Mujeres por la paz en Colombia. Por Nancy Prada Prada.

Las mujeres han participado activamente en la construcción de paz en Colombia desde siempre, aunque sus acciones no han contado con la misma visibilidad que las de otros sectores sociales, ni han sido valoradas en su justa medida.

Saldar esa deuda de memoria con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y las mujeres que a título individual han aportado sus ideas, trabajo y energías en la búsqueda de la paz nacional, constituye en sí mismo un aporte sustancial en ese camino.

Ese es el propósito del libro “Mujeres por la paz en Colombia”, editado por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, con la financiación de Diakonia Suecia. Este documento constituye un valioso aporte en la construcción de la memoria sobre la participación de mujeres en la paz del país, planteando un recorrido histórico que comienza en la década de los 90, con los pronunciamientos de la sociedad civil en torno al nuevo panorama que ofrecía la Constitución de 1991.

Aquella década es descrita como “tiempos de consultas nacionales y regionales” que permitieron justamente conformar la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, y dentro de ella, la Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz. A partir de entonces se describen muchos hitos importantes en la historia de la construcción de paz en el país, como el Mandato Ciudadano por la Paz y la Libertad, realizado en 1997 y que fue votado por más de diez millones de personas en Colombia.

 La primera gran movilización de mujeres referenciada en este recuento histórico, fue la ocurrida el 8 de marzo de 1999, la cual se recuerda como “la marcha de los claveles”, que concluyó en la Plaza de Bolívar, con una Manuelita Sáenz (representada por la actriz Patricia Ariza) coronando el espacio. Como fruto de esa movilización la Asamblea de Mujeres por la Paz construyó una agenda que fue suscrita por 159 organizaciones.

Otras importantes movilizaciones que se documentan en este libro son “la Toma del Milenio”, a comienzos del año 2000, en la que la Asamblea de Mujeres realizó su primera acción humanitaria; los “Diálogos del Caguán”, donde participaron de las audiencias públicas; y la multitudinaria Marcha del 2002, a favor de los acuerdos humanitarios.

“Mujeres por la paz en Colombia” también presenta reseñas de organizaciones de mujeres e individualidades que se han destacado por sus aportes en la construcción de paz. Entre las organizaciones se encuentran ASFAMIPAZ (Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública, retenidos y liberados por los grupos guerrilleros); la Ruta Pacífica de las Mujeres (que integra a cerca de 300 organizaciones, ubicadas en nueve regiones del país); Colombianos y Colombianas por la Paz (que entabló un diálogo epistolar público con las guerrillas y consiguió la libertad de varias personas secuestradas); el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz (nacido en el magdalena medio) y la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (surgida en 1999 e integrada por varias ONG).

Además de organizaciones, este trabajo ofrece una semblanza de algunas experiencias de campo exitosas, lideradas por mujeres, que han protagonizado escenarios de paz en el país, entre ellas, la experiencia en Montes de María, las Madres de Soacha y la Marcha de Mujeres Campesinas.

Entre la individualidades cuyos aportes se destacan en esta genealogía aparecen la líder indígena Aída Quilcué, la dramaturga Patricia Ariza, la académica Norma Enríquez, la activista Gloria Tobón y las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez.

Otro apartado de “Mujeres por la paz en Colombia” está dedicado a exponer el proceso de conformación y los principales aportes de la campaña Nacional por los Acuerdos y Compromisos Humanitarios, liderada por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz desde el 2004. El texto expone los componentes de esta campaña en el tema de mujeres y violencias, entre ellos: la prohibición y atención al desplazamiento forzado (y su especial afectación en las mujeres), la mirada de las mujeres campesinas y de las que se encuentran en situación de desplazamiento y la situación de niños y niñas en el conflicto.

Finalmente el documento plantea los que estima como principales logros de las mujeres “por transformar el conflicto en una experiencia positiva y construir un camino de paz”, así como los obstáculos con que se han tropezado en este cometido y algunas perspectivas de futuro. Como afirma Susana Chiarotti Boero en el prólogo de “Mujeres por la paz en Colombia”, este libro “busca consignar parte de su historia, pero por sobre todo escribirla en un contexto donde no se reconocen como protagonistas únicas”, haciendo visible que muchas otras antes que ellas hicieron sus aportes en la búsqueda de caminos hacia la paz, entendida ésta no sólo como el cese del ejercicio bélico, sino como “un proceso de largo aliento, que va sumando voluntades, acumulando acuerdos y decantando prioridades”. Construir la historia de esos múltiples esfuerzos, también hace parte de ese proceso.

