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Oct201324

Demandantes del fuero penal militar celebran decisión de la Corte Constitucional

 

 

La demanda fue radicada el 19 de febrero del presente año por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ.

Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la Reforma del Fuero Penal Militar, los demandantes recordaron que además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.

Del mismo modo, señalaron que la ampliación del fuero militar, es decir, dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas "falsos positivos". "Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos", concluyeron.

También aseguraron que el Congreso desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.

Fuente Oficinas de Prensa HRs. Ángela Robledo e Iván Cepeda



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Sep201310

Cepeda pide a Tribunal trasladar pruebas a Fiscalía en proceso contra Álvaro Uribe

 

 

En calidad de actor popular en el proceso contra Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares, Iván Cepeda le pidió al Tribunal Superior de Medellín que traslade las pruebas recaudadas en los procesos de Justicia y Paz a la Fiscalía General, con el fin de sumarlas a los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias "Alberto Guerrero", y de Juan Monsalve, alias "Guacharaco", quienes señalan la supuesta participación del exgobernador de Antioquia y de otros mencionados, en la conformación del Bloque Metro de las AUC en la década de los 90.

"La decisión proferida por el Tribunal de Medellín, de compulsar copias a la Comisión de Acusación, es trascendental, no obstante hay que tener en cuenta que ya hay una investigación en curso contra el expresidente Uribe en la Fiscalía. En este sentido, el traslado de pruebas al ente investigador abre la posibilidad de una actuación más amplia que permita esclarecer los graves hechos que denunciamos sobre el presunto accionar ilegal de los Uribe en la hacienda Guacharacas", afirmó Cepeda.

Actualmente, con base en los mismos testimonios de los exparamilitares, la Fiscalía adelanta una investigación contra Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao.

Fuente Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda.



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Jul201303

"Reapertura de ventanilla para títulos mineros será una piñata para transnacionales"

 

 

Fuente: Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda.

Bogotá 03 de julio del 2013.- El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, rechazó la reapertura por parte del Gobierno Nacional, de la ventanilla para recibir nuevas solicitudes de títulos mineros. El congresista fue enfático en recalcar que con esto se abre una puerta para que continúe la piñata de títulos mineros que se inició bajo el gobierno Uribe, con los cuales fueron beneficiados, entre otros, Santiago Uribe y otros zares de títulos que luego los cedieron a trasnacionales como AngloGold Ashanti.

El congresista del Polo Democrático recordó que, tal como lo dijo en el pasado debate de control político sobre el 'Apocalipsis minero', las autoridades "se han hecho las de los oídos sordos ante las múltiples voces que han advertido de los peligros de permitir nuevas solicitudes de concesiones mineras. Bajo el caos actual y la desprotección de ecosistemas estratégicos como los páramos, el Gobierno, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, y de poner a consideración del Congreso un nuevo Código de Minas, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero en cualquier parte del país".

Para Cepeda, no están dadas las condiciones para abrir de nuevo la ventanilla minera, pues no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial ambiental, lo cual debería ser una condición previa para autorizar la actividad minera. Insistió en que tampoco ha culminado la primera fase del contrato de fiscalización a los títulos existentes que la Agencia Nacional Minera suscribió con empresas privadas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, conociendo las múltiples irregularidades y el desastre ambiental que han causado empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Colombian Natural Resources.

Finalmente, señaló que en el próximo periodo legislativo se pondrá en marcha la Comisión Parlamentaria Especial de Seguimiento a la Política Minera, aprobada por el Congreso, con el fin de verificar los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.



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Jun201306

Cepeda pide revocar concesiones a AngloGold Ashanti por numerosas irregularidades en materia ambiental y fiscal

 

 

Durante el debate de control político sobre la actividad minera de empresas trasnacionales en Colombia, el representante Iván Cepeda entregó cifras y pruebas documentales sobre el incumplimiento de la legislación ambiental por parte de la compañía AngloGold Ashanti. 

Cepeda reveló documentos en los cuales aparece Santiago Uribe Vélez como beneficiario de varios títulos mineros entregados cuando su hermano Álvaro era presidente de la República. Algunos de los títulos le fueron concedidos en sociedad con Aníbal Gaviria, cuando éste se desempeñaba como gobernador de Antioquia. 

El congresista pidió la creación de una Comisión Legislativa Especial de Seguimiento a la Política Minera, que verifique los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.

BOGOTÁ, 05/06/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda promotor del debate de control político “Apocalipsis minero”, les pidió a los ministros a los ministros de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y de Minas, Federico Renjifo, tomar medidas urgentes sobre la grave situación que se vive en cuatros regiones del país, a raíz de la exploración o la extracción de oro y carbón por parte de reconocidas empresas transnacionales.

Las estrategias irregulares de AngloGold Ashanti
El representante Cepeda le pidió al Gobierno Nacional que se le revoquen las concesiones mineras a la multinacional AngloGold Ashanti, debido al prontuario de irregularidades cometidas por dicha empresa en el ejercicio de su actividad en distintas zonas del país. 
Entre las irregularidades se cuenta la captación de títulos mineros a través de personas naturales como Santiago Uribe Vélez, Héctor Vargas Cuervo y Mónica María Uribe Pérez, entre otros, quienes obtienen los títulos y luego los ceden a AngloGold.
Para el congresista Cepeda, la AngloGold no le está jugando limpio al país, al no registrar la totalidad de empresas que conforman su grupo empresarial, lo que conlleva infracciones a la legislación comercial, y puede llegar a constituir un monopolio en la explotación de oro. Algunas de las empresas controladas no declaradas son: Chocó Colombia SAS, Gramalote y Quebradota, comparten representantes legales y los datos de contacto.
Tienen títulos en parques naturales y actividades de exploración en zonas de reserva sin haber solicitado la sustracción, cuentas por pagar de $2.661 millones por canon superficiario en 2011, e incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor de $7.002 millones acumuladas hasta 2013.

Santiago Uribe Vélez captador de títulos para AngloGold
De acuerdo con información de Ingeominas consultada en 2011, en el Chocó, al menos 17 títulos mineros fueron concedidos a Santiago Uribe en conjunto con Aníbal Gaviria, la AngloGold y otros. 15 de esos títulos fueron concedidos cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia, y 5 cuando el hoy alcalde de Medellín Aníbal Gaviria era Gobernador de Antioquia, es decir, el directo responsable de la Secretaría de Minas de la Gobernación, entidad que para la fecha concedía los títulos mineros. Hoy 14 permanecen a nombre de la AngloGold y de Exploraciones Chocó. 

AngloGold Ashanti acapara tierras de nacimientos de agua en Tolima
Caso La Colosa
 En noviembre de 2006, la Sociedad Kehedada S.A (desde 2007, AGA) comienza un proyecto de exploración minera para determinar el potencial de oro y otros minerales, entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Salento (Quindío). Para mayo del 2012, según el documento registrado en la sala de prensa de AngloGold Ashanti, el estimado de producción de oro con La Colosa podría ascender a los 24 millones de onzas troy. En el área del proyecto de explotación de la Colosa, 50 hectáreas se encuentran en zona de Páramos y buena parte de las restantes sobre la Reserva Forestal Central, un ecosistema estratégico para  el recurso hídrico de 10 departamentos.
En los últimos 6 años, AngloGold ha comprado más de 3.176 hectáreas de tierra con fuentes hídricas de carácter estratégico en Tolima.  AngloGold Ashanti y Gramalote son propietarios de 68 bienes. De los 58 predios a nombre de AngloGold, 49 son rurales. Y al menos 42 de ellos cuentan con recursos hídricos estratégicos: nacimientos de agua, la presencia de ríos y quebradas. Incluso  los predios comprados por la compañía están sobre fuentes hídricas que alimentan distritos de riego. (Caso Carrizal). Diapositiva 23.

La pérdida de la vocación agropecuaria del territorio 
Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia: abastece necesidades alimentarias tanto internas, como de Ibagué, Bogotá, Cali y Armenia. Es el primer municipio productor de arracacha en el país con 70 toneladas diarias, y el primer productor de fríjol seco con 15 toneladas semanales. También produce 10.000 litros de leche, así como maíz, curuba, granadilla, lulo, fresa, breva, café, panela y hortalizas.  Las características de explotación de La Colosa indican que el uso de hectáreas en el municipio va a significar la remoción de la capa vegetal, la afectación de suelo y subsuelo, la compra de predios y el descenso del rendimiento hídrico.
 Por esta razón, se estima que la afectación por la pérdida de la vocación agropecuaria en la región y el desastre ambiental, provocará la reducción significativa de cultivos. 

El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito: desplazamiento por contaminación
Contrario a la promesa del desarrollo a través de la explotación minera, luego de 23 años de explotación de carbón a cielo abierto en su territorio,  el Gobierno ha ordenado el reasentamiento de tres poblaciones del departamento del Cesar, debido a los altos niveles de contaminación, al encontrarse cerca de las minas de carbón explotadas por las compañías Drummond, Glencore y otras.
A pesar de las resoluciones expedidas en 2010 por el Ministerio de Ambiente, que ordenaron el reasentamiento de dichas poblaciones  en el término de dos años, éste no se ha cumplido.
Con posterioridad a la orden de reasentamiento las autoridades locales se niegan a destinar recursos de inversión para estas comunidades, y las empresas han hecho todo lo que está a su alcance para zafarse de su responsabilidad frente al reasentamiento. Las comunidades afectadas han denunciado que las empresas han dilatado injustificadamente el proceso de concertación del reasentamiento (Boquerón y el Hatillo). 

Sur de Bolívar y la extinción del pequeño minero
Las comunidades mineras del sur de Bolívar (conformado por 17 municipios) están siendo desplazadas en su actividad por la minería a gran escala y por especuladores. Los volúmenes de material procesado son bajos y en ningún caso sobrepasan las 50 toneladas de “desmonte” o material a procesar por día.
El 24.7% del territorio está concesionado. Los zares de los títulos son personas y empresas que se han dedicado a tramitar y obtener títulos mineros a lo largo y ancho del país. Este pool, fue denominado como “el Carrusel de los títulos” y “los zares de los títulos mineros” por el ex Ministro de Minas Carlos Rodado Noguera, en 2011.
Mientras empresas dedicadas a proyectos de minería a gran escala y especuladores han sido beneficiados con el 79,9% de los títulos, las comunidades representadas por las 60 Asociaciones Agromineras de la región agrupadas en Fedeagromisbol, solo han tenido acceso al 12,27% de los títulos. El resto de títulos están en manos de personas naturales o empresas mineras que van llegando a la región, muchas de ellas con el fin de negociarlos en el mercado minero internacional.
Entre las estrategias para la erradicación del pequeño minero, se cuentan la excesiva tramitología y las dilaciones a las que son sometidas las solicitudes ante la autoridad minera, que incrementan el riesgo de pérdida de las áreas de pequeña minería y que elevan los costos de los trámites que se realizan. Cuando se entregan títulos a las comunidades surgen imposiciones imposibles de cumplir para aquellos que practican una minería de supervivencia, de tipo económico, técnico y de productividad. Se pone a competir a los pequeños mineros con las grandes transnacionales de la minería.
Los resultados del proceso de formalización son desastrosos, de 7.646 solicitudes solo una de ellas ha sido otorgada.

Cocomopoca: Territorios colectivos concesionados a AngloGold
El proyecto de explotación minera “Dojurá” está compuesto por 46.893 hectáreas que se sobreponen sobre el territorio ancestral de Consejos Comunitarios de El Alto Atrato, Cocomopoca, y sobre el resguardo del pueblo Embera Katío. AngloGold Ashanti emprendió la solicitud de concesiones mineras sobre el mencionado territorio desde 2005. Dojurá hace parte del territorio que fue excluido de la titulación colectiva que recibió Cocomopoca luego que las comunidades insistieran durante 13 años.
Cocomopoca ha sido reconocida como una de las poblaciones afrocolombianas más afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento. El proyecto Dojurá se encuentra suspendido provisionalmente por problemas de orden público, y la presencia de actores armados en el territorio.

 

OFICINA DE PRENSA



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Abr201311

Cepeda pide investigar a Uribe por divulgación de coordenadas

 

 

Fuente Oficina de Prensa HR. Iván Cepeda


A CONTINUACIÓN LA CARTA ENVIADA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA, EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN SEGUNDA DE CÁMARA, ENCARGADA DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD NACIONAL.

Bogotá D.C., 10 de abril de 2013

Doctor

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETH

Fiscal General de la Nación

Asunto: Solicitud de Investigación 

 

Cordial saludo. 


Yo, Iván Cepeda Castro, en mi condición de Representante a la Cámara, solicito a usted inicie una investigación, a fin de establecer las posibles conductas penales en las que ha podido incurrir el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al difundir públicamente en su cuenta de Tuiter las coordenadas del lugar donde se realizó la suspensión de operaciones militares para el traslado de uno o varios miembros de la guerrilla de las Farc a la ciudad de La Habana, para posibilitar su participación en el proceso de paz que actualmente se desarrolla con ese grupo insurgente. Anexo: Notas de prensa sobre este hecho. 

 

Atentamente,   


IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara

 

 

 



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Abr201303

Cepeda celebró decisión del Incoder que ordena recuperar más de 1.200 hectáreas de hacienda Bellacruz

 

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien ha venido acompañando el proceso por la recuperación de tierras a las comunidades campesinas de la antigua Hacienda Bellacruz (Cesar), aseguró que la reciente decisión del Incoder de declarar baldíos los predios correspondientes a más de 1.200 hectáreas de este terreno, constituye un paso significativo para las víctimas de desplazamiento por parte de los paramilitares. El Incoder le ordenó a la empresa Dolce Vista, de propiedad de Germán Efromovich, devolver los terrenos que durante 20 años fueron reclamados por los campesinos.

Bogotá, 03 de abril del 2013.- El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que el caso de la antigua hacienda Bellacruz es emblemático porque demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que durante años se ha beneficiado del desplazamiento forzado de más de 13 veredas de campesinos en la década del noventa, para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma aceitera.

En ese sentido, Cepeda aplaudió el fallo del Incoder que concluyó que las empresas La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State Inc., y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.., que explotan actualmente los predios, no son ocupantes de buena fe y ocupan de manera indebida los terrenos.

"Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la tierra que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares, secundados por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus acciones criminales", señaló el representante.

También recordó que hace un año le dirigió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitando que ese organismo se abstuviera de considerar como participante activo del Pacto Mundial al Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, por considerar que no cumple con los principios exigidos como el del respeto a los derechos humanos, ya que en este proyecto no solo participa Efromovich a través de la Dolce Vista, sino que dentro de sus socios se encuentra la familia Marulanda, reconocida por sus vínculos con los grupos paramilitares de la región.

El congresista confió en que el Incoder pueda dar cumplimiento a su decisión cuanto antes, y proceda a adjudicar a las comunidades campesinas desplazadas. Del mismo modo resaltó el incansable trabajo de ASOCOL, la organización que solicitó que se iniciara el proceso de recuperación de baldíos, y cuyos miembros han venido siendo amenazados e intimidados, por lo cual han tenido que pedir una especial protección por parte del Estado.

Fuente: Oficina de prensa representante Iván Cepeda

Tags: BaldíosINCODERParamilitarismoPolo DemocráticoPolo Democrático Alternativo



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Feb201312

Reforma a régimen salarial de congresistas propone representante Cepeda

 

 

 

A través de una carta, el representante Iván Cepeda le solicitó al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4 de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los montos de los salarios y de los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos.

BOGOTÁ, 12/02/2013. Con relación a la discusión que cursa trámite en la Corte Constitucional sobre el régimen especial de pensiones para congresistas, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le propuso al ministro del Interior, Fernando Carrillo, que impulse ante el Congreso de la República, una iniciativa de reforma a la ley 4ª de 1992, por cuanto los proyectos de reforma a las leyes marco son potestad del Ejecutivo.

El congresista consideró que no sólo el régimen pensional, sino también el régimen salarial y prestacional de los congresistas riñe con el derecho a la igualdad, y establece beneficios y prerrogativas desproporcionadas e inequitativas en relación con la realidad de la mayoría de servidores públicos y empleados del país.

Para Cepeda, se debe ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, fijando un monto máximo razonable para su determinación, y que permita, de manera excepcional, su reducción, sin que con esto se afecten derechos salariales y prestacionales o las escalas salariales de otros servidores públicos.

Además, Cepeda anunció que, como un gesto de solidaridad y en concordancia con su concepto sobre los altos salarios de los congresistas, donará 5 millones de pesos mensuales de su sueldo al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y le solicitó a Gustavo Bolívar, líder Movimiento Manos Limpias, que sea esta organización la que ejerza la veeduría sobre el cumplimiento de dicho aporte.

-- 

 

OFICINA DE PRENSA 

 



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Feb201301

Cepeda celebró decisión de Incoder de ordenar extinción de dominio sobre predios de Víctor Carranza

 

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda dijo que el reciente anuncio del Incoder de expedir resolución de extinción de dominio sobre 27 mil hectáreas utilizadas por la ganadería La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta, es un claro resultado de sus denuncias en el debate sobre tierras realizado en mayo de 2012 y consignadas en el libro Víctor Carranza alias 'El Patrón'.

 

El congresista y defensor de derechos humanos Iván Cepeda afirmó que esta nueva acción del Gobierno Nacional debe ser el comienzo de una serie de decisiones sobre más de 45 mil hectáreas que se presume fueron conseguidas mediante el despojo y la adjudicación fraudulenta, por parte de testaferros de Víctor Carranza, procesado actualmente por la justicia por sus presuntos nexos y conformación de grupos paramilitares.

El representante recordó que durante la investigación para el libro y los debates en el Congreso, quedó claro que Víctor Carranza es uno de los más grandes latifundistas del país. Una fuente le dijo a Cepeda que en 2011, Carranza habría celebrado con una extravagante fiesta, la consecución de la hectárea número un millón.

Los predios (El Pedregal, Mi Llanura, Campo Hermoso, El Rincón y Las Corocoras) objeto de la extinción de dominio están ubicados en la inspección El Porvenir, de Puerto Gaitán, y se comprobó que Carranza los habría adquirido ilegalmente a través de José Baldomero Romero, alias Guillermo Torres.

El congresista anunció que continuará al frente de este tema, pues quedan acciones pendientes frente a otros predios de Víctor Carranza como es el caso de la hacienda El Brasil, donde se repite la matriz ilegal de adquisición de terrenos y según versión de un exjefe paramilitar ante un juez de Justicia y Paz, allí habría funcionado una base paramilitar y existirían fosas comunes. Cepeda también le solicitó al Incoder que inicie la recuperación de 10 mil hectáreas de baldíos de la nación, ubicados en el predio Morichito, en Puerto Gaitán, igualmente de propiedad de Carranza.

 

 

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda 

 



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Dic201213

Anuncian demanda contra Ampliación al Fuero Penal Militar aprobada por el Congreso

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda afirmó que en conjunto con varias organizaciones defensoras de derechos humanos, se promoverá una demanda constitucional que busca declarar la inexequibilidad de la ley que amplía el Fuero Penal Militar. Dijo que dicha norma es un paso atrás para lograr la justicia en Colombia. 

BOGOTÁ, 12/12/12. El defensor de derechos humanos y congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser legislar a favor de ellas. Recordó que en el pasado mes de junio, el Legislativo ya había perdido legitimidad con la errada aprobación de la Reforma a la Justicia, por lo cual debió declararse impedido en esta nueva discusión.

“El Congreso –afirmó Cepeda- ha perdido toda legitimidad, a tal punto que muchos piden hoy su revocatoria. Parece que las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado, no fueron razón suficiente para rechazar la ampliación del fuero penal militar. Agotaremos las todas las vías legales para lograr que se decrete la inconstitucionalidad de esta ley”.

El representante a la Cámara, quien ha sido duro crítico de esta iniciativa, anunció la disposición de varias organizaciones defensoras de derechos humanos para demandarla en la etapa de revisión constitucional.

En materia de impunidad, el congresista señaló que tal como lo indican las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio.

 

OFICINA DE PRENSA

Tags: CongresoDerechos humanosFalsos positivosFiscalíaFuero militarImpunidadLey de víctimasPolo Democrático AlternativoReforma a la justiciaVíctimas



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Dic201210

Cepeda entregará denuncia contra Uribe ante la CPI

 

 

 

Roma, 10 de diciembre de 2012-.El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara Iván Cepeda Castro entregará hoy en Roma una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que se basa en el proceso por las interceptaciones ilegales del DAS, al tiempo que anexará numerosos documentos referentes a los 271 procesos abiertos contra en el exmandatario, que se busca sean vinculados a la situación de Colombia en la CPI. 

Cepeda Castro basó su denuncia en lo que él califica como la inoperancia y la falta de independencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de representantes, frente a los procesos que lleva ese órgano contra el expresidente. 

