Universidad de los Andes

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May 2012 04

Senador Baena logra en Ginebra más oportunidades para Afro descendientes

 

Durante su participación en la reunión N. 11 del período de sesiones del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afro descendientes,  que se llevó a cabo en Ginebra (Suiza), el Senador Carlos Alberto Baena, Presidente del Movimiento MIRA, logró que se introdujera en la declaración la inclusión de afro descendientes en todas las ramas del poder público.

En Ginebra, el Congresista  resaltó como en Colombia ningún Afro descendiente está al frente de un Ministerio o de una Alta Corte. “Llegó la hora de brindarle igualdad de oportunidades a nuestros Afrocolombianos, por eso este respaldo del Grupo de Trabajo de la ONU y el proyecto de Ley que radicamos en el Congreso, ayudarán  a mejorar la participación política de las comunidades Afro descendientes.

El Senador también solicitó que en el Programa de Acción por el Decenio de la Afro descendencia, se incluyan ayudas que permitan eliminar las prácticas racistas, que mejoren la calidad de la educación  y que lleven a un mejoramiento de las capacidades individuales de estas personas.

El Senador Baena, autor de la Ley que castiga los actos de discriminación, destacó como  la expedición de esta norma ha permitido que en el país se dé un cambio cultural. “Los Colombianos ya no toleran estos comportamientos de intolerancia, los están denunciando; ahora lo que necesitamos es que la Fiscalía General de la Nación tenga una información amplia  acerca de la discriminación, y de esta manera se pueda aplicar de manera más efectiva la Ley”.

Por último, Baena solicitó que se establezcan unos indicadores en salud, educación, empleo, mortandad infantil, esperanza de vida y vivienda; para que basados en esta información los Estados puedan elaborar políticas públicas, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los Afro descendientes en el mundo.

 



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Abr 2012 17

MIRA anuncia Ley de cuotas para afrocolombianos

 

El senador Carlos Baena anunció la presentación de un proyecto de ley, en el marco de la Cumbre de las Américas.

En el marco de la Cumbre de las Américas y durante la inauguración de la Plaza Benkos Bioho (esclavo africano líder del levantamiento por la liberación de Cartagena), el senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA, anunció que radicará la próxima semana una Ley de cuotas o de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana.

El autor de la Ley que castiga los actos de discriminación en Colombia, afirmó que durante años los afros han tenido que soportar la indiferencia social y estatal, y que ya es tiempo de otorgarles una representación justa en los cargos de nivel decisorio del estado y obligatoria participación en los procesos de selección. "Le llegó su cuarto de hora a nuestra población afro descendiente".

Durante el acto, el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, mostró su complacencia con la propuesta y afirmó que este es un acto de justicia con una población que representa el 20 % de los Colombianos.

Las leyes por si solas no generan resultados, se requiere de voluntad política y de iniciativa social, por eso desde el Movimiento MIRA hacemos desde ya un llamado a los Congresistas para que respalden esta Ley y al Gobierno nacional le solicitamos que apoye la iniciativa, y que si es el caso, promueva los mecanismos necesarios para realizar una consulta con las comunidades involucradas.

El ingreso per cápita promedio de los(as) afrocolombianos(as) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares. El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional. La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional. En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior. Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

Prensa senador Carlos Baena

Tags: Cumbre de las Américas Gobierno Igualdad de Oportunidades MIRA Afro Discriminación Ley de cuotas Pobreza



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Abr 2012 02

Cultura de la desigualdad vs. Cultura de la equidad

 

"A pesar del paso de los siglos, en las sociedades persiste el esfuerzo porque predomine la equidad y no la desigualdad": senador Carlos Baena (MIRA).

En el tercer mes del año tuvieron lugar dos conmemoraciones esenciales para la humanidad: el Día de la Mujer y el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Las dos fechas recuerdan actos trágicos en los que tuvo lugar la pérdida de vidas humanas por causa del menosprecio hacia la mujer y hacia las personas afrodescendientes. En uno y otro caso, se responde al reto de lograr convivencia con respeto en todas las latitudes, mediante la aplicación de valores fundamentales como la justicia. A pesar del paso de los siglos, en las sociedades persiste el esfuerzo porque predomine la equidad y no la desigualdad.

En Colombia el esfuerzo por la equidad sigue vigente. El maltrato contra las mujeres, el uso de ácido para desfigurar rostros especialmente femeninos, la diferencia en la remuneración que por el mismo trabajo recibe una trabajadora en comparación con quienes desempeñan las mismas actividades siendo del sexo masculino, son expresiones de la persistencia de la desigualdad de género. En cuanto a las relaciones raciales, los actos de discriminación por la apariencia continúan surgiendo, impulsados por ciudadanos y hasta por funcionarios públicos, tal como sucedió hace algunas semanas en Cartagena.

La permanencia de desigualdades explica que las marchas de conmemoración del Día de la Mujer y de protesta por las formas de Discriminación, hayan sido multitudinarias en Colombia y en el resto del Mundo. A esas manifestaciones de descontento frente a desigualdades injustificadas se sumaron hombres y mujeres, afrodescendientes, mestizos, blancos y de todas las etnias, individualmente y mediante sus organizaciones. Convocar y participar de esas reuniones guiadas por causas de interés general, prueban la convergencia cívica de una ciudadanía alentada por valores políticos para transformar su realidad.

A la organización ciudadana característica de los poderes sociales y comunitarios, se agrega el poder político, el cual se concreta con leyes como la que penaliza la discriminación por razones de sexo y raza, y la que sanciona la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Ese poder político también es visible en la implementación de las normas, a cargo de la Rama Judicial, para el caso de la penalización, y de los Ministerios y entidades públicas, para las políticas de fomento. La conjugación de poder social, comunitario y político, asegura mejores comportamientos individuales y colectivos, para pasar de la cultura de la desigualdad a la cultura de la equidad.

Tags: Equidad Discriminación Mujer



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Mar 2012 23

Congreso Distante Vs. Congreso Constante

 

"Con el paso del tiempo, la actividad legislativa se complejiza en la medida que el País exige cuentas a quienes le representan": senador Carlos Baena (MIRA).

Entre marzo y junio de este año se completa la segunda legislatura del Congreso de la República. A puertas de concluir un lapso más de esta cohorte de legisladores, la responsabilidad política y social resurge en los principales debates y proyectos normativos del país.

Con el paso del tiempo, la actividad legislativa se complejiza en la medida que el País exige cuentas a quienes le representan, que la normatividad incrementa las responsabilidades y que la calidad técnica y política de las propuestas y gestiones legislativas se vuelvan más visibles para la ciudadanía. En las transformaciones que durante los últimos años ha afrontado el Legislativo se pone de presente la decisión de forjar nuevas características de la relación entre el pueblo y el Congreso, al pasar de un trato distante a uno constante.

Los ejercicios ciudadanos de control son fundamentales para consolidar la relación constante entre el Legislativo y sus representados. En la cercanía entre el pueblo y su Congreso ha sido importante el papel de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y las evaluaciones de origen académico como la que efectúa Congreso Visible. Sin duda las audiencias públicas son también una fuente de relación entre Congreso y ciudadanía, y la presencia permanente de los congresistas en las regiones, mediante el contacto directo con los habitantes contribuyen a ese proceso.

Aún con estos avances, el País cuenta con retos para modernizar y hacer más ágiles y a la vista la relación con el Congreso. Para ello, avanzar en la rendición de cuentas como práctica general del legislativo puede resultar un ejercicio importante.

Las relaciones entre el Gobierno y el Congreso ayudan a configurar un Congreso con una relación constante con el Pueblo. La independencia solidaria que permite tanto el control político a la gestión del Ejecutivo, como el apoyo a iniciativas que resulten de beneficio para la ciudadanía, explica que la representación pueda equilibrar el papel de vigilancia al Gobierno con el de impulso a iniciativas que beneficien a la sociedad en general, a la manera de auténticos y públicos acuerdos temáticos en beneficio de la sociedad.

Tanto el control político como las leyes requieren de origen y resultados sustentados en el pueblo, sus necesidades, y sus expectativas. Desde su nacimiento, un Parlamento o Congreso se concibe como representante por excelencia del Pueblo, e instrumento para alcanzar una convivencia con respeto. Ese papel se renueva cada vez, especialmente en sociedades que como la colombiana tienen mucho por mejorar en sus instituciones, en las relaciones entre sus poderes, y en el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes. De avanzar en estos aspectos, se acortará el camino ya asumido para pasar de un congreso distante a uno constante en la relación con los ciudadanos.



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Mar 2012 16

Ambiente destruido vs. Ambiente sostenido

 

"El reto que surge es la armonización entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano": senador Carlos Baena (MIRA).

 La última semana han resurgido discusiones acerca de la relación entre obras de interés general y el sistema ambiental. Por ejemplo, en el Foro sobre la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, realizado en el Congreso, la CAR competente indicó que las principales limitaciones de construcción de esa vía son ambientales, por las afectaciones a los humedales, recursos hídricos, fauna y especies vegetales, entre otros.

Esta semana, surgieron de nuevo razones ambientales, que condujeron a detener la construcción del Túnel de Oriente en Antioquia. Como en otros casos, aparece aquí una oposición entre nuevas construcciones y las condiciones ambientales. Las licencias ambientales y las discusiones en torno a su negativa, su indebida expedición e incluso su revocatoria, son las discusiones conocidas públicamente, pero de fondo existe una paradoja o confrontación entre el cuidado del ambiente, su sostenibilidad y las amenazas de su destrucción con obras.

Para muchos, las posiciones ambientalistas restringen el progreso de las obras y las transformaciones que exige la vida urbana, lo que ha llevado a discutir la declaratoria de reservas forestales o de otras zonas protegidas con las que se ha puesto límite a la expansión urbana. Para otros, la construcción a toda costa acaba con el ambiente, de lo que fueron ejemplo la tala de árboles motivada por la construcción de la Troncal de Transmilenio por la Calle 26 de Bogotá y la afectación de un sistema acuático que corría paralelo por esa misma avenida.

El reto que surge es la armonización entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano. Si es el enfoque humano el que prepondera en las obras, el componente ambiental resulta necesario no como un límite, sino como una garantía de transformación del hábitat, lo que al final va a servir para que la vida urbana sea de mayor calidad a largo plazo.

Ejemplos de una buena conciliación entre construcción y ambiente son los parques lineales, del que es una muestra la zona tradicional de Bogotá conocida como el Park Way, el cual durante décadas ha confirmado la posibilidad de implementar urbanismo con sentido humano y a largo plazo.

También los pulmones urbanos, como el camino peatonal paralelo al río Magdalena en Neiva, ayudan a concebir un urbanismo que va más allá de trazados viales y edificaciones, y que hace la diferencia entre ambiente sostenido y ambiente destruido.

Tags: Avenida Longitudinal de Occidente Congreso Congreso de la República Ambientalismo Medio ambiente



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Feb 2012 13

Servicio vs. Beneficio

 

"El vínculo entre servicios públicos y la forma de vivir es determinante, al punto que es uno de los criterios que sirve para la evaluación mundial de las ciudades": senador Carlos Baena (MIRA).

