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Sep 2011 09

Debate en torno al proyecto de ley para la penalización de los actos de discriminación racial. Foro Las penas de la discriminación. Uniandes, septiembre 8 de 2011

La discriminación racial sufrida por los afrocolombianos en el país es una realidad evidente e insoslayable que se manifiesta no sólo en las relaciones personales sino al nivel de fenómenos sociales, como por ejemplo los altos índices de pobreza y bajos niveles de calidad de vida. A pesar de esto, para los movimientos sociales que agrupa a la población afro-descendiente, la sociedad civil le ha dado poco reconocimiento al tema, mientras el sistema político ha generado mecanismos institucionales y políticas públicas que no han logrado erradicar ni disminuir los patrones sociales de discriminación racial en aspectos vitales como las relaciones de derechos civiles (celebración de contratos) y económico social (obtención de empleos).

Durante la actual semana este contexto de desatención ha cambiado luego de la conciliación en el Congreso de la República del proyecto de ley número 165/10 de Cámara y 08/10 Senado, el cual estipula la Penalización de los actos de discriminación racial mediante la modificación del Código Penal (http://bit.ly/nHnbVi), el cual ha despertado el interés de la sociedad y generado debates en torno al tema.

Bajo este nuevo ambiente de debate público, el programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes realizó un foro de discusión titulado Las penas de la discriminación. El evento contó con la participación del coautor del proyecto de ley, Senador Carlos Baena (partido Mira) quien comprometido con su función de representación política, asistió al encuentro con miembros de la academia y a la ciudadanía, con la finalidad de explicar, en primer lugar, las motivaciones y objetivos del instrumento jurídico; en segundo lugar el tránsito en el legislativo y finalmente los aspectos jurídico-técnicos.

Intervenciones en el evento

El primer miembro del panel en tomar la palabra fue el director del programa de Justicia Global y Derechos Humanos, el profesor Cesar Rodríguez, quien en calidad de moderador dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los integrantes del panel; compuesto por el senador Carlos Baena y profesionales del derecho con experiencia en la academia y en la asesoría de movimientos sociales de minorías étnicas, grupos LGBT y de discapacitados.

Una vez realizado esto, el Senador Carlos Baena comienza su exposición señalando las motivaciones del proyecto de ley. Presentó indicadores estadísticos sobre los niveles de pobreza en la población afrocolombiana en el país y en este sentido señaló que gran parte de esto es debido a las relaciones de discriminación que excluye a las personas afrocolombianas de posibilidades de empleo y celebración de contratos.

En cuanto al trámite del proyecto de ley en el legislativo, el senador Baena señaló que su participación y la de su partido Mira sólo han sido fieles a sus principios y se han hecho portavoz de “una demanda histórica de los pueblos afros” luego de fracasos en cuatrienios previos, como por ejemplo el proyecto de ley 73/07 de cámara/ 201/08 senado, en su momento radicado por la representante María Isabel Urrutia (http://bit.ly/ppmBPN ). Señaló el Senador que en principio el proyecto de ley tenía como objetivo único la protección de los afro descendientes en su condición de discriminados; y, a solicitud de la comisión conciliadora le fue añadida la defensa de otros grupos minoritarios.

Posteriormente el senador Baena argumentó los motivos para tipificar la discriminación como un delito, entre estos relató: - apegarse a los desarrollos legislativos alrededor del mundo y las resoluciones de la ONU; y por otra parte, - en vista de los fracasos de proyectos de ley previos fundamentados en estrategias de carácter educativo. Luego, al describir las características del proyecto mostró el contenido técnico jurídico, señalando las cuatro conductas y las penas que serán tipificadas como discriminatorias: 1) actos de discriminación; 2) hostigamiento, 3) modalidad agravada y 4) apología al genocidio.

Concluyó señalando que la prueba de la necesidad de la penalización ha sido demostrada por el interés que en la última semana ha despertado el proyecto, algo que anteriormente no había ocurrido. Aún así, recuerda que la tipología del delito es de carácter excarcelable y por tanto mantiene entre sus principios ser una herramienta educativa para la ciudadanía.


(Senador Carlos Baena en compañía de miembros de organzaciones Afro)

Antes de ceder la palabra al resto de panelistas, Cesar Rodríguez señaló que la presión internacional dio origen a una “cascada legislativa” en materia de discriminación en la región. Sin embargo abre el debate con la pregunta si ¿ es posible legislar la igualdad?

