Así va la Ley de Víctimas

El proceso legislativo de la ley de víctimas continúa avanzando en el Congreso y los debates sobre puntos álgidos de la iniciativa que tímidamente se avizoraron durante las sesiones en Cámara de Representantes, hoy día en el Senado de la República van tomando sus verdaderas dimensiones gracias a las intervenciones de los que  denuncian fallas estructurales dentro del proyecto y de los Senadores que sin decirlo abiertamente preferirían que la iniciativa no se convirtiera en ley. Los primeros han expresado sus argumentos anunciando la radicación de proposiciones para mejorar el proyecto, mientras los segundos  apelaron  a la sostenibilidad fiscal para cuestionar los alcances de la iniciativa.

Dentro de estos extremos se ha movido la discusión y la tarea de guardar este delicado equilibrio, fue  asumida por el coordinador de ponentes Juan Fernando Cristo, quien ha logrado un positivo respaldo del resto del equipo de ponentes,  destacándose la labor de los senadores Avellaneda del Polo y Londoño del Partido Verde por un lado,  así como de Roy  Barreras del Partido de la U y Andrade del Partido Conservador, quienes hasta el momento aunque en  distintos tonos y a pesar de tener posiciones contradictorias sobre puntos específicos,  han coadyuvado en la tarea de no polarizar en exceso el debate y no ponerlo en los términos en que se discutía en el año  2009, cuando se trató  de sacar adelante el anterior estatuto para  víctimas.  

Este comportamiento en gran medida es la respuesta al arduo trabajo realizado durante estos años por las organizaciones de víctimas, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil y la sociedad internacional, ahora respaldadas por el acto simbólico de radicación personal de la iniciativa por parte del Presidente de la República Juan Manuel Santos, hecho que  constituye en sí mismo un avance en la dura discusión de este proyecto de ley,  que aún con las falencias en materia de garantía efectiva de derechos  de las víctimas señaladas con razón por varios sectores, muestra también aspectos positivos logrados a lo largo del debate.

En efecto, debe destacarse la existencia de un consenso en el Congreso de la República donde se reconoce que hasta la fecha se ha venido legislando a favor de los victimarios,  dejando relegados los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este gesto se convierte en el punto de partida para una discusión en la que el acento se ha puesto en las víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario,  a pesar de la reticencia de algunos Senadores del Partido de la U y del Partido Conservador,  quienes han pretendido llevar nuevamente el debate al terreno del victimario.

Así sucedió con la discusión del polémico artículo 3  de la ponencia para tercer debate que define el carácter de víctima y por ende los beneficiarios de las medidas que allí se establecen, donde se suscitó una amplia discusión sobre sí  las víctimas de las denominadas bandas criminales derivadas del paramiltarismo y el narcotráfico - bacrim - ,  estaban o no incluidas como beneficiarias,  y donde sin llegar a una solución definitiva,  se ha venido imponiendo el principio según el cual la calidad de víctima estará dada por la Grave Violación a los Derechos Humanos o la Infracción al Derecho Internacional Humanitario sufrida por la persona, independientemente de la denominación o status del victimario. Esto sin duda ameritará la reformulación del mencionado artículoy deberá dejarse constancia expresa de este principio en su nueva redacción, así como también debera modificarse su parágrafo 3,  entendiendo que la referencia  a los actos de delincuencia común que allí se hace pueden especificarse y delimitarse haciendo una remisión a los artículos 35 de la ley 600 de 2000 y 37 de la ley 906 de 2004 que en conjunto establecen la competencia de los jueces penales municipales para aquellos delitos que por su naturaleza no tienen la categoría de Graves Violaciones de Derechos Humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Esto último cerrará la puerta a interpretaciones restrictivas,  que en este sentido afecten los derechos de las víctimas y de la misma forma establecerá las distinciones necesarias con los delitos comunes que estarán excluidos del ámbito de aplicación de la ley, respondiendo a quienes exageradamente temen porque el proyecto termine cobijando cualquier tipo de victimización, pues si bien todos hemos sufrido de alguna manera el conflicto que vive el país,  no todos somos víctimas en estricto sentido tal como argumentan algunos sectores,   con el fin de que por la vía de la tergiversación,  se termine desnaturalizando el contenido de la ley.   

Este mismo punto de partida al que se ha hecho referencia ha justificado la superación de debates hasta hace muy poco tiempo impensados,  como el de la inclusión de víctimas de agentes del Estado,  respecto del cual hay apoyo del gobierno y de manera especifica del Ministerio de Defensa que dice sentirse tranquilo con el tema, e igualmente permitirá así como sucedió en la Cámara de Representantes, que la votación de buena parte del extenso articulado se haga en bloque, agilizando considerablemente el proceso de votación,   para concentrarse en temas puntuales que seguirán dando de que hablar.

Así las cosas, por una parte habrá quienes sigan atacando la iniciativa desde la sostenibilidad fiscal a pesar del aval del Ministerio de Hacienda sobre su financiación progresiva durante el periodo de aplicación de la ley, y por otra parte con razones jurídicas basadas principalmente en los tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad,  se buscará el reconocimiento político de varios temas que aún preocupan a las mismas víctimas,  como la fecha de retroactividad de la ley, el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario con las exclusiones que trae el artículo 3, la aceptación de responsabilidad expresa por parte del Estado por omisión de su deber de garantía de los Derechos Humanos, así como la exclusión de los conceptos de derecho de superficie y de imposibilidad de restitución sobre bienes de utilidad pública.

Todos los anteriores son temas que sin duda pueden afectar el goce efectivo de los derechos de las víctimas y que deberían resolverse a favor suyo,  de no ser por las concesiones de tipo político propias del trámite legislativo, sin embargo teniendo en cuenta las mayorías existentes hoy en el Congreso,  producto de la unidad nacional es un hecho que la ley será aprobada de una u otra forma razón,  por la cual el camino adecuado no debe ser renunciar al debate,  sino partiendo del reconocimiento de los avances dados por el cambio de rumbo del gobierno nacional, buscar mejorar los temas de preocupación de las víctimas durante lo que resta del debate concreto del articulado,  con el fin de allanar el camino en búsqueda de fortalecer la ley ante los inmensos desafíos que plantea su aplicación, propósito que además de lo dicho hasta acá,  pasará necesariamente por la conformación de una institucionalidad sólida, eficaz, eficiente y respetuosa de la dignidad de las víctimas.  

Iván Palomino

Asesor

Programa de Poblaciones Afectadas por el Conflicto

Corporación Nuevo Arco iris