¿Quiénes presiden el nuevo Congreso? La conformación de las mesas directivas

Por: Christian Benito y Nicolás Santamaría

Muchas decisiones importantes se toman en el Congreso, una de ellas es la elección de las mesas directivas de las catorce comisiones constitucionales.  Las mesas directivas no sólo dan cuenta de la organización administrativa que opera al interior del Congreso, adicionalmente estas instancias definen gran parte de la dinámica legislativa, pues establecen los órdenes del día, dirigen cada una de las sesiones que son desarrolladas  y vigilan el funcionamiento de la comisión tanto en aspectos procedimentales como sustantivos.

Este periodo es casi un reflejo del los resultados electorales del 20 de marzo, pues la gran mayoría de las Comisiones son presididas por congresistas miembros de partidos de la coalición de gobierno, tan solo algunas vicepresidencias son ocupadas por el partido de oposición. Los partidos independientes y las minorías étnicas en esta primera versión de las mesas directivas no están presentes.Como se puede observar en la tabla 1, de los 28 cargos (contando únicamente presidencias y vicepresidencias) 26 son ocupados por los partido que apoyan al gobierno, los dos cargos restantes corresponden a vicepresidencias que obtuvo el Polo Democrático Alternativo.  

                    Tabla 1. Presidentes y vicepresidentes por partido

Dicho esto, a continuación se presenta la conformación de las mesas directivas de cada una de las comisiones de Cámara y Senado para el primer periodo de la legislatura que inicio el 20 de Julio de este año y culmina el 19 de junio de 2011.

Cámara de Representantes

 Senado

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¿Cómo va la luna de miel entre Santos y el Congreso?

Por: Christian Benito y Nicolás Santamaría

 Desde la posesión de Juan Manuel Santos diversos temas han llamado la atención de la opinión pública, quizás el más destacado ha sido la conformación de un gobierno de unidad nacional. Este acuerdo pretende fundamentalmente conformar dos tipos de coaliciones; en primer lugar, una coalición de gobierno que se caracteriza por una distribución de los altos cargos, como los ministerios, entre miembros de los diferentes partidos que forman la coalición, un buen ejemplo de esto es el nombramiento de Germán Vargas Lleras como Ministro. En segundo lugar, este gobierno espera contar con el respaldo de una coalición legislativa, que apoye las iniciativas propuestas por el Ejecutivo.[1]

A diferencia de una conciliación de gobierno donde el Presidente tiene la posibilidad de controlar directamente a sus ministros, en las coaliciones legislativas se presenta la siguiente particularidad: si los miembros de la coalición legislativa no actúan disciplinadamente, es decir no resuelven sus problemas de coordinación, la formación de la misma puede estar en entre dicho, al menos en términos prácticos.

Una de las formas más idóneas para determinar la disciplina de los  partidos es observando la manera en que sus miembros votan. A continuación, se presentan algunos datos sobre las votaciones que han tenido lugar en la plenaria de la Cámara de Representantes durante el mes de agosto, las cuales nos permiten identificar el modo en que ha funcionado la coalición legislativa en este nuevo gobierno.

Durante este mes se han realizado 29 votaciones nominales, de las cuales diez están asociadas directamente a proyectos de ley de iniciativa legislativa. Una exploración muy general de este grupo de votaciones sugiere que no se han presentado mayores diferencias en la forma en la que votan los miembros de los diferentes partidos. Por ejemplo, en nueve de las diez votaciones hay un nivel de aprobación que supera el 82%, mostrando que la mayoría de los congresistas están votando sistematicamente de la misma manera.

No obstante, vale la pena preguntarse si estos niveles de aprobación se mantendrán una vez lleguen a plenaria los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, ¿Cuáles son los proyectos que generarán divisiones dentro de la coalición y la pondrán a prueba? y si se mantendrá la coalición legislativa después del primer año de gobierno.

Recuerde que en congresovisible.org usted podrá hacer seguimiento a la actividad legislativa y podrá encontrar información que le permita contestar estas preguntas.

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La oposición seguirá existiendo y la autonomía debe seguir existiendo

Las democracias modernas, han contemplado el balance de poderes como una condición necesaria para la estabilidad política, pues este principio no solo se destaca por su oportuna presencia para controlar los excesos que en cualquiera de las ramas del poder público pueden presentarse, sino que además, es una clara muestra de lo importante que puede llegar a ser la división y la especialización del trabajo en espacios políticos. En Colombia, constitucionalmente se reconoce este principio[1] y se establecen las funciones que de manera autónoma cada una de las instancias está en capacidad de desempeñar legitimamente.

