Debate y archivo del acto legislativo 06/11 Senado. ¿Comienzo ... | Ágora

Oct 2011 21

Debate y archivo del acto legislativo 06/11 Senado. ¿Comienzo del fin o continuación de una discusión eterna?

Durante los días martes 11 y miércoles 12 de octubre se llevó a cabo el primer debate al Acto Legislativo 06 /11 Senado (http://bit.ly/nq8P8A) que reformaría el artículo 11 de la Constitución Nacional de la siguiente manera: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”.

Este proyecto fue denominado por sus promotores como defensa a la vida, mientras sus detractores lo denominaron penalización del aborto, dado que la redacción de su articulado prohibiría las tres excepciones de interrupción legal al embarazo de la sentencia C- 355 del 2006.

(Activistas de la organización Mesa por la Salud y Vida de las mujeres asistieron para manifestar su desacuerdo con el acto legislativo 06/11 Senado)

(Activistas de la Plataforma Unidos por la vida con una manifestación simbólica a favor del acto legislativo 06/11 Senado)

Por la naturaleza jurídica del acto legislativo de reforma a la Constitución Nacional, el proyecto recibió su primer (y único debate) en la Comisión Primera del Senado (http://bit.ly/obFlYb). Para la discusión, fueron radicadas dos ponencias, la primera de ellas positiva bajo la dirección del Senador Manuel Enríquez (p. de la U) y una segunda ponencia negativa a cargo de los Senadores Luis Carlos Avellaneda (Polo) y Roy Barreras (p. de la U).

Cabe destacar que el debate había sido suspendido temporalmente el martes 27 de septiembre, ante la petición del Presidente de la Comisión Luis Fernando Velasco (p. liberal) quien solicitó “postergar el debate para contar con la presencia de Luis Carlos Avellanada y la opinión de expertos invitados”. Dicha propuesta fue aceptada por la mayoría en aquella ocasión.

Así, la sesión del día martes comenzó con una sesión informal, en la que tomaron la palabra los invitados por los ponentes de ambas posturas frente al acto legislativo. Tomaron la palabra expertos desde los campos de la medicina, la psicología y el derecho; y, a ciudadanas que querían expresar su opinión con respecto al tema a debatir.

El primero de los invitados en intervenir fue el Ex Senador Carlos Eduardo Corsi Otálora (Movimiento Político Laicos por Colombia, http://bit.ly/pHD5rB) quien aprovechó el espacio para mostrar un libro de su autoría en el cual denuncia como “las políticas pro abortivas son promovidas por agentes internacionales, como por ejemplo la Comisión Trilateral, con el objetivo de establecer las estructuras de un genocidio”. Señaló que varias de esas estructuras ya están establecidas en Colombia, entre ellas: 1° Sentencias de la Corte; 2° privilegiar el aborto como única política pública; 3° someter el sistema de salud al servicio de la muerte; 4° las cátedras educativas del aborto; y 5° la masificación de la píldora abortiva.

(Ex Senador Carlos Eduardo Corsi Otálora)

Nubia Posada, profesional de la enfermería y académica de la bioética, criticó las excepciones de la sentencia C- 355 de 2006, sobre la excepción de interrupción del embarazo en caso de violación. Señaló que “es una relación injusta de culpa y castigo en la cual hay dos víctimas –la madre violada y el niño- y un victimario – el violador -”. Para ella “no es inteligente que una de las dos víctimas sufra para sanar a la otra”. Sobre los abortos por malformación o inviabilidad señaló que la enfermedad, la muerte es “inherente al ser humano” y por tanto “no hay que destruir al que sufre”. Sobre el aborto para preservar la salud de la mujer señaló que el tema ya ha sido legislado por la Ley 1164/2007, en la cual se estipula los principios de la actividad médica.

(Enfermera y estudiosa de la bio-ética Nubia Posada)

La psiquiatra Daniela Cardona señaló que los traumas post aborto “no son casos aislados”, pues según un metanalisis[1] publicado por el British Journal en el 2011, 81% de las mujeres luego de practicarse abortos presentan problemas de salud mental y un porcentaje de riesgo de suicidios de 35%.Para Cardona, este es el “verdadero problema de salud pública” y así ha sido reconocido por la OMS.

