrados de las altas cortes y otros funcionarios), sin que se garantice que los nuevos organismos creados mejoren la situación de impunidad existente.

Los congresistas, especialmente aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia, saben ampliamente gananciosos en la reforma. Se elimina el régimen de inhabilidades y se crean instancias, mecanismos y procedimientos que harán prácticamente imposible que los congresistas pierdan sus curules; sólo podrán ser reemplazados por muerte, incapacidad física o renuncia; se crea la doble instancia en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y en los procesos de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y se disminuyen los controles que había sobre ellos.

 La podredumbre de la “parapolítica”, la “Yidispolítica”, las “chuzadas” ilegales del DAS y demás actuaciones delictuosas que comprometen a numerosos congresistas y altos funcionarios del Estado, ahora tendrán menos posibilidades de que sean investigadas y castigadas.

La reforma resultó tan desastrosa y provocó tal indignación en la opinión pública que el Presidente de la República se vio forzado a devolverla al Congreso con objeciones de orden constitucional y de inconveniencia para el país, con lo cual el gobierno buscó lavarse las manos sobre la responsabilidad política que le compete por haber agenciado semejante esperpento jurídico.

Para el próximo período legislativo se anuncian nuevas reformas regresivas, entre ellas, la Reforma Tributaria, la Reforma Pensional y, posiblemente, otra Reforma Laboral, todas ellas dirigidas a afectar el escaso presupuesto de la mayoría de los colombianos y a recortar los derechos de los trabajadores y los pensionados.

Ante esta realidad, continuaremos cumpliendo nuestro compromiso de ser fieles a los intereses de los oprimidos y explotados de nuestro país y nos esforzaremos hasta el máximo para impedir que sus derechos sean atropellados.

 La experiencia adquirida en el Congreso de la República nos enseña que la labor parlamentaria puede rendir frutos solo si se articula con la acción de masas, por lo que insistimos en nuestro llamamiento a la unidad y a la movilización como el único camino seguro para conquistar la paz y lograr los cambios democráticos avanzados que necesita nuestro país.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

 DESARROLLO LEGISLATIVO

 El gobierno tiene en el Congreso de la República unas mayorías aplastantes con la llamada Unidad Nacional, y la única fuerza de oposición la representan los congresistas del Polo Democrático Alternativo. De esta manera garantizan tanto la aprobación de las iniciativas apoyadas por el gobierno como la negación de los proyectos que no son de su aceptación, lo que hace prácticamente inviable que las iniciativas presentadas por el POLO puedan tener alguna posibilidad de aprobación.

En estas condiciones, los informes de ponencia que, de acuerdo al Reglamento del Congreso debemos rendir sobre los proyectos de ley que nos son asignados por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la que hago parte, los hacemos siempre desde un enfoque de derechos y teniendo en cuenta su incidencia en la realización efectiva de los derechos humanos y sociales fundamentales de las y los trabajadores y los sectores desprotegidos de la sociedad en cada una de nuestras propuestas de adición, modificación o sustitución de normas que puedan resultar desfavorables o nugatorias de tales derechos.

PONENCIAS RENDIDAS

PROYECTO DE LEY No. 164 DE 2011 SENADO, “por el cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal)”, que tiene por objeto la derogatoria de la norma que les devolvió el carácter de querellables, desistibles y conciliables a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que, a instancias de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, garantizará que la violencia intrafamiliar contra las mujeres, los niños y las niñas y otras personas del núcleo familiar, no queden en la impunidad. 

PROYECTO DE LEY No. 08 DE 2011 – SENADO, “por el cual se establecen las cunas de vida para recién nacidos”, a fin de protegerlos del posible abandono de sus padres o cuidadores, servicio público que estará a cargo de las EPS y de entidades privadas bajo la directa supervisión y vigilancia del ICBF. 

PROYECTO DE LEY No. 42 DE 2011 – SENADO, “por el cual se establece una protección especial a la mujer en estado de embarazo y en la etapa de lactancia, vinculada a través de contratos de prestación de servicios”, que le ha dado apertura al reconocimiento del “fuero por maternidad” a favor de las mujeres trabajadoras vinculadas al servicio público mediante esta modalidad de contratación deslaboralizada, con lo cual se garantiza su estabilidad laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas que ella apareja.

PROYECTO DE LEY No. 09 DE 2011 - SENADO, “por el cual se establece la obligatoriedad de constitución de una póliza de cumplimiento para garantizar la calidad y estabilidad de la vivienda nueva”, que las aseguradoras se niegan a expedir, dada su incidencia en la responsabilidad civil extracontractual que tienen los empresarios de la construcción en la entrega, en condiciones de calidad y estabilidad de la vivienda nueva. 

PROYECTO DE LEY Nº 223/2012 CÁMARA - 236/2012 SENADO,“por el cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, de iniciativa del gobierno y por el cual se pretende la adjudicación de 100.000 viviendas gratis a los colombianos más pobres, establece las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, que con la confluencia del sector privado intervendrán en la implementación de proyectos de vivienda VIS y VIP con el propósito de incidir en la erradicación de la extrema pobreza.

En relación con este proyecto, presentamos un Pliego de Modificaciones y Adiciones a la Ponencia Principal que no fue acogido por la mayoría de ponentes, de lo cual se dejaron las respectivas constancias, destacando los siguientes puntos:

1.    Participación de las autoridades territoriales en los planes de vivienda, procesos de habilitación de suelo para la construcción de vivienda, planes de inversión en redes de servicios y política de distribución de vivienda rural y urbana.

2.    Tratamiento prioritario y preferente a sujetos de especial protección constitucional para el acceso a subsidios y/o planes de vivienda de interés prioritario, entre ellos, mujeres u hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, víctimas del conflicto armado (para viviendas de interés social rural).

3.    Propuesta de participación de las organizaciones populares de vivienda en la formulación de la política de vivienda de interés prioritario.

4.    Propuesta de entrega de lotes y subsidios para autoconstrucción.

5.    Incorporación del contrato arrendamiento con opción de compra como mecanismo de financiación  para la adquisición de vivienda de los sectores de escasos recursos que no tienen ahorro, capacidad de crédito ni acceso al leasing habitacional.

PROYECTO DE LEY No. 82 de 2011 – SENADO,“por el cual se establecen los criterios para reconocer el pago de la licencia de maternidad”, mediante el cual se busca proteger el fuero por maternidad, en cuanto al reconocimiento y pago de la prestación económica, en vista de que las EPS, haciendo una interpretación acomodaticia a sus intereses económicos, niegan de forma persistente la totalidad del valor de dicha prestación económica. 

PROYECTO DE LEY No. 32 DE 2011 – SENADO, “por medio del cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la labor de las Madres Comunitarias”, que fue aprobado en Primer Debate por votación unánime de los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. He sido autora de esta iniciativa que busca reivindicar los derechos laborales y sociales de estas trabajadoras, a quienes de forma persistente y sistemática el gobierno se ha negado a reconocerles sus plenos derechos como trabajadoras.

PROYECTO DE LEY No. 139 DE 2011 SENADO, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Inspecciones y se reforma el contenido y alcance de las funciones que desarrollarán los inspectores del trabajo”, tema sobre el cual efectuamos una propuesta estructural de modificación y adición a la propuesta presentada por el Senador Juan Lozano, del Partido de la “U”, en representación del gobierno, buscando garantizar una vigilancia efectiva para el acatamiento de la legislación laboral colombiana, los Convenios y Recomendaciones de la OIT, la observancia de los Principios del Derecho del Trabajo y las garantías para el ejercicio del Derecho de Libertad Sindical por parte de los empleadores, tanto públicos como privados.

PROYECTO DE LEY NO. 134 DE 2011SENADO.“Por medio del cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de los organismos de acción comunal, se modifican los artículos 14 y 73 de la Ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto tiene por objeto otorgar mayores facultades a las posibilidades de contratación pública que tienen las Juntas de Acción Comunal, en el desarrollo de proyectos comunitarios. La ponencia se encuentra en proceso de revisión para ajustarla a los parámetros de las leyes de contratación pública. 

PROYECTO DE LEY 067 DE 2010 SENADO, 217 DE 2011 CÁMARA“por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”, que está pendiente de sanción presidencial y que hace importantes aportes al Sistema de Riesgos Laborales. Como autora del Proyecto, destaca los siguientes puntos: inclusión de la función sindical dentro del accidente de trabajo, más controles para las juntas de calificación de invalidez, inclusión de un sistema de salud ocupacional y un manual de calificación de invalidez para el magisterio, a cargo del Ministerio de Educación y el Fomag, nuevos recursos para investigación para el Fondo de Riesgos Laborales.

PROYECTO DE LEY Nº 84/2011 SENADO:“por medio del cual aclara la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en los conflictos de la caja nacional de previsión, instituto de seguros sociales”, que busca aclarar la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de que se agilicen los procesos de los afiliados a CAJANAL y el Seguro Social.

PROYECTO DE LEY NO. 06 DE 2011 SENADO, “por el cual se reconocen los trabajos de Minería a Cielo Abierto dirigidos a la extracción y manejo de carbón, como actividades de alto riesgo, se deroga el Artículo 8° del Decreto Ley 2090 de 2003 y se dictan otras disposiciones”, dirigida a favorecer a todos aquellos trabajadores de Minería a Cielo Abierto que actualmente no son considerados de alto riesgo aunque existen pruebas enfáticas sobre las graves afecciones de las que son víctimas por este tipo de actividad.

Ponencia conjunta Proyecto de Ley No. 4 de 2011 –Senado-“por medio del cual se crea el Registro Único Nacional de Deudores Morosos de Cuotas Alimentarias y se dictan otras disposiciones”, cuyo objeto es crear una base de datos sobre los ciudadanos que se encuentren en mora con la obligación de dar alimentos, con el objeto de proteger a las madres cabeza de familia, los niños y las víctimas de la inasistencia alimentaria, considerada una modalidad de la violencia de género.

Ponencia Conjunta al Proyecto de Ley No. 14 de 2011- Senado, “por medio de la cual se modifica la Ley 1251 de 2008 y la Ley 1315 de 2009, se reglamenta la habilitación para la prestación del servicio de los centros o instituciones de promoción y/o protección social para la persona mayor y se dictan otras disposiciones.”. El objeto de esta iniciativa es establecer las condiciones mínimas para la habilitación y funcionamiento de los centros o instituciones que prestan servicios de atención integral a la persona mayor por fuera del sistema de seguridad social. Incorporamos proposiciones que garantizan la inclusión de los adultos mayores en Sistema de Seguridad Social en Salud, el respeto a sus derechos adquiridos y un trato diferenciado para la instituciones de carácter privado que prestan estos servicios, en relación con las tarifas de servicios públicos, entre otros aspectos.

 Ponencia conjunta Proyecto de Ley No. 27 de 2011- Senado, “por medio del cual se establecen políticas para prevenir el consumo y dependencia de las bebidas alcohólicas por parte de los menores de edad y se previenen las consecuencias relacionadas con el consumo de alcohol por parte de la población en general en los menores de edad, se establecen normas sobre el expendio, suministro, consumo, publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y se dictan otras disposiciones.” Se incorporaron proposiciones encaminadas a la protección especial de los menores de edad, aspectos de educación, campañas de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y responsabilidades del Estado al respecto.