En una reunión privada con la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Cepeda pedirá que ese organismo investigue y juzgue a Uribe Vélez, como máximo responsable del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en Colombia, en el marco de lo que se ha conocido como las chuzadas del DAS, teniendo en cuenta que en Colombia no está tipificado dicho delito. 

"El expresidente dirigió una campaña de difamación y venganza en mi contra, por mis denuncias sobre sus presuntos nexos con actividades criminales durante su gestión en la gobernación de Antioquia y en la presidencia de la República. Esta campaña, además de ser una explícita incitación a la violencia en mi contra, se tradujo en una persecución criminal por parte del DAS", afirmó el defensor de derechos humanos desde Roma. 

Además de la denuncia, el congresista le entregará a la fiscal Bensouda numerosos documentos y pruebas sobre los procesos que se adelantan contra Uribe, como lo son el de la Masacre de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de la Masacre de El Aro, para que sean incluidos por la CPI en la situación de Colombia.

La reunión entre el representante Cepeda y la fiscal general de la CPI, se dará en el contexto del Panel de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios del mundo para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados de Italia, durante el 10 y el 11 de diciembre. 

En cifras: 

La falta de efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación es absoluta. Desde 1972 se han abierto 3.058 procesos, de los cuales 1.765 han sido archivados y 1.293 siguen vigentes. En toda su historia, solo ha proferido una acusación, la que, una vez pasada a la instancia del Senado de la República, se decidió de manera absolutoria. Existen 287 procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2002.

Fuente: Oficina de Prensa representante Iván Cepeda 

 



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Dic201207

Comisiones de Paz del Congreso envían carta a negociadores en la Habana

 

 

 

En la carta se reitera la importancia del actual proceso y se insta a las partes a seguir adelante en la materialización de la paz.

 

Bogotá, 6 de diciembre de 2012-. Mediante una misiva, los copresidentes de las Comisiones de Paz del Congreso, se dirigieron a los negociadores plenipotenciarios del Gobierno Nacional y de las Farc para respaldar las negociaciones con miras a la finalización del conflicto, y para destacar los resultados de la primera ronda de las Mesas Regionales de Paz.

En la carta, los copresidentes de las Comisiones reiteran su apoyo y la importancia del actual proceso de conversación, e instan a las partes a seguir adelante en la materialización del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

A continuación el texto completo de la carta:

 

Bogotá, 6 de diciembre de 2012

 

Señores

Representantes Plenipotenciarios del Gobierno de la República de Colombia

Humberto de la Calle Lombana

Sergio Jaramillo

Frank Pearl

Luis Carlos Villegas

General (r) Óscar Naranjo

General (r) Jorge E. Mora

Señores

Representantes Plenipotenciarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo

Iván Márquez

Jesús Santrich

Rodrigo Granda

Andrés París

Marcos León Calarcá

Simón Trinidad

Señores Representantes Plenipotenciarios

Desde las Comisiones de Paz del Congreso de la República acompañamos con esperanza la Mesa de Conversaciones en la Habana, y los animamos a realizar todos los esfuerzos necesarios paraalcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Colombia, como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera.

Como contribución a este esfuerzo nacional, y con el propósito de promover la participación de la sociedad en la construcción de la Paz, las Comisiones de Paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas, desarrollamos desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre del año en curso, la primera ronda de las Mesas de Trabajo Regionales para Contribuir al Fin del Conflicto en (9) ciudades del país: Sincelejo, Barranquilla, Villavicencio, Pasto, Medellín, Bucaramanga, Florencia, Popayán y Bogotá, con participación de siete (7) regiones, dos mil novecientas noventa (2.990) personas, mil trescientas treinta y tres (1.333) organizaciones sociales y sesenta (60) plataformas, representantes de diferentes sectores sociales de los 32 departamentos del país. Dichos representantes entregaron sus propuestas sobre tres de los ejes temáticos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: Desarrollo agrario integral, participación política, y sustitución de cultivos de uso ilícito.

Luego de recorrer el país y escuchar con atención y respeto las propuestas planteadas en las Mesas de Trabajo, hacemos a ustedes entrega del resultado de la primera ronda, con la satisfacción de cumplir el compromiso adquirido con quienes participaron en ellas, de hacer llegar a la Mesa de Conversaciones de la Habana: 1. Las relatorías de cada una de las mesas de trabajo, 2. Los documentos entregados por las organizaciones a través de los buzones dispuestos en cada uno de las Mesas, y de aquellos presentados por las plataformas, y 3. La sistematización de las propuestas realizada por el Sistema de Naciones Unidas.

Agradecemos la disposición de ambas partes a recibir las conclusiones de las Mesas, el reconocimiento a este esfuerzo expresado a través dedeclaraciones unilaterales y en el comunicado conjunto número 6.Esperamos que las propuestas entregadas a ustedes a través de los agentes diplomáticos de los países garantes de los Gobiernos de Noruega y Cuba, sean discutidas y valoradas con especial atención, como insumo esencial para las decisiones a tomar.

De igual manera anunciamos la continuación del esfuerzo emprendido por las Comisiones de Paz, en los primeros meses de 2013 adelantaremos la segunda ronda de las Mesas de Trabajo Regionales para Contribuir al Fin del Conflicto, con el interés de escuchar a la sociedad, y recoger las propuestas existentes en relación al quinto punto del acuerdo, relacionado con los derechos de las víctimas.

Por último, saludamos las distintas iniciativas existentes tendientes a ampliar la participación social, entre ellas el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) que se desarrollará en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre. Reiterando el apoyo y la importancia del actual proceso de conversación, e instamos a las partes a seguir adelante en la materialización del sueño de poner fin al conflicto y avanzar en el logro de una paz estable y duradera para nuestro país.

Atentamente,

Presidencias Colegiadas de Las Comisiones de Paz del Congreso de la República:

 

ROY BARRERAS                                                        JORGE EDUARDO GECHEM

Presidente Congreso de la República                             Senador

GLORIA INÉS RAMÍREZ                                                JOSÉ JOAQUÍN CAMELO

Senadora                                                                      Representante a la Cámara

 

IVAN CEPEDA                                                              JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ

Representante a la Cámara                                            Representante a la Cámara

 

ANGELA MARÍA ROBLEDO

Representante a la Cámara

 

Comunicado oficial Comisiones de Paz y PNUD:

ENTREGA DE LAS PROPUESTAS DE 2.990 PARTICIPANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO REGIONALES RUMBO A LA MESA DE CONVERSACIONES GOBIERNO Y FARC EN LA HABANA

Rendición de cuentas de las Comisiones de Paz del Congreso de la sobre las nueve Mesas de Trabajo Regional para contribuir al fin del conflicto y Acto de Entrega Oficial por parte de la ONU de las propuestas de la sociedad civil presentadas en estas Mesas y su sistematización.

En el Salón Constitución del Congreso de la República, se realizó la rendición de cuentas de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes sobre las nueve Mesas de Trabajo Regionales para contribuir al fin del conflicto y, al mismo tiempo, la entrega oficial, por parte de Naciones Unidas, de la sistematización de las propuestas presentadas en las Mesas por 2.990 participantes de 1333 organizaciones, redes y plataformas nacionales y regionales del país.

Las nueve Mesas de Trabajo Regionales, realizadas entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre con representación de organizaciones de los 32 departamentos del país, son una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes que cuentan con el apoyo técnico y metodológico de Naciones Unidas Colombia.

Las propuestas sistematizadas de las Mesas de Trabajo Regionales serán entregadas hoy, por parte de Naciones Unidas, al Congreso de la República y éste a los países garantes de las conversaciones de paz -Cuba y Noruega- que se harán llegar a la Mesa de Conversaciones, que sesiona en La Habana. Se trata de la sistematización de innumerables propuestas presentadas sobre tres de los ejes temáticos del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera acordado por el Gobierno nacional y las Farc-Ep: política de desarrollo agrario integral, participación política y programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Las nueve Mesas de Trabajo regionales se realizaron con representación de los 32 departamentos del país y sesionaron en Sincelejo, Barranquilla, Meta, Pasto, Medellín, Bucaramanga, Florencia, Popayán y Bogotá. Cada una de las Mesas de Trabajo Regionales se realizó en dos días de trabajo con una metodología construida para facilitar la participación y presentación de propuestas alrededor de los ejes temáticos del Acuerdo General mencionados.. De esa forma, se conformaron 83 grupos de trabajo, los cuales eligieron 213 vocerías, de ellas 95 mujeres, quienes presentaron propuestas concretas con un único objetivo: el fin del conflicto.

A través de estos espacios de trabajo se buscó un doble propósito. El primero, garantizar la más amplia y debida participación de la sociedad sobre ejes temáticos del Acuerdo General. El segundo, asegurar que las propuestas presentadas en estos espacios contribuyan a la discusión de la Mesa de Conversaciones.

En las nueve Mesas participaron diferentes sectores y expresiones sociales de las diferentes regiones de Colombia, entre ellas organizaciones de campesinos, indígenas, afros, mujeres, sindicalistas, estudiantes, defensoras de derechos humanos, de niñas, niños y jóvenes, ambientalistas, comunidades LGBTI, iniciativas de paz,  iglesias, gremios, empresariado, académicos, investigadores sociales, víctimas del conflicto armado e integrantes de Juntas de Acción de Comunal.  Asimismo, expusieron sus propuestas líderes, lideresas y voceros de plataformas, organizaciones, redes, iniciativas, movimientos, procesos y sectores constituidos, representativos y reconocidos de las regiones del país. En especial hubo una importante participación de mujeres, indígenas y campesinos.

ELABORADO POR: COMUNICACIONES COMISIONES DE PAZ DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 

 



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Nov201227

Más de tres mil personas han participado en mesas regionales de paz 2012

 

 

En esta primera etapa de las Mesas Regionales por la Paz, promovidas por las Comisiones de Paz del Congreso, se han realizado 8 mesas de trabajo, con la participación de alrededor de  1.200 organizaciones sociales en 29 departamentos en todas las regiones del país.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, destacó la cantidad y calidad de propuestas recogidas en las ocho primeras Mesas Regionales por la Paz en las que participaron los diferentes actores sociales de 29 departamentos. Las calificó como viables y concretas, y destacó la confianza que tienen los ciudadanos en que éstas lleguen de manera efectiva a la mesa de negociación que se reúne en La Habana y que sean tenidas en cuenta por los negociadores de ambas partes.

 El propósito de las mesas es recoger las propuestas de carácter local, dirigidas a la mesa de negociación Gobierno-Farc sobre los tres primeros temas de la agenda de diálogo.
Las iniciativas que se plantearon dentro de los ejes temáticos del "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", sobre desarrollo agrario, participación política y sustitución de cultivos ilícitos, abordaron diferentes problemáticas que afectan a las comunidades en todas las regiones, especialmente las afectadas por el conflicto de manera directa.

A continuación, las principales propuestas:

- Proteger y ampliar las zonas de reserva campesina, el rechazo al actual modelo de extracción y explotación de los recursos naturales, y una política rural concertada con los distintos sectores sociales y grupos étnicos. Implantar un modelo de ordenamiento territorial participativo.

- Ponerle límites a la concentración de la propiedad rural, identificando a los terratenientes que han utilizado maniobras ilegales para acaparar tierras.

- Llevar a la realidad una reforma agraria, con la creación de territorios multiétnicos, limitando la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente de la industria multinacional, y facilitando el acceso a la tecnología para la producción alimentaria.

- Proteger los recursos hídricos de la privatización y vigilar su uso por parte del sector minero.

- Mejorar y ampliar los programas de educación en las zonas rurales.

- Garantizar la no repetición de genocidios contra movimientos o partidos políticos de oposición, al igual que crear el estatuto de oposición.

Desde la Mesa por la Paz que se lleva a cabo en Bogotá, el representante Cepeda recibió de manera positiva la liberación de los ciudadanos chinos por parte de las Farc y confió en que se cumpla el compromiso de acabar con la práctica del secuestro. Del mismo modo advirtió sobre la necesidad de verificar el cese de hostilidades unilateral anunciado por ese grupo, con el fin de evitar tergiversaciones y provocaciones que conlleven al fracaso de dicha iniciativa.

El congresista anunció que en los primeros días de diciembre se entregará la relatoría de las Mesas Regionales por la Paz a una instancia independiente que la entregará a los negociadores en La Habana, y destacó el apoyo metodológico y técnico de diferentes agencias y organismos de la ONU para la realización de estos espacios, en particular de PNUD y 11 agencias más del Sistema de Naciones Unidas (ONUMUJERES, OCHA, UNICEF, ACNUR, OACNUDH, UNODC, PMA, UNFPA, OIM, UNMAS y UNDSS).  

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda



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Nov201220

Acuerdo sobre modelo de desarrollo rural sería un sólido fundamento para la paz

 

 

Medellín, 19 de noviembre de 2012. El representante Iván Cepeda recibió con beneplácito el comienzo de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, tras la suscripción del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y de la reunión de preparación de Oslo. Dijo que si las partes llegan a un acuerdo en torno al primer punto de la agenda temática se habrá puesto el cimiento para la construcción del final de la guerra en el país. 

"Llevamos más de medio siglo buscando una reforma agraria que elimine el despojo y la concentración violenta de tierras en Colombia.  De los acuerdos que se definan con relación a la problemática del desarrollo rural integral, depende la terminación del conflicto armado, pues es uno de los problemas esenciales que toca a las poblaciones directamente afectadas por la guerra", precisó.  

El congresista se mostró optimista frente a la disposición, la prudencia y la flexibilidad que tendrán las partes para lograr compromisos claros por la paz y señaló que espera una amplia participación de muchos sectores sociales en ésta u otras etapas del proceso. Por eso, destacó iniciativas como el foro internacional convocado por la Ruta Social por La Paz, que tendrá lugar los primeros días de diciembre y servirá para escuchar las propuestas de participación de las organizaciones sociales y populares. 

Añadió que sería muy importante para el país que se concretara la propuesta de un cese de hostilidades bilateral o unilateral, especialmente en época de navidad, y confió en que muy pronto se pueda iniciar un proceso de negociación con el Eln. 

Finalmente, Cepeda anunció que en los primeros días de diciembre las Comisiones de Paz del Congreso presentarán el balance de las Mesas de Trabajo Regionales por La Paz, que se realizaron con el fin de recoger las propuestas que las organizaciones sociales, gremios y grupos étnicos, quieren que sean tenidas en cuenta en la mesa de negociación. Sostuvo que esas propuestas llegarán en las próximas semanas a La Habana mediante una instancia independiente.

Fuente Oficina de Prensa HR Iván Cepeda

Tags: Comisiones de PazConflictoConflicto ArmadoDialogos de pazPazPolo DemocráticoProceso de Paz



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Oct201226

Recursos que ahora se invierten en armas deberán ser destinados a combatir la pobreza

 

 

 

Esa fue una de las iniciativas expresadas por los voceros de 223 organizaciones sociales que se reunieron en Sincelejo, Sucre, en la primera de las Mesas de Trabajo Regionales por la Paz, lideradas por las Comisiones de Paz del Congreso. El propósito de las mesas es recoger las propuestas de carácter local, dirigidas a la mesa de negociación Gobierno-Farc.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, quien encabezó la instalación de la Mesa Caribe I, en Sincelejo, destacó la cantidad y calidad de propuestas recogidas en la jornada en la que participaron los diferentes actores sociales de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Las calificó como viables y concretas, y destacó la confianza que tienen los ciudadanos en que éstas lleguen de manera efectiva a la mesa de negociación que se reúne en La Habana en próximos días y sean tenidas en cuenta por los negociadores de ambas partes.

Las iniciativas que se plantearon dentro de los ejes temáticos del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, abordaron diferentes problemáticas que afectan a las comunidades de esta región. Fortalecer las zonas de reserva campesina, el rechazo al actual modelo de extracción y explotación de los recursos naturales, y una política rural concertada con los distintos sectores sociales y grupos étnicos, fueron algunas de las iniciativas expresadas en la primera Mesa Regional por La Paz.

El congresista Cepeda señaló que otros temas propuestos por los representantes de las organizaciones sociales presentes en Sincelejo, tienen que ver con ponerle límites a la concentración de la propiedad rural, identificar a los terratenientes que han utilizado maniobras ilegales para acaparar tierras, y la protección de las fuentes de agua como restricción a la minería.

Con relación a la participación política, los asistentes reiteraron la necesidad de que se haga de manera transparente y exigieron que se esclarezca el genocidio de la Unión Patriótica, como un mensaje claro del compromiso de todas las instituciones con la democracia.

Cada una de las Mesas Regionales por la Paz se desarrollará en dos jornadas. En la primera se hará un taller para la recolección de las propuestas y en la segunda se darán a conocer en una plenaria, para luego ser sistematizadas por parte del PNUD. Finalmente, serán entregadas, sin modificaciones, a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien las llevará a la mesa de negociación Gobierno-Farc.

La segunda parada será la Mesa Caribe II, en Barranquilla, el 26 y 27 de octubre. Se realizarán ocho mesas en diferentes regiones del país durante 2012 y otras ocho en 2013.

Fuente: Oficina de Prensa HR Iván Cepeda

 

Tags: Comisiones de PazCongresoFARCGobiernoPNUDPolo DemocráticoProceso de PazSincelejo



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Oct201204

Decisión de INCODER alienta lucha de campesinos por restitución: Iván Cepeda

 

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien ha venido acompañando el proceso por la restitución de tierras a las comunidades campesinas de LasPavas en el Sur de Bolívar, aseguró que la reciente decisión el Incoder de declarar baldíos los predios correspondientes a más de 1.300 hectáreas de este terreno, constituye un paso hacia la justicia para las víctimas de desplazamiento por parte de los paramilitares y empresarios que financiaron estas acciones criminales. 

El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que el caso de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, es emblemático porque demuestra cómo las comunidades campesinas, que buscan hacer válida su titularidad de la tierra, se ven enfrentadas a un poderoso consorcio que en el pasado obtuvo subvenciones por parte del Gobierno Nacional y que durante años se ha beneficiado del desalojo de los campesinos para desarrollar su proyecto agroindustrial. 

En ese sentido, Cepeda aplaudió el fallo del Incoder que concluyó que diez de los lotes, cuya propiedad se atribuía la firma Aportes San Isidro, y que reclaman 123 familias de campesinos, son baldíos de la Nación. 

"Este es un paso determinante en el reconocimiento del derecho a la restitución que tienen estas familias. Llevan años luchando por lo que perdieron por causa del desplazamiento perpetrado por los paramilitares, coadyuvado por empresarios que los promovieron y los financiaron en sus acciones criminales", señaló el representante. 

El congresista confió en que el ministerio de Agricultura inicie cuanto antes el proceso de restitución a la comunidad de Las Pavas y se le reivindique como legítimo dueño de sus terrenos.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 



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Sep201214

Santoyo no actuó solo y llegó con su grupo al círculo de confianza de Casa de Nariño: Cepeda

 

 

 

El congresista Iván Cepeda, citante al debate en la Comisión Segunda de Cámara, presentó numerosos documentos que demuestran que el caso del General (r) Mauricio Santoyo no es un hecho aislado de corrupción, sino que hizo parte de una estructura delictiva en la cual estarían implicados 7 oficiales y suboficiales de la Policía, que operó en Antioquia en los años 90, y luego en el Palacio presidencial entre 2002 y 2010.

El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.

 Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas. 

Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez 

El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin. 

Carta La Terraza 

Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo.

En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"

"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida." 

Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. 

Mayor Mario Fernando Herrera Ariza 

Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell. 

General (R) Jorge Daniel Castro

Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. 

En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro. 

General (R) Teodoro Campo

En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó. 

El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña 

El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. 

Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. 

"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero". 

Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo 

La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. 

Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán". 

El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'. 

Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali. 

El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo 

Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010. 

El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica. 

En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después. 

La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009. 

En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo. 

Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte. 

Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes. 

Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río.  

El representante a la Cámara Iván Cepeda reveló las relaciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional con el General (R) Mauricio Santoyo, que han sido señalados de participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos acompañaron a Santoyo en el Gaula de Medellín, como en su paso por la presidencia de la República como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. 

Según un artículo publicado por El Espectador, Estados Unidos tendría abiertos 8 expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes. Las autoridades estadounidenses se preguntarían por generales en retiro como Jorge Daniel Castro (excomandante policía Antioquia), Rubén Carrillo (excomandante policía Antioquia) Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector Dijin) y Mario Montoya Uribe (excomandante del Ejército). El coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez ha sido relacionado con desapariciones forzadas. 

Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez

El representante Iván Cepeda presentó el caso de Carlos Arturo Ceballos, quien llevaba los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín y era el jefe de la sala técnica del Gaula. En una carta dirigida al entonces fiscal general Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en complicidad con Santoyo.. Rodríguez fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y después director de la Dijin. 