Por su parte Amparo Medina, directora de la asociación Pro Vida indicó que “el aborto es el tercer negocio más grande para la industria farmacéutica”. Denunció la ideología de organizaciones como la International Planned Parenthood Federation, según la cual “el control de natalidad es para deshacerse de los indignos e ineptos”. Concluyó señalando que estas políticas no han dado resultados esperados, pues paradójicamente “generan más machismo y hacen que las mujeres sean vistas como objetos sexuales”. Para la activista “la mujer que vive en el vientre de otra mujer también tiene el derecho a vivir”.

La vocera del movimiento ciudadano en apoyo al proyecto, la ex actriz Amada Rosa Pérez relató su “dolorosa experiencia al practicarse un aborto y quitar la vida de un inocente”. Advirtió que la “sociedad está evadiendo responsabilidad y sólo busca aumentar el placer y disminuir el dolor”. Solicitó permiso para presentar un video, que no fue autorizado por el presidente de la Comisión. Lamentó tal prohibición pues: “si se dejara explicar esa experiencia, este debate ni siquiera existiría”. Finalizó su intervención con un mensaje para sus congéneres: “el aborto sólo hace que nos volvamos peor que los hombres”.

En representación de los expertos a favor del archivo del acto legislativo intervino la Doctora Ivone Yannete Díaz -ginecóloga y representante de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia-. Para la experta la sentencia C-355 de 2006 “significó un avance para los derechos de las mujeres”. Explicó que las niñas de 14 años no quedan embarazadas por una decisión autónoma pero si son cuatro veces más propensas a morir. Señaló las consecuencias que originaría la aprobación del proyecto: 1) la penalización de la actividad médica, y citando en este aspecto casos ocurridos en Costa Rica. 2) ilegalizaría los métodos anticonceptivos, aún de aquellos que evitan la implantación. Finalmente señaló que “la libertad humana no puede ser limitada” y censura “la crítica de Colombia a otros países que no respetan la libertad, cuando el mismo Estado colombiano no respeta la libertad de las mujeres colombianas”.

En la misma postura anterior, la abogada Mónica Arango -Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos- explicó la relación entre el Derecho internacional y el Bloque Constitucional Colombiano. Para ella, los convenios internacionales obligan a los Estados al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para la Doctora Arango, en el ámbito internacional existe un consenso en torno a la aplicación del Principio de No regresividad. Indicó que ya hay precedentes de organismos internacionales exigiendo el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Por su parte el médico y docente universitario Pío Iván Gómez presentó estudios comparados en relación a la interrupción del embarazo entre países desarrollados y países emergentes. En los primeros se observan porcentajes menores de embarazos no planificados y menor riesgo de muerte para las mujeres luego de la práctica de interrupción del embarazo. Para Gómez se debe legislar con “un abordaje integral para evitar abortos inseguros y sus consecuencias” puesto que “el aborto siempre va a existir”.

(Doctor Pío Ivan Gonzales)

Acto seguido tomó la palabra Ana Cristina Gonzales –médico, ex directora de salud pública y directora de la Mesa por la Vida-. Calificó el acto legislativo como “intolerante” y advirtió que se busca “la criminalización de las mujeres que buscan proteger su salud, su vida ante la pretensión de ser ataúdes ambulantes de fetos”. También presentó cifras sobre la interrupción del embarazo: de los 400 mil abortos anuales, 33% son realizados bajo condiciones de riesgo. Igualmente señaló que la tasa de mortalidad materna ronda al 13%, “todas, muertes evitables”. Indicó que “la interrupción del embarazo si debe ser tema de política pública de salud, y debe ser comprendida bajo tres principios: 1° reconocer a las mujeres como el objeto de protección; 2° pertinencia; 3° integral, ampliando la accesibilidad y la calidad a los servicios médicos sanitarios”.

Posteriormente retomaron la palabra expertos de la medicina a favor del acto legislativo. El doctor Gabriel Centenaro –neurólogo del Hospital Militar Central y experto en bioética- enfocó su ponencia con base al tema del origen y la terminación de la vida. Con este fin, presentó imágenes sobre el tema que fueron censuradas a petición del Senador Roy Barreras. Según él, los últimos avances científicos” consideran un organismo viviente cuando se cumplen 3 condiciones: 1° apertura y receptividad a estímulos; 2° capacidad de obtener del ambiente los elementos para mantenerse vivo y 3° capacidad para mantener orden interno a expensa de los medios. Así, “la unión del óvulo y el espermatozoide sí cumple con estas condiciones, es un nuevo ser humano”.

