Cortina de humo del Contralor

Abr 2011 28

En ejercicio del control político he reiterado que son amplios los interrogantes que existen sobre la imparcialidad y transparencia del control fiscal en varios territorios del país, incluido Antioquia.

Desde la elección del doctor Jorge Rojas Otalvaro como Contralor de Antioquia, alertamos sobre su posible falta de imparcialidad por la relación de íntima amistad y los vínculos de militancia política con su fiscalizado, el Gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, de cuyo equipo de campaña y de empalme formó parte.

Abiertamente hemos cuestionado su desnaturalizada “iniciativa” de crear la Fundación para el Buen Gobierno -con un exagerado objeto-, para contratar con él mismo y con los gobiernos que vigila, sacrificando así, la autoridad moral de su cargo.

Fundación que defiende con la tesis de que “algo no está prohibido y permitido a la vez”, aduciendo que si está permitido, es una responsabilidad del Congreso de la República, es decir, mientras exista el vacío en la Ley, todo es posible, así no sea ético.

Desde esta Contraloría para la que todo parece valerse, de forma arbitraria, en un posible prevaricato, después de varios años de rendir versión libre esclarecedora sobre las dudas de un hecho del 2005, sin realizar pruebas, ni determinar o cuantificar técnicamente un presunto detrimento patrimonial, nos imputan cargos y embargan al Ex Gobernador Aníbal Gaviria y a mí, por algo en lo que no participamos, vulnerando nuestros derechos a un debido proceso y a la legítima defensa.

Aunque no participamos, consideramos acertada la transacción, cuyos efectos sociales, jurídicos y financieros se estudiaron al analizar las posibilidades de liquidar el Fondo Ganadero de Antioquia o entrar en ley 550, lo que hubiera representado una pérdida enorme para el patrimonio de Antioquia. De allí que la decisión de permitir la capitalización, que aunque diluyo la participación, hoy garantiza la valorización al 100% de la inversión y mantiene el espíritu de la Ordenanza 05E/99.

Las imputaciones que nos hacen, se soportan en la no existencia de estudios. Contradictoriamente, con celeridad de encomio, sin abrir proceso para defender a su amigo y precandidato a la Gobernación frente a la compra de las acciones de Pescadero Ituango, sostuvo el Contralor que a “…la necesidad de contar con estudios previos de valoración en este tipo de operaciones, por parte de las entidades del sector público, se pudo evidenciar que no se cuenta con pronunciamiento alguno en materia legal vigente”.

Y agrega, “…por lo tanto a falta de herramientas suficientes que permitan predecir los rendimientos futuros de la inversión, no es posible determinar la existencia o no de un eventual detrimento patrimonial en la operación…”.

De acuerdo con la tesis del Contralor, invito a leer la nota 9 de los Estados Financieros del Idea, del año 2009, sobre el Fondo Ganadero de Antioquia: “A 31 de diciembre de 2009 la acción cerró con una cotización en bolsa de $2.000”. Se nos pretende imputar un presunto detrimento patrimonial, cuando entre el 2005 y el 2008 se registró contablemente lo contrario, una valorización del 100%, es decir, de $8.350 millones, se duplica el valor de la inversión a $16.700 millones.

También recomiendo leer la nota 5, que se refiere a la inversión realizada en el año 2008 por el Idea en el Fondo Ganadero de Antioquia por $24.709 millones, por la compra de 12.354.643 acciones, a un valor de $2.000 pesos por acción. ¿Cómo pudo el amigo del Contralor y precandidato a la Gobernación, invertir $24.709 millones en un negocio que no es rentable? ¿Lo estará investigando la Contraloría?

Además de afectar nuestra honra y buen nombre, ¿se estará intentando desviar la atención de las investigaciones que se adelantan sobre la contratación de infraestructura y la Fundación para el Buen Gobierno? O ¿minimizar las gravísimas denuncias de empresarios, que afirman que en Antioquia “Si hay cartel de obras”?

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Eugenio Prieto Soto

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