Despacio, que vamos de afán

Sep 2010 02

Este viejo adagio popular, un tanto en desuso en esta era del inmediatismo, nos invita a tomar una pausa para encontrar la mejor manera de enfrentar una situación crítica como la que se vive en Medellín, y en otras ciudades, municipios y regiones del país. Sobre la gravedad de lo que está pasando no hay lugar a la menor duda. Basta mirar las páginas de los diarios más importantes: Primera página de El Espectador; Editorial de El Tiempo, primera página sobre el Consejo de Seguridad que tendrá lugar en una base militar - ¿Así de mal está la situación en el gobierno heredero de la “Seguridad Democrática?” - y nota de opinión de Saúl Hernández, conocido por sus posiciones de mano dura, en la que señala que “lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales”.

Es precisamente contra este clima de “histeria colectiva” que adquiere importancia la sabiduría acumulada en años de duras experiencias. Estamos cansados de los bandazos en la política criminal: del incremento de penas a la rebaja por colaboración y el principio de oportunidad. De la resocialización como objetivo del Sistema Penal, al daño infligido al delincuente como “justa retribución” a su conducta y como mecanismo de “protección de la sociedad” frente al peligro que representan los delincuentes juveniles y, por extensión prejuiciosa, todos los adolescentes de nuestras ciudades y en particular los que habitan las zonas más pobres de las mismas.

Nadie objeta el buen propósito de la iniciativa que busca “endurecer” las penas frente a los delitos cometidos por esta población. La preocupación frente a la misma surge de dos fuentes: en primer lugar, el proyecto busca modificar el llamado Código de la Infancia y de la adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, norma aprobada quince años después de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 que estableció claramente la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que logró concretar una iniciativa que se había visto frustrada en tres ocasiones en las cuales naufragaron proyectos de norma que no se convirtieron en Ley.

Preocupa entonces que a menos de cuatro años de entrada en vigencia de esta Ley tan importante, fruto del trabajo mancomunado de expertos en el cuidado y protección de niños y adolescentes, que trabajaron bajo el liderazgo de UNICEF y de la Alianza por la niñez Colombiana, que desarrollaron a través de la iniciativa no solo los principios contenidos en la Carta Política sino las disposiciones contenidas en Acuerdos Internacionales sobre protección de los derechos humanos, y en particular los relativos a este grupo tan importante de población, se busquen introducir modificaciones cuya necesidad resulta poco clara.

En segundo lugar, creemos que la sociedad y el Estado no han asumido un compromiso serio con la aplicación de las disposiciones que el Código de la Infancia y la Adolescencia contemplan en materia de responsabilidad penal adolescente. Como señala el editorial de El Tiempo: “Hoy en día, la Responsabilidad Penal Adolescente, tres años después de su puesta en marcha, está en el peor de los mundos: no cumple con su misión resocializadora, tampoco disuade del comportamiento delictivo (…) el SRPA sólo cuenta con una veintena de centros especializados, carece de suficientes recursos humanos y técnicos, sus programas enfrentan problemas de cobertura, no tiene un sistema integral de información, y la coordinación entre las más de 15 entidades participantes es pobre. Un corte hecho a finales del año pasado muestra que la mayoría de menores infractores no son homicidas. En el 41 por ciento de los casos, incurren en delito de robo; en tráfico de estupefacientes, en el 23 por ciento, y en porte de armas en el 10”.

Por su parte, la noticia aparecida en El Tiempo sobre la situación que se vive en Bogotá arroja algunas pistas sobre las causas más profundas de esta situación de delincuencia, inseguridad y violencia en la que se ven envueltos nuestros adolescentes. Señala la nota que “Cifras de la Policía indican que entre el primero de enero y el 31 de julio de este año 3.587 menores fueron aprehendidos en Bogotá por cometer infracciones por distintos delitos. El 82 por ciento (2.941) eran hombres y el 18 por ciento (646), mujeres.  Los registros de las autoridades muestran que el delito más cometido por los menores fue el hurto con 1.900 de los casos; le siguen el porte de estupefacientes (1.006), lesiones personales (277), porte ilegal de armas de fuego (125) y daño en bien ajeno (59), entre otros. Sólo por homicidio, se presentaron 19 aprehensiones en los siete primeros meses del año.
En cuanto a los sitios en los que los adolescentes infringen la ley, las localidades más afectadas son Kennedy (246 casos), Rafael Uribe Uribe (240), Ciudad Bolívar (204), Santa Fe (187), Engativá (187), San Cristóbal (187), Usme (186), Bosa (186) y Suba (158).  Por su parte, las zonas en las que menor número de hechos protagonizados por adolescentes se presentaron fueron La Candelaria, Antonio Nariño y Barrios Unidos.  Por último, las cifras policiales indican que la mayoría de los menores infractores cuentan con 17 años”.