Toma la palabra la abogada e investigadora en temas de género Marcela Abadía quien enfatiza en críticas al proyecto de ley por la forma en que adopto el enfoque de Derecho Penal; entre estas. 1) el derecho penal es aplicable como ultima ratio; 2) la dificultad que se le presentará a los funcionarios al aplicar un tipo penal ambiguo; y 3) la posibilidad real de obtener sentencias en un sistema acusatorio con retrasos.

A continuación, el abogado y miembro del movimiento LGBT Mauricio Albarracín retomó las observaciones de Marcela Abadía, pero añadió nuevas crítica como: en primer lugar tratar de “resolver una injusticia con otra injusticia”; 2) el legislador debería tramitar un marco de ley general; 3) el proyecto de ley significa un atentado a la libertad de expresión; 4) el proyecto de ley es susceptible a ser demandado por omisión legislativa al no incluir otros grupos discriminados como los discapacitados. Por su parte se presentó posibles consecuencias sociales de la aplicación de la ley como: 1) ocurra un efecto bumerán, y los poderos hagan uso de la ley a favor d sus intereses, por ejemplo la denuncia de Samper contra Claudia López por infamia; 2) la sanción no sea aplicable por lo drástico de la pena.

Ampliando el debate, la abogada Johana Acosta describió su experiencia personal al incoar una tutela luego de ser víctima de discriminación racial. Relata que han trascurrido 7 años y aún su caso no ha sido resuelto, a pesar de ser esta vía la más expedita en comparación con un proceso ordinario. La profesional del derecho se pregunta por los lapsos que se presentarían al aplicar esta ley bajo las condiciones del proceso ordinario.

En representación de los discapacitados, la abogada Andrea Parra señaló que los discapacitados quedaron excluidos por el legislador y por tanto una vez aprobado el proyecto de ley lo demandarán ante el poder judicial por Omisión legislativa. Sobre sus críticas al proyecto de ley, señaló: 1) haberse limitado a tipificar las conductas individuales, y dejar por fuera la discriminación institucional; 2) no tomar en cuenta la discriminación manifiesta en actos de lástima.

Finalmente a nombre de los indígenas, la abogada Ana Ochoa argumento que el problema de la discriminación va más allá de las leyes y es un problema de una mentalidad basada en complejos de superioridad. Sin embargo señaló su apoyo al proyecto de ley por representar un comienzo para la divulgación del tema. Como crítica constructiva solicitó al legislador y a las cortes el pronunciarse para la defensa de los derechos colectivos.

El moderador del evento, Cesar Rodríguez agradeció las intervenciones y se mostró de acuerdo con el Senador Baena en el sentido que el Proyecto de ley a despertado el interés de sectores anteriormente ajenos al tema, además señaló que desarrollos legislativos previos podrían atender a los requerimientos y especificaciones procedimentales.

Luego de un ciclo de intervenciones abiertas al público, se concedió la palabra al Senador Baena, quien recogió las críticas del panel, señalando que son válidas desde un enfoque técnico jurídico, sin embargo enfatizó que la ley tiene un alto contenido de carácter político, expresado en la posibilidad de excarcelación a los sentenciados como discriminadores, y por tanto tiene por objeto marcar un hito como herramienta que promueva la inclusión y cambios sociales que permitan romper con el ciclo de pobreza en la población Afro.

Del debate en la opinión pública al debate en el Congreso

El proyecto de ley ha superado la mayoría de las etapas del proceso legislativo en el Congreso de la República, sólo le resta superar la comisión conciliadora y el último debate en la plenaria del Senado de la República. En torno a esto, los movimientos y los Congresista promotores de la iniciativa legal se han mostrado optimistas acerca de los posibles resultados.

Sin embargo si algo demostró el evento, es que el proyecto no está excepto ni libre de críticas de los propios ciudadanos afro descendientes, quienes de antemano han señalado que acudirían a la Corte Suprema de Justicia con la intención de anular una posible promulgación como Ley.

