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Oct201217

CONSTANCIA SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 EN LA PLENARIA DEL SENADO

 

En relación con la aprobación por parte de la sesión plenaria del Senado de la República del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2013, en mi condición de Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, me permito dejar la siguiente

 

CONSTANCIA:

 

Ante la imposibilidad de hacer un examen exhaustivo de la totalidad del Presupuesto General de la Nación, me limito a señalar algunos aspectos que considero de especial importancia:

 

1.    No obstante las afirmaciones del Gobierno sobre la concepción social del presupuesto, al examinar las cifras se encuentra un divorcio considerable con la realidad, como lo demuestra el hecho de que 45.5 billones, que representan más del 17% del Presupuesto, se destinan al servicio de la deuda pública, y 26.5 billones son para seguridad y defensa, es decir, para la guerra, de manera que sólo estos dos rubros, que, a nuestro juicio, nada tienen que ver con el gasto social, suman más de la tercera parte del presupuesto nacional.

2.    La población vulnerable y las víctimas de la violencia, frecuentemente sirven de temas para hacer discursos políticos, pero el tratamiento presupuestal dista mucho de concordar con las palabras. En efecto, el presupuesto destinado para la población vulnerable y desplazada es insuficiente para la reparación de las víctimas de la violencia.

 

En el caso de las víctimas, la asignación aprobada es mucho menor a los $13.5 billones de pesos que distribuyó el Conpes 3712 en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 para la indemnización administrativa, el subsidio de vivienda y demás programas que ya había advertido la Contraloría eran insuficientes para cumplir con los efectos de reparación integral.

 

La estrategia central del Gobierno para atender a la población vulnerable sigue siendo el Programa Familias en Acción, que alcanzó cubrir 2.235.065 de familias de los niveles 1 y 2 del Sisbén en 2010[1] y 364.579 familias desplazadas en el 2011[2], mientras la Red Unidos ha acompañado a 1.406.926 familias en extrema pobreza y desplazadas, que también hacen parte del programa Familias en Acción.[3] Sin embargo, estos niveles de cobertura son insuficientes si se comparan con las 4.974.786 familias en situación de pobreza, 1.789.793 en situación de indigencia[4] y 1. 228.894 familias desplazadas.[5] 

 

Además, tales programas no van más allá del asistencialismo, en la medida en que no rompen con el ciclo de la pobreza ni con la desigualdad, sino más bien mantienen a las familias en un umbral tolerable de la misma, sin brindar soluciones estructurales basadas en garantía de derechos y mejoramiento de ingresos.

 

Su bajo costo de inversión, que corresponde al 0,3% del PIB para Familias en Acción y 0.1% del PIB para la Red Unidos,[6] se compensa con los altos réditos políticos que genera la utilización de estos programas en las contiendas electorales en favor de los partidos de gobierno.[7]

 

De otra parte, en la distribución del presupuesto se puede ver cómo para los demás programas sociales, como subsidios a ancianos indigentes, atención a invalidez y otros, los recursos son paupérrimos para brindar una verdadera protección social a quienes por su situación de vulnerabilidad requieren la atención del Estado a través de políticas integrales que hagan realizables sus derechos.

 

3. En cuanto a los recursos para vivienda, el presupuesto de funcionamiento para el año 2013 es de 1,3 billones de pesos, mientras que el de inversión es de 582 mil millones de pesos,[8] lo que indica que los recursos se orientan principalmente a atender los gastos del aumento de la burocracia, antes que a la inversión en los programas del Ministerio.

Aunque el presupuesto para el programa Soluciones de Vivienda Urbana aumenta en un 25.6%, y el de Vivienda Rural, a cargo del Banco Agrario, aumenta en un 54.8%, esto se hace a costa de la disminución significativa de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, al cual se le quitan 891 mil millones de pesos. Estas cifras confirman los pronósticos de los análisis que aseguraban que los programas de vivienda “gratis” y los Macroproyectos disminuirían los recursos asignados para el Subsidio Familiar de Vivienda que administra esta entidad.

El recorte presupuestal en los subsidios hace más difícil el ejercicio del derecho a la vivienda de por lo menos 15 millones de familias que hoy soy arrendatarias y aspiran a  adquirir una vivienda propia.

