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Feb 2012 17

Actores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes pasan al tablero

Cortesía: Oficina de Prensa Ángela Robledo

“Una segunda oportunidad para nuestros ciudadanos en formación” pidió la congresista Ángela Robledo (Verde) en la audiencia pública realizada este jueves en la que se presentó el informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Según Robledo, la razón por la que los jóvenes se involucran en actividades criminales es la falta de oportunidades de estudio o trabajo que los hace víctimas de la pobreza y de la exclusión social.

Por lo anterior, la forma de disuadir a los jóvenes de terminar en la delincuencia no estaría en el aumento de penas sino en la educación. Con ese planteamiento se abrió el debate sobre la redefinición de un Sistema de Responsabilidad Penal que en la actualidad enfrenta grandes dificultades: insuficiencia de recursos, de personal capacitado y de infraestructura para garantizar un acompañamiento y protección integral a los jóvenes entre 14 y 18 años que infringen la ley, según lo reflejó el informe de la Comisión de Evaluación.

Ésta última está integrada por delegados del Gobierno, los organismos de control, la Policía y miembros de organizaciones sociales quienes coincidieron en señalar que no es clara la articulación de los distintos actores del Sistema: el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Consejo Superior de la Judicatura, los jueces penales para adolescentes y la Defensoría del Pueblo. No existe un órgano rector ni están delimitadas las responsabilidades y competencias de cada entidad.

En ese contexto, se evidenciaron enormes retos y dificultades que van desde la administración de justicia hasta la garantía del libre ejercicio de los derechos por parte de los adolescentes.

Víctimas más que victimarios

La representante Robledo destacó que el año pasado se presentaron 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido (ICBF); 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales (Medicina Legal), entre otras cifras que dan cuenta de los abusos a los que constantemente se ven enfrentados los jóvenes en el seno de su propio hogar y por fenómenos como el conflicto armado.

En ese sentido, el Director de la Policía de Infancia y Adolescencia, Brigadier General Nicolás Martínez y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Jorge Perdomo plantearon la necesidad de un Sistema de Responsabilidad Penal que garantice a los jóvenes el restablecimiento de sus derechos vulnerados y que no se centre en la aplicación de medidas represivas.

Desde ese enfoque los adolescentes ya no serían considerados como delincuentes sino como protagonistas de una política pública centrada tanto en la prevención como en el tratamiento a la criminalidad. Acorde con eso el Viceministro de Justicia Jorge Londoño planteó un Sistema pensando para responder a los “problemas reales de los adolescentes” que resultan involucrados en conductas delictivas.

“Educar al joven es formar al ciudadano”

Con esta frase, la representante Robledo llamó la atención sobre la necesidad de que la educación se convierta en una segunda oportunidad para que esos jóvenes en conflicto con la ley puedan realizar su proyecto de vida y reincorporarse a la sociedad.

De ese modo tendría sentido el elemento pedagógico contenido en el Código de Infancia de Adolescencia: los menores que cometan delitos tendrán que ser vinculados a procesos de educación que los formen como ciudadanos.

Precisamente en palabras del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Mauricio Perfetti, la formación ciudadana sería la apuesta del Gobierno por garantizar la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos de todos.

Salud

En la reciente actualización del POS se estableció que la salud mental es un asunto de salud pública. Por ende se habrían incluido tratamientos y medicamentos para las personas que tengan problemas de salud mental, según lo afirmó Aldemar Parra, coordinador del Grupo Salud Mental (Ministerio de la Protección Social). Por esta razón la Comisión de Evaluación exigió la realización de un estudio general del estado de salud mental y física de los menores qué hacen parte del SRPA con el fin de brindarles una mejor atención.

Justicia

A lo largo del evento las intervenciones de representantes del Gobierno, de la Rama Judicial y de organizaciones sociales confluyeron en una posición: se requieren vías alternativas a la justicia punitiva para resolver el conflicto entre los adolescentes y la ley.

Uno de estos caminos es la justicia restaurativa cuya pretensión es que los menores infractores que a su vez son víctimas, puedan entender las implicaciones de los delitos cometidos, tomar medidas para reparar el daño causado y lograr reincorporarse a la sociedad.

Al finalizar el evento se concluyó que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes requiere mayores recursos para su funcionamiento, una reingeniería desde los propios cimientos pero sobre todo la voluntad política para hacer efectiva una política social más que penal dirigida exclusivamente para los adolescentes cuyo futuro está en manos del Estado, la familia y la sociedad. La tarea continúa…

Tags: Código de Infancia y Adolescencia Delincuencia Partido Verde SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Jóvenes

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