El doctor Vicente Carmona –médico obstetra- criticó las tres excepciones de interrupción voluntaria legal del embarazo. Para él: “la autonomía y las condiciones morfológicas no pueden estar por encima del derecho a la vida”. Invitó a ver cifras oficiales sobre las mujeres de estratos 1 y 2 que son víctimas del uso indiscriminado y la venta libre de una muy famosa marca comercial de pastillas. Para él, “es incomprensible el hecho que socialmente sea mal visto que una niña hable de su embarazo con su padre pero pueda comprar libremente una famosa marca comercial de pastillas para inducirse un aborto”.

Con esta última intervención concluyó la sesión informal, dando inicio a la presentación de las ponencias de los Senadores.

Roy Barreras (p. de la U) comenzó señalando que “cualquier decisión que se tome sería dolorosa, nadie en esta sala está a favor del aborto”. Con el apoyo técnico de una serie de diapositivas médico-educativas aseguró que: “el debate no se trata de escoger entre la vida de la madre y la vida de un niño, sino entre la de una mujer y una célula”. Indicó también que las células fecundadas sólo corresponden a una “posibilidad de ser humano”.

Sobre las consecuencias jurídicas del proyecto hizo referencia a la penalización de la inseminación in vitro y la prohibición de “los métodos anticonceptivos que impiden tanto la implantación como aquellos que impiden la fertilización”.

En relación a las sentencias que protegen la vida del nasciturus, el senador señaló que “dicha protección no es en el mismo nivel que la protección de la vida de la madre”. Refiriéndose a las interrupciones legales del embarazo en caso de eutanasia se pregunta si ¿es una vida digna llevar a término los embarazos craneoencefálicos o muerte cerebral?

Puntualizó lo inútil de penalizar las interrupciones del embarazo dado la dificultad para probarlo como un caso de delito. Finalizó señalando que “el aborto no es un delito es una terapia”. Invitó a sus colegas del partido Conservador a “abandonar conductas irracionales semejantes a las del Tea Party en Estados Unidos”.

Desde una posición contraria a la anterior, el senador Hernán Francisco Andrade (p. Conservador) comenzó su intervención felicitando la altura del debate. Invitó a sus colegas, columnistas y periodistas a “abandonar los estribillos y verdades a medias, como por ejemplo, señalar que el acto legislativo está basado en creencias religiosas”. Invitó a los ponentes contrarios al acto legislativo a “revisar muchas otras convenciones, que están vigentes y que no amplían el aborto” al igual que los Invitó a revisar “las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde la propuestas de legalización del aborto presentadas por el constituyente Marulanda fueron rechazadas”.

Advirtió sobre la peligrosidad de continuar delegando la labor legislativa en la discrecionalidad de las Cortes. Expuso la sentencia T-585 de 2010 que obligó a un centro médico a practicar un aborto por el sólo hecho de “sentirse decaída, triste y desesperada, sin ninguna prueba médica científica”. Señaló Andrade que desde entonces los columnistas “están exigiendo la ampliación de excepciones al aborto por motivos de entorno social”.

Respondió a Barreras que el Tea Party representa “esa sociedad, cansada de un millón de abortos legales anuales, mientras parejas que desean adoptar niños tienen que viajar al extranjero para hacerlo”.

Recomendó al senador Barreras no seguir mintiendo en cuanto a la penalización. Pues el acto legislativo estipularía una prohibición constitucional, que a la fecha “no ha penalizado a prisión a la primera persona”.

Continuó señalando que “el aborto no puede ser un método de planificación familiar”. dijo que comparte la idea de que detrás de la promoción del aborto “hay intereses del negocio farmacéutico”.

Por su parte, para el senador Parmenio Cuellar (Polo) los argumentos del acto legislativo en torno a una herencia legislativa de prohibición del aborto son falsos. Explicó que desde el Código Penal de 1837 se eximía de responsabilidad penal aquellas mujeres y médicos que practicaban interrupciones del embarazo en dos excepciones, cuando era necesario salvar la vida de la mujer, y cuando el honor y la reputación de la mujer allá sido vulnerado por acceso carnal –conocido como aborto honoris causa-.