Carta La Terraza 

Rodríguez Pérez es mencionado junto a Santoyo en una carta que la banda La Terraza le envía al presidente Andrés Pastrana en el 2000. La comunicación habla de los positivos que ellos le dieron para su imagen y su carrera. Dice: "El más criminal y deshonesto era Rodríguez Pérez".. También menciona a Grijalba y a Santoyo. 

En la carta afirman: "El mayor SANTOYO el encargado de ejecutar el secuestro y desaparición de JAIRO BEDOYA miembro de la OIA (Organización indígena de Antioquia) (…)"

"SANTOYO fue el mismo a quien a principios del año, nuestro grupo le hizo entrega de un carro volswagen golf morado con material explosivo para que se anotara un positivo en su hoja de vida." 

Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' también salpica a Santoyo. Afirmó en una declaración: Santoyo tenía estrechas relaciones con el jefe de la 'Oficina de Envigado', Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'. Ambos estuvieron reunidos con el entonces secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. 

Mayor Mario Fernando Herrera Ariza 

Jefe de Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Conforme a versiones allegadas a Cepeda, éste concertaba las citas de 'El Canoso' y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Tomás Uribe y su esposa son padrinos de bautizo de Laura Herrera, hija menor del mayor Herrera. Según una fuente anónima que se comunicó con el representante Cepeda antes del debate, Santoyo y Herrera se reunían en la sede de la empresa Seguridad Silver (calle 25 F Nº84B-46) cerca de Noticias Uno, para hacerle seguimientos a Daniel Coronell. 

General (R) Jorge Daniel Castro 

Castro fue comandante de la policía metropolitana de Medellín en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el ascenso de Santoyo. 

En el año 2007, 11 generales de la República son relevados por el caso de las "chuzadas" entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro. 

General (R) Teodoro Campo 

En octubre de 2000 Campo fue retirado de la policía pero dos años mas tarde gracias a su cercanía con Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó. 

El Guardián de Ralito: Coronel (R) Jorge Vargas Peña 

El narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso' afirma que el general Santoyo, siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como principal enlace entre él y las AUC. 

Sierra afirma que, a pesar de que estaba expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el coronel (r) Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de eso. 

"Él (Vargas) sabía que yo estaba y (yo) le aportaba dinero". 

Hermano y eslabón entre los paramilitares y Palacio: General Julio César Santoyo 

La hipótesis de la revista Semana es que el hermano de Santoyo era el correo humano entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe de seguridad del excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. 

Alias "El Tuso" Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: "Julio le llevaba las razones a El Alemán". 

El representante Cepeda también recordó que entre los paramilitares que afirman que tuvieron nexos con los oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias 'Don Berna' y alias 'Gordo Lindo'. 

Antes de ser asesinado el teniente Nestor Eduardo Porras aseguró que Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali. 

El sucesor de Santoyo: General (R) Flavio Buitrago Delgadillo 

Fue comandante de la policía Antioquia, sucesor de Santoyo como jefe de seguridad del expresidente Uribe, y fue condecorado junto a Santoyo el 5 de agosto del 2010.   

El columnista Ramiro Bejarano menciona que el General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre parapolítica.

En su columna, "Estado tramposo", Bejarano afirma: "El general Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de Uribe -protegido del tristemente célebre Santoyo"-. El señor Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan contra dirigentes involucrados en la parapolítica. Se intentaba presentar como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual éste hizo dos días después.

La cereza en el pastel: las fiestas de San José de Pare (Boyacá), 2008 y 2009. 

En las tradicionales fiestas de este municipio "Festival Nacional del Poncho y degustación del Whisky", se nombran como presidentes honorarios al expresidente Álvaro Uribe y al General Mauricio Santoyo.

 Y otras personalidades que son invitadas de manera especial, son el Coronel Julio César Santoyo, el Coronel Jorge Vargas P., el Mayor Mario Fernando Herrera Ariza y su hermano el Subteniente Juan Pablo Herrera Ariza, Elizabeth Olarte de Santoyo y su hermano Gilberto Olarte. 

Este es el grupo de oficiales y suboficiales que llegaron a Antioquia, trabajaron con Mauricio Santoyo, se relacionaron con Uribe Vélez y terminaron en la Casa de Nariño. Todos tienen antecedentes. 

Todos ellos son oriundos de San José de Pare. Como también lo es el condenado general (R) Rito Alejo Del Río. 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 

Tags: Álvaro UribeAntioquiaCámara de RepresentantesCorrupciónEl EspectadorEstados UnidosMauricio SantoyoPolicíaPolicía NacionalSantoyo



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Ago201228

Cepeda respalda posible acuerdo inicial para diálogos con las FARC

 

 

Así lo expresó el congresista Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes que se instalará oficialmente este miércoles. Cepeda dijo que se debe recibir con optimismo un primer paso de las partes y anunció que buscará que una delegación del gobierno de Irlanda del Norte visite Colombia para compartir la experiencia de paz en ese país.

 

BOGOTÁ, 27/08/12. Ante la información divulgada por el canal Telesur, sobre la firma de un acuerdo inicial entre el Gobierno colombiano y las Farc para un eventual diálogo de paz, el representante Iván Cepeda Castro reiteró la disposición de la Comisión de Paz de la Cámara para agotar todos los esfuerzos y acciones conducentes a la búsqueda de la paz por parte del Gobierno Nacional.

“De confirmarse este primer acuerdo, es una noticia positiva para el país. Es legítimo que el Gobierno haga uso de la confidencialidad para buscar que la posibilidad de un diálogo se materialice, y se debe recibir con optimismo que, tanto el presidente Juan Manuel Santos, como las Farc, den ese paso”, dijo el representante.

Según el congresista, la Comisión de Paz de la Cámara cumplirá una tarea pedagógica mediante la realización de foros con los expresidentes y expertos para analizar experiencias pasadas en esta materia. Igualmente, la Comisión gestionará la visita de una delegación de Irlanda del Norte para que comparta la información sobre el exitoso proceso de paz en ese país.

La instalación de la Comisión de Paz de la Cámara se llevará a cabo este miércoles 29 de agosto en la Plenaria de esa corporación, a las 3 de la tarde.

Oficina de Prensa

Tags: Cámara de RepresentantesConflicto ArmadoFARCPaz



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Jul201230

Emergencia carcelaria debe ser decretada por el Gobierno

 

 

Luego de que la Defensoría del Pueblo solicitó que se decrete la emergencia sanitaria en la Cárcel Nacional Modelo por los casos de varicela que se presentaron recientemente, el congresista Iván Cepeda pidió que se declare la emergencia carcelaria por la grave situación de hacinamiento, sumada a los problemas de salud que están viviendo los internos en las cárceles más sobrepobladas del país.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Iván Cepeda, advirtió que la crisis de hacinamiento y de problemas sanitarios que se vive en las cárceles colombianas, está llegando a su peor nivel y que es imperioso que el Gobierno decrete la emergencia carcelaria, al igual que urge poner en funcionamiento la Comisión de seguimiento aprobada por el ministerio de Justicia.

El congresista recordó que pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico El Tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo más del 200% de su capacidad. Ante esta situación el Inpec anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

Para el representante Cepeda, ésta medida de aislamiento y otras de descongestión que se implementaron esta semana "resultan insuficientes e inadecuadas, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura.. Esto no sólo en la cárcel Modelo, sino en general en la mayoría de los establecimientos de reclusión del país. Se están afectando el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, lo que desdibuja la existencia de condiciones de reclusión dignas y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad", concluyó el legislador.

Señaló además, que han pasado más de dos meses desde que Caprecom dejó de prestar el servicio de salud en la cárceles, sin que se haya dispuesto un remplazo para ello.

Con relación a esta grave situación, el representante le envió un derecho de petición a la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, en el cual le reitera la urgencia y la necesidad de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario. Cepeda señaló que ya se habían suscrito acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que deben ser retomados con la urgencia que ameritan, y sin más dilaciones por parte de esa cartera.

Igualmente anunció que de continuar la grave crisis carcelaria, convocará a un nuevo debate de control político en la Cámara de representantes.

A CONTINUACIÓN EL DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO A LA MINISTRA DE JUSTICIA:

Bogotá, 26 de Julio de 2012.

Doctora

RUTH STELLA CORREA

Ministra de Justicia.

Dirección: Carrera 9 No. 12C - 10 - Bogotá.

Ref. Derecho de Petición

 

IVAN CEPEDA CASTRO, en mi condición de Representante a la Cámara, me dirijo a usted en ejercicio del Derecho de Petición, consagrado en la Constitución Política de Colombia, con el propósito de solicitar una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, respecto a la cual, habíamos llegado a algunos acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que tenían como punto de partida el reconocimiento de la extrema gravedad de la situación penitenciaria y carcelaria.

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

- El hacinamiento es un lugar común, sobre diagnosticado en las cárceles de Colombia. El contraste entre la capacidad de los establecimientos carcelarios y la población que los habita ha adquirido dimensiones dramáticas; por ejemplo, la cárcel nacional modelo (la más grande del país) tiene 7.965 internos, cuando su límite sería de 2.950 internos. Respecto a otros establecimientos carcelarios como la Picota -en Bogotá- Villahermosa -en Cali- y Bellavista -en Medellín- , los niveles de hacinamiento superan el 100 por ciento.

- Esta situación es el punto de origen de una cadena de vulneración de los derechos de la población carcelaria que atenta contra el principio de dignidad humana, y da cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de los sindicados y los condenados.

- Al hacinamiento se suman las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad. 

-    No solo la población privada de la libertad ha denunciado la grave situación carcelaria; los guardias del INPEC, manifestaron la semana pasada que entrarían en paro, advirtiendo así el inminente colapso del sistema carcelario.

Su denuncia se centra en la imposibilidad de ejercer sus labores, derivada precisamente del hacinamiento; así, un patio de La Picota en el que hay más de mil detenidos cuenta con sólo dos guardianes del INPEC. Los guardianes han exigido la presencia en la Cárcel del director del INPEC, para que verifique personalmente estas denuncias, y adopte medidas acordes a la gravedad de la situación.

-    El pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico el tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo el 100% de su capacidad. Ante esta situación se anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

-    La medida adoptada por el distrito, resulta insuficiente e inadecuada, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, de la cárcel Modelo - y en general de los establecimientos de reclusión del país- , que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad.

Las dramáticas dimensiones de hacinamiento en la Modelo, y en general en los establecimientos carcelarios del país, reiteran la urgencia y la necesidad de decretar la emergencia carcelaria y de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario

Esta Comisión estaría conformada por los Ministerios de Justicia, Hacienda, Salud, Trabajo, Educación, el Sena, la Unidad de Servicios Penitenciarios, la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación, un representante de los jueces de ejecución de penas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General, el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y el Senador Juan Manuel Galán. Dentro de las funciones de la Comisión estarían formular un balance de la situación penitenciaria y carcelaria, y entregar una serie de recomendaciones al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso de la República.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, en los que se consagra el Derecho de Petición. 

III. PETICION

Por las consideraciones expuestas anteriormente, solicito una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, a la cual se ha hecho referencia.

Favor enviar comunicaciones sobre la información solicitada a la siguiente dirección:

Carrera 7 No. 8- 68 Oficina 416 A. Bogotá. D.C

Atentamente.

______________________

IVAN CEPEDA CASTRO.

Representante a la Cámara

 



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Jul201206

Congreso está impedido para discutir fuero penal militar

 

 

 

El defensor de derechos humanos y congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que el Congreso debe declararse impedido para discutir el proyecto que pretende ampliar el fuero penal militar, y que cumplirá sus últimos debates en la próxima legislatura.

 "El Congreso -afirmó Cepeda- perdió toda legitimidad, a tal punto que muchos piden hoy su revocatoria. Ha quedado sin autoridad moral para discutir y votar cualquier proyecto relacionado con la Justicia, y menos para aprobar la ampliación del fuero penal militar, que puede abrirle las puertas a la impunidad en casos de delitos cometidos por agentes del Estado".

 El representante a la Cámara, quien ha venido siendo crítico de esta iniciativa, alertó a la ciudadanía para que esté atenta de los pasos que da el Legislativo en este sentido, y dijo que si es necesario, convocará nuevamente al movimiento ciudadano que logró tumbar la Reforma Judicial, para que se oponga a la aprobación de este "nuevo engendro".

 



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Jun201225

“Reforma no admite maquillaje ni remiendos, debe derogarse”

 

 

Así lo dijo el representante Iván Cepeda al destacar que el movimiento ciudadano que promueve el referendo revocatorio de la Reforma a la Justicia seguirá vivo, y que gracias a él se evitó que exministros, excongresistas y exfuncionarios del gobierno Uribe que se encuentran privados de la libertad se beneficiaran del acto legislativo.

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, alertó a los colombianos para que no permitan que la Reforma judicial aprobada por el Congreso sea “maquillada, remendada ni arreglada a conveniencia de los congresistas”, y afirmó que la única manera de subsanar ese mal es buscando su derogación.

Recalcó que gracias a la alerta ciudadana sobre los graves inconvenientes de la Reforma, se evitó que muchos exfuncionarios del anterior gobierno salieran de las cárceles y terminaran entrabando la acción de la justicia en sus distintos procesos penales.

Cepeda aseguró que “si el Legislativo y el Gobierno insisten en mantener viva la Reforma, el movimiento ciudadano promotor del referendo revocatorio tomará más fuerza y saldrá a las calles a recoger las firmas necesarias para hundirla. El Congreso debe entender que la paciencia ciudadana tiene un límite”, indicó el congresista.

En ese mismo sentido, el representante Cepeda advirtió que si el Congreso de la República sigue encaminando el poder legislativo a satisfacer sus intereses individuales y no hacia el servicio ciudadano, también terminará siendo objeto de una derogatoria.

 



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Jun201214

"Reforma contra la Justicia debilita la independencia y fortalece la impunidad"

 

 

 

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que sería vergonzoso que el Congreso apruebe una reforma judicial que no se enmarca en la ética, ya que permite que los congresistas legislen en beneficio propio, al suprimir el conflicto de intereses en la aprobación de los proyectos de ley que modifiquen el Reglamento Orgánico del Congreso.

Cepeda advirtió que la Reforma también está cambiando las reglas de juego sobre investigación y juzgamiento de la parapolítica, al contemplar que sólo serán privados de la libertad los congresistas o excongresistas, cuando se profiera resolución de acusación en firme, o sea que podrán seguir votando los proyectos de ley en la etapa investigativa.

Entre otros puntos, el representante a la Cámara señaló que la Reforma plantea un escenario incierto de juzgamiento de aforados que fortalece la impunidad. Especialmente, indicó que se contemplan múltiples obstáculos para el inicio de la investigación, ya que se adoptan medidas que desincentivan la denuncia ciudadana contra los aforados, al tener que ser presentada personalmente por el denunciante y acompañada de pruebas. Recordó que gran parte de los procesos por parapolítica se iniciaron como resultado de actuaciones de oficio, de anónimos o investigaciones serias por parte de congresistas y académicos.

El congresista indicó que el proyecto autoriza la privación policial de la libertad hasta por 36 horas para ciudadanos sospechosos de hacerse daño a sí mismos o a terceros por padecer perturbaciones mentales transitorias derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, lo cual constituye una gravísima violación a los derechos de los ciudadanos. Puntualizó que dicho precepto va en contravía de la Constitución del 91, que estipula que sólo la autoridad judicial puede privar de la libertad a las personas.

Cepeda recogió algunas de las inquietudes recientemente presentadas por la Coalición Ciudadana por la Justicia, conformada por notables ciudadanos, juristas, académicos y exconstituyentes.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 

 



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May201231

Representante Cepeda deploró cruel agresión sexual y asesinato de mujer en Bogotá

 

 

Tras conocerse de la muerte de una mujer de 35 años que fue encontrada en días pasados en inmediaciones del Parque Nacional de la capital colombiana, luego de ser víctima de empalamiento, el representante Iván Cepeda rechazó este hecho y ratificó su compromiso de lograr la aprobación del proyecto que pretende crear mecanismos para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual.

 

BOGOTÁ, 30/05/2012. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, repudió las graves agresiones sexuales de las que fue víctima una mujer en Bogotá, y que terminaron con su vida en días recientes. Exigió a las autoridades investigar de manera inmediata y con total diligencia este terrible crimen. Para el congresista, “esta es una expresión evidente de que la violencia contra la mujer, tanto en el contexto del conflicto como en la vida cotidiana, sigue siendo, lamentablemente, una práctica común. Es necesario que las autoridades actúen con rigor en estos casos de agresión sexual, como en los de las mujeres que han sido quemadas con ácido”. Cepeda aseguró que en la siguiente legislatura buscará la aprobación, junto con la representante Ángela Robledo, del proyecto de ley que pretende armonizar la legislación interna con la normatividad internacional, y recoger las recomendaciones hechas en la materia por diferentes organismos de protección de derechos humanos, en especial se espera tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad cuando se presenta de manera sistemática o generalizada. Adicionalmente el proyecto de ley buscará entregar herramientas procesales para facilitar la investigación y juzgamiento de tales conductas.

OFICINA DE PRENSA

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

PDA

Congreso de la República de Colombia

Teléfono: 382 44 16

 



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May201229

Dirigentes de Irlanda del Norte manifestaron su compromiso de apoyar avances de paz en Colombia

 

 

El representante Iván Cepeda, miembro de las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos de la Cámara, junto con el director del Semanario Voz, Carlos Lozano y la directora de Asfamipaz, Marleny Orjuela, se reunieron con miembros del gobierno de Irlanda del Norte, del Parlamento de Belfast, y con líderes políticos y dirigentes británicos, en una gira que tenía por objeto exponer la situación de derechos humanos en Colombia y conocer la experiencia de paz en Irlanda del Norte.

Según el congresista, en una reunión con el Primer Ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson (partido DUP), y el Vice Primer Ministro, Martin McGuinness, (partido Sinn Fein), éstos le manifestaron que su país estaría dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de paz en Colombia, respetando las directrices del Gobierno Nacional en este sentido.

"La experiencia de Irlanda del Norte en temas de paz puede enriquecer un eventual proceso con los grupos armados en nuestro país, mirando los aciertos y desaciertos para retomar lo que sea más útil. Fueron décadas de guerra que cesaron gracias a la voluntad de muchos y aquí puede pasar lo mismo", afirmó el representante a su regreso de la gira.

Durante la Comisión oficial que se desarrolló entre los días 19 y el 25 de este mes, el congresista se reunió con varios miembros del Parlamento de Belfast como Jim Shannon, Brenda Hale y Chris Lyttle, con representantes del partido Ulster Unionists (UUP) de Irlanda, y en Reino Unido se entrevistó con miembros de la Cancillería Británica y con Frances O'Grady, vicepresidenta de la TUC (Central Sindical Británica).

Cepeda anunció que presentará un amplio informe sobre los resultados de la Comisión Oficial ante la Plenaria de la Cámara. Los gastos de esta gira fueron cubiertos en su totalidad por Justice for Colombia, la organización anfitriona.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 



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May201219

Cepeda pide investigar a Francisco Santos por presuntos nexos con paramilitares

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda le solicitó al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, que en caso de no existir una investigación abierta contra el ex vicepresidente Francisco Santos, se inicie una por su posible participación en la conformación del Bloque Capital de las AUC.

A través de una carta, el defensor de derechos humanos y congresista, Iván Cepeda Castro, le pidió al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, a raíz de las graves declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en entrevista con Caracol Radio, en las cuales afirma que se reunió con el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, quien le habría manifestado su interés en el proyecto paramilitar, y que incluso le propuso la creación de un bloque de autodefensas para Bogotá.

Para el representante Cepeda, en caso no existir aún una investigación, ésta debe iniciarse cuanto antes para aclarar la veracidad de dichas declaraciones y en defensa de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por estas estructuras paramilitares en la reciente historia de nuestro país.

"Antes, Francisco Santos abogaba por medidas benévolas para los paramilitares, entre ellos Mancuso, ahora los sindica de criminales a los que no puede creérseles. Se quiere presentar como un luchador contra impunidad, pero llama la atención que según las declaraciones de Mancuso, el ex vicepresidente podría ser uno de los creadores del paramilitarismo", dijo el congresista.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 

 



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May201209

Denuncian acciones de intimidación por debate sobre paramilitarismo en Antioquia

 

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda le informó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que pocos días después de haberse llevado a cabo el debate de control político sobre el "Paramilitarismo en Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe", se habría realizado una reunión en la hacienda Guacharacas (San Roque), liderada por Juan Guillermo Villegas, en la cual habrían participado miembros de grupos paramilitares, a quienes supuestamente se les dieron instrucciones para contrarrestar las denuncias hechas en el debate del pasado 11 de abril, y que ligaban tanto a los hermanos Álvaro Uribe como al señor Villegas en la conformación del grupo paramilitar que operó en ese municipio, especialmente entre 1995 y 1998.