En mi condición de ponente, participe en la formación de la Ley 1496 de 2011, "por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones" que tendrá un gran impacto en la aplicación del principio de “Equidad de Género” en las relaciones del trabajo, en miras a la erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

Durante el primer semestre de 2012, la citación a debates de control político se concentró en la Comisión Séptima de Senado, siendo los más importantes:

1.    A la Ministra de Salud, por el cierre indiscriminado de unidades pediátricas en todo el país.

2.    A la Ministra de Salud, por la situación de salud en el Departamento de San Andrés y Providencia, al que asistió un delegado de la Contraloría General de la República.

3.    A la Ministra de Salud, al Director de la CRES y al Superintendente de Salud, por la actual situación de las IPS y las investigaciones que se llevan a cabo contra 14 EPS por malos manejos de los recursos de la Salud

4.    A la Fiduprevisora, con invitaciones a la Contraloría y la Procuraduría, por los graves casos de corrupción en algunas regiones del país en donde a través de fallos judiciales ilegales se busca desfinanciar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así mismo, se exigió al Gobierno Nacional que se giren los recursos adeudados al Fondo, que son cerca de 48 billones de pesos.

5.    A la Presidenta del Seguro Social, al Ministro de Trabajo y al Ministerio de Hacienda, por la situación de Colpensiones. Se aprovechó la oportunidad para denunciar la estrategia de privatización del sistema público de pensiones que ha iniciado el Gobierno y que tiene como fin terminar con el sistema de prima media con prestación definida.

6.    Al Presidente de CAPRECOM, por la compra de medicamentos vencidos y por la crítica situación que hay en la prestación de los servicios de salud a su cargo.

7.    Participación en el debate contra el Proyecto de Ley que pretende utilizar las cesantías de los trabajadores y recortar el subsidio familiar que administran las cajas de compensación, que son derechos conquistados por los trabajadores, para una supuesta “protección al cesante”.

8.    Se realizaron debates de control político a los informes trimestrales de la CNSC y se propuso un debate de control político sobre la situación laboral de los trabajadores del SENA, que quedó pendiente de su realización en el próximo período legislativo.

9.    Se propuso la realización de un Debate de Control Político sobre el tema: “Mujer: Objetivos del Milenio, Pobreza y Desigualdad en Colombia”, que no pudo realizarse porque la Mesa Directiva del Senado no lo programó, pero que, dada su importancia, se buscará adelantarlo en el próximo período.

DEBATES PREVISTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

1.    Debate de control político sobre el “matoneo”, en particular sobre la situación de violencia en los colegios públicos y privados.  

2.    Seguimiento a la restitución de tierras.

3.    Seguimiento al conflicto medio-ambiental y social que provocaría la construcción de la hidroeléctrica de Sumapaz.

4.    Seguimiento a la situación de crisis de los caficultores.

5.    Debate de control político sobre la protección al desempleado.

6.    Seguimiento a las leyes de suelo urbanizable y vivienda gratis.

7.    Seguimiento a la Ley de Marco Jurídico para la Paz.

ACTIVIDAD EXTRAPARLAMENTARIAS

RESPONSABILIDADES:

• Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PCC
• Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PDA
• Integrante del Consejo Patriótico Nacional

ACTIVIDADES NACIONALES

A pesar de las limitaciones que impone la actividad legislativa, se ha desarrollado una amplia agenda extraparlamentaria, visitando distintas regiones del país y asistiendo a numerosas reuniones en las que, además de tratar los temas previstos para ellas, se entregan informes sobre la labor parlamentaria y se recogen críticas, iniciativas y propuestas de diversos sectores.

Desde luego, es de lamentar que no todas las invitaciones puedan ser atendidas, porque el tiempo es insuficiente para ellos:

19 al 21 de enero

Reuniones con dirigentes sindicales y educadores en la ciudad de Pasto (Nariño),

24 al 26 de enero

Reunión con líderes sociales, educadores y activistas políticos del POLO en la ciudad de Quibdó (Chocó).

27, 28 y 29 de enero

Realización del III Encuentro Parlamentario de Dirigentes del PCC, en el que participaron los candidatos electos a corporaciones públicas y a varias Alcaldías en representación del POLO, que se constituye en una experiencia muy importante para la proyección de los Planes Locales de Desarrollo.

19 al 22 de febrero

Recorrido por los municipios de Florencia, La Montañita y San Vicente del Cagüán en el Departamento del Caquetá, en donde sostuvo reuniones con líderes sociales de la comunidad, educadores y defensores de derechos humanos. .

2 de marzo

·          Participación como conferencista en la jornada académica organizada por la Universidad Tecnológica de Pereira en la que abordó el tema “Ley de Protección Laboral en Colombia”.

·          Acompañamiento del Activo Nacional de Maestros Unitarios realizado en la ciudad de Bogotá.

3 de marzo

Organización y Participación en el Foro Regional de Información y Sensibilización sobre el contenido y alcance de los Decretos Reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, convocado por la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer del Congreso de la República realizado en la ciudad de Pereira.

15 de marzo

Acompañamiento en los diferentes actos protocolarios realizados por el gobierno colombiano durante la visita oficial del Presidente de Bolivia, Evo Morales al país.

21, 22 y 23 de marzo

Participación en el proceso de construcción del Movimiento Social y Político “Marcha Patriótica” cuyo lanzamiento tuvo lugar en la ciudad de Bogotá y que constituyó un evento de gran impacto nacional e internacional que ha desatado una campaña macartista del gobierno y la extrema derecha, no obstante lo cual, la Marcha Patriótica, concebida como un movimiento político y social, además de ser una iniciativa de unidad y de lucha, ha despertado grandes expectativas en amplios sectores del país.

El respaldo y compromiso con la Marcha Patriótica no se opone a nuestra permanencia en el Polo Democrático Alternativo ni a nuestro trabajo por reconstruirlo y fortalecerlo, como tampoco es incompatible con el apoyo a otros procesos unitarios y de lucha. Por lo que propugnamos es por la unidad de todas las fuerzas avanzadas para enfrentar las políticas del régimen, abrirle espacio a la paz y a los cambios democráticos avanzados y construir conjuntamente la alternativa política que necesita el pueblo colombiano para hacer realidad sus aspiraciones de justicia social, democracia real, vida digna y soberanía nacional.

30, 31 de marzo y 1° de abril

Participación en el Pleno de Comité Central del PCC.

 30 de abril

Participación en la sesión conjunta de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, realizada en San Andrés (Islas), sobre la situación del sector salud.

GESTIÓN HUMANITARIA, DE SOLIDARIDAD Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

·         En su condición de Defensora de DDHH ha acompañado a las víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los derechos humanos en la región de los Llanos Orientales, el Suroccidente colombiano, el Urabá antioqueño, especialmente en los procesos de exhumación, identificación y ubicación de fosas comunes (Cementerio de Granada y Vista Hermosa (Meta). Igualmente, se ha destacado por su acompañamiento a la gestión humanitaria que se adelanta con el CPDH y la Comisión de DDHH del Partido Comunista, a las personas privadas de su libertad por razones políticas.

·         Acompañamiento a las víctimas de amenazas contra la vida, la integridad y la seguridad personales, que a diario profieren en el país las bandas paramilitares contra defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas y líderes populares, a través de la coadyuvancia de las denuncias públicas, llamados de urgencia y alertas tempranas que se surten ante las autoridades.

·         Acompañamiento al proceso de construcción de La Corte de Mujeres Colombianas Contra el Olvido y por a Re-Existencia, que prepara para finales del presente año, la realización de una PRECORTE para abordar los temas relacionados con la búsqueda de solución política al conflicto social y armado que vive el país, el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres, conculcados por los efectos de la guerra, el desplazamiento y el despojo y la defensa de la tierra, el territorio y la soberanía nacional.

·         Acompañamiento al proceso de organización y aplicación de una metodología de participación y acompañamiento psicosocial de las víctimas del conflicto armado en el Encuentro “Por el Derecho a la Vida, la Tierra, el Territorio, el Medio Ambiente y la Paz”, realizado en Playa Rica, La Ye, municipio de La Macarena, (Meta), el 14 abril de 2012. 

·         Acompañamiento y participación en el Foro “Colombia Entre Rejas: en Búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz” que tuvo lugar durante los días 26 y 27 de febrero del presente año y en el cual se constituyó una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas y de la Situación de las y los Prisioneros Políticos en Colombia.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

·         Acompañamiento permanente a las comunidades campesinas e indígenas de la Región Cafetera, de los Llanos Orientales, del Putumayo y del Suroccidente colombiano.

·         Coadyuvancia a la solicitud de nulidad procesal contra la Acción Electoral que pretende anular la elección  del Alcalde del municipio de Riosucio (Caldas), compañero ABEL DAVID JARAMILLO LARGO, en representación del Partido Polo Democrático para el período constitucional 2012 - 2015.

ACTIVISMO EN LA LUCHA POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

Participación en el Foro Regional del Eje Cafetero, realizado el 3 de marzo, sobre la implementación de los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tuvo lugar en la ciudad de Pereira, a instancias de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de Colombia y por invitación de la Gobernación de Risaralda.

OTRAS ACTIVIDADES

Gestiones tendientes a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en conflictos como los de REFICAR en Cartagena, de los educadores del Chocó y el Putumayo, los trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión, el SENA, la Aeronáutica Civil, las Madres Comunitarias, entre otros.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

El trabajo internacional es un frente muy importante, no solo del Congreso de la República, sino del Polo Democrático Alternativo y de nuestro Partido. En este sentido, hemos cumplido tareas del Partido y del Polo en el Foro de Sao Paulo y en otros organismos internacionales, contribuimos a afianzar relaciones con partidos y movimientos afines al nuestro y aprovechamos la asistencia a los eventos para denunciar la situación del país y promover la solidaridad.

·       Participación en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, en la reunión bilateral del mismo foro y en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina COPPPAL.

·       Participación en el XVI Seminario Internacional organizado por el PT de México que tuvo lugar durante los días 22 a 24 de marzo de 2012, con representantes de partidos y movimientos políticos de América Latina y El Caribe, integrantes de la COPPPAL y del FSP.

·       Asistencia a la sesión ordinaria de la Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe que tuvo lugar en la ciudad de La Paz (Bolivia), durante los días 24 y 25 de mayo de 2012, en la que se abordaron temas como la educación del sector rural, la educación en América Latina y la participación activa de la CTEUB en estos escenarios en su condición de afiliada a la Internacional de la Educación.

Invitada especial a la reunión de trabajo regional “La salud materna en América Latina y El Caribe: la agenda inconclusa”, convocada por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna “Women Deliver”, que tuvo lugar en Ciudad de México durante los días 5 y 6 de junio del año en curso.

Tags: Rendición de cuentas

RECHAZAMOS REFORMA A LA JUSTICIA

Tags: Justicia

Condenamos el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos

Como es ampliamente conocido de la opinión pública, en el día de ayer, hacía las 11:30 a.m. en la Avenida Caracas con calle 74 de la ciudad de Bogotá, se cometió un atentado terrorista contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, Ex ministro del Interior y de Justicia, hecho que dejó como resultado la muerte de dos de sus escoltas, los agentes de policía Rosemberg Burbano y José Ricardo Rodríguez, cerca de 60 personas heridas, entre ellas el doctor Londoño, y considerables daños materiales, sin que hasta el momento, las autoridades hayan establecido la autoría del atentado.