Esta falta de consenso entre los ciudadanos afro descendientes, sus movimientos y la clase política es muestra de posibles problemas en las relaciones representativas pero también una nueva muestra de la obstrucción de la actividad legislativa por parte del poder judicial. Estos síntomas continúan siendo un peligro para el funcionamiento de la democracia, en especial continuaría afectando los niveles de confianza de la ciudadanía en el Congreso, además de desactivar la participación política de las organizaciones que se atreven a ejercer la política como articulación de intereses.La discriminación racial sufrida por los afrocolombianos en el país es una realidad evidente e insoslayable que se manifiesta no sólo en las relaciones personales sino al nivel de fenómenos sociales, como por ejemplo los altos índices de pobreza y bajos niveles de calidad de vida. A pesar de esto, para los movimientos sociales que agrupa a la población afro-descendiente, la sociedad civil le ha dado poco reconocimiento al tema, mientras el sistema político ha generado mecanismos institucionales y políticas públicas que no han logrado erradicar ni disminuir los patrones sociales de discriminación racial en aspectos vitales como las relaciones de derechos civiles (celebración de contratos) y económico social (obtención de empleos).

Durante la actual semana este contexto de desatención ha cambiado luego de la conciliación en el Congreso de la República del proyecto de ley número 165/10 de Cámara y 08/10 Senado, el cual estipula la Penalización de los actos de discriminación racial mediante la modificación del Código Penal (http://bit.ly/nHnbVi), el cual ha despertado el interés de la sociedad y generado debates en torno al tema.

Bajo este nuevo ambiente de debate público, el programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes realizó un foro de discusión titulado Las penas de la discriminación. El evento contó con la participación del coautor del proyecto de ley, Senador Carlos Baena (partido Mira) quien comprometido con su función de representación política, asistió al encuentro con miembros de la academia y a la ciudadanía, con la finalidad de explicar, en primer lugar, las motivaciones y objetivos del instrumento jurídico; en segundo lugar el tránsito en el legislativo y finalmente los aspectos jurídico-técnicos.

Intervenciones en el evento

El primer miembro del panel en tomar la palabra fue el director del programa de Justicia Global y Derechos Humanos, el profesor Cesar Rodríguez, quien en calidad de moderador dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los integrantes del panel; compuesto por el senador Carlos Baena y profesionales del derecho con experiencia en la academia y en la asesoría de movimientos sociales de minorías étnicas, grupos LGBT y de discapacitados.

Una vez realizado esto, el Senador Carlos Baena comienza su exposición señalando las motivaciones del proyecto de ley. Presentó indicadores estadísticos sobre los niveles de pobreza en la población afrocolombiana en el país y en este sentido señaló que gran parte de esto es debido a las relaciones de discriminación que excluye a las personas afrocolombianas de posibilidades de empleo y celebración de contratos.

En cuanto al trámite del proyecto de ley en el legislativo, el senador Baena señaló que su participación y la de su partido Mira sólo han sido fieles a sus principios y se han hecho portavoz de “una demanda histórica de los pueblos afros” luego de fracasos en cuatrienios previos, como por ejemplo el proyecto de ley 73/07 de cámara/ 201/08 senado, en su momento radicado por la representante María Isabel Urrutia (http://bit.ly/ppmBPN ). Señaló el Senador que en principio el proyecto de ley tenía como objetivo único la protección de los afro descendientes en su condición de discriminados; y, a solicitud de la comisión conciliadora le fue añadida la defensa de otros grupos minoritarios.

Posteriormente el senador Baena argumentó los motivos para tipificar la discriminación como un delito, entre estos relató: - apegarse a los desarrollos legislativos alrededor del mundo y las resoluciones de la ONU; y por otra parte, - en vista de los fracasos de proyectos de ley previos fundamentados en estrategias de carácter educativo. Luego, al describir las características del proyecto mostró el contenido técnico jurídico, señalando las cuatro conductas y las penas que serán tipificadas como discriminatorias: 1) actos de discriminación; 2) hostigamiento, 3) modalidad agravada y 4) apología al genocidio.

Concluyó señalando que la prueba de la necesidad de la penalización ha sido demostrada por el interés que en la última semana ha despertado el proyecto, algo que anteriormente no había ocurrido. Aún así, recuerda que la tipología del delito es de carácter excarcelable y por tanto mantiene entre sus principios ser una herramienta educativa para la ciudadanía.

Antes de ceder la palabra al resto de panelistas, Cesar Rodríguez señaló que la presión internacional dio origen a una “cascada legislativa” en materia de discriminación en la región. Sin embargo abre el debate con la pregunta si ¿ es posible legislar la igualdad?