La Superintendencia de Servicios Públicos acaba de divulgar que el año anterior aumentó el total de sanciones impuestas a empresas de ese sector. También destacó que en 2011 se presentó un 8% de quejas más que en 2010. El crecimiento de los requerimientos y el de las sanciones, muestra una mayor actividad ciudadana de control, y más inspección y vigilancia por parte del Estado, lo que resulta lógico en una sociedad que entiende el servicio como un derecho del que depende su calidad de vida.

El vínculo entre servicios públicos y la forma de vivir es determinante, al punto que es uno de los criterios que sirve para la evaluación mundial de las ciudades. En el informe de calidad de vida de 2011, entre 211 ciudades, Bogotá se ubicó el puesto 130. Una señal de lo mucho que hay por mejorar en el contexto nacional.

La íntima relación entre servicios públicos y la manera en que vivimos en Colombia, conduce a poner en primera plana las decisiones de las autoridades territoriales. Incrementar o reducir los subsidios para los estratos más bajos, o autorizar la creación de empresas para la gestión de planes departamentales de agua, son algunas de las determinaciones que se ventilan con mayor frecuencia por estos días en las asambleas y concejos. Al lado, aparecen solicitudes de autorizaciones para privatizar empresas o debates por la insuficiencia de suministro de energía, por el riesgo innegable de instalar poliductos o gasoductos en zonas habitadas, o por el derecho o no de los municipios a cobrar el alumbrado público.

A donde se mire, los servicios domiciliarios ocupan lugares principales en las agendas públicas y en los gastos habituales y más impactantes de las familias. Esa relevancia creciente, exige que los servicios recuperen presencia en las decisiones nacionales. Ahora la tienen con las sanciones que impone la Superintendencia y con las normas que emiten las Comisiones de Regulación, pero también el Congreso está llamado a alimentar debates y reglas sobre la materia.

En 2012 el Legislativo decidirá la creación de acciones judiciales especializadas en servicios y definirá dotar a los concejos de mayor capacidad de control sobre las empresas. Esas decisiones políticas sobre los servicios públicos, superan la concepción que los destaca como un beneficio y los ubica al nivel de asuntos con derecho a la mejor protección.

Tags: Bogotá Estado MIRA Servicios Públicos Privatización



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Ene 2012 31

Control de intimidación Vs. Control de cooperación

 

Las Corporaciones Públicas que ejercen control político y las popularmente llamadas "ías" (contralorías, personerías), son instancias que para unos alertan o intimidan el caminar de la administración, pero son principalmente apoyos para detectar los ámbitos a mejorar en los gobiernos.

La primera semana de los concejos municipales ha estado dedicada a tres elecciones: la de sus mesas directivas, la de contralores y la de personeros. Las tres instancias son cruciales para el funcionamiento de los territorios, pues en el caso de las mesas directivas definen en gran medida las agendas políticas y en el de los personeros y contralores se encargan de vigilar las decisiones administrativas y el manejo de los recursos.

Las corporaciones públicas que ejercen control político y las popularmente llamadas "ías" (contralorías, personerías), son instancias que para unos alertan o intimidan el caminar de la administración, pero son principalmente apoyos para detectar los ámbitos a mejorar en los gobiernos.

El mérito está llamado a ser la base de la escogencia de los auditores del interés público. Al inspirarse en la meritocracia, un postulado a dirigir un concejo, una personería o una contraloría, sustenta su aspiración en la capacidad y en la propuesta de asegurar un control honesto con la ciudadanía y justo con la administración.

Los concejos y los entes de control son canales de diálogo por los municipios, promueven que los moradores de un lugar se involucren en lo público y se ejerciten en la independencia propositiva y solidaria. Experiencias como la de Manizales, que mediante páginas de Internet convocó y logró que sus habitantes participaran del control de las obras públicas, animan a comprometerse en el cuidado de sus recursos. Figuras extendidas por distintas regiones del país, como los niños y niñas concejales, también expanden la cultura del interés común, de la convergencia cívica.

La primera semana de determinaciones a cargo de los concejos, no deja entonces un saldo cualquiera para los municipios, sino que constituye una expresión de lealtad con el pueblo. La correcta selección de los responsables de la verificación fiscal, del control político y de la gestión pública ejemplar, se convierte en prueba de la amistad con los ideales triunfantes en la elección de los gobiernos.

En síntesis, la primera semana de enero sentó en cada municipio de Colombia las bases para construir un control de intimidación o para avanzar en el control de cooperación, dirigido a realizar los valores políticos de la transparencia y la participación.



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Ene 2012 23

Incomunicación y marginalidad Vs. Interacción y prosperidad

 

Las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, están llamados a concurrir para que sus habitantes accedan a la conexión con el país y el exterior.

Londres dispondrá de la zona más grande de Europa con conexión gratuita a Internet inalámbrico. Esa decisión busca justamente que quienes asistan a los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en esa zona del mundo, puedan compartir con el resto de la humanidad sus fotografías y experiencias en ese evento. Así se deja una constancia de que la red mundial y la conectividad en general, son apreciadas condiciones para la realización de las personas. La situación es distinta en otras latitudes de Colombia, donde la baja conectividad de muchas zonas, las deja apenas con una eventual esperanza de interacción.

Lugares rurales de departamentos del Huila, Meta o del Caquetá, por ejemplo, muestran que hay una extensa labor por hacer en conexión telefónica y de internet. En cercanías al centro de Colombia, en el municipio de Puerto López, cientos de habitantes deben buscar lugares específicos para lograr recibir o realizar una llamada de celular: "Cerca al río o en esa planada", dicen algunos, es un buen lugar para hablar por teléfono. En zonas de Caquetá, como Puerto Rico o el mismo San Vicente del Caguán, no es extraño ver personas que se suben a los árboles o que hacen fila para pararse a la entrada de un hospital, porque es el único lugar en el que se recibe la señal necesaria para comunicarse mediante un teléfono móvil.

En cuanto a la Internet, la banda ancha es un bien escaso y anhelado en muchas regiones. La demanda de acceso a la conexión se suele suplir con módems de operadores celulares, pero su desempeño sufre limitaciones parecidas a las de las llamadas.

Esa baja conectividad de internet y telefonía móvil en kilómetros de la geografía del país, da urgencia al cumplimiento de los compromisos de ampliación de conectividad, que asumió el Gobierno y que avaló el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo. Las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, están llamados a concurrir para que sus habitantes accedan a la conexión con el país y el exterior. La más inmediata oportunidad para aportar a la mejora de la telefonía y el Internet son los planes de desarrollo, en cuya elaboración se ocupan desde ya las administraciones departamentales y municipales.

Si en cualquier lugar de nuestro territorio fuera posible acceder a la Internet y a telefonía de calidad, se le habrá ganado la partida a una grave forma de incomunicación y marginalidad. En su lugar se habrá dado lugar a mayor interacción y prosperidad.

Tags: Internet Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Conectividad Prosperidad Prosperidad democrática



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Dic 2011 23

Gobierno inmediatista vs. Gobierno transgeneracional

 

"El Gobierno se entiende como una secuencia de líderes y avances comprometidos con el presente y el futuro": senador Carlos Baena (MIRA).

El próximo primero de enero, los nuevos alcaldes y gobernadores tomarán posesión de sus cargos. Al lado de ellos, los concejos y asambleas se integrarán con los ganadores de las elecciones de octubre pasado, llamados a hacer control político y a establecer las reglas de juego para las administraciones y los ciudadanos.

El cambio de Gobierno habría de significar un mejor acontecer en cada rincón de Colombia. Aunque pareciera utópico, las fórmulas del gobierno virtuoso, por los siglos y en todas las épocas, incluyen en sus bases a la equidad, la prudencia, la solidaridad, y la lealtad con la ciudadanía.

Esos valores fundamentales, se concretan en decisiones políticas en las que la ética de la acción oficial puede ser identificada. Las contribuciones a valores existenciales como el ambiente, la salud o el acceso a los servicios públicos, son las más frecuentes y evaluadas en la agenda pública.

Pero también el interés en valores vitales como la educación, resulta importante en administraciones con visión a largo plazo. En esos casos, el Gobierno se entiende no como una oportunidad interrumpida cada cuatro años, sino como una secuencia de líderes y avances comprometidos con el presente y el futuro.

No en vano estos días se han dedicado a las asambleas de partidos y movimientos que hacen parte del escenario público, pues la renovación del poder local convoca a reiterar y repensar el compromiso con los valores políticos. El aumento de la participación efectiva de la mujer en los cargos, el incremento del control político y la consolidación de una independencia propositiva y solidaria, son algunos retos en el horizonte de una cultura política trascendente y transgeneracional.

A los nuevos mandatarios les corresponderá distinguirse entre una línea inmediatista que busque solamente eficiencias de corto plazo, o una que sin dejar de dar soluciones a situaciones inaplazables de la sociedad, también tenga la capacidad de aplicar un proyecto de larga vida. Este última opción será además garantía de continuidad de quienes conquistaron el voto de sus conciudadanos, como una expresión de esperanza en que la gestión del Estado fortalezca los vínculos actuales y las metas futuras entre los ciudadanos.



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Dic 2011 16

Discriminación vs. convivencia con respeto

 

"La cultura de la discriminación no es compatible con la dignidad humana": senador Carlos Baena (MIRA).

Colombia, segundo país de América Latina con más habitantes afro, cuenta desde diciembre de 2011 con la ley que penaliza el racismo y la discriminación. El año internacional de la Afrodescendencia y Nacional de la Afrocolombianidad, deja entre sus resultados una ley histórica.

La norma, de iniciativa del Movimiento Político MIRA, se motivó en la deuda ancestral con la población de origen africano, que presenta hoy los mayores índices de desplazamiento y pobreza, entre otros factores de vulnerabilidad.

La Ley 1482 de 2011, incorpora la sanción a la discriminación por motivos étnicos, con lo cual reprocha tratos diferenciados e injustificados contra indígenas, y hace justicia con las personas de esta identidad y con sus comunidades.

El trámite en el Congreso, enriquecido con aportes de distintas bancadas, incluyó la discriminación por motivos de nacionalidad, como una conducta reprochable desde el punto de vista penal. Esa decisión, resulta coherente y solidaria con millones de colombianos que viven en el exterior y que en distintos casos han sido sujetos de discriminación. Si miles de connacionales han sufrido ese rechazo fuera de nuestras fronteras, es apenas lógico que dentro de nuestro territorio esa marginación por el origen no sea admisible.

También la discriminación por motivos de sexo será sancionada. El pago de salarios inferiores a las mujeres, por el hecho de serlo, y su exclusión de oportunidades educativas, entre otras circunstancias, no seguirán pasando inadvertidos. La marginación por motivos de orientación sexual, es otra conducta que dio el paso a la escena legal, para merecer pena de prisión y multa.

La ley que sanciona el racismo y la discriminación en Colombia, es una norma que toca las fibras de la cotidianidad social. La aplicación de la nueva legislación sacará a la luz y reprochará cientos de situaciones que durante años parecieron normales y aceptables.

La influencia de esta decisión del Congreso, avalada por la Presidencia de la República, se ha hecho evidente en situaciones resaltadas como noticia nacional. El trato descalificatorio que un docente universitario habría dado recientemente a un estudiante afrodescendiente y la polémica por una fotografía publicada en una revista internacional, en la que dos mujeres afrocolombianas aparecen en una actitud estigmatizante, son apenas dos situaciones que comprueban la necesidad de determinaciones legales que apoyen la transformación de nuestra sociedad.