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Evento: Avances e Iniciativas en Propuestas de Paz 2011

Avances e iniciativas en propuestas de paz

Asamblea-permanente

El próximo 22 de noviembre se realizará la segunda jornada de reflexión  “Avances e Iniciativas en Propuestas de Paz 2011”. Los propósitos de dicha jornada son:

·         Hacer un balance de la situación actual del conflicto en Colombia.

·         Analizar las iniciativas de legislación para la paz en curso en el Congreso de la República y otras que están siendo elaboradas por organizaciones de paz.

·         Realizar la presentación y análisis de las propuestas y conclusiones resultantes del Encuentro de Barranca, del Congreso de los Pueblos, de Diálogo Diverso, de la  Comisión de Conciliación Nacional y otras iniciativas como los, Diálogos Humanitarios regionales y negociación política.

·         Avanzar en la construcción de  una hoja de ruta de la sociedad civil para la paz y la negociación  en perspectiva estratégica y acciones para el 2012.

Fecha: Martes 22 de noviembre de 2011

Lugar: CINEP (Carrera 5 No. 33 B – 02, Bogotá).

Hora: de 8.00 a.m.- 4.30 p.m.

ENTRADA LIBRE. Es necesario confirmar la asistencia en el teléfono 3381985 o en el correo electrónico coordinacion@asambleaporlapaz.com

Convocan:

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, CINEP, Planeta Paz, Justa Paz, Indepaz, Suippcol, Redepaz, Instituto de Justicia Transicional, Corporación Nuevo Arco Iris, Comisión de Conciliación Nacional, Justapaz, Diálogo Diverso, Plural, CLADEM,  IMP, Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de Mujeres, FUCUDE

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Tribunales Simbólicos: camino hacia la paz. Por: Nancy Prada Prada

Colombia vive uno de los conflictos armados más largos en la historia de la región, y tal como han venido haciendo visible muchas organizaciones, las mujeres sufren unas afectaciones particulares en este marco.

Frente a ello, la sociedad civil no se ha quedado quieta. Por el contrario, y pese a todo lo que aún falta por avanzar, son muchas las acciones emprendidas desde las organizaciones de mujeres y derechos humanos para hacer frente a los estragos de la guerra. Así lo reconoce la abogada internacional Almudena Bernabeu: “lo más interesante de Colombia para mi es la cantidad de soluciones que se han venido buscando: reparaciones, sistemas de amnistía parciales, etc, y que pese a ello todavía exista tanta impunidad, tantas víctimas desamparadas”.

Por su parte Lorena Fries, abogada feminista y actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, reconoce su asombro ante la aún tímida mirada internacional sobre el conflicto armado colombiano: “me impresiona que siendo tan intenso y cobrándose tantas vidas y víctimas, no sea todavía un problema que atrae la mirada de la opinión mundial”.

A las altas cifras de impunidad y la insuficiente atención internacional, se suma la complejidad del conflicto armado colombiano, que al perdurar durante varias décadas “es un conflicto que tiene muchas partes y en el que las personas más vulnerables se ven más afectadas por las violaciones de derechos” como señala Paloma Soria, abogada y coordinadora de proyectos de Women´s Link Worlwide.

Paloma Soria, Lorena Fries y Almudena Bernabeu, hicieron parte del grupo de juezas internacionales del Tribunal Simbólico contra la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado colombiano, que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2011, bajo la coordinación de la Corporación Humanas – Colombia y la participación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil. Además de ellas, integraron el grupo de juezas Lisa Davis, profesora de la clínica de las mujeres de la Universidad de Nueva York, y Yolanda Aguilar, antropóloga guatemalteca y coautora del Informe de Recuperación de la Memoria Histórica  -REMHI- en su país.

Los “Tribunales Simbólicos”, o “Tribunales de Conciencia” constituyen una estrategia de la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza a algunas violaciones de derechos humanos. En el caso de la violencia sexual, este tipo de iniciativas tiene antecedentes muy importantes, como el Tribunal de Tokio en el 2000 (iniciativa colectiva de las víctimas de distintos países, entre ellos Filipinas, Corea del Norte y del Sur, China, Taiwán, Holanda, Indonesia,  Malasia y Japón), o el Tribunal de Guatemala, en el 2010. Al respecto, Yolanda Aguilar sostiene que “las mujeres necesitamos cerrar de una vez por todas nuestras heridas. Que sanen nuestra historias, que centenas, decenas, miles de mujeres como nosotras se animen a hablar, a no callar nunca más y que nunca se repita la violencia sexual contra nosotras”. En ese efecto de reparación simbólica para las mujeres radica buena parte de la importancia de estos espacios.

