La Fiscal General de la Nación: una agenda compleja ... | Ágora

Ene 2011 17

La Fiscal General de la Nación: una agenda compleja y exigente

Lograr que al fin funcione el sistema penal acusatorio, simplificar los procedimientos, mostrar resultados efectivos en materia de Justicia y Paz, lucha anticorrupción, delitos menores, justicia adolescente y delitos contra las mujeres son las grandes tareas sustantivas que a su vez exigen una labor de gerencia sin precedentes.

Por Gloria María Borrro, especial para ww.razonpublica.com

Una gran expectativa

El pasado 12 de enero se posesionó como Fiscal General de la Nación, la doctora Vivianne Morales. Terminaron así 16 meses de una interinidad sin precedentes, en la cabeza del ente acusador, en medio de un ambiente de altas expectativas sobre la que será su gestión durante los próximos cuatro años.

En efecto, en su discurso de posesión, la nueva Fiscal reconoció la magnitud de las responsabilidades y los retos que deberá afrontar en el ejercicio del cargo, apreciación que fue ratificada por el Presidente Juan Manuel Santos, quien destacó la importancia de consolidar la lucha frontal contra la corrupción, mejorar la gerencia interna de la Fiscalía y reducir significativamente la impunidad. Dentro de este contexto vale la pena reflexionar sobre algunos de los aspectos y retos que le esperan a la nueva Fiscal.

Un sistema penal en transición

En primer lugar la nueva funcionaria tendrá que abocar lo que para algunos es el colapso del sistema penal acusatorio, en lo que a la Fiscalía corresponde, y devolverle a la ciudadanía la confianza en el mismo.

A partir del Acto Legislativo 03 de 2002, Colombia adoptó un nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, que rompió con la tradición basada en el modelo de corte inquisitivo, en un proceso de transición que ha sido complejo y no exento de dificultades.

En pocas palabras, esa transición ha implicado adoptar un proceso donde intervienen las partes con roles diferenciados y con igualdad de herramientas, en un debate público, dirigido por un árbitro imparcial, el juez, y que pretende garantizar tanto los derechos del procesado como los derechos de las víctimas.

A partir de la adopción de este sistema en Colombia, se restableció el principio de inocencia, se da prevalencia especial al derecho fundamental a la libertad, y las detenciones preventivas pasaron de ser la regla a ser la excepción.

No se confía en la justicia colombiana

Han transcurrido poco más de seis años desde la entrada en vigencia del nuevo sistema, pero su funcionamiento registra preocupantes problemas y la percepción del mismo no parece ser positiva entre los ciudadanos. Evidencia de lo anterior son las mediciones que, como las que fueron hechas por World Justice Project[1], dan cuenta de que Colombia tiene una de las peores percepciones sobre la efectividad de su sistema de justicia criminal, y lo ubica en el puesto 31 entre 35 naciones objeto de tal medición.

Hechos como la negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a autorizar la extradición del mercenario israelí Yair Klein a Colombia, o el asilo concedido en Panamá a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, basado en el argumento de que la justicia colombiana no da garantías, así como la existencia de una alarmante impunidad y las numerosas opiniones que consideran que el nuevo sistema sólo funciona para los delitos en flagrancia, son reflejos palpables de las dolencias que aquejan a la justicia penal colombiana.

Tampoco favorecen, para una percepción positiva, las voces que aún se oyen con mucha frecuencia, de las personas que se resistían al cambio y se oponían a él.

¿Dónde están los problemas?

Durante el seguimiento permanente, que desde la puesta en vigencia del sistema hace la Corporación Excelencia en la Justicia hemos alertado sobre las deficiencias de gestión y sobre el déficit presupuestal que ha impedido el desarrollo efectivo del sistema penal acusatorio.

A lo largo de estos años hemos venido analizando si las fallas se deben al marco normativo, y hemos concluido que, con muy pocos ajustes legales, podrían minimizarse aquellas fallas. En efecto: la mayoría de los problemas puede atribuirse a

- Errores y falencias operativas;

- Carencia de los recursos humanos y financieros necesarios;

- Deficiente capacitación de los operadores judiciales, recientemente agravada por la adopción de la carrera de Fiscal que exigió la Corte Suprema sin el plan de transición que hubiera sido necesario.

- Tratamiento inadecuado de la noticia judicial por parte de los medios de comunicación, que en un gran número de casos denota ignorancia;

- A que el Estado no adelantó procesos de pedagogía para los ciudadanos, a quienes les cuesta entender el funcionamiento y las finalidades del derecho penal, (situación que ha derivado en una alta dosis de sed de venganza en sus apreciaciones);

- Y, finalmente, todo esto agravado por las voces apocalípticas, que pregonan el colapso del sistema, sin reconocer que cambios tan profundos no se logran de la noche a la mañana y se requiere de tiempos más amplios para su ajuste y consolidación.

Las tareas inmediatas

En esta medida, es fundamental que la Fiscal demuestre si el sistema penal acusatorio realmente colapsó, en especial en la etapa de investigación que es la que le corresponde a la Fiscalía, y que defina si es necesario cambiarlo, o liderar una estrategia que corrija, en el corto plazo, las fallas en su implementación.