En los códigos penales subsiguientes 1863 y 1890, se vuelven a consagrar dichos excepciones de responsabilidad penal, aún en medio del dominio de un régimen conservador.

Desde la interpretación del Senador Cuellar, es importante “no confundir la protección del nasciturus del derecho a la vida”, entre los derechos de la madre y la protección del nasciturus, la ponderación siempre conduce a salvar la vida de la madre.

Concluyó su intervención señalando que el acto legislativo si sustituiría la Constitución y los principios de dignidad humana de las mujeres. Advierte que “lo próximo que pondría venir es la imposición de la Burka, como en los países confesionales”, sin embargo recuera que “de aprobarse, la Corte Constitucional tendría que declararlo no ejecutable”.

Acto seguido tomó la palabra el Senador Armando Benedetti (p. de la U) quien a pesar de ser miembro de la Comisión segunda, hizo acto de presencia para manifestar su postura . Para Benedetti, este tipo de proyectos de acto legislativo “son los que definen que tipo de Estado quiere darse Colombia, este tipo de temas son los que dividen a los países”. Manifestó que personalmente es profundamente religioso, pero una vez en el Congreso “abandona su biblia y sólo se arma con la Constitución”. Recomendó legislar en torno a programas educativos dirigidos a la planificación familiar.

Señaló que en el país se continúa legislando a favor de los privilegiados y en contra de los desposeídos, se preguntó ¿es justo obligar a una niña en Bosa a tener un hijo no deseado y continuar con un círculo de pobreza?

Benedetti opinó que el acto legislativo si modificaría la naturaleza de la Constitución y por tanto habría que sustituirla en su totalidad.

Con esta última intervención se cerró la sesión del día martes 11 de octubre, quedando aprobada la continuación del debate el miércoles 12 de octubre.

El debate del día 12 de octubre dio inicio con la intervención favorable al acto legislativo del Senador Roberto Gerlein (p. Conservador), quien en respuesta a Benedetti señaló que “es imposible poder desprenderse de las creencias personales al cumplir la función de legislador”. Recordó que en estos temas “no se puede llegar a transacciones por más presión proveniente de la Unidad Nacional”.

Para Gerlein, el acto legislativo no es más que “la afirmación y el reconocimiento del derecho natural a la vida, superior y anterior al Estado” ante la relativización de derechos absolutos generados por la sentencia C-355 2006 de la Corte Constitucional. Denunció la campaña de censura de los medios de comunicación a las ideas conservadoras, mientras “aplauden como progresistas a aquellos que llevan la bandera de la muerte”.

El autor de la ponencia negativa, senador Luis Carlos Avellaneda, comenzó su intervención informando que “citaría al Ministro de Justicia para saber con cuantos años de cárcel penalizaremos a las dos millones de colombianas que en cinco años se practicarían interrupciones del embarazo”. Sostuvo la posición que la Constitución de 1991 modificó la concepción confesional del Estado.

De aprobarse el acto legislativo, para Avellaneda “sería inconstitucional por modificar la Constitución”, denunció también que: “habría que denunciar y retirar a Colombia de todos los tratados internacionales que se han firmado para garantizar los derechos de las mujeres”. Le recordó al senador Andrade que “el Senador Salazar dijo hoy mismo que la ley se haría cumplir con penas de cárcel”. Abogó por legislar en “la planificación y políticas educativas”.

Posteriormente, José Darío Salazar (p. Conservador) intervino relatando los detalles de los debates sobre el aborto llevados a cabo durante la Asamblea Nacional. Explicó cómo Congreso de la República jamás ha despenalizado el aborto. Denunció que “ha sido la Corte (Constitucional) quien violó el espíritu de la constituyente, cambiando su letra de bronce. Fue ella quien se saltó sentencias y legislación previa de este Congreso”.

Respondió al Senador Avellaneda que “(de legislarse en la materia) no se estaría incurriendo en delito alguno”. En referencia al Senador Barreras, Salazar se preguntó: “¿cuál es la diferencia en matar siameses en el vientre o una vez nacido? ¿Tiene menos derecho a nacer el cuadripléjico que un atleta o aquel con sus funciones cerebrales sanas en comparación con el Down?”.