Otro aspecto que los llena de sentido es su capacidad de convertirse en escenarios de exigibilidad. Según Lisa Davis, las ventajas de un Tribunal Simbólico son múltiples: “primero, atrae conocimiento sobre lo que está pasando, en un tema que ha estado muy invisible. En segundo lugar, da voz a las víctimas que no han tenido justicia. En tercer lugar, es una oportunidad para enfrentar las políticas y prácticas judiciales, pues aunque los resultados del Tribunal no son de obligatorio cumplimiento, si pueden constituir una gran influencia en la manera como el gobierno enfrenta la reparación de las víctimas”.

En el mismo sentido Almudena Bernabeu señala que “estas iniciativas son clave para avergonzar a las instituciones por lo que no han hecho, lo que se han negado a hacer, y para evidenciar lo obvio, porque a veces está delante de nosotros y nadie se da cuenta. Estas iniciativas lo hacen explícito, es muy difícil negarlo después de esto”.

Efectivamente, es posible documentar en el marco internacional un conjunto amplio de iniciativas que pretenden visibilizar y enjuiciar los crímenes de género que ocurren a las mujeres en situaciones de conflicto armado. No obstante, en el marco nacional este cometido es aún incipiente y requiere con urgencia acciones reales que retomen los compromisos internacionales y cierren el círculo de la justicia. Los Tribunales Simbólicos apuntan también a presionar este compromiso de los Estados.

Lorena Fries, quien afirma llevar la experiencia de la guerra en el cuerpo, pues le tocó vivir la dictadura chilena y conocer a muchas mujeres que sufrieron la violencia sexual como tortura durante su prisión política, agrega además que un Tribunal Simbólico como el que se realizó en Bogotá “le pone nombre a las cosas contribuyendo a establecer una verdad, no necesariamente la verdad oficial, pero es que la verdad oficial se va tejiendo de muchas verdades, y ésta de las mujeres es una que se tiene que gritar fuerte”.

“Estos eventos visibilizan que las mujeres no están dispuestas a continuar con la impunidad en estos casos, y pueden tener un impacto para las mujeres que son sobrevivientes, para sus familiares, para mujeres que son víctimas y no se atreven a acudir a canales de denuncia formal; pero también para organizaciones de mujeres, para que vean que la labor que están realizando es importante, y para organismos del Estado, que necesitan dejar de decir que no existe esta violencia y están obligados a poner fin a la impunidad”, concluye finalmente Paloma Soria.

Sin el avance en la verdad, la justicia y la reparación para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, al que apuntan estos Tribunal Simbólicos, es imposible pensar en la consolidación de la democracia en el país, y menos aún en una nación que viva en paz, esto es, con la posibilidad de canalizar políticamente sus conflictos, con apego a los derechos humanos, sobre todo, el derecho a la justicia.

Redacción "Paz con Mujeres"

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Foro: Construcción de una paz sostenible Mirada y aproximaciones desde las mujeres

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz insiste en su empeño de apoyar toda acción tendiente al logro de la paz en Colombia. Desde este escenario se afirma que la paz no es posible sin la formulación de una política integral, capaz de resolver y transformar las condiciones generadoras de las profundas desigualdades que por décadas han vivido los colombianos y las colombianas.

Por lo anterior, construir paz requiere una mirada incluyente, que cuente con la participación de las organizaciones de mujeres, de trabajadores, campesinas, estudiantiles y comunales, entre otras, que han vivido el desarrollo de la guerra y sus efectos, con el objetivo de que se alcance una paz sostenible.

Desde esta mirada se ha organizado el foro “Construcción de una paz sostenible en Colombia: Mirada y aproximaciones desde las mujeres”, que pretende constituir un escenario para reflexionar sobre cómo avanzar efectivamente hacia el logro de la paz.

En este encuentro participará un grupo de líderes de organizaciones sociales, de diferentes regiones del país:

Mesa 1:
Acuerdos y negociación de conflictos armados e inclusión de exigencias desde las mujeres. Caso Guatemala, Nicaragua, El Salvador
Norma Enríquez, APSCP
Alix Salazar, Colectivo de mujeres excombatientes

Mesa 2:
Análisis del acto legislativo sobre construcción de paz, presentado por el senador Roy Barreras
Álvaro Villarraga, FUCUDE

Mesa 3:
Elementos y aproximaciones hacia la construcción de una paz sostenible
APSCP
Ruta Pacífica de las Mujeres
Casa de la Mujer
Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz

Además, durante esta jornada se hará el lanzamiento del libro “Mujeres por la paz en Colombia” de APSCP.

