Mateo Rojas Guerrero

 

La financiación de las campañas políticas en Colombia se ha vuelto un tema verdaderamente espinoso.  Los costos exorbitantes de las campañas, tanto presidenciales como legislativas, se han vuelto caldo de cultivo para una financiación indebida. En la coyuntura de los escándalos de Odebrecht, del Ñoño Elías y de Roberto Prieto es necesario hacer un seguimiento crítico a los oscuros escenarios de la financiación de campañas políticas en nuestro país con miras a los comicios legislativos y ejecutivos del 2018.

 

Hacer campaña política en Colombia implica un gasto considerable que se traduce en que los políticos busquen todas las formas posibles de financiar su empresa política. Según la Ley 1475 del 2011, en Colombia existe un sistema mixto de financiación, es decir, tanto el Estado como los privados pueden aportar.  

 

La financiación pública se divide en dos categorías: la directa y la indirecta. La directa consiste en el otorgamiento de sumas de dinero por parte del Estado mientras que la indirecta se materializa en espacios gratuitos en los medios de comunicación.

 

La financiación directa se da a través de la reposición por votos y el anticipo. La reposición cubre los gastos de campaña a los partidos y movimientos políticos luego de cumplir con la obtención de un cierto porcentaje de los votos válidos en los comicios. Por otro lado, el anticipo consiste en que cualquier actor político o movimiento significativo de ciudadanos podrá solicitar hasta el 80% de la financiación de su campaña política al Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

La financiación privada es cualquier aporte, donación o crédito que haga una persona natural o jurídica a las campañas electorales (en el caso de las campañas a la presidencia existe la prohibición de aportes por parte de las personas jurídicas).

 

Los anticipos se hacen a través de un fondo administrado y adscrito al CNE: el Fondo Nacional de Financiación de partidos y campañas políticas. El Fondo tiene dos tareas: asignar la financiación respectiva a los movimientos y partidos políticos y fijar los topes máximos para todas las campañas.  Lo que se pretende es que en la arena política la competencia por un puesto en las corporaciones públicas tenga un presupuesto equitativo para todos y que de esta manera, no se relegue a un puesto secundario a los actores políticos con menor músculo financiero.

 

Sin embargo, esto no siempre es así. La financiación pública que busca equilibrar y hacer equitativa la contienda electoral resulta quedándose corta. Según datos de Transparencia por Colombia, en los comicios legislativos del 2014 solo el 20% de los candidatos pudieron acceder a la financiación estatal ya que las garantías que exige el CNE para dar el anticipo son difíciles de cumplir. La solicitud de una póliza para respaldar el anticipo o el trámite de cuentas bancarias abiertas (ambos requisitos exigidos por el CNE) terminan afectando por cuestiones de tiempo el acceso a los aportes públicos. Esto limitó la financiación pública y obligó al 80% de los candidatos a las corporaciones públicas en el 2014 a buscar en la financiación privada una solución a este problema. De esta forma se abre la puerta a una financiación, si bien legítima, muy peligrosa por las injerencias que pueden ejercer los privados.

 

La financiación privada de por sí no es mala, es más,  es un medio legítimo de participación política. Lo malo de este tipo de financiación es cuando la plata aportada por privados viene atada a presiones e intereses que se traducen en beneficios reales como contratos, cargos o privilegios si su candidato gana.

 

En una encuesta del 2010 realizada a 300 altos empresarios del país y desarrollada por la Universidad de Estocolmo sobre la Financiación de las Campañas Electorales y Corrupción Política en Colombia, se encontró que el 55% de los encuestados consideró los aportes a campañas electorales como un mecanismo ideal para obtener beneficios a futuro. Así mismo, la “Encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas Colombianas” diseñada y ejecutada por la Universidad del Externado y Transparencia por Colombia en el 2014 a 637 empresarios de las principales ciudades del país, reveló que el 50% de los empresarios consideraron las contribuciones políticas como uno de los mecanismos más usados para sobornar.

 

Este panorama sombrío se acentúa por el hecho de que hoy por hoy no existe un mecanismo definitivo para hacer un seguimiento veraz y efectivo de los dineros que entran a la financiación de las campañas políticas en el país. Solo hasta el 2013 se adoptó el aplicativo web Cuentas Claras como el medio oficial de rendición de cuentas del CNE mediante el cual los movimientos y partidos políticos tenían que reportar obligatoriamente sus ingresos y gastos. Pero si bien existe este aplicativo, en la gran mayoría de los casos lo reportado tiene un abismo de distancia con lo que realmente sucede. La investigación de la financiación de la campañas legislativas en el 2014 hecha por Transparencia por Colombia lo demuestra. En las elecciones de ese año, la diferencia entre lo reportado en el aplicativo web por los partidos y movimientos que recibieron anticipo del Estado y el monto del anticipo que les fue aprobado por el CNE es monumental:

 

Tomado de: Análisis de la financiación de las campañas legislativas de Colombia en 2014 http://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2016/07/An%C3%A1lisis-de-la-Financiaci%C3%B3n-de-Campa%C3%B1as-Elecciones-Legislativas-2014_TPC_CEDAE.pdf

 

Lo que se observa es que no todas las organizaciones –a excepción del Partido Liberal y la Alianza Verde– reportaron la financiación pública que obtuvieron y los que sí lo hicieron terminaron informando un monto inferior. Del total de 44.984 millones 357.208 pesos aprobados por el CNE solo se reportaron en total 14.727 millones 366.662 pesos, lo que equivale un poco más del 32% de ese tipo de financiación pública. Resulta complicado hacerle seguimiento a los dineros que entran a las campañas políticas en Colombia si ni siquiera se reporta con fidelidad los recursos que el mismo Estado proporciona.

 

Ahora bien, esta problemática en la financiación estatal lo que termina haciendo es constituyendo barreras complicadísimas de superar para la consecución de un pluralismo político. Por un lado, la financiación directa estatal basada en el anticipo no es igual para todos. Por otro, la reposición de recursos no desincentiva la búsqueda de recursos privados para la financiación de campañas ya que la financiación pública  en este caso se da después de las contiendas electorales. Lo anterior hace que los candidatos y las organizaciones políticas se decanten por recursos privados y el peso que eventualmente estos puedan arrastrar.

 

Es difícil pensar en una transición total hacia la financiación pública no solo por lo oneroso que resultaría sino además que no asegura la exclusión del ingreso de intereses privados a las contiendas electorales.  Más bien, lo que se debe buscar es fortalecer la débil reglamentación en cuanto a la financiación de las campañas políticas y la escasa rendición de cuentas en Colombia. Para esto el Estado debería asegurar que la financiación pública sí cumpla su propósito de igualar el campo de juego y que ocupe un papel protagónico en las campañas. Además, es imperativo ejercer un control más estricto sobre la financiación privada para que no resulte siendo la principal fuente de financiación de la política en el país debido a los riesgos que con lleva su injerencia.

 

Desde el 11 de noviembre – en teoría- se empezó a hacer campaña para las elecciones del 2018. El camino aún es largo y la faceta de la financiación de las campañas es solo una de las tantas fuentes de corrupción en nuestro país. Sin embargo, se le debe exigir a los movimientos y partidos políticos no solo ceñirse a la reglamentación existente sino ser transparente con su rendición de cuentas para que no se sigan generando dinámicas perversas como las propiciadas recientemente por el escándalo de Odebrecht.