Ley De Victimas Una Esperanza Para Superar El Pasado
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El Gobierno Nacional a través de 8 decretos reglamentarios ha cumplido, estableciendo la distribución de las competencias para la implementación de medidas en beneficio de las víctimas.
Hoy a 10 meses de la expedición de la ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras- el Congreso de la Republica hace un balance de su reglamentación e implementación. Esta herramienta jurídica trajo por fin a nuestro país el reconocimiento de una situación irregular que por años han vivido miles de familias Colombianas, dándoles por primera vez la oportunidad de que el Estado Social de Derecho sea una realidad como fin primordial establecido en la Constitución Política de 1991.
Los compromisos iniciales del Estado Colombiano a raíz de la ley, son la reglamentación que debe darse a la misma para su correcta y oportuna ejecución, estableciéndose de manera clara la distribución de las competencias territoriales para la implementación de las medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de quienes sean víctimas de violaciones a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o a las normas internacionales de Derechos Humanos, en virtud al conflicto armado que ha vivido Colombia.
Una de las principales medidas administrativas tienen que ver, con el registro y caracterización de la población desplazada y víctima del conflicto armado, ya que la ausencia de un sistema confiable que identificara estas personas fue el talón de Aquiles en la política pública de atención, tema que se evidencio en la sentencia 025 de 2004 y los autos de la Corte Constitucional.
Entonces avanzar en la conformación de un sistema de registro confiable abre las puertas para que por fin se genere un Plan Nacional con los recursos suficientes, los controles, y coordinación interinstitucional confiable que armonice las políticas públicas en todos los niveles para lograr restablecer los derechos de las víctimas y garantizar el goce efectivo de los mismos.
El Gobierno Nacional a través de 8 decretos reglamentarios ha logrado cumplir su tarea plasmada en la ley regulando en ellos, la asistencia a población indígena, el registro de las víctimas, entre otros, evidenciando su compromiso con nuestros compatriotas.
Por esta razón y en cumplimiento de la Ley el Congreso en Pleno analizará la efectividad de la herramienta legal dada y espera que se constituya en el verdadero soporte para dejar atrás una historia llena de sangre e incertidumbre, para pasar a un futuro de prosperidad, paz y bienestar en donde toda la nación sea ejemplo de esperanza y superación.
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