Fecha: Viernes 21 de octubre
Lugar: Casa de la Mujer. Carrera 35 No. 53A - 86
Hora: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Los cupos son limitados. Pueden realizar las inscripciones en el correo electrónico: coordinación@asambleaporlapaz.com

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LO QUE DICEN LAS MUJERES SOBRE LA LEY DE VÍCTIMAS: Voces y propuestas ignoradas por los medios

Por: Genica Mazzoldi. 

Son varios los motivos que hacen de la Ley de Víctimas un tema clave para ser abordado desde la perspectiva de “Paz con Mujeres”. El primero de ellos está directamente relacionado con que dicha Ley es un reconocimiento y una respuesta al vacío que existe alrededor de la reparación de las víctimas. La decisión del gobierno actual de presentar una nueva iniciativa de ley en esta materia es un paso importante, de cara a la construcción de alternativas posibles y sostenibles de paz, ya que la invisibilidad y el señalamiento del que han sido objeto las víctimas no puede seguir formando parte de las dinámicas y relaciones sociales y políticas de nuestro país. Este paso en pro de las víctimas requiere que, como parte del debate que se está dando, se revisen algunas de las limitaciones del actual proyecto de ley, especialmente aquellas que han sido  señaladas por las mismas víctimas y sus organizaciones, entre ellas, el hecho de que el conflicto armado este vigente o el concepto de víctima que se está planteando.

En segundo lugar, una iniciativa legislativa como ésta podría llegar a proteger o restablecer los derechos de alrededor de cuatro millones de personas, de las cuales, más del 50% son mujeres, para quienes la aplicación de dicha Ley supondría repararlas respecto de lo que la Corte Constitucional definió como el impacto desproporcionado del conflicto armado colombiano sobre las mujeres (Auto 092 de 2008).

En tercer lugar, es una oportunidad para que Colombia adecúe sus estándares al derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los  contenidos de la Resoluciones 1325 y subsiguientes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo relativo a la protección de las mujeres en medio del conflicto armado, medidas para superar la impunidad y garantías para su participación en los procesos de reconciliación y paz, entre otras.

Adicionalmente, alrededor de esta iniciativa de ley han confluido distintos sectores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, para manifestarse a favor de la propuesta o para hacer oposición, de forma tal que se constituye en un escenario privilegiado a la hora de evidenciar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que los intereses de las mujeres hagan parte explícita de esas discusiones.

No obstante, los medios de comunicación no dan cuenta de la complejidad de los intereses y expectativas que están en juego, ni advierten las implicaciones positivas o negativas que se pueden derivar de la aprobación del proyecto de ley para las víctimas, en particular para las mujeres. Al respecto, la Corporación Humanas encontró que, de una selección de 117 piezas que fueron analizadas por el “Observatorio de Humanas: las mujeres en los medios” , sólo el 4% tienen como protagonistas (y coincidentemente como fuentes) a mujeres. Se trata de cinco notas con las siguientes características: el factor común es que hacen referencia a la solicitud de que en la Ley de Víctimas se materialicen medidas diferenciales para las mujeres víctimas; tres de ellas abordan especialmente la propuesta de que se incluya un adendo o capítulo dedicado a la reparación particular que requieren las mujeres víctimas de violencia sexual. Las fuentes consultadas y a su vez protagonistas de las noticias son tres mujeres congresistas de tres partidos políticos distintos; salvo en una de las notas, que lleva como título una afirmación del presidente Santos sobre la prioridad que debe dársele a las viudas del conflicto armado en la mencionada Ley.

Si bien los medios en estos artículos le dan voz a mujeres con autoridad y reconocimiento político (puesto que las voces consultadas pertenecen a las congresistas de la Bancada de Mujeres), llama la atención que sólo se haga en el porcentaje mencionado, sólo para que opinen sobre lo relativo a las mujeres en el proyecto de ley y no sobre la totalidad de la ley aplicando un enfoque de género, tampoco se consulte la opinión de mujeres víctimas, o de sus organizaciones, ni de las organizaciones de mujeres que también han hecho públicos sus comentarios a la ley.

Por ello, consideramos pertinente recoger el marco general del debate y dar a conocer las posiciones que las víctimas mujeres y organizaciones de mujeres  tienen sobre el proyecto de ley.
 

Los debates públicos alrededor del proyecto de ley

Son varios los contenidos del actual proyecto de ley que han sido discutidos reiteradamente dentro y fuera del Congreso. Uno de ellos tiene que ver con la definición de víctima, con la posibilidad de que su reconocimiento dependa de quien fue el victimario, con la victimización de mujeres victimarias y la fecha a partir de la cual se consideraría a las personas víctimas.

