Por Gregory Ahumada, estudiante de Ciencia Política y voluntario de CVisible

 

En los últimos meses han ocurrido numerosos conflictos que han involucrado comunidades indígenas, campesinos, población civil y la fuerza pública compuesta por ejército y policía, relacionados con las tareas de erradicación de cultivos ilícitos que ha venido realizando el gobierno nacional. Estos conflictos se han presentado especialmente al sur del país, en los departamentos de Nariño y Cauca. Uno de los episodios más tensos ocurrió el 12 de abril en el municipio de Tumaco; tras la apertura de la vía Pasto – Tumaco, más de mil manifestantes retuvieron a 54 policías. Tras la intervención del ESMAD se logró dispersar la manifestación pero once policías continuaron en poder de la multitud. Como este, también se han presentado conflictos en municipios como Argelia y Calima en el Cauca y Briceño en Antioquia, entre grupos de personas que no están de acuerdo con la erradicación y la fuerza pública. Todo esto ocurre en el marco de la implementación del punto 4  del acuerdo de paz, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Por lo tanto, surgen interrogantes respecto a los obstáculos que puedan surgir durante el proceso de erradicación de los cultivos ilícitos.

 

Para empezar, este punto del acuerdo contempla la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de las mismas, en lo que se ha denominado “el ciclo de las drogas”. La justificación planteada es que esta problemática ha afectado a muchas regiones del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, incidiendo en la profundización de la marginalidad, inequidad y violencia en general. Igualmente, el ciclo de las drogas, tanto en el campo como en la ciudad ha afectado el ejercicio de derechos y libertades civiles y ha incidido  en formas específicas de violencia, que afectan principalmente a mujeres, víctimas de trata de personas, explotación sexual, entre otras. Por otra parte, se establece que el ciclo de las drogas ha permeado y financiado el conflicto interno, se han visto comprometidos diferentes sectores de la sociedad y que las instituciones del Estado han sido afectadas  en su integridad y desempeño por la corrupción asociada al narcotráfico. Por lo anterior, se han menoscabado los valores y la convivencia pacífica y se ha obstaculizado el proceso de inclusión social, la igualdad de oportunidades y la expansión de la democracia. Frente a esta situación,  el Gobierno Nacional y las FARC adquirieron compromisos con el fin de solucionar esta problemática, cuyo principal componente fue la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Este programa tiene como objetivo principal promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, ayudando así a superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas y generar políticas y oportunidades productivas para los cultivadores, fortaleciendo así la presencia institucional del Estado en los territorios. (Ver "monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015" de la ONUDC)

 

En contexto, durante los últimos años se han incrementado los cultivos de coca en el país. De acuerdo al informe del 2015 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, presentado en julio del 2016 por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en el año 2015 aumentaron en un 39% los cultivos ilícitos, pasándose de 69.000 hectáreas en el 2014 a 92.000 en 2015. Adicionalmente, se evidenció que los cultivos se han densificado; los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander concentraban el 64% de los cultivos de coca a final del 2015. También se destacan los departamentos de Cauca, Caquetá, Guaviare y Meta. Por otro lado, los departamentos de Caldas, La Guajira y Cundinamarca se encuentran libres de cultivos y los departamentos de La Guainía, Vaupés, Arauca, Boyacá, Magdalena, César y Santander contaban con menos de 100 hectáreas para entonces. 

 

En cuanto a las causas de esta problemática, el informe expone que se han detectado nuevos incentivos que han disparado el aumento en los cultivos.  Para empezar, se registró un incremento en los precios de la hoja de coca; se pasó de 2.150 pesos por kilo en 2014 a 3.000 en 2015. Además, se redujo el riesgo que implicaba la realización de esta actividad, relacionado con la suspensión de la aspersión aérea por parte del gobierno y los conflictos relacionados con la erradicación manual entre las poblaciones y la fuerza pública. Adicionalmente, la negociación entre el gobierno y las FARC aumentó las expectativas de recibir beneficios económicos a cambio de la sustitución, lo que incidió en el aumento de las hectáreas cultivadas. 

 

Estas razones son compartidas de forma general por académicos y expertos en materia de políticas y estrategias contra las drogas. En cuanto a factores más específicos, Daniel Rico Valencia; politólogo y economista experto en políticas contra las drogas, atribuye responsabilidad del aumento de cultivos a que no se adoptaron medidas contingentes efectivas tras la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, además de que esta no se hizo de forma gradual. Así mismo, Rico argumenta que existe consenso científico internacional, respecto a que esta práctica utilizándose con estándares de seguridad adecuados no  genera un impacto negativo en la salud. Además, este agente químico es utilizado en otras actividades agrícolas actualmente. Por otro lado, Hernando Zuleta; director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED), destaca la relación entre la minería ilegal y los cultivos ilícitos. En la medida que estas dos actividades pueden confluir en una misma región y están sujetas a las dinámicas de la oferta y demanda. Es decir, cuando la minería ilegal resulta menos rentable por la disminución del precio de minerales, la mano de obra se traslada la actividad de los cultivos de coca y viceversa. 

 

En cuanto a los obstáculos del proceso de sustitución de cultivos, el más importante se refiere a la sostenibilidad del proyecto. Daniel Rico expone los altos costos económicos de la sustitución, además de que el panorama no es muy alentador. Actualmente, existe una estimación de aproximadamente 200.000 familias relacionadas con los cultivos de coca, es decir; con una inversión aproximada de 32 millones de pesos por familia, el costo total superaría los 6 billones de pesos. Lo anterior sin contar el estimado de 800.000 familias que han tenido relación alguna con estos cultivos y que eventualmente podrían retornar a la actividad ilícita si mejoran los incentivos. Segundo, existen problemas de focalización, en la medida que no es claro cuáles serán las comunidades que recibirán ayuda. Es decir, hay conocimiento sobre las zonas más afectadas y las que recibirán atención prioritaria, pero a nivel local no es claro qué grupos de individuos serán los beneficiados. Por lo tanto, pueden existir conflictos de grupos de individuos que eventualmente no sean incluidos en el proceso. Tercero, Daniel Rico enfatiza en la falta de coordinación en la estrategia contra los grupos ilegales que aún persisten y que ejercen presión sobre las comunidades. Es decir, no hay plan para garantizar la seguridad de estos, además de que actualmente la fuerza pública está enfocada en objetivos como la protección de las zonas veredales en el marco del postconflicto y no se está en capacidad de atacar las organizaciones ilegales y los cultivos ilícitos a la vez. Finalmente, se debe tener en cuenta la desconfianza generalizada de las comunidades respecto al gobierno, demostrada en los últimos meses con la oposición a las tareas de erradicación del gobierno. En su mayoría, las comunidades argumentan que no existen garantías por parte del gobierno al sustituir sus cultivos, ya sean económicas o de seguridad por la influencia de otros grupos ilegales.