Por: María Camila Roa - Practicante de Derecho Universidad Sergio Arboleda

 

(El contenido de este escrito refleja la opinión de la autora y de ninguna forma compromete al Programa Congreso Visible)

 

 

La polémica que desató el escándalo alrededor del magistrado Jorge Pretelt (Partido Conservador) en su momento fue utilizada por el gobierno para impulsar la reforma a la justicia que estaba en el proyecto de ley de Equilibrio de Poderes, está reforma buscaba aumentar los requisitos para ser magistrado, ponerle fin a la puerta giratoria, elección de magistrados por concurso y la creación de la comisión de aforados, sin embargo, el periódico El tiempo anuncio en octubre del 2016 que “a menos de dos meses de lograr, en la Corte Constitucional, el hundimiento de la médula de la reforma de equilibrio de poderes –que según los analistas era el mayor avance en la corrección de algunos de los más graves vicios en el Poder Judicial–, las cabezas de esa rama se reunieron con Gobierno y Congreso para anunciar una nueva reforma”. El compromiso que suscribieron era presentar en marzo de este año un proyecto con “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”. A raíz de este escándalo y de una reforma a la justicia que buscaba luchar contra la corrupción de los funcionarios de las altas cortes y que fue tumbada, surge la siguiente duda ¿Por qué Jorge Pretelt ha sido el único magistrado que va a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los múltiples escándalos de corrupción por parte de otros funcionarios en esta corte?

  

El noticiero RCN anunció que todo el escándalo inicio con la denuncia del magistrado Mauricio González sobre el presunto soborno que el entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt habría exigido a Fidupetrol por 500 millones de pesos para fallar a favor una tutela que la empresa ya había presentado, y que llego a la corte en términos de revisión, toda vez que Fidupetrol había sido condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar 22.500 millones de pesos, con esta tutela se buscaba dejar sin efectos la sentencia de la Corte. La denuncia contra el magistrado Pretelt fue interpuesta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se realizará la respectiva investigación. El representante investigador de la causa, Julian Bedoya (Partido Liberal) decidió autorizar que el Senado iniciará un proceso por indignidad, esto es la pérdida del fuero como magistrado, para que en caso que la Corte Suprema de Justicia lo encontrara responsable de la comisión del delito, en este caso concusión, la Corte lo juzgase.[1] 

 

En el Senado, se escogió como instructor de la causa a José Obdulio Gaviria (Centro Democrático). Los instructores en este procedimiento pueden pedir la acusación o la absolución del imputado y en este caso Gaviria decidió proponer la absolución. La ponencia de Gaviria fue derrotada con 55 votos contra 5, incluso el partido conservador (filiación de Pretelt) votó unanimente para separarlo del cargo.

 

¿Cuáles fueron las posibles causas de esta decisión? a) La reforma a la justicia que estaba en el proyecto de Equilibrio de poderes, b) los intereses del gobierno con relación a la decisión de la Corte Constitucional sobre el plebiscito y el aval de esta corporación al Proceso de Paz, c) una oportunidad para los congresistas de demostrar eficiencia en su labor frente a los ciudadanos.

 

¿La reforma a la justicia era una verdadera solución para los problemas de corrupción?

El escándalo Pretelt dio un impulso a la aprobación en el Congreso de la Reforma de Equilibrio de Poderes que buscada la creación de una Comisión de Aforados en reemplazo de una cuestionable Comisión de Acusaciones (fue tumbada por la Corte Constitucional posteriormente) para juzgar a los altos funcionarios del Estado (presidentes, magistrados). El punto central de esta propuesta era que la Comisión estuviera integrada por miembros elegidos por concurso (meritocráticamente) en contraste con el actual sistema de elección por los congresistas. Lo que buscaba la reforma era evitar el lobby privado en las cortes y el favorecimiento de los magistrados a sus posibles electores en el evento en que fueran acusados.

 

De esta reforma se deben rescatar tres puntos esenciales, el tribunal de aforados, la des-politización de los magistrados e implementación de la meritocracia.

 

- Sobre el tribunal de aforados, el problema recae en ¿quien elige a quien? y ¿quien se va a encargar de la investigación?. Quien los elija y quien se encargue de la investigación  tendrá mucha influencia e inmunidad frente a la apertura de procesos judiciales; lo que al final del día intensificaría la corrupción en las altas cortes.

 

- Sobre la despolitización de los magistrados, en la reforma a la justicia, no pierden su facultad electoral frente al Fiscal y al Procurador, y esto desnaturaliza la idea de despolitizarlos, toda vez que se requiere que no existan conexiones ni cruces entre magistrados y congresistas en la elección de funcionarios.

