CARTA APOYO PARO NACIONAL MADRES COMUNITARIAS

Jul 2012 24

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2012

Doctor

DIEGO ANDRES MOLANO APONTE

Director General del ICBF

Carrera Avenida 68 No. 64C-75

Ciudad.-

Asunto: Exhortación a dar cumplimiento cabal a los Acuerdos suscritos con las Madres Comunitarias durante los días 7 y 8 de mayo y 8 de junio de 2012.

Respetado Señor Director:

Como es de conocimiento de su despacho, en vista de que el Gobierno Nacional no ha dado cumplimiento a los acuerdos suscritos el pasado mes de mayo con las organizaciones de Madres Comunitarias que integran la Mesa Nacional de Unidad, sobre aspectos relacionados con el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales, que de forma sistemática les han sido vulnerados durante toda la vigencia del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, bajo el supuesto de que se trata de unas trabajadoras “voluntarias”, para quienes los principios y las normas del Derecho Laboral, no les es aplicable, nuevamente en el presente año, han convocado una jornada de protesta, que de suyo, consideramos justa y legítima, para cuya realización demandamos el otorgamiento de las garantías a que haya lugar.

Si bien es cierto no compartimos el contenido y alcance de los citados acuerdos, por su precariedad y porque dejan en la penumbra el reconocimiento de claros y precisos derechos que comporta la realidad fáctica y jurídica del vinculo contractual que ellas ostentan y, que a través de un modelo de intermediación, como lo son los Contratos de Aporte que suscriben las Asociaciones de Padres Usuarios, se ha persistido en desconocer el derecho que estas trabajadoras tienen a una remuneración que alcance el “mínimo vital” y, sobre todo, ante la inminencia del proceso de transición a un nuevo sistema de atención a la Primera Infancia, como lo es la estrategia “Cero a Siempre”; se les desconoce igualmente el derecho a una pensión digna, a las que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional que demandan los nuevos lineamientos del programa, sean retiradas del servicio.

Las promesas de que este asunto de vital importancia sería considerado en forma seria y oportuna por los delegados del gobierno que intervinieron en las reuniones de entendimiento entre el ICBF y las Madres Comunitarias, al parecer no tendrán viabilidad, por cuanto según informaciones que nos llegan de todo el país, unas 50.000 Madres Comunitarias serán retiradas del servicio durante el proceso de ajuste al nuevo sistema, sin que se haya dado trámite a soluciones como la afiliación a BEPs, la realización del cálculo actuarial sobre los períodos dejados cotizar, para la definición de una probable apropiación de recursos con destino al reconocimiento de una pensión mínima o, como ya se había anunciado, el otorgamiento del auxilio para ancianos indigentes, a las que tengan bajo o ningún nivel de ahorro, según los términos contenidos en los acuerdos.

Pero ha sido motivo de especial preocupación, tener conocimiento que el ICBF suscribió en el presente año, Contratos de Aporte solo por el término de seis (6), tiempo durante el cual se presume que de forma progresiva y hasta completar el término de tres (3) años, el Programa de Atención a la Primera Infancia entra en un proceso de transición, sin consideración a la suspensión del servicio de cuidado y atención de los infantes que prestan las Madres Comunitarias, y de la vacancia tácita en que han sido colocadas estas trabajadoras, en tanto los nuevos operadores las convocan para postularse a la planta de cargos de los Centros de Desarrollo Infantil Temprano, siempre y cuando reúnan los requisitos de los nuevos perfiles ocupacionales.

En nuestra opinión, bajo estas circunstancias, se está presentando una flagrante violación de los derechos laborales y sociales de las Madres Comunitarias, que ante la expectativa de vinculación con el nuevo operador, no reciben remuneración alguna, se interrumpe la afiliación al régimen de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, por los efectos jurídicos de terminación de los Contratos de Aporte entre el ICBF y las Asociaciones de Padres Usuarios, que fueron suscritos solo para cubrir el primer semestre del presente año, sin consideración a que no existe solución de continuidad en el vínculo contractual que ostentan las Madres Comunitarias, que de conformidad con la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un “contrato realidad”, para efectos de sus derechos laborales.

Así mismo, en el marco de este proceso de ajuste institucional del programa, se está vulnerando el derecho de protección a la maternidad de las Madres Comunitarias que se encuentran en estado de embarazo, en vista de que los nuevos operadores no las contratan por su estado de gravidez, su proximidad a la época del parto y del puerperio, dejándolas desprotegidas, a ella y a su hijo, en su derecho al cubrimiento de la prestación social y económica (licencia remunerada por maternidad), lo cual resulta totalmente discriminatorio y violatorio de las normas establecidas en la Constitución Nacional, en el Estatuto Laboral y en el Convenio 183 de la OIT del año 2000.

A parte de lo anterior, las Madres Comunitarias que por razones de la edad, o por no llenar los requisitos del perfil ocupacional y la idoneidad académica que exige el nuevo sistema, no serán vinculadas por los nuevos operadores, de conformidad con las respuestas dadas por el Director Nacional del ICBF, Dr. Diego Molano, al cuestionario formulado por el H. Senador Alexander López, con motivo del Debate de Control Político que tuvo lugar en la Plenaria del Senado de la República el 17 de abril del presente año; en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios, solo 27.000 serán incorporadas al nuevo sistema, que son las que se necesitan para atender el 1.201.960 niños, que es la población que atienden hoy estas trabajadoras, quedando en la incertidumbre, un número aproximado de 50.000 Madres Comunitarias, para quienes no existe una propuesta de Retén Social que las proteja, especialmente en su derecho a una vejez digna.

