En materia de derechos y libertades, ha pasado mucha agua bajo los puentes. Después de lo sucedido en la revolución francesa y el episodio inglés, inconformidades, revoluciones y protestas han forzado la incorporación o positivización de nuevos derechos como los sociales, de género, minorías y los colectivos a los que buscamos referirnos en este artículo.
Estos derechos, usualmente malentendidos por su asociación a la pluralidad únicamente, se diferencian radicalmente del resto de derechos, pero como los demás responden a la aparición de nuevas circunstancias y realidades; en este caso, el desarrollo de la industria y en general el accionar capitalista, verdaderas causas, de seguir su ritmo, de un probable apocalipsis; ya no son las guerras o las tiranías a las que respondían los otros derechos, sino el riesgo en que está la supervivencia de nuestra especie en este planeta, que dicho sea de paso, es una nave espacial que está viva y habitada por pasajeros irracionales que utilizan y derrochan energía limitada y sucia en vez de recurrir a energías ilimitadas y limpias, seres que se reproducen exponencialmente, secuestrando los recursos, poniendo en situación de hambre a la mitad, mientras que la otra se muere por indigestión.
Todo lo anterior, con la mayor indiferencia por los derechos de los que no han nacido, arrasando con los ríos, contaminando mares, esterilizando suelos, y corrompiendo el aire, por ello si queremos significar paz y racionalidad con la palabra civilización nos equivocamos, porque jamás en el salvajismo y la barbarie, se depredó tanto y tan rápido, como estos hombres civilizados, a nombre del progreso, el mercado, la democracia, la felicidad, libertad y el bienestar, para lo cual (como nunca), se embarcaron en dos guerras mundiales, lanzaron dos bombas atómicas, se colonizaron dos continentes, se han masacrado millones de hombres, se forró el planeta de plástico, se le invadió con un ejército de máquinas que contaminan y consumen nuestro aire, sin contar los llamados “inventos” de la ingeniería genética a punto de poner en juego la universalidad de la naturaleza humana.
Nuestra constitución, en uno de sus capítulos, no solo recogió los derechos colectivos sino que implementó una acción para su defensa y reivindicación, todo ello en un marco finalístico de respeto integral del medio ambiente, adoptando como modelo de desarrollo para el país el del desarrollo sostenible, “entendido este como aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar económico, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”, incluyendo en la misma dirección obligaciones del Estado de proteger el ambiente, fomentar su educación y facilitar la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlo, previendo su conservación pero en caso de daño su restauración o sustitución con las correspondientes sanciones y reparaciones a que diere lugar.
Pero la realidad es otra, resumida en una frase; economía de enclave, en la que la Constitución con sus reglas nada vale, allí se explota intensamente un producto, se utilizan los recursos del territorio, dejándole poco o nada, en este caso colosales e irreparados perjuicios, sin reinversión ni diversificación de la economía, ni generando un mercado regional de producción y consumo, tampoco impuestos.
Entendemos por economías de enclave aquellas que se localizan en determinadas regiones, explotando intensamente un solo producto mientras dura la demanda del mercado, utilizando mano de obra explotada y barata. Al finalizar la demanda deja poco o nulo provecho para el país donde se desarrolla, pues no existe reinversión ni diversificación de la economía, ni genera un mercado regional de producción y consumo. Las ganancias contribuyen al crecimiento de las fortunas personales de los productores, mientras el Estado tiene escasa o ninguna intervención más allá de la captación de ingresos fiscales.
Compañías que jamás en su propio territorio realizarían por lo menos la mitad de lo que hacen en el nuestro, vulneran una serie de derechos individuales, sociales y colectivos, sin consultar y sin ningún límite, arrasando casi todo lo que se encuentre sobre el recurso perseguido, por eso no los detiene un bosque, un río, una población, un páramo, a los que sacrifican legalmente a nombre del progreso, tratando a los pobladores como menores de edad. Con estadísticas cantadas con orgullo por los técnicos se encubre la miseria, depredación y eliminación de un pueblo.
Pero nos corresponde cambiar la historia, identificando nuestros derechos y defendiéndolos por todas las instancias legales posibles, exigiéndole al depredador asumir la responsabilidad de reparación ambiental social, cultural que no puede ser costeada con dinero de regalías, demandando además el encadenamiento productivo con nuestra economía, para ser nosotros quienes proveamos los bienes y servicios.