El artículo 62 del Presupuesto contempla que el Subsidio Familiar de Vivienda puede aplicarse tanto en zonas rurales como urbanas para beneficiar a la población desplazada perteneciente a comunidades indígenas y afrocolombianas conforme con los mandatos legales. No obstante, el recorte presupuestal a FONVIVIENDA hará nugatorios tales beneficios.

De otra parte, el recorte presupuestal contradice abiertamente la meta del gobierno de construir un 1 millón de viviendas en el cuatrienio, 244 mil de las cuales serían Viviendas de Interés Social que tendrían el apoyo de Fonvivienda.[9]

A pesar de que la vivienda está incluida como una de las “locomotoras”, en la distribución del presupuesto es la que tiene la menor participación, con apenas un 3.5% del presupuesto de inversión, a lo que se agrega que según el último Informe de Camacol, Colombia es el segundo país que destina un menor porcentaje del gasto público en vivienda (0.5%) del PIB en América Latina, después de Chile.[10]

 

4. En materia de educación, el presupuesto aprobado para el año 2013 apenas tiene un incremento del 0.2% con respecto al del año anterior, que resulta insuficiente,   entre otras, por las siguientes razones:

 

·        No compensa el recorte injustificado que tuvo en el año 2012 y menos aún atiende las recomendaciones del Programa Educación Para Todos 2015, de la Unesco, que dice que debe estar entre el 6% y el 7% del PIB.

·        Una situación especialmente grave es la que tiene que ver con las universidades estatales, pues mientras el Presupuesto General de la Nación creció en un 12,2%, las asignaciones para ellas tan sólo se reajustaron en un 3.6% para funcionamiento y en un 3% para inversión, lo que en pesos constantes significa que se les congela el presupuesto, no obstante la crisis financiera que atraviesan y las necesidades que tienen de mejorar su infraestructura física y académica para elevar la cobertura y calidad de la educación. 

·        La negativa del Congreso a incrementar mínimo en 1 billón de pesos las apropiaciones presupuestales para las universidades estatales, hecha por distintos sectores universitarios, impide solventar el déficit que arrastran y que las tiene al borde de la ruina, lo que se traducirá en la autofinanciación, particularmente con el incremento de las matrículas y el desarrollo de actividades que no corresponden a su misión, afectando la calidad académica.

 

5. En el presupuesto no fueron incluidas las partidas necesarias para que el Gobierno Nacional pueda cumplir con la Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó pagarles a las madres comunitarias una remuneración no inferior al salario mínimo legal, lo que abre interrogantes sobre si el Gobierno tiene la decisión de cumplir este mandato.

 

Por las razones anteriores y por otras que por limitaciones de tiempo y espacio no me detengo a mencionar, considero que el Presupuesto Nacional presentado a la sesión plenaria del Senado de la República para su aprobación, no cumple las promesas del Gobierno en materia social ni responde a las expectativas de la mayoría de la población y, por consiguiente, votaré negativamente el citado Presupuesto


[1] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2010).Informe Presidente Álvaro Uribe Vélez al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp. 122-125.

[2] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2011).Informe Presidente Juan Manuel Santos al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp. 71.

[3] Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2011).Informe Presidente Juan Manuel Santos al Congreso 2010. Bogotá, D.C.pp.69.

[4] Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Departamento Nacional de Planeación. (Abril, 2010). “Informe Misión para el Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad MESEP”. Bogotá, D.C..

[5] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (2010, 27 de Enero) “Resumen Informe 2009. Boletín Informativo: ¿Salto estratégico o salto al vacío?. El desplazamiento forzado en los tiempos de la seguridad democrática.” Núm. 76. Disponible en línea: http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/79784686ACBF6EA5C12576D6004460F5/$file/Codhes+2009.pdf Consultado Febrero 2010..

[6] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2010) Panorama Social de América Latina y el Caribe . Santiago de Chile: Naciones Unidas pp.26-27.

[7] Global Exchange. (2010)  “Informe final análisis del programa familias en acción en el marco de los procesos electorales en Colombia.” Disponible en línea: http://www.globalexchange.org/countries/americas/colombia/elections2010.html Consultado Septiembre de 2011.

[8] Gobierno Nacional. Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación 2013. Pág 77.

[9] Gobierno Nacional. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Pág. 316.

[10]Federación Colombiana de Departamentos y Camacol. Política para superar el déficit habitacional. Bogotá, Septiembre de 2010. pag 31.

Tags: Presupuesto



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