Toma la palabra la abogada e investigadora en temas de género Marcela Abadía quien enfatiza en críticas al proyecto de ley por la forma en que adopto el enfoque de Derecho Penal; entre estas. 1) el derecho penal es aplicable como ultima ratio; 2) la dificultad que se le presentará a los funcionarios al aplicar un tipo penal ambiguo; y 3) la posibilidad real de obtener sentencias en un sistema acusatorio con retrasos.

A continuación, el abogado y miembro del movimiento LGBT Mauricio Albarracín retomó las observaciones de Marcela Abadía, pero añadió nuevas crítica como: en primer lugar tratar de “resolver una injusticia con otra injusticia”; 2) el legislador debería tramitar un marco de ley general; 3) el proyecto de ley significa un atentado a la libertad de expresión; 4) el proyecto de ley es susceptible a ser demandado por omisión legislativa al no incluir otros grupos discriminados como los discapacitados. Por su parte se presentó posibles consecuencias sociales de la aplicación de la ley como: 1) ocurra un efecto bumerán, y los poderos hagan uso de la ley a favor d sus intereses, por ejemplo la denuncia de Samper contra Claudia López por infamia; 2) la sanción no sea aplicable por lo drástico de la pena.

Ampliando el debate, la abogada Johana Acosta describió su experiencia personal al incoar una tutela luego de ser víctima de discriminación racial. Relata que han trascurrido 7 años y aún su caso no ha sido resuelto, a pesar de ser esta vía la más expedita en comparación con un proceso ordinario. La profesional del derecho se pregunta por los lapsos que se presentarían al aplicar esta ley bajo las condiciones del proceso ordinario.

En representación de los discapacitados, la abogada Andrea Parra señaló que los discapacitados quedaron excluidos por el legislador y por tanto una vez aprobado el proyecto de ley lo demandarán ante el poder judicial por Omisión legislativa. Sobre sus críticas al proyecto de ley, señaló: 1) haberse limitado a tipificar las conductas individuales, y dejar por fuera la discriminación institucional; 2) no tomar en cuenta la discriminación manifiesta en actos de lástima.

Finalmente a nombre de los indígenas, la abogada Ana Ochoa argumento que el problema de la discriminación va más allá de las leyes y es un problema de una mentalidad basada en complejos de superioridad. Sin embargo señaló su apoyo al proyecto de ley por representar un comienzo para la divulgación del tema. Como crítica constructiva solicitó al legislador y a las cortes el pronunciarse para la defensa de los derechos colectivos.

El moderador del evento, Cesar Rodríguez agradeció las intervenciones y se mostró de acuerdo con el Senador Baena en el sentido que el Proyecto de ley a despertado el interés de sectores anteriormente ajenos al tema, además señaló que desarrollos legislativos previos podrían atender a los requerimientos y especificaciones procedimentales.

Luego de un ciclo de intervenciones abiertas al público, se concedió la palabra al Senador Baena, quien recogió las críticas del panel, señalando que son válidas desde un enfoque técnico jurídico, sin embargo enfatizó que la ley tiene un alto contenido de carácter político, expresado en la posibilidad de excarcelación a los sentenciados como discriminadores, y por tanto tiene por objeto marcar un hito como herramienta que promueva la inclusión y cambios sociales que permitan romper con el ciclo de pobreza en la población Afro.

Del debate en la opinión pública al debate en el Congreso

El proyecto de ley ha superado la mayoría de las etapas del proceso legislativo en el Congreso de la República, sólo le resta superar la comisión conciliadora y el último debate en la plenaria del Senado de la República. En torno a esto, los movimientos y los Congresista promotores de la iniciativa legal se han mostrado optimistas acerca de los posibles resultados.

Sin embargo si algo demostró el evento, es que el proyecto no está excepto ni libre de críticas de los propios ciudadanos afro descendientes, quienes de antemano han señalado que acudirían a la Corte Suprema de Justicia con la intención de anular una posible promulgación como Ley.

Esta falta de consenso entre los ciudadanos afro descendientes, sus movimientos y la clase política es muestra de posibles problemas en las relaciones representativas pero también una nueva muestra de la obstrucción de la actividad legislativa por parte del poder judicial. Estos síntomas continúan siendo un peligro para el funcionamiento de la democracia, en especial continuaría afectando los niveles de confianza de la ciudadanía en el Congreso, además de desactivar la participación política de las organizaciones que se atreven a ejercer la política como articulación de intereses.

Tags: Discriminización LGBT Afrodescendientes Mujeres



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