"La crisis ambiental no será superable sin reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos"
"Nos causa mucha inquietud la existencia de 8.500 títulos mineros, la solicitud de otros 19.000 y la existencia de 3.600 operaciones denominadas ilegales": senador Marco Aníbal Avirama ( Mov. Indígena).
En la conferencia de Rio de 1992 se reconoció mundialmente la relación entre medio ambiente y desarrollo, definiendo el desarrollo sostenible como un objetivo alcanzable solo si se logra superar la pobreza absoluta en que vive más de la mitad de los habitantes de la tierra, modificar los modelos de desarrollo y los estilos de vida imperantes.
En las próximas semanas se celebrará la Cumbre de la Tierra Río+20. Un informe del Secretario General de Naciones Unidas, elaborado por 22 expertos de distintas partes del mundo, llama a rediseñar la economía mundial para lograr un equilibrio sostenible de la Tierra y sugiere que antes del 2030, el mundo debería doblar la productividad pero reduciendo el consumo de recursos naturales. Para ello, los Gobiernos deberían implementar políticas fiscales de estímulo de las energías renovables y suprimir los subsidios a las energías fósiles, entre otras medidas.
La crisis ambiental en Colombia se manifiesta en una alta tasa de deforestación, ocupación de áreas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales como páramos y humedales, deterioro de los suelos, contaminación de las aguas y contaminación atmosférica. Se afirma que se ha destruido más del 30% de la cobertura forestal nativa y se señalan entre las principales fuentes de contaminación de las aguas, los residuos de las actividades industriales, agropecuarias y de las explotaciones mineras.
Los pueblos indígenas hemos manifestado nuestra honda preocupación por el hecho de que el sector minero se ha definido como uno de los grandes motores de la economía colombiana, el cual se caracteriza por su relación directa con daños causados al ambiente.
Hemos llamado la atención del gobierno y la nación para que la madre tierra no se convierta en víctima de un modelo extractivista y depredador, máxime cuando está comprobada la inexistencia de controles y mecanismos claros y estrictos que protejan el medio ambiente en los procesos de explotación minera, a fin de que no termine con los recursos naturales no renovables del país.
Nos causa mucha inquietud la existencia de 8.500 títulos mineros, la solicitud de otros 19.000 y la existencia de 3.600 operaciones denominadas ilegales. Nos desvela que los intereses de las grandes empresas nacionales y trasnacionales se coloquen por encima del deber de solidaridad y corresponsabilidad para preservar las condiciones de existencia de la vida humana en armonía con la naturaleza, y que permita al mismo tiempo el crecimiento económico del país en beneficio de los más pobres. Requerimos de una nueva forma de entender y mirar el desarrollo.
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