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Sep 2010 19

Ángela Robledo pide a los Verdes retirar proyecto que busca aumento de penas a niños y adolescentes

Luego de un estudio minucioso, la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, le sugiere a la bancada y a la Dirección Nacional del Partido que retire el proyecto de ley mediante el cual se busca modificar parcialmente el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, iniciativa de la senadora Gilma Jiménez.

En un documento de 17 páginas, la Representante Robledo afirma que ¨No sólo existen dudas razonables y bien documentadas sobre la eficacia del proyecto, sino que contraviene una serie de postulados fundamentales de nuestro Partido Verde. Aspiraría entonces a que en el marco de un ejercicio de intercambio de argumentos como el que le hemos propuesto a la sociedad entera, la Dirección Nacional y la bancada de Congresistas acoja la sugerencia de retirar la iniciativa y abocar el estudio, serio y ponderado, de los cambios que se necesitan con urgencia para garantizar el efectivo cumplimiento de los postulados que sustentan el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)¨.

¨Si del ejercicio ponderado de los argumentos esbozados en pro y en contra de la iniciativa surgiera la decisión de seguir adelante con la iniciativa, quiero expresar desde ya mi respetuosa pero firme decisión de NO votar a favor de tal iniciativa, y de sumar mis esfuerzos a los sectores de la academia, de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se oponen a medidas como las que aquí se analizan¨, concluye la Representante Robledo.

APARTES DEL DOCUMENTO:

¨No puede un Partido como el Partido Verde, que afirma en su plataforma ideológica que con educación todo se pued, que proclama la defensa de los derechos humanos, optar por el camino fácil, sino que debe buscar la manera de articularse con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos internacionales de protección de la niñez y la adolescencia para poner fin a un estado de cosas inaceptable¨.

¨Una lectura desapasionada de las cifras disponibles nos muestra que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos. Por el contrario, los delitos que el propio proyecto califica como graves, esto es, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá. Pero la verdadera pregunta que surge de los datos disponibles es si no estamos tomando la decisión de modificar estructuralmente la política criminal del Estado en relación con las conductas delictivas en que incurren los adolescentes sobre la base de una serie de hechos, muy lamentables sin duda, pero que no representan el grueso de las conductas delictivas en que incurre esta población¨.

¨En medio del actual clima de “crisis de seguridad”, de “miedo generalizado” que adquiere importancia la sabiduría acumulada en años de duras experiencias. Estamos cansados de los bandazos en la política criminal: del incremento de penas – como en el caso del delito de secuestro - a la rebaja por colaboración – como en el modelo de justicia transicional de la Ley de Justicia y Paz. Si no somos cuidadosos al definir la política criminal del Estado, y en particular en lo que tiene que ver con un SRPA, podemos terminar abandonando la resocialización como objetivo del Sistema¨.

¨Hace falta ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza. Sabemos muy poco sobre las causas profundas, los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes¨.

¨Hay que enfrentar con toda decisión a las llamadas “Bandas Criminales Emergentes. Son estas bandas criminales las que instrumentalizan a nuestros adolescentes. Hay que arrebatárselos y arrebatárselas de las manos, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles¨.

¨De manera paradójica, argumentos que sirvieron de sustento en el proyecto de referendo de prisión perpetua para violadores de niños y niñas (una norma inspirada en la protección de la libertad y el pudor sexual de los niños y niñas), en este proyecto termina sirviendo de fundamento al propósito de aumentar las penas y en general a endurecer el régimen penal al cual están sometidos las y los adolescentes que cometen delitos. Dos normas con finalidades tan distintas pero emparentadas en la fe absoluta en que la severidad de las penas será capaz de reducir el número de delitos que se cometen¨.

¨El proyecto busca modificar el llamado Código de la Infancia y de la adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, norma aprobada quince años después de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 que estableció claramente la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Preocupa entonces que a menos de cuatro años de entrada en vigencia de una Ley tan importante, se piense en introducir modificaciones sustanciales a una disposición que es fruto del trabajo mancomunado de expertos en el cuidado y protección de niños y adolescentes, que trabajaron bajo el liderazgo de UNICEF y de la Alianza por la niñez Colombiana, que desarrollaron a través de la iniciativa no solo los principios contenidos en la Carta Política sino las disposiciones contenidas en Acuerdos Internacionales sobre protección de los derechos humanos, y en particular los relativos a este grupo tan importante de población¨.

¨La Corte Constitucional en la sentencia C-203 de 2005 dispuso que los menores de 18 años y mayores de 12 son responsables penalmente de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención de los Derechos del Niño) y que por lo tanto el proceso que les investigue, que les acuse y que les juzgue debe ser un proceso con reglas especiales, un proceso pedagógico y un proceso específico y especializado dada la perspectiva diferencial que el Estado debe asegurar cuando se trate de personas menores de 18 años¨.

¨La familia, la sociedad y el Estado hemos fallado gravemente, no solo en brindarles oportunidades a los y las adolescentes a través, por ejemplo, de una educación pertinente y de calidad que les brinde las herramientas necesarias para avanzar en la vida, sino que hemos fallado también en cuanto ha faltado voluntad política para diseñar y ejecutar una verdadera estrategia que haga posible cumplir los cometidos que informan el SRPA. Incrementar las penas a que pueden ser sometidos los y las adolescentes que infrinjan la ley penal de la manera tan dramática como pretende el proyecto de ley que comentamos, y endurecer las condiciones para el cumplimiento de las mismas, constituye no solo un acto de “populismo penal” y una salida facilista a una situación compleja, sino que encarna una nueva forma de victimización de personas a favor de quienes nuestro orden constitucional consagra un tratamiento diferenciado de especial protección y cuidado¨.

¨Desde el año de 1991 cuando asumí la Dirección Social de la Fundación Restrepo Barco y creamos el Grupo de Reflexión de Infancia y Adolescencia, en mi paso por la Dirección del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito y desde mi condición de académica e investigadora, he trabajado especialmente por la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Creo que los problemas complejos y dolorosos como los que nos ocupan, exigen soluciones complejas de mediano y largo plazo. Por último, tengo la firme convicción como defensora de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que aún a los niños, niñas y adolescentes victimarios les asiste el derecho de ser juzgados con eficacia y rigor , dentro de un régimen penal diferencial , garante y justo¨.

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Tags: Agenda legislativa Senado Angela robledo Jóvenes Mockus Ola verde Partido verde Proyectos de ley Rendición de cuentas Ángela María Robledo

Comentarios (1)

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Germán García:

Los legisladores están acostumbrados a utilizar el aumento de penas, como medida de respuesta inmediata, a problemas sociales que lesionan bienes jurídicos, sin embargo este tipo de medidas solo sirven a lo que se le denomina "Populismo Punitivo", ya que su único resultado es el aumento de popularidad de quien realizo la propuesta.

Estudios de Criminologìa han demostrado empíricamente, que el aumento de penas como solución a problemáticas sociales es ineficaz, ademas demuestran la incapacidad del estado de lograr en los ciudadanos el cumplimiento de los mandatos legales mediante el respeto de las normas.

El partido verde, quien promulga la necesidad de armonizar cultura, moral y ley para el cumplimiento de las normas, debe buscar otro tipo de medidas que no solo recurran a la coacción del estado, deben buscar soluciones que no solo busquen retribución sino también protección especial y general

sept. 21, 2010 Spam Abuso Eliminar