La cultura de la discriminación no es compatible con la dignidad humana y con los valores fundamentales de la solidaridad, la justicia, la lealtad y la honestidad. En su lugar es necesario incidir en las generaciones actuales y venideras, para que día a día se conviva con respeto.



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Dic 2011 05

¿Estado proveedor vs. Estado interventor?

 

"Para Colombia, el logro de funciones básicas del Estado, como la seguridad, sigue siendo puesto en entredicho": senador Carlos Baena (MIRA).

La discusión sobre la educación superior, la precaria acción estatal para superar y prevenir las afectaciones del invierno, y los delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, entre otros hechos, se presentan como una secuencia que obliga a pensar sobre el Estado que tenemos y el que necesitamos.

Hace cerca de dos décadas, cuando apenas se extendía el discurso sobre la globalización, se hablaba del fracaso del Estado benefactor, aquel que atendía las necesidades de sus ciudadanos, prestando directamente los servicios a sus ciudadanos, desde los bancarios hasta alimentarios.

Si bien las instituciones colombianas no alcanzaron a constituir un estado bienestar comparable con el norteamericano o el europeo, sí se trataba de un estado grande, acusado de corrupción y paquidérmico. Se afirmó entonces la necesidad de reducir el tamaño organizacional, privatizar empresas y servicios oficiales, focalizar el gasto social en los más pobres, abrir la economía y reducir a su mínima expresión la regulación estatal, entre otros.

En veinte años, el papel del Estado pasó de proveedor a interventor, a revisar que los particulares cumplan funciones de acuerdo con el encargo oficial. Esa labor de verificación, está precedida de la planeación y diseño de políticas y mecanismos para su cumplimiento, que son inherentes a la responsabilidad estatal. Lo cierto es que aunque el Estado ha cambiado, el balance de su lentitud y su corrupción parece agravarse o por lo menos se ha hecho más visible

Los dos paradigmas del Estado, más conocidos e implementados en el mundo occidental en los últimos cien años, no dejaron a la ciudadanía contenta ni en el país ni fuera de él. El movimiento de los indignados, las tesis sobre el fin de la historia y el vacío de objetivos de interés común, son apenas una mínima expresión de los retos que persisten para la organización política. Para Colombia, el logro de funciones básicas del Estado, como la seguridad, sigue siendo puesto en entredicho, por lo cual el énfasis de las preocupaciones públicas necesita ser redefinido.

Ante el inicio de un nuevo periodo para las administraciones locales y de desafíos para el gobierno nacional, es preciso que la gestión pública deje atrás la visión sobre su organización como la prioridad de su acción. La respuesta a las exigencias históricas al Estado, puede hallarse no tanto en la estructura de las organizaciones, como en su enfoque a la finalidad de servirle al ciudadano, combinando su carácter de proveedor e interventor, y las demás que resulten necesarias para cumplir el fin principal que es el de satisfacer el interés general de sus sociedades.



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Nov 2011 24

Movilidad: habilitar vs. incapacitar

 

"La cotidianidad de la movilidad invita a la reingeniería de las administraciones territoriales y del Gobierno Nacional": senador Carlos Baena (MIRA).

La capacidad de moverse es fundamental en cada individuo, al punto que poder trasladarse por medios propios y en condiciones de seguridad hace parte de los derechos humanos. Ese mismo carácter fundamental de la movilidad está también presente en las sociedades, que dependen de ella para su desempeño integral, en especial el social y económico.

Entre quienes mejor conocen la necesidad de la movilidad como condición de dignidad y realización están las personas con discapacidad motora, porque se ven abocadas a superar numerosas barreras físicas, culturales y sociales para poder alcanzar fines que pasan casi inadvertidos para quienes no tienen esas limitaciones. Algo similar sucede en los territorios con restricciones para circular, en los que la producción, el disfrute del tiempo, los traslados y los intercambios son mucho más difíciles que en sociedades con infraestructuras, regulaciones y relaciones adecuadas para el movimiento físico de sus miembros y sus bienes.

El examen de la movilidad no es muy alentador en Colombia. Los últimos días abundan en derrumbes, cierre de vías y, en síntesis, en la imposibilidad de movilizar pasajeros y carga. La comunicación entre Buenaventura y Cali, el estado de "La Línea" y de carreteras en Santander, muestran una movilidad incapacitada como imagen repetida durante meses y en distintos lugares.

Si el mantenimiento y ampliación de la red vial urbana y nacional, y la prevención de su destrucción se aplazan, la reparación de los daños será interminable y el camino para la movilidad habrá que recorrerlo en una condición permanente de incapacidad.

El informe de la Veeduría Distrital de Bogotá de esta semana, también expone un mal que se extiende en otras ciudades, al diagnosticar una movilidad en retroceso, pues hace cinco años los vehículos particulares transitaban a 33 km/h, y ahora lo hacen a 24 km/h, debido a que casi en el mismo lapso la malla vial creció sólo un 2,7%, mientras que los automotores aumentaron en un 91%. Si los recursos para movilizarse crecen a ritmos dispares, o unos se incrementan mientras otros retroceden, la competitividad y la calidad de vida en el País seguirán en la lista de espera.

La cotidianidad de la movilidad, agravada por un invierno constante, invita a la reingeniería de las administraciones territoriales y del Gobierno Nacional, para atender la contundencia de las necesidades ciudadanas de transitar. Es tiempo de abrir paso a una movilidad que habilita y que no se incapacita por causas previsibles o por la mora en las decisiones públicas.

 



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Nov 2011 16

Educación Formal vs. Educación Vital

 

 

"La educación ha de ser siempre un bien público que permita la realización de fines como la generación de conocimiento": senador Carlos Baena (MIRA).

Desde el primer trimestre de 2011, el país ha asistido al debate sobre la educación superior. A raíz de la propuesta de reforma a la ley 30, que desde 1992 regula las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas, los rectores, estudiantes, profesores y personal administrativo de esos organismos, han puesto sobre la mesa aspectos que invitan a la reflexión nacional acerca de la educación como valor vital del individuo y transformador de la sociedad.

El análisis ha mostrado esquinas opuestas en la política educativa. De entrada, revivió la discusión en relación con la privatización de la educación, que no enfrentó a universidades públicas y particulares, pues llama la atención cómo rectores de instituciones con uno y otro carácter han estado del mismo lado al analizar distintos aspectos de la Reforma. Los argumentos alusivos a la privatización se refieren a la financiación que haría cada vez más dependientes a las instituciones oficiales de los recursos que generen por sí mismas o de los que el sector privado invierta en ellas, o del acceso al crédito por parte de los estudiantes y sus familias.

De fondo está reconocer que la educación ha de ser siempre un bien público de protección especial, que permita la realización de fines como la generación de conocimiento, basado en la investigación, la formación integral y no sólo profesionalizante, sustentada en la docencia, y los vínculos entre academia y sociedad, reconocida como la extensión. De allí que resulte justificado preguntarse si una forma de financiación limita el alcanzar esos propósitos, y si afecta la autonomía necesaria para que el saber se construya y se difunda.

En la revisión de las sumas actuales a asignar a las universidades públicas, se destaca su insuficiencia para cubrir obligaciones pensionales y para aumentar la cobertura, que según lo informan las instituciones, ha sido a costa de sus propios esfuerzos. Se compara ese déficit con el crecimiento del presupuesto en sectores como el minero y la defensa. No hay duda que la asignación mayoritaria de dineros públicos indica las prioridades estatales, por lo que luego de décadas de énfasis en otros ámbitos, es válido considerar su aumento en el sector educativo.

La cuestión que convoca al Congreso de la República y a la sociedad toda por estos meses, no es ya una discusión acerca de la educación formal, es un reto para avanzar a la educación vital, un valor humano y social en el que Colombia tiene mucho por recorrer.

 



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Nov 2011 03

Coyuntura electoral vs. Estructura electoral

 

"Para que la democracia colombiana mejore, desde ya el país necesita fijar y cumplir una agenda con transformaciones concretas": senador Carlos Baena (MIRA).

Pasarán tres años para que los colombianos tengan una nueva oportunidad de concurrir a las urnas. En 2014 vendrá la elección del Congreso y de Presidencia, y en 2015 se elegirán nuevamente las autoridades locales. Para que la democracia colombiana mejore, desde ya el País necesita fijar y cumplir una agenda con transformaciones concretas.

Esta semana inician en el Congreso las audiencias públicas para analizar los proyectos de reforma al Código Electoral. Uno presentado por el Congreso y otro por la Bancada de MIRA en esa corporación. No será suficiente con una modificación más, es necesario remover viejos procedimientos electorales, fijados desde 1986 y pensados para una realidad muy distinta a la que vivimos el pasado domingo en todo el territorio nacional.

El punto más estructural en esa agenda de cambio electoral es el de la cultura y la educación, como bases de una democracia real en la que la ciudadanía aprecie su poder decisorio, más allá de beneficios momentáneos.

El camino de transformación electoral pasa necesariamente por un fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, en aspectos fundamentales: la rendición de cuentas de sus representantes; la vigilancia constante sobre las determinaciones que adopten sus elegidos; la fijación de responsabilidades por el cumplimiento o no de los planes de gobierno y las plataformas programáticas de sus alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones, entre otras medidas.

En las autoridades electorales y los organismos de control son necesarias modificaciones en su composición, en sus capacidades de corrección inmediata de irregularidades y en la atención imparcial de requerimientos ciudadanos y de las organizaciones partícipes de los procesos políticos.

Las instituciones de la sociedad civil, como las veedurías y las misiones de observación, requieren de la estabilidad que les permita una actividad permanente y un protagonismo estructural.

Los medios de comunicación son canales idóneos para el seguimiento de la gestión de los gobiernos y de la actividad de los partidos, responsabilidad que han asumido con énfasis en los últimos años y que puede ser fortalecida con procesos sistemáticos de evaluación de las administraciones y los miembros de las corporaciones.

La combinación de cambios en la formación y la cultura electoral, en la organización y exigencias a los partidos y movimientos políticos, en la composición e ingeniería de los organismos electorales y de control, y el incremento de la evaluación y divulgación mediante los medios de comunicación, perfilan una agenda de largo aliento. Los próximos años serán escasos para lograr modificaciones que lleven de la coyuntura electoral a la estructura electoral.

 



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Oct 2011 25

Agenda de Gobierno Vs. Agenda del Invierno

 

"El enfoque de la mayor parte de las propuestas para la gestión del riesgo es remedial, lo cual resulta necesario sí, pero también insuficiente": senador Carlos Baena (MIRA).

La agenda del Gobierno sigue viéndose modificada por la que impone el invierno. Hace unos días indicábamos cómo una de las consideraciones del incremento en el Presupuesto de la Nación es el invierno pasado, al que se le suma el que vivimos hace algunas semanas.

Esta semana la Cámara de Representantes da el debate a un proyecto de ley sobre gestión del riesgo. Se trata de una iniciativa que procura actualizar la organización institucional, pública y privada, en relación con los desastres. La norma también incluye disposiciones que habían sido consideradas en los decretos de la emergencia social, económica y ecológica adoptada por el Gobierno a inicios de este año, y que habían sido declaradas inconstitucionales.