Creo que hace falta ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza; esos que deben enfrentar la realidad de las limitaciones en cuanto a la cobertura y calidad de la educación pública, única a la que pueden aspirar dada la situación social de sus familias, claro está, en el evento en que dicha situación no los obligue a entrar en ese mundo del rebusque, o de la informalidad como señalan los informes tecnocráticos, en que se debate cerca del 60% de nuestra población.

Y qué decir del tema del narcotráfico, frente al cual la clase dirigente del país, tanto económica como política, ha tenido una actitud tanta laxa que la ha llevado a cerrar los ojos y taparse la nariz, en el mejor de los casos, o en el peor de ellos a aliarse en verdaderos acuerdos mafiosos que se expresan en las llamadas “narocopolítica” – recuérdese el proceso 8.000; “parapolítica” y “paraeconomía”.

La invitación a la prudencia surge también de mirar experiencias de naciones cercanas con las cuales compartimos problemas sociales, culturales, económicos y políticos en espera de ser abordados con seriedad y determinación. Las imágenes que transmiten los noticieros sobre la situación que se vive en la comuna 13 de Medellín nos recuerdan amargamente las que vemos con frecuencia sobre lo que sucede en las favelas de Río de Janeiro o en las barriadas de Kingston, Jamaica. Qué tendrán en común estas comunidades de jóvenes que por demás viven en ambientes culturales distintos? Será acaso la falta de oportunidades; de reconocimiento de su valor como seres humanos únicos e irrepetibles; la pérdida de su sentido de la vida o su franca instrumentalización por parte de “poderes” que los avasallan?

Expertos en política criminal han reiterado el llamado a enfrentar con toda decisión a las llamadas “Bandas Criminales Emergentes”, expresión de la capacidad de violencia que caracteriza al narcotráfico y frente a las cuales se registran a veces actitudes de inaceptable tolerancia o de franca complicidad por parte de miembros aislados de las fuerzas armadas; de la clase política o de importantes sectores de nuestra sociedad. Son estas bandas criminales las que instrumentalizan a nuestros adolescentes. Hay que arrebatárselos y arrebatárselas de las manos, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza.

Despacio, que vamos de afán. Y es que ni siquiera Alonso Salazar, quien antes de llegar a la Alcaldía de Medellín produjo trabajos de investigación sobre la sociología de los jóvenes dedicados a la actividad del sicariato que marcaron un verdadero hito en la comprensión del fenómeno parece tenerla clara. Y si no, díganme como compatibilizar propuestas tan sui géneris y tan opuestas en su racionalidad y propósito como las siguientes, tomadas de la prensa del día de hoy:
“[Que el gobierno nacional evalúe y de] respuesta a la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja de intervenir con fines humanitarios en el conflicto de la ciudad de Medellín. [Y] Llamar a la modalidad de servicio militar obligatorio a jóvenes que se han identificado como pertenecientes a grupos criminales y repetir con ellos la experiencia de los primeros ochocientos que fueron llevados a un centro de formación del Sena y luego regresarlos para que realicen trabajo comunitario en la ciudad”.

Algo va de la intervención humanitaria del CICR al uso del servicio militar como mecanismo de “reaconductamiento” de jóvenes con problemas de comportamiento como se acostumbraba hace algunos años, o quizás décadas. Por todas estas razones, la invitación a los Colegas del Congreso de la República, a los funcionarios del Gobierno, a los ciudadanos y ciudadanas, a nuestros adolescentes, quienes también tendrán sin duda algo que decir sobre un situación que les atañe directamente es sencilla: despacio, que vamos de afán.

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Mónica Pachón:

Una buena recomendación. La tentación de utilizar mecanismos de mano dura como la única solución y la que ofrece mejores resultados al corto plazo ha probado tener grandes problemas en los casos centroamericanos.

sept. 4, 2010 Spam Abuso Eliminar

Blog de la Representante Ángela María Robledo

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Ángela María Robledo

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