Encuestas electorales: cómo hacerlas y cómo no hacerlas
A raíz de las dudas sobre la calidad y honestidad de una firma encuestadora, un veterano analiza las principales faltas éticas que suelen presentarse en este campo. El periódico y la emisora que contrataron la encuesta han podido y han debido vigilar, pero el incidente no puede ser razón para callar la voz de la ciudadanía.
Por: Ernesto Rojas Morales, Analista de Razónpublica.com
Basta con una muestra
¡Qué bueno es el vino! … cuando el vino es bueno.
De forma similar podría decirse: ¡cuán útiles son las encuestas de opinión!… si son realizadas con el debido rigor.
Hoy, tras 75 años desde cuando empezaron a emplearse en Norteamérica, siguen siendo válidos estos ejercicios de preguntar a un reducido número de posibles votantes sobre sus preferencias electorales, y predecir el resultado de comicios futuros mediante la extrapolación de sus respuestas. En Colombia, la historia aunque más corta, 45 años, es igualmente valedera y por eso las encuestas han ganado protagonismo en la vida política nacional.
No pocos descalifican los pronósticos electorales basados en encuestas, con la simplista prueba negativa de que “a mí nunca en la vida me han encuestado, ni conozco a nadie que le hayan preguntado sobre su opinión política”. Quienes así piensan ven como un imposible lógico o como una superchería atreverse a adivinar los resultados de unas elecciones futuras sin consultar a una buena parte de los electores.
La prueba en contrario la dio George Gallup -en 1936- cuando tuvo un gran acierto al pronosticar el triunfo de Franklin D. Roosevelt, partiendo de las respuestas de un número muy pequeño de entrevistados, pero seleccionados sobre la base de técnicas estadísticas. Para las mismas elecciones el Literary Digest fracasó estruendosamente y aunque utilizó una muestra de más de dos millones de electores.
Desde entonces se sabe: el acierto depende más del método aplicado que del número abultado de respuestas.
La forma más común de explicar este fenómeno es por analogía con los exámenes de sangre, practicados a veces sobre una simple gota para establecer la composición probable de la totalidad, y sin necesidad de extraerle al paciente un litro del líquido vital.
El error es posible
Sin embargo, aún encuestas técnicamente bien diseñadas han fallado en el procedimiento o en la interpretación, como sucedió en 1948 cuando tres conocidas empresas encuestadoras —Roper, Crossley y la afamada Gallup— se equivocaron estrepitosamaente al predecir en forma errónea el triunfo de Thomas Dewey frente a Harry Truman.
En Colombia, en muchas ocasiones encuestas bien diseñadas han despertado dudas y han minado la confianza de los electores, pues han sufrido de serias deficiencias en el trabajo de campo, o sea, en la forma como se recolectan los datos, o en su interpretación posterior.
En las elecciones de 2010, varios encuestadores señalaron a Antanas Mockus como el más probable triunfador o, por lo menos anunciaron que le disputaría a Juan Manuel Santos la presidencia en un cabeza a cabeza. Pero todos recordamos que el actual mandatario ganó por un margen amplio.
Impacto sobre el votante
¿Qué efectos nocivos puede producir un pronóstico errado? Aún no se sabe, aunque pueden intuirse algunos como el de disminuir el voto por los candidatos de menor figuración en las encuestas. El elector quiere que su voto sea útil para decidir, y por tanto se desvía hacia otro candidato, con más opciones según los pronósticos.
Este fenómeno explica en buena parte los aumentos de preferencia por los posibles ganadores en la recta final de la campaña. Tal cosa no era común cuando los partidos políticos eran los factores de cohesión entre los simpatizantes de un candidato. En ese entonces era preferible perder con dignidad y demostrar la presencia electoral que tratar de montarse en el tren del ganador.
Por su parte las campañas pueden verse afectadas por tomar decisiones sobre la base de encuestas inexactas, como cuando a última hora tratan de crear una opinión favorable al candidato o adversa al competidor, gastando enormes sumas de dinero en publicidad.
Pero el buen uso de las buenas encuestas conduce a perfeccionar la democracia. Es una vía expedita para lograr que el ciudadano manifieste su opinión, rara vez consultada por los gobernantes. Permiten conocer la aceptación o rechazo de los programas, las políticas, las actitudes de los hombres públicos, la efectividad de las instituciones, o simplemente a estar al tanto de las aspiraciones populares.