Con respecto a la definición de víctima existe la preocupación de que ésta derive en exclusiones, tales como las que se generarían si sólo son reconocidos como víctimas los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad de quienes hayan sido asesinados o desaparecidos, lo cual no sólo desconocería los derechos de otros familiares sino también la relevancia social y cultural de las familias extensas en varias regiones y comunidades del país, así como el impacto que ha tenido el conflicto armado en dichas redes familiares y generacionales.

Paralelamente, un número importante de reacciones se han dado en torno a la no inclusión de víctimas de las llamadas BACRIM. La posición gubernamental es que se trata de grupos de delincuencia común que a través del proyecto de ley podrían ganar la legitimidad política que no han tenido, mientras tanto desde otras posiciones se plantea que existe una clara relación entre las BACRIM, los grupos paramilitares y las fallas en el proceso de desmovilización y que la condición de víctima es independiente de la calidad del victimario. Esta discusión, a su vez ha evidenciado la posibilidad de que el reconocimiento de la condición de víctima dependa explícita o implícitamente de quien fue el victimario y no de las violaciones de derechos tal y como lo plantean los estándares internacionales.

De aquí que se proponga como referente estructural del proyecto de ley los estándares del derecho internacional humanitario. En particular se ha señalado que el texto actual no contempla que los victimarios en determinadas situaciones pueden llegar a constituirse en víctimas de infracciones del DIH, tal es el caso de mujeres que, siendo parte de un grupo armado, han sido víctimas de violencia sexual; el argumento que respalda lo contenido en el proyecto de ley es que resulta contradictorio que con la misma ley puedan llegar a beneficiarse tanto víctimas como victimarios, lo que implicaría ir en contra del espíritu de la propuesta.

Sobre la fecha referente para establecer quién es víctima y quién no lo es, el proyecto de ley establece como fecha límite el 1 de enero de 1986, lo cual ha sido controvertido por quienes plantean que dicha fecha no incluiría a víctimas del genocidio de la UP y del Palacio de Justicia.

El segundo gran aspecto de discusión es el debate fiscal y presupuestal, ya que los partidos políticos de la U y Conservador le han solicitado al Gobierno Nacional que proyecte con exactitud el costo de la implementación del proyecto de ley con el fin de analizar el impacto que tendría en las finanzas de la Nación. Argumento que también fue utilizado por el gobierno de Uribe cuando se “hundió” la iniciativa anterior de reparación a víctimas (2009). Desde otra perspectiva, se ha expresado  preocupación porque sea desde la disponibilidad presupuestal que se establezca el alcance de la iniciativa, lo cual se reflejaría en que se incluyan principios de gradualidad y progresividad o en que se confundan los programas propios de una política social del Estado y las acciones de Ayuda Humanitaria con las medidas de reparación.

Un tercer aspecto de discusión del proyecto de ley es el relacionado con restitución de tierras, punto de especial interés de grupos económicos, partidos políticos, gobiernos y por supuesto de las víctimas, en tanto que grandes inversiones se han realizado, se están realizando o se proyectan sobre predios abandonados, despojados o indebidamente enajenados, y que ha terminado concretándose alrededor de la discusión del derecho de superficie , poniéndose en duda el alcance de la restitución para las víctimas, quienes entonces recibirían sus bienes con limitaciones de uso y disfrute.

Finalmente, las dinámicas del debate en torno al proyecto de ley se han constituido en parte del interés público sobre el mismo, de forma tal que las alianzas, alinderamientos o los actos de oposición son también motivo de análisis y discusión por parte de los medios. Aunque a diario se dan cambios, movimientos y presiones, conviene diferenciar varias tendencias no siempre bien delimitadas entre sí, que darían lugar a la siguiente clasificación: por un lado, quienes apoyan el Proyecto de ley, es decir el Gobierno Nacional, el Partido Liberal, algunos congresistas del Partido de la U y organizaciones de la sociedad civil que vienen participando del proceso desde el 2007. Por otro lado, quienes se oponen al proyecto de ley por tratarse de una iniciativa que perciben como contraria a los principios y logros del gobierno anterior, de aquí que insistan en argumentos fiscales similares a los que se plantearon en el 2009 cuando una iniciativa similar fue retirada de la agenda del Congreso, además de la manifiesta preocupación porque la definición de víctima le abra la puerta a la reparación de las “víctimas de agentes del Estado”; declaraciones  que han hecho públicas el expresidente Alvaro Uribe y Fernando Londoño, entre otros.

Se suman dos grupos más: de una parte están quienes apoyan una apuesta de reparación integral pero no comparten varios aspectos del proyecto de ley relacionados con la definición de víctima, el alcance real de la restitución de tierras, el desmonte del sistema de atención a población desplazada, entre otros de los asuntos sobre los que se han manifestado el Polo Democrático, Movice y algunas organizaciones de derechos humanos; por otra, el grupo de quienes se contraponen a una apuesta de reparación integral y desde ahí han propuesto se realicen cambios en el texto del proyecto de ley que han resultado controversiales, es el caso de algunos miembros del partido Conservador o del partido de la U.