Igualmente es pertinente precisar, que la improvisación en los ajustes al nuevo sistema, ha dado lugar a que los niños y las niñas que atendían las Madres Comunitarias en los Hogares del ICBF, no estén siendo atendidos por efectos de la terminación de los Contratos de Aporte con las Asociaciones de Padres, generando incertidumbre en los padres usuarios, que no encuentran un Centro de Desarrollo Infantil cerca de su hogar o de su trabajo para el cuidado de sus pequeños.

De otra parte, es preciso recordar que las Madres Comunitarias han cumplido en el 100% los estándares de calidad para la prestación del servicio de atención a la Primera Infancia en los Hogares del ICBF. No obstante, encontramos que a los operadores de la estrategia “Cero a Siempre”, no se les exige con el mismo rigor, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la ejecución de la nueva estrategia, que en el apresuramiento de aplicarla, se suscriben contratos para la prestación del servicio, en sitios que están lejos de garantizar las mejores condiciones de calidad, sanidad y seguridad para el cuidado y atención de los infantes.

En este punto me permito formular algunas reflexiones sobre los propósitos de la política de mejoramiento del programa, así:

1. Por cada niño atendido en los Centro de Desarrollo Infantil Temprano, como se denominan los establecimientos adecuados para tal fin, la canasta de servicios en 11 meses por niño tiene un costo de $2.640.000 ($240.000 pesos mensuales) que le son transferidos a estos nuevos operadores.

2. Por cada niño atendido en un Hogar Comunitario del ICBF, donde laboran las Madres Comunitarias, el costo anual equivale a la suma de $783.277 ($65.273 pesos mensuales) por 14 o 12 niños.

De lo anterior se puede establecer, que el gasto social invertido por el Estado en el antiguo sistema, tenía un valor equivalente a la ¼ parte de lo que hoy el Estado invierte a través de los contratos con las Asociaciones Público Privadas que fueron autorizadas por la Ley 1508 de 2012, para la prestación de servicios como el que nos ocupa, dando lugar a la privatización de una función que debe estar a cargo del Estado y que a través de esta normativa de favorecimiento de la empresa privada, se le otorga legitimidad a la mercantilización del cuidado de la primera infancia, tal como ha sucedido con el derecho a la salud, cuya crisis se ha vuelto insostenible, la educación, o con los Contratos de Concesión que favorecen los intereses de las Transnacionales.

En desarrollo del proceso de transición, que como lo ha afirmado su despacho, está previsto en el término de tres (3) años, es pertinente que se precise, cuántos niños a la fecha de implementación de la estrategia “Cero a Siempre” han sido atendidos en el marco del proceso de cualificación de los Hogares Comunitarios de Bienestar y, cuántos son los niños que no reciben ningún tipo de atención, en orden a establecer la forma como tiene realización el derecho a la igualdad y a la igualdad de oportunidades y de trato, así como los demás derechos fundamentales de los niños, desde la consideración de su prevalencia.

De otra parte, permítame hacer alusión a los siguientes asuntos.

En cuanto al pago del aporte pensional que deben efectuar los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional, en su condición de sujetos de especial protección constitucional y legal, como es el caso las Madres Comunitarias, a partir del 1º de agosto, no se han expedido los formatos para proceder a la cancelación de los respectivos aportes al Seguro Social o la nueva entidad aseguradora, COLPENSIONES, ocasionando una interrupción injustificada, que podría dar lugar, de alcanzar el período de cuatro meses, a una sanción consistente en el retiro del sistema, generando un nuevo vacío en la posibilidad de acceso a una pensión digna de las Madres Comunitarias.

Igualmente, resulta preocupante el anuncio por parte de funcionarios del Consorcio PROSPERAR, que ante las dificultades que presentan los ajustes institucionales, para la eficiencia del sistema en el pago de las cotizaciones al Seguro Social por concepto de aporte a pensiones, se proponga efectuar el pago en los puestos de Baloto, sin las garantías logísticas y documentales de identificación de los cotizantes, lo que en nuestra opinión coloca en alto riesgo el manejo y la administración de estos recursos pertenecientes al mínimo vital de los pensionados de Colombia.

Por todo lo anterior, de forma comedida y respetuosa, solicito a su señoría, convocar en forma urgente a los integrantes del gobierno que suscribieron los acuerdos con las Madres Comunitarias, para que de forma oportuna y eficaz, se de cumplimiento cabal a las demandas contenidas en sus pliegos de peticiones, en orden a garantizar sus derechos humanos, laborales y sociales.

Así mismo anuncio, que estaré solicitando a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, la integración de la Comisión de Seguimiento que se propuso durante el Debate de Control Político que tuvo lugar el pasado mes de abril en la Plenaria de este órgano legislativo, a fin de establecer si se ha dado trámite a las conclusiones y recomendaciones del mismo y, en especial, lo relacionado con la situación laboral de las Madres Comunitarias.

Con toda atención,

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

Tags: Mujeres

Comentarios (0)

Para poder comentar debes haber ingresado.

Ya te encuentras registrado?

Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme