Emergencia carcelaria debe ser decretada por el Gobierno

Jul 2012 30

Luego de que la Defensoría del Pueblo solicitó que se decrete la emergencia sanitaria en la Cárcel Nacional Modelo por los casos de varicela que se presentaron recientemente, el congresista Iván Cepeda pidió que se declare la emergencia carcelaria por la grave situación de hacinamiento, sumada a los problemas de salud que están viviendo los internos en las cárceles más sobrepobladas del país.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Iván Cepeda, advirtió que la crisis de hacinamiento y de problemas sanitarios que se vive en las cárceles colombianas, está llegando a su peor nivel y que es imperioso que el Gobierno decrete la emergencia carcelaria, al igual que urge poner en funcionamiento la Comisión de seguimiento aprobada por el ministerio de Justicia.

El congresista recordó que pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico El Tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo más del 200% de su capacidad. Ante esta situación el Inpec anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

Para el representante Cepeda, ésta medida de aislamiento y otras de descongestión que se implementaron esta semana "resultan insuficientes e inadecuadas, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura.. Esto no sólo en la cárcel Modelo, sino en general en la mayoría de los establecimientos de reclusión del país. Se están afectando el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, lo que desdibuja la existencia de condiciones de reclusión dignas y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad", concluyó el legislador.

Señaló además, que han pasado más de dos meses desde que Caprecom dejó de prestar el servicio de salud en la cárceles, sin que se haya dispuesto un remplazo para ello.

Con relación a esta grave situación, el representante le envió un derecho de petición a la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, en el cual le reitera la urgencia y la necesidad de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario. Cepeda señaló que ya se habían suscrito acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que deben ser retomados con la urgencia que ameritan, y sin más dilaciones por parte de esa cartera.

Igualmente anunció que de continuar la grave crisis carcelaria, convocará a un nuevo debate de control político en la Cámara de representantes.

A CONTINUACIÓN EL DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO A LA MINISTRA DE JUSTICIA:

Bogotá, 26 de Julio de 2012.

Doctora

RUTH STELLA CORREA

Ministra de Justicia.

Dirección: Carrera 9 No. 12C - 10 - Bogotá.

Ref. Derecho de Petición

IVAN CEPEDA CASTRO, en mi condición de Representante a la Cámara, me dirijo a usted en ejercicio del Derecho de Petición, consagrado en la Constitución Política de Colombia, con el propósito de solicitar una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, respecto a la cual, habíamos llegado a algunos acuerdos con el Viceministerio de Justicia, que tenían como punto de partida el reconocimiento de la extrema gravedad de la situación penitenciaria y carcelaria.

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

- El hacinamiento es un lugar común, sobre diagnosticado en las cárceles de Colombia. El contraste entre la capacidad de los establecimientos carcelarios y la población que los habita ha adquirido dimensiones dramáticas; por ejemplo, la cárcel nacional modelo (la más grande del país) tiene 7.965 internos, cuando su límite sería de 2.950 internos. Respecto a otros establecimientos carcelarios como la Picota -en Bogotá- Villahermosa -en Cali- y Bellavista -en Medellín- , los niveles de hacinamiento superan el 100 por ciento.

- Esta situación es el punto de origen de una cadena de vulneración de los derechos de la población carcelaria que atenta contra el principio de dignidad humana, y da cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de los sindicados y los condenados.

- Al hacinamiento se suman las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad.

- No solo la población privada de la libertad ha denunciado la grave situación carcelaria; los guardias del INPEC, manifestaron la semana pasada que entrarían en paro, advirtiendo así el inminente colapso del sistema carcelario.

Su denuncia se centra en la imposibilidad de ejercer sus labores, derivada precisamente del hacinamiento; así, un patio de La Picota en el que hay más de mil detenidos cuenta con sólo dos guardianes del INPEC. Los guardianes han exigido la presencia en la Cárcel del director del INPEC, para que verifique personalmente estas denuncias, y adopte medidas acordes a la gravedad de la situación.

- El pasado 22 de julio, la Secretaría Distrital de Salud confirmó la existencia de al menos dos casos de varicela en la cárcel Nacional Modelo, la más grande del país, que según un informe reciente publicado en el periódico el tiempo alberga a 7.965 internos, excediendo el 100% de su capacidad. Ante esta situación se anunció que se procedería al aislamiento de los enfermos, con la finalidad de prevenir otros contagios.

- La medida adoptada por el distrito, resulta insuficiente e inadecuada, si se tiene en cuenta el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y las deficiencias en la infraestructura, de la cárcel Modelo - y en general de los establecimientos de reclusión del país- , que afectan, entre otros el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que en suma, desdibujan la existencia de condiciones de reclusión dignas, y niegan la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad.

Las dramáticas dimensiones de hacinamiento en la Modelo, y en general en los establecimientos carcelarios del país, reiteran la urgencia y la necesidad de decretar la emergencia carcelaria y de continuar trabajando en la iniciativa de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario

Esta Comisión estaría conformada por los Ministerios de Justicia, Hacienda, Salud, Trabajo, Educación, el Sena, la Unidad de Servicios Penitenciarios, la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación, un representante de los jueces de ejecución de penas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General, el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y el Senador Juan Manuel Galán. Dentro de las funciones de la Comisión estarían formular un balance de la situación penitenciaria y carcelaria, y entregar una serie de recomendaciones al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso de la República.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, en los que se consagra el Derecho de Petición.

III. PETICION

Por las consideraciones expuestas anteriormente, solicito una respuesta o un pronunciamiento del Ministerio, frente a la iniciativa de creación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Comisión Interinstitucional, a la cual se ha hecho referencia.

Favor enviar comunicaciones sobre la información solicitada a la siguiente dirección:

Carrera 7 No. 8- 68 Oficina 416 A. Bogotá. D.C

Atentamente.

______________________

IVAN CEPEDA CASTRO.

Representante a la Cámara

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