Las apuestas de las mujeres

Algunas organizaciones de mujeres y de derechos humanos en alianza con la Bancada de Mujeres Congresistas lograron que el proyecto de ley contemple el enfoque diferencial como uno de sus principios, consagrando garantías especiales y medidas de protección para los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluidas las mujeres.

El proyecto de ley establece que el enfoque diferencial funcionará como criterio para la conformación de comités consultivos y mesas de participación; también se incorporaron los estándares internacionales para la práctica de pruebas de violencia sexual, tales como que no puede inferirse el consentimiento de la víctima en entornos donde existen amenazas, cuando la víctima es incapaz de expresar su voluntad, ni por el silencio o falta de resistencia; así como que el comportamiento sexual anterior o posterior de la víctima o de un testigo de violencia sexual no pueden afectar su credibilidad. Se incluyeron medidas para disminuir el riesgo de re victimización de las mujeres víctimas de violencia sexual durante los procesos de judicialización, como las modalidades especiales de testimonios y la presencia de personal especializado.

También se contemplan acciones positivas dirigidas a las mujeres víctimas cabeza de familia, tales como la preferencia en el acceso a educación pública superior y al SENA; atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos del proceso de restitución; prelación en los trámites a las solicitudes de mujeres desplazadas cabezas de familia; atención preferencial en los procesos de restitución de tierras, para las solicitudes administrativas en favor de las madres cabeza de familia y de las mujeres desplazadas.

En el capítulo dedicado a los procedimientos para la restitución de tierras se incluyeron medidas para las mujeres a quienes se les restituyan predios como adopción de condiciones de seguridad que garanticen el usufructo de la propiedad;  acceso prioritario a otros beneficios como crédito, seguridad social, educación, capacitación y recreación, adjudicación y titulación de tierras, subsidio familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedulación.

En cuanto a la titulación de las propiedades y restitución de derechos se estipuló que se efectúe a nombre de los dos cónyuges, compañero o compañera permanentes víctimas de despojo y no sólo del demandante, incluyendo el registro a nombre de los dos en la oficina de instrumentos públicos. Igualmente, se formuló de manera explícita que los servicios de asistencia en salud contemplarán los exámenes de VIH/Sida y de infecciones de transmisión sexual, así como el aborto para las víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, hay aspectos del mencionado proyecto de ley, así como de su trámite, sobre los que existe preocupación desde la perspectiva de los derechos de las mujeres víctimas. El primero de ellos tiene como base que Colombia no está en un contexto de pos conflicto, lo cual supone de entrada una contradicción entre la realidad que siguen viviendo las mujeres a nivel local y lo planteado en varios apartados del texto de ley. De hecho, la aplicación de la ley se realizará en medio de un conflicto armado que no puede ser obviado, lo cual exige que se contemplen como parte de la misma medidas más realistas de protección y seguridad para las víctimas, así como de prevención y garantías de no repetición.

En segundo lugar, frente al derecho a la verdad han sido múltiples las voces que han señalado el vacío que existe al respecto en el proyecto de ley, no sólo porque no se contempla la creación de una comisión de la verdad, sino porque tampoco se identifican otros mecanismos encaminados a la materialización de este derecho, incluida la verdad sobre las distintas modalidades de violencia contra la mujer cometidas en el marco del conflicto armado. Si bien en el proyecto de ley se plantea que la verdad habrá de ser difundida, no se define cómo o cuándo se establecerá dicha verdad, ni quienes asumirán dicho proceso.

En cuanto al derecho a la justicia, aunque se ha señalado que una adecuada reglamentación e implementación de las medidas contempladas para la judicialización de casos son garantía para superar la impunidad en los casos de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, preocupa que no haya claridad sobre dichas medidas, su relación con los casos procesados o denunciados en el marco de la Ley 975 de 2005, ni de de su revisión en términos del procedimiento penal.

Por último, hay desacuerdos con el proceso de formulación del proyecto de ley dada la falta de espacios y mecanismos de participación y socialización, siendo más complejo el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes y en especial de las mujeres de estos grupos por la falta de consulta previa. De aquí que se insista en la necesidad de mecanismos de participación para y desde las víctimas, teniendo en cuenta la diversidad que las caracteriza, así como los contextos de las regiones/territorios donde habitan, incluidas las particularidades de las mujeres y de las vulneraciones de derechos de las que fueron víctimas.