Este lamentable y repudiable caso no es aislado. En las últimas semanas ha venido recrudeciendo una oleada criminal, como lo demuestra los asesinatos de varios líderes de tierras, el asesinato del dirigente sindical de los corteros de caña en el Valle del Cauca, Daniel Aguirre Piedrahita; las graves amenazas contra la Ex senadora liberal Piedad Córdoba, dirigenta de Colombianas y Colombianos por la Paz; contra el Representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro; contra el Alcalde Mayor de la capital del país, Gustavo Petro Urrego; contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, y contra la Ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, para citar apenas algunos ejemplos.

Cada vez que se producen hechos de esta naturaleza, los enemigos de la paz se aprovechan de las circunstancias para plantear como única alternativa la intensificación de la guerra y para vociferar contra cualquier posibilidad de reconciliación entre los colombianos. Cerca de 50 años de insistir en esta política fracasada no les han sido suficientes para entender que esa vía sólo conduce a la perpetuación del conflicto y que es hora de optar por la salida negociada.

El actual gobierno, fuera de repetir con insistencia que tiene en sus manos la llave de la paz, nada hace para buscarla y, por lo contrario, arrecia los operativos militares, descalifica los gestos de paz de la guerrilla, refuerza la legislación para la guerra, como ocurre con el Fuero Militar, y lo que en realidad persigue afanosamente es aniquilar a los guerrilleros o forzarlos a la rendición, es decir, transita por el mismo camino de siempre, que solo conduce al fracaso.

El atentado contra el Ex ministro Fernando Londoño conspira gravemente contra las posibilidades de paz y es un hecho que condenamos y rechazamos enfáticamente, en la misma forma en que rechazamos y condenamos la histeria belicista de quienes se empeñan en mantener a nuestro país en la tragedia de una guerra sin fin.

Les hacemos llegar al doctor Londoño, a los familiares de los muertos a todas las víctimas del atentado nuestras expresiones de solidaridad, les solicitamos a las autoridades judiciales el esclarecimiento de los hechos, demandamos del gobierno asumir un compromiso serio con la paz y llamamos a la opinión pública a movilizarse para exigir la salida negociada al conflicto y la concreción de un acuerdo que le ponga fin a la confrontación que por largos años ha afectado a nuestro país.

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2012

Tags: Violencia

Saludo a los educadores colombianos

Con motivo de celebrarse el 15 de mayo el Día del Educador, les hago llegar a todas y todos los educadores colombianos mi saludo fraternal y mis más calurosas felicitaciones por la encomiable labor que realizan en la formación de las nuevas generaciones.

Desde que se impuso en nuestro país el desastroso modelo neoliberal, la educación ha sido uno de los sectores más duramente golpeados por la política de los sucesivos gobiernos: El recorte de los recursos, como ocurrió con las transferencias; la entrega de la administración educativa a municipios y departamentos por la vía de las certificaciones; la implantación del subsidio a la educación, que ha dado lugar al fenómeno de los “alumnos fantasmas”; la entrega de los colegios públicos a particulares mediante la figura de las concesiones; el sobrecupo de alumnos, con el consiguiente recargo de trabajo para los educadores y con consecuencias negativas para la calidad, en fin, la conversión de la educación en una mercancía para el lucro de los negociantes, pese a que la Constitución Política la contempla como un derecho.

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, no solo continúa con la misma política, sino que la profundiza, con medidas como la sustitución de la educación preescolar por la llamada atención integral a la primera infancia, de carácter asistencialista y no educativo; la imposición de un currículo básico obligatorio, en detrimento de la autonomía escolar, y el enfoque de la educación como un simple instrumento para preparar mano de obra para los empresarios.

Los educadores han sido particularmente afectados por la andanada de medidas neoliberales. El Decreto 1278 de 2002 eliminó el Estatuto Docente y arrasó los derechos y garantías laborales, prestacionales y profesionales; ha habido graves retrocesos en materia de pensiones; el Fondo de Prestaciones del Magisterio tienen un abultado déficit; el régimen especial de salud pretende ser liquidado para convertir la prestación del servicio en un negocio de los empresarios privados; el Plan de Desarrollo pretende imponer la “jornada escolar docente”, que es un nuevo atentado contra los derechos laborales del magisterio, que cada vez tiene que desarrollar su trabajo en peores condiciones.

Como producto de las movilizaciones de los educadores, en junio del año anterior se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y FECODE  que, entre otros compromisos, contempla la conformación de varias comisiones de trabajo para viabilizar los compromisos, pero, debido a la negligencia del Ministerio, ninguna de esas comisiones ha producido resultados. Un ejemplo de ello es la Comisión Tripartita (MEN, FECODE y Congreso de la República), que tiene el encargo de elaborar el proyecto de Estatuto Único Docente, y que hasta ahora no ha funcionado.

Cuando han transcurrido más de cuatro meses del año, a los educadores no se les ha pagado el reajuste salarial ni se les han hecho efectivos los intereses a las cesantías, es decir, se les da un tratamiento indigno que no guarda relación con la alta misión que desempeñan en la sociedad.

En el Día del Educador, en mi condición Ex presidenta de FECODE y de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, reafirmo mi compromiso con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos, así como mi más firme y decidido respaldo a los educadores, convencida como estoy de que solo con la lucha será posible echar atrás la injusta política del gobierno, rescatar la educación como un derecho y conquistar unas mejores condiciones de vida y de trabajo.

La valerosa lucha de los estudiantes universitarios, que derrotó la reforma a la educación superior que pretendía imponer el gobierno, es una demostración de que ese es el camino acertado.

Un abrazo caluroso para todas y todos.

Tags: Educación

Saludo a los trabajadores

Con motivo del 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, les hago llegar a los trabajadores y trabajadoras mi más caluroso saludo y mis mejores votos por el éxito de sus luchas.

Los capitalistas han difundido desde siempre la falacia de que son los empresarios los que producen riqueza y generan empleo, cuando la verdad es que son los trabajadores los que crean riqueza material y espiritual para la sociedad. Son los obreros los que extraen de la naturaleza las materias primas para la industria, los que las transforman y las convierten en bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales; son los campesinos los que producen los alimentos básicos para la población; son los trabajadores de la educación los que forman a las nuevas generaciones y preparan la mano de obra para el trabajo; son los trabajadores de la ciencia, el arte y la cultura los que producen progreso y riqueza espiritual. Lo que los capitalistas hacen es apropiarse de la riqueza creada por el conjunto de la sociedad, y lo hacen de manera desmedida, como ocurre en Colombia, que está clasificado como uno de los países más desiguales del mundo.

Ese régimen de explotación y opresión, en la actualidad atraviesa una profunda crisis que, como ocurre siempre en el capitalismo, está siendo brutalmente descargada sobre los trabajadores y los pueblos. Como resultado, en Estados Unidos hay más de 14 millones de desempleados y 46 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza; en Europa, los desempleados superan los 24 millones y las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores están siendo aniquilados. Si esta es la realidad en los países más desarrollados, ya podemos imaginar cuál será la situación en el resto del mundo.

En nuestro país, los sucesivos gobiernos neoliberales arrasaron con la mayoría de los derechos conquistados por los trabajadores en largas y difíciles luchas. Hoy tenemos el desempleo más alto de América Latina y la mayoría de la población ocupada se debate en el subempleo, la informalidad y la precariedad laboral, mientras los empresarios acumulan ganancias desmedidas. Durante el año 2011, las empresas que reportan resultados a la Superintendencia Financiera obtuvieron utilidades del 31%, equivalentes a 34.3 billones de pesos.

La voracidad de los capitalistas es insaciable y, por eso, el gobierno anuncia nuevas reformas laborales, pensionales y tributarias para recortar aún más los escasos derechos de los trabajadores. Lo que pretenden es recortar o disminuir las contribuciones parafiscales que hoy financian el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar; eliminar el régimen pensional de prima media con prestación definida, aumentar la edad de jubilación a 65 años, modificar el ingreso base de liquidación para disminuir el monto de las pensiones, abrirle paso a mesadas inferiores al salario mínimo y fortalecer el negocio del capital financiero.

Para facilitar la imposición de todos estos proyectos antisociales, el gobierno realiza una perversa labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales para ponerlos al servicio de sus intereses, al tiempo que adelanta una pertinaz ofensiva propagandística para engañar a la opinión pública con las supuestas bondades de su política.

Los invito, entonces a hacer del 1° de mayo un día para rendir homenaje a los Mártires de Chicago, para fortalecer la unidad y elevar la lucha contra la explotación, contra la política antipopular del gobierno y por los derechos e intereses de los trabajadores y de la población; para expresar la solidaridad con los trabajadores y los pueblos del mundo que enfrentan los oprobios del capital o que son víctimas de las agresiones imperialistas; para exigir que en nuestro país haya solución negociada del conflicto interno y paz con justicia social, con democracia real y con soberanía nacional.

Saludamos a la V Cumbre de los Pueblos de las Américas

La V Cumbre de los Pueblos de las Américas  se realiza en momentos en que se apresta a reunirse también la VI Cumbre de las Américas, que congrega a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro hemisferio.  

La Cumbre de los Pueblos cuenta con la presencia de representantes de numerosas organizaciones populares, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, femeninas, juveniles y estudiantiles, de derechos humanos, de la academia, el arte y la cultura, de partidos y movimientos políticos de izquierda, es decir, de lo más avanzado de nuestra sociedad.  

A los participantes los anima el propósito común de examinar los principales problemas de nuestra América y construir una posición alternativa conjunta que exprese los intereses de nuestros pueblos y que sea la verdadera voz de las Américas. Durante tres días se realizarán eventos como el Encuentro de mujeres y paneles sobre educación, derechos laborales y Cartagena modelo de inequidad, y se discutirán temas tan importantes como: Modelo de desarrollo, pobreza, desempleo y derechos económicos, sociales y culturales; Integración (ALBA, UNASUR, CELAC); Militarización, criminalización de la protesta social, guerra contra las drogas, bases militares en el continente; Cambio climático y economía verde; Tierra territorio y soberanía alimentaria; Tratados de libre comercio y crisis económica.  

De acuerdo con lo dispuesto por los organizadores, las conclusiones serán sintetizadas en un pronunciamiento que deberá ser aprobado por la asamblea de movimientos sociales, para ser entregado a la Cumbre Presidencial, con la exigencia de que nuestras posiciones sean debatidas y tenidas en cuenta por los gobiernos, pero, sobre todo, para que se conviertan en banderas de lucha comunes, porque la lucha es el instrumento insustituible para conquistar los cambios democráticos avanzados que demandan nuestros pueblos.  

La VI Cumbre de las Américas tiene como lema“Conectando las Américas: socios para la prosperidad” y abordará cinco temas: Pobreza e inequidad, seguridad, desastres naturales, acceso y utilización de nuevas tecnologías e integración física de las Américas.  

Aunque se trata de asuntos de interés nacional y social, bien sabemos que sus conclusiones, aún con el influjo de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe, no lograrán constituirse en respuestas efectivas a los graves problemas de dependencia, subdesarrollo, pobreza y desigualdad que afectan a nuestro continente.  

La OEA, que es la organización convocante de la VI Cumbre, ha sido desde siempre un instrumento al servicio de la dominación de Estados Unidos sobre el hemisferio. A través de ella se pretendió imponer el Área de Libre Comercio de las Américas y, ante el rechazo del que fue objeto, se optó por los tratados de libre comercio bilaterales que favorecen a un reducido grupo de grandes capitalistas nacionales y transnacionales, al paso que arruinan nuestras economías, agudizan la expoliación de nuestros recursos naturales y la explotación del trabajo de nuestros pueblos y profundizan la dominación política de nuestros países.  

