La suspensión del Túnel

Ene 2012 18

En anteriores artículos -Ordenanzas ilegales, Vigencias futuras excepcionales y El túnel de las imposiciones-, me referí a diferentes razones técnicas, legales, financieras y ambientales que nos llevaron a aplazar el “Túnel de Oriente” en el tiempo, no obstante el impacto que podría generar en el progreso y desarrollo de Antioquia.

Reitero que una obra no se puede iniciar si no tiene completos los diseños, el cierre financiero para su ejecución y mucho menos, si tiene grave impacto sobre el medio ambiente y no se garantiza su mitigación.

Por tanto, compartimos la decisión tomada por el Ministro de Ambiente Frank Pearl, de ordenar la suspensión por 90 días de las obras del “Túnel de Oriente”, con el fin de adelantar nuevos estudios en torno al proyecto y examinar las licencias que autorizaron el inicio de los trabajos.

Valoramos esta decisión del Gobierno Nacional, que deberá respetar las autonomías, pero ejercer su responsabilidad de articular las políticas ambientales desarrolladas por los gobiernos territoriales para que respondan a criterios rigurosos en pro de garantizar que no habrá un detrimento cuantioso de nuestros recursos financieros, ni daños enormes a los sistemas naturales, ni mucho menos un declive significativo de la estabilidad social.

Dos son los documentos que fundamentan el lío jurídico y ambiental en el que se desarrolla este proyecto; la Resolución 1764/02 de Cornare “Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental” al Proyecto Conexión Vial Aburra-Oriente, y la Resolución 112-0741/10 de Cornare “Por medio de la cual se acoge una información y se toman otras determinaciones”. Entre ambas resoluciones existen delicadas incoherencias que nos llevan a cuestionar su propia validez.

Veamos. Una nueva ruta, nueva boca de túnel, nueva longitud, un nuevo túnel. La boca del túnel aprobado por la Resolución 1764/02 estaba situada en el triángulo del lugar conocido como estadero o discoteca Capital, en el nuevo proyecto se traslada hasta la puerta de acceso al Seminario Mayor; el túnel deja de tener una extensión de 270 metros y pasa a tener 813 metros de longitud; la licencia ambiental de la Resolución 1764/02 fue otorgada para un túnel y en la Resolución la 112-0741/10 se autorizan dos túneles paralelos en Santa Elena, es decir, hay cambios substanciales.

La norma establece que los estudios de impacto ambiental NO son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos, con base en los cuales la autoridad ambiental decide sobre el otorgamiento o no de una Licencia Ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente ha afirmado que la licencia ambiental concedida es exclusivamente para el proyecto descrito en la resolución 1764/02, es decir, el primer proyecto presentado. Para un nuevo túnel la norma no contempla la posibilidad de “acoger o aprobar ajustes del estudio de impacto ambiental”, tal como lo hizo Cornare, eludiendo la obligación de modificación de la Licencia Ambiental.

Nos quedan múltiples interrogantes de una obra que deberá hacerse, cuando se satisfagan las diferentes objeciones. Mientras tanto, pregunto, ¿Por qué omitió el exgobernador Ramos el Fallo del Consejo de Estado del pasado 14 de julio/11, que ordena no aplicar por inconstitucional los actos administrativos que autoricen incorporar a los respectivos estatutos presupuestales territoriales vigencias futuras excepcionales? ¿Por qué ningún órgano de control se pronunció sobre la inauguración o inicio de obra a menos de 15 días de las elecciones territoriales, que violó la Ley de Garantías e incluso la Directiva 003 de marzo 15/11 de la Procuraduría General de la Nación que solicitó no iniciar obras? ¿Qué razones motivaron al exgobernador Ramos a iniciar la obra con soberbia -” ninguna autoridad me va a impedir que inicie las obras”-, sin tener en cuenta las fundamentadas objeciones técnicas, ambientales, sociales y jurídicas?

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Eugenio Prieto Soto

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