El senador Barrera pidió el derecho de palabra para responder que “yo no mato siameses, la imagen que mostré ayer fue de un feto inviable. Ustedes tampoco mata aquellas mujeres que mueren en abortos ilegales”. Para Barreras el debate es “anacrónico e insulso, sin efecto práctico como lo señalé ayer por la imposibilidad para probar el delito”.

Salazar se mostró indignado y se preguntó si ¿la continuación de los homicidios significa que es innecesario penalizar el homicidio?, o si ¿la continuación del narcotráfico hace innecesario el penalizar dicha actividad? Señaló que la responsabilidad penal tiene que ser asumida por el médico, que al final de cuentas es quien certifica la práctica de abortos por fuera de las tres excepciones. Preguntó a las organizaciones pro aborto ¿si de 500 mil abortos anuales sólo 300 se ajustan a las excepciones de la Corte, bajo que figura están los otros 49700 casos?

La única mujer perteneciente a la Comisión primera del Senado, Karime Mota (p. de la U), manifestó su postura contraria al acto legislativo, no sin antes declarar “no ser ni progresista ni humanista”. Manifestó su preocupación de las consecuencias jurídicas del acto legislativo, en especial, casos no previstos como embarazos ectópicos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. También manifestó preocupación por la posibilidad de prohibir la inseminación in vitro, como lo demuestra el caso de Costa Rica. En respuesta al senador Andrade citó casos en los cuales mujeres que han sufrido abortos espontáneos han sido sancionadas con penas de prisión.

Finalmente abogó por un proyecto de ley que no sea influenciado por los movimientos pro aborto ni los movimientos pro vida.

El Presidente del Congreso, , Juan Manuel Corzo (PC), abogó a favor de la aprobación del proyecto, argumentando que hay dos claras posturas filosóficas, una platónica-marxista que no respeta la esencia de la vida y otra aristotélica que respeta el valor a la vida por sobre todas las cosas. En este sentido invitó a las personas a revisar el tipo de filosofía que guía a los magistrados de la Corte Constitucional que aprobaron la sentencia C - 355 2006. Para Corzo, el proyecto responde “al clamor popular y al llanto de todos aquellos niños que gritan y lloran mientras su vida les es arrebatada en las prácticas de abortos”, solicitó presentar un video de la práctica de abortos, nuevamente dicha solicitud fue prohibida.

Finalmente, señaló que es necesario darle una respuesta a las demandas y movilizaciones del país.

El Senador Juan Fernando Cristo (p. Liberal) solicitó invitar a una audiencia al Procurador General de la República y a la Fiscal General de la Nación para hacerse una idea de las “verdaderas consecuencias jurídicas de aprobarse el acto legislativo”.

No obstante, consideró el acto legislativo como “una salvajada” por “constreñir las libertades, quizás exageradas que garantiza la Constitución de 1991”. Expresó que su posición contraria al proyecto la hace “luego de ponerse en los zapatos de su hija de 16 años, quien pudiese ser víctima de una violación y quedar embarazada”. Para su consideración “la Corte mediante la sentencia C 355 de 2006 decidió de la manera más racional”.

Retomando la solicitud del Senador Cristo, el senador Manuel presentó una solicitud apoyada por 10 senadores para la interrupción de la votación e invitar al Procurador y a la Fiscal de la República. El presidente de la comisión se opuso a tal propuesta alegando que “ya ha sido solicitada la figura de suficiente ilustración y por tanto es obligatorio proceder a la votación”.

Continuando con el debate, el Senador Juan Carlos Vélez (p. de la U) explicó que “la Corte Constitucional está asumiendo funciones del legislativo, interpretando a su libre albedrío principios constitucionales”. Advirtió el Senador acerca de la gravedad de la intervención de las Cortes, por ejemplo, la idea del Derecho Legislativo Positivo que está “obligando al Congreso a legislar en temas como el matrimonio de parejas del mismo sexo en el transcurso de dos años, y de no hacerlo el Congreso, la Corte Constitucional asumiría dicha función”. Declaró inaceptable la sentencia C – 355 de 2006, debido a que establece “excepciones contrarias a la Constitución” y a su vez “legisla en materias ya previamente legisladas como el caso del embarazo en el cual la vida de la mujer está en riesgo”.