De la iniciativa legislativa a la puesta en marcha de una Ley de Víctimas

Del balance anterior se desprenden varios retos para las mujeres víctimas, así como para las organizaciones de mujeres. En el muy corto plazo vale la pena preguntarse por la posibilidad de que sean considerados dentro del Proyecto aspectos que siguen siendo centrales desde la perspectiva de los derechos de las mujeres .

En primer lugar, no hay claridad en el proyecto de ley sobre las medidas de prevención y/o atención de nuevas víctimas. En segundo lugar, en las medidas de no repetición no se han incluido transformaciones institucionales profundas con el fin de evitar las situaciones que hicieron posibles las atrocidades que viven las víctimas en Colombia y no se cuenta con medidas por parte del Estado para proteger a las mujeres que resultan amenazadas por el ejercicio de liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

En lo que tiene que ver con  la necesidad de un capítulo especial dedicado especialmente a la reparación integral de mujeres víctimas de conflicto armado , se propone que debería tener como base la presunción de vulnerabilidad acentuada de las mujeres y su carácter de sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta el concepto de reparación integral y las medidas que se desprenden del mismo, el derecho de acceso a la justicia, la adopción de medidas especiales de protección, la participación de las organizaciones de mujeres en la implementación y seguimiento al cumplimiento de esta ley y en la elaboración del Plan Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas,  y la representación equitativa de mujeres y hombres.

Sobre el concepto de restitución, algunos sectores insisten en el concepto  de “reparación transformadora” a la hora de debatir la definición habitual de restitución y que hace parte del proyecto de ley en el artículo 71, entendida como la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones de los derechos humanos o a infracciones al derecho internacional humanitario; esto porque desde la perspectiva de algunas organizaciones de mujeres no tendría sentido que se restablezcan condiciones de discriminación o exclusión previas a los hechos de violencia .

Por último y ya no relacionado con el proyecto de ley sino con su reglamentación e implementación, vale la pena preguntarse desde ahora ¿cómo se van a preparar las instituciones y los funcionarios/as del nivel nacional y local para atender a las víctimas y en particular a las mujeres, con las dificultades de acceso que ya se conocen y sin obviar sus derechos a la protección y participación?¿Cuáles mecanismos se van a implementar para enfrentar los retos que se derivan de las medidas dirigidas hacia las mujeres? ¿dónde y cómo van a ser implementados? Por ejemplo, la puesta en marcha de condiciones que materialicen las acciones positivas dirigidas a las mujeres cabeza de familia en los procesos de restitución de tierras, es decir para el 68% de los hogares de población desplazada que tienen jefatura femenina, según datos de la Comisión Nacional de Seguimiento de diciembre del 2010.

Del proceso de implementación también, se derivarán retos para las organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de cara a los nuevos escenarios de exigibilidad, tanto para los casos ya identificados y abiertos, como  para los que seguramente se abrirán. Inclusive,  algunas organizaciones de víctimas, de mujeres y de derechos humanos, podrían considerar la posibilidad de una demanda ante la Corte Constitucional en caso de encontrar elementos de la Ley que contradigan sentencias y ordenes previas de la Corte, tales como la sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento.

Desde la perspectiva de “Paz con Mujeres”, el proyecto de ley sigue constituyéndose en una oportunidad para que las mujeres participen en la construcción de políticas públicas y para que el Estado garantice los derechos de las víctimas con un enfoque diferencial adecuado a los estándares internacionales de los derechos humanos.

Para ver documento completo: http://www.pazconmujeres.org/archivos/ANALISIS_DE_COYUNTURA_-_LEY_DE_VICTIMAS.pdf 

Tags: Corporación Humanas Ley de víctimas Mujeres

Tribunal Simbólico contra la violencia sexual

2011-09-14 

Este 26 de septiembre, durante todo el día, se realizará el Tribunal Simbólico contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

Este Tribunal Simbólico es un espacio de participación de la sociedad civil, orientado a hacer visible el impacto que ha tenido la violencia sexual en las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. El Tribunal quiere hacer énfasis en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y en la necesidad de superar la impunidad que ha caracterizado los delitos sexuales, demandando una respuesta oportuna y eficaz por parte del Estado.

Fecha: Lunes 26 de septiembre
Lugar: Universidad Nacional de Colombia.
Hora: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

CUPO LIMITADO.
Sólo se admitirá el ingreso de quienes se hayan inscrito previamente.

