"Es urgente pasar de la buena voluntad a las acciones reconocedoras de la diversidad cultural del país"
Manifestó el senador Marco Aníbal Avirama, los pueblos y organizaciones indígenas.
Hace dos años el Presidente Santos asumía su mandato diciendo a los indígenas: "Si hablamos con más frecuencia, si elevamos el diálogo a los más altos niveles institucionales, con el realce y la importancia que debe tener, no serán necesarias las vías de hecho para que se escuchen y atiendan los reclamos e inquietudes de las comunidades indígenas".
Ese es el reclamo que los pueblos y organizaciones indígenas hacen al Presidente de la República en los espacios de diálogo y concertación, tanto a nivel nacional como regional.
Porque dos años después de estas manifestaciones de buena voluntad no es mucho el camino avanzado en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos hechos sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto Ley sobre Víctimas Indígenas. Las mismas instituciones, como el Departamento Nacional de Planeación, reportaban un escaso 7% de cumplimiento cuando se hizo el balance del Plan Nacional de Desarrollo semanas atrás. En relación con la materialización de la norma sobre víctimas indígenas, las organizaciones indígenas han manifestado su muy escasa implementación, mientras aumentan las víctimas de violaciones de los derechos fundamentales y colectivos de los comuneros y pueblos indígenas en distintas regiones del país.
Las comunidades y organizaciones reportan que en estos dos años han sido asesinados 180 indígenas, continúa el desplazamiento forzado de indígenas por razón del conflicto armado, que no reciben una atención adecuada; aumentan las víctimas de minas antipersonal, afectando a niños y jóvenes; se incrementan las amenazas a las autoridades indígenas por todos los actores armados; siguen las desapariciones forzadas sin que se inicien las investigaciones y se capture a los responsables; los niños continúan muriendo por desnutrición y falta de atención médica; las violaciones sexuales a mujeres indígenas y otros crímenes de guerra configuran un verdadero genocidio.
El derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, es violado de manera sistemática, encontrando oídos sordos en los funcionarios del Ministerio del Interior a cargo del tema, más preocupados por responder a los requerimientos de las empresas mineras, petroleras y de construcción de obras de infraestructura, que en salvaguardar la integridad étnica de los pueblos que constituyen la diversidad cultural de nuestro país. Sobran entonces los motivos y razones que justifican y exigen un ánimo real de diálogo y concertación con los pueblos indígenas, cansados ya de soportar los daños y afectaciones en su vida y territorios, por parte de actores armados, privados y públicos interesados en imponer sus propios intereses.
Esperamos que un diálogo fructífero y eficaz liderado por el Presidente Santos contribuya a recobrar la credibilidad en el Gobierno y sus instituciones, como garantes de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo que seguramente repercutirá en una mejor gobernabilidad y un mayor desarrollo de una democracia de participación.
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