Las cumbres convocadas por la OEA han sido escenarios para validar la política intervencionista de Estados Unidos en temas como el Consenso de Washington, la seguridad hemisférica, la guerra contra el narcotráfico, la llamada lucha contra el terrorismo, el supuesto libre mercado y la imposición del modelo de democracia al servicio de los grandes poderes económicos y políticos. Con razón, el Comandante Fidel Castro calificó en alguna ocasión a la OEA como “el Ministerio de colonias de Estados Unidos”.  

En esta oportunidad, la administración norteamericana volvió a imponer la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas, pese a que desde el año 2009 le fue levantada la sanción que la había excluido de ese organismo desde 1.962. Se trata de un acto repudiable que rechazamos con todas nuestras energías como una grosera violación de la soberanía nacional de Cuba y del derecho del pueblo cubano a su libre autodeterminación.

Este hecho es la continuación de la política de hostilidad permanente contra Cuba, que se ha prolongado por más de 50 años y que se expresa, entre otras cosas, en el mantenimiento del embargo, condenado en numerosas ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el encarcelamiento en Estados Unidos de cinco patriotas cubanos. Aunque uno de ellos ya fue puesto en libertad limitada, exigimos la liberación plena e inmediata de todos, porque su único delito fue luchar contra los terroristas cubano-americanos que actúan libremente en Estados Unidos con la pretensión de destruir la revolución cubana.

La agresividad imperialista también se manifiesta en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina y El Caribe que se apartan de los dictados del gobierno norteamericano, que reivindican la soberanía nacional y que realizan transformaciones democráticas en favor de sus pueblos.

Pruebas de ello son el golpe de Estado contra el Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el fallido golpe contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez; la rebelión policial contra el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el apoyo a grupos opositores de derecha en Bolivia, el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe, la proliferación de bases militares, el hostigamiento y las amenazas en contra de quienes no se someten a las imposiciones del imperio.

El capitalismo atraviesa hoy por una de sus más graves crisis económicas, que está siendo brutalmente descargada sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares. Millones de personas en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo han perdido sus empleos o sienten la degradación de sus condiciones de vida y de trabajo. Las conquistas sociales son arrasadas para salvar a los dueños del capital financiero y a los grandes empresarios. Las potencias capitalistas pretenden solventar su crisis apoderándose por la fuerza de los recursos naturales del planeta y para ello no vacilan en recurrir a la invasión militar de países soberanos, como ha ocurrido con Irak, Afganistán y Libia y como amenazan hacerlo con Irán, Corea del Norte y otras naciones.

A ello se agrega que el mundo afronta crisis cada vez más agudas en los campos energético, alimentario, medioambiental y climático, que son el resultado de la explotación irracional de los recursos naturales y de su conversión en simples mercancías para el lucro de las compañías transnacionales, lo que pone en serio peligro la existencia misma de la humanidad.

Frente a la barbarie capitalista e imperialista, los pueblos del mundo vienen levantándose cada vez con mayor decisión.

En América Latina avanzan procesos de reformas democráticas que, no obstante las diferencias entre los distintos países, cuestionan en mayor o menor medida los preceptos neoliberales y se orientan a la construcción de sociedades más justas. Al propio tiempo, trabajan en la consolidación de alternativas integracionistas libres del tutelaje de Estados Unidos, como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC.

Los levantamientos populares del norte de África y el Medio Oriente no se limitan a rechazar regímenes antidemocráticos, como lo pregonan los grandes medios de comunicación. Son la condena al desempleo, el hambre, la pobreza y la miseria, y la exigencia de cambios en favor de las mayorías populares.

En Europa, los trabajadores y las masas populares realizan huelgas, paros, movilizaciones y protestas masivas para oponerse a los planes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centro Europeo.

Por todas partes se multiplican las protestas, aparecen movimientos como  “Ocupemos Wall Street”, en Estados Unidos, o “Los indignados”, y los estudiantes se levantan en demanda de educación pública gratuita y de calidad.

En otras palabras, la lucha de clases, que los ideólogos del neoliberalismo habían declarado extinguida para siempre, resurge con nuevas fuerzas a lo largo y ancho del planeta para ratificar que ella no desaparecerá mientras existan la explotación y la opresión.

En lo que respecta a nuestro país, el gobierno de Juan Manuel Santos ha conformado la llamada Unidad Nacional para adelantar una nueva generación de reformas que profundizan el modelo neoliberal y endurecen el régimen represivo y antidemocrático imperante, mientras le pone toda clase de trabas y condicionamientos a la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto interno que afecta a Colombia desde hace 48 años. En medio de esta situación, el único partido de oposición al gobierno en el Congreso de la República es el Polo Democrático Alternativo.

Pero, también aquí, mejoran las perspectivas de movilización y se fortalecen iniciativas unitarias como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, las mingas indígenas y comunitarias y la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, con el objetivo de enfrentar la política gubernamental y abrirle espacio a los cambios democráticos avanzados que reclama la sociedad colombiana. Un ejemplo de ello fue la valerosa lucha de los estudiantes universitarios, que con el respaldo del movimiento sindical y de amplios sectores populares obligó al gobierno a retirar del Congreso de la República la reforma regresiva que pretendía imponerle a la educación superior.

Para terminar, en nuestra condición de integrantes de la Bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de la República, manifestamos nuestro más firme apoyo a los objetivos de la V cumbre de los Pueblos de construir posiciones conjuntas para exigir que sean tenidas en cuenta en la Cumbre de los gobierno; de denunciar y rechazar la política guerrerista e injerencista de Estados Unidos y pedir la desmilitarización del Continente; de ponerle fin a la llamada guerra al narcotráfico para que sea sustituida por una política multilateral integral que haga énfasis en las medidas de salud pública; de luchar por unas relaciones económicas justas, que no estén basadas en los antinacionales tratados de libre comercio, en las inversiones expoliadoras, ni en la exportación de productos básicos, sino en el beneficio recíproco y el respeto a los procesos de integración autónoma, de manera que sirvan al desarrollo económico y social independiente de nuestros países. Por supuesto, también demandamos que se restablezca el derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral y exigimos el cese del bloqueo, así como el fin de la hostilidad gringa contra los gobiernos que no se inclinan ante los dictados imperialistas.  Aprovechamos la ocasión para manifestar nuestro más firme respaldo al gobierno y la pueblo argentino en sus demandas de negociación para ponerle fin al colonialismo británico y recuperar la soberanía de las Islas Malvinas.

Le deseamos los mayores éxitos a la Cumbre de los Pueblos y tenemos la certeza de que sus conclusiones constituirán un aporte valioso a las luchas que cada día avanzan con mayor fuerza por el mundo para enfrentar victoriosos al capitalismo y al imperialismo.

Tags: Cumbre de las Américas

La Conferencia Ideológica y la Reconstrucción del Polo no dan espera

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, en su reunión del 26 de marzo aprobó por mayoría aplazar la Conferencia Ideológica, que estaba prevista para el 27 de abril, y la pospuso para el segundo semestre del presente año, sin fecha definida.

La explicación de que el aplazamiento de la Conferencia obedece a que “varios departamentos están atrasados en la realización de los foros ideológicos regionales y en la preparación de sus tesis y ponencias”, sólo recoge parcialmente las motivaciones de esa decisión. La razón de fondo está en que algunos integrantes del Comité Ejecutivo tienen la tesis de que es incompatible estar en el Polo y participar en iniciativas como la Marcha Patriótica, y califican de ambigua y desleal la posición de quienes acompañamos esta propuesta, por lo que consideran que sin resolver este debate no es viable realizar la Conferencia Ideológica.

Al respecto caben, al menos, tres observaciones:

1.    Algunos dirigentes del Polo parecen no tener suficiente conciencia  de que la crisis en que quedó sumido después de las últimas elecciones no se resuelve con acuerdos por arriba ni con simples medidas administrativas y exige replanteamientos a fondo en lo ideológico, lo político y lo organizativo para iniciar cuanto antes un proceso de reconstrucción que nos posibilite recuperar el espacio perdido y proyectar al Polo como la verdadera alternativa política para el pueblo colombiano.En este sentido, la realización de la Conferencia Ideológica es urgente y su aplazamiento es un grave error que sólo conduce a la parálisis del Polo y a la profundización de la crisis.

2.    En el país viene desarrollándose, desde tiempo atrás, un proceso de aparición de variadas iniciativas unitarias y de masas, como la Gran Coalición Democrática, el Congreso de la Pueblos, la Minga Indígena, la Minga Social y Comunitaria, la MANE, la Marcha Patriótica y otras, que nosotros acompañamos y respaldamos porque estamos convencidos de que la organización del pueblo es requisito fundamental para el éxito de las luchas.

Frente a esta realidad, el papel del Polo debe ser el de participar para contribuir a la unidad de las distintas iniciativas y ganar espacio y respaldo entre las masas. Hacer del Polo un simple aparato electoral y aislarse de las masas, a más de constituir una actitud sectaria, es un error político descomunal. El Polo es muy importante, pero nosotros no somos los únicos actores en el escenario político y nuestro deber es contribuir a la construcción de la más amplia unidad posible, sin arrogancia, sin exclusiones y sin sectarismos.

3.    Al contrario de lo que opina la mayoría del Comité Ejecutivo del Polo, entre más problemas haya más apremiante es la discusión. Por consiguiente estamos en contra de la decisión de aplazar la Conferencia Ideológica y solicitamos definirle cuanto antes una nueva fecha. En igual forma, solicitamos continuar el desarrollo de las conferencias municipales y departamentales.

En mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, reafirmo mi compromiso con el proceso de reconstrucción del Polo Democrático Alternativo, con el convencimiento de que sólo un Partido profundamente enraizado en las masas que sea capaz de unir a los más amplios sectores podrá convertirse en alternativa para realizar los cambios democráticos avanzados que demanda el pueblo colombiano.. Para ello es necesario abrir ya la más amplia discusión, a fin de que con el concurso de nuestra militancia rectifiquemos los errores y retomemos el rumbo.

Tags: Polo Democrático

Condenamos el asesinato del periodista Argemiro Cárdenas Agudelo

El día 15 de marzo, a las 11:45 de la mañana, fue asesinado en Dosquebradas (Risaralda) el ex alcalde de esa ciudad, Argemiro Cárdenas Agudelo, por parte de sicarios que le propinaron 7 balazos, lo que demuestra la sevicia con que actuaron los criminales que le segaron la vida.

Argemiro Cárdenas era una persona muy querida en la ciudad, en donde había sido Consejero Social y se desempeñaba como Coordinador de grupos sociales y comunitarios en temas como la tercera edad y la infancia.

Como periodista, era director de la Red Radial Cafetera y de la Metro Radio 92.1 F.M. desde donde contribuyó al fortalecimiento de las estaciones de radio para la construcción de espacios de paz.

Este repudiable hecho demuestra, una vez más, que en Colombia quienes se destacan en la lucha por la paz y por la solución de los problemas sociales, con frecuencia se convierten en blancos de las acciones criminales de los enemigos de la paz.

Condenamos enérgicamente el execrable asesinato del periodista Argemino Cárdenas Agudelo, le exigimos al gobierno y a las autoridades judiciales adoptar las medidas necesarias para que los responsables sean castigados ejemplarmente y les hacemos llegar a los familiares y allegados de la víctima nuestras sinceras expresiones de condolencia y solidaridad.

