La ley de víctimas: tiempos mezquinos, tiempos de penuria

May 2011 20

Está a punto de aprobarse la Ley de Víctimas, cuyos principios y mecanismos ofrecen una oportunidad real para resarcir por fin a millones de víctimas que han sufrido el rigor del conflicto armado interno colombiano. El proceso apenas comienza...

Por Patricia Linares Prieto, especial para www.razonpublica.com

Larga espera de las víctimas

Al parecer, en pocos días el Congreso aprobará la Ley de Víctimas, tan necesaria para muchos y tan interferida y atacada por otros. Un hecho histórico que me remite a una frase del poeta argentino Juan Gelman, víctima de la dictadura militar, y que en un aparte del discurso pronunciado al recibir el Premio Cervantes de Literatura se preguntaba:

"en estos tiempos mezquinos,
en estos tiempos de penuria,
como los calificaba Hölderin
...para qué poetas".

Tengo la certeza de que miles de víctimas sobrevivientes, que han sufrido la decepción de reiterados anuncios incumplidos de nuevas leyes que reconocerían sus derechos, que debían aliviar su dolor, que las dignificarían, seguramente verán con escepticismo la expedición de la ley, intentarán no ilusionarse y se preguntarán: "¿en estos tiempos mezquinos, en estos tiempos de penuria, para qué más leyes"?

En un país construido en medio de la guerra, donde impera la lógica atroz de la violencia, que reporta 5 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 34.000 personas desaparecidas, por lo menos 6 millones de hectáreas usurpadas por victimarios organizados en grupos criminales cuyo poder sigue acechando, han sido muchos los años de esfuerzo para que tomara forma aquello que parece obvio: expedir una ley que reconozca, repare y brinde verdad a las víctimas y que cree una estructura institucional para garantizarles el derecho a convertirse de nuevo en ciudadanas y ciudadanos plenos.

Al fin un paso adelante

Durante los 8 años de Uribe fue imposible concretar ese propósito; solo hubo intentos fallidos, pues se impuso el argumento del absurdo:

los desplazados no lo son, son simples migrantes;
la reparación es un compromiso ya cumplido, pues el Estado ya les brindó ayuda humanitaria;
¿desaparecidos? ¿cuáles, quiénes?;
es un riesgo expedir una ley de víctimas, pues los pobres se van a colar;
víctimas del Estado, ¡imposible, jamás han existido!;
conflicto armado no hay, son ataques terroristas.

Fue el período más desalentador.

No obstante, diferentes sectores han insistido en el deber ético del Estado de reconocer y reparar a sus víctimas: organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, algunos representantes de instituciones públicas y de la iglesia, la academia, así como países amigos que ofrecieron apoyo a la iniciativa, estupefactos ante una realidad demoledora.

Ellos encontraron por fin eco en unos pocos congresistas quienes, apostándole a la utopía y al riesgo, se dieron a la tarea pese a la resistencia solapada de "una mayoría" obnubilada por el espejismo de la seguridad democrática, para hacer realidad un compromiso que se impone ética y jurídicamente a la sociedad colombiana.

El proyecto de ley al parecer será aprobado por la coalición de gobierno y por partidos que no hacen parte de ella. El presidente Santos le ha venido dando un significativo impulso desde que lo presentó personalmente al Congreso. Ojalá las decisiones judiciales y disciplinarias que por estos días afectan a distintos partidos políticos no sean un obstáculo para culminar un proceso que ha sido tan complejo.

Del análisis del texto surgen desde luego muchas inquietudes, pues no responde plenamente a los dictados de la Constitución y de la jurisprudencia, ni a las normas internacionales obligatorias para el Estado colombiano; la ley todavía genera dudas que se refuerzan "...en estos tiempos mezquinos".

Sí importa el "conflicto interno"

Pero sin duda se trata de un texto riguroso, que incluyó lo que se les negó a las víctimas entre 2002 y 2010, aduciendo que era imposible: reconocer la existencia del conflicto interno, tan evidente como cruento, una diferencia con implicaciones políticas y jurídicas importantes, cuyos efectos serán trascendentales para las víctimas, el país entero y frente a la comunidad internacional, especialmente a los órganos de control de derechos humanos.

Se reconoce por ejemplo el carácter de víctima a todas las personas que hayan sufrido daño por razones del conflicto armado, cualquiera

haya sido el agente agresor, incluido el Estado, pues el artículo 3 establece que se considerarán víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de los Derechos Humanos.

Principios y mecanismos

Entre los principios rectores de la ley, se destacan los siguientes:

El principio de dignidad, lo cual implica que quienes deban aplicar la ley han de asegurar el carácter prevalente de los derechos de las víctimas, asumiendo que se trata de un deber del Estado y no de prebendas discrecionales o fundadas en conceptos ajenos a la Constitución, como serían la caridad o la solidaridad cristiana.
El principio de buena fe de las víctimas, lo cual implica que puedan acreditar el menoscabo de cualquiera de sus derechos, incluyendo los patrimoniales, de manera sumaria, relevándolas de la carga de la prueba, que se trasladará al presunto responsable. A falta de este principio y además de su dolor, las víctimas tendrían que presentar la prueba del daño sufrido y la identidad del victimario, razón esta suficiente para disuadir a muchos de reclamar sus derechos.
El Estado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima tendrá derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a que la violación de sus derechos no se vuelva a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos.

