Por: Lucas Gómez Tobón, estudiante de Economía y voluntario de CVisible

 

Si se cumple con lo pactado en La Habana, en un plazo de 10 años el gobierno nacional deberá erradicar la pobreza rural extrema y disminuir en un 50% la pobreza en el campo. El contexto actual muestra una fuerte brecha social entre la ciudad y las zonas rurales; el Acuerdo propone mejorar la infraestructura y los bienes públicos para cerrar la divergencia. ¿Se logrará el objetivo?

 

 