También en el Congreso están cerca de ser aprobados dos proyectos sobre empleo de emergencia y apoyos a servicios públicos para personas afectadas por el invierno, que iniciaron su curso en la legislatura anterior, por iniciativa de miembros de las comisiones de invierno de Cámara y Senado. Este conjunto de disposiciones ayudará a organizar las actuaciones frente a las emergencias y a mejorar los apoyos a quienes resulten damnificados.

Algo sigue faltando. El enfoque de la mayor parte de las propuestas para la gestión del riesgo es remedial, lo cual resulta necesario sí, pero también insuficiente. De lo contrario, el conjunto de las normas adoptadas en la emergencia de 2010 y que se volvieron legislación permanente, habría ayudado a evitar los estragos que vive nuevamente gran parte del País.

uedan pendientes las acciones de prevención y promoción. Al igual que en la salud, el manejo de los riesgos exige prevenir, promover buenos hábitos de construcción, disposición de aguas, desechos, y restricciones a la explotación minera, entre otros. Cuando el buen estado físico desaparece, pareciera no quedar más que remediar y atenuar los dolores, pero lo cierto es que la acción médica puede prevenir su extensión.

Si la agenda pública en materia de invierno se centra en remediar, y no en promover ni prevenir, la salud del país, bastante resquebrajada por el invierno anterior, sólo podrá agravarse. Es tiempo de impedir que sobrevenga una enfermedad peor, que las defensas no puedan controlar.

Lo mejor sería que la agenda del gobierno se ajuste desde ahora a la del invierno. Así podría aplicar paliativos ante el dolor existente, pero especialmente prevenir y evitar nuevos y mayores daños.

 



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Oct 2011 11

Hábitat marginal Vs. hábitat existencial

 

"La agenda pública de las ciudades y la gestión para su desarrollo, requiere varios compromisos": senador Carlos Baena (MIRA).

 

El primer lunes de octubre fue definido por las Naciones Unidas como el día Mundial del Hábitat. Desde 1985, cuando se adoptó esta conmemoración, hasta el 2011, han transcurrido 26 años en los que muchas cosas han cambiado. Lo que sí permanece es la necesidad de que el hábitat sea un escenario de protección y bienestar, más que un lugar de subsistencia.

Una concepción estrictamente física del hábitat lo asumiría como un lugar dotado de condiciones que permitan la presencia humana y su sobrevivencia. Desde un enfoque de valores, el hábitat es una condición existencial que tiene un componente físico, pero también le son inherentes las dimensiones ambiental, cultural, social, económica, política, organizacional e incluso normativa.

Para citar el ejemplo más característico de nuestra época, los asentamientos humanos son hoy preponderantemente urbanos. El hábitat de las ciudades es diferente al rural y en ellas radica la mayor parte de las expectativas de existencia grata para la humanidad presente y la que se seguirá sumando a los cerca de 7000 millones de personas que hoy están poblando la Tierra.

Colombia se encuentra en una fase preliminar de atención de los retos del hábitat. Están por definirse aspectos como la protección y creación de bosques urbanos, el uso de mecanismos de construcción sostenible, la implementación de energías alternativas que alimenten a los hogares e industrias, la implementación de vehículos eléctricos en el transporte público y privado, y la cultura de la recuperación y aprovechamiento de residuos, entre otros.

La agenda pública de las ciudades y la gestión para su desarrollo, requiere varios compromisos. Las alcaldías, gobernaciones y los miembros de las corporaciones, como concejales y diputados, que se elijan el próximo 30 de octubre, están llamados a incorporar y cumplir compromisos de transformación y sostenibilidad del Hábitat. La ciudadanía que vote ese domingo, analizará si las propuestas de sus candidatos omiten o consideran estos aspectos dentro de sus prioridades.

El Gobierno Nacional está convocado no sólo a definir e implementar la política de ciudades, sino ahora también a reconstruir y transformar muchos escenarios, incluidos aquellos afectados por el invierno y los que posiblemente se afecten con la nueva temporada de lluvias. Adicionalmente, el Congreso de la República, estudiará una iniciativa que radicaremos esta semana, dirigida a estimular la construcción sostenible.

Pasar de un hábitat marginal, en el que apenas se subsiste, a uno existencial, en el que la integralidad de cada individuo pueda realizarse, es el reto inaplazable de las autoridades colombianas y de la ciudadanía que las elige.

 

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Sep 2011 22

Sistema para la Salud Vs. Sistema para la Enfermedad

Hace menos de un año, Colombia estrenó la ley 1438 para corregir aspectos preocupantes en salud.  Nuestro voto en el Congreso fue negativo, por cuanto no se trataba de una reforma de fondo que abordara los problemas de  intermediación de las EPS, de la prevención y promoción, de los giros directos a toda la red hospitalaria e IPS en general, entre otras omisiones.  La reforma quedó inconclusa y lo sucedido en 2011 confirma que las transformaciones estructurales son indispensables.

Propusimos hace pocos días, en la plenaria del Senado, conformar una comisión de todos los partidos con presencia en el Congreso, incluidos los que no hacemos parte de la Unidad Nacional, para estudiar y sacar adelante, directamente con el señor Presidente de la República, una reforma que resuelva los problemas de la salud. La iniciativa obedece al compromiso público que asumió el Jefe del Gobierno, ante la secuencia de intervenciones de la Superintendencia y que confirmaron la fragilidad de la acción privada y pública en relación con la salud.

Nuestra propuesta consiste en avanzar hacia una sola aseguradora o EPS pública, sin ánimo de lucro. Esa aseguradora estará impedida para prestar servicios directamente como ocurre hoy con la integración vertical, que ha llevado a que las EPS atiendan en salud directamente y compitan con los hospitales.  El resultado es la quiebra, pues no sólo se evita que la red de atención reciba a los pacientes sino que cuando lo hace por cuenta de las EPS, éstas no siempre cancelan las deudas, al punto que el total a pagar a los hospitales alcanza los 3.7 billones, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.   
 
La EPS a crear tampoco podría trabajar con gastos desbordados de administración, que hoy admiten hasta el 10% de la Unidad de Pago por Capitación, una cifra descomunal para atender costos de gestión y no la promoción, prevención ni intervención en salud.

De la ley 1438 hay que poner en marcha inmediatamente la red integrada de servicios de salud, para que trabaje de la mano con la red pública. En ella hay que asegurar una integración que dignifique a los médicos y trabajadores de la salud, sujetos a salarios intermediados, excesivas jornadas, y restricciones en sus conceptos y recomendaciones médicas.

La distorsión del sistema de salud por la preponderancia del interés de lucro se vuelve perversidad, se convierte en un estado terminal. Esa es la situación colombiana, porque la atención en salud responde a la orientación financiera, y ésta es favorecida si la fuente de ingresos son los enfermos y su mayor gravedad.  A esta hora, el reto del Estado y la ciudadanía es lograr una reforma que detenga y reverse la mutación del sistema de salud en un sistema para la enfermedad.

 

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Sep 2011 15

¿Acuerdos para comerciar Vs. acuerdos para recuperar?

"Ante la inminencia del inicio de la nueva ola invernal, el Gobierno no debería descuidar en ninguna de sus agendas el afán de superar los daños del invierno anterior": Senador Carlos Bena (MIRA).

El Gobierno Nacional celebra en sus páginas oficiales el anuncio del Presidente de los Estados Unidos, acerca de la posible aprobación del TLC, así como los acuerdos con Japón orientados a aumentar la inversión en Colombia. De nuevo el énfasis en la diplomacia comercial es evidenciado, lo cual contrasta con la escasa incidencia en la agenda externa, de gestiones orientadas a la recuperación frente a los desastres.

A seis meses del terremoto de Japón y 10 años de la tragedia de las Torres Gemelas, conmemorados ambos el pasado 11 de septiembre, esas dos naciones han dado claras muestras de la acumulación de experiencia y capacidad de recuperación ante las tragedias.

Estados Unidos ha asumido la transformación de la zona en la que se ubicaban las Torres Gemelas, mediante edificaciones en las que se busca evitar deficiencias como las que tenían las antiguas construcciones y que contribuyeron a incrementar la tragedia. Además, son fomentadas las narraciones de las víctimas acerca de cómo lograron sobrevivir, en una especie de aprendizaje social sobre cómo superar la adversidad. Japón, por su parte, es reconocido por la previsión ante las tragedias, la organización comunitaria, el sentido cívico y la capacidad práctica para hacerle frente a los desastres. Basta recordar algunos reportes en los que se informaba cómo sólo dos semanas después del terremoto de más de 9 grados en la escala de Richter, numerosos puentes y vías ya estaban reconstruidos.

Colombia, por su parte, aún no acaba de organizar la institucionalidad necesaria para atender las emergencias, cuya precariedad se evidenció durante el invierno anterior. Por ejemplo, según una respuesta de finales del mes pasado, emanada de Planeación Nacional, aún no había comenzado la viabilización de Proyectos por parte del Fondo de Adaptación, creado justamente para asegurar la reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno. Además, son frecuentes los mutuos requerimientos y cuestionamientos entre el Gobierno Nacional y autoridades territoriales, acerca del giro efectivo de recursos y la ejecución de obras. Entre tanto, miles de colombianos afectados por el invierno, continúan en albergues y condiciones infrahumanas.

Ante la inminencia del inicio de la nueva ola invernal, el Gobierno no debería descuidar en ninguna de sus agendas el afán de superar los daños del invierno anterior y de prevenir los que ya se anuncian por parte de las autoridades ambientales de Colombia. Sin duda, la diplomacia nacional podría ayudar mucho para aprender de Japón y Estados Unidos, no sólo para comerciar sino también para recuperar.

 

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Sep 2011 07

¿Superar el veto Vs. conservar el respeto?

“Ha brotado la sensibilidad social frente a vetos carentes de razón, que infortunadamente causan en nuestra cultura tratos humillantes y agresivos": senador Carlos Baena (MIRA).

En las últimas semanas los colombianos han multiplicado escenarios para opinar sobre el racismo y la discriminación. Ha brotado la sensibilidad social frente a vetos carentes de razón, que infortunadamente causan en nuestra cultura tratos humillantes y agresivos. La raza, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, la religión, la ideología, entre otros, son diferencias con las que se convive en aparente tolerancia, pero que en el día a día motivan tratos degradantes.

La incidencia de esas conductas que afectan la dignidad es de tal magnitud, que la Corte Constitucional ha conocido tutelas con las que se invoca la protección de derechos fundamentales. Un grado máximo con el que la Corte ha exigido la protección frente a la discriminación tuvo lugar en 2005, cuando exhortó al Congreso de la República para que, a la “mayor brevedad posible”, tramitara un proyecto de ley orientado a sancionar las prácticas o conductas de segregación racial conforme a la Convención Internacional de 1969.

La atención a ese llamado de la Corte, justifica que el año pasado hayamos presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley para penalizar el racismo, al que se sumaron discriminaciones por sexo, ideología y religión, entre otras causas. Su propósito es incentivar el surgimiento de una cultura de convivencia con respeto.

