Locomotora legislativa ¿garantía de derechos o puerta abierta al extractivismo?
Diversos representantes de las víctimas del país, con sus historias y sus realidades, se reunieron en el marco del Seminario la Locomotora Legislativa, impactos sociales y territoriales, que concluyó hoy en Bogotá con el propósito de evaluar los avances en políticas públicas y acuerdos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2016 y en las distintas iniciativas legislativas vigentes o en proyectos de ley como la Ley de Víctimas o el proyecto de ley de Desarrollo Rural y todas aquellas que afectan o competen al universo de víctimas y que para el caso de los grupos étnicos deben ser consultadas para garantizar el enfoque diferencial.
Durante los dos días de reunión se debatieron los impactos y las afectaciones que tendrán sobre las poblaciones rurales, afro e indígenas la formulación y aplicación de la agenda normativa que, entre otras, acoge medidas como el Plan Nacional de Desarrollo, La ley de Víctimas y todos sus decretos de adopción, el Código Minero, la Ley de Ordenamiento Territorial, Proyecto de ley de Desarrollo Rural y otras medidas transversales como los tratados de libre comercio y las medidas de protección o desprotección ambiental y propiedad intelectual y, por último la garantía de aplicación por parte del gobierno de un derecho fundamental como lo es la Consulta previa.
Si bien algunos funcionarios de gobierno como de Planeación Nacional, mostraron la “eficiencia” del gobierno y su paquete legislativo, no así piensan los pueblos indígenas, afrocolombianos o los sectores académicos, sociales y representantes de las víctimas, quienes advierten que tras la agenda legislativa hay toda una estrategia no para garantizar los derechos de la población ni de las víctimas, sino para abrirle realmente las puertas a la actividad extractivista de recursos en territorios rurales, especialmente de pueblos indígenas y afrocolombianos.
En conclusión no es favorable el panorama legislativo para las víctimas, la implementación del modelo de desarrollo neoliberal en territorios del campo amenaza la integridad cultural y territorial y puede incluso llegar a poner en vilo la pervivencia misma de las comunidades, pues este modelo responde a estructuras de poder que poco reparan en los procedimientos normativos o éticos con fin de lograr sus propósitos meramente lucrativos. Así, no salió bien librado el gobierno nacional con su Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2016, el cual según dirigentes indígenas no fue consultado en el marco del derecho internacional, Convenio 169 de la OIT, sino que fue una consulta viciada y poco adecuada.… También se evidenció que el paquete legislativo el Estado no ha garantizado el pilar constitucional de reconocer la diversidad Cultural y étnica. Ver sobre nota Plan Nacional de Desarrollo
El Seminario convocado y realizado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado, de la cual la ONIC es parte, analizó el conjunto de Políticas Públicas para pensar modelos económicos alternativos, que fue una de las principales propuestas que quedaron en la mesa como respuesta a las serie de problemas que tiene el país. Otro propuesta desde el seno de las organizaciones afro fue la de articular iniciativas trascendentales para las víctimas y poblaciones étnicas en torno a la ley de víctimas y al desarrollo rural que implica fortalecer la unidad y los procesos organizativos en torno a la defensa territorial y de los derechos de las comunidades étnicas y campesinas del país.
Durante el cierre del seminario Rodolfo Adán Vega, indígena del pueblo Kankuamo y abogado de CODHES, señaló que el conjunto, o locomotora, de leyes se concadenan con todas las actividades o proyectos a realizarse en territorios indígenas como el desarrollo vial, mega represas, extracción de recursos naturales y minería, entre otros.
En el marco del Panel sobre Consulta previa, Vega indicó que las leyes nacionales están pensadas para actividades extractivistas y otras apuntan a la apropiación privada del conocimiento tradicional como las referidas a la propiedad intelectual o a la patente de conocimientos tradicionales. En conclusión señaló que hoy las leyes de mercado pasan por encima del conocimiento tradicional y por ello desde el gobierno y las empresas se promueven estrategias de división o de captación de los procesos y/o dirigentes indígenas.
Frente a la andanada de leyes nefastas, que no fueron consultadas en su mayoría, como indicó el abogado Vega, quien planteó usar como armas de defensa y de protección el Derecho Mayor o Ley de Origen y el derecho internacional. El derecho mayor implica la protección de la Madre Tierra y todo el acervo espiritual y cultural contenidos en estas normas de carácter superior para los pueblos indígenas y demás grupos étnicos del país. Se refirió también al compendio de normas, tratados o convenios internacionales como instrumentos de protección y se refirió que por ello el gobierno ha desatado una ofensiva contra uno de estos Convenios del derecho internacional como lo es la Consulta previa, que entre otras consiste en la ofensiva difamatoria por parte del gobierno y la prensa (el Tiempo, Semana o El espectador) que hacen ver la consulta como una trampa política y jurídica compleja o como palo en la rueda del desarrollo…
Con ello el gobierno pretende aminorar las estrategias de ancestrales o jurídica que han emprendido los pueblos o indígenas, afro o campesinos en defensa de su identidad, sus derechos, su cultura y su territorio como pilar de su existencia, pero también bastante apetecidos para el extractivismo de su riqueza por parte de las multinacionales y que cuenta con anuencia del gobierno…
Frente a ello es clave la defensa de lo propio desde los derechos y la cultura inherente a cada comunidad; la consulta previa debe partir de los usos y costumbres de cada pueblo y debe estar amparada en el legado ancestral y no debe ser impuesta desde una metodología o ley estatuaria que reglamente la consulta previa desde la institucionalidad del Estado y del gobierno. Vega propuso fijar una ruta o procedimiento de consulta previa desde los pueblos indígenas en articulación con las organizaciones afrocolombianas…
El seminario concluyo con la presentación del Libro sobre consulta previa, Línea jurisprudencial, de autoría de Olga Lucia Gaitán.