El congresista también fue alertado de la presencia de un grupo paramilitar en Bogotá, que buscaría desarrollar acciones criminales para neutralizar las denuncias hechas en el debate, y atentar contra las personas que participaron en las investigaciones, así como contra Juan Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas, quien ha señalado a Álvaro Uribe Vélez de tener estrechos vínculos con la mencionada estructura criminal.

El representante a la Cámara Iván Cepeda recordó que Monsalve fue víctima de un atentado el pasado viernes 23 de marzo, en la cárcel de Cómbita, y que desde septiembre de 2011 se han venido solicitando medidas especiales de seguridad tanto para éste como para Pablo Hernán Sierra alias "Alberto Guerrero", quienes coinciden en los mismos señalamientos al expresidente Uribe en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El representante Cepeda remitió la carta con copia a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, y anunció que dejará constancia sobre este hecho ante la plenaria de la Cámara.

FUENTE: OFICINA HR IVAN CEPEDA

 



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Abr201209

Protección a líderes de restitución de tierras

 

 

El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró que a sólo tres semanas de que la Corte Constitucional profirió el Auto 045/12 en el que le ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para la protección de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) en los procesos de restitución y retorno, haya sido asesinado uno de sus más importantes líderes, Manuel Ruiz.

 

Ruiz y su hijo menor de edad fueron desaparecidos por el grupo paramilitar Águilas Negras el pasado viernes 23 de marzo en Mutatá (Antioquia), y ayer la comunidad lo halló muerto cerca de ese municipio. El cuerpo del joven fue encontrado esta mañana. El día de su desaparición, el líder campesino debía acompañar a funcionarios del Gobierno en la realización del censo de los actuales ocupantes de las tierras que fueron despojadas. Sus familiares tuvieron que desplazarse sin que hasta el momento hayan recibido ayuda estatal.

"Ya es hora de que el Gobierno Nacional tome muy en serio los graves riesgos que corren estos representantes de las comunidades que están reclamando sus tierras en todo el país. Esta situación no da más espera, y no podemos acostumbrarnos a sumar muertos sin hacer algo al respecto", afirmó el congresista.

El representante Cepeda recalcó que "no bastan las medidas de protección, es prioritario establecer la responsabilidad de los empresarios y actuales ocupantes de las tierras, su connivencia con las estructuras paramilitares que se oponen a la restitución, y por supuesto, comenzar a combatirlos".

En el último año, Manuel Ruiz había solicitado protección en tres oportunidades sin obtener respuesta alguna. Según la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, a la fecha existen otros 37 líderes amenazados en Curvaradó y Jiguamiandó que están en peligro de muerte si no se les brinda la protección necesaria.

 



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Mar201228

Protección para exparamilitar apuñalado en Cómbita

 

 

 

A raíz del atentado que sufrió Juan Monsalve, quien declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe, el congresista Iván Cepeda, pidió a las autoridades colombianas y organismos internacionales extremar las medidas de protección a Monsalve y a su familia.

Según la versión que el exparamilitar Monsalve le hizo llegar a sus familiares, el pasado viernes 23 de marzo, dos hombres lo atacaron con puñales sin motivación alguna, cuando se encontraba en uno de los patios de la cárcel de Cómbita. Éste desmintió la versión dada por el Inpec sobre una riña, y precisó que días antes, algunos internos le habían hablado de un atentado que se estaba organizando contra él, y que le pagarían 80 millones de pesos a quien lo cometiera.

El representante a la Cámara Iván Cepeda recordó que desde septiembre de 2011 se han venido solicitando medidas especiales de seguridad tanto para Juan Monsalve como para Pablo Hernán Sierra alias "Alberto Guerrero", quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El congresista señaló que estas peticiones fueron atendidas, incluso en enero de este año, el Inpec determinó que el riesgo que corría Monsalve era regular, por lo tanto no ameritaba extremar las condiciones de seguridad. Cepeda recordó también que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le envió una carta al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, en la que le expresó su preocupación por las amenazas de las cuales ha sido víctima Monsalve y su familia, y le pidió al Inpec adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle la seguridad, "mientras las autoridades investiga estas denuncias de manera inmediata y activa".

Esta vez, el congresista les reiteró la misma solicitud al ministerio de Justicia, al Inpec y a los organismos internacionales, ya que "no es la primera vez que un testigo de tal importancia y con tanta información sobre hechos de paramilitarismo es intimidado, atacado o asesinado dentro de una cárcel".

Oficina Representante Iván Cepeda

 

Tags: Álvaro UribeAntioquiaAUCCárcelDerechos humanosINPECMinistro de JusticiaNarcotráficoParamilitaresParamilitarismoPolo Democrático



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Mar201223

Piden retiro del Embajador del Vaticano

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda, miembro de la Comisión Segunda de relaciones exteriores de esa Corporación, elevó de nuevo una petición a la Canciller María Ángela Holguín, para que separe de su cargo al embajador de Colombia ante el Vaticano, César Mauricio Velásquez, teniendo en cuenta la orden de la Corte Constitucional a la Procuraduría General para que le inicie una nueva investigación, además de la que ya tiene en la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en el sonado caso de las chuzadas.

En mayo del 2011, el congresista le solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores separar de sus cargos, al entonces embajador en Perú, Jorge Visbal Martelo, y el General (R) Mario Montoya Uribe, en ese momento embajador en República Dominicana, solicitud que no fue atendida por el Gobierno.

Ambos embajadores se vieron obligados a renunciar a la función diplomática para venir a responder por sus procesos judiciales, todos relacionados con el paramilitarismo. En la misma comunicación, Cepeda pidió el retiro de César Mauricio Velásquez por la investigación en su contra en el caso de las interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, petición que tampoco fue atendida.

Ahora, Cepeda reitera su solicitud al Gobierno por considerar que en este caso, como en el del embajador en Perú, se está corriendo el mismo riesgo de que un diplomático colombiano tenga que renunciar a su cargo por una eventual orden de captura, lo que para él significa una "vergüenza nacional".

El representante anunció que dejará constancia de esta situación en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.

 



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Mar201209

Por respeto a las víctimas del paramilitarismo, Iván Cepeda pide a gobernador de Sucre revocar licencia de chance de alias “La Gata”

 

 

*El congresista, quien ha venido acompañando a las víctimas del paramilitarismo en los departamentos de la Costa Atlántica, le solicitó al gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, rescindir la licencia de concesión a Enilce López para la explotación del chance en ese departamento, teniendo en cuenta su condena por concierto para delinquir
por nexos con grupos paramilitares.

BOGOTÁ, 9/03/12. A través de un derecho de petición el defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le pidió al gobernador del departamento de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, que como titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en ese departamento, invalide el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes, otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘, quien cuenta con un extenso prontuario y fue condenada a 8 años de cárcel por concierto para delinquir, por sus nexos con los grupos paramilitares que operaban en Bolívar y Sucre.

“Por respeto a las víctimas, los gobiernos regionales no pueden seguir premiando a los delincuentes con grandes concesiones, grandes licitaciones y jugosos negocios, con los cuales se han financiado muertes y se ha sembrado el terror durante décadas en una región tan importante para el país como los es la Costa Atlántica*”, señaló Cepeda.

El congresista recordó que contra alias “La Gata” y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, se siguen investigaciones en los Estados Unidos por supuestos nexos con ‘Los Urabeños‘, en relación con el narcotráfico. Asimismo, Alfonso López, se encuentra huyendo de la justicia, acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

El contrato, adjudicado por la anterior administración, vence en el 2013. 

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2012

Doctor

JULIO CESAR GUERRA TULENA

Gobernador de Sucre

Sincelejo, Sucre


Ref: Derecho de Petición, artículo 23 de la Constitución Política y 6 y s.s. del C.C.A.


Respetado señor Gobernador:


Como es de su conocimiento, el próximo año vence la licencia de concesión, que la Gobernación de Sucre, le otorgó a Enilce López, conocida con el alias de ‘La Gata‘, para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, en ese departamento.

Según lo registra el periódico El Tiempo, en su edición de 7 de marzo de 2012, Enilce López, alias ‘La Gata‘, no solamente fue condenada a 8 años de prisión por patrocinar grupos paramilitares en los departamentos de Sucre y
Bolívar, sino que contra ella y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, se siguen investigaciones en los Estados Unidos por supuestos nexos con ‘Los Urabeños‘, en relación con el narcotráfico. Asimismo, Alfonso López, se encuentra huyendo de la justicia, acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, relacionados con el asesinato del ciudadano turco Hamil Kasser Ali, ocurrido en el municipio de Magangué, Bolívar. Además, ha estado involucrado en escándalos de corrupción y ha sido señalado de tener vínculos con grupos paramilitares. Por el primero de ellos, fue sancionado en el 2006 por la Procuraduría General de la Nación y en el 2010 fue destituido e inhabilitado, por 20 años, por ese mismo órgano de control[1].

Señor Gobernador:

Los hechos expuestos, dejan en evidencia la gravedad de las investigaciones y condenas hechas por diversas autoridades judiciales y de control, contra Enilce López, alias ‘La Gata’ y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, así como su presunta vinculación con grupos paramilitares, que han sembrado el terror en la Costa Atlántica, y particularmente, en el departamento de Sucre, y que han perpetrado masacres y desplazamientos forzados contra miles de personas.

En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y 6 y ss., del Código Contencioso Administrativo, le solicito, en nombre de las víctimas, que, en uso de sus atribuciones, en el especial la que le confiere el artículo 2 de la ley 643 de 2001, como titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en el departamento de Sucre, se abstenga de renovar el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, que le fue otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘.

En espera de una pronta y positiva respuesta sobre el particular. 

Cordial saludo,

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara



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Mar201205

Presidente Santos debe decir si movilización de este 6 de marzo cuenta con garantías: Cepeda

 

 

El defensor de Derechos Humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, expresó su preocupación por el mensaje dado a conocer por el presidente de la República Juan Manuel Santos vía Twitter, en el cual señaló: "Pedimos a la "población estar preparada y no permitir que la protesta social sea infiltrada por la guerrilla y desencadene en actos violentos".
 
El congresista afirmó que "tales declaraciones a lo único que conducen es a estigmatizar el legítimo derecho a la movilización social, que en el caso de las marchas del 6 de marzo, son producto de la inconformidad de las víctimas con el trato brindado por el Gobierno Nacional en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras".  
 
Cepeda exhortó al presidente Santos a no lanzar acusaciones genéricas y lo invitó a que exprese públicamente con qué garantías de seguridad cuentan los participantes de las marchas de este martes 6 de marzo, teniendo en cuenta las amenazas recientes a los líderes de restitución de tierras y a las organizaciones sociales que los respaldan.



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Feb201227

Grupo paramilitar amenaza de muerte a líderes campesinos

 

 

Los campesinos que buscan adjudicación de baldíos, le manifestaron al representante Iván Cepeda su preocupación ante las  amenazas recibidas por parte de un grupo que se denomina "Ejército Antirrestitución".

El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara Iván Cepeda Castro advirtió sobre la delicada situación de seguridad que viven los líderes campesinos que buscan la restitución de sus tierras en la antigua hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, propiedad del empresario Germán Efromovich. Señaló que las amenazas a los campesinos se han incrementado luego de que se diera a conocer el proceso que adelanta el Incoder de recuperación de 1.500 hectáreas del empresario.

El congresista recordó que el pasado 15 de febrero, la Corporación Nuevo Arco Iris, dio a conocer un informe según el cual, prestantes familias del departamento del Cesar estarían contribuyendo a la conformación de grupos paramilitares denominados "Grupo Armado Anti-restitución" que empezarían a operar desde el mes de marzo, no sólo en el departamento del Cesar, sino también en Magdalena y la Guajira.

Según las denuncias, esta estructura paramilitar tendría la intención de evitar la restitución de tierras por medio de la persecución y el asesinato de campesinos que lideren los procesos de retorno.

Cepeda denunció que luego de que llegara un sufragio a la casa en del líder del proceso de restitución de tierras Freddy Antonio Rodríguez, éste tuvo que desplazarse a otro departamento, donde ha sido blanco de seguimientos por parte de hombres motorizados, además, en el municipio de Pelaya se han visto hombres fotografiando las casas de los miembros de Asocol, asociación que lidera el proceso de restitución de la Hacienda Bellacruz, y se murmura entre los pobladores, que si se llegan a restituir los títulos del predio, habrá una masacre.

El representante a la Cámara hizo un llamado de alerta al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes de protección a estos campesinos y se investigue la conformación del grupo paramilitar llamado "Ejército Antirrestitución" que viene sembrando el terror en esta región del país.

Fuente: lmyepes21@gmail.com

 

Tags: CampesinosCorporación Nuevo Arco IrisDerechos humanosDesplazamientoGobiernoParamilitaresParamilitarismoRestitución de tierras



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Feb201213

Caso de falta de atención médica a interno de cárcel de Puerto Triunfo (Antioquia)

 

 

 

El preso entró en huelga de hambre porque la institución penitenciaria le niega el tratamiento a una delicada enfermedad que ya se encuentra en etapa avanzada. 

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Iván Cepeda Castro, y el director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, Carlos Contreras, denunciaron la grave situación de Norvey Castañeda, un interno de la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), quien sufre una enfermedad de transmisión sexual y que no ha recibido el debido tratamiento por parte de Caprecom. Los medicamentos le estaban siendo suministrados por la familia que ya agotó los recursos económicos para la compra de estos y para los viajes desde Medellín hasta la cárcel.

El interno entró en huelga de hambre el día de ayer para exigir pronta atención y su traslado a la ciudad de Medellín, donde puede contar con los servicios de salud de primer nivel. Otro interno del mismo plantel llegó al extremo de coserse la boca y se unió a la huelga también por la falta de atención a una enfermedad.

El congresista Cepeda, quien viene acompañando el proceso de revisión a la crisis humanitaria en los diferentes centros carcelarios de todo el país, advirtió sobre la gravedad de estos casos y de otros que se están presentando en otras cárceles que requieren la pronta intervención humanitaria del Gobierno Nacional.

El representante les pidió al director del Inpec, General (R) Gustavo Adolfo Ricaurte y al Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que se busque una solución al limbo en el que se encuentra la contratación de los servicios médicos en las cárceles y que se les preste la atención a estos internos de manera urgente.

Info: lmyepes21@gmail.com

 

Tags: CárcelDerechos humanosPolo DemocráticoSalud



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Ene201213

Rendición de cuentas - Segundo semestre de 2011

 

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

PROYECTOS:

SE BUSCÓ ELIMINAR LA AMPLIACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA

 
A lo largo de la discusión del proyecto de Reforma Judicial, insistimos en la inconveniencia de la aprobación de la iniciativa en tanto incluyera el artículo que busca ampliar el fuero penal militar. 

Expresamos en los distintos debates que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

Por eso nos acogimos al concepto proferido por parte de Human Rights Watch, que deja en claro el daño que se puede hacer con este aspecto de la reforma a la justicia a la causa de las víctimas, al Estado de derecho y a la propia justicia. Además, la reforma puede abrir la puerta a que Colombia termine en la CPI y que no sea certificada en derechos humanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En los próximos debates que debe afrontar el proyecto seguiremos trabajando para lograr el retiro del artículo sobre la ampliación del fuero penal militar.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Logramos la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz, el cual establece que “en todo proceso llevado en el Sistema de Justicia y Paz se aplicará el método de investigación correspondiente a la tipificación penal de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio”.

La iniciativa implica que en todos los casos en los cuales se investigan delitos cometidos por paramilitares de manera individual como asesinatos y desplazamiento forzado, éstos serán tratados como crímenes de sistema, a los cuales están vinculados los aparatos económicos y de poder del país, lo cual significaría un gran avance en materia de verdad histórica.

Confiamos en que el Senado mantendrá esta iniciativa en el próximo debate legislativo.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HOMENAJE A JAIME GARZÓN

Con nuestra ponencia en la Cámara de representantes, obtuvimos la aprobación del proyecto mediante el cual se honra la memoria del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural, tras 12 años de su asesinato.

La iniciativa declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Esperanza, y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de Señal Colombia se realice la recopilación, selección y publicación de la vida y obra del periodista, así como para que incorporen, dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Además, el proyecto establece la construcción de un busto del periodista, que será ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.


SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Junto a varias organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, le enviamos una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual le solicitamos una audiencia con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.

La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE LEGALIZARÍA MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Junto a la representante Alba Luz Pinilla se radicó el Proyecto de Ley 058 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales de conformidad con el principio de dignidad humana, igualdad y pluralismo que establece la Constitución Política (Art. 1º).

Dicho proyecto propone que el matrimonio sea un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo, hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de procrear o de auxiliarse mutuamente. Asimismo plantea que las personas del mismo o distinto sexo, mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.


DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la plenaria de la Cámara:

1. Debate Despojo de Tierras en Montes de María

En este debate presentamos diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.

Presentamos también un video de una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al exministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Denunciamos también que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

Interrogamos al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María, especialmente en lo que tiene que ver con los terceros de buena fe.

Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía General que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos, y a varios empresarios compradores de las tierras por lo denunciado en el debate.


2. Debate crisis carcelaria en Colombia

En este debate insistimos en replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Denunciamos la grave situación de hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, como es el caso de la prisión de Bellavista de Medellín, donde existe una sobrepoblación del 300 por ciento. 

Del mismo modo, dimos a conocer varios casos de agresiones de personal masculino de guardia hacia reclusas de la cárcel El Buen Pastor Bogotá.

Denunciamos que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las Reglas mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado. 

Al final se hicieron varias peticiones concretas con el fin de dar solución a la problemática carcelaria:
• Se conceda prisión domiciliaria a enfermos terminales, respondiendo a criterios mínimos de seguridad.
• Se adelante un estudio que con perspectiva de DDHH reclasifique a toda población carcelaria en nuevos centros de reclusión, patios y torres.
• Bajo el criterio de sostenibilidad carcelaria prohibir el ingreso de nuevos internos a las cárceles que presentan situaciones de hacinamiento extremo, tipo Bellavista y Modelo. 
• Crear el Comité especial para la revisión de la situación judicial facultado para revisar la ejecución de penas y la detención preventiva, y que podrá dar recomendaciones frente a los casos que evalúe ante la autoridad competente, así como hacer recomendaciones sobre el uso racional de las medidas de reclusión.
• Terminar contrato con Caprecom y buscar una salida digna al problema del servicio de salud.
• Intervenir con carácter urgente el pabellón ERE Sur de La Picota y enviar a todos sus internos a la Cárcel de Combita.


Creación de una Comisión interinstitucional para evaluar crisis carcelaria

Como conclusión del debate de control político sobre política carcelaria, el Ministerio de Justicia avaló la creación de una Comisión interinstitucional encargada de analizar y sugerir los correctivos en materia de sobrepoblación, infraestructura, satisfacción de necesidades básicas, salud, entre otros temas, inicialmente en las cárceles de Bellavista de Medellín, Villahermosa de Cali, Modelo de Bogotá y Tramacúa de Valledupar. Se propone que esta comisión esté integrada por profesionales técnicos de diversas instituciones del Estado, ajenos al Inpec y a los órganos de control. También, por académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en trabajo con población carcelaria.

Se creará un grupo de trabajo encargado de estudiar medidas conducentes a contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. Este grupo estudiará los procesos, prácticas y patrones que se aplican en materia de detención preventiva y de ejecución de penas. El grupo estaría conformado por abogados de diferentes organizaciones con trayectoria en trabajo penitenciario y carcelario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio Público.

La conformación de ambos grupos será concertada con el Ministerio de Justicia y el viceministro de asuntos penitenciarios y carcelarios.

LOGROS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Entrega de testimonios a Fiscalía y CIDH
Entregamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares y su apoyo a actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las declaraciones fueron entregadas en desarrollo del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria del país que incluyó las cárceles de Itagüí y Cómbita, y fue llevado a cabo con autorización de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes.

La entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de las funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.

Gestión en entrega de preso que se fugó de cárcel Bellavista

En cumplimiento de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo parlamentario realizado en las penitenciarías del país, obré como garante en la entrega del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre de 2011 cuando era llevado a una diligencia médica.

El interno anunció su deseo de entregarse a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del representante Iván Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de Justicia y del Inpec, logramos la entrega del recluso en la cárcel de Itagüí el día 15 de diciembre.

Audiencia de Derechos Humanos en Arenal, Sur de Bolívar. 
La Audiencia que fue aprobada por la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 19 de noviembre del año en curso, y tenía como propósito evidenciar la crítica situación en materia de derechos humanos que vive la región, y buscar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades del Estado a nivel nacional y regional, contó con la participación de aproximadamente 300 personas de diferentes municipios del sur de Bolívar. 