La convivencia con respeto tiene dos caras. Por un lado, evita que se descalifique, estigmatice o margine por la apariencia o cualquier causa de identidad individual, como la religión o el sexo. El negar el acceso a lugares públicos, el impedir que personas de una raza se vinculen a una ocupación o el demeritar el trabajo por razón de la personalidad e identidad, son conductas extrañas a una convivencia de calidad.

Igual importancia tiene el que la convivencia con respeto evita usar las diferencias para provocar a quienes tienen enfoques distintos de la vida. Así, por ejemplo, un joven con una ideología política no puede imponerla en su salón de clase, so pretexto de su derecho a no ser discriminado.  La convivencia con respeto no margina la diferencia, pero tampoco la impone.

De allí que el proyecto de ley que ha ocupado al Congreso y al conjunto de la opinión pública en las últimas semanas, responda a un reto de equilibrio entre equidad y libertad. Equidad, pues combate los vetos provocados y multiplicados por la discriminación.  Libertad, porque asegura que la superación del veto no significa abolir el respeto.

La garantía de superar los vetos y, a su vez, mantener el respeto, puede ser alimentada por la ley tal como lo propone la iniciativa que con tanto esmero ha sido debatida en estos días, pero sólo podrá ser sostenible en una cultura renovada, cuya construcción en Colombia no puede ser aplazada por más siglos.

 

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Ago 2011 30

Agua vital vs. Agua letal

"La emergencia invernal, generada por el fenómeno de La Niña, puso en evidencia las limitaciones del país para manejar adecuadamente sus aguas": senador Carlos Baena (MIRA)

Colombia se enorgullece ante la abundancia de fuentes de agua porque las concibe como sinónimo de la vida. Sin embargo, el agua vital no llega a todo el territorio que lo requiere y se duda de su sostenibilidad ante las deficiencias en el manejo de las cuencas, acueductos y sistemas de saneamiento.

La emergencia invernal, generada por el fenómeno de La Niña, puso en evidencia las limitaciones del país para manejar adecuadamente sus aguas, pues hoy existen más de tres millones de personas afectadas por los efectos de un año de lluvia constante.

El agua mal aprovechada, mal cuidada, mal valorada, puede volverse letal. La indebida acción o la omisión humana transforman el agua, haciendo del tesoro una amenaza.

Un informe reciente del Banco Nacional de Agua Potable y Energías Renovables señala que un 40% de la población que habita en zonas afectadas por el fenómeno de 'La Niña' padece enfermedades diarreicas. Entre las razones que lo explican están las condiciones inadecuadas del líquido. Por ejemplo, en un albergue del Carmen de Bolívar, las personas damnificadas consumen agua con óxido y contaminada con heces de murciélago. En otros lugares de la Costa Caribe, como Arjona y Manatí, los afectados consumen agua no potable a la que le aplican hipoclorito de sodio.

La baja cantidad de líquido también se convierte en un factor preocupante. Aunque cada persona debería disponer de 50 litros diarios para cubrir distintas necesidades, estos connacionales ven aumentada su tragedia al acceder solamente a 12 litros aproximadamente. Esas cantidades se reducen, además, por el colapso de acueductos, como ha sucedido en Jurado, en el Medio San Juan y en el Litoral del San Juan, ubicados en el Chocó.

El desempeño nacional ante el fenómeno de 'La Niña' y sus efectos no es satisfactorio, a pesar de encontrarnos a menos de cuatro años de concluir el decenio internacional para la acción: "El agua, fuente de vida" 2005-2015”, declarado por las Naciones Unidas para asegurar la gestión sostenible de los recursos hídricos.

La situación de quienes padecen los efectos del invierno y el compromiso, con el cuidado y aprovechamiento de fuentes que pertenecen a la humanidad y a las generaciones futuras, sustentan un llamado al Gobierno nacional para que se adopten medidas inmediatas de apoyo a la población y de mejoramiento integral de manejo del agua.

Solicitamos desde el Congreso un informe sobre el suministro del agua potable a los damnificados y requeriremos otro acerca del avance en las metas del decenio porque el agua vital no puede convertirse en agua letal.

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Ago 2011 26

¿Control Social Vs. Control Político?

 

Esta semana se realiza en Pereira el Primer Congreso Colombiano de Vocales de Control. Ellos son ciudadanos y ciudadanas que “defienden” a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, atienden sus quejas, las gestionan ante las empresas y, en fin, prestan una asistencia voluntaria. En un contexto de cuestionamiento a la gestión pública, en el que aparentemente los valores quedaron sólo en el recuerdo, estos vocales que integran los Comités de Desarrollo y Control Social, dan ejemplo de solidaridad. Con sentido práctico y también de justicia, ocupan su tiempo en servir a sus vecinos para que el agua, la energía, el gas y parte de las comunicaciones lleguen a las casas, empresas, escuelas, y otros ámbitos.

Cuando asumen participar con un fin de interés general, realizan valores políticos que confirman la pertenencia a la sociedad.  Integran la triada Estado, empresas y comunidades, para asegurar que lo público se haga realidad en los servicios domiciliarios.

Los vocales toman en cuenta que los servicios dependen del ambiente y que, por ende, son para el presente y el futuro. Reconocen así que los servicios deberán mantenerse en el tiempo, con calidad, continuidad e igualdad de acceso, para que la sostenibilidad de las ciudades sea posible.

A veces dotados sólo con su determinación, los vocales controlan sociedades de gran capacidad económica y operativa, y promueven que los problemas de los usuarios sean resueltos.  Es indudable que en su consolidación han apoyado la Superintendencia de Servicios, las empresas y las autoridades de las entidades territoriales.
 
Los miembros de concejos y asambleas han querido sumar al control social el control político a su cargo.  Esa facultad natural de las corporaciones frente a todo asunto de interés colectivo ha sido llevada a la práctica en recintos de la democracia municipal y departamental. En otros casos, de forma lamentable, a esas corporaciones de representación popular se les ha opuesto la negativa de empresas a aceptar siquiera asistir ante el llamado de los cabildantes. Aducen para ello, que son la Superintendencia y los vocales las únicas instancias de vigilancia.  Así se ha hecho necesaria la regulación legal que haga ineludible el control político sobre los prestadores.

Los servicios se han convertido en prestaciones vitales, por lo que ni el control estatal ni el social ni el político, pueden escapar de una conjugación que protege a los colombianos. Ningún terreno más sediento y a la vez más fecundo que el de los servicios públicos, para sumar las facultades de control a favor de la ciudadanía.

 

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Jul 2011 31

Telefonía Celular Comercial Vs. Telefonía Celular Integral

En el mundo existen más de 5,3 billones de suscripciones a la telefonía celular, lo cual significa que más del 90% de la población mundial está cubierta por señal móvil, según lo indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estas cifras responden a una actividad comercial, pero sobre todo a que la humanidad encuentra en la interconexión una fuente de solución a múltiples necesidades. 

La telefonía celular ha mostrado su utilidad en situaciones de emergencia. Su valor ha sido innegable para la gestión del riesgo. En el terremoto de Japón y en el Tsunami de Sri Lanka, numerosas personas que hicieron uso del celular, lograron contactar a organismos de ayuda y ser rescatados.

El celular también se ha constituido en un factor de contacto familiar e incluso se señala como un elemento para la superación de la pobreza. Un reciente estudio hecho en la ciudad de Curitiba, enseña cómo las mujeres de menores ingresos encuentran en la telefonía celular un mecanismo para ser contactadas para actividades laborales no permanentes e incluso para conocer el estado de sus hijos estando a distancia. El contacto con familiares que viven en otros países, también ha hallado en la telefonía celular una herramienta privilegiada para mantener los vínculos y el mutuo cuidado.

La telefonía móvil ha sentado las bases del teletrabajo. Ante la caída de las torres gemelas en los Estados Unidos, muchas de las empresas afectadas lograron sostenerse mediante el trabajo vía móviles y multinacionales como Roche, IBM o Siemens aplican políticas intensas de teletrabajo. También su uso ha sido aplicado como estrategia para reducción del desempleo.

La prevención y sanción a la delincuencia han sido estimuladas con los celulares. La interconexión y compatibilidad a escala mundial de las redes de telecomunicaciones son esenciales para la gestión e integración internacional con el fin de combatir delitos que traspasan fronteras. Incluso los celulares han resultado medios de prueba y agilidad en la gestión de los organismos estatales y de la misma ciudadanía.

La telefonía celular ha contribuido al intercambio de conocimiento y a la universalización de tecnologías, como lo evidencia la presencia de equipos de las mismas condiciones en todas las latitudes. La convergencia tecnológica permite que en un solo equipo, las personas, incluso las más pobres, cuenten con cámaras fotográficas, agendas, calendarios, conexión a redes de Internet, entre otros, con lo cual facilita la actividad social, de entretenimiento, laboral y de formación.

La portabilidad numérica o mantener el mismo número de celular aunque se cambie de operador, concede un domicilio móvil en el que a pesar del traslado de vivienda e incluso de ciudad, la persona podrá ser contactada.

La integralidad de la telefonía celular hace inexplicable que se adopten medidas que propendan por el incremento de monopolios o de oligopolios. También hacen insostenibles determinaciones que aumenten los precios de celulares o del servicio que se presta mediante ellos y las redes vinculadas.

Con un enfoque al ciudadano, la telefonía celular convoca a entenderla como un servicio público por su carácter masivo e indispensable. Las condiciones de un servicio universal, exigen que en la telefonía celular se supere el enfoque comercial so pena de sacrificar el abordaje integral de un servicio público básico.

 

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Tags: Telefonía Celular



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Jun 2011 30

Naturaleza aprovechada Vs. Naturaleza exterminada

La inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en la Lista del Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, generó celebraciones en todo el País.  Esta decisión destaca un ejemplo de Naturaleza Aprovechada e incrementa las oportunidades para la difusión internacional, el turismo, la producción cafetera y la cultura construida a su alrededor.

No obstante, antes de la Declaratoria sucedida en la 35ª Reunión del Comité Mundial del Patrimonio, realizada en París, los observadores pudimos conocer uno de los estudios que sirvió de fundamento para la decisión, elaborado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), el cual señala que la explotación de oro existente en la región es una amenaza de gran envergadura para la conservación y protección del Paisaje.  Ante esa información, una de las delegaciones emitió la aprobación, condicionándola a la restricción de la explotación minera.

Salieron a relucir en ese escenario el Oro Verde compuesto por el valor natural, cultural, agrícola y paisajístico de nuestro paraíso cafetero, y al lado aquel Oro Dorado que también deja ver la riqueza de esta tierra. Sin embargo, las malas prácticas en la explotación aurífera y minera en general, fueron señaladas como un peligro censurable.  Si el Chocó biogeográfico, o las fuentes de aguas de los Andes antioqueños o las planicies de los Llanos Orientales hubiesen sido objeto de estudio para encontrar su valor para la humanidad, posiblemente esta advertencia también se habría registrado.

Las cifras hablan por sí solas acerca de la importancia de nuestra riqueza minera y su explotación. Según el portal País Minero, las exportaciones de carbón y oro, ascendieron a más de US$9.400 millones en 2010, frente a US$8.100 millones de 2009.  En la balanza de exportaciones, las mineras pasaron del 10% al 24%, en diez años. Las mayores empresas multinacionales ya arribaron a Colombia, y algunas de ellas destacan a La Colosa como el descubrimiento de oro más significativo en la última década.