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Blog de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Desde su conformación en 1.971, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, se constituyó en un dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía nacional para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales. Con el propósito de visibilizar y socializar sus problemáticas, compartir la experiencia organizativa y establecer dinámicas de unidad para la exigibilidad de sus derechos, a los Congresos Regionales y espacios de trabajo colectivo del CRIC, asistían cada vez y de manera más representativa autoridades y delegados indígenas de otros pueblos y comunidades indígenas de Colombia. Este fenómeno de integración durante la década de los setenta, permitió que en algunos congresos del CRIC se realizaran comisiones de trabajo para tratar los asuntos de los pueblos indígenas de Colombia. Así conocimos a líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y Amazónicos, entre otros, quienes en unión de los Nasa, Coconuco y Giuambiano, estimularon y trabajaron para la conformación de una entidad organizativa que representará y desatará acciones a nivel nacional para realizar los intereses de los pueblos indígenas del País. En esta dinámica de sacar a la luz pública y denunciar ante la comunidad nacional e internacional los atropellos que a diario vivían los indígenas en Colombia, el periódico “Unidad Indígena”, órgano oficial del CRIC, se constituyó en el vocero y medio fundamental para la visibilización de las necesidades, amenazas y vulneración de los derechos de los pueblos Indígenas. Su director Trino Morales, indígena Guambiano quien desde 1963 venia liderando procesos de recuperación territorial de su pueblo, fue el encargado por el CRIC, para trabajar en el tema organizativo nacional. Trino Morales acompañado de líderes indígenas del Tolima, Cauca, la Sierra Nevada, Antioquia, Caldas, Nariño y los Llanos Orientales, entre otros, visitaron durante dos años a los pueblos indígenas del país en comisiones de trabajo que aún hoy se recuerdan con nostalgia. Del esfuerzo de este puñado de compañeros surge el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia, realizado en la comunidad de Lomas de Ilarco, Municipio de Coyaima, sur del Departamento del Tolima, el 12 de octubre de 1980. Evento que constituye el primer paso concertado entre pueblos, autoridades y organizaciones indígenas para dotar al movimiento indígena nacional de una estructura política y organizativa del mismo orden. Mil quinientos delegados en representación de los pueblos indígenas del país, en asamblea general acordaron en Lomas de Ilarco la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena Nacional; así como la constitución de la ONIC. La ONIC como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática. El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional indígena de Colombia, fue celebrado en la Localidad de Bosa en febrero de 1982, y estuvo conformado por representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y contó con la presencia de 12 delegaciones indígenas internacionales. Por primera vez en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas del país, se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integralidad de sus identidades étnicas. El Primer Congreso Indígena Nacional adoptó para la ONIC los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía que configuran las líneas de acción de la entidad y produjo su mandato en temas como la Legislación Indígena y el cumplimiento por parte del estado de la Ley 89 de 1890, recomendando a todos los indígenas del país el fortalecimiento de la autonomía indígena y de rodear a las autoridades tradicionales para el ejercicio de su gobierno. Al momento de conformarse la ONIC, Colombia atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su historia nacional matizado por el asenso al poder político del Estado de personajes vinculados a economías subterráneas, la presencia de grupos de justicia privada, el fortalecimiento del accionar de los grupos guerrilleros y el desconocimiento por parte del Estado y el Gobierno Nacional de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos colombianos, todo lo cual generó un clima de violencia institucional, caracterizada por la violación sistemática de los DDHH y de infracciones al DIH, lo que afectó de manera dolorosa a los pueblos indígenas quienes llevaran para siempre en su memoria las masacres, torturas, desapariciones y asesinatos de sus autoridades y dirigentes desde la política gubernamental del Estatuto de Seguridad, impuesta por el presidente Turbay Ayala. En la década de los ochenta la dinámica organizativa y política de los pueblos indígenas de Colombia, se inscribe en un proceso de exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Por lo mismo mientras en Colombia los pueblos indígenas dan un primer paso hacia la realización de su autonomía política y organizativa, a nivel internacional las minorías étnicas acceden a espacios y escenarios de incidencia donde logran ser admitidos y escuchados en sus problemáticas. Fruto de esta dinámica, el 9 de agosto de 1982, se reúne por primera vez la El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, establecido a raíz del estudio presentado por el Sr. Martínez Cobo, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Este Grupo de Trabajo, actuó como órgano subsidiario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Es más, para conmemorar la fecha de la primera reunión de este grupo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, instituyó el nueve de agosto como día internacional de las poblaciones indígenas.
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