Las inscripciones pueden realizarse de dos maneras:

1. Por teléfono: En los números: 2880364 – 8050657
2. Por internet: Enviando sus datos personales (nombre completo, organización, correo electrónico y medio por el cual se enteró del evento) al correo electrónico:
tribunalsimbolico@humanas.org.co

ORGANIZA:
Corporación Humanas - Colombia

CONVOCAN:
Asociación MINGA • Conferencia Nacional de Organizaciones Afro – CNOA • Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo • Corporación Contigo Mujer – Pereira • Corporación Humanas Colombia • Corporación Nuevo Arco Iris • Corporación Territorium – Cúcuta • Equitas • Escuela de Estudios de Género - Universidad Nacional de Colombia • Escuela Feminista – Medellín • Observatorio de Paz – Universidad Jorge Tadeo Lozano •
Organización Femenina Popular – OFP • Planeta Paz • Red Nacional de Mujeres

PARTICIPAN:
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP • Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN • Casa de la Mujer • CLADEM Colombia • CODHES • Colectivo Mujeres al Derecho – COLEMAD, Barranquilla • Comisión Colombiana de Juristas • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz • Coordinación Colombia Europa Estados Unidos • Corporación AVRE • Corporación Casa Amazonía – Putumayo • Corporación para la Vida Mujeres que Crean – Medellín • Corporación Sisma Mujer • Dejusticia • Fuerza de Mujeres Wayuu • Fundación Nydia Erika Bautista • LIMPAL Colombia • Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado • Movimiento Cimarrón • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE • Ruta Pacífica de las Mujeres • Women´s Link Worldwide

FINANCIA:
FOS – COLOMBIA • Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia

APOYA:
FOKUS – Foro de Mujeres y Desarrollo • Fondo para el Logro de los ODM – Programa Integral contra Violencias de Género

Tags: Mujeres Violencia

Las mujeres del nuevo Congreso

De 551 mujeres aspirantes a una curul en el Congreso, 37 resultaron electas y asumieron su cargo el pasado 20 de julio. Si bien en el 2006, 28 mujeres habían logrado ser electas, sigue en entredicho el verdadero avance de participación de las mujeres en la política y la representación que hagan de los temas prioritarios para las colombianas.

Por Francy Barbosa M.

Humanas Colombia

El 18 de febrero la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó el lanzamiento del 2010 como el Año Interamericano de las mujeres. Una de las discusiones adelantadas durante el evento en Washington fue la participación de las mujeres en política. Mientras Colombia exponía su historia de fracasos en el Congreso para lograr la aprobación de una ley de cuotas que garantice el 30% de participación de las mujeres en las listas electorales, el tema en la región avanzaba ya no hacia las cuotas sino al de la paridad.

En Colombia “ni siquiera se ha llegado al tema de cuotas” como afirma la ex senadora liberal Cecilia López, y los resultados de las elecciones del pasado 14 de marzo no cambian sustancialmente el panorama de las mujeres en el Congreso. De los 2335 candidatos que aspiraban a una curul en el Congreso, 551 fueron mujeres (23.5%) y sólo en 5, de los 20 partidos que se presentaron, las listas fueron encabezadas por ellas.

En marzo, 37 fueron electas para el Congreso, es decir 9 más que las elegidas en 2006, pero su representación sigue siendo minoritaria en la corporación en la que, de los 267 congresistas electos, sólo un 14% de sus integrantes son mujeres. De éstas, 17 llegan al Senado y 20 a la Cámara y varias de ellas como herederas de cacicazgos políticos de ex congresistas vinculados a procesos de parapolítica.

Aunque la aspiración de las mujeres en las listas electorales aumentó entre el 2006 y el 2010, de 18% a 23.5%, Colombia sigue mostrando un estancamiento en los indicadores de participación de las mujeres en el Congreso si se compara con otros países latinoamericanos. En este sentido, cifras de la Unión Interparlamentaria señalan que Colombia es el país donde la tasa de crecimiento de presencia de mujeres en Cámara baja ha decrecido mayormente (-28.2) y donde hay menos cambios en los porcentajes de mujeres en el Congreso (10.9%). En las elecciones de 2007 la participación de las mujeres alcanzó el 10%, quedando elegidas 103 como alcaldesas, de 1098 municipios, y 1 mujer como gobernadora.

Con este panorama, si lo que se quiere es avanzar en el debate legislativo por fomentar la participación de las mujeres en las listas y curules electorales de los partidos políticos -que han demostrado su desinterés en el tema-, uno de los retos que tendrán que enfrentar las nuevas senadoras y representantes será el fortalecimiento de la bancada femenina, que aunque sacó adelante la Ley 1257 para la erradicación de la violencia contra las mujeres, no logró avanzar en una ley de cuotas para los cargos de elección popular, constituirse como una comisión permanente en el Congreso y realizar el control político necesario a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe en materia de garantía de los derechos de las mujeres.

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