La comunidad reunida en Arenal denunció como un riesgo de despojo el incremento de los cultivos de palma en la región. En materia de minería, dieron a conocer la existencia de concesiones que incluyen caños y humedales, y la permanente presencia de retroexcavadoras, como verdadera minería ilegal, la cual se desarrolla con anuencia de la fuerza pública y de las autoridades municipales.

También denunciaron que continúa incrementándose el paramilitarismo en la región quienes han manifestado su interés de retomar el control del territorio. A raíz de estas y otras denuncias, radicamos ante la Plenaria de la Cámara el acta del desarrollo de la Audiencia Pública, y le solicitamos a esa Corporación remitir copia de la constancia y del Acta a las Instituciones que fueron convocadas y que no asistieron a la audiencia.

OTRAS ACTIVIDADES
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo a campesinos que buscan restitución en Las Pavas en el sur de Bolívar
Luego de llevar a cabo una visita solicitada por las asociaciones campesinas que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas en el mes de abril del presente año, continuamos apoyando la petición de estos campesinos que reclaman justamente la restitución de los terrenos que ahora están en manos del consorcio palmicultor San Isidro.
Estuvimos acompañando a estas comunidades en su protesta el día 16 de diciembre a raíz de la persecución de la cual han sido víctimas, luego de una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
Como parte de nuestras actividades parlamentarias y de defensa de los derechos humanos, continuaremos apoyando a los campesinos de Las Pavas en su justa reclamación.
Acompañamiento a marcha de campesinos de Mampuján
El 12 de diciembre acompañamos a las comunidades de Mampuján del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan (Bolívar), en una marcha hasta la ciudad de Cartagena. Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005; la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz no se ha cumplido. 
Por eso respaldamos a estas comunidades en su exigencia al Estado y al Gobierno Nacional del cumplimiento a cabalidad con las víctimas de un proceso de reparación integral colectiva e individual.

Reconocimientos:

 En una encuesta realizada por la oficina de información y prensa de la Cámara de representantes, entre 80 congresistas, con el fin de conocer la posición de éstos frente al desempeño parlamentario del segundo semestre del 2011, aparece el representante Iván Cepeda en el 5º lugar de los representantes con mejor trabajo legislativo, y el debate sobre tierras realizado en el mes de agosto quedó en el segundo lugar de los mejores debates de control político.



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Dic201120

Representante Iván Cepeda denuncia venganza por parte de parapolíticos de Sucre

 

 

La denuncia surge luego de conocerse recientes acciones judiciales emprendidas en contra del médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz

BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones. 

Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.

El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.

El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.



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Dic201120

Pronunciamiento

 

 

Bogotá D.C. Diciembre 20 de 2011


Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.

Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.

No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.

Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.


Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos 
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda



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Dic201108

Ataque a Iván Cepeda por su respaldo a campesinos de Las Pavas

 

 

Representante legal de Sociedad Aportes San Isidro interpone queja disciplinaria ante el Procurador General

 

El congresista aseguró que esta acción hace parte de una campaña para desprestigiar a las víctimas y a quienes defienden sus derechos.

BOGOTÁ, 08/12/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció que el pasado 5 de diciembre fue interpuesta una queja disciplinaria en su contra ante la Procuraduría General de la Nación, sustentada en la labor de garante que cumplió el congresista en el retorno pacífico de ASOCAB a la hacienda Las Pavas el 4 de abril de este año. Afirmó que con esto se busca presentar la acción de acompañamiento a la comunidad campesina en su
retorno legal a su tierra, como una invasión ilegal.

Cepeda recordó que su acompañamiento a los campesinos, ahora señalado por empresarios palmicultores que ocupan los terrenos de Las Pavas, se realizó de manera pública, y no fue un acto clandestino ni violatorio de la ley, como quiere hacerlo ver el particular que interpone la acción.

Afirmó que esta queja ante el Procurador corresponde a la persecución a la comunidad de Las Pavas por su justa reclamación que por años ha hecho por la tierra, actualmente ocupada por algunos empresarios palmeros cuestionados en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

Muestra de esto, según el congresista, es que desde el pasado 28 de noviembre se conoció ampliamente una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.

El representante recordó que desde que inició su labor como congresista, hace un año y medio, ha sido blanco de innumerables ataques, amenazas, difamaciones, y atentados contra su vida, como producto de las actividades de respaldo y acompañamiento a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en distintas regiones del país.

Expresó que en este caso se pretende desviar la atención de la opinión pública hacia un ataque político y jurídico en su contra, dejando de lado el fondo de este asunto que es el legítimo derecho que tiene la comunidad campesina de Las Pavas sobre su tierra.

Iván Cepeda dijo que asumirá con argumentos los procesos que se abran en su contra por su actividad en defensa de los derechos humanos.

Oficina representante Iván Cepeda Castro



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Dic201107

"Si hay disposición para liberaciones, deben darse cuanto antes": Cepeda

 

 

El congresista y vocero de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes. expresó que deben aunarse esfuerzos en este momento para lograr una pronta liberación de todas las personas que están en poder de la guerrilla.
 
Luego del anuncio de las Farc de continuar con su propuesta de liberar a las personas que mantienen en cautiverio, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, les hizo un llamado tanto a este grupo como al gobierno nacional para que se diseñen y se ejecuten los operativos que conlleven a la libertad de estas personas en el menor tiempo posible.
 
"El tiempo apremia y las familias esperan a sus seres queridos. Si hay disposición de las Farc para llevar a cabo la liberación unilateral, debe hacerse lo que esté al alcance de todos para que esto se dé cuanto antes", así lo declaró el congresista y recordó que "la liberación de todas las personas privadas de la libertad podría constituirse en hecho contundente para propiciar un diálogo de paz Colombia".
 
Cepeda agregó que dichas operaciones deben llevarse a cabo sin tropiezos de ninguna clase y garantizando la seguridad de quienes intervengan en ellas.

Oficina representante Iván Cepeda Castro



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Dic201107

Parágrafo sobre fuero militar es un duro golpe a la justicia

 

 

El congresista anunció que el próximo miércoles 7 de diciembre durante el debate de control político sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. argumentará la inconveniencia de la ampliación del marco jurídico militar en Colombia
 
Así lo expresó el representante a la Cámara y Defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro, luego de que la Comisión Primera de la Cámara de representantes aprobó el proyecto de Reforma a la Justicia incluyendo el artículo que busca ampliar el fuero penal militar.
 
El congresista insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, en que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los establecidos. Indicó que "pretender esto es, cuando menos irónico, teniendo en cuenta que el 98 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de miembros de la Fuerza Pública se encuentran en la impunidad".
 
"La aprobación de este parágrafo es un duro golpe a la justicia colombiana, pues sustituye la justicia ordinaria por la militar, abriendo paso a más impunidad en casos como los mal llamados 'falsos positivos' y el abuso sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado", recalcó Cepeda. 
 
El representante anunció que exhortará a la Plenaria de la Cámara de representantes para que no apruebe esta iniciativa en su último debate, y recordó que el próximo miércoles 7 de diciembre liderará un debate de control político sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país, en el cual argumentará la inconveniencia de la ampliación del fuero penal militar en Colombia.
 
El debate, al cual están citados la Fiscal General Viviane Morales, los ministros del Interior Germán Vargas, de Justicia Juan Carlos Esguerra, y de la Defensa Juan Carlos Pinzón, se desarrollará en el salón Elíptico del Capitolio Nacional a las 9 de la mañana.



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Nov201125

Víctimas piden al presidente Santos agilizar Convención contra Desaparición Forzada

 

 

 

Al encuentro serían invitados también la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro le envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmada por varias organizaciones de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, en la cual le solicitan una audiencia al primer mandatario, con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.

La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

El congresista, quien fue ponente del proyecto, recordó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas-Registro Nacional de Desaparecidos, en Colombia se han reportado 62.745 personas como desaparecidas, de las cuales el 30% corresponde a mujeres y niños, y 16.884 son víctimas de desaparición forzada.

Prensa Representante Iván Cepeda Castro

 



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Nov201125

30 años de conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres

 

 

Este año se cumplen 3 décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la No violencia Contra las Mujeres.

En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de 2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados), presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes quien participó en el debate de control político que realizamos en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto, quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.

Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad

Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a  que reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública de equidad de género para las mujeres

Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual  ha tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre y autónoma para las mujeres en la región.

Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.

Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este 25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de Bogotá.

 

Bogotá, 25 de noviembre de 2011

 

         ÁNGELA MARÍA ROBLEDO                                                             IVÁN CEPEDA CASTRO

 



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Nov201117

Carta de solidaridad con Iván Cepeda, dirigida al Presidente Santos

 

 

Comparto con ustedes copia de esta carta que recibí "CARTA DE SOLIDARIDAD CON IVÁN CEPEDA, DIRIGIDA AL PRESIDENTE SANTOS"

Presidencia de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Casa de Nariño
Cra. 8 No. 7 – 26
Bogotá
Fax 0057-1-337 58 90

Honorable Señor Presidente

Desde la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas se han recrudecido los señalamientos contra Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos y parlamentario del Polo Democrático Alternativo. El representante a la Cámara Iván Cepeda es fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), sector bastante vulnerable por las amenazas y atentados contra sus integrantes, defensores y abogados. 

La integridad física y las presiones y amenazas contra Iván Cepeda Castro se han visto aumentadas luego de que él entrevistara en la cárcel de Itagüi, Departamento de Antioquia, al exjefe paramilitar Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.
La declaración del paramilitar compromete al expresidente Uribe en conformación de grupo paramilitar. Señala que el señor Álvaro Uribe estuvo comprometido con la formación del grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC.

El defensor de derechos humanos Cepeda Castro logra, por primera vez, señalar las relaciones de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares a través de una entrevista y testimonio grabado que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. 

Inmediatamente después de estas investigaciones aparecen reacciones temerarias del señor Álvaro Uribe Vélez y de personas pertenecientes a su círculo político más cercano contra el parlamentario Cepeda Castro. El señor Uribe Vélez, con improperios, señala a mediados de septiembre a Iván de “sicario moral“. Posteriormente, el 27septiembre el señor Obdulio Gaviria (exasesor de Uribe Vélez) publica un artículo de opinión en el periódico El Tiempo, en el que hace declaraciones calumniosas señalando a Iván Cepeda como cercano a la guerrilla de las FARC. 
Señor Presidente Juan Manuel Santos: en Colombia, esos señalamientos equivale a una sentencia de muerte.

Los abajo firmantes nos declaramos solidarios con el parlamentario y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro y pedimos para él todas la garantías para que se le respete en su trabajo su integridad física y moral.

Es necesario fortalecer las políticas de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, dirigentes sociales y los familiares y las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Lo invitamos a que se pronuncie públicamente en un acto simbólico de desagravio a quienes, como Iván y otros, fueron desacreditados públicamente por Uribe Vélez y cuya desacreditación continúa a raíz de las últimas denuncias de Iván Cepeda.

Estamos convencidos de que un acto de esta naturaleza puede salvar muchas vidas y, sobre todo, puede contribuir a generar un ambiente de reconciliación que aporte a los esfuerzo por la paz en Colombia que todos anhelamos.

(quien quiera firmar, puede escribir a: comitecolombianoddhheuropa@gmail.com)

Con sentimiento de respeto

PRIMERAS FIRMAS

HOLLMAN MORRIS - Periodista, Premio Internacional Derechos Humanos de
Nuremberg 2011

Dr. CARLOS GAVIRIA Diaz - Ex-magistrado y ex-senador de la Republica

ANGELA ROBLEDO – Representante a la Cámara por el partido Verde

PATRICIA ARIZA - Dramaturga, poetisa y actriz de teatro colombiana, fundadora de la Casa de la Cultura, de la Corporación Colombiana de Teatro.

PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ – Abogada, política colombiana, exsenadora y líder del Movimiento Colombianos por la Paz.

FERNANDO RENDON - Premio Nóbel alternativo de la paz, director de la revista Prometeo y organizador del festival internacional de la poesía en Medellín

CLAUDIA LOPEZ – Investigadora y Analista política.

CONSTANZA VIEIRA - periodista – Colombia

LIZANDRO DUQUE - Director de cine colombiano, académico y columnista

JUAN JOSE LOZANO - Director de cine colombiano

ANA FERNANDA URREA - Especialista en medición de opinión pública

ANTONIO MORALES - Periodista – Colombia

CARLOS A. LOZANO Guillen. - Periodista. Director del semanario VOZ


CARLOS NARANJO- Periodista, dirigente nacional del PDA.


ALIRIO URIBE MUÑOS - Defensor de Derechos Humanos


GERMAN GUZMAN NOGALES – Fotógrafo, periodista

JUAN MANUEL ROCA – Poeta

SANTIAGO ESPINOSA – Escritor

LEON VALENCIA – Periodista, investigador. Director de la Corporación Nuevo Arco Iris.

FRANKLIN CASTAÑEDA V. – Secretario General del CSPP (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos)

DANILO RUEDA – Periodista y representante de Justicia por Colombia

DANIEL SAMPER P. – Periodista

ALFREDO MOLANO JIMENO – Periodista de El Espectador

PEDRO MEDELLIN – Periodista

JOSE ANTEQUERA – Abogado, Representante de H.I.J.O.S.

FELIPE ZULETA - Periodista
FERNANDO ARELLANO ORTIZ- periodista, director del Observatorio Latinoamericano
DOMINIQUE DOUJENIS- Pintora, medios.
JUAN M. TRUJILLO
MADELEIN ORTIZ SANCHEZ – Abogada especializada en responsabilidad y daño.
ABIMAEL CASTRO-Periodista, Colombia
CAROLINA ALZATE
DIMITRIOS VITINIOTIS – Traductor.
OSCAR EDUARDO ARÉVALO BERNAL- Ingeniero ambiental.
MANUEL ROZENTAL
CARLOS JIMENEZ- Profesor universitario y periodista.
MARIANA SALAZAR- Politóloga.
FABIAN ACOSTA SANCHEZ- Filósofo U, Nacional.
JUAN CARLOS VILLAMIZAR ALARCON.
NELSON MORALES (Chile)
ALBA TERESA HIGUERA BUITRAGO-Socióloga, Experta en inmigración y Refugio. Defensora de DDHH.
JAIRO RAFAEL JEREZ FONTALVO-Arquitecto, Defensor de Derechos Humanos.
CARLOS MEJIA CORTES- Ingeniero Eléctrico, miembro del concejo por el partido Die Linke Eckernfoerde (Alemania).
DIANA MILENA CHACON (residente en Viena)
L. ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO- Abogada. Universidad Nacional de Colombia
CHRISTIAN GARRIDO.
CARLOS VIDALES- Poeta, escritor, profesor, artista.
MONICA AGUDELO - Agrónoma
ALVARO LUNA PORRAS- Asociacionista
DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ Filósofo (Universidad de Viena)
MARCELA TOVAR THOMAS- Filósofa Universidad Nacional de Colombia
ANGELICA LATORRE- Comunicadora Social y Periodista
OSCAR A. CABALLERO.
IRENE VELEZ- PhD Bellow, Institute of Geography & Geology University of Copenhagen.
ANDRES GOMEZ TARAZONA- filólogo, periodista y editor del periódico El Turbión
MARTHA NUBIA BELLO- Profesora Universidad Nacional de Colombia.
ARMANDO OROZCO- Poeta, escritor y periodista.
RICARDO CARDENAS.
PATRICIA QUINTERO.
EDGAR MONTENEGRO - Asamblea y Mandato Popular del Centro
RAÚL GARCÍA Músico (exdirector y fundador Orquesta Filarmónica)
María Victoria de García -socióloga

ORGANIZACIONES SOCIALES

- ARTISTAS POR LA PAZ
- CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO 
- CORPORACION NUEVO ARCO IRIS
- COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
- MOVICE ( Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)
- COLOMBIANOS POR LA PAZ
- H.I.J.O.S.

 



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Nov201116

Buscan eliminar artículo sobre fuero penal militar

 

 

 

Luego de la aprobación en Senado de la Reforma a la Justicia con el artículo que busca ampliar el fuero penal militar. el representante a la Cámara y Defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda Castro, anunció que se opondrá de manera rotunda a que esa disposición pase en la Cámara de Representantes en los próximos debates.

Para el congresista, los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Recordó que, según cifras oficiales, existe un alto grado de participación de miembros de la fuerza pública en la comisión de delitos graves contra los derechos humanos como los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales y de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.

"Esta iniciativa no puede ser aprobada por la Cámara de representantes porque es ofensiva con las víctimas de los mal llamados falsos positivos y otras violaciones flagrantes del de los derechos humanos que han sido perpetradas por miembros de la Fuerza Pública. Ya hay suficiente impunidad frente a crímenes de este tipo y no se puede llegar a un estado de permisividad total que termine por negarles a las víctimas su derecho al acceso a la justicia", puntualizó Cepeda.

El congresista señaló que la propuesta, además de regresiva, es violatoria del derecho a la igualdad, al poner a la víctima en una posición de desequilibrio frente al presunto agresor. Del mismo modo, Cepeda anunció que prepara un debate de control político sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. En este debate, se expondrá la inconveniencia de dicho marco jurídico militar, dado la enorme cantidad de militares relacionados con estos crímenes y otros de igual gravedad.

 

FUENTE: OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 

 



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Nov201115

Cuna del Bloque Metro

 

 

Las páginas principales de la historia del paramilitarismo en Colombia apenas están escribiéndose. Las numerosas declaraciones a la justicia de sus más conocidos lugartenientes -recluidos en cárceles norteamericanas o nacionales- han venido despejando interrogantes claves sobre el origen del fenómeno criminal, su estructura y sus relaciones de alto nivel con la 'parapolítica', la paraeconomía y la parainstitucionalidad: tres sectores orgánicamente vinculados.

 Uno de los pasajes esenciales de esta historia, aún en construcción, que encumbra más la responsabilidad de la parainstitucionalidad, lo constituye el caso de Álvaro Uribe Vélez en el período en que fue gobernador, entre 1995 y 1997.

Como es conocido de la opinión, en los últimos meses recibí los testimonios de dos ex paramilitares. El primero, Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', ex comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, recluido en la cárcel de Itagüí; y el segundo, Juan Guillermo Monsalve, alias 'Guacharaco', recluido en la cárcel de Cómbita. Por las gravísimas acusaciones que contra Uribe contienen los videos de ambos relatos, los remití de manera inmediata a la Fiscal General de la Nación.

Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia.

Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias 'Juan Pablo', comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino.
En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado, y con el apoyo de la Convivir El Cóndor, que presidía Luis Alberto Villegas -afirma Sierra-, los Uribe Vélez ordenaron dos masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas.

El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro, sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.

Dado que los hechos denunciados por estos paramilitares ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones que deben esclarecer los sucesos que, tal vez, constituyen la más alta fase de la criminalidad paramilitar.
Tales denuncias requieren una pronta y eficiente investigación, proteger a los testigos y a sus familias, que denuncian crecientes amenazas contra ellos. Ese es el enorme reto que tiene hoy la administración de justicia en Colombia.

No cesan los voceros de Uribe de intentar deslegitimar las decisiones que inexorablemente viene asumiendo la justicia colombiana en el esclarecimiento de casos como los aquí planteados. Sus herramientas, las calumnias y los falsos sofismas no lograrán detener la verdad.

Publicado en:

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/cuna-del-bloque-metro_10759788-4



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Nov201104

Human Rights Watch manifiesta preocupación por seguridad de exparamilitares que declararon en contra de expresidente Uribe

 

 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch le dirigió una carta al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, en la cual le solicita que se adopten las medidas necesarias para
garantizarles la seguridad a los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve y a sus familias.

BOGOTÁ, 04/11/11. La carta surge dos meses después de que la opinión pública conociera los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la finca Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la
ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También mencionan el apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la
presidencia en el año 2002.

En la misiva, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le expresa al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, su preocupación por las amenazas de las cuales ha sido víctima
Monsalve y su familia, y le pide al Inpec adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle la seguridad, “mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y activa”.

La carta fue enviada con copia a la Fiscal General Viviane Morales y al representante a la Cámara Iván Cepeda Castro quien ha venido haciendo seguimiento a la crisis carcelaria.

Cepeda recordó que en días pasados el Inpec se negó a trasladar al recluso Monsalve, quien se encuentra en la cárcel de Cómbita y que había solicitado el cambio a otra prisión por las constantes amenazas que viene recibiendo.

El congresista valoró la comunicación de Human Rights Watch y le hizo un llamado al ministro de Justicia para que atienda de manera pronta y efectiva a las preocupaciones del organismo internacional.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA

Washington, D.C. - 3 de noviembre de 2011

Dr. Juan Carlos Esguerra
Ministro de Justicia y del Derecho
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá, Colombia

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de expresar nuestra preocupación por la seguridad de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve, dos ex paramilitares que, en declaraciones públicas
recientes, afirmaron que el ex Presidente Álvaro Uribe habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar.