 

- Por último, sobre la implementación de la meritocracia, en la reforma a la justicia se exige una experiencia de 20 años, lo cual es un requisito exagerado para ejercer este cargo, por otro lado, son los mismos magistrados de las altas cortes quien se encargan de elegirlo, lo cual demuestra que aún existe el circulo vicioso de "la rosca" en la corporación.

 

¿Por que Néstor Humberto Martínez, pidió a nombre de Santos a la Comisión de Acusaciones especial celeridad en la investigación del caso Pretelt?

Con Pretelt fuera, el presidente Santos logró inclinar un resultado favorable para la exequibilidad del Plebiscito y con ello la favorabilidad de la corporación hacia el proceso. Hay que resaltar que Pretelt es de filiación conservadora y cercano a Uribe, razón por la cual su suspensión resquebrajaría la resistencia de un bloque conservador en la Corte. De allí que muchos ministros, como Sanchez Cristo (Interior) y Reyes (Justicia), y el propio presidente hicieran llamados continuos para que aceleraran el proceso, situaciones que se podrían catalogar de presiones al congreso. 

 

¿Cual fue el verdadero interés del congreso en este asunto?

El congreso es una de las instituciones en las que menos confían los ciudadanos, por lo cual, es fundamental mejorar su imagen. Según el Latinobarómetro de las Américas (LAPOP, 2015) los ciudadanos confían poco (39,5%) y nada (39,2%) en el congreso como institución y poco (38,2%) y nada (47%) en los partidos políticos. La oportunidad de juzgar a un funcionario por acusaciones de corrupción, en un país donde hay una arraigada percepción de corrupción, fue una oportunidad para que los congresistas pudieran demostrar una imagen de efectividad y transparencia.

 

En así, como se puede analizar que si bien la reforma a la justicia en varios puntos aportaría para que la corrupción en las altas cortes disminuya, aún existen algunos vacíos que han perpetrado esta problemática. Por otro lado, el periódico el Tiempo expuso que el ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez explicó que esta propuesta del concurso de méritos no aplicaría para la Corte Constitucional sino para el Consejo de Estado y la Corte Suprema y que no se trataría de un “examen” de conocimientos sino de un concurso de méritos “por oposición” en donde se enfrentaría entre sí a los candidatos en una audiencia para conocerlos mejor. Lo que simboliza que aún no existe claridad con relación a la elección de los magistrados y por ende, si el concurso de méritos no va a aplicar para la Corte Constitucional, la reforma a la justicia no aportaría una solución real para acabar con la "rosca" en esta entidad, sin embargo, se espera que la reforma en que se está trabajando actualmente aporte una solución a esta problemática, y que el equilibrio de poderes para la erradicación de la corrupción funcione.

 

Por otro lado, Jorge Pretelt es el primer magistrado que va a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, y más halla de las pruebas que lo incriminan (las cuales son muy pobres según el expediente como declaro el senador Iván Duque), existen unos intereses políticos por parte del gobierno Santos y unos intereses de lobby por parte del congreso. Estos intereses desnaturalizan la esencia de lo que en principio debería ser una investigación transparente y por ende una destitución justa, para que los colombianos vuelvan a creer en sus instituciones.


 

Proceso por indignidad en Colombia.

 

El Artículo 178-A de la Constitución política de Colombia, consagra que los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos.

 

Una Comisión de Aforados será competente para investigar y acusar, conforme a la ley y los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados en el inciso anterior, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

 

Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y cuando hubiere lugar, presentará la acusación ante la Cámara de Representantes. En ningún caso se podrán imponer otras penas que la de suspensión o destitución del empleo. La decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. El Congreso en ningún caso practicará pruebas. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción.

 

Si la investigación se refiere a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelante el juzgamiento. En el caso de juicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los conjueces serán designados por el Consejo de Estado.

 

La Comisión contará con un plazo de sesenta días para presentar la acusación cuando se trate de falta disciplinaria de indignidad por mala conducta, y la Cámara de Representantes tendrá treinta días para decidir. En todo caso, la Comisión podrá continuar con la investigación de la causa criminal de haber lugar a ello y, de encontrar mérito para acusar, adelantará el trámite previsto en el inciso anterior, en el término que disponga la ley.

 

La Comisión estará conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley.  Los miembros de la Comisión de Aforados deberán cumplir con las calidades exigidas para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estarán sujetos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

 

Las Salas Plenas de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrán solicitar a la Comisión de Aforados la suspensión de uno de sus miembros mientras se decide la acusación por faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta.

 

La ley establecerá el procedimiento para determinar la responsabilidad fiscal cuando los aforados señalados en este artículo ejerzan funciones administrativas.