El control en blanco y negro

Mar 2012 05

Para verdades el tiempo. Pasada la obnubilación que produjo la costosa, luminosa y avasalladora publicidad oficial, vino el inexorable paso del tiempo a confirmar lo que con argumentos claros habíamos denunciado en el transcurso del gobierno Ramos. Nos quisieron convencer que habían construido una arcadia, y no hay tal.

Inadecuada e inoportuna planeación; excesiva contratación directa; irregularidades en el Idea, Fla, Indeportes, Teleantioquia, Dapard, Minas, Vivienda, Infraestructura, Salud, Educación, Plan Departamental de Aguas; excesivo incremento en la deuda y en los gastos de funcionamiento; a lo que se suma el amplísimo listado de que da cuenta el Libro Blanco del Gobernador Fajardo, son sin duda, el material sobre el cual deberán adelantar investigaciones pertinentes las entidades competentes.

Entidades de control competentes, sobre las cuales muchos ciudadanos perplejos se preguntan ¿Qué hicieron en este cuatrienio? Yo agregaría, ¿Qué investigaciones se realizaron sobre las reiteradas denuncias realizadas desde importantísimos medios de comunicación como El Colombiano, El Mundo, Caracol, RCN, Revista Dinero y por columnistas como Ramón Elejalde, Jorge Mejía y quien esta columna escribe?

Ni que decir de la lamentable tarea del contralor departamental quien estaba éticamente impedido para ejercer el control fiscal, no sólo por haber integrado la comisión de empalme, sino por ser reconocido franco partidario y amigo del Gobernador Ramos, cuya gestión debía vigilar. Vergonzosamente para Antioquia, esa contraloría de Jorge Rojas -que irregularmente contrató excesiva publicidad para tratar de vender una imagen de falsos resultados positivos-, acaba de ser calificada por la Auditoría General de la Nación con 5.5 sobre 20, ocupando el penúltimo lugar del escalafón nacional.

Precisamente por la falta de autoridad moral de quien ejercía el control fiscal en Antioquia, desde la Comisión VI del Senado de la República, solicitamos controles excepcionales, que le dieran claridad a la opinión pública con absoluta imparcialidad y rigor técnico sobre las presuntas irregularidades del gobierno Ramos y los desafueros procesales y administrativos ocurridos en la gestión del señor Rojas Otálvaro, por cuya inspiración, vale recordarlo, surgió la cuestionada Fundación para el Buen Gobierno, respecto de la cual, en buena hora, la señora Contralora Departamental ha anunciado una seria investigación.

En Sesión de la Comisión VI, le consultamos a la Señora Contralora General de la Nación sobre el avance de los controles solicitados; con valor y honestidad, la doctora Morelli denunció: “…los resultados de la delegada de investigaciones, son realmente deprimentes, allá lo único que abundan son las caducidades y las prescripciones (…) allá lo que sucede es que los funcionarios se vuelven como los dueños y los soberanos de los procesos (…) allá se pierden las pruebas…” “…allí hay un problema estructural realmente serio (…) y efectivamente había decisiones paralelas o procesos paralelos y peticiones de dádivas”.

Estas y otras similares razones debieron motivar la denuncia penal que ante la Fiscalía General de la Nación, acaba de instaurar -el pasado viernes 2 de marzo-, contra funcionarios de la Contraloría General de Antioquia y la Gerencia Departamental de la propia Contraloría General de la República, la doctora Luz Ángela Martínez Bravo, Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, sobre cuyo trámite y conclusión estaremos atentos.

Es inaplazable una investigación del Procurador General de la Nación, que arroje resultados claros sobre las denuncias y permita establecer si en la Procuraduría Regional en Antioquia ocurrió algo similar a lo que denunció la Contralora, pues la lenta y omisiva conducta de sus agentes, impidió una decisión oportuna por parte del doctor Alejandro Ordoñez, quien en Colombia ha demostrado tener un compromiso ineludible e inaplazable con la pronta y cumplida justicia.

Tags: Eugenio Prieto Soto

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