Sin embargo, el riesgo de la indiscriminada explotación minera se ha convertido en una constante en escenarios internacionales. Para citar sólo otros dos ejemplos, el Periódico The New York Times registró “La guerra del oro” en zonas antioqueñas; y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDO, destacó que el País  presenta uno de los más altos índices de contaminación con cianuro, debido a la explotación minera.

El reto ante la abundancia de la geografía nacional es sostener la riqueza aprovechada, de la que es muestra  excepcional el Paisaje Cultural Cafetero, pero distanciar de nuestras prácticas productivas cualquier resultado de naturaleza exterminada.

 

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Jun 2011 24

El TPS le apuesta a la protección humanitaria y a la recuperación económica

“El TPS contribuirá a la recuperación económica del país, pues las remesas que los colombianos envían al país crecerán”: senador Carlos Baena (MIRA).

Más de treinta mil colombianos que viven en los Estados Unidos le solicitaron al Congreso y al Presidente Santos, tramitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).  

La figura del TPS le permite a los indocumentados obtener la autorización del gobierno norteamericano para trabajar legalmente en ese país, ser mejor remunerados, contar con seguridad social y apoyar a sus familias en ese lugar y en Colombia. 

La causa para esta solicitud radica en el grave invierno que afronta Colombia hace ya más de un año, y que ha constituido una catástrofe nacional, al punto que llevó a la declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica. Cuando los desastres naturales tienen lugar, los Estados Unidos pueden conceder el tratamiento especial a los migrantes, para mejorar su calidad de vida y apoyar, a su vez, a los países que han sufrido la tragedia. 

Justamente se considera que cuando los países sufren las calamidades naturales pierden la capacidad para recibir a sus connacionales en caso de deportación. Además con el TPS se reconoce que gran parte de la migración obedece a necesidades económicas de los parientes, que se hacen más grandes ante situaciones como el Fenómeno de la Niña.

El sentido del TPS es brindar protección humanitaria tanto a los colombianos que sin documentos afrontan difíciles condiciones en ciudades norteamericanas, así como a sus familiares en Colombia, afectados por el invierno, el cual ya compromete a más del 93% del territorio colombiano, según el Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal 2010-2011. 

El TPS también contribuirá a la recuperación económica del país, pues las remesas que los colombianos envían al país crecerán. Si hoy nuestros nacionales que viven en el resto del mundo aportan a la economía 7,5 billones de pesos anuales por remesas, con un TPS esta cifra podría aumentar significativamente, ayudando a la recuperación de las regiones y del país en general, pues el invierno ha dejado 28 departamentos con inundaciones, 372.890 hogares con afectación de su vivienda, y 384.504 familias con pérdidas agropecuarias para citar apenas unos ejemplos.  Sólo el daño en tierras agropecuarias supera los tres billones de pesos, por lo que todo apoyo resulta indispensable.

La petición de aprobar el TPS, enviada a la Casa de Nariño por miles de colombianos desde Estados Unidos, la apoyamos en el Congreso y  por eso mediante debate de control político, le planteamos a la Cancillería, al Ministerio del Interior y a la Presidencia, la necesidad de adoptar el liderazgo de esta solicitud ante el gobierno de Barack Obama y de asumir una diplomacia humanitaria y del desastre, que complemente la gestión internacional con la vocación social.

 

 

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Jun 2011 16

Desinterés vs. Identidad: desafío en la política colombiana

“Existe en el país un movimiento pendular que va desde el desinterés en la política, hasta el reconocimiento de su necesidad para la vida institucional”: senador Carlos Baena (MIRA).

Aunque sólo el 23% de los colombianos señale que le interesa la política, la atención pública se centra diariamente en las organizaciones que la  protagonizan. 

Ese dato de la Encuesta Latinobarómetro, realizada en 18 países de América Latina, coincide con el hecho de que en Colombia los partidos políticos son calificados como las instituciones en las que menos se confía, a pesar de que el 55% de los nacionales considera que sin ellos no puede haber democracia.

Existe en el país un movimiento pendular que va desde el extremo del desinterés en la política y los partidos, hasta el reconocimiento de su necesidad para la vida institucional. Ese vaivén se convierte en una oportunidad para construir identidad ciudadana con las organizaciones políticas.

La reforma realizada en 2009 y la ley estatutaria de los procesos electorales y de partidos y movimientos políticos que se espera salga a la luz antes de un mes, parece tender en algunos de sus aspectos a incrementar la identidad de la ciudadanía con esas instituciones.

El avance más claro en el fortalecimiento de la identidad ciudadana con los partidos, es la prohibición de la doble militancia, pues nadie podrá ser parte de más de una organización. Adicionalmente, será necesario que cada partido y movimiento lleve un registro de sus miembros, que a su vez remitirá al Consejo Nacional Electoral. 

El régimen sancionatorio de los partidos y movimientos políticos, y de sus directivas se hará más estricto una vez entre en vigencia la nueva legislación. La amonestación, la pérdida de la personería jurídica y de la financiación pública, son penas que podrán imponerse por fallas en la expedición de avales o en el control de las campañas, entre otros. De ese modo se arraiga la idea de que el partido o movimiento responde por sus miembros y en particular por sus candidatos y representantes.

Pero quizá uno de los estímulos más importantes para salir del desinterés y avanzar hacia la identidad, es el apoyo financiero y la orden legal dirigida a incrementar la participación de los afrodescendientes, los indígenas, las personas jóvenes y las mujeres en las listas de los partidos y movimientos políticos.

Comienza así una etapa para que la identidad gane terreno frente al desinterés ciudadano preponderante en las últimas décadas.

 

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Jun 2011 03

En celulares el reto es pasar del comercio al servicio

“Declarar la comunicación móvil como servicio público significará la generación de una regulación protectora del usuario”: senador Carlos Baena (MIRA).

Por cada cien colombianos hay noventa y dos celulares y la cifra se incrementa, pues sólo en 2010 se crearon 2,5 millones de líneas. Parte de la aceptación de la telefonía móvil se debe a la conectividad que brinda a distintos lugares que antes estaban descubiertos de la prestación de servicios de voz y datos por vías tradicionales como la telefonía fija y a la versatilidad que permite adaptarse sin perder oportunidades de contacto.

Las ventajas de la comunicación móvil la colocan en un lugar de preferencia en Colombia, pero también invitan a reflexionar acerca de los mejores mecanismos para su prestación y la vigilancia a las empresas que se encargan de proveerla. Al ser un servicio público, aunque no domiciliario, la protección del interés ciudadano y la acción de control estatal deben estar en el primer orden de importancia.

Hoy la vigilancia  de las empresas a cargo de la comunicación celular está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque se considera un servicio comercial y a quien la consume se le llama cliente. Nuestra propuesta en el Congreso de la República, es constituir la conexión móvil en un servicio público básico, en el que los usuarios tengan mecanismos reforzados de protección, que garanticen la calidad del servicio y de los medios que adquiere para su  prestación. 

Al constituirse en un servicio público básico, la conexión celular sería una actividad sujeta a mayores controles y  las fallas serían sancionadas de forma más drástica, con efectos directos para mejorar la calidad al usuario, quien con mayor frecuencia expresa su insatisfacción por facturaciones indebidas, fallas en la conexión, información insuficiente, entre otras causas. 

Las utilidades que para una sola empresa de telefonía pueden ascender a más de un billón de pesos al año, sustentan la mejora en la calidad de las redes, los aparatos móviles y los programas que permiten su operación. Al tratarse de un servicio masivo y con presencia mundial, también es necesario el aumento de las medidas de seguridad física y tecnológica que ayude por ejemplo a reducir el hurto de los aparatos y su tráfico hacia otras ciudades y países de América Latina.

El declarar la comunicación móvil como servicio público básico significará a la vez, la generación de una regulación protectora del usuario, la creación de instancias especializadas, tales como una Superintendencia de Comunicaciones, la mejora en el manejo de los desechos, y la participación ciudadana en las instancias de control.

 



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May 2011 05

Minería: locomotora o aplanadora

El Plan Nacional de Desarrollo aprobado la semana anterior  por el Congreso, incluye la minería como una locomotora para la prosperidad del País. Su aparición en la agenda de la economía no es nueva, pues ya en 2006 el Plan para el Desarrollo Minero había fijado metas a 2019. Con el lema de “Colombia un País Minero”, se espera que a finales de esta década se duplique el volumen de producción de carbón; se cuadruplique la producción de metales preciosos; y se incremente la extensión para exploración geológica.

Aunque las metas de la minería se fijan en planes, la explotación en la práctica es desordenada y desorientada. La falta de un Ordenamiento Minero, apenas en construcción, incentiva el descarrilamiento y por el camino permite que la agricultura sea una de las colisionadas. A pesar de que La Colosa, en el departamento del Tolima, es una despensa de alimentos, agua y recursos renovables, el avance de la explotación minera es incontenible. También parte del territorio del Paisaje Cultural Cafetero es objeto de títulos mineros concedidos o en estudio, aunque posiblemente esta Zona sea declarada en 2011, por la Unesco, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La vocación de la minería para jalonar el desarrollo económico también se pone en duda, cuando sobre la liquidación y pago de las regalías no existen los controles necesarios.  Ingeominas, entidad encargada de controlar más de 10.000 títulos mineros y los recursos generados en virtud de ellos, cuenta sólo con 40 funcionarios.

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo debió dejar en firme la carrilera, varias señales revelan que quedó inconclusa. Facultades asignadas al Gobierno, como las concesiones especiales,  le permiten mayor libertad para fijar reglas de exploración y aprovechamiento minero en cualquier región del País, lo que podría reducir la coordinación con los entes territoriales y especialmente con las comunidades que se verán comprometidas con esa actividad. Así mismo, la reasignación de facultades ambientales, sugeriría una desinstitucionalización de la política de sostenibilidad y sustentabilidad.  

Las responsabilidades estatales de cuidado ecológico y de fiscalización de la explotación son débiles en comparación con el rol de facilitar de la actividad minera.   Sin equidad ni sostenibilidad, la situación actual de la minería hace de la Locomotora sin carriles una potencial aplanadora, a la que la política de Gobierno, el ejercicio legislativo y las decisiones judiciales aún están a tiempo de colocar freno.

 

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Abr 2011 23

En las vías: conciencia para la convivencia

A medida que se generan siniestros en las vías del País, parece cobrar más fuerza el rechazo a los comportamientos que generan muertes y homicidios en nuestras calles y carreteras. Los accidentes que se originan por el licor, aquellos que resultan del exceso de velocidad, y los que surgen del irrespeto a las otras normas de tránsito o la intolerancia, dejan como lección que en las vías se conoce la conciencia y la capacidad para la convivencia.

Es innegable la importancia de las acciones de los gobiernos y las que ha emprendido desde hace varios años el Congreso de la República, para aumentar la sanción y penalización de conductas irresponsables que explican los más de 31.685 siniestros de tránsito, cuyo resultado final en 2010 fue de 5.281 víctimas fatales y 39.395 lesionadas. Más aún, a nivel mundial los siniestros viales son la novena causa de las muertes y se prevé que a este ritmo, para 2030 serán la cuarta causa de muerte.