Este comentario inicial pretende fundamentalmente dos cosas; en primer lugar considerar desde otro punto de vista la adhesión de Congresistas Conservadores, Liberales y otros Representantes como los del partido Cambio Radical a la campaña de Juan Manuel Santos, pues se ha mencionado en reiteradas ocasiones que en caso de que el candidato del Partido de la U llegara a la presidencia el próximo domingo 20 de Junio el heredero del uribismo tendría un Congreso que no ejercería mayores trabas a las iniciativas provenientes del ejecutivo, lo cual no es completamente cierto. En segundo lugar, plantear una breve reflexión sobre la propuesta que sugiere el eventual manejo de algunas funciones judiciales por parte de la rama ejecutiva.

En cuanto al primer punto, es necesario dimensionar el poder de convocatoria de la propuesta de un gobierno de unidad nacional en época electoral, más aun cuando se celebrará una segunda vuelta que tiene como precedente inmediato una victoria por amplio margen del candidato Santos sobre el candidato del Partido Verde Antanas Mockus. Y es preciso dimensionar este acuerdo político, porque no necesariamente el Congreso que sesionará durante los siguientes cuatro años va a tener una expresión evidente de lealtad y apoyo como la que hasta ahora han demostrado diversos sectores de algunos Partidos Políticos.

Este llamado que muchos han aceptado, no es suficiente para comprometer la independencia del legislativo, eliminar completamente del repertorio conductual de los representantes la oposición y mucho menos considerar que los ejercicios de control político serán incipientes frente a la maquinaria santista. Dos son las razones que intuitivamente me permiten sugerir este punto de vista. En primer lugar porque a partir de la información proveniente del proceso de campaña a la presidencia se han intensificado, como nunca en los anteriores ocho años, las críticas al actual gobierno, en segundo lugar porque se han mediatizado situaciones que comprometen seriamente frente a la opinión pública algunos de los resultados de la política de seguridad democrática, principalmente en temas relacionados con los derechos humanos y el desempeño económico del país. 

Con respecto al segundo punto del blog, vale la pena insistir en la idea de la independencia entre las tres ramas del poder público, pues esta característica del sistema político colombiano incentiva a los diferentes actores políticos a presentar argumentos que profundizan los debates. Un claro ejemplo, lo representa el reciente fallo de la Corte, pues abrió las puertas a una contienda electoral que permitió contemplar el esfuerzo de las diferentes propuestas programáticas de los Partidos  y generar un ambiente de expectativa ciudadana frente al desarrollo de las campañas y el resultado de estos comicios.

Si bien hacen falta elementos para analizar con más detalle la relación entre las ramas del poder público en Colombia, la propuesta es que no hay que alarmarse cuando los medios anuncien en sus principales columnas y canales que hay un enfrentamiento entre el presidente y las altas Cortes o entre el presidente y las bancadas, eso de alguna manera es una clara expresión del funcionamiento del balance de fuerza que requiere una democracia con pretensión de estabilidad y no un molesto obstáculo para poner en entredicho la eficiencia del actual gobierno.

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Libertad v.s Disciplina

La ley 974 de 2005, mejor conocida como la Ley de Bancadas, fue el resultado político de una demanda por el fortalecimiento de los partidos en cada una de las instancias o corporaciones públicas  en las que desempeñan su labor de representación. Desde su inicio, han sido pocos los espacios de discusión que se han generado para hacer un balance de sus efectos sobre las estrategias empleadas por los políticos, sobre la organización del sistema de partidos y principalmente sobre la eficiencia en el trabajo legislativo. Sumado a ello, algunas encuestas recientes sobre cultura política de la democracia, sugieren que la confianza en los partidos políticos no es muy alta y que esto puede ser explicado gracias a la desprestigiada pauta de dependencia de estas organizaciones en el sistema político colombiano. Estos dos elementos, sin duda, hacen que el contexto partidista del país se constituya un escenario ideal para el análisis profundo y riguroso o para reflexiones breves como esta.   