Tags: Asesinatos

Lamentamos profundamente la muerte del doctor Alfonso Caycedo Herrera

Con profundo dolor registramos la muerte en el día de hoy, en la ciudad de Cali, del doctor Alfonso Caycedo Herrera, padre de nuestro compañero Jaime Caicedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo.

El doctor Caycedo Herrera fue una destacada personalidad progresista y democrática, Senador por el Movimiento Revolucionario Liberal MRL y Director de la Aeronáutica Civil durante el gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen.

Arquitecto de profesión, se desempeñó también como profesor universitario, y en todas sus actividades se distinguió por sus concepciones humanistas y su preocupación por la justicia social.

Les hacemos llegar, al compañero Jaime Caycedo y a todos sus familiares, nuestro más sincero sentimiento de pesar y solidaridad por la pérdida irreparable que significa el fallecimiento del doctor.

En huelga de hambre prisioneros políticos en Colombia

Desde el pasado 20 de marzo, Prisioneros Políticos de varios establecimientos carcelarios del país se encuentran realizando una HUELGA DE HAMBRE, con el propósito de exigir del gobierno nacional y de las autoridades carcelarias, su reconocimiento como personas privadas de la libertad por razones políticas, a quienes el sistema penal y penitenciario les da el tratamiento de “enemigo interno”, como forma adicional de castigo a los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos por parte del cuerpo de custodia y de las autoridades carcelarias, quienes utilizan la tortura, el aislamiento, el regimen de alta seguridad, el traslado o la amenaza de traslado, el sometimiento a investigaciones disciplinarias arbitrarias, el distanciamiento familiar, la estigmatización, el hostigamiento, la discriminación y la represalia, tendiente a menguar su fortaleza moral y la identidad propia de tal condición.

Estos hechos que hacen parte de la grave crisis humanitaria que afecta el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, fue declarada en 1998 por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucional”, debido a la violación masiva, estructural e histórica de los derechos humanos fundamentales de los reclusos, que luego de 14 años no ha podido ser superada, dada la incuria administrativa del Estado y sus instituciones, la corrupción imperante y la ausencia de una política, que antes que penalizar a los ciudadanos, reivindique la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

Ante esta situación, en el marco del FORO “COLOMBIA ENTRE REJAS: EN BÚSQUEDA DE UN CAMINO PARA LA LIBERTAD Y LA PAZ” que tuvo lugar el pasado mes de febrero con la presencia de destacadas personalidades del Movimiento de Derechos Humanos de varios países, a instancias del Movimiento de Mujeres “Gestoras del Mundo por la Paz”, se propuso la constitución de una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas, con el fin de verificar la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad por razones políticas.

Como es de conocimiento de la opinión pública, la solicitud elevada por varios parlamentarios al Ministro de Justicia y del Derecho, de autorizar el ingreso a las cárceles de dicha Comisión, fue respondida con una negativa rotunda de que en Colombia NO EXISTEN PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA, que se debía demostrar la naturaleza jurídica de tal comisión y los alcances de su visita humanitaria, que luego de haber sido concedida, es revocada bajo el argumento que sus propósitos tenían una intensión diferente a la incoada inicialmente y, que en consecuencia, dicha autorización era de competencia del Presidente de la República, dadas las declaraciones y compromisos del Secretariado de las FARC-EP, de hacer entrega unilateral de 10 militares retenidos y de proponer al alto gobierno la apertura al diálogo y la negociación política del conflicto, entre cuyos actores se debe considerar a esta categoría de personas privadas de la libertad.

La tozudez del Ministro de Justicia al igual que la del Vicepresidente, en desconocer la existencia de más de 7.500 Prisioneros Políticos y de Guerra, ha dado lugar a la realización de la protesta legítima que se viene desarrollando en 8 de los centros carcelarios de diferentes regiones, que demanda del Movimiento Popular y Democrático de país, su acompañamiento por la justeza de sus motivaciones y por la trascendencia que ella tiene frente a la persistencia de criminalizar la protesta social, de judicializar a los luchadores sociales y de imponer una política punitiva a los hechos sociales resultado de la negativa permanente de los derechos humanos de la población.

En razón de lo anterior,

Ø Expresamos nuestro SALUDO DE SOLIDARIDAD Y CONSECUENCIA con la acción de protesta que lideran en las cárceles colombianas los Colectivos de Prisioneros Políticos y de Guerra;

Ø Demandamos de las autoridades carcelarias y penitenciarias, el respeto y las garantías para su ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en la Sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional y,

Ø Exigimos del gobierno nacional la AUTORIZACIÒN DE INGRESO con plenas garantías a la COMISIÒN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS de las personas privadas de la libertad por razones políticas en Colombia.

Tags: Derechos humanos

Saludamos la libertad de Liliany Patricia Obando

El 28 de febrero del año en curso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso de apelación interpuesto por su apoderado, el Dr. Eduardo Matyas Camargo, ordenó la libertad de la compañera LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, condicionada al pago de una caución equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales que, gracias a la solidaridad de distintos sectores, ya fue debidamente cubierta.

La compañera Liliany es una reconocida defensora de los derechos humanos, asesora de la Federación Nacional Agropecuaria, FENSUAGRO – CUT, detenida preventivamente por orden de la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo mediante orden de captura expedida el 8 de agosto de 2008, acusada de los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, con base en las supuestas pruebas encontradas en los supuestos computadores de “Raúl Reyes”. Permaneció detenida durante 3 años y 7 meses bajo el argumento de existir en su caso, “causa razonable susceptible de plena justificación”, por lo cual se le negó en forma reiterada la detención domiciliaria a pesar de ser una mujer cabeza de familia, madre de dos menores de edad.

Su libertad es fruto de la inocencia de los delitos que se le imputan, del trabajo eficiente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la solidaridad promovida por diversos sectores y organizaciones nacionales e internacionales.

Al tiempo que nos congratulamos por la libertad de Liliany, le solicitamos al Estado colombiano prestarle a ella y a su familia la protección que necesita para preservar su vida y su integridad personal y llamamos al Movimiento Popular y a todos los sectores democráticos del país, a mantener en alto la solidaridad con quienes, como la Compañera Liliany, son objeto de la cacería de brujas de la “farc-política” y sufren injustamente largas condenas, mientras no pocos de los llamados delincuentes de cuello blanco huyen de la justicia o son protegidos por la impunidad.

Tags: 03/10

A MARCHAR CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO EL 6 DE MARZO

El próximo 6 de marzo de 2012 se celebrará el Día Mundial de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Con este motivo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y 24 organizaciones de derechos humanos han convocado una movilización nacional e internacional que cuenta con el respaldo del movimiento sindical, de sectores políticos y sociales avanzados y de todos los auténticos demócratas de nuestro país. Aunque los principales centros de concentración de las marchas serán las ciudades de Montería y Villavicencio, también habrá movilizaciones en otras regiones del territorio nacional.

Los principales objetivos de la movilización son rechazar la falsa restitución de tierras contenida en la llamada Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras y exigir del Estado un restitución integral de las tierras despojadas a los campesinos por los paramilitares, los empresarios y el propio Estado, garantías para el retorno a las tierras y territorios y una transformación democrática del campo, así como el desmonte de las bandas paramilitares que hoy hacen presencia en más de 400 municipios del país y medidas eficaces de protección a las víctimas con el fin de ponerlas a salvo de las amenazas, el desplazamiento forzado y los asesinatos, que sólo en lo corrido del actual gobierno les han costado la vida a más de 70 líderes de tierras.

El gobierno ha desplegado una demagógica campaña publicitaria para presentar la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras como una “revolución” en el campo y ha organizado manifestaciones públicas de respaldo a la política oficial, encabezadas por el Presidente Santos, cuando lo cierto es que la Ley contiene normas tan regresivas como el “contrato de uso” o el “derecho de superficie” en favor de los tenedores de “buena fe” de la tierra despojada, lo que forzará a muchos propietarios reales a “asociarse” con las grandes empresas agroindustriales y a terminar convertidos en peones de ellas, casos en los cuales en realidad no habrá restitución material de las tierras a sus legítimos dueños. Lo que está en el fondo de la política oficial es el objetivo de darles vía libre a los megaproyectos agroindustriales y minero-energéticos del gran capital nacional y transnacional y no el propósito de realizar transformaciones democráticas y hacer justicia con los campesinos victimizados.

El Plan Nacional de Desarrollo contempla hacer 160 mil restituciones en el cuatrienio, es decir, un promedio de 40 mil cada año, pero el propio gobierno reconoce que en el 2012 solo habrá 11 mil, que son una cifra insignificante en relación con el objetivo definido y más aún respecto del problema real, si se tiene en cuenta que en el país hay alrededor de 5 millones de desplazados y que el despojo de tierras asciende a 10 millones de hectáreas.

Por otro lado, las tímidas medidas gubernamentales han exacerbado el accionar de las bandas paramilitares que a lo largo y ancho del país vienen amenazando con impedir a sangre y fuego la devolución de las tierras.

El gobierno debería convencerse de que la solución a los problemas del campo colombiano, que están en la base del largo conflicto interno que nos agobia, pasa no solo por la devolución de las tierras a quienes fueron víctimas del despojo, sino por una auténtica reforma agraria integral que cambie las injustas condiciones que se viven en el campo, por la desarticulación del paramilitarismo y las garantías de seguridad para el campesinado y por la salida negociada al conflicto para construir la paz fundamentada en la justicia social. Sin esos requisitos, los anuncios del gobierno no pasarán de ser simple demagogia.

Por todas estas razones, brindamos nuestro más decidido respaldo a las movilizaciones del 6 de marzo y llamamos a toda la opinión democrática del país a fortalecerlas y a comprometerse con la construcción de un gran movimiento por la paz y porque haya verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto.

Tags: Victimas

LAMENTAMOS LA DISCUTIBLE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

El 28 de febrero del presente año se conoció la decisión tomada por mayoría de votos por el Consejo de Estado en relación con la demanda presentada por un ciudadano en contra de la elección de la Fiscal General de la Nación,Viviane Morales Hoyos. En dicha decisión, el Consejo de Estado decidió declarar “nula” la elección, debido a que ésta no se realizó con la mayoría calificada necesaria ya que para entonces, había 5 vacantes en la Corte Suprema, lo que en concepto del Consejo, constituyó un grave vicio de trámite.

Si bien es cierto el Consejo de Estado tomó una decisión fundamentada en derecho, no por eso deja de ser discutible.Hay que tener en cuenta que contra  la Fiscal General se había desatado una campaña de la extrema derecha por las medidas tomadas por la Fiscalía contra implicados en delitos como las interceptaciones ilegales hachas por el DAS, los repartos de los dineros del programa Agro Ingreso Seguro, las falsas desmovilizaciones de grupos armados ilegales y otros hechos que comprometen a altos funcionarios del anterior gobierno, al tiempo que era objeto de la agresión de algunos columnistas de la gran prensa.

Expresamos nuestra solidaridad a la Doctora Viviane Morales y lamentamos que la eficaz gestión que venía realizando sea interrumpida, por lo que llamamos a la opinión pública a estar vigilante para que los procesos que venían en curso continúen su trámite con la garantía de que la impunidad que por largo tiempo ha imperado en la justicia colombiana no vaya a repetirse, que se conozca toda la verdad y que a los culpables les caiga todo el peso de la ley.

