El debate 4G
Muchas veces los necesarios pero escandalosos debates por corrupción, violación de derechos humanos, inequidad e injusticias, hacen que otros importantes temas pasen desapercibidos para la ciudadanía. Tal es el caso del debate que se inicia sobre la revolucionaría tecnología en telecomunicaciones de cuarta generación -4G-, que puede determinar por varios años el desarrollo del país y sus regiones, por estar asociada a las comunicaciones aplicadas a diferentes actividades propias de la sociedad de la información y el conocimiento.
Es evidente que estamos en presencia de una nueva realidad tecnológica en el sector de las telecomunicaciones, la denominada convergencia, en la cual varios servicios y modalidades se han unificado en su prestación. La realidad es que 4G, al permitir las comunicaciones en bandas anchas y posibilitar la integración en un solo servicio de la televisión móvil, en concurrencia con Internet y otros servicios telemáticos o de valor agregado -los tradicionales servicios de voz [teléfono]-, podría llegar a generar un reordenamiento de la industria de las TIC.
Durante la audiencia que como exordio del debate realizamos esta semana en la Comisión VI del Senado, examinamos la forma como el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional del Espectro –ANE- y el Ministerio de las TIC, vienen realizado actividades asociadas a la planeación, administración, gestión, control y especialmente asignaciones para el uso del espectro.
Varios argumentos comienzan a evidenciarse. No es mera casualidad que en el reparto de los asuntos que son competencia de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, se haya incluido el Espectro Electromagnético como tema independiente y separado de otros a los que está asociado, pues por su trascendencia no podría ser de otra manera, ya que se trata de un elemento de los que integran el territorio del Estado, con un inmenso valor para la sociedad contemporánea.
No queda duda, que la parte del espectro electromagnético que se denomina “espectro radioeléctrico” es un elemento estratégico para el desarrollo de las telecomunicaciones inalámbricas y su planeación es competencia de la ANE, la cual debe garantizar la utilización eficiente del mismo, en desarrollo de los principios constitucionales orientados a impedir las prácticas monopólicas en su uso y el acceso democrático al mismo, tal como indica el artículo 75 de la Carta.
Por ello, existe preocupación frente al riesgo de que un mismo proveedor de servicios de telecomunicaciones móviles concentre el derecho a la explotación económica de segmentos estratégicos del espectro y pueda combinar diferentes bandas de frecuencia en el diseño de su red, de tal manera que se podría generar una condición monopólica o al menos una posición dominante en el manejo de un recurso público como es el espectro. Tal posibilidad debe ser estudiada en forma muy ponderada por el Gobierno, pues tratándose de un bien cuya administración tiene límites constitucionales -antimonopolio y acceso democrático-, estos límites sin duda alguna deben ser respetados.
Como en el caso de telefonía móvil celular y PCS -Leyes 37/93 y 555/00-, las asignaciones de frecuencias fueron el producto de amplios debates nacionales, con participación del Congreso, los gremios, las empresas prestadoras de servicios, los sectores académicos y los usuarios. Aunque el escenario jurídico ha cambiado sustancialmente, a partir de la vigencia de la ley 1341/09, por las connotaciones estratégicas del espectro, en 4G, se debe proceder de manera similar, abriendo un debate en el que los ganadores seamos todos como sociedad colombiana.
Por tanto, ojalá, el resultado del debate sobre la tecnología 4G, sea que el ciudadano de a pié reciba más y mejores servicios a tarifas pagables, que la sociedad de la información sea para él una realidad palpable y que el espectro electromagnético, como los demás recursos naturales que le pertenecen a la Nación entera, sean administrados y asignados pensando en todos, en especial en ellos, los usuarios.
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