En agosto y septiembre de 2011, Sierra y Monsalve ofrecieron declaraciones grabadas en video a Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara, en las cuales señalaron que Uribe habría mantenido vínculos directos con
paramilitares. Ambos aseveraron que el hermano de Uribe, Santiago Uribe, también habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar. Las declaraciones de Sierra y Monsalve han tenido amplia repercusión en la
prensa y el Representante Cepeda, a su vez, ha entregado los testimonios a la Fiscalía General de la Nación. En una carta firmada el 10 de septiembre de 2011, Monsalve denunció ante la Fiscalía que familiares suyos habían
recibido una amenaza de muerte telefónica.

En atención a lo anterior, quisiera solicitar a V.E. que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Sierra y de Monsalve, ambos
detenidos en la cárcel de Cómbita. Es crucial que reciban plena protección mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y activa.

Agradezco de antemano la atención inmediata que pueda brindarle a este grave asunto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch



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Nov201101

Llamado urgente a las bases para renovación del Polo hace Iván Cepeda

 

 

Ante el hecho de que del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático no analizó la solicitud de retiro de su actual presidente, el congresista apeló a las bases del partido para que insistan en la renovación de la colectividad.

BOGOTÁ, 01/11/11. En un comunicado público, esta vez dirigido a los organismos y miembros del Polo Democrático Alternativo, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro pidió que quienes se identifiquen con las propuestas de reforma y de renovación de la dirigencia de ese partido, envíen cartas al Comité Ejecutivo Nacional dejando clara su posición.

El congresista señaló que en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Polo del día de ayer, no se analizó la carta enviada por él, en la cual pidió que se convocara un congreso extraordinario para renovar el partido y para que se asumieran las responsabilidades políticas por los resultados de las elecciones, solicitándole la renuncia a su actual presidente, Jaime Dussán.

"Por la tanto, hago un llamado a todos los miembros y organismos del partido que se identifican con esta posición, para que se pronuncien en el mismo sentido enviando cartas al Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo, dejando clara la petición de convocatoria al congreso y la solicitud de renuncia de su presidente”, concluyó Cepeda.

Oficina de prensa



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Oct201131

Iván Cepeda entregó a CIDH testimonios que comprometen a expresidente Uribe con paramilitarismo

 

 

WASHINGTON (EE.UU), 28/10/11. Durante su visita a la ciudad de Washington, el representante a la Cámara Iván Cepeda se reunió con Santiago Canton, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le entregó los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y de Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las grabaciones entregadas a la CIDH corresponden a las mismas que fueron dadas a conocer por el representante en el mes de septiembre, luego de sus visitas a las cárceles de Itagüí y Cómbita, y que fueron remitidas a la
Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.

El congresista Cepeda recordó que la entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.

En su testimonio, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño, afirma que desde esa finca se coordinaron acciones paramilitares como las masacres del municipio de San Roque y que el entonces gobernador Uribe Vélez protegía las actividades de narcotráfico del Bloque Metro de las AUC que operaba en la región.

Por su parte, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero” asegura que los fundadores del grupo paramilitar de San Roque que luego se convirtió en el Bloque Metro, fueron además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe
Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, excandidato a la Cámara, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista.




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Oct201107

Ampliar el fuero penal militar sería abrirle camino a la impunidad

 

SOBRE PROYECTO DEL GOBIERNO PARA REFORMAR JUSTICIA PENAL MILITAR
Ampliar el fuero penal militar sería abrirle camino a la impunidad”: Iván
Cepeda



BOGOTÁ, 6/10/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, reaccionó duramente a la iniciativa del Gobierno Nacional que incluyó en la Reforma a la Justicia medidas para ampliar el fuero castrense y un marco especial para el juzgamiento de militares, lo que para él viola de manera flagrante la normatividad internacional que ha concebido la justicia penal militar funcional y que, en ningún caso, contempla la regresión al fuero de casta. El congresista, quien ya había presentado ponencia negativa al proyecto de defensoría técnica a militares, discutido en la Comisión Segunda de Cámara, advirtió que se opondrá tajantemente a la aprobación de esta nueva propuesta en los debates en Cámara de representantes.

Iván Cepeda plantea que este nuevo marco jurídico aumentaría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros. Además, señaló que con la nueva normatividad se le quitaría a la Fiscalía General la función de ser el primer órgano en hacer presencia en el lugar donde presuntamente se haya cometido un delito por parte de un militar.

Es inadmisible que el Gobierno, en lugar de perseguir los crímenes y depurar la justicia penal militar, pretenda reimplantar medidas ya abolidas por la jurisprudencia internacional y por la doctrina de la Corte Constitucional como lo es el fuero penal militar”,* puntualizó Cepeda.

El congresista señaló que la propuesta, además de regresiva, es violatoria del derecho a la igualdad, al poner a la víctima en una posición de desequilibrio frente al presunto agresor. Del mismo modo, Cepeda anunció que prepara un debate de control político para el mes de noviembre, sobre la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. En este debate, se expondrá la inconveniencia de dicho marco jurídico militar, dado la enorme cantidad de militares relacionados con estos crímenes y otros de igual gravedad.

OFICINA DE PRENSA



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Oct201103

El representante Iván Cepeda denuncia campaña de desprestigio en su contra

 

El representante Iván Cepeda advirtió sobre la creación de una cuenta falsa o "fake" en Twitter con la cual, personas malintencionadas pretenden desprestigiarlo a él y a otras personalidades de la vida política nacional.
 
Ante la aparición de una cuenta ficticia en la red social twitter, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro recordó que sólo tiene una cuenta a su nombre (@IvanCepedaCast) que comienza por i mayúscula. El congresista denunció que desde la cuenta fake (@lvanCepedaCast escrita con ele minúscula) se lanzan mensajes en favor de grupos armados al margen de la ley, y se hace referencia a distintos líderes de la oposición con el fin de desprestigiarlos.
 
Cepeda señaló la gravedad de este hecho y dijo que esta nueva situación obedece a una campaña difamatoria en su contra, luego de que se dieran a conocer los testimonios de algunos exparamilitares que involucran al expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico. Afirmó que, entre otras personas, el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria reaccionó antes estas acusaciones, con publicaciones en su contra.
 
El representante anunció que entablará las acciones pertinentes para que se investigue de donde proviene la cuenta ficticia.

OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 



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Sep201122

Los amigos del gobierno Uribe

 

"La justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados en el caso de Montes de María, incluyendo a los directivos de Cementos Argos."

Los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta

    El caso de montes de María, sobre el que he realizado dos debates de control político en el Congreso, resulta útil para analizar la matriz del despojo de tierras que han llevado a cabo en la última década poderosas empresas con el auspicio del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En esa matriz se destacan tres fases.

    La primera consistió en la compra abusiva a campesinos en condición de miseria que habían abandonado sus predios por el terror paramilitar. Esa fase tuvo su origen en diciembre del 2007, en una reunión en Medellín a la que asistieron el entonces presidente Uribe y una veintena de sus amigos, entre los que se encontraba el empresario Luis Esteban Echavarría, quien fue gerente de su campaña a la Gobernación de Antioquia en 1994.

    El mandatario dijo a los asistentes que en montes de María se había alcanzado la paz, pero que la fértil región se encontraba vacía por el desplazamiento. Para Echavarría el mensaje fue claro. Decidió en ese momento aceptar la invitación hecha por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, quien venía comprando allá predios a menos de 300 mil pesos por hectárea usando copias de resoluciones de adjudicación, obtenidas ilegalmente.

    En la segunda fase se constituyeron 25 empresas antioqueñas, que se volcaron sobre la región para adquirir de manera masiva las tierras. Tiraron cercas, destruyeron vías veredales, contrataron para la seguridad a desmovilizados. Los compradores de la primera fase traspasaron a las nuevas empresas las tierras adquiridas para ir dejando atrás la huella fraudulenta. De esa operación hicieron parte Tierras de Promisión -la empresa que constituyeron Echavarría y Echeverría-, así como Cementos Argos, que había aportado fondos para la campaña presidencial de Uribe en el 2002. La intervención del Gobierno en estimular las compras volvió a aparecer el 3 de septiembre del 2009 durante una reunión en María la Baja (Bolívar), en la que el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, instó a los campesinos a vender sus predios a empresarios amigos suyos, y ordenó a funcionarios del Incoder gestionar el levantamiento de las medidas de protección que impedían la comercialización de las tierras.

    En la tercera fase, que materializa la gran concentración de la tierra, las empresas consignaron los predios adquiridos en dos grandes fideicomisos, que definieron como objeto el negocio de la reforestación comercial. Lo único que hacía falta era el capital para sostener el negocio durante los años que toma la tala final de la especie. Y aquí apareció de nuevo la mano salvadora del gobierno Uribe. En el 2007 creó el Fondo de Inversión Forestal Colombia (FIFC), en el que invirtió 10 millones de dólares de Finagro. Tanto inversionistas del FIFC como compradores masivos disfrutan hoy de millonarios incentivos y subsidios del Gobierno. Mientras tanto, los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta, pues las tierras de los fideicomisos, según el Código de Comercio, no pueden ser perseguidas.

    Discrepo de funcionarios del actual gobierno que catalogan a los promotores de esta asociación inescrupulosa como "terceros de buena fe". De lo que se trata en realidad es del concierto para delinquir del despojo, compuesto por una compleja red (notarios, alcaldes, funcionarios del Incoder, ministros, empresarios); una amplia gama de métodos fraudulentos para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas, y jugosos beneficios otorgados por el Gobierno. La apertura de investigaciones por la Fiscalía es un paso en la dirección correcta. Pero, además, la justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados, incluyendo a los directivos de Cementos Argos.

* Representante a la Cámara por el Polo Democrático

 

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Sep201108

Declaración que compromete a Uribe en conformación de grupo paramilitar, fue entregada a la Fiscalía

 

El excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, habla sobre la fundación del grupo de autodefensas de San Roque, y afirma que fue promovido por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

 

El congresista Iván Cepeda solicitó que los hechos narrados por el exparamilitar sean investigados por la Fiscalía y no por la Comisión de Acusación, por cuanto se refieren a hechos ocurridos en 1996, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

El pasado 19 de agosto, en desarrollo de las visitas realizadas a varias cárceles del país, como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el representante Iván Cepeda recibió la declaración del exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante paramilitar recluido en la cárcel de Itagüí, quien afirma que a mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Álvaro Uribe.

El exparamilitar asegura en la grabación, que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo.

Según cuenta el exjefe paramilitar, una de las causas que llevaron a la conformación del Bloque Metro, fue la incursión en la región del Bloque Bernardo López Arroyave del ELN, en cabeza de Francisco Javier Zuluaga alias “Juan Pablo”, quien dirigió la quema de la hacienda Guacharacas y el robo de 600 cabezas de ganado y varios caballos y mulares de propiedad de los Uribe Vélez. Afirma que uno de los ejemplares robados fue un macho de paso fino muy apreciado por entonces gobernador Uribe, que luego fue utilizado por el jefe guerrillero para patrullar la región.

Sierra relata que después de la incursión guerrillera y el robo de los animales, el gobernador Álvaro Uribe ofreció una recompensa por información que condujera la captura de alias “Juan Pablo”, recompensa que según consta en sentencia del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia del 9 de enero de 2003, fue cobrada utilizando el nombre y documento de una persona fallecida, luego de que el ejército reportara la baja del guerrillero en un combate.

A partir de ese momento, dice Sierra que comenzaron los desplazamientos y las masacres en la región, a manos del recién conformado grupo paramilitar, y que la base principal de operaciones y reuniones era la hacienda Guacharacas. Las principales masacres ocurrieron en el corregimiento Providencia de San Roque el 13 de julio de 1996 y en el casco urbano del municipio el 14 de septiembre del mismo año. Luego, en octubre de 1996 se conformó y se autorizó el funcionamiento de la convivir El Cóndor, dirigida por Luis Alberto Villegas Uribe, la cual operaba en el mismo territorio del mencionado grupo paramilitar.

Conforme a la versión de Sierra, el señor Juan Monsalve, uno de los trabajadores de Guacharacas e hijo del mayordomo de la finca, quien se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita condenado por paramilitarismo y otros delitos, fue testigo de todos los hechos acontecidos en esa época y miembro de la estructura criminal creada en la zona.

En la parte final de la grabación, el exjefe paramilitar señala que para las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe, todas las estructuras de las AUC recogieron dinero y lo apoyaron decididamente en las distintas regiones del país para lograr su elección.

El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano investigador adelante las acciones pertinentes, y destacó que las afirmaciones del exparamilitar deben ser investigadas por la Fiscalía General y no por la Comisión de Acusación de la Cámara, por cuanto los hechos narrados ocurrieron antes de que Álvaro Uribe asumiera la presidencia de la República en 2002.

Cepeda instó a las autoridades a que avancen en esta investigación de manera pronta y eficiente, y solicitó que se les brinden las medidas de protección necesarias al señor Pablo Hernán Sierra y al señor Juan Monsalve, y a sus familias.

Vea el testimonio

 

FUENTE:

 

OFICINA HR. IVÁN CEPEDA



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Sep201102

Gobierno Uribe favoreció a empresarios antioqueños en compra masiva de tierras en Montes de María

 

 

Industriales que financiaron y promovieron la campaña presidencial de Álvaro Uribe en el 2002, resultaron siendo los compradores de alrededor de 75 mil hectáreas de tierras a bajo precio y muchas de las cuales tenían medidas de protección.

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda dio a conocer diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.


Cerca de 25 empresas entre las cuales se encuentran Cementos Argos, Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria de los Montes de María, lograron la compra de alrededor de 75 mil hectáreas (aunque la Superintendencia de Notariado y Registro sólo ha detectado 35 mil) de tierra a bajos precios, ya que tuvieron acceso a información privilegiada por parte del gobierno en relación con esos predios.


El representante Cepeda reveló que según Luis Esteban Echavarría, gerente de Tierras de Promisión, en una reunión en diciembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe le dijo a él y a otros amigos presentes que "ya se había consolidado la paz en los Montes de María pero que la tierra estaba vacía". Echavarría dijo que eso lo impulsó a unirse con otros empresarios para buscar la manera de invertir en esa región.


El congresista presentó un video grabado el 3 de septiembre de 2009, en una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al ministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.


Fernández les dice a los campesinos de la región que les llevaba a varios empresarios prestantes de Antioquia que él conocía desde hace tiempo y que les podían vender sus tierras con toda tranquilidad. En el video, Fernández le pide al gobernador de Bolívar y al gerente nacional del Incoder, Rodolfo funcionarios del Incoder hicieran lo necesario para levantar las medidas de protección sobre las tierras, impuestas por tratarse de terrenos afectados por la violencia.


Durante el debate, Cepeda señaló que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.


El congresista interrogó al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María.


"Hay que revisar quiénes verdaderamente son los terceros de buena fe. La Superintendencia de Notariado no tiene las atribuciones para clasificar a Cementos Argos y a otras empresas como terceros de buena fe. Estas son personas jurídicas y naturales que deben ser investigadas, su responsabilidad en el despojo debe ser esclarecida", afirmó Cepeda.


El representante Iván Cepeda le solicitó a la Comisión de Investigación y  Acusación de la Cámara, que con base en la información revelada en el debate, investigue al expresidente Álvaro Uribe por un presunto tráfico de influencias en el proceso de compra de tierras en los Montes de María, por parte de empresarios que fueron donantes y promotores de su campaña en el año 2002.


También le pidió a la Fiscalía General, que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos y a varios empresarios compradores de las tierras.

 

FUENTE:

OFICINA HR. IVÁN CEPEDA 

 



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Ago201124

Develan plan para atentar contra representante Iván Cepeda en cárcel de Valledupar

 

  • Mediante una carta, un interno le reveló al congresista el plan en el que están involucrados dos guardianes del Inpec.

  • El documento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 13 de junio, mientras el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro llevaba a cabo una visita de verificación a la cárcel La Tramacúa de Valledupar, el interno Wilmer Vergara Garzón se le acercó y le entregó una carta en la cual narró cómo dos miembros de la guardia, específicamente los dragoneantes Pulido y González, le habían ofrecido beneficios a cambio de atentar contra su vida, durante la visita anterior, del 22 de mayo.

Según el recluso, los dos guardias, quienes ese día estaban encargados de la custodia del congresista, y justo en el momento en que éste hablaba con los internos del patio número 2, le propusieron que aprovechando que él estaba dando la espalda, atacara al representante con una navaja que González sacó de un bolsillo.

Luego de estos hechos, el interno que denunció fue trasladado a otro centro carcelario, y cuando se solicitó la grabación de las cámaras de vigilancia, se informó que el material había sido borrado.

El representante Iván Cepeda calificó de gravísimo el hecho de que se haya planeado atentar en su contra desde una cárcel, máxime cuando se encontraba en una visita de inspección por las graves denuncias sobre torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por la guardia.

La carta fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las respectivas investigaciones.

OFICINA HR. IVAN CEPEDA

Enlace a la entrada en el Blog de Iván Cepeda (Ver video)

Tags: Derechos humanos



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Ago201123

Cárceles se están volviendo en bombas de tiempo

 

Después de realizar visitas a varios establecimientos carcelarios, como parte de misiones especiales de las comisiones de Derechos Humanos de Senado y Cámara, el representante Iván Cepeda Castro liderará este miércoles un debate de control político sobre política carcelaria en Colombia.

El congresista denunciará que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado. "La situación de las cárceles en todo el país es desastrosa y se están convirtiendo en una bomba de tiempo", aseguró Cepeda.

En el debate se darán a conocer casos de irregularidades en contratación en las cárceles, se pedirán explicaciones a las autoridades por los privilegios en el pabellón de parapolíticos en la cárcel La Picota, y por las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la guardia en otros establecimientos como en La Tramacúa de Valledupar, en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y en Bellavista de Medellín.

Para el representante Iván Cepeda, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec debe ser restructurado dentro de una nueva política carcelaria. "En Colombia urge la creación de una verdadera política carcelaria cimentada en dh y procesos de resoci, en lugar de la política criminal que actualmente se implementa para llenar las cárceles", afirmó.

FUENTE:

OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

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Ago201108

Gobierno reconocerá públicamente responsabilidad en magnicidio de senador Manuel Cepeda Vargas

 

El acto se efectuará en cumplimiento de la sentencia de 26 de mayo de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por su responsabilidad, por acción u omisión en el asesinato.

BOGOTÁ, 06/08/11. Tras 17 años del crimen del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno Nacional efectuará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ante los familiares del líder fallecido y la sociedad colombiana, en sesión Plena del
Congreso de la República. Así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de 26 de mayo de 2010, al encontrar responsable al Estado, por acción u omisión de sus funcionarios en este magnicidio, cometido en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la UP.

El encargado de hacer la declaración por parte del Gobierno será el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y estarán presentes el vicepresidente Angelino Garzón, altos funcionarios del gobierno, el gabinete ministerial, importantes personalidades de la vida nacional, y el cuerpo
diplomático.

El acto se llevará a cabo el próximo martes 9 de agosto en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, de
5:00 a 6:30 de la tarde, con transmisión en directo por el Canal Institucional, Telemedellín y Telepacífico.

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Jul201127

"Reconocer matrimonio homosexual sería un avance en la construcción de la democracia": Iván Cepeda

 

Sobre la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional sobre el matrimonio y la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro afirmó que las uniones entre personas homosexuales deben gozar de los mismos derechos que gozan los heterosexuales, y aseguró que la ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la democracia.

"Un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas homosexuales a casarse, a adoptar hijos y a constituir una familia de acuerdo con sus convicciones y elecciones personales", puntualizó el congresista.

El representante del Polo Democrático ratificó el respaldo a todas las personas pertenecientes a los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero).

Dijo que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, está proscrita toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales.

Cepeda manifestó que espera que el fallo de la Corte en esta oportunidad sea consecuente con anteriores decisiones que ampliaron los derechos de las parejas del mismo sexo, en lo relacionado con la seguridad social y las pensiones de sobrevivientes.

 

FUENTE:

OFICINA HR. IVÁN CEPEDA

 

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Jul201125

A seis años de Justicia y Paz, víctimas siguen reclamando la verdad

 

El congresista Iván Cepeda señaló que no existe un plan o estrategia del gobierno para garantizar que las víctimas y el país conozcan toda la verdad por parte de los que se beneficiaron con la ley

BOGOTÁ, 25/07/11. Al cumplirse seis años de la puesta en marcha de la ley de Justicia y Paz, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro aseguró que las críticas que desde un inicio se le hicieron a la ley, eran correctas. Según él, las falencias y vacíos de la norma, llevaron a que no se cumpliera cabalmente con los compromisos de verdad, justicia y reparación por parte de los paramilitares que se acogieron a ella.