No es asunto de más leyes
La importancia que hoy tienen las encuestas de opinión en el medio colombiano ha llevado a que muchos pidan su regulación y su control, o de “meter en cintura” a los encuestadores mediante nuevas leyes.
Ya existen unas regulaciones poco efectivas, como las de obligar a los medios de comunicación a divulgar la llamada ficha técnica de la encuesta, cuando publique pronósticos electorales.
Pero más allá de los reglamentos, habría que apelar a pautas éticas adoptadas por la mayoría de las empresas encuestadoras, pero no observadas por unas cuantas, responsables de la poca credibilidad de los pronósticos electorales entre el público en general.
Abundan las faltas éticas
No debe preguntarse lo que el entrevistado no conoce. Este principio ético es violentado con frecuencia, por ejemplo cuando se pide que la gente se pronuncie sobre temas de alta complejidad jurídica, como la introducción de la pena de muerte, o de temas que aún no se han debatido públicamente, como la reelección del presidente Santos.
Es usual que las encuestas pregunten sobre la intención del voto mucho antes de iniciarse la campaña electoral o que indaguen preferencias sobre eventuales candidatos en competencia con los ya consolidados.
Otra transgresión frecuente es la de inducir a la confusión al mostrar como preferencia electoral lo que es un simple grado de conocimiento sobre el candidato.
Existe una amplia discusión sobre si deben o no incluirse las opciones de respuesta “No Sabe/No responde” e “Indeciso”, pues éstas deberían ser tratadas simplemente como encuestas fallidas. Si se tuviese en cuenta solo a quienes se pronuncian a favor de un determinado candidato o por el voto en blanco, el resultado de la encuesta sería más parecido al de las urnas.
También es necesario eliminar el testaferrato culposo –como diría un penalista– que consiste en presentar como patrocinador de la encuesta a un medio de comunicación o a otro financiador neutro (por ejemplo una universidad) para no despertar sospechas sobre la posible parcialidad de los hallazgos. Una encuesta de buena calidad supone una inversión considerable y el origen de los fondos debe quedar claro para la ciudanía.
La más criticable de las faltas éticas es la de darle valor a los sondeos efectuados a muy bajo costo pero donde la selección de los encuestados no sigue un procedimiento probabilístico, como sucede con las encuestas callejeras o con las provenientes de respuestas dadas por personas que llaman a una emisora. En estos casos no es posible establecer la representatividad de los resultados, pero sí pueden ser inducidas a error las personas que la tomen como un pronóstico estadístico.
Sólo el muestreo probabilístico fundamentado en la teoría estadística permite expandir los resultados de la muestra hacia la población o el total de los votantes, y solo él puede definir el número de encuestas necesarias para tener una confianza aceptable en los resultados.
Las encuestas a distancia
Como el hacer las entrevistas cara a cara resulta dispendioso y costoso, se está generalizando la práctica de la encuesta telefónica, lo cual implica una desmejora notoria en la calidad, por la obligada brevedad de la conversación y por las deficiencias del llamado universo de donde se seleccionan los encuestados, el directorio de teléfonos fijos. Bien es sabido que la cobertura de este servicio de comunicación tiende a disminuir.
La encuesta hecha a través de Internet se avizora como una solución económica cuando, como lo anuncia el ministerio de las TICs, la cobertura del servicio llegue a todos los estratos y rincones de la geografía.
Interventor necesario
Por todo lo anterior lo recomendable es exigir a las encuestadoras, dada su alta responsabilidad pública, que en cada investigación contraten una interventoría técnica independiente y calificada, capaz de hacerle seguimiento a todas las operaciones del estudio y certificar el cumplimiento de las normas anunciadas en la ficha técnica.
Hoy es una práctica común en los contratos de obras públicas exigir al constructor contar con una firma interventora para evitar que el puente, la carretera o el edificio en cuestión vayan a colapsar con consecuencias trágicas. Así mismo al encuestador se le debe exigir una verificación externa donde conste que la construcción de su pronóstico se ajustó a los diseños y prácticas estadísticas adecuadas.
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