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Dic 2011 21

2011: alcalde a la cárcel. La herencia de Samuel Moreno

Un golpe a la confianza y al proyecto de ciudad que desde hace 20 años veníamos construyendo, una oportunidad perdida para el partido de oposición democrática que necesita Colombia, la destrucción de dos movimientos políticos (la ANAPO y el PDA), un deterioro visible de la administración y la ciudad, un daño a la imagen internacional que venía mejorando. Este es el saldo – y es el desafío que encontrará el nuevo Alcalde-.

Por Carmenza Saldías, analista www.razonpublica.com

Un mal final

Hace cuatro años, días antes de la posesión del alcalde de Bogotá, no se respiraba un optimismo desbordante, pero los comentaristas le concedían “el beneficio de la duda”, dados los logros que reportaba el gobierno saliente del Polo Democrático Alternativo, y dado el triunfo de Samuel Moreno, tan contundente como significativo porque implicó la derrota del candidato a quien el entonces presidente había dado su apoyo público y expreso.

Sin embargo, las expectativas de un buen gobierno se fueron diluyendo y en su lugar aparecieron graves denuncias que hoy tienen al alcalde suspendido y detenido mientras se le juzga penalmente, a su hermano en las mismas circunstancias, y a congresistas, autoridades de control, funcionarios y contratistas en medio de juicios donde verdades a la medida de cada conveniencia amenazan con esconder los hechos verdaderos.

A pocos días de finalizar el periodo de gobierno, independientemente de cuál sea la verdad que termine prevaleciendo —y sin prejuzgar ni anticipar las decisiones de las instancias pertinentes— parece oportuno reflexionar sobre el legado que deja el alcalde Moreno a la ciudad y sobre el proceso que ésta ha vivido a partir de la Constitución de 1991.

Un doble retroceso

Desde hace casi veinte años, la ciudadanía de Bogotá viene apostando y aportando por la construcción de una ciudad mejor, unos con más conciencia que otros, pero casi todos contribuyendo mediante impuestos y tarifas. Bajo ese criterio han elegido a sus alcaldes, quienes han trabajado con el ánimo de “construir sobre lo construido” — algunos más, otros menos — unos de manera estructural y otros más cosmética.

Sin pretender aquí una evaluación de los últimos seis gobiernos o desconocer las críticas que ellos ameriten, lo que sí parecía un hecho irrefutable era que desde 1992 todos los Alcaldes habían terminado su periodo con niveles altos de favorabilidad y con resultados evidentes para el desarrollo de la ciudad.

Y todo indicaba que el alcalde Moreno podría disfrutar de una muy cómoda gobernabilidad: con las finanzas distritales en buen estado, con una reforma administrativa recién hecha, con una economía a buen ritmo y con tendencia creciente, y en fin, con el respaldo de su partido en una posición de relativa mayoría en el Concejo. Siendo la única formación nacional de oposición, las circunstancias parecían dadas para por fin consolidar en Colombia un proyecto democrático de largo plazo, que trascendiera el Frente Nacional y su legado pernicioso.

En estos términos, la suspensión del cargo del alcalde Samuel y su posterior detención tuvieron, cuando menos, una doble implicación política:

De un lado, los votantes que han mantenido una posición de relativa independencia pierden certeza sobre su propio criterio para escoger al mandatario y hay una frustración de la “conciencia colectiva”, lo que no necesariamente es negativo porque puede significar un endurecimiento del criterio de selección. En este sentido, la elección de Gustavo Petro confirmaría la tendencia “progresista” de una mayoría relativa de votantes en Bogotá.

De otro lado, la ciudadanía en general pierde confianza en los nuevos partidos y vuelve a la incertidumbre de los movimientos personalistas o, peor aún, termina añorando a los partidos históricos, con lo cual se afecta el propio proceso de modernización política, que tanto necesitan la ciudad y el país. Como si fuera poco, termina dando argumentos a la derecha, que siempre ha sostenido que “la izquierda no sabe gobernar” (aunque es obvio que ANAPO — verdadero origen de Moreno — nunca perteneció propiamente a esta tendencia).

