La rebelión de los políticos

Jun 2012 27

Domingo, 24 de Junio de 2012

Colombia adoptó una variante novedosa de la democracia: una forma de gobierno del pueblo, pero no por el pueblo ni para el pueblo. Los elegidos son profesionales de la política. Los jueces se dejan comprar con caramelos. El gobernante se asusta ante el pueblo indignado.

Jorge Iván Cuervo R

Tono merlanesco.

La reforma a la justicia, impulsada inicialmente por el gobierno como la solución a los problemas de acceso a este servicio por parte de los ciudadanos, como el fin de la congestión judicial y como la vía para obtener “pronta y cumplida justicia”, acabó siendo una obscena reforma política, tal y como advertí en un artículo anterior en Razón Pública.

Y no fue cualquier reforma política: apuntó directamente al corazón de la Constitución de 1991, al trastocar de manera radical el sistema de frenos y contrapesos y al alterar de modo extremo el sistema de responsabilidad de los congresistas y de otros servidores públicos. Es decir, se atacó la propia esencia del Estado social y democrático de derecho.

¿Cómo llegamos a semejante situación, cuyo clímax se alcanzó en la comisión de conciliación que aprobó un texto indigno? Los parlamentarios abandonaron hasta el más mínimo pudor e introdujeron a última hora incluso fueros especiales para funcionarios administrativos del Congreso, en un auténtico desafío al país y enviando un mensaje de tono merlanesco: “ustedes no saben quiénes somos nosotros y de qué somos capaces”.

Congresistas contra la Constitución

Lo cierto es que la clase política nunca se ha sentido cómoda en los estrictos márgenes de la Constitución de 1991: tanto derecho, tantos equilibrios institucionales, tantas minorías, tanto indígena, tanto negro, tanto homosexual, tantos niños y niñas (que no pueden votar), tan pocos auxilios, con una costosa revocatoria del Congreso en su origen… todo eso ha ingresado a la nueva esfera pública creada gracias al pacto constituyente, pero resulta muy incómodo. Además, es mucha gente con quien compartir el poder.

La Constitución no sólo distribuyó de manera más equilibrada los poderes dentro del Estado o entre las ramas del poder público. También modificó el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad: de ahí la instauración de un tribunal constitucional que tiene entre sus funciones la de activar la cláusula contra–mayoritaria cuando se pretendan vulnerar los derechos de las minorías, so pretexto de la democracia.

Existe también un severo régimen de inhabilidades para los congresistas, de suerte que quien decida representar los intereses de los ciudadanos debe saber que esa será su única función, para lo cual debe prepararse con la debida antelación y extenderla más allá de su período.

No pueden aducir los congresistas que en Colombia se les trata muy duro, pues las reglas del juego están definidas desde antes y resulta abusivo cambiarlas en su propio beneficio, ejemplo que introdujo el gobierno anterior y que llevó el país al borde del colapso institucional.

Adicionalmente, el constituyente del 91 decidió que los congresistas y los altos servidores del Estado tuvieran un régimen especial de juzgamiento penal y disciplinario: pese a todo lo que se ha dicho, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia juzgue a los congresistas constituye una garantía pues se supone que a ella sólo acceden juristas de las más altas calidades.

La aspiración a una doble instancia, si bien es razonable a la luz del derecho internacional, fue sobredimensionada para enviar un falso mensaje: que los parlamentarios colombianos son unos sacrificados sin garantías, pues además de exigírseles responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y política, deben arriesgar la pérdida de investidura cuando incurren en situaciones incompatibles con la actividad parlamentaria.

Si un político decide representarnos, debería saber que esas son las reglas de juego: los ciudadanos tenemos derecho a asegurarnos un régimen de responsabilidad severo, que sólo puede ser modificado con nuestro concurso.

Una extraña democracia

Sin embargo, los políticos colombianos, en general, no son representantes de la sociedad, sino profesionales de la política, personas que viven de eso: de hacer política. Es su oficio, que incluso está respaldado por un régimen de seguridad social y pensional, diferente del de los demás mortales.

Como son profesionales de su oficio, dejaron de representar. No por casualidad, pero sí un símbolo viviente: Roberto Gerlein fue ovacionado y condecorado justamente en la sesión donde se aprobó la reforma a la justicia, tras cumplir cuarenta años de trabajo parlamentario.

No se sienten en el deber de comportarse como representantes de sus electores o como mandatarios de la sociedad. Se aferran a un empleo que deben cuidar, por lo cual se blindan a la hora de rendir cuentas por sus actuaciones.

Una prueba de esta actitud es el trámite de la ley de participación ciudadana aprobada durante la misma semana de la reforma a la justicia: en la conciliación, los senadores Luis Fernando Duque y Honorio Galvis intervinieron para que saliera del articulado la obligación de los congresistas de rendir cuentas ante los ciudadanos, tal y como lo denunció La Silla Vacía.

En el régimen político colombiano, el rompimiento del vínculo representativo entre representantes y representados efectivamente ha hecho metástasis, de acuerdo con el desarrollo conceptual del politólogo francés Bernard Manin [1].Se trata de un fenómeno que trae graves consecuencias para la vida democrática, porque supone una especie de captura de las instituciones del Estado por esa clase política para la defensa de sus intereses particulares.