Más allá de las acciones estatales, que son indispensables, se requiere la decisión de cada actor de la vía. Cada ciudadano se hace parte de las ciudades y municipios movilizándose por ellos, de allí el llamado a asumir esa expresión de civilidad, como parte de su conciencia y de su ética.

Al lado de las acciones de sanción, son necesarias las de educación y prevención, como las iniciativas ciudadanas. En ellas son principales protagonistas la educación vial, la asistencia a las víctimas, la participación y promoción social, especialmente en el control a las obras y condiciones viales, así como la gestión de la responsabilidad empresarial y la cooperación nacional e internacional.

La integralidad de la acción requerida frente a la siniestralidad vial, es un llamado para que las vías se conviertan en escenarios ordenados por la conciencia para lograr la convivencia.

 

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Tags: Congreso de la República



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Abr 2011 15

Fondo de adaptación: un abrebocas para la gestión del riesgo

La Corte Constitucional avaló la creación del Fondo de Adaptación como la instancia que se dedicará a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña". Sin duda, esta determinación reconoce la necesidad de fortalecer las entidades a cargo de la atención del riesgo en Colombia.

Sin embargo, la decisión dejó en ascuas una preocupación que planteamos antes del fallo, acerca del peligro de contratar con régimen privado los recursos de la emergencia, que pueden superar los quince billones de pesos.

Aunque la Corte dijo que la contratación por reglas privadas será posible sólo hasta 2014 y no admitió que se autorizara la venta de acciones de ECOPETROL ni que el patrimonio de esa eventual enajenación se destinara al Fondo de Adaptación, no deja de desconcertar que se deje esta puerta abierta, en un escenario en el que las preocupaciones jurídicas y políticas por contribuir a la transparencia en el manejo del dinero público están en el primer orden del día.

Pero además de la forma en la que va a contratar el Fondo, persisten otras inquietudes aún más estructurales.  El Fondo por sí mismo, es una figura que privilegia la administración de recursos, lo cual explica que dependa del Ministerio de Hacienda, pero no garantiza la gestión técnica del riesgo.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel internacional existen cuatro grupos de políticas en materia de riesgo: Identificación; Reducción, que involucra prevención - mitigación;  Manejo de Desastres, que incorpora respuesta y recuperación; y Gobernabilidad y Protección Financiera, que alude a la institucionalidad.  El Fondo de Adaptación responde a este último ámbito de la política, pero no es garantía de un desarrollo integral al que tampoco puede dar respuesta, por lo limitado de sus recursos, la actual Dirección Nacional para la Atención y Prevención de Desastres ni el Sistema que ella lidera y al que se vinculan los entes territoriales.

El compromiso estatal frente a los riesgos naturales requiere un desarrollo organizacional muy superior al disponible hoy. Además existe la oportunidad precisa, porque al amparo de la Emergencia, el Congreso puede dentro del año siguiente a la declaratoria, proponer iniciativas para derogar, modificar o adicionar los decretos, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno.

El horizonte a recorrer brinda ahora una buena perspectiva para que el Legislativo asuma el reto de avanzar en la mejora institucional para la gestión del riesgo, ojalá con el apoyo del Gobierno.

 

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Tags: Corte Constitucional Fenómeno La Niña



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Abr 2011 08

La decisión de la corte frente a la emergencia invernal

 

Con el reciente fallo de la Corte Constitucional de cara a la segunda declaratoria de emergencia por la crisis  invernal, se deben emprender acciones de carácter urgente y acciones de carácter fundamental.
 
En cuanto a lo urgente, que cobija el corto plazo, bien podría el Gobierno Nacional, por vía de decreto, expedir normas con la celeridad que demanda la situación por ejemplo en materia de educación para garantizar el acceso de los menos favorecidos en los lugares de mayor afectación. Por su parte el Congreso tendrá que expedir normas, en particular las relacionadas con la adición presupuestal para que a los pobres del invierno no les escaseen las ayudas humanitarias. Incluso la medida de sostener los subsidios ampliados que habíamos solicitado en diciembre del año anterior en materia de servicios públicos no puede esperar por parte bien sea del Congreso o en su defecto por el Gobierno, por cuanto sería inadmisible que con las condiciones actuales de pobreza los damnificados que aún están privados del uso de sus viviendas o que apenas están retornando, tuviesen que asumir el pago de los mismos siquiera por un mes.

Y como había manifestado al inicio,  se deben emprender acciones de carácter fundamental o esencial, a largo plazo, que en razón al fallo de la Corte estarán en cabeza del Congreso de la República, específicamente para dotar al país de una verdadera prevención a través de un sistema nacional del riesgo de desastres naturales. Semejante tarea es conveniente que sea asumida por el Órgano legislativo que representa las diferentes regiones del país y a sus variados intereses, en especial como espacio de deliberación para encontrar los mecanismos más adecuados para prevenir los impactos de la naturaleza en las condiciones de vida de los colombianos y colombianas y particularmente en la mitigación de la pobreza.

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Tags: Congreso Congreso de la República Corte Constitucional Ola Invernal



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Mar 2011 18

Servicios Públicos: Una canasta con mucho peso y poca participación

 

Una familia colombiana le destina cerca del 22% de sus ingresos al pago de servicios públicos. Según el último Informe de la Superintendencia a cargo del tema, estos dineros los reciben más de 1975 prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo, 21 comercializadores de energía, y 38 operadores de Telefonía.

Al lado de los alimentos, el gasto en servicios públicos determina gran parte del valor de la canasta de productos esenciales, especialmente para los más pobres. Las fallas y las fortalezas en la prestación, impactan la capacidad económica de los hogares e inciden en la satisfacción de las necesidades básicas.

Los problemas de calidad son evidentes. La ruptura de las vías para la instalación de redes sin la debida previsión y reparación,  la ineptitud del agua para el consumo humano en zonas de Departamentos como Huila, Sucre o Cesar, el mal manejo de las aguas residuales y la precariedad de los rellenos sanitarios, donde existen, son ejemplos de las deficiencias.

Las limitaciones de acceso también son palpables. Las interrupciones en el suministro de energía en zonas interconectadas y el abastecimiento eventual de agua en San Andrés y La Guajira, en donde algunos municipios sólo la reciben dos veces al mes, muestran parte de las debilidades.

La desigualdad en los costos y en las tarifas, es otro factor que requiere corrección. A manera de ilustración, el precio del gas licuado de petróleo es distinto en cada  lugar del País y en casos como el de Nariño, constituye uno de los elementos de mayor insatisfacción ciudadana, según se ha conocido hace varios meses.

A pesar del impacto de los servicios públicos en la calidad de vida, aún son poco utilizados los vocales y los comités de desarrollo y control social.

La verificación adecuada de la regulación y del suministro, es condición para el logro de calidad y precios justos del agua, la luz, el gas y la telefonía,  por lo que no sólo el pago sino también la vigilancia deben convocar a los colombianos.

La mejoría en los servicios públicos requiere entonces, menor peso en los gastos y más ciudadanía por la vía de la participación.

 

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Mar 2011 11

Los alimentos ponen a prueba la armonía entre lo social y lo económico

 

En Colombia, el 13% de las personas consumen menos energía alimentaria de la que requieren. Esta cifra de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,  FAO, muestra un panorama que se agrava al  considerar que por causa del invierno se dejaron de producir más de 400.000 toneladas de alimentos en 2010, una cantidad semejante a la que se pierde cada año en el transporte y la manipulación que tienen lugar desde la producción y hasta el consumo final.

La alimentación insuficiente se asocia con la pobreza, en la medida que las personas pobres destinan una mayor parte de sus ingresos para comprar su sustento. Entre más caros sean los alimentos, será menor el acceso a la comida.

El aumento de precios de los alimentos a nivel mundial se intensificó en 2011.  Colombia no ha sido ajena al incremento, aun cuando las causas principales del crecimiento del IPC de alimentos son el invierno y el reciente paro de camioneros.

El acceso alimentario pone a prueba la capacidad para conjugar soluciones sociales y económicas.  Asuntos como la creación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional,  propuesta por el Gobierno Nacional en el proyecto de Plan de Desarrollo, ayudarán a coordinar acciones públicas para reducir el hambre y controlar la volatilidad del precio de los alimentos. También es necesario evitar situaciones que desestabilicen la distribución y mejorar la infraestructura vial y logística para lograr más eficiencia.

La competencia entre cultivos con fines alimentarios y aquellos con propósitos energéticos debe prevenirse, con la garantía del suficiente abastecimiento para el consumo humano y la compatibilización de los dos usos.  Por ejemplo, en países como Bolivia la producción de energía es posible por la generación de biogás derivado de las actividades agropecuarias.

El país está llamado en el corto plazo a controlar y reducir los costos de los alimentos, para lo cual es condición la integración de las políticas económicas, sociales y de gestión del riesgo en esos dos ámbitos. Este reto se hace inmediato, en un escenario en el que la inflación parece reaparecer y en el que las metas de mejora social están por realizarse.

 

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Tags: Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Alimentación Infraestructura Invierno Pobreza



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Feb 2011 25

Protección temporal a los colombianos en Estados Unidos: solidaridad más allá de las fronteras

 

Los colombianos residentes en el País y los que están más allá de nuestras fronteras, siguen mostrando su solidaridad en medio de la tragedia generada por el invierno. Esa cualidad de ayudar a los demás, también pueden tenerla los estados, con mecanismos como el TPS o Estatus Temporal de Protección.  Se trata de una decisión con la cual Estados Unidos le concede permiso para permanecer y trabajar en su territorio, a personas que habiten esa Nación sin los documentos que los autorizan para mantenerse allí.

 

Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, recibieron el TPS debido a tragedias naturales. Ese estatus permitió que nacidos en esos pueblos y que se encontraban en los Estados Unidos, pudieran continuar en esta Nación y acceder a oportunidades laborales. 

 

El TPS se concede porque la tragedia genera en el País que la ha sufrido, la imposibilidad de recibir a los ciudadanos que se encuentran fuera de sus límites. Adicionalmente, consiste en un reconocimiento de vínculos que perduran a pesar de la distancia, como los afectivos y los económicos, que persisten entre quienes viven en el extranjero y sus familias que se mantienen en el lugar de origen.

 

La concesión del TPS es factible, ya que los dos millones y medio de damnificados del invierno superan la cifra de los afectados por las más graves catástrofes en la historia reciente de Colombia: el terremoto del Eje Cafetero y la erupción del Nevado del Ruiz. Más bienestar de los colombianos en Estados Unidos, significaría mayor capacidad de recuperación, gracias a la solidaridad que se expresa en los 1.500 millones de dólares anuales que se reciben por remesas provenientes de nuestros connacionales.


La importancia del TPS, hizo que dos semanas atrás le escribiéramos al Presidente Santos, para solicitarle la respectiva labor diplomática. A la petición se han unido miles de colombianos residentes en Estados Unidos, porque así surgiría una oportunidad para continuar allí, en mejores condiciones económicas y sociales.


Una nueva evidencia del buen trabajo internacional que ha liderado este Gobierno, es necesaria ahora con la gestión del TPS, para contribuir a la recuperación de los estragos del invierno que  puede valer más de 15 billones de pesos.
 