Mientras tanto, el Polo Democrático guarda silencio, aunque sus directivos y muchos concejales saben que una de las causas de la debacle fue la alianza entre el Polo y el Partido de la U — originada en la búsqueda de una mayoría absoluta dentro del Concejo. Por mantener un estándar doble y contradictorio – alianza en lo distrital y oposición en lo nacional – el Polo no solo perdió la Alcaldía de Bogotá sino también la opción de ejercer una oposición creíble, que el país ha esperado por décadas.

La herencia de esta aventura consiste pues en reducir la confianza de los ciudadanos, tanto sobre su propio criterio de selección como sobre los nuevos partidos. Y esta pérdida puede ser muy onerosa para la sociedad bogotana, que viene recobrando un proyecto colectivo y el sentido de pertenencia desde hace apenas unos lustros.

Se perdió además la oportunidad para consolidar un partido que, entre otras cosas, debía apersonarse de la descentralización y de la autonomía territorial, mandatos constitucionales que siguen huérfanos tras dos décadas. Una experiencia tan frustrante como el gobierno de Moreno en Bogotá no los favorece en absoluto.

Un deterioro de la administración y la ciudad

El objetivo de recuperar el prestigio de la función pública, y de los propios servidores públicos requiere de una labor titánica, todavía más en un país donde desde hace décadas la corrupción campea “en sus justas proporciones”.

Desde los años noventa este propósito avanzaba con persistencia en Bogotá, en medio de grandes dificultades, habida cuenta de los escollos que debe enfrentar una tarea pública pulcra, que reta al clientelismo y a la corrupción. Basta recordar el contexto nacional de esta época, para entender lo “meritorio” de una administración distrital exenta de escándalos.

Y si bien no se había logrado la perfección, ni todos los alcaldes aportaron por igual a esta labor, las reformas administrativas, los proyectos como los SUPERCADES, la inversión en sistemas de información y capacitación tenían como justificación hacer más eficiente y transparente la administración distrital y acercarla al ciudadano corriente.

En consecuencia, venía mejorando la confianza de la ciudadanía en las entidades y funcionarios del Distrito, como lo atestiguan las encuestas y los análisis de “Bogotá Cómo Vamos” o aquellos que periódicamente realiza la administración para sus rendiciones de cuentas.

Pero los hechos que vengo comentando parecen indicar que la ciudad perdió el norte; que Planeación no está orientando con el rigor y el conocimiento suficientes las grandes decisiones; que la protección de los recursos públicos no está garantizada y que la atención a las demandas colectivas no está entre sus prioridades. Es decir, que el aparato distrital habría perdido la capacidad para manejar los ingentes recursos y las enormes responsabilidades que impone el gobierno de una ciudad como Bogotá.

Otros hechos del periodo reciente podrían corroborar esta apreciación:

Uno, la relativa inestabilidad en la dirección de las entidades, en particular una alta rotación de directivos en Planeación, Hacienda y el IDU, lo que afecta la coherencia y legitimidad de los planes y estrategias. La incapacidad para adelantar la anunciada modificación del POT sería resultado de los permanentes cambios en la entidad encargada.
Dos, el abandono de temas críticos para la ciudad, entre estos, el aeropuerto, los cerros orientales, las relaciones regionales, la seguridad, la movilidad, la autonomía territorial, el fortalecimiento local, que simplemente no estuvieron en la agenda y que, en consecuencia, representan ahora problemas y retos acumulados, demorados y de mayor envergadura.
Tres, decisiones apresuradas y claramente favorables a intereses distintos a los de la ciudadanía, como la recién anunciada negociación con el Ejército por los predios del Cantón Norte por una suma exorbitante y bajo criterios errados, que sientan precedentes de costosas consecuencias para la ciudad.
Cuatro, las basuras, la informalidad, el desorden urbano, entre otros, que ilustran la falta de autoridad, la pérdida de legitimidad de lo público y la relajación de los parámetros de prestación de los servicios del Estado a nivel distrital.

En estas condiciones, el legado central de Samuel es un desencanto de los ciudadanos con el gobierno distrital, con el aparato público y con los propios funcionarios. Sin duda, la generalización es inapropiada e injusta, porque ignora la frustración de miles de funcionarios que por años han mantenido en alto su moral para resistirse al embate permanente de la corrupción y ahora terminan estigmatizados por cuenta de los errores en la alta dirección de la ciudad.