En este escenario, el ciudadano se ve alejado de las decisiones que le conciernen; los derechos y las garantías se perciben como dádivas que generosamente se entregan solo para evitar el desorden social. El Estado se vacía de contenido y se transforma en un aparato burocrático ajeno a la defensa del interés general. Es el origen de una de las formas más inquietantes de crisis de legitimidad que puede llevar a escenarios de mucha incertidumbre.

La Constitución de 1991 definió un sistema de controles inter–estatales y de controles de la sociedad sobre el Estado que los congresistas decidieron desmontar de un plumazo. Pero no como un golpe de mano planeado a última hora —como lo ha querido hacer ver el presidente Santos— sino en el contexto de una febril actividad legislativa promovida por el propio gobierno, que está apostando a la revolución institucional a punta de leyes.

En un intercambio de favores con el gobierno o gobernabilidad –eufemismo que algunos analistas insisten en utilizar– los congresistas fueron tomando confianza a medida que se discutía la reforma a la justicia.

Ante la falta de claridad o de carácter del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y de su equipo de trabajo sobre cómo orientar la reforma, aprovecharon para meter mano e introducir medidas que los blindan ante futuros juicios de responsabilidad.

Como los que adelantó con valentía la otrora Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con la parapolítica: numerosos políticos decidieron aliarse con organizaciones criminales para defender sus feudos y consolidar las redes políticas que sustentan su poder en las regiones.

Entre candidez e indignidad

No es cierta la tesis del presidente Santos en su audaz alocución de medianoche, cuando anunció que devolvería la reforma, pues no hay claridad sobre las facultades constitucionales para proceder en tal sentido (ver los análisis de José Gregorio Hernández (link) y de Hernando Gómez Buendía (link) en esta edición de Razón Pública).

No es cierto que la reforma se llenó de micos durante la sesión de conciliación, si bien allí fue donde los congresistas efectivamente perdieron todo pudor. Muchos de esos “micos” venían creciendo y siendo amansados desde los primeros debates. Pero contra todas las advertencias, el gobierno los apoyó y defendió con candidez.

El presidente Santos no escuchó el rechazo ciudadano frente a este desafío parlamentario y se vio forzado a sacrificar el consenso de la Unidad Nacional para no enfrentar el poder de la calle y de las redes sociales, el flanco más débil de la hegemonía política que pretende consolidar.

Una señal del temor que ha demostrado frente al poder de la calle ya la había dado el Presidente cuando decidió retirar la reforma educativa y desautorizar a su ministra de Educación. En esta oportunidad ocurrió lo mismo, con la diferencia de que el ministro Esguerra reconoció su incompetencia política y decidió renunciar por dignidad. La ministra de Educación aun sigue en el cargo y sin la dignidad.

El gobierno habría podido evitar esta crisis si hubiera escuchado las voces que advertían los peligros que encerraba la reforma a la justicia y de cómo ésta se estaba transformando subrepticiamente en reforma política.

Al principio, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado manifestaron su inconformidad con algunas de las medidas allí incluidas, como la de la posibilidad de que abogados particulares tuvieran funciones judiciales, pero no fue sino que recibieran caramelos envenenados —como el de la prórroga de período y la extensión de la edad de jubilación— para que cayeran en un silencio estruendoso.

Una actitud que menoscaba la imagen de reserva moral y de probidad que deben tener —o al menos aparentar tener— los jueces ante los abusos de las otras ramas del poder público, y que han llevado a tragedias como la del holocausto del Palacio de Justicia.

Estos magistrados de ahora, con excepciones, no han entendido el papel que les corresponde como garantes últimos de la democracia colombiana: al igual que sus congéneres del Congreso, solo aspiran a asegurarse un puesto.

Mejor que se hunda, ¿pero ya cómo?

Los ciudadanos que se manifestaron a través de las redes sociales recordaron que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana todo poder público, principio de especial sencillez que nos recuerda cuál es el fundamento del contrato social sobre el que se funda el Estado colombiano.

El presidente no tendrá una salida fácil de este entuerto. Su decisión de devolver la reforma sin que exista claridad sobre si tiene o no esa facultad, es una carta de alto riesgo jurídico y político:

Deberá contar con la indulgencia de un Congreso que acepte tramitar las objeciones una vez inicien las sesiones ordinarias el 20 de julio;
Incluso deberá contar con un ejercicio de creatividad por parte de la Corte Constitucional para —sin desconocer su propia jurisprudencia— permitir un cambio en la manera de interpretar las funciones del jefe del Estado respecto de hacer cumplir la Constitución, tal como lo dispone su juramento en el momento de tomar posesión del cargo, en la medida en que la doctrina de la sustitución de la Constitución también ha cambiado el régimen de control de la Constitución por parte de la propia Corte.

El mejor escenario es el hundimiento integral de la reforma, a lo cual debería apostarle el gobierno con todas sus fuerzas, ante un acto legislativo válido jurídicamente, pero de imposible aplicación habida cuenta de su no promulgación.

El orden constitucional pende de un hilo: de los acuerdos políticos y del director de la Imprenta Nacional, como señalaba Humberto de la Calle. ¿Cómo va a hacer el Congreso para derogar una reforma que ya fue aprobada, sin surtir los mismos trámites de la aprobación? Todo un galimatías.

En el entretanto, el poder constituyente se apresta para emprender el incierto camino del referendo derogatorio, para recordarle al establecimiento que la democracia no puede ser el escenario de los privilegios, sino el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.

Tags: Constitución de 1991 Corrupción Jorge Iván Cuervo Partidos políticos Reforma a la justicia

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