 

Tomado de http://www.diariodelhuila.com/noticia/11278 

 



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Feb 2011 04

Plan de desarrollo con enfoque de juventud

 

Colombia es un país joven. Para comprobarlo sería suficiente observar las propias familias o dar una mirada a quienes transitan por las calles. Además, un informe reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, indica que en nuestro territorio el 34% de la población no infantil está entre los 10 y los 24 años de edad.

Cuando existe una mayoría juvenil se incrementan las oportunidades de crecimiento social y económico, por el carácter transformador y progresista de los jóvenes. De esa capacidad hay innumerables ejemplos en el Mundo. Entre ellos basta recordar a Katerina Lahno, quien consiguió a los trece años el título Gran Maestro femenina en Ajedrez, o los reconocidos Mark Elliot Zuckerberg,  creador de Facebook, o Larry Page y Sergey Brin que a los 24 y 23 años respectivamente, empezaron el camino que dio origen a Google.

En Colombia las políticas públicas están por fortalecerse si se quiere aprovechar esa riqueza o bono poblacional, como lo llaman los expertos. Un estudio de la OIT, publicado en enero de 2011, confirma que el País tiene un desempleo juvenil del 24%. Según el Ministerio de Educación, sólo el 37% de los bachilleres pueden ingresar a la educación superior y el 45% de quienes entran a la universidad no la terminan.

Justo es reconocer que la nueva ley de empleo y las políticas educativas enunciadas por el Gobierno Nacional, han definido entre sus metas la de crear 2.500.000 puestos de trabajo e incrementar la cobertura en educación. Sin embargo, esta ocasión demográfica exige incorporar en el próximo Plan Nacional de  Desarrollo un enfoque de apoyo a la juventud. Por él han de velar el Gobierno, el Congreso y la propia ciudadanía.

 



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Dic 2010 09

El cuatro por mil y la emergencia por el invierno

En su momento el cuatro por mil fue la herramienta usada para la reconstrucción del Departamento del Quindío, por los efectos devastadores del terremoto de 1999. Por eso, mientras se da el desmonte gradual de este impuesto, se podría retomar su filosofía ya aplicada a situaciones de catástrofes naturales, afectando su totalidad o algunos puntos de ese cuatro por mil, a la atención de los damnificados por el invierno. Por tratarse de un impuesto, el Gobierno Nacional tiene las facultades para darle libre destinación a su recaudo que supera anualmente los 2.5 billones de pesos. 

Se hace necesario tener en cuenta al momento de la discusión del proyecto de ley 124 de 2010 que prevé el desmonte gradual del gravamen a los movimientos financieros, llamado cuatro por mil, que se haga uso de éstos recursos transitoriamente. Esta propuesta de la mano con la declaratoria de emergencia social que le solicitamos al Gobierno Nacional hace más de un mes, al igual que recientemente lo hiciera la plenaria del Senado de la República, será la herramienta para enfrentar con nuevos recursos esta catástrofe humanitaria. Como lo dijera el Ministro del Interior recientemente en el décimo séptimo Acuerdo para la prosperidad: "esta tragedia nos desbordo a todos".

Pero el País tiene que tomar todas las medidas para atender de manera inmediata a las miles de familias damnificadas y de paso apropiar recursos, que bien pueden ir al Fondo Nacional de Calamidades, donde los recursos de cuatro por mil mientras se da su desmonte, van a ser determinantes para trazar una verdadera Política no sólo de atención de desastres, sino ante todo de prevención. Y es que ya estábamos advertidos por la Agencia Especializada en medición de riesgo Maplecroft del Reino Unido, que había anunciado que para el año 2010 Colombia aparecía en décimo lugar de riesgo en todo el mundo y era el único país en nivel de riesgo extremo en todo el continente Americano. Es más, según la Oficina coordinadora de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Colombia es el tercer país después de China y Bangladesh con mayor grado de mortalidad por esta clase de fenómenos. Y lo peor es que según los reportes del IDEAM el fenómeno de la niña se extenderá hasta marzo del próximo año.

Los integrantes de la comisión sexta del Senado, que es la encargada constitucionalmente de asumir los temas de las emergencias y calamidades públicas, hemos tomado la decisión de declararnos en sesión permanente en medio de esta crisis invernal. Esto significa que puede ser convocada en cualquier momento durante el receso legislativo que viene para el Congreso de la República.



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Nov 2010 19

La pobreza tiene cara femenina en Colombia

 

Infortunadamente no se ha hecho conciencia aún en Colombia que hay que diseñar políticas públicas para combatir la pobreza haciendo énfasis en las poblaciones, particularmente en el caso de las mujeres. En el ámbito laboral  está demostrado en muchos casos que a la mujer le pagan menos que a los hombres, así tengan la misma preparación intelectual. Según estadísticas del año 2006 si estamos en un escenario de ambos sexos con educación primaria completa el hombre devenga $456.015 pesos, mientras que la mujer sólo alcanza los $276.364 pesos.  

A pesar de que en la población hay 100 mujeres por cada 97 hombres, las mujeres tienen una alta de pobreza, en especial las madres cabeza de familia, que han sido las más directamente afectadas por el fenómeno de la violencia en Colombia. Por eso celebramos que el Gobierno del Presidente Santos haya acogido la propuesta que se le formuló desde diferentes sectores sociales, para que se le dé prioridad en la ley de víctimas y de tierras a las mujeres cabeza de familia, que padecieron desplazamiento forzado y despojo de sus propiedades. Que se creen mecanismos de apoyo para la restitución de los títulos de propiedad y un acompañamiento del Estado en términos de protección, por cuanto muchas de ellas perdieron sus esposos.

No hay que perder de vista que las mujeres, según la pirámide poblacional para el año 2060 van a tener más larga vida que los hombres; mientras que un hombre alcanza en términos de longevidad después de los setenta y cinco años niveles de 3.4, las mujeres llegan a 5.2, de modo que estas proyecciones tienen que dar luces para el diseño de las políticas públicas con enfoque diferencial en favor de la mujer. No sólo teniendo en cuenta que entre 1999 y 2008 la pobreza desde el punto de vista económico en las mujeres ascendió a una tasa del 38 por ciento, y que la tasa de desempleo entre 2005 y 2007 fue del 14 por ciento, sino contemplando otras formas de pobreza como las relacionadas con la participación política de la mujer.

En el Congreso elegido para los años 2010-2014 hay 229 hombres que equivalen a un 86.1 por ciento, mientras que hay 37 mujeres con curul que representan un 13.9 por ciento. Por este motivo, el País debe avanzar hacia un sistema de cuotas mientras se da el cambio cultural. Así lo intentó hacer la Reforma Política que se está discutiendo en el legislativo, en el sentido de que como mínimo los partidos debían garantizarle un 30 por ciento de renglones a las mujeres en las listas al Congreso. No obstante, el artículo fue votado negativamente. Incluso debería avanzarse con las listas cerradas para brindar mayores garantías de elección a las mujeres.

Hay que combatir desde la política pública esta privación de participación política de la mujer, que es una forma de pobreza, al igual que se debe impulsar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y garantizar a las madres comunitarias el salario mínimo mensual. Si es un acierto que en la mencionada Reforma Política esté previsto que a los partidos políticos se les financiará un 5 por ciento con recursos públicos, dependiendo del número de curules de mujeres que resulten electas en corporaciones públicas.

 

Tags: Género



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Nov 2010 13

El pico y placa extendido no se debe prorrogar en Bogotá

 

Hemos manifestado que no estamos de acuerdo con prorrogar en Bogotá la medida de pico y placa extendido, que se vence en febrero del próximo año. El gobierno Distrital tuvo su oportunidad durante dos años para adelantar las obras y no hay razón para que nuevamente los ciudadanos tengan que seguir asumiendo la carga producida por las ineficiencias e improvisaciones del Gobierno de la Ciudad. 

Particularmente cuando son las personas de estratos uno, dos y tres los más afectados, según estudio del año pasado del Doctor Juan Carlos Echeverry que señala: “el impacto para un hogar en Bogotá de perder el acceso a su vehículo durante dos días a la semana tiene un costo monetario equivalente a un 14 por ciento de su ingreso”.  El 53 por ciento de los hogares afectados con la medida de pico y placa extendido en Bogotá pertenecen a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3".

También los propietarios de los vehículos de transporte público colectivo se han visto golpeados en sus ingresos y en la incertidumbre de la imposición intempestiva de restricciones, que por cierto se ha venido convirtiendo en una práctica común de los gobiernos y por qué no decirlo en una fuente de financiación de los fiscos vía comparendos.  No es justo por tanto continuar con esta medida después de febrero del próximo año, cuando vence su vigencia,  teniendo en cuenta adicionalmente que ha afectado la economía de la ciudad, que por cierto disminuyó en sus ingresos tributarios según reportes del año pasado en por lo menos $48.500 millones de pesos por concepto del impuesto de industria y comercio.

Afectó los ingresos tributarios también por concepto de la  sobretasa a la gasolina y produjo una contracción en sectores económicos entre otros como el comercio, por ejemplo, los centros comerciales disminuyeron sus visitantes en un veinte por ciento. No resulta pues lógico para la sostenibilidad financiera de Bogotá, continuar con el pico y placa todo el día, cuando la ciudad ha visto el éxodo de la industria hacia la Sabana y cuando lo que requiere es mantener y aumentar sus fuentes de ingresos propios para financiar el metro. Como dice el mencionado estudio de Econcept, del Dr Echeverry, lo que hay que buscar son medidas que antes que quitarle el uso del vehículo a las personas, avancen en una buena organización del tránsito, un buen transporte público y la construcción de una adecuada infraestructura.

En su momento el Movimiento Mira fue solidario con las voces de los autopartistas de la ciudad, propusimos que no se tomara esta medida sin hacer unos estudios a fondo, que se pensara en un pico y placa por sectores de la ciudad según la planificación de las obras, que se cuidara la economía popular en ciertas localidades donde no se iban a construir obras de valorización, como por ejemplo Ciudad Bolívar y Usme; propusimos adicionalmente mediante un proyecto de ley que a los Alcaldes se les reglamentaran las facultades para decretar este tipo de restricciones dentro del cumplimiento de una requisitos mínimos y ante todo, advertimos que el parque automotor de la ciudad iba a aumentar como lo indicaban los estudios y  la experiencia internacional por ejemplo en ciudad de México.

No obstante ello, el Gobierno Distrital mantuvo la medida y al día de hoy encontramos efectos negativos como la llegada en el 2009 de 82.036 nuevos vehículos al parque automotor de Bogotá. Incluidos los usados que generan mayor impacto ambiental. Para completar, la confianza de los ciudadanos esta lesionada por las demoras que se ocasionaron en la ejecución de las obras de transmilenio particularmente en la calle 26 y como si fuera poco, decepcionada aún mucho más por los escándalos con la contratación de la ciudad.

Estas lecciones de cómo se aplican indistintamente restricciones en las grandes ciudades del país y sus consecuencias,  deben ser referente al momento de proyectar su aplicación en otras regiones de Colombia.

 

Tags: Bogotá Pico y placa



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Blog del Senador Carlos Baena

por

Carlos Alberto Baena López

Secretario Encargado, Abogado

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