Además, queda como otro saldo negativo la confirmación de que la última reforma administrativa no fue suficiente para impedir la reversa significativa en la calidad del aparato público distrital y que incluso pudo haberla favorecido.

Un daño de la imagen internacional

Reconstruir la imagen de la ciudad ha sido un objetivo de alto interés estratégico, aunque los gobiernos de las últimas décadas hayan adoptado enfoques y mecanismos bastante diferentes para ello. El resultado han sido cambios evidentes en las percepciones sobre la ciudad y en los rankings que miden la competitividad de las ciudades del continente o del mundo.

Teniendo en cuenta la dimensión demográfica, económica y política de Bogotá en el contexto global, los logros de la ciudad habían sido interpretados como ejemplos del avance de los gobiernos territoriales, y la ciudad se convirtió en referencia de buenas prácticas, que dieron pie no solo a un sinnúmero de misiones de ciudades de todas las latitudes interesadas en conocerlas de primera mano, sino a buen número de premios que le han representado visibilidad y reconocimiento.

También los rankings internacionales muestran el cambio en la posición general y en las distintas variables y factores que incluyen tales evaluaciones. Por ejemplo, en 2003

Gráfica 1
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Bogotá ocupó el lugar 16 entre 40 ciudades latinoamericanas en la medición de competitividad que realiza la revista América Economía; en 2009 llegó al lugar 6, lo que refleja sin duda un cambio de posición muy significativo, pero en 2010 descendió al lugar 8, tal como se aprecia en la gráfica1.

Al respecto, en el último año, algunos de los factores más sensibles de las mediciones han registrado un cambio desfavorable, y también agencias como Mercer, que mide la calidad de vida urbana, señaló recientemente que Bogotá ha perdido posiciones por problemas de inestabilidad política, seguridad jurídica y movilidad.

El estudio elaborado por la Universidad del Rosario y la firma de consultoría chilena Inteligencia de Negocios (IDN) sobre atractividad para inversiones de las ciudades latinoamericanas, revela que Bogotá perdió 3 puestos en 2011, pasando de la posición 6 a la 9.

Gráfica 2
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El efecto combinado de las noticias judiciales, los grandes titulares que ameritan los hechos y sus actores y los reportes de las agencias evaluadoras, puede ser devastador para la imagen de la ciudad, tan duramente trabajada ante las entidades multilaterales, los bancos e inversionistas internacionales, los empresarios, los turistas.

Y perder la credibilidad en el escenario mundial es grave también para el país, que en buena medida se ha globalizado a partir de los logros de Bogotá, considerando que la propia Nación es generosa en generar escándalos de todas las dimensiones, justo cuando el país comienza de veras su inserción en la comunidad internacional y cuando van a entrar en vigencia los tratados comerciales.

El desafío de Petro

En síntesis, la administración que finaliza deja un legado cargado de pérdidas: en la confianza ciudadana, en el proceso de modernización política, en el aparto distrital y la calidad de la gestión pública, en la imagen de la ciudad.

Pero los errores son de los administradores, no de la ciudad. Es de esperar que la nueva administración se encargue de avanzar en el sentido debido, para evitar que las pérdidas en los activos intangibles den al traste hasta con la intención de invertir en infraestructuras y equipamiento. Sus aspiraciones políticas y la suerte de su movimiento en ciernes están en juego.

Si bien cuatro años de malos resultados en asuntos tan cruciales pueden parecer un golpe irreparable para nuestra incipiente construcción de ciudad, la situación resulta menos negra cuando se la mira desde la perspectiva histórica más amplia: en cerca de quinientos años, Bogotá ha vivido tiempos malos que hoy parecen hundidos en el olvido. La ciudadanía siempre ha sido capaz de sobreponerse a los dirigentes que están por debajo de sus expectativas. Esperemos que esta vez también lo logre, y que la administración que llega esté a la altura de las nuevas circunstancias.

Para ver los anexos entre a http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2627-2011-alcalde-a-la-carcel-la-herencia-de-samuel-moreno.html

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