Balance de la actividad legislativa: primer periodo de la legislatura 2010

Terminado el primer periodo de la legislatura 2010-2011, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política presenta un balance de los principales proyectos de ley y de acto legislativo que fueron debatidos por el Congreso de la República.  

Debe reconocerse que el Congreso tuvo a su cargo el estudio de iniciativas de gran trascendencia para el país, respondiendo satisfactoriamente a este desafío. A diferencia del cuatrienio anterior, el Congreso actual logró enfocar la opinión pública en el contenido de las iniciativas y las posturas de las bancadas, por encima de las actuaciones privadas de los congresistas. Sin duda el desempeño de la mesa directiva, que por primera vez en muchos años procuró el cumplimiento del reglamento del Congreso y la existencia de espacios de discusión y concertación de los proyectos por parte de los partidos miembros de la coalición de gobierno en la Mesa de Unidad Nacional, condujeron a un balance satisfactorio tanto para el órgano legislativo como para el gobierno central que logró sacar adelante su agenda legislativa.  

Teniendo en cuenta el papel que debe desempeñar el órgano legislativo al interior del sistema político colombiano, que implica para el Congreso el deber de elaborar las leyes que posteriormente direccionarán las políticas públicas del país e impone a los a los congresistas el deber de jugar un papel activo en dicho proceso, el Observatorio Legislativo quiere hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar debe reconocerse que la agenda legislativa del ejecutivo elevó el nivel de discusión tanto en el Congreso como en los círculos académicos y la opinión pública, al plantear en su agenda los temas estructurales que el país necesitaba discutir, demostrando además la mejor disposición para generar los acuerdos y consensos suficientes para validar cada una de las políticas. Este hecho permitió a los congresistas jugar un papel protagónico en las discusiones, soportado en una relación armónica entre las dos ramas del poder público.

No obstante, si bien el equilibrio de poderes no debe implicar la contraposición constante del ejecutivo y el legislativo al punto de entrabar las soluciones que a las necesidades ciudadanas se proponen, el Congreso no puede olvidar la función de control político que debe ejercer sobre el ejecutivo cuando las circunstancias así lo requieran, así como el deber que tiene de impulsar proyectos de ley de acuerdo a las necesidades políticas, económicas y sociales del país. Pues si bien una relación armónica entre las dos ramas permite importantes avances en términos de política pública, el órgano legislativo debe recordar su origen representativo de la población colombiana y las responsabilidades que de allí se derivan. 

En segundo lugar, relacionado con el punto anterior vale mencionar que si bien la presencia de un acuerdo previo a través de la Mesa de Unidad Nacional permitió generar consensos sobre materias que de otra manera no se hubieran logrado, los partidos políticos con representación en el Congreso deben recordar la importancia del debate sobre las posturas políticas de partido y la coherencia de las mismas con la actuación de la bancada en el trámite legislativo. Por último, es necesario recordar la importancia de que estos espacios sean abiertos a todos los partidos políticos y no solo a los de la coalición de gobierno, pues la discusión debe estar orientada por los temas más que por las condiciones políticas del momento. Ejemplo de esto es la precaria participación de los partidos y movimientos con asiento en el Congreso en la preparación del proyecto de Estatuto de la Oposición, donde el único partido que se ha vinculó activamente fue el Polo Democrático Alternativo, declarado oficialmente en oposición, como si las medidas que allí se incluirán no fueran de interés de todos los partidos, que en un futuro pueden ser quienes se declaren en oposición al gobierno.

Así las cosas, si bien el equilibrio de poderes implica la convivencia armónica entre las tres ramas, también requiere de un sentido crítico constante que permita limitar las atribuciones propias de su competencia, así como de un ejercicio efectivo de las funciones que les fueron a cada uno conferidas constitucionalmente.

Para conocer el contenido completo del documento consulte el Boletín 178 del Observatorio Legislativo.

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