Tags: Fiscal

Valoramos los gestos de paz de las FARC

El pasado 26 de febrero, el Secretariado de las FARC hizo público un comunicado en el que afirma que además de los 6 cautivos cuya liberación había sido anunciada desde finales del año anterior, serán liberados otros 4, para un total de 10 integrantes de la fuerza pública. Además, comunican que “A partir de la fecha proscribimos la práctica” de los secuestros extorsivos de civiles, al tiempo que consideran que “no caben más largas a las posibilidades de entablar conversaciones” para ponerle fin al conflicto y que “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.

Un anuncio como este es la primera vez que se produce en la larga historia de más de 48 años de confrontación armada, lo que le otorga un significado muy importante para las posibilidades de paz en nuestro país y, por lo mismo, debería ser recibido de manera positiva por todos los colombianos.

Sin embargo, los sectores más retardatarios y guerreristas se han apresurado a expresar su escepticismo, cuando no su descalificación del comunicado de las FARC, y el Ex presidente Uribe ha dicho que se trata de un anuncio “engañoso”. Estos hechos demuestran, una vez más, que en Colombia hay fuerzas que se oponen a cualquier posibilidad de alcanzar la paz porque han hecho de la guerra una empresa de la que derivan grandes dividendos económicos y políticos. Son los que se apoderaron de las tierras y otros bienes de millones de compatriotas y los que utilizando medios como la“parapolítica” ganaron elecciones y construyeron un poder no sólo ilegítimo, sino criminal.

El Presidente Santos, por su parte, ha dicho que“valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente, en la dirección correcta”. Desde el mismo momento de su posesión ha venido repitiendo que tiene la llave de la paz, pero pone tal cantidad de condicionamientos y trabas que hacen prácticamente imposible que se abra la puerta del diálogo. A la posibilidad de buscar un acuerdo humanitario ha respondido con un rotundo no; a la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz de un cese bilateral de fuegos, también respondió que no, y ante el anuncio de liberaciones por parte de las FARC se opuso inicialmente a la colaboración del gobierno de Brasil, y el nuevo gesto de paz de las FARC le parece insuficiente. Lo que hay en el fondo es la aspiración de lograr el exterminio militar de la guerrilla o forzarla a su rendición, y ya se sabe que por este camino sólo se conseguirá la prolongación indefinida del conflicto.

Los sectores democráticos y progresistas del país nos congratulamos de que las FARC hayan atendido nuestro clamor de ponerle fin a la práctica de los secuestros y esperamos que este importante gesto sea seguido de otras iniciativas que contribuyan a abrirle paso a la salida negociada del conflicto.

Llamamos al movimiento popular y a todos los colombianos a trabajar por la construcción de un gran movimiento de paz que tenga la capacidad de lograr con la movilización y la lucha que el diálogo y la negociación se impongan sobre la guerra infinita que pretenden imponernos los sectores más retardatarios del país.

Tags: Paz

VALORAMOS LOS GESTOS DE PAZ DE LAS FARC

El pasado 26 de febrero, el Secretariado de las FARC hizo público un comunicado en el que afirma que además de los 6 cautivos cuya liberación había sido anunciada desde finales del año anterior, serán liberados otros 4, para un total de 10 integrantes de la fuerza pública. Además, comunican que “A partir de la fecha proscribimos la práctica” de los secuestros extorsivos de civiles, al tiempo que consideran que “no caben más largas a las posibilidades de entablar conversaciones” para ponerle fin al conflicto y que “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.
 
Un anuncio como este es la primera vez que se produce en la larga historia de más de 48 años de confrontación armada, lo que le otorga un significado muy importante para las posibilidades de paz en nuestro país y, por lo mismo, debería ser recibido de manera positiva por todos los colombianos.
 
Sin embargo, los sectores más retardatarios y guerreristas se han apresurado a expresar su escepticismo, cuando no su descalificación del comunicado de las FARC, y el Ex presidente Uribe ha dicho que se trata de un anuncio “engañoso”. Estos hechos demuestran, una vez más, que en Colombia hay fuerzas que se oponen a cualquier posibilidad de alcanzar la paz porque han hecho de la guerra una empresa de la que derivan grandes dividendos económicos y políticos. Son los que se apoderaron de las tierras y otros bienes de millones de compatriotas y los que utilizando medios como la “parapolítica” ganaron elecciones y construyeron un poder no sólo ilegítimo, sino criminal.
 
El Presidente Santos, por su parte, ha dicho que “valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente, en la dirección correcta”. Desde el mismo momento de su posesión ha venido repitiendo que tiene la llave de la paz, pero pone tal cantidad de condicionamientos y trabas que hacen prácticamente imposible que se abra la puerta del diálogo. A la posibilidad de buscar un acuerdo humanitario ha respondido con un rotundo no; a la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz de un cese bilateral de fuegos, también respondió que no, y ante el anuncio de liberaciones por parte de las FARC se opuso inicialmente a la colaboración del gobierno de Brasil, y el nuevo gesto de paz de las FARC le parece insuficiente. Lo que hay en el fondo es la aspiración de lograr el exterminio militar de la guerrilla o forzarla a su rendición, y ya se sabe que por este camino sólo se conseguirá la prolongación indefinida del conflicto.
 
Los sectores democráticos y progresistas del país nos congratulamos de que las FARC hayan atendido nuestro clamor de ponerle fin a la práctica de los secuestros y esperamos que este importante gesto sea seguido de otras iniciativas que contribuyan a abrirle paso a la salida negociada del conflicto.
 
Llamamos al movimiento popular y a todos los colombianos a trabajar por la construcción de un gran movimiento de paz que tenga la capacidad de lograr con la movilización y la lucha que el diálogo y la negociación se impongan sobre la guerra infinita que pretenden imponernos los sectores más retardatarios del país.

Tags: FARC

Solidaridad con los campesinos afectados por la hidroeléctrica El Quimbo

El 24 de febrero de 2011, el Presidente de la República asistió al acto de colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que es el primero que se ejecuta en Colombia con el 100% de inversión privada y para exclusivo beneficio de los constructores, en este caso de la empresa EMGESA, filial de la transnacional española-chilena ENDESA.

La hidroeléctrica estará ubicada en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira, del Departamento del Huila, inundará 8.586 hectáreas, de las cuales 5.300 están en producción y 2000 de ellas son tierras de antiguos parceleros, desplazando a 1.466 personas de 427 familias con residencia permanente en la zona, con la consiguiente pérdida de predios, viviendas, puestos de trabajo y medios de subsistencia, con la inutilización de vías carreteables y con graves afectaciones para el ecosistema.

 El proceso legal requerido para casos como este, ha estado plagado de todo tipo de arbitrariedades. Muy al estilo uribista, el gobierno nacional, mediante Resolución No. 321 del 1° de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social en favor de EMGESA “los terrenos necesarios para la construcción y expansión del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”  y la autorizó para reclamar la expropiación en caso de que los dueños se negaran a vender sus propiedades, todo ello sin consultar previamente a los afectados ni a los municipios, como lo ordenan las leyes. Sólo hasta el 15 de mayo de 2009, cuando ya el proyecto estaba en marcha, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución No. 0899, para otorgar la respectiva licencia ambiental. 

Los damnificados, por su parte, se organizaron en la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ASOQUIMBO, y han realizado audiencias ambientales, foros, reclamos y protestas para exigir que se respeten sus derechos. Fue así como lograron que la Defensoría del Pueblo solicitara el 7 de abril de 2011 la suspensión de la licencia ambiental, entre otros, por el siguiente hecho: “4) con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello”. También consiguieron que el 14 de junio de 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 1096, impusieran a la empresa un medida preventiva consistente en “la suspensión inmediata de las actividades de compra y de negociación de predios afectados por el proyecto y la suspensión inmediata de las actividades de extracción de materiales y operación de la zona industrial contigua a la vereda de Domingo Arias del Municipio de Paicol, ubicadas dentro de la misma”.

Sin embargo, con la prepotencia propia de las empresas transnacionales, sobre todo cuando tienen el favor del gobierno, EMGESA continuó con sus actividades y compró la hacienda La Virginia, en el municipio de Altamira, anunciando que era para el reasentamiento de las comunidades de La Escalereta, del municipio de El Agrado, cuyas propiedades serán inundadas por la represa. Como resultado de esta operación, el propietario de La Virginia procedió a despedir sin ninguna contemplación a los 26 trabajadores de la hacienda, todos ellos con más de 10 años de antigüedad, dejándolos sin trabajo y en el más completo desamparo.

El atropello contra los trabajadores de la hacienda La Virginia es apenas uno entre los muchos que se cometen contra los pobladores de la región, lo que ha dado origen a múltiples protestas y reclamaciones. A mediados de enero de este año, las comunidades realizaron un paro y taponaron varias vías del departamento para protestar por el pésimo estado de las carreteras, la construcción de la hidroeléctrica y las exploraciones petroleras que realiza la transnacional EMERALD con el municipio de Gigante, y para pedirle al Ministerio del Medio Ambiente que le dé el visto bueno a una Audiencia Pública Ambiental para discutir los problemas, pero el Ministro Frank Pearl se negó a autorizarla y puso como condición que primero debían levantar las protestas para luego escuchar a las comunidades. El 14 de febrero fueron desalojados por la fuerza pública los campesinos y pescadores que habían ocupado los terrenos de la ronda del río Magdalena donde se construirá la represa, porque las autoridades locales concedieron el amparo policivo solicitado por EMGESA y, en cambio, negaron el amparo solicitado por ASOQUIMBO para proteger los derechos de los campesinos y pescadores. Por la misma fecha, voceros de ASOQUIMBO realizaron un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente, pero tampoco fueron atendidos.

La dolorosa e indignante realidad es que el gobierno colombiano en todos sus niveles se ha convertido en celoso protector de los intereses de la transnacional EMGESA y en enemigo de los derechos de nuestros compatriotas afectados por la construcción de la obra. Como ha ocurrido a lo largo de casi toda nuestra historia, el régimen dominante en Colombia es implacable con las protestas de nuestro pueblo, pero dócil y servil ante los dictados del gran capital internacional.

Ante esta deplorable realidad, levantamos nuestra voz de protesta contra los atropello de que están siendo víctimas los pobladores de la zona donde se adelanta el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, respaldamos las peticiones de ASOQUIMBO al gobierno nacional en el sentido de que sean suspendidas inmediatamente todas las obras, se ordene el reintegro de los trabajadores despedidos y se les indemnice por los perjuicios sufridos y se abra una investigación contra la empresa EMGESA por la violación de las normas legales y los derechos de los trabajadores. Así mismo, demandamos del gobierno cumplir el mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y adoptar las medidas que sean del caso para que el capital transnacional no siga atropellando nuestra soberanía nacional.

Respaldamos la jornada de lucha del Magisterio

Rechazamos la pretensión del Gobierno de llevar a Angelino Garzón a la Dirección General de la OIT

El gobierno y los empresarios colombianos se encuentran empeñados en una campaña a fondo para conseguir que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT elija al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como el próximo Director General de esa organización, y alrededor de este hecho ha estallado una polémica pública, especialmente entre los trabajadores, porque hay sectores sindicales y algunos dirigentes políticos que se reclaman de izquierda que apoyan dicha candidatura.

Para quienes tenemos nuestras raíces en el movimiento sindical y asumimos un compromiso irrevocable con los intereses de los trabajadores, la aspiración de los más altos exponentes del régimen no puede sernos indiferente y nos obliga a sentar posición.