No se puede desconocer que gradualmente empieza a crecer el interés en los diversos sectores sobre los cuales la ley tiene incidencia directa, a tal punto que se han logrado condensar debates muy especializados, aunque no de carácter público, sobre los elementos constitutivos más controversiales que ha producido este arreglo institucional. Desde mi punto de vista, la Ley de Bancadas ha generado principalmente que se intensifiquen las discusiones intrapartidistas sobre la utilidad que representa llevar a cabo una estrategia de coordinación entre sus miembros, pues de alguna manera la cohesión se percibe como una característica que podría afectar la capacidad de negociación con otros partidos y con el ejecutivo en diferentes escenarios.

Sin embargo, existe un elemento inherente a la reforma que paradójicamente se ha constituido en uno de sus principales obstáculos para resolver los dilemas propios de la acción colectiva emprendida por los partidos. La objeción de conciencia ha dificultado la unidad partidista, no sólo porque con frecuencia escapa incluso a las sanciones que cada organización política establece a nivel interno, sino porque en cierto sentido es una figura que está respaldada por el principio constitucional de la libre expresión, el cual genera grandes dilemas individuales sobre si siempre es políticamente correcto comportarse disciplinadamente al unísono de la posición que adopte la bancada.

En ese sentido, esta figura no es simplemente el callejón de salida a los muros que cimienta la consigna de disciplina de un partido. Es también de alguna manera la garantía para que no todo en política sea predecible y no se restrinjan los ejercicios de exposición de argumentos internamente en los partidos o la posibilidad que alguien en el futuro sienta que ya las propuestas programáticas o incluso los procedimientos que una organización política implemente no son compatibles con su posición y su interpretación de la realidad política.

Que quede claro que aquí no se hace una propuesta que busque fomentar  el relativismo ideológico en los partidos, se trata de presentar una posición que contempla los constantes, inesperados y sorpresivos cambios que ocurren en el ejercicio político y que no necesariamente obedecen a cálculos oportunistas, sino a dilemas de comportamiento individual que enfrentan los políticos incluso en su dimensión moral. Pero no solo eso, se trata también de rescatar el impacto que hasta ahora empieza a generar la ley sobre el comportamiento de los miembros de las bancadas, pues lo cierto es que de 2006 a 2009 se ha incrementado en alrededor de tres puntos el porcentaje de proyectos de ley presentados por las bancadas en el congreso, lo que insinúa que es posible que el proceso de adaptación a las nuevas reglas del juego hasta ahora puede estar empezando a ocurrir.

                           Tabla 1. Fuente Congreso Visible. Elaboración propia

Para cerrar, solo quisiera mencionar algunos de los temas que pueden constituir líneas de trabajo y de discusión. En primer lugar, pensar en el fenómeno de las bancadas uninominales, pues resulta  curioso que existan en el Congreso bancadas conformadas por una sola persona que cuenta con todas las garantías que solo otorga la ley al partido pero en calidad de grupo. 

En segundo lugar, llamar la atención sobre el papel del vocero de estas organizaciones, pues la vocería implica un mecanismo que puede facilitar la comunicación no solo interna sino entre los partidos y un electorado que demanda señales claras de sus partidos para decidir si las respalda tanto programática como electoralmente.

Por último, proponer un tema que por su naturaleza genera recelo pero también un profundo interés en la opinión pública y en la academia; el tema de la financiación de campañas encierra toda una discusión sobre los incentivos económicos que pueden ofrecer estas organizaciones para generar fidelidad y comportamiento que en efecto produzcan en los políticos la necesidad de entrar en una relación no dependiente, pero si más sincronizada con los cuadros directivos y otros miembros del partido.

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¿Cómo perciben el Congreso los colombianos?

En Colombia, como en muchos otros países del mundo, la percepción del ejercicio político legislativo no es completamente favorable. En la mente de miles de colombianos parece que se encuentran arraigadas predisposiciones y actitudes frente al sistema político que comprometen la idea de instituciones legislativas fuertes y confiables. En ese sentido, el siguiente blog pretende dos cosas. En primer lugar presentar  algunos datos muy puntuales  que justamente evidencien  cuales son dos de las principales percepciones  de los colombianos frente al Congreso y en segundo lugar presentar una breve reflexión a propósito de la imagen que tienen los colombianos del legislativo.

