Ley de formalización y generación de empleo

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Colombia tiene una tasa de desempleo total equivalente al 11.7% de su población total activa, de la cual el 27.5% son mujeres jóvenes y el 16.3% son jóvenes varones. Consecuencia de esta situación, entre otras, es el envejecimiento de la población económicamente activa, lo que hace tambalear la maquinaria estatal que brinda protección –por medio de las pensiones– a los ciudadanos que han trabajado durante su vida para tener derecho a una vejez digna. Es por esto que la inclusión de los jóvenes profesionales se torna en un tema de suma importancia, pues es así como se puede asegurar una economía estable y de crecimiento continuo, así como la garantía de medidas proteccionistas para las personas de tercera edad. Además de las medidas dirigidas a incentivar la inserción de población jóvenes en el esquema laboral formal, es necesario incentivar la creación de empresas de manera que se permita una ampliación del sector económico formal, brindando mayores plazas laborales para toda la población.

La anterior campaña presidencial puso sobre la mesa la importancia de estos dos aspectos para el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el aumento en los niveles de competitividad respecto a otros países. Esta discusión se materializó en un proyecto de ley presentado dentro de la agenda legislativa del ejecutivo, que en su trámite fue fortalecido con otras iniciativas legislativas sobre aspectos similares. El 29 de diciembre de 2010 fue sancionada la Ley 1429, que incorporó medidas para la formalización y generación de empleo en Colombia, a través de la reforma de normas laborales y comerciales, y la aplicación de incentivos y descuentos tributarios principalmente.  

De manera general los beneficios tributarios que establece la ley recaen sobre el impuesto de renta y complementario, los costos derivados del registro mercantil y las contribuciones parafiscales a las que están obligadas las empresas, y consisten en un pago progresivo de los mismos. Cabe mencionar que la Corte Constitucional ha dicho que la progresividad es una medida del sistema tributario y de hacienda como un todo. La razón de lo anterior, es que el gasto público sirve como un mecanismo para que el recaudo del impuesto se convierta en una función redistribuidora del ingreso dentro de la comunidad. Así las cosas, si a largo plazo las medidas de primer empleo devienen en un mayor ingreso público porque se formalizan muchas empresas, será cierto que la medida es progresiva.  

La ley deberá ser reglamentada en algunas de sus disposiciones más importantes, reglamentación que deberá estar lista en marzo de 2011 de acuerdo con los plazos establecidos por la ley. Para aquellos economistas y especialistas en la materia, como Anif y Fedesarrollo, que desde el trámite en el Congreso manifestaron que la iniciativa no tendría un efecto real sobre la generación de empleo, el proceso de reglamentación podrá permitir mejorar y aclarar algunos puntos de manera que el efecto de la normativa sea mayor, sin que se llegue al nivel deseado.

Para conocer el contenido completo del documento consulte el Boletin 179 del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.

Tags: Empleo Ley 1429 de 2010 Ley de primer empleo Formalización Informalidad Jóvenes

Balance de la actividad legislativa: primer periodo de la legislatura 2010

Terminado el primer periodo de la legislatura 2010-2011, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política presenta un balance de los principales proyectos de ley y de acto legislativo que fueron debatidos por el Congreso de la República.  

Debe reconocerse que el Congreso tuvo a su cargo el estudio de iniciativas de gran trascendencia para el país, respondiendo satisfactoriamente a este desafío. A diferencia del cuatrienio anterior, el Congreso actual logró enfocar la opinión pública en el contenido de las iniciativas y las posturas de las bancadas, por encima de las actuaciones privadas de los congresistas. Sin duda el desempeño de la mesa directiva, que por primera vez en muchos años procuró el cumplimiento del reglamento del Congreso y la existencia de espacios de discusión y concertación de los proyectos por parte de los partidos miembros de la coalición de gobierno en la Mesa de Unidad Nacional, condujeron a un balance satisfactorio tanto para el órgano legislativo como para el gobierno central que logró sacar adelante su agenda legislativa.  

Teniendo en cuenta el papel que debe desempeñar el órgano legislativo al interior del sistema político colombiano, que implica para el Congreso el deber de elaborar las leyes que posteriormente direccionarán las políticas públicas del país e impone a los a los congresistas el deber de jugar un papel activo en dicho proceso, el Observatorio Legislativo quiere hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar debe reconocerse que la agenda legislativa del ejecutivo elevó el nivel de discusión tanto en el Congreso como en los círculos académicos y la opinión pública, al plantear en su agenda los temas estructurales que el país necesitaba discutir, demostrando además la mejor disposición para generar los acuerdos y consensos suficientes para validar cada una de las políticas. Este hecho permitió a los congresistas jugar un papel protagónico en las discusiones, soportado en una relación armónica entre las dos ramas del poder público.

No obstante, si bien el equilibrio de poderes no debe implicar la contraposición constante del ejecutivo y el legislativo al punto de entrabar las soluciones que a las necesidades ciudadanas se proponen, el Congreso no puede olvidar la función de control político que debe ejercer sobre el ejecutivo cuando las circunstancias así lo requieran, así como el deber que tiene de impulsar proyectos de ley de acuerdo a las necesidades políticas, económicas y sociales del país. Pues si bien una relación armónica entre las dos ramas permite importantes avances en términos de política pública, el órgano legislativo debe recordar su origen representativo de la población colombiana y las responsabilidades que de allí se derivan. 

En segundo lugar, relacionado con el punto anterior vale mencionar que si bien la presencia de un acuerdo previo a través de la Mesa de Unidad Nacional permitió generar consensos sobre materias que de otra manera no se hubieran logrado, los partidos políticos con representación en el Congreso deben recordar la importancia del debate sobre las posturas políticas de partido y la coherencia de las mismas con la actuación de la bancada en el trámite legislativo. Por último, es necesario recordar la importancia de que estos espacios sean abiertos a todos los partidos políticos y no solo a los de la coalición de gobierno, pues la discusión debe estar orientada por los temas más que por las condiciones políticas del momento. Ejemplo de esto es la precaria participación de los partidos y movimientos con asiento en el Congreso en la preparación del proyecto de Estatuto de la Oposición, donde el único partido que se ha vinculó activamente fue el Polo Democrático Alternativo, declarado oficialmente en oposición, como si las medidas que allí se incluirán no fueran de interés de todos los partidos, que en un futuro pueden ser quienes se declaren en oposición al gobierno.

Así las cosas, si bien el equilibrio de poderes implica la convivencia armónica entre las tres ramas, también requiere de un sentido crítico constante que permita limitar las atribuciones propias de su competencia, así como de un ejercicio efectivo de las funciones que les fueron a cada uno conferidas constitucionalmente.

Para conocer el contenido completo del documento consulte el Boletín 178 del Observatorio Legislativo.

Tags: Agenda legislativa Balance Legislativo Bancadas Congreso Instituto de Ciencia Política Observatorio Legislativo Unidad nacional

Mesa de expertos: antecedentes de la Ley de Juventud

El Observatorio Legislativo y el proyecto ICP Joven del Instituto de Ciencia Política -Hernán Echavarría Olózaga, han hecho seguimiento al proyecto de ley 60/2009 de Senado, que pretende introducir el Estatuto de Juventud, norma que entre otras, cosas busca orientar la política pública nacional de juventud y reestructurar los espacios de participación política de los jóvenes. Dentro de este contexto, el ICP se ha dado a la tarea de desarrollar varias actividades alrededor del tema con el fin de dar difusión al proyecto y generar espacios de discusión sobre el mismo.

El Boletín de seguimiento legislativo No. 152, sobre el proyecto de Estatuto de Juventud, reseñó el estado actual de la política de juventud en Colombia, haciendo énfasis en los antecedentes normativos inmediatos establecidos en  la Ley 375 de 1997. Así mismo,  presentó los principales temas del proyecto de ley que actualmente hace su tránsito en el Congreso de la República, en particular los instrumentos y objetivos que direccionan la nueva política pública de juventud, así como los mecanismos electorales y de participación que buscan darle impulso a las instancias de partición juvenil que, si bien ya existían, no se han desarrollado satisfactoriamente.

Posteriormente, se convocó una Mesa de expertos que contó con la presencia de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, autora del proyecto de ley; el senador Juan Fernando Cristo, ponente del mismo; el representante a la Cámara David Luna, y varios representantes de organizaciones juveniles y partidos políticos. En la mesa se discutieron importantes temas relacionados con la estructura institucional que deberá acompañar la implementación de la política pública de juventud, así como la necesidad de difundir el proyecto, con el ánimo de involucrar a más sectores de la sociedad civil en su discusión.

Una de las propuestas que surgió en esta mesa, fue la intención del ICP de acompañar la iniciativa a fin de generar el entorno suficiente para una efectiva aprobación del proyecto de ley. Para esto, el ICP propuso la convocatoria de espacios de discusión y concertación entre los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil involucrados con la política de juventud en el país, para que muchas más personas conozcan y opinen sobre el proyecto de ley en curso y se recojan experiencias anteriores que ayuden a estructurar una mejor normativa.

El 5 de mayo de 2010 se realizó la primera de estas discusiones, la cual contó con la participación de Lorenzo Lizarazo, vicepresidente de asuntos regionales de la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas (UCJD) y Diana Espinosa, vicepresidente de asuntos formativos de la misma organización. El objetivo de este conversatorio fue conocer el proceso que llevó a la aprobación de la Ley 375 de 1997, tanto en lo que tiene que ver con su creación, como con su implementación inicial,  con el objetivo de brindar antecedentes a la política de juventud en Colombia, de cara al proceso de aprobación del proyecto de estatuto y de las audiencias públicas programadas para la socialización del proyecto durante su trámite.

Las reflexiones de esta discusión resultan importantes para evaluar el desempeño de la política pública de juventud hasta el día de hoy. A la vez se constituyen en un ejercicio necesario para determinar los cambios y continuidades necesarias en esta etapa en que se pretende crear una nueva ley sobre juventud en Colombia.

Para conocer la relatoria completa de esta Mesa de expertos consulte el Boletín 162

 del Observatorio Legislativo del ICP.

Tags: Congreso Estatuto de Juventud Juventud Ley 375 de 1998 Política Pública de Juventud Proyecto de ley 60/2009 Senado

Mesa de expertos sobre la Ley de Bancadas

La Ley de Bancadas es una de las reformas más importantes para el sistema político colombiano, pues buscó asegurar la coherencia de la actuación de los congresistas electos por un mismo partido dentro del Congreso de la República. Aunque la norma ha estado vigente desde 2006, son pocos los ejercicios de evaluación sobre su aplicación, la eficacia en términos de cohesión de las posiciones partidistas en el Congreso y su efecto sobre la dinámica legislativa. Teniendo en cuenta estas consideraciones, elInstituto de Ciencia Política - Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el diario El Espectador, realizaron el pasado 29 de abril una Mesa de expertos sobre la Ley de bancadas.

En la discusión participaron voceros y representantes de los principales partidos políticos, entre los que se encuentran Juan Fernando Cristo y Cecilia López, por el partido Liberal; Jorge Enrique Vélez, por Cambio Radical; José Darío Salazar, del partido Conservador, y Wilson Arias, por el Polo Democrático Alternativo. A su vez, se contó con la presencia de destacados académicos y analistas como Humberto de la Calle, exministro del Interior; Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, y Guillermo Perry, investigador asociado de Fedesarrollo. La moderación estuvo a cargo de Marcela Prieto Botero, directora Ejecutiva del ICP y Fidel Cano, director de El Espectador.

La disertación inició con la intervención de Marcela Prieto Botero, directora del ICP, que comenzó por abordar el entorno que dio origen a la Ley 974 de 2005 o Ley de Bancadas, explicando cómo esta ley buscó reglamentar los cambios constitucionales contenidos en la reforma política de 2003 referentes al legislativo y los partidos políticos. A su vez, se refirió a los principales beneficios de la Ley de Bancadas, entre los que se encuentran:

- Fortalecer la funión legislativa y el control político que debe ejercerl el Congreso de la República.

- Mejorar y hacer más eficaz la actividad legislativa, a través de la racionalización y optimización de los procedimientos legislativos del Congreso y otras corporaciones públicas. 

- Fortalercer los partidos y movimientos políticos mediante el establecimiento de bancadas y grupos congresuales.

- Permitir un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos del trabajo individual y colectivo de los miembros de de un partido o movimiento de acuerdo con programas y temas específicos. 

Para conocer los principales puntos que se discutieron en la mesa de expertos consulte el Boletín 161 del Observatorio Legislativo del ICP. 

Consulte además el documento Economía y Política "Ha operado la Ley de Bancadas" de Fedesarrollo. 

Tags: Congreso Congreso Visible Ley de bancadas Partidos políticos Sistema político

Principios y orientaciones de la transformación social

Desde el año 2002 el gobierno nacional ha dirigido la política social principalmente a aumentar la eficiencia  del gasto social, mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen oportunamente a la población más vulnerable y consolidar un sistema de protección social que permita a la población ser parte activa en la búsqueda de soluciones que mejoren su calidad de vida. Para lograrlo, se pusieron en marcha diversas iniciativas direccionadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado comunitario", con medidas dirigidas a transformaciones educativas, cobertura en protección y seguridad social, mecanismos de economía solidaria, manejo social del campo y de los servicios públicos, y calidad de vida urbana.

Pese a estos esfuerzos y a las reformas aplicadas a fin de mejorar la calidad de vida de la población, Colombia sigue teniendo un injustificable nivel de pobreza e indigencia, convirtiéndose en una de las sociedades más desiguales del mundo, como lo evidencian ejercicios como el índice de Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta situación se ha visto reforzada particularmente por una gran concentración del presupuesto nacional en sectores como el de seguridad y defensa, necesaria para el desarrollo de la política de seguridad democrática, y por una importante aplicación de estrategias asistencialistas, a través de programas como Familias en Acción, Red Juntos y Familias Guardabosques, coordinados por Acción Social, que han dejado en segundo plano temas como educación y salud.

Este panorama puso a discusión la necesidad de repensar la política social en términos de cobertura y calidad en todos los sectores, razón por la que fue puesta a consideración del legislativo una propuesta que va más allá del concepto tradicional de política social y avanza hacia lo que denomina la "transformación social", que busca en primer lugar "eliminar las barreras que frenan el acceso de los sectores débiles y de las clases medias a los activos productivos, a las oportunidades de progreso y a los beneficios de las políticas públicas; en segundo lugar, la redefinición de las estrategias sociales con el propósito de que se orienten a construir capital humano y capital social, pero que consideren la necesidad de ofrecer redes de protección para reducir los grados de vulnerabilidad de los más pobres, y por último, el reconocimiento de que la política macroeconómica debe identificarse ante su contenido social y otorgar prioridad a aquellas estrategias con impacto social positivo, además de estimar sus efectos negativos con el objeto de resolverlos".

El proyecto de ley propende determinar las bases para que exista una política social, la cual desarrolle de manera efectiva los derechos sociales contenidos en la Constitución Política y en los instrumentos y tratados internacionales suscritos por Colombia, y mantenga presente los criterios establecidos por la Corte Constitucional y los organismos internacionales, en especial por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Para facilitar el trámite legislativo de la propuesta de transformación social, se propuso la aprobación de tres iniciativas legislativas diferentes, que cubren: 1. Los principios y orientaciones de la transformación social; 2. Reestructuraciones institucionales necesarias para su aplicación, y 3. Mecanismos de garantía para asegurar la transformación social. El primer proyecto ya fue presentado para estudio del Congreso y ya agotó de manera satisfactoria los dos primeros debates. Aunque la iniciativa parece contar con el consenso suficiente para ser aprobada, cabe hacer un llamado para que las demás iniciativas que componen la propuesta de transformación social, también corran la misma suerte, pues de no hacerlo sólo se habría avanzado en la identificación de estados ideales de protección de derechos, sin resultados efectivos.

Para más información consulte el Boletin 160 del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.

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