Angelino Garzón es el prototipo de lo que en Colombia se conoce como el tránsfuga político. Cuando la izquierda era una fuerza importante y en ascenso, él militó en las filas revolucionarias, pero cuando la ultraderecha desató la guerra sucia y en el mundo estalló la crisis del llamado“socialismo real”, fue a parar a la Alianza Democrática – M19, por la que fue elegido como Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De allí saltó al samperismo, en el gobierno de Samper, al pastranismo, en el gobierno de Pastrana, del que fue su Ministro de Trabajo; al uribismo, en el gobierno de Uribe, del que terminó siendo su embajador ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), y ahora es el Vicepresidente de Santos. Su militancia de izquierda y su pasado de sindicalista no fueron más que trampolines que él utilizó para lograr la satisfacción de sus ambiciones personales.

Desde que se empotró en los círculos gubernamentales, su práctica ha sido la de manejar un discurso demagógico que no guarda ninguna relación con sus actuaciones. Siendo Ministro de Trabajo de Pastrana, entró en vigencia la Ley 411 de 1997, que ratificó el Convenio 151 de la OIT que les otorga a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva; sin embargo, nada hizo para que dicha ley tuviera aplicación real y, posteriormente, el gobierno de Uribe expidió el Decreto 535 de 2.009, que fue presentado como el reconocimiento de este derecho, cuando en realidad se trató de un engaño, y hasta hoy los servidores públicos carecen del derecho a negociar colectivamente. Similar patraña montó el gobierno con la supuesta prohibición de que las cooperativas de trabajo asociado hicieran interdicción laboral, y la mejor prueba de ello es que el problema sigue existiendo. Otro tanto ocurrió con el anuncio de que habría garantías para ejercer el derecho de huelga, cuando lo que se hizo fue trasladarle la función de calificar las huelgas a la Sala Laboral de los tribunales de los distritos judiciales, pero sin modificar las causales de ilegalidad, de manera que las huelgas que antes declaraba ilegales el Ministerio del Trabajo ahora las declaran ilegales los tribunales, es decir, en el fondo no cambió absolutamente nada.

Todos estos vulgares engaños a los trabajadores fueron presentados como la satisfacción de las demandas del movimiento sindical y el acatamiento a la normatividad de la OIT, para que con base en esos inexistentes “avances” en materia laboral, el gobierno de Uribe no fuera enjuiciado como uno de los principales violadores de la libertad sindical en el mundo.

Durante el gobierno de Santos, Angelino se ha distinguido por sus acostumbradas salidas demagógicas para engañar incautos y ha desplegado una labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales con el propósito de fomentar el divisionismo entre los trabajadores y de esta manera minar la resistencia a los antinacionales tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y sabotear los esfuerzos de unidad para que el movimiento sindical y popular puedan enfrentar con la lucha la política neoliberal y guerrerista del actual gobierno.

Recientemente, la organización Human Rights Watch reveló que durante los últimos tres años fueron asesinados en Colombia 175 sindicalistas. Esa cifra es, de lejos, la más alta, comparada con cualquier país del mundo.

En materia de derecho de asociación, la imposición de la política neoliberal ha significado un grave retroceso, hasta el punto de que hoy apenas un 4% de los trabajadores están organizados en sindicatos. El derecho de negociación colectiva les sigue siendo negado a los empleados públicos y la contratación colectiva se ha reducido a niveles ridículos. El derecho de huelga tampoco existe para los servidores públicos y en las empresas particulares se ha vuelto una rareza. Millones de trabajadores son víctimas del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral, mientras pululan las formas deslaboralizadas de contratación, la intermediación laboral, la inestabilidad y la sobreexplotación, que les rinden jugosas ganancias a los empresarios y que han hecho de Colombia el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

Elegir como Director General de la OIT a Angelino Garzón sería premiar a un gobierno que figura entre los principales violadores de la libertad sindical y constituiría una afrenta para los trabajadores de Colombia y del mundo.

Tags: Organización Internacional del Trabajo OIT

Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó acaba de denunciar que el sábado 4 de febrero del año en curso, el representante legal de esa organización, JESUS EMILIO TUBERQUIA, fue víctima de un atentado criminal del que por fortuna salió ileso.

El hecho ocurrió a las 12:15 del día junto a la plaza de mercado del municipio de Apartadó, donde dos individuos señalados de ser paramilitares, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra el señor Tuberquia, quien al sentirse atacado no tuvo alternativa distinta de la de salir corriendo para salvar su vida.

Es de anotar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha denunciado la existencia de bases de bandas paramilitares en distintos lugares de la región, entre ellos, Nuevo Antioquia, Los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y El Dos, sin que las autoridades tomen ninguna medida contra ellas. Así mismo, ha denunciado infructuosamente en varias ocasiones las amenazas y el hostigamiento contra la comunidad, en contravía de los discursos oficiales sobre protección a las víctimas y combate al paramilitarismo.

También resulta muy sospechoso que a 100 metros del sitio donde se cometió el atentado haya un puesto de control de la Policía que de nada sirvió para impedir la acción de los criminales, lo que hace presumir que la vieja complicidad de la fuerza pública y otros organismos del Estado con el paramilitarismo sigue siendo una realidad.

Ante las amenazas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el atentado contra su representante legal, les expresamos a los afectados nuestra más decidida solidaridad, condenamos enérgicamente estos execrables hechos, exigimos del gobierno adoptar medidas prontas y eficaces para garantizar la vida e integridad de los miembros de la comunidad y le pedimos a la justicia investigar las denuncias y castigar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes.

En igual forma, llamamos al movimiento popular y democrático del país a movilizarse en solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de todos los que luchan por el derecho a vivir en paz.

Tags: Conflicto Armado

El oscurantismo no debe ser reelegido

La manifestación pública del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, en el sentido de que aspira a ser reelegido para un nuevo período, ha suscitado una explicable controversia en amplios sectores de la opinión pública acerca de la conveniencia de que dicho funcionarios continúe en el cargo por cuatro años más.

El principal argumento de sus defensores es la supuesta “verticalidad” que ha observado en la lucha contra la corrupción. Sin desconocer que muchos de sus fallos sancionaron a funcionarios corruptos, lo cierto es que la corrupción sigue campeando a lo largo y ancho del país, y también hay que mirar otros fallos cuya justeza es muy discutible, como el que sancionó a la Ex senadora Piedad Córdoba.

El Artículo 118 de la Constitución Política establece que “Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Quiere decir que el combate a la corrupción es apenas un aspecto, y, a nuestro juicio, una evaluación de la gestión del Procurador debe abarcar la totalidad de sus funciones.

En este sentido, lo primero que hay que anotar es que el conocido sectarismo religioso del Procurador es contrario a la separación entre las instituciones del Estado y las confesiones religiosas y atenta contra la libertad de conciencia consagrada en la Constitución.

El Procurador, como cualquiera de los colombianos, tiene pleno derecho a profesar las ideas filosóficas, políticas o religiosas que a bien tenga, pero no tiene derecho a imponerles a los demás esas ideas y mucho menos, a convertir la Procuraduría en un instrumento para tal fin, porque ello es contrario al mandato constitucional de la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público.

La Corte Constitucional autorizó la práctica del aborto en los casos de violación sexual, malformaciones congénitas o grave riesgo para la salud de la madre; sin embargo, el Procurador, ha puesto por encima sus concepciones religiosas y no ha actuado como le corresponde para que se cumpla la Sentencia de la Corte. Es igualmente conocida su negativa a reconocer derechos de los homosexuales como el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Estos hechos constituyen prácticas discriminatorias contra las mujeres y los homosexuales, que son violatorias de la Constitución porque atentan contra los derechos humanos y el interés público de muchos colombianos y colombianas.

La Procuraduría General de la Nación debe estar regida por una persona que otorgue garantías reales de que todos las habitantes de nuestro país, sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, puedan tener confianza en la guarda y promoción de sus derechos por parte del Ministerio Público.

Resulta deplorable que en pleno siglo XXI se le pretendan imponer a la sociedad las concepciones del medioevo, por lo que se requiere movilizar a la opinión democrática y progresista del país para impedir que el oscurantismo sea reelegido.

Un saludo cordial a los periodistas

En el día de hoy se celebra en Colombia el Día del Periodista y, con este motivo, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi más cordial saludo y mis sinceras felicitaciones.

En nuestro tiempo, los medios de comunicación se han convertido en un poder que tiene gran influencia en la sociedad, lo que implica enormes responsabilidades para los periodistas y, en no pocas ocasiones, conlleva considerables riesgos para la libertad de “informar y recibir información veraz e imparcial” contemplada en nuestra Constitución Política.

El alto número de periodistas asesinados o víctimas de persecuciones por defender la verdad, demuestra hasta qué punto el ejercicio recto del periodismo encuentra con frecuencia obstáculos difíciles de vencer.

Por eso, al tiempo que resalto en esta fecha la labor de los periodistas y trabajadores de la prensa, les hago llegar a quienes han sido victimizados y a sus familiares mi más firme solidaridad. Así mismo, los invito a continuar su noble labor en beneficio de la sociedad.

Tags: Periodismo

LAS VICISITUDES DE LA SALIDA NEGOCIADA AL CONFLICTO INTERNO

Tags: Conflicto Armado

Nueva arremetida contra el Polo

"Ser gobernador de un resguardo indígena no inhabilita para ejercer el cargo de Alcalde Municipal; la Constitución del 91 le da especial trato": Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos (PDA).

El 30 de octubre de 2011, el pueblo de Riosucio (Caldas), en una demostración de aplicación real de la democracia participativa, y con una votación superior a los 7000 votos, elige al compañero, Abel David Jaramillo Largo, como su alcalde, en respaldo a una candidatura y un programa de gobierno municipal, que a nombre del Polo Democrático Alternativo (PDA), presentó a su pueblo el dirigente indígena.

A sólo 12 días de su posesión como burgomaestre de los Riosuceños, los enemigos de la democracia, dolidos por que un dirigente indígena con el aval y respaldo del PDA, les arrebata el poder que durante un tiempo les permitió dirigir los destinos de la Perla del Ingruma, a la cual dejaron en el más absoluto atraso social que hayan conocido sus habitantes. Armados de falsos y amañados argumentos, encuentran eco en agazapados aliados, y es así como el Juzgado Tercer Administrativo del Circuito de Manizales, suspende en primera instancia al alcalde indígena, aduciendo que éste se había inhabilitado por haber ejecutado unos contratos como gobernador y representante legal del resguardo de San Lorenzo.

Nada más falaz y antidemocrático. Ser gobernador de un resguardo indígena no inhabilita para ejercer el cargo de Alcalde Municipal; la Constitución del 91 le da especial trato en cuanto a participación política a las comunidades indígenas.

Ante esta nueva arremetida de la derecha y del régimen contra el Polo por un triunfo obtenido en franca lid, hacemos urgente llamado al pueblo de Riosucio, a las organizaciones indígenas, sociales, populares, sindicales, femeninas, juveniles, de DD.HH a denunciar nacional e internacionalmente este atropello que se intenta acometer contra el movimiento indígena, el POLO y el pueblo de Riosucio.

Igualmente, convocamos a los movimientos indígenas y al pueblo de Riosucio, a estar atentos y a prepararse para enfrentar masivamente esta nueva arremetida del régimen, y a respaldar el triunfo legítimo del Polo, en cabeza de su alcalde Abel David Jaramillo Largo.

