El túnel de las imposiciones

Oct 2011 16

Contrario a los postulados de confianza pública, de hacer las cosas en forma responsable, el actual Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, iniciará a toda costa las obras del “Túnel de Oriente”, imponiendo sus decisiones sobre los intereses generales de los habitantes del departamento que se verán afectados por los daños ambientales no mitigados y los compromisos financieros de una obra que si no se hace en forma integral, no va a poder dar los resultados de movilidad que de ella se esperan.

Somos conscientes de la importancia que una obra de infraestructura como el “Túnel de Oriente” tiene para el progreso de Antioquia, no obstante, hemos expresado las razones técnicas, legales, financieras y ambientales que nos llevaron a aplazar el túnel en el tiempo.

Una obra no se puede iniciar si no tiene completos los diseños, el cierre financiero para su ejecución y mucho menos, si tiene grave impacto sobre el medio ambiente y no se garantiza su mitigación.

En anterior columna -Ordenanzas ilegales-, me referí a estas razones. Hoy debo decir, que muchos de esos inconvenientes persisten, con otros problemas.

No se cuenta con diagnóstico ambiental de alternativas, trámite obligatorio para otorgar la licencia ambiental. No tiene licencia ambiental, la expedida se concedió para un proyecto con un trazado muy diferente, así lo hizo saber la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que le solicitó a Cornare suspender la autorización para iniciar las obras prevista para el 18 de octubre.

Con el cambio de diseños el proyecto pasa a tener mayor interferencia ambiental y afectaría más cantidad de fuentes hídricas en jurisdicción de Corantioquia, con lo cual la licencia ambiental debería ser expedida por esta Corporación o como mínimo y en cumplimiento del principio de complementariedad, debería hacerse en conjunto entre Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana como autoridades ambientales en las zonas a intervenir y a afectar con el proyecto.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en el año 2009 declaró la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se otorgó la licencia ambiental, entre otras cosas, por la omisión en la presentación del Diagnóstico de Alternativas, requisito de procedimiento esencial y obligatorio.

Aunque el Consejo de Estado declaró la nulidad del fallo por un requisito de forma, una vez saneado, la decisión del Tribunal se va a mantener por razones de fondo.

Aunque el proyecto se ejecuta en un 66% en jurisdicción del municipio de Medellín, para nada lo han tenido en cuenta, por tanto los minutos que se ganarían en desplazamiento por el túnel, se van a perder en los embotellamientos que se presentarán en las vías de acercamiento y acceso no contempladas.

El proyecto no tiene cierre financiero. No cuenta con las respectivas disponibilidades presupuestales. Con el Fallo del Consejo de Estado, la Ordenanza que autoriza a comprometer vigencias futuras para la obra es ilegal, por tanto, no se cuenta con los recursos suficientes para financiarlo, ni con los estudios y análisis necesarios para su ejecución.

Mientras un municipio como Caicedo se encuentra completamente aislado por su vía principal, -paradójicamente el Gobernador les prometió e incumplió pavimentar la vía-, para esta semana, se anunció el inicio del túnel de las imposiciones, pasando por encima de los respetables cuestionamientos sociales, las carencias jurídicas, ambientales, financieras y técnicas.

Nos preguntamos, ¿el Gobernador asumirá todas las responsabilidades de imponer sus decisiones sin brindar las garantías suficientes de que este proyecto nos propiciará desarrollo en forma sostenible, que no habrá un detrimento cuantioso de nuestros recursos financieros, ni daños enormes a los sistemas naturales, ni mucho menos un declive significativo de la estabilidad social?

Tags: Eugenio Prieto Soto

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