Vélez se preguntó “¿dónde está la separación de poderes?”. Finalmente, invitó a sus colegas a “no delegar la función legislativa”, para él “aquí deberíamos estar discutiendo un proyecto de ley promovido por el movimiento pro aborto en torno a permitir o no el aborto y no un proyecto como el acto legislativo actual que está tratando de reivindicar los principios constitucionales”.

El senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto indicó que “ni él, ni ninguno de sus colegas están de acuerdo con dar patente de corso para la práctica de los abortos”. Para Soto, la sentencia C – 355 no ha obligado ni promueve los abortos de manera indiscriminada.

Expresó el Senador que su decisión en contra del acto legislativo sólo fue “producto de una profunda reflexión personal y de conciencia”. Para él, el Estado tiene que promover políticas educativas que “promuevan hombres y mujeres responsables”.

Para el Senador del PIN, Hemel Hurtado “el tema es una cuestión de principios y valores, y en este sentido las decisiones a favor o en contra del proyecto ya están tomadas”. Aprovechó el espacio para pedir a los medios de comunicación “cesar la campaña de desprestigio irresponsable e irrespetuosa, según la cual, él y su colega de partido el Senador Rizzetto apoyan el proyecto por amenazas del Procurador”. Señaló apoyar el proyecto “por convicción y de conciencia, consigo mismo y con un país”.

Para Jesús García (p. Liberal) “el acto legislativo es un fetichismo jurídico, que cree que cambiando las normas se cambiará la realidad”. Expresó que el aborto no es rechazado ni en las mismas instancias de la iglesia católica. Citó los casos de funcionarios eclesiásticos europeos que promovieron la realización de interrupciones de embarazo en religiosas bajo estado de gestación (este señalamiento generó conmoción entre los asistentes quienes comenzaron a expresar su inconformidad con el comentario).

Finalmente, el senador García solicitó al presidente a votar el proyecto de acto legislativo, alegando la figura de la suficiente ilustración.

La solicitud de suficiente ilustración fue apoyada con 11 votos de los Senadores, mientras 5 se opusieron. El hecho generó la oposición del Senador Manuel Enríquez quien declaró “sentirse atropellado” al no haber sido sometida a votación la solicitud firmada por 10 senadores para suspender el debate e invitar al Procurador de la Nación y a la Fiscal de la República.

Cumplida con esta primera votación se procedió a la votación para archivar o no el proyecto de acto Legislativo. Los resultados de la misma fueron: 9 votos a favor de archivar el proyecto y 7 en contra.

Concluido el acto de la votación, la bancada del partido conservador y el Senador Manuel Enríquez dejaron constancia de su malestar por el manejo del debate del presidente de la comisión, Senador Luis Fernando Velasco.

el Senador Manuel Enríquez denunció el manejo del debate por parte del Presidente de la Comisión, Senador Luis Velasco. Denunció “las pocas garantías en el debate como por ejemplo no permitir la difusión de los videos de los promotores del proyecto de acto legislativo”. Precisó que él como ponente “podía intervenir todas las veces, y usted me vulneró ese derecho”.

El debate de este proyecto de acto legislativo reflejó que la misma polarización social por el tema está presente al interior de Congreso. En este sentido es de suponer que el tema continúe siendo objeto de debate en la esfera pública y al interior del mismo Congreso, más aún luego de la declaración de José Darío Salazar en torno a proponer un Referéndum Popular para consultar la postura de los colombianos.

Sin duda, la decisión del Congreso en este proyecto de acto legislativo generará impactos en otros álgidos debates sociales que tarde o temprano tendrá que asumir el Congreso como por ejemplo el proyecto de ley 47/11 Cámara “Por medio de la cual se regula la unión civil entre parejas del mismo sexo y se dictan otras disposiciones. [Unión civil de parejas del mismo sexo]”.

(Mujer en gestación a favor del derecho de las mujeres a decidir)

[1] Nivel más alto de investigación médica cuando no hay acuerdo entre los académicos.

Tags: Acto legislativo 06/11 Senado. Aborto Colombia Mujeres

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