La Ley sin embargo aclara que las medidas adoptadas no implicarán ni podrán presumirse o entenderse como un reconocimiento de la responsabilidad del Estado o sus agentes, ni podrán ser tenidas en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad de aquellos.

Tal redacción resulta restrictiva y contradictoria, pues si la ley incluye la garantía de justicia para las víctimas, el reconocimiento que se hace de su condición tendrá que ser tenido en cuenta por las autoridades judiciales y disciplinarias, al menos para iniciar las correspondientes investigaciones, so pena de incurrir en el incumplimiento de los deberes que se les imponen, entre otros, los artículos 90, 95, 250, y 276-7 de la Constitución.

El enfoque diferencial es una aspiración que materializa la ley, al reconocer que "...hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad" y que por tal razón las medidas que se establezcan para ellas deben ser específicas.

Qué bueno habría sido que en ese artículo se incluyeran explícitamente a las comunidades étnicas, las que más daño han sufrido a lo largo del conflicto, cuya mención de hecho se redujo al artículo 205, sobre facultades extraordinarias al gobierno para expedir decretos con fuerza de ley.

Cabe añadir aquí que la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a esos pueblos, supone realizar la consulta previa, proceso que difícilmente podrá agotarse en cada caso y en debida forma en tan corto tiempo.

Otro aspecto que desarrolla la ley, producto del esfuerzo sostenido de las organizaciones de mujeres, se relaciona con el tratamiento especial de las víctimas de las distintas formas de violencia sexual que imperan en situación de conflicto.

La ley establece pautas para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, en especial de niños y niñas, su derecho a la intimidad, temas como la valoración de las pruebas, el diseño de un protocolo para la investigación de este tipo de delitos, el acompañamiento de personal especializado que apoye a las víctimas en los procesos y de asistencia judicial cuando la requieran.

Recuperar la memoria

Durante los últimos años se ha dado un proceso de aprendizaje sobre lo que es y significa la memoria del conflicto: nos hemos apropiado de la importancia de recordar para no repetir; las comunidades y el Estado han emprendido experiencias de reconstrucción de memoria que hoy gozan de legitimidad.

Ese proceso fue recogido en la ley, pues ésta aclara el alcance de las funciones del Estado en la materia y crea una institucionalidad que da cabida a esa multiplicidad de esfuerzos, resaltando el papel fundamental que cumplen los archivos públicos y privados.

Bien decía el recién fallecido Ernesto Sábato -precursor de las iniciativas de memoria en perspectiva de justicia reparadora- que "el pasado se convierte en cantera para la recuperación de materiales y experiencias ordenadas como relato que encarnan, a la vez que buscan instituir un recuerdo ejemplar para un grupo humano".

Interrogantes y vacíos

El proyecto de ley es un avance significativo que nos podría sacar de la barbarie. No obstante, en él subsisten problemas y lagunas como el ya mencionado reconocimiento expreso de las víctimas de agentes del Estado, y otros:

En el tema de tierras, si bien se crea una Unidad Especial para la Restitución, adscrita al Ministerio de Agricultura, la carga decisoria se traslada al poder judicial, adoptando así un modelo similar al de justicia y paz, cuyos resultados han sido tan precarios.
La creación en los tribunales superiores de salas especializadas conformadas por magistrados "expertos en restitución" para asumir los casos en que haya oposición - seguramente de parte de los más poderosos- muestra la urgencia de contar con procesos que aseguren la selección cuidadosa y que permitan una rigurosa y pronta preparación de los operadores judiciales en esta materia.
El controvertido tema de la indemnización administrativa, según el cual la víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción se entienda realizada en el marco de un contrato de transacción, por el cual ella acepta que el pago realizado, un poco más del previsto para quien no firme, incluye todas las sumas que éste debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Tal disposición vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, que en ningún caso puede restringirse arguyendo una respuesta administrativa del Estado.
La puesta en marcha de la ley dependerá de la efectividad del principio de sostenibilidad, norma que le ordena al gobierno diseñar un Plan de Financiación que deberá consignar en un documento CONPES, y tomar las medidas necesarias para la persecución efectiva de los bienes de los victimarios. Queda aún por conocerse el alcance real que tendrá el proyecto de reforma constitucional que pretende incorporar "la regla fiscal", caso en el cual todos los derechos quedarían supeditados a la disponibilidad de recursos que defina el Ministerio de Hacienda.

Con la nueva ley se dará un paso trascendental, pero no suficiente. El proceso apenas comienza...

* Abogada experta en Derechos Humanos (DH), con estudios de maestría en filosofía y administración pública; fue Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional y Procuradora Delegada para DH y Asuntos Étnicos. Actualmente es investigadora del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, docente de la Universidad Externado de Colombia y directora del Instituto para la Promoción de la Democracia, los DH y el Desarrollo Social DHEMOS.

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