Daniel Bustamante

 

El 30 de noviembre del presente año culminó el denominado trámite legislativo especial para la paz, comúnmente conocido como fast track, por medio del cual el gobierno de Juan Manuel Santos buscó adelantar el tránsito legislativo de los principales puntos del Acuerdo de Paz, signado un año atrás con la guerrilla de las FARC. No obstante, el balance que arroja los resultados finales del fast track dista de las expectativas que tanto el gobierno como las FARC tenían al inicio del mismo. El principal motivo para los deficientes resultados tiene que ver con el desmembramiento de la coalición de Unidad Nacional, que configuraba las mayorías del gobierno en el Congreso.

 

El sabor agridulce que ha dejado el fast track entre el gobierno, la Farc y los principales sectores sociales y ciudadanos que han apoyado la implementación del acuerdo responde a los limitados alcances que tuvo el mecanismo. Por ejemplo, los principales puntos de la Reforma Rural Integral (RRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     no surtieron trámite alguno. Los avances en este punto se limitan a los decretos promulgados por el presidente Santos, que son insuficientes a la hora de configurar el complejo aparato institucional que requiere la puesta en marcha de la RRI.

 

Aunado a lo anterior, dos de los proyectos que adelantaron su trámite mediante fast track sufrieron serios traumatismos sobre su concepción final. El primero de ellos, la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, terminó estableciendo modificaciones sustanciales sobre aspectos delicadamente acordados en La Habana. Principalmente, el Congreso modificó los criterios de selección de los Magistrados del Tribunal de Paz, así como la participación de terceros en la JEP, la cual ahora es de índole voluntaria. El segundo proyecto concernía a la creación de16 circunscripciones de carácter transitorio en la Cámara de Representantes, las cuales buscarían representar a los territorios y poblaciones más golpeados por el conflicto. En su último debate, al parecer no obtuvo las mayorías necesarias para su aprobación.

 

Durante los últimos siete años, la coalición de Unidad Nacional, conformada en el Congreso por las bancadas del Partido de la U, el Partido Opción Ciudadana, el Partido Cambio Radical y el Partido Liberal le permitió al gobierno contar con mayorías legislativas efectivas para el trámite y aprobación de sus principales proyectos. Durante la vigencia del fast track, el gobierno le subrayó a la bancada de la Unidad Nacional la necesidad de mantener una cohesión parlamentaria que permitiese llevar a buen puerto el trámite legislativo de los Acuerdos de La Habana. No obstante, desde inicios del periodo legislativo especial, la coalición sufrió un desmembramiento paulatino: por ejemplo, Cambio Radical presentó objeciones contundentes a los principales proyectos que buscaron instituir tanto la Justicia Especial para la Paz - JEP como la reforma política. Esto condujo a trabas y demoras en los plazos iniciales que se proyectaron para el trámite legislativo de los acuerdos vía fast track. En consecuencia, el gobierno Santos tuvo que hacer frente a una aguda crisis de gobernabilidad.

 

Las razones de la salida de Cambio Radical de la coalición aluden, según fuentes oficiales, al contenido de los proyectos que se buscaban debatir vía fast track. El vocero de la colectividad, Germán Varón Cotrino, señaló que el voto negativo de la bancada de Cambio Radical a la JEP respondía a que dicha iniciativa “premia de manera significativo y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC”

 

Es posible, sin embargo, entrever otros motivos que dan razón a la posición adoptada por el mencionado partido, que responden, principalmente, a intereses electorales.

 

Esta es la última legislatura del cuatrienio. Se avecina un año electoral, en el cual entrarán en contienda las principales fuerzas políticas de cara a los próximos cuatro años, lo que supone un delicado momento para la implementación de los Acuerdos de La Habana. Algunas de las fuerzas políticas presentes en el Congreso afrontan con sumo cuidado el periodo preelectoral. Esto se traduce en mayor ausentismo a las sesiones, a la vez que cada parlamentario configura sus intereses electorales, por lo cual algunas bancadas se aíslan de los debates más álgidos, en aras de no arriesgar la estabilidad de su electorado.

 

El jefe negociador de la comisión del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, criticó la posición adoptada por Cambio Radical, calificando de “oportunista” su decisión de darle la espalda al proceso de paz, lo cual da cuenta, según el propio De la Calle, de un claro interés electoral.

 

Considerando los orígenes de su electorado, el partido Cambio Radical bien podría haber asumido dicha posición buscando, por un lado, conservar su electorado y, por el otro, atraer nuevos electores desde las toldas del uribismo.

 

Asimismo, el alejamiento de dicha colectividad de la Unidad Nacional responde, en cierta medida, al ultimátum de la Presidencia, según la cual toda colectividad que estuviese en contra de los proyectos que implementan los Acuerdos tendría que desprenderse del gobierno inmediatamente. Fue así como las cuotas del partido en el gabinete fueron desvinculadas del mismo, como sucedió con el Ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, que permaneció en el cargo poco más de dos meses.

 

El debilitamiento de la coalición puso en serio riesgo el trámite legislativo de los Acuerdos. Con el fast track concluido, con un balance lejos de ser el esperado, la implementación de las complejas disposiciones que se plasmaron en el Acuerdo de La Habana hace frente a trabas que dificultan y alargan los plazos planteados de inicio para los aspectos más delicados de la implementación, poniendo en serio riesgo el pilar fundamental de la implementación: la Jurisdicción Especial para la Paz.