“A seis años de la ley de justicia y paz, las víctimas y la sociedad colombiana siguen esperando justicia, verdad y reparación efectivas. Es una ley que se hizo sin pensar en las consecuencias que tendría llevar ante estrados judiciales a cientos de jefes paramilitares o personas que tuvieron que ver con la comisión de más de 172 mil crímenes de lesa humanidad”, afirmó el congresista.

Cepeda recordó que actualmente los principales testigos y responsables de estos crímenes se encuentran en diferentes cárceles de los Estados Unidos, sin que, hasta ahora, el gobierno haya pensado en un plan para lograr que estas personas continúen confesando y colaborando con la justicia colombiana.

“No existe un plan por parte del gobierno, no hay un acuerdo, ni un compromiso serio sobre qué va a ocurrir con la verdad que ellos deben entregar, y sobre la responsabilidad que deben asumir ante las autoridades colombianas”, puntualizó.

Para el congresista, esto tema debe ser objeto de debate público y de control parlamentario, y le pidió al gobierno nacional que exprese qué se ha pensado para superar los problemas y falencias de la ley de Justicia y Paz.

Anunció que en las próximas semanas, la Comisión de Paz de la Cámara visitará a los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de conocer de qué manera estas personas van a cumplir con su responsabilidad de esclarecer los crímenes que cometieron, y también escuchar lo que ellos tengan qué decir con respecto al funcionamiento de la ley.

OFICINA DE PRENSA

 



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Jul201121

Reforma a la justicia no puede obedecer a revancha contra Cortes

 

El representante a la Cámara manifestó su preocupación frente al carácter que pueda tomar el debate sobre el proyecto de reforma a la justicia que se tramitará este periodo en el Congreso

BOGOTÁ, 21/07/11. A raíz de los discursos pronunciados por varios congresistas sobre el debate de la reforma a la justicia, en el acto de instalación del Congreso, el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, expresó que “la reforma a la justicia no puede convertirse en una modalidad de venganza contra la Corte Suprema de Justicia. No puede ser una revancha de los congresistas o de los partidos políticos por las investigaciones que lleva la Corte por parapolítica o por otros escándalos”.

Cepeda advirtió que dicha reforma no puede ser pensada para restringir los alcances y las competencias de las Altas Cortes. “De ninguna manera podemos permitir que la reforma a la justicia, deje abierta una puerta para limitar los avances jurisprudenciales de las Cortes, en especial los de la Corte Constitucional”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de que en el debate se discuta la creación de un Tribunal especial militar, el congresista señaló que “este proyecto no debe concebirse como un mecanismo de impunidad que ponga fuera del alcance de la justicia a los militares que han cometido delitos comunes o crímenes de lesa humanidad”.

El representante Iván Cepeda aseguró que estará muy atento al debate que se le dé a este proyecto en el Congreso y que formulará las propuestas pertinentes con el fin de lograr una reforma a la justicia que beneficie a todos los colombianos.

OFICINA DE PRENSA

 



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Jul201120

Restitución de tierras, situación de cárceles y extradición, temas de trabajo para representante Iván Cepeda en esta legislatura

 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SITUACIÓN DE CÁRCELES Y EXTRADICIÓN, TEMAS DE TRABAJO PARA REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA EN ESTA LEGISLATURA




Otros temas de importancia serán el debate del proyecto que busca la ampliación de la defensoría técnica a militares por delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, al cual se opone el congresista, y la ejecución del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que obliga al Estado a poner en marcha políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres


BOGOTÁ, 20/07/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, afirmó que en este nuevo periodo legislativo, además de acompañar el proceso de aplicación de la ley de víctimas, continuará buscando que el país conozca la verdad sobre las maniobras y trampas jurídicas que fueron utilizadas para el despojo de tierras a miles de campesinos, especialmente en el caso de varias comunidades de la región de los Montes de María.

El congresista señaló que le insistirá al gobierno nacional para que se le dé continuidad a las investigaciones que en ese tema viene adelantando la Superintendencia de Notariado y Registro, y para que se lleve a cabo una efectiva ejecución de la ley de restitución de tierras.

Cepeda también anunció que será una de sus prioridades, como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, buscar salidas a la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles La Tramacúa de Valledupar, Bellavista en Antioquia, y en la cárcel de La Dorada en Caldas.

De igual forma, el representante dijo que participará de manera activa en el debate del proyecto de ley que pretende ampliar la defensoría técnica a militares por delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, al cual se opuso en el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara.

Afirmó que velará por el cumplimiento del artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo que obliga al gobierno a poner en marcha políticas públicas contra todo tipo de violencia contra las mujeres, al tiempo que continuará promoviendo el debate público sobre violencia sexual contra la mujer en el contexto del conflicto armado.

Igualmente, el congresista informó que las Comisiones de Paz de Senado y Cámara diseñarán una agenda conjunta para atender los asuntos en esa materia, entre los cuales se contemplará una visita a la Cárcel de Itagüí, por petición de los exjefes paramilitares, con el fin de analizar las falencias de la ley de Justicia y Paz. En cuanto a la situación de los llamados extraditables recluidos en la cárcel La Picota, el representante expresó que buscará abrir la discusión en las distintas instancias sobre la extradición de estas personas.

Del mismo modo, el representante aseguró que continuará trabajando otros temas que fueron pilares de su primer año legislativo, obedeciendo al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas. 

 

OFICINA DE PRENSA

 

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Jul201114

Las actitudes autoritarias no deben asfixiar la renovación del Polo

 

(Declaración pública del representante Iván Cepeda Castro)

Es legítimo que el Polo Democrático Alternativo tenga sus candidatos y llame a votar por ellos. No obstante, votar es un derecho constitucional que se debe ejercer conscientemente y ser respetado en toda circunstancia.

Con autoritarismo no se puede pretender sofocar el examen interno de responsabilidades ni truncar el proceso de renovación del partido.

El camino adecuado para avanzar en la renovación es el debate democrático, la realización de foros programáticos y del congreso del PDA. La corriente que represento dentro del Polo considera que es posible lograr esa renovación desde adentro, respetando los mecanismos internos y el espíritu democrático. Para que ello sea posible quienes asumen la dirección del partido están obligados a rodear de garantías tanto el debate como el proceso electoral.

Bogotá, 13 de julio de 2011

Iván Cepeda Castro

Colectivo Vamos por los Derechos

 

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Jul201106

RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

 

PERIODO LEGISLATIVO 2010 - 2011

 

Desde mi elección como representante a la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo,  tuve como principio la rendición de cuentas a mis electores. En cumplimiento de este principio democrático, y pasado el primer año de mi gestión, entrego este informe que detalla los resultados concretos tanto en los debates de control político,  como en el trabajo en las comisiones y la plenaria de la Cámara.  Una labor que obedece al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, las cuales han guiado mi accionar.

 

Iván Cepeda Castro

 

 

I. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO 

  

En esta legislatura, llevamos a cabo cuatro importantes debates de control político en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara:

 

1.    Debate Despojo de Tierras  


En acompañamiento a varias comunidades campesinas que reclaman sus tierras, denunciamos las trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para despojar de sus predios a cientos de campesinos desplazados de diferentes regiones del país como los Montes de María, el Urabá, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Córdoba, entre otros.

Entre las maniobras para el despojo de tierras, denunciamos la práctica de muchos empresarios que reciben información privilegiada por parte de organismos del Estado, para saber la situación de endeudamiento de muchos campesinos que se ven obligados a vender a precios irrisorios para subsanar sus deudas. Otras estrategias están encaminadas a legalizar tierras obtenidas ilegalmente por parte de los grupos paramilitares, a través de la compra de registros legales en las notarías del país, práctica que el mismo Gobierno reconoció en un informe entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011.


Con posterioridad al debate de control político se ha participado activamente en el impulso de la iniciativa surgida desde diferentes espacios de confluencia del movimiento social, especialmente del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Popular, y del Movimiento de Crímenes de Estado, en torno a la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías.Congreso que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, en donde se espera poder avanzar en mandatos y en una agenda común en torno a la restitución de las tierras, y la defensa de los territorios.

 

2.    Debate Crisis humanitaria en los llanos orientales: situación de cuatro cementerios en los que se han enterrado personas no identificadas (NN), muchos de ellos casos de falsos positivos y desapariciones forzadas. 


En un proceso de acompañamiento a las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada, nos propusimos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación y develar la grave situación de personas no identificadas o NN, que se encuentran enterradas en los distintos cementerios del país, especialmente en la región de los llanos orientales, muchos casos coincidentes con reportes de personas desaparecidas en municipios de la zona como Granada, Villavicencio y la Macarena en el departamento del Meta. Formulamos varios requerimientos a la Fiscalía para lograr la plena identificación de estas personas, los cuales fueron atendidos y dieron paso a importantes investigaciones y acciones que viene desarrollando el ente investigador, como las inspecciones a los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare.


Como resultado de esa gestión, acompañamos al Ministerio del Interior, a la Registraduría y al Instituto de Medicina Legal en la entrega del reporte sobre identificación de 438 personas, que figuraban como no identificadas y que aparecen en los bancos de datos sobre desaparición forzada.

 

3.    Debate Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares en Colombia.


Le solicitamos al Gobierno Nacional que elimine del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de Bacrim o bandas criminales, y que reconozca que en Colombia están operando poderosas estructuras paramilitares, heredadas de una falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Advertimos que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada, ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros fuerza pública o en las esferas de poder.  


Reiteramos que las bandas llamadas por el gobierno Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en Colombia. Expusimos los mapas según los cuales, las nuevas estructuras paramilitares tienen asiento en las mismas zonas ocupadas por los antiguos grupos paramilitares, y zonas de adjudicación de licencias para explotación minera.

 

4.    Debate Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.


En compañía de la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, adelantamos el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.


Conforme a la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto colombiano, realizada por Oxfam en conjunto con varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre los años 2001 y 2009 se registraron 489.687 agresiones directas a mujeres, en municipios con presencia de conflicto y por parte de todos los actores armados. Es decir, se presentaron 149 agresiones al día, 6 cada hora.


Advertimos sobre la gravedad de las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, la fuerza pública es la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, muy por encima de los grupos armados. Por lo tanto, le pedimos al gobierno nacional la implementación urgente de  una política en el interior de las tropas para acabar con este delito, así como el cumplimiento de las diversas recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de DDHH sobre esta problemática.

 

DEBATE SOBRE PROYECTO DE DEFENSORÍA TÉCNICA A MILITARES


Nos opusimos con argumentos al proyecto presentado por el gobierno nacional para ampliar el servicio de defensoría técnica a militares por delitos no contemplados por la justicia penal militar.


Dejamos constancia sobre la inconveniencia de este proyecto que pretende que, con recursos públicos y privados, se cree una poderosa defensoría técnica para los militares implicados en casos de investigaciones disciplinarias o penales que comprendan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros.

 

II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

 

1.    PROYECTOS:

 

GESTIÓN EN LA LEY DE VÍCTIMAS

 

A lo largo de la discusión del proyecto de ley de víctimas, insistimos en la importancia de tener un instrumento que efectivamente garantizara los derechos de las víctimas, y en especial el derecho a la reparación. En este espíritu, participamos de manera activa durante sus cuatro debates, presentando numerosas proposiciones, junto con la bancada del Polo Democrático en el Senado.


Durante el debate, y desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron tres audiencias sobre despojo de tierras en Medellín, Barranquilla y Sincelejo.


Entre los temas propuestos que se mantuvieron en el texto finalmente aprobado por el Congreso se encuentran:


1.      En materia de protección a las víctimas, se extendieron las medidas de protección se ordena la revisión de programas y se establecen criterios para hacerlo.

2.      Se incorporaron fuentes adicionales para el fondo de reparación, entre ellas los recursos provenientes de la dirección nacional de estupefacientes objeto de extinción de dominio, en los porcentajes determinados por el Gobierno Nacional, y los montos de las condenas de los parapolíticos.

3.      Se creó un grupo especializado de policía judicial para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado los victimarios.

4.      Se aseguró que la Defensoría del Pueblo realice una labor de asesoría, acompañamiento y representación judicial de todas las víctimas

5.      En materia de restitución se logró que el desplazamiento no interrumpa la posesión para efectos de lograr por parte de la víctima la prescripción adquisitiva de dominio, y que las mujeres puedan iniciar el proceso de restitución así no aparezcan como propietarias en los títulos del predio.

Pese a estas disposiciones, la ley de víctimas presenta graves problemas y deficiencias frente a las demandas de las víctimas y los estándares internacionales en la materia. Actualmente, en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diversas organizaciones de DDHH, agrarias, de víctimas y de mujeres, se prepara una demanda para que la Corte Constitucional pueda ajustar esta ley y se convierta en un instrumento que sirva a todas las víctimas.

 

MODIFICACIONES A LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA


Señalamos los problemas que contenía el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Entre las principales preocupaciones estuvo el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos. Advertimos que esta ley no garantiza que se ponga un punto final a la acción criminal que se ha venido desarrollando desde los organismos de inteligencia. Pese a su aprobación, logramos modificar el término de la reserva sobre documentos de inteligencia, reduciéndolo en 10 años, dejando la posibilidad de que el gobierno la amplíe de 25 a 40 años y no hasta 50 como se propuso inicialmente. Con esto buscamos salvaguardar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sin embargo en el trámite en Senado se aumentaron 5 años más.

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INTRODUJIMOS EL ARTÍCULO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA TODA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


También logramos la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Este artículo obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender  a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los entes gubernamentales.

 

LOGRAMOS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA


Como ponente coordinador, trabajé activamente para la aprobación de proyecto de Ley para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ley sancionada por el presidente de la República. Este es el primer tratado internacional destinado exclusivamente a buscar la prevención del delito de desaparición forzada, la protección de las víctimas, la búsqueda de personas que han padecido este crimen y la sanción de los responsables. Reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

 

NOS OPUSIMOS AL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL 


Nos opusimos a la ley de sostenibilidad presentada por el gobierno, pues representa un proyecto regresivo en materia de derechos fundamentales, especialmente porque con su aprobación, el estado social de derecho no se sustentará en la realización de los derechos humanos sino en la sostenibilidad fiscal, al limitar la independencia de otras ramas del poder público, las cuales estarán sujetas a razones fiscales, al momento de tomar sus decisiones.


Para el gobierno nacional constituyen riesgo fiscal, el pasivo pensional, el régimen de seguridad social en salud, la población desplazada y la ley de víctimas.


Se trata de una política económica de austeridad selectiva, en la que lejos de pretender reducir la deuda pública, lo que se pretende es garantizar el recorte de recursos de los entes territoriales que no podrán cumplir sus obligaciones en materia de inversión social para dar paso a un flujo de recursos a favor de la Nación con los cuales se financiaran, entre otros, los proyectos de infraestructura vial atrasados que favorecen principalmente a las multinacionales y a los inversionistas extranjeros, mientras que se debilitan los derechos fundamentales principalmente el trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna.

 

 

OPOSICIÓN AL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEMANDA A LA LEY 1424 DE 2010

 

La ley 1424 denominada “ley de justicia transicional” es la norma que ha sido tramitada de manera más rápida en el Congreso de la República, la cual surgió como respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de que realizara la Corte Constitucional frente al principio de oportunidad de desmovilizados, que permitiría el saneamiento judicial de estas personas sin ningún tipo de investigación sobre los crímenes cometidos.


Durante su trámite en el Congreso, advertimos sobre la inclusión de varias disposiciones que atentaban contra los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia, y la más importante de ellas: el artículo que dispone que la información que surja en el marco de los denominados acuerdos por la verdad que crea esta norma, no pueden tenerse como prueba en un proceso judicial.

Al ser aprobada esta norma, decidimos demandar ante la Corte Constitucional dichos aspectos, actuación que se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el representante por el Polo Democrático Germán Navas Talero.

 

2.    LOGROS EN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

 

Crisis de derechos humanos en cárcel de Valledupar


Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes lideramos una visita de inspección a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, para hacer pública la grave situación humanitaria que se vive en ese centro carcelario. Conseguimos la aprobación de una carta mediante la cual, Cámara de representantes les solicitó al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la cárcel, iniciativa que llevó días más tarde a la adopción de medidas por parte del gobierno, tales como el traslado de 240 internos y la disposición de presupuesto para iniciar las obras de reparación del acueducto y el alcantarillado.

 

Audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó


Se llevó a cabo una audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de escuchar las inquietudes y denuncias con respecto a la seguridad de sus miembros y las constantes amenazas por parte de grupos paramilitares que siguen operando en el Urabá antioqueño.

 

Trabajo conjunto de las Comisiones de Paz del Congreso


Conseguimos que las Comisiones de Paz del Senado y Cámara acordaran el diseño de una agenda conjunta para atender los asuntos en los temas de paz.

 

3.    SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

 

Investigación por las “chuzadas” y seguimientos ilegales del DAS


Desde que inició la investigación por parte de los organismos investigadores y de control por estos delitos cometidos desde esta dependencia del Gobierno, hemos estado acompañando y apoyando a las víctimas, tanto en los debates de control político que han tenido lugar en el Congreso de la República, como en los distintos procesos contra exfuncionarios de la entidad que adelanta la justicia ordinaria, y en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.


Igualmente, hemos hecho seguimiento a los procesos contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien además de estar sindicado en el caso de las “chuzadas” y los seguimientos ilegales,  ha sido acusado de participar como autor intelectual del asesinato del senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, entre otros delitos.

 

III. OTRAS ACTIVIDADES

1.    ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS

Apoyo al retorno de campesinos a la finca Las Pavas


Luego de una visita solicitada por la asociación de campesinos ASOCAB que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, entregamos una constancia a la plenaria de la Cámara, en la cual se expresa la inconformidad de los campesinos, quienes se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon) .

Le solicitamos al Ministro de Agricultura, llevar a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución y el derecho a un retorno digno a los predios que les pertenecen.


Es importante destacar que con posterioridad al retorno de esta comunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre este caso, ordenando al INCODER reiniciar el proceso judicial para la protección de los derechos de ASOCAB.


Conmemoración masacres de El Naya


En la conmemoración de una década de la sangrienta incursión paramilitar en la región del Río Naya, acompañamos a las víctimas en su petición al gobierno nacional por el respeto a sus derechos a la verdad,  justicia, reparación integral, al territorio y al respeto a sus planes de vida. Mediante una constancia presentada a la plenaria de la Cámara, recordamos que esta comunidad lleva 10 años sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la responsabilidad penal de los autores de la masacre y de sus beneficiarios, ni cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas, cuántas personas fueron desplazadas, y en general cuántas personas resultaron víctimas de esa acción paramilitar.


Le hicimos un llamado al Procurador General de la Nación, para que adelante las Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que no tomaron las decisiones necesarias para evitar la incursión paramilitar en el 2001, y contra quienes no las ejecutaron, permitiendo la realización de cientos de crímenes. También a la Fiscalía General de la Nación, para que asuma la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la región del Naya, como crímenes de lesa humanidad, para que en el menor tiempo posible defina cuántas y cuáles son las víctimas, para que construya un plan metodológico que le permita adelantar la investigación no sólo contra los perpetradores, sino también contra quienes han sido denunciados como financiadores y beneficiarios de los crímenes cometidos, y finalmente para que se investigue a las estructuras que hoy están operando en la región e intentan mantener impunes estos hechos.

 

2.    ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA

En las profundidades del infierno

El Espectador

Sobre crisis humanitaria en cárcel de Valledupar

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-275536-profundidades-del-infierno 

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Las bandas criminales del despojo

El Tiempo

9 de abril de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/las-bandas-criminales-del-despojo.html

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La paz como camino

El Tiempo

11 de febrero de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4 

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Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

El Espectador

13 de octubre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal 

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Los rostros del despojo

El Tiempo

19 de septiembre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1

 

Más información, acceso a noticias y a los videos sobre nuestros debates y documentos en:

http://ivan-cepeda.blogspot.com/ 


 

Twitter:

@IvanCepedaCast


 


OFICINA DE PRENSA

 



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Jul201102

Gobierno debe informar si ha pedido en extradición a otros 14 mercenarios extranjeros

 

Además de solicitar a Yair Klein 

Gobierno debe informar si ha pedido en extradición a otros 14 mercenarios extranjeros

A través de un derecho de petición, el congresista Iván Cepeda le solicitó a la Canciller María Ángela Holguín que le informe al país si existe petición de extradición contra trece ciudadanos ingleses e israelíes, y un australiano que participaron con Yair Klein en el entrenamiento a grupos paramilitares

BOGOTÁ, 29/06/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro recordó que además del mercenario israelí Yair Klein, quien entre 1987 y 1988 entrenó a grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y que fue pedido en extradición por el gobierno nacional, también ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación, la participación de varios extranjeros en la misma actividad. De ellos, tres ya tienen sentencia de primera instancia en Colombia.

