El efecto ISA (2)

Jun 2012 24

La semana pasada me referí a las posibles implicaciones y efectos que sobre Interconexión Eléctrica S.A. ESP -ISA- y otras empresas prestadoras de servicios públicos similares, podría tener el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, que lleva al Gobierno a concluir que ISA no puede ser el estructurador del megaproyecto vial, “Autopistas de la Prosperidad”. Expresé que este concepto, que merece todo nuestro respeto y acatamiento, debe ser el punto de partida para que el Congreso de la República adecue el ordenamiento jurídico de este tipo de empresas a las realidades actuales.

Aunque se desconoce cuál es el obstáculo jurídico que impide a ISA, en su condición de empresa mixta, con participación mayoritaria del Estado, ser el líder y estructurador en la ejecución de las “Autopistas de la Prosperidad”, el mismo motivo podría aducirse para que la propia ISA no participe directa o indirectamente en otros proyectos, o para que otras empresas del sector no puedan desarrollar todas las actividades para las cuales han adquirido competencias y tengan que mantener ociosa su capacidad de trabajo.

Si la restricción hace referencia a que las empresas de servicios públicos no pueden prestar servicios domiciliaros, en concurrencia con otros que no lo son, esto no solo conduce a destruir valor, sino que afectará gravemente a muchas empresas que prestan entre otros, servicios como el de energía en concurrencia con el de alumbrado público; o de acueducto y energía con servicios de telecomunicaciones no domiciliarios; o de facturación y recaudo para terceros; o servicio de aseo, con otros afines como la recolección de escombros, el transporte de residuos peligrosos o labores asociadas a la jardinería, el ornato y la limpieza de las ciudades.

Si la restricción hace referencia a la imposibilidad de que las empresas de servicios públicos celebren contratos interadministrativos, por no estar sujetas al régimen de la Ley 80, no obstante que se trate de entidades estatales, esto impediría que entidades ciento por ciento del Estado, pongan toda su capacidad al servicio de sus territorios en programas sociales o en otros vinculados al desarrollo local o regional.

Si el motivo es otro, una vez conocido deben estudiarse los mecanismos jurídicos que permitan superar la limitación que se impone, de allí la importancia de que se avance en el trámite de un proyecto de Ley que, a la vez que reconoce el régimen jurídico especial de los servicios públicos y de las entidades que los prestan, les permita a todas las empresas estatales aprovechar al máximo sus competencias y productividades y poner toda su capacidad al servicio del desarrollo local, regional y nacional.

El Congreso de la República y en particular las comisiones sextas de Cámara y Senado deben analizar con detenimiento que en escenarios de libre comercio, apertura y globalización de la economía y los mercados, las empresas de servicios públicos han dejado de ser simples entidades descentralizadas que ejercen funciones públicas, para convertirse en factor de equilibrio que garantice el desarrollo de la economía social de mercado y ello solo es posible si se les permite actuar dentro de un marco jurídico adecuado a las nuevas realidades mundiales. Del estado funcional hemos pasado al Gestor y de los servicios públicos monopólicos a la competencia y el Congreso debe ser el primero en comprender este nuevo escenario.

En este sentido, presentaré un proyecto de Ley que le permita a las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas o privadas, competir en condiciones de alta eficiencia económica e igualdad y puedan utilizar todos sus conocimientos en el desarrollo del país, permitiéndoles de acuerdo con su iniciativa intervenir en todas las áreas en las que hayan desarrollado destrezas o conocimientos, el cual socializaré esta semana en el Congreso de Andesco en Cartagena, para estimular el debate y ponerlo a consideración del Congreso de la República en la próxima legislatura ordinaria.

Tags: Eugenio Prieto Soto

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