Si se escoge la segunda opción, será preciso mostrar resultados efectivos en la persecución de todo tipo de delitos, en la descongestión y la pronta gestión de más de un millón doscientos mil procesos que se encuentran estancados en la etapa de investigación, y en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales.

Igualmente le corresponderá a la Fiscal liderar una efectiva coordinación entre todas las instituciones que integran el sistema penal colombiano, empezando por la dirección efectiva, eficiente y eficaz de las distintas policías judiciales y por el fortalecimiento del rol del fiscal de cada caso, como director de la investigación, pasando por la búsqueda de una coordinación efectiva de las agendas de fiscales, con las de los jueces y los defensores.

Seis sistemas penales al mismo tiempo

Se torna prioritario, para reducir la complejidad de una institución que maneja al mismo tiempo seis sistemas de procedimiento penal - ley 600, ley 906, ley de justicia y paz, sistema penal de adolescente, sistema para aforados y la próxima ley de delitos menores-, reducir a su mínima expresión los casos que aún se tramitan por el sistema anterior y reasignar a funcionarios para que trabajen en los otros sistemas.

A manera de propuesta para ser estudiada, podría pensarse en que muchos de los instrumentos del sistema penal acusatorio se puedan aplicar a la Ley 600, o emprender la unificación efectiva de todos estos procedimientos, ya que la especialidad de los funcionarios, más que en el campo procesal, debe ser por tipo de delito.

Agilizar el sistema de justicia y paz

Frente a la aparición de nuevas formas de delincuencia y los fenómenos de reincidencia de los delincuentes, a la Fiscalía sólo le queda investigar efectivamente y judicializar a los responsables.

Colombia no puede darse el lujo de retornar a los altos niveles de delincuencia y de conflicto armado de épocas recientes, que estamos tratando de superar, porque si la justicia hubiera sido efectiva en el pasado, el conflicto y el delito no hubieran llegado a los niveles que llegaron. Por eso se torna indispensable construir, de manera efectiva, puentes que comuniquen los sistemas de justicia y paz con el régimen ordinario -Ley 600 de 2000- y con el sistema penal acusatorio.

Como bien lo han señalado numerosos analistas y la misma Fiscal, una de las prioridades de la entidad a su cargo durante los próximos años, será el trámite de los procesos de justicia y paz.

No puede ser de otra forma, sobre todo cuando luego de cinco años de la sanción de la Ley 975 de 2005, conocida como de "Justicia y Paz", se han postulado 4.511 ex miembros de las organizaciones armadas ilegales, para acogerse a los beneficios otorgados a los que se desmovilizaron y confiesan (¿confesaron?) los delitos cometidos por esas organizaciones. De ese número de postulados tan sólo 366 han sido objeto de la solicitud de audiencia de imputación, pero se han formulado cargos a apenas 132 y únicamente tres han sido condenados.

Si además se tiene en cuenta que hay cerca de 315.000 víctimas registradas, los resultados en materia de justicia evidentemente no satisfacen las expectativas existentes frente a los procesos de desmovilización y desarticulación de los grupos armados ilegales. Pero aquí hay que advertir que

- Estos resultados no son del todo atribuibles a la Fiscalía, sino a la posición de la Corte Suprema de Justicia, que en una jurisprudencia, ya corregida, no admitía las imputaciones parciales, y que

- Los resultados de la Ley de Justicia y Paz no deben ser medidos sólo por el número de sentencias, sino también por el grado de verdad conocida.

Dentro de este sistema de justicia y paz, aparece igualmente como un reto el investigar los delitos de otros grupos armados diferentes de los paramilitares y avanzar en las indagaciones sobre los colaboradores y financiadores de los distintos actores armados.

Para agilizar ese sistema sería necesario considerar la modificación de la ley que lo rige, para simplificar el proceso, reducir el número de audiencias y para asimilarlo o igualarlo al sistema penal acusatorio.

Delitos menores y sistema penal para adolescentes

Actualmente cursa en el Congreso una propuesta de marco normativo para dar un tratamiento ad-hoc y expedito a los delitos menores, y le corresponderá a la nueva Fiscal impulsar su trámite en el legislativo, e implementar, luego, la parte que le corresponderá a la Fiscalía en este nuevo subsistema penal, que si se hace de una manera adecuada, contribuirá a la eficiencia del procesamiento y a la descongestión judicial, lo cual redundará en mejores índices de confianza ciudadana.

Paralelamente le corresponderá impulsar, con otras autoridades, la puesta en marcha de medidas novedosas para la sanción de estos delitos, como son el trabajo comunitario y la figura, ya consagrada en el sistema penal acusatorio, de la "suspensión a prueba" del procedimiento, lo cual implica el debido seguimiento y el control del cumplimiento de ese tipo de medida.

Los problemas que aquejan la adopción del sistema penal para adolescentes son muy similares e igualmente complejos a los del sistema para adultos, pero con unos retos diferentes, que desafortunadamente no se han asumido de manera efectiva. Por eso este sistema debe ser también una de las prioridades de la Fiscal General.

