Un borrador de decreto con fuerza de ley, para desarrollar el punto 1 del acuerdo de paz, revivió un intenso debate en distintos sectores sociales, alrededor del uso y propiedad de la tierra. Algunos actores denuncian la 'expropiación' y una presunta amenaza a la propiedad privada. En otra orilla, están quienes rechazan una posible acumulación de baldíos o la transformación de la Unidad Agrícola Familiar.

 

A raíz de las críticas, que provienen desde la izquierda y la derecha por igual, Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, en una entrevista concedida a el Tiempo, confirmó la decisión del Gobierno nacional de llevar la discusión  al Congreso. Eso lo ratificó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, quien añadió, en declaraciones al Heraldo, que las denuncias sobre expropiación eran fruto de la "desinformación".

 

Aparentemente, la estrategia del Ejecutivo, después de recoger las observaciones realizadas por distintos sectores, será dividir la regulación de tierras en dos partes: una parte se adoptará por decreto, la otra se presentará al Congreso para que sea debatida mediante el mecanismo de 'fast track'. Así lo confirmó el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

 

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