NO MÁS MUERTE, PEDIMOS DIÁOLOGO Y NEGOCIACIÓN

Según informaciones de los medios de comunicación, el sábado 26 de noviembre del año en curso, en la selva del municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, se presentó un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y un grupo de las FARC, y en medio del combate los guerrilleros procedieron a ejecutar al sargento del ejército José Libio Martínez, al Mayor Elkin Hernández, al Coronel Edgar Yesid Duarte y al intendente Álvaro Moreno, integrantes de la Policía Nacional, quienes se encontraban cautivos en manos de las FARC desde hacía más de 10 años.

Tags: Conflicto Armado

¡¡¡No más violencia contra las mujeres!!!

• La violencia contra las mujeres empobrece a la sociedad desde el punto de vista moral, cultural, social, económica y político, al limitar el papel activo que pueden desempeñar las mujeres en el desarrollo los pueblos y la conquista de la Paz y la Justicia Social.

Tags: Día a la NO Violencia contra la Mujer

La solicitud de declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo No. 04 de 2011 por parte del Procurador: otra falacia de su gestión.

Tags: Empleados Provisionales

LA LUCHA ESTUDIANTIL EMPIEZA A RENDIR SUS FRUTOS

Felicitaciones a los y las estudiantes de Colombia, a la MANE, al movimiento estudiantil y profesoral. Desde el Congreso, continuaremos trabajando por que la educación sea considerada un derecho fundamental, con calidad, con respeto a las garantías y con acceso para todas y todos los colombianos.

Tags: Movilización

SOLIDARIDAD CON EL CAJAR -SOBRE MASACRE MAPIRIPÁN

Igualmente me permito formular un llamado al Movimiento Popular y Democrático del país, para estar alerta ante los despropósitos que el conservadurismo reaccionario pretende imponer al Estado Social y Democrático de Derechos que instituyó el Constituyente de 1991, a través de la reforma constitucional a la justicia que se tramita en el Congreso de la República, como es el de revisar los efectos garantistas de la Acción de Tutela, privatizar la administración de justicia, elevar a presunción de constitucionalidad los privilegios espurios del “fuero militar”, a cuyo amparo se podrán suceder -como en otras épocas-, las mayores afrentas a los miles de víctimas de crímenes de Estado, que de prosperar en la táctica del pupitrazo, tal como aconteció el pasado 8 de noviembre en la Plenaria del Senado, quedarán en la impunidad. 

Tags: Masacres

LA NEGOCIACIÓN ES LA ÚNICA ALTERNATIVA SENSATA

Tags: Conflicto Armado

SOLIDARIDAD CON LOS CINCO PATRIOTAS CUBANOS CONDENADOS INJUSTAMENTE EN ESTADOS UNIDOS

Por consiguiente, nuevamente insistimos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en que se revisen las sentencias condenatorias y unimos nuestra voz a la de los millones de demócratas que en todo el mundo reclaman justicia y exigen la libertad inmediata e incondicional de los patriotas cubanos condenados, de manera que se garantice el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos por parte de la justicia norteamericana.

Tags: Internacional

RECONSTRUIR EL POLO Y CONVERTIRLO EN LA ALTERNATIVA POLÍTICA DEL PUEBLO COLOMBIANO

Las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, realizadas el pasado 30 de octubre, arrojan resultados que deben ser materia de un profundo análisis orientado a producir los cambios necesarios para que la izquierda pueda erigirse como una auténtica alternativa para el pueblo colombiano.

La campaña electoral se caracterizó, por la falta de garantías para la oposición y por la práctica de toda suerte de vicios, ilegalidades y ventajismos de los partidos y movimientos políticos del régimen dominante.

Así, por ejemplo, la Misión de Observación Electoral denunció que entre el 8 de febrero y el 16 de septiembre hubo 1.561 reportes sobre irregularidades y anomalías electorales, entre ellas, 46 asesinatos de candidatos y líderes políticos y 195 denuncias de vínculos de candidatos con agrupaciones ilegales. La Corporación Nuevo Arco Iris afirmó que“Los mayores electores de estas elecciones serán los contratistas, especialmente en los sectores de salud, educación y obras públicas”. El Procurador General de la Nación sostuvo que “la mayor amenaza, y que echa un manto de duda sobre nuestro sistema político y democrático, es la corrupción. Está desbordada”, al tiempo que reveló que había recibido 715 denuncias, la mayoría por indebida participación en política de funcionarios públicos, que habían sido anuladas 700 mil inscripciones de cédulas, que había numerosos candidatos con inhabilidades e incompatibilidades y que los presos por “parapolítica” intervenían en la campaña electoral. “Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones”, fueros sus palabras al respecto.

Con este panorama, no es extraño que al término de los escrutinios se haya presentado la cifra sin precedentes de más de 80 asonadas, disturbios y protestas a lo largo y ancho del país, en rechazo a los resultados, con un saldo de dos muertos, numerosos heridos y detenidos y destrucción de varias sedes de alcaldías y registradurías.

El Presidente de la República que se había apresurado a hacer uno de sus conocidos balances triunfalistas, en una demostración de simplismo se limita a atribuirles los hechos a los “malos perdedores” y a amenazar con medidas de fuerza, cuando lo que hay de por medio son manifestaciones claras de repudio a un sistema electoral antidemocrático y corrupto que cada vez resulta menos confiable para los ciudadanos.

A esta situación no escapan los partidos, que más que organizaciones políticas guiadas por principios, programas y estructuras definidas, son maquinarias electorales al servicio de los intereses de la plutocracia empotrada en el poder. Los voceros de todos ellos, cada uno con su particular interpretación, han salido a hacer análisis sesgados y a reclamar grandes victorias que poco o nada concuerdan con la realidad.

Al respecto es pertinente recordar que, según cifras de la Registraduría, más 4.6 millones de votos por los alcaldes y más de 4 millones de votos por los gobernadores, que en los dos casos superan ampliamente la votación de cualquiera de los partidos, corresponden a candidatos inscritos por firmas, al margen de los partidos y movimientos políticos.

Los medios de comunicación dan cuenta de que al menos ocho gobernadores elegidos tienen vínculos con el paramilitarismo y que en similar situación hay numerosos alcaldes, diputados, concejales y ediles, lo que indica que el paramilitarismo no es cosa del pasado, como lo pregona el gobierno, y que sigue teniendo, al lado de sectores mafiosos, una considerable participación en la vida política del país.

Aún cuando esos mismos medios registran una leve caída en la abstención, la disminución en las cifras se explica por los ajustes que se le hicieron al censo electoral y no porque haya una mayor participación de los votantes, lo que quiere decir que alrededor de la mitad de los ciudadanos no participa de las elecciones por distintas motivaciones y pone en entredicho la legitimidad del Estado.

Es evidente que los resultados electorales constituyen un revés para los sectores más retardatarios, concretamente para el Partido Conservador y el uribismo, comprometidos a fondo en la corrupción, la “parapolítica” y una larga lista de hechos inmorales y criminales, pero otros sectores de la misma estirpe, como ya se anotó, lograron resultados positivos.

El Polo Democrático Alternativo, por su parte, hubo de afrontar la campaña en medio de una profunda crisis generada por la corrupción de la Administración de Bogotá, la ofensiva de desprestigio de los grandes medios de comunicación, la cooptación y el divisionismo auspiciados por el gobierno y la derecha, las contradicciones y problemas internos y la falta de garantías para el desarrollo de las actividades electorales.

En tan adversas condiciones, era lógico prever que los resultados no serían satisfactorios, como en efecto ocurrió, y sufrimos un grave retroceso que debe llevarnos a un examen profundo de lo ocurrido, de sus causas y consecuencias, de las rectificaciones que es necesario hacer en lo ideológico, lo político y los orgánico, para que a partir de los resultados electorales iniciemos la tarea de reconstrucción poniendo en práctica las lecciones tan duramente aprendidas.

La candidatura, primero, y la elección, después, de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, ha dado para toda clase de análisis y especulaciones. No pocos militantes y simpatizantes de izquierda contribuyeron a elegirlo con el pretexto pragmático y oportunista del “voto útil”, para impedir el triunfo de Peñalosa. Este hecho y el pasado guerrillero de Petro le sirven de sustento a la tesis de que en Bogotá ha sido elegido un Alcalde de izquierda.

Quienes así razonan, pasan por alto que al interior del Polo Petro fue un permanente opositor a que el Partido se definiera como una organización de izquierda, que su tesis es la de ganar al centro y la derecha, que llegó a proponer la expulsión de la izquierda revolucionaria, que en varias ocasiones pretendió comprometer al Polo en un “Acuerdo Nacional” con la derecha, incluido el uribismo, y que hizo todo lo posible para destruir al Polo si no se sometía a sus particulares directrices. Una vez elegido, dijo que hay “muchas cosas para hablar con Santos” y anunció un “diálogo constructivo” con él. No se trata de criticar a Petro porque, hable con Santos; está forzado a ello en razón de sus funciones. Lo que hay que entender es que se trata de una política de hostilidad con la izquierda revolucionaria y de conciliación con el régimen dominante.

Lo que se pretende es reproducir en Colombia el esquema político de Europa, en donde la burguesía gobierna con partidos de derecha, per en momentos de crisis utiliza la carta de “izquierda”, representada en los partidos socialdemócratas, para continuar en el poder. Ese juego maquiavélico está siendo contundentemente desenmascarado por la realidad y lo cierto es que hoy los partidos de derecha y socialdemócratas descargan por igual las consecuencias de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares y arrasan las conquistas sociales para salvar a los capitalistas, particularmente a los magnates del sector financiero.

En el caso de Bogotá, hay que insistir con que los alcaldes elegidos en nombre del Polo no gobernaron con el Partido. En la última administración, las cuotas más importantes eran del Partido de la U, Cambio Radical, liberales y conservadores. Sin embargo, fue el Polo el que tuvo que pagar el costo político de la corrupción y el caos administrativo. Las ejecutorias de la compañera Clara López Obregón, aunque brillantes, no alcanzaron a contrarrestar el daño causado, entre otras razones, por el escaso tiempo que estuvo al frente de la Alcaldía.

A pesar de todo, el balance de las dos últimas administraciones deja un saldo positivo en materia de avances sociales para los sectores más desfavorecidos de la población, y ese es un patrimonio que hay que reivindicar para el Polo Democrático Alternativo.

También es positivo que, a pesar de la debacle, alrededor de 600 mil colombianos nos hayan favorecido con su voto, como es reconfortante el repunte de la lucha de masas expresado en las movilizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en las huelgas obreras y en los paros de distintos sectores de trabajadores, en las luchas estudiantiles contra la reforma neoliberal a la educación superior, en las protestas de los educadores y en un sinnúmero de manifestaciones de la inconformidad popular contra la política neoliberal, guerrerista, antinacional y antipopular del gobierno de Juan Manuel Santos.

Es sobre estas bases que debe iniciarse la reconstrucción del Polo Democrático Alternativo, como una opción de izquierda, profundamente comprometida con los intereses nacionales y populares, con la paz con justicia social, con la defensa de la soberanía nacional, con las luchas sociales y con los cambios democráticos avanzados que necesita el país. Esas banderas nadie nos las va a arrebatar porque son patrimonio de la izquierda y nosotros jamás renunciaremos a ellas.

En lo inmediato, hay que preparar el Seminario Ideológico del Polo y comenzar la organización del Tercer Congreso para asegurar que esos eventos sirvan al objetivo central de reconstruir el Polo y avanzar en la construcción de la alternativa política que necesita el pueblo colombiano.

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