Cepeda puntualizó que la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales contra el señor Yair Klein, también cobijó a los ciudadanos israelíes, Izhack Shoshany Meraiot, Tzedak Abraham y Terry Melnik.

Igualmente, señaló que según la revista Semana, Yair Klein llegó a Colombia a ofrecer sus servicios, contactado por el israelí Mariot Shoshany, actuando en compañía de cuatro mercenarios más: Avraham Tzadaka, Amatzia Sheuli, Terry Meinyk, Mike Harari, David Candotti y Yaakov Brine, contra los cuales no se conocen acciones judiciales.

Del mismo modo, el congresista hizo referencia al ciudadano australiano Terry Tagney, quien a pesar de su fallecimiento, ha sido señalado de ser el comandante del grupo de mercenarios ingleses, conformado por los ciudadanos Peter McAléese, Dave Tomkins, Alex Lennox, Geffrey Adams.

El representante Iván Cepeda le pidió a la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín que se sirva informar si existen investigaciones por parte de Colombia para comprobar la veracidad de esta información, y si se ha hecho alguna petición de extradición sobre estos ciudadanos extranjeros.


A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Bogotá D.C., 29 de junio de 2011

Doctora

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR

 

Ministra de Relaciones Exteriores

Ciudad

Respetada señora Ministra:

Desde la década de los ochenta, existe información divulgada ampliamente por medios de comunicación nacionales e internacionales acerca del entrenamiento de grupos paramilitares por parte de mercenarios ingleses, israelíes y australianos.

Se ha publicitado mayormente el caso del mercenario israelí Yair Klein, quien entre 1987 y 1988 entrenó a grupos paramilitares en el Magdalena Medio, razón por la que el gobierno colombiano solicitó su extradición. Sin embargo, como se desprende de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, la condena comprende no solamente al señor Yair Klein, sino también a:

1. Izhack Shoshany Meraiot (Israel)
2. Tzedak Abraham (Israel)
3. Terry Melnik (Israel)

Quienes fueron sentenciados a catorce años de prisión, por haber instruido o entrenado personas en técnicas y procedimientos militares con fines terroristas, agravada por haber sido realizada con procedimientos explosivos y empleo de armas de fuego.

Asimismo, tal como lo divulgó la revista Semana, Yair Klein llegó a Colombia a ofrecer sus servicios, contactado por “el ciudadano israelí Mariot Shoshany”, actuando en compañía de cuatro mercenarios más:

1. Avraham Tzadaka (Israel)
2. Amatzia Sheuli (Israel)
3. Terry Melnyk (Israel)
4. Yaakov Brine (Israel)

A los anteriores, según señala este medio de comunicación, se sumaron:

1. Mike Harari (Israel), ex jefe de seguridad del general Manuel Noriega
2. David Candotti (Israel)

De otra parte, añade este medio, que también entrenaron grupos paramilitares, con financiamiento del narcotráfico, los siguientes mercenarios:

1. Peter McAléese (Inglés)
2. Dave tomkins (Inglés)
3. Alex Lennox (Inglés)
4. Geffrey Adams (Inglés)

Información que fue corroborada por Diego Viáfara Salinas, concejal de Puerto Boyacá durante la época en que ocurrieron los hechos.

Otros medios han señalado que el grupo de mercenarios ingleses estuvo comandado por:

1. Terry Tagney (Australia)

Este último declaró en entrevista, reproducida en la página del parlamento australiano, haber entrenado grupos paramilitares en Colombia, contratado por carteles de la droga.

Señora Ministra:

Con fundamento en estos hechos, me permito solicitarle respetuosamente se sirva suministrarme la siguiente información:

1. ¿Qué investigaciones ha realizado el Estado colombiano para
comprobar la veracidad de esta información?

2. De haber sido corroborada dicha información, sírvase señalar si se
han hecho solicitudes de extradición a Colombia para que los
mercenarios israelíes, ingleses y el ciudadano australiano, citados en
este escrito, sean juzgados por los delitos cometidos en nuestro país.

La presente petición la impetro con fundamento en lo previsto en el
artículo 258 de la Ley 5ª de 1992 – Reglamento Interno del Congreso,
que dice: “Los Senadores y Representantes pueden solicitar cualquier
informe a los funcionarios autorizados para expedirlo, en ejercicio
del control que corresponde adelantar al Congreso. En los cinco (5)
días siguientes deberá procederse a su cumplimiento.”

La saludo de manera cordial y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente, 

IVÁN CEPEDA CASTRO

 

Representante a la Cámara

OFICINA DE PRENSA 

 

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Jul201102

Iván Cepeda rechaza nuevo asesinato de líder de víctimas en San Onofre (Sucre)

 

BOGOTÁ, 01/07/11. El representante Iván Cepeda Castro repudió el asesinato de Antonio Mendoza Morales, concejal del Polo Democrático Alternativo y líder del proceso de restitución de tierras en el municipio de San Onofre, Sucre. Este hecho se suma al crimen de los líderes de víctimas del despojo en ese departamento, Rogelio Martínez, ocurrido el 18 de mayo de 2010, y el de Eder Verbel, el 11 de marzo del presente año.

El congresista manifestó su preocupación porque durante la actual administración del alcalde de ese municipio, Edgar Benito-Revollo, han sido asesinados dos miembros del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado Movice, y otros cuatro están amenazados de muerte en razón de su labor con las víctimas del paramilitarismo en esa región. Recordó que los líderes de organizaciones de derechos humanos y de procesos de restitución de tierras han señalado al alcalde (hermano de la excongresista condenada por parapolítica, Muriel Benito-Revollo), de tener fuertes vínculos con grupos paramilitares que operan en la zona, autores de las amenazas contra los activistas.

Cepeda aseguró que este hecho es una nueva demostración de la persecución a líderes de derechos humanos y de restitución de tierras en el departamento de Sucre, y anunció que les solicitará a las autoridades competentes y a los entes de control, iniciar las investigaciones pertinentes sobre las serias las denuncias contra el alcalde Edgar Benito-Revollo, no sólo por los vínculos con grupos paramilitares, sino también por omisión en sus deberes, con respecto a la situación de amenazas a líderes sociales en el municipio.

El representante Iván Cepeda asistirá mañana a las exequias del concejal asesinado.

OFICINA DE PRENSA

 

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Jun201124

Insisten en traslado de José Miguel Narváez a cárcel de máxima seguridad

 

 

 

Luego que la Fiscalía General dictara medida de aseguramiento contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su supuesta participación en el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, y lo llamara a juicio en el proceso por el asesinato del periodista Jaime Garzón, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro le envió nuevamente una solicitud al ministro del Interior y de Justicia para que se envíe al exfuncionario a un centro carcelario común y de máxima seguridad, y no se le permita continuar en la Academia Superior Aquimindia, un centro de instrucción del DAS.

 

Cepeda recordó la gravedad de los cargos que se le imputan a Narváez, no sólo los procesos por estos dos asesinatos, sino en la comisión de otros delitos como secuestro y los seguimientos ilegales a la oposición.

 

Afirmó que "no se entiende cómo una persona que ha sido señalada de cometer crímenes como las "chuzadas" y los seguimientos ilegales del DAS, el asesinato de Jaime Garzón, o el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, se encuentre alojado con todas las comodidades en un lugar distinto a una cárcel".

 

Reiteró su confianza en la justicia en la etapa de juzgamiento al exsubdirector del DAS y dijo que espera acciones concretas del Ministerio del Interior con respecto al lugar de reclusión al cual deba ser trasladado.

 

OFICINA H.R IVÁN CEPEDA

 



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Jun201124

Quinta amenaza en quince días contra el MOVICE y el Capítulo Sucre

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profundo rechazo frente a las reiteradas amenazas proferidas contra varios integrantes del MOVICE. Con ésta son cinco las amenazas que el MOVICE, y en particular su Capítulo Sucre, ha recibido desde el 9 de junio. La agudización de la sistemática y generalizada persecución contra el Capítulo Sucre del MOVICE constituye un claro intento de silenciar las voces de las víctimas en este departamento.

Hechos

El día jueves 23 de junio del año en curso llegó una amenaza de muerte del correo electrónico de remitente YAIR PRIETO y su correo aguilasvolando@yahoo.es; al correo de a la vocera del Capítulo del MOVICE Sucre INGRID VERGARA así como al correo electrónico del área de protección del MOVICE, por parte de un grupo autodenominado “Aguilas Volando”. Quienes amenazan a los integrantes del capítulo CANDELARIA BARRIOS, PEDRO GENNEY, FRANKLIN TORRES e INGRID VERGARA, así como al abogado del Comité Permanente de Defensa de Derechos ! Humanos YEISON PAVA, quien acompaña el proceso de retorno de la finca La Europa (Ovejas).

El contenido del correo es el siguiente:

DENTRO DE NUESTRA CAMPAÑA: HAGA PATRIA MATE A UN GUERRILLERO DECLRAMOS UN NUEVO OBJETIVO MILITAR

Después de un proceso intensivo de inteligencia, logramos identificar plenamente al único miembro de los terroristas que se disfrazan de defensores de derechos humanos que nos faltaba, ese abogado hijueputa de YEISON PAVA desde la fecha está declarado como objetivo militar para nosotros ese abogado defensor de guerrilleros disfrazado de victimas y que esta ayudando a robar tierras en los montes de maría….. va a pagar caro esa intromisión en nuestra región, esta no es una advertencia es una notificación y que ese abogado hijueputa no crea que por que esta en Bogotá se va a salvar de nuestro ajuste de cuentas hasta alla lo vamos a buscar ….por perro y sapo malparido y al igual de los otros guerrilleros de mierda CANDELARIA BARRIOS ACOSTA,PEDRO GENEY ARRIETA,FRANKLIN TORRES Y LA MAS HIJUEPUTAS DE ! TODOS INGRID VERGARA …ya esta dada la orden para darles de baja a estas gonorreas de mierda y ninguno se va a salvar…….

REPETIMOS ESTA NO ES UNA ADVERTENCIA ES UNA NOTIFICCACION SE LO ADVERTIMOS Y NO HICIERON CASO……AHORA ATÉNGANSE A LAS CONSECUENCIAS”.

Antecedentes

- El 19 de junio se hizo llegar una nueva amenaza al correo de protección de la misma dirección del correo electrónico sangrecorre2011@hotmail.com en este mismo sentido hostigando igualmente a los mismos integrantes del capítulo Sucre.

- El martes 14 de junio se recibió un correo desde la dirección electrónicasangrecorre2011@hotmail.com a los correos de Candelaria Barrios Acosta, Pedro Geney y Franklin Torres, integrantes del MOVICE Capítulo Sucre, así como al correo del Equipo de Protección del MOVICE proteccion@movimientodevictimas.org.

- El viernes 10 de junio de 2011 Ingrid Vergara, vocera del MOVICE Capítulo Sucre y Franklin Torres, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, como también Candelaria Barrios Acosta y Pedro Geney Arrieta recibieron un correo electronico de "aguilas volando"sangrecorre2011@hotmail.com en la que les dan de tiempo límite para salir de la zona hasta el martes 14 de junio “o serán ejecutados de una vez por toda”.

- El jueves 9 de junio de 2011 Juan David Díaz, integrante y vocero del MOVICE Capitulo Sucre y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, recibió la siguiente amenaza del correo electronico aguilasnegras3rageneracion@yahoo.com.ar con el asunto “MUERTE A MIEMBROS DEL MOVICE”

- El MOVICE Capitulo Sucre desde su nacimiento en 2006 ha recibido más de 100 agresiones contra sus integrantes, entre las que se encuentran el montaje judicial en contra de Carmelo Agámez Berrio desde noviembre de 2008, el asesinato de Rogelio Martinez el 18 de mayo de 2010, el asesinato de Eder Verbel Rocha el 23 de marzo de 2011 y robos, agresiones físicas e intentos de asesinato, entre otras. Desde que el MOVICE Capitulo Sucre ha empezado a acompañar el proceso de retorno de la finca La Europa en los Montes de María, que ha sido ocupado de forma ilegal por la empresa Arepas Don Juanco se ha constatado un incremento considerable de amenazas y agresiones contra integrantes del MOVICE Capitulo Sucre.

Exigimos

- que el Estado Colombiano brinde garantías políticas y materiales para que el MOVICE y todos sus Capítulos puedan seguir ejerciendo su labor en defensa de los derechos de las víctimas.

- que la Fiscalía y los organismos de control esclarezcan los hechos arriba denunciados y el orígen de los mismos, así como la sanción a los responsables materiales e intelectuales.

- que el Ministerio de Interior y de Justicia cumpla su compromiso de reanudar el diálogo con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, según lo acordado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

23 de junio de 2011

 



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Jun201108

Mayor número de agresiones sexuales a mujeres en conflicto armado son por parte de FFMM

 

Según cifras de medicina legal

 

MAYOR NÚMERO DE AGRESIONES SEXUALES A MUJERES EN CONFLICTO ARMADO SON POR PARTE DE FFMM

 

Entre 2007 y 2009, el organismo registró 126 casos de violencia sexual contra mujeres atribuidos a miembros de las fuerzas militares, 32 a la guerrilla y 10 a bandas criminales

BOGOTÁ, 8 Jun/11. Así lo señaló el representante a la Cámara Iván Cepeda, durante el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. El congresista calificó de grave el hecho de que sea la fuerza pública la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y expresó que es necesaria una política institucional urgente en el interior de las tropas para acabar con este delito.

“Estamos ante un crimen de lesa humanidad, uno de los más invisibles, el que más se niega. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra quienes dan la vida, y eso se tiene que empezar por las fuerzas militares, con una verdadera política de cero tolerancia frente a cualquier agresión”, recalcó el congresista.

Cepeda llamó la atención del gobierno por la falta de un registro serio y detallado sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares, ya que las cifras presentadas por el Ministerio de la Defensa no concuerdan con las registradas por organismos no gubernamentales.

Según la Encuesta de prevalencia realizada por la organización internacional Oxfam, durante los últimos 10 años en Colombia se presentaron más de 389 mil casos de agresiones sexuales contra mujeres por parte de todos los actores armados del conflicto.

Frente a estos casos, el representante Iván Cepeda advirtió que campea la impunidad, ya que según la Fiscalía General, durante ese mismo periodo, sólo se han abierto 206 investigaciones, y se han proferido 6 condenas.

Finalmente, el congresista le pidió al gobierno nacional que cree un organismo especializado en atender los casos de agresión sexual contra mujeres, y que aplique cuanto antes el aparte del Plan Nacional de Desarrollo que obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

OFICINA DE PRENSA

Tags: Derechos humanosFuerzas MilitaresViolencia sexual



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Jun201107

En las profundidades del infierno | Por Iván Cepeda Castro – El Espectador

 

Crisis sanitaria en cárcel de Valledupar por escasez de agua


EN LAS PROFUNDIDADES DEL INFIERNO

Por: Iván Cepeda Castro / Representante a la Cámara

Los reclusos de la cárcel de Valledupar presentan enfermedades cutáneas que no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico, en un centro carcelario construido hace 11 años.

Cárcel de Valledupar

 

A la entrada del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar se lee en un aviso: “En este establecimiento se respeta la dignidad humana. Aplicando siempre la ética y un sistema de calidad en todos sus procesos”. Es como un preámbulo cargado de ironía a la triste realidad que se vive dentro de sus muros. La gente le llama “La Tramacúa” por sus imponentes dimensiones. Su construcción data de apenas once años atrás y es producto de un convenio de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para el mejoramiento del sistema penitenciario, que aportó 4,5 millones de dólares del Plan Colombia y el diseño del Buró Federal de Prisiones. Sus especialistas supervisaron la obra y capacitaron a los guardias. El propósito de esta cárcel era ser el centro piloto del país para poner en práctica un nuevo modelo penitenciario a imagen y semejanza del que se utiliza en las prisiones norteamericanas.

El experimento ha resultado un caro y peligroso fracaso. Mientras en muchos lugares de la Costa Atlántica la gente está con las inundaciones al cuello, los 1.354 internos de “La Tramacúa” tienen que luchar a muerte todos los días por el agua. Al centro penitenciario el líquido no llega en suficiente cantidad ni con la presión necesaria. De ahí que los internos sólo puedan tener el servicio en dos momentos del día, por quince minutos cada vez. Como la penitenciaría consiste en torres de cinco pisos donde están las celdas, el agua que no tiene presión suficiente no puede llegar a los pisos por las tuberías. Los 175 presos que hay en cada torre tienen que disputarse por todos los medios llenar sus recipientes en pocos grifos. “Cuando entras al baño por el agua —me dijo un hombre con los ojos desorbitados—, llevas en una mano el galón y la en otra el puñal”.

Los tumultos que se forman todos los días para recoger el fluido cobraron en enero pasado la vida de un recluso, en el patio cuatro, en medio de una pelea. Al parecer, el sofisticado diseño de los norteamericanos no previó para el establecimiento carcelario el adecuado suministro del líquido vital ni evaluó la limitada capacidad del ente que manejaba el acueducto en el municipio. Hoy el director del penal, Leopoldo López, se limita a señalar a Emdupar como único responsable de este aspecto de la crisis. La falta de agua genera otras graves consecuencias. Basta entrar a la cárcel para percibir el hedor de los excrementos que, prácticamente, están por todas partes. Desde las celdas sin agua los prisioneros deben arrojarlos por las rendijas al exterior de las torres.

Según informes que tuve en mis manos, elaborados por la Secretaría de Salud del Cesar, que viene realizando periódicas visitas y controles microbiológicos a los alimentos que consumen los internos, en los últimos tres años todos los estudios bacteriológicos han detectado presencia de coliformes en ellos, especialmente del género escherichia, que identifica la presencia de materia fecal. La imposibilidad de lavar su ropa genera constantes enfermedades cutáneas en los reclusos, las cuales no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico.

Toda esta insalubridad se da en medio de las sofocantes temperaturas de la región. La prisión no cuenta con sistemas de ventilación. En ese ambiente altamente hostil, los presos experimentan estados de profunda depresión psicológica: los medios de comunicación han registrado varios casos de suicidio.

El cuadro se completa con el riguroso régimen disciplinario que copia los preceptos carcelarios de Estados Unidos: anteponer sin miramientos la seguridad a los derechos, crear un régimen de aislamiento prolongado y control total sobre los internos, someterlos a tratos crueles y degradantes, elevar al máximo los niveles de enfrentamiento entre ellos y privilegiar a grupos que sirvan para mantener el orden. No es raro, en ese contexto, que se les someta a castigos como los aislamientos, que varían desde meses hasta años, o las llamadas “calles de honor”, dos hileras de guardias por cuyo centro es obligado a pasar el recluso para recibir una andanada de garrotazos, puños y patadas, o las golpizas precedidas de gases lacrimógenos en los patios, algunas veces practicadas en la noche por guardias encapuchados.

No obstante, el comandante de vigilancia, mayor Ángel Rodríguez, señala que lo que ocurre es que la penitenciaría practica “las nuevas técnicas penitenciarias”, técnicas norteamericanas, por los antecedentes de seguridad, ya que los internos atacaban a los abogados y médicos. El subdirector operativo de la regional norte del Inpec reconoce que la penitenciaría de Valledupar registra el mayor número de denuncias y quejas por maltrato de la guardia. Sin embargo, según un reporte que recibí de la misma institución, 39 casos de quejas presentadas entre 2008 y 2009 se dejaron sin evaluar y de 92 quejas presentadas en la Oficina de Control Interno, sólo una se sancionó con suspensión del guardián.

Para rebelarse ante las condiciones denigrantes en las que viven, más de un centenar de internos han comenzado una protesta pacífica. Algunos se han declarado en huelga de hambre desde hace semanas y otros han decidido suspenderse en hamacas en el exterior de las torres del presidio. En un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ya para octubre de 2001 se denunciaban serias irregularidades y prácticas abusivas que originaban tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de lo anterior, la penitenciaría de Valledupar ostentó con honor el Certificado de Aseguramiento de la Calidad, aplicado a las actividades de Tratamiento al Interno y Administración del Establecimiento Penitenciario, mediante evaluación y aprobación de la norma ISO 9002/94, otorgado por el Icontec en julio de 2002. Al presentar un panorama acerca de la situación de las cárceles colombianas, Eduardo Cifuentes, quien para la época era defensor del Pueblo, dijo que pasar revista a las condiciones penitenciarias en nuestro país era una “visita por el infierno”. La inspección de la cárcel de Valledupar es una visita a las profundidades del infierno.

Enlace al Artículo en El Espectador

 

Tags: Derechos humanos



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