Mayor atención a los delitos contra las mujeres

Por ser la primera mujer que llega a tan alto cargo, es de esperar que su gestión tenga un enfoque de género y sobre todo, que los delitos contra las mujeres sean investigados y judicializados efectivamente.

Para ilustrar la gravedad de este asunto, no sobra mencionar algunas cifras: de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los 93.859 casos de violencia intrafamiliar ocurridos en 2009, poco más de 54.000 correspondieron a violencia contra las mujeres por parte de sus parejas. Adicionalmente, por cada hora transcurrida entre los años 2004 y 2008, cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y un 84 por ciento de los casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes.

Con ocasión del conflicto armado, las mujeres también han sido víctimas de conductas delictivas. Así, entre 2001 y 2009, más de 94.000 mujeres fueron abusadas en el marco del conflicto, de las cuales cerca de 26.000 resultaron embarazadas.

Frente a este panorama, la Fiscal General debería prestar atención especial a las conductas punibles contra las mujeres. La persecución eficiente de estos delitos sería además una medida disuasiva frente a los factores crónicos que originan este tipo de ilícitos.

Probidad y transparencia

El país, bajo el liderazgo del Presidente Santos, está emprendiendo una lucha frontal contra la corrupción y para ella debe estar preparada la Fiscalía, comenzado por su propia depuración interna. En esta medida, la Fiscal General debería emprender acciones concretas, como el diseño de una verdadera política anticorrupción para la entidad, pasando por el fortalecimiento de la veeduría interna, la creación de cuerpos de contrainteligencia y la transparencia en todas las actuaciones.

No menos importante resulta la rendición de cuentas, con información para el conocimiento público sobre los resultados de la gestión y del manejo de los recursos de la entidad, sobre el seguimiento de los casos paradigmáticos y las sanciones a los responsables de hechos de corrupción.

Lo esencial es la gerencia

La mayoría de las acciones mencionadas son medidas de gobierno, de gerencia y de gestión. Por eso, el mayor reto de la Fiscal consiste en modernizar la institución y ajustarla para el debido cumplimiento de su misión, con resultados concretos y medibles. Tanto así que, como Excelencia en la Justicia había dicho en el pasado, antes que ser un buen abogado penalista, el líder o la líder de la Fiscalía debía ser un estratega y un gerente.

La lista de medidas a emprender es extensa. Si bien algunas de ella podrían considerarse como "menores", no por ello dejan de ser importantes para el buen desempeño de la Fiscalía. Mencionaré sólo algunos de esos retos, sin orden de prioridad:

Solucionar los problemas existentes de presupuesto, siempre deficitario, y más ahora, cuando las prioridades están en la reconstrucción del país. Para ello se requerirá de mucha creatividad, de saber establecer las prioridades y de motivar al personal de la Fiscalía para trabajar con mística.
Adecuar la estructura de la Fiscalía a las particularidades de cada uno de los sistemas de procesamiento penal, que son su marco y sobre todo, ajustar la estructura del sistema penal acusatorio.
Fortalecer las Fiscalías seccionales y devolverles la confianza en su trabajo, con medidas adecuadas de seguimiento y de control, para la seguridad de los funcionarios y para enfrentar la corrupción.
Diseñar sistemas adecuados de gestión para los diferentes niveles de la Fiscalía, por tipo de delito.
Racionalizar la carga de trabajo de los funcionarios, con medidas creativas y eficientes de economía de escala, de estandarización de procesos, y con el uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Promover el expediente electrónico y la abolición del papel.
Ampliar las especialidades de los fiscales y del cuerpo técnico.
Crear esquemas de depuración de las denuncias.
Capacitar a todos los funcionarios en los roles y en las destrezas especiales que requiere el sistema penal.
Racionalizar los múltiples sistemas de información existentes en la Fiscalía y fortalecer el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).
Diseñar sistemas adecuados para la atención efectiva a los usuarios y para la humanización del servicio.
Establecer indicadores adecuados de gestión y difundir sus resultados.
Crear incentivos adecuados para mejorar la eficiencia de los funcionarios.

Independencia y visión

No se puede dejar de mencionar que la nueva Fiscal General de la Nación tendrá que demostrar su independencia y objetividad en todas sus actuaciones frente al poder Ejecutivo, los políticos, la Corte Suprema de Justicia y frente a algunos sectores -legales o ilegales, públicos o privados- con gran capacidad de presión.

Igualmente es de esperar su decidida contribución en el diseño adecuado de la política criminal del Estado, con cabeza fría, con una visión de largo plazo y no actuando por la coyuntura.

Parece difícil o aun imposible afrontar todos estos retos en un período tan corto y con tantas limitaciones. Pero el éxito de la nueva Fiscal General es el éxito de todos los colombianos, y por eso, además de desearle buen viento y buena mar, hay que aplaudir su valentía al asumir la conducción de una entidad tan compleja y con tantos frentes de acción.

* Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Nota de pie de página

[1] World Justice Project (2010). Rule of law index, 2010.

Tags: Elección del fiscal Fiscal Gloria María Borrero Vivian Morales nueva fical general de la nación Fiscalía Razonpublica.com

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