Gracias a estudios sobre cultura política como el de LAPOP (2008), o estudios de capital social como el de John Sudarsky (2007) y Maria Mercedes Cuellar (2000) se puede decir que cerca del 50% de los colombianos confía en el Congreso de la República. Esta cifra, es mucho más reveladora, cuando comparativamente se puede establecer que es una de las instituciones en la que menos confían los colombianos y que se encuentra incluso por debajo de los índices de confianza de instituciones como la iglesia, las fuerzas militares o los medios de comunicación.

Grafica 1. Confianza en instituciones

 Fuente: Latinobarómetro de las Américas  LAPOP (2008)

Por otro lado, llama la atención que casi la tercera parte de los colombianos cree que puede haber una buena razón para que el presidente cierre  el Congreso, es decir, que existe un cierto halito justificatorio de censura que puede ser usado de manera discrecional por el poder ejecutivo  en contra de esta otra rama del poder público. Esto tiene varias implicaciones, por un lado, parece que se desconoce la autonomía y la importancia de la labor de los congresistas en el país y por otro lado, parece que se mantiene una tendencia marcada que favorece el presidencialismo, que entre otras cosas, se robustece en la actual coyuntura, dados los altos índices de popularidad con los que cuenta el actual primer mandatario.

Grafica 2. 

Fuente: Latinobarómetro de las Américas, LAPOP (2008) 

Si esto es así, qué reflexión puede sugerir  esta evidencia. Desde mi punto de vista, existen al menos dos elementos que básicamente pretenden plantear en qué sentido el ejercicio legislativo no puede ser en su totalidad considerado como un trabajo de dudosa confiabilidad e importancia y que por el contario, pese a lo sugerido en las encuestas, existen razones para pensar que el congreso es una pieza indispensable en el rompecabezas político colombiano y una instancia definitiva para consolidar y garantizar la permanencia de valores democráticos en el largo plazo.

El argumento inicial, tiene que ver con la idea de que Colombia, en una perspectiva comparada con otros países del hemisferio, es uno de los países que más confía en el Congreso. Si bien a nivel interno el legislativo no sobrepasa el 55% en el índice de confianza, es necesario decir, que en países como Ecuador ó Paraguay dicho índice ni siquiera supera los treinta puntos porcentuales y que incluso en ese mismo índice nos encontramos por encima de regímenes democráticos desarrollados como el estadounidense.

Grafica 3.

Fuente: Latinobarómetro de las Américas, LAPOP (2008) 

Por último, es necesario que la ciudadanía cuente con información clara y de calidad sobre la actividad de sus representantes, para que pueda conocer a fondo cada una de las acciones que suceden internamente en el congreso y para que también pueda estar al tanto de los diferentes productos del oficio legislativo que tienen impacto sobre la vida y el destino de los colombianos.

Puede que tener más puntos de referencia claros y atajos de información eficientes publicite los esfuerzos de los representantes que trabajan durante cuatro años. Por su parte, Congreso Visible pretende que esto sea posible contribuyendo a que el electorado y la ciudadanía en general cuente con herramientas que reduzcan los costos de información entre ambas partes y de esta forma se genere un dialogo más objetivo acerca de la labor legislativa.

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Célebres Elecciones

Hace un par de cuatrienios figuras deportivas, actores y otras tantas celebridades de la farándula local lograron algunas de las tan codiciadas sillas del congreso colombiano, María Isabel Urrutia y Bruno Díaz eran algunos de ellos.  A dicho fenómeno muchos lo denominaron la “vedetización de la política” debido a que justamente estos personajes  saltaron de las portadas de revistas, las pantallas, los escenarios deportivos y las tarimas a los pasillos, despachos y  comisiones del recinto.     

Sin embargo, las elecciones del pasado 14 de Marzo sugieren una reflexión al respecto, pues los resultados electorales estas vez negaron la entrada a comentaristas, actrices y modelos que pretendían un espacio en la esfera legislativa. En mi opinión, puede que el electorado colombiano haya empezado a percibir que el ejercicio legislativo requiere de algo más que reconocimiento público exacerbado  o puede que los logros de estas figuras es sus campos no son lo suficientemente sorprendentes  ni deslumbrantes como para merecer un lugar en el tope de las preferencias políticas de los colombianos.  Sencillamente no me atrevo a dar una conclusión, las dos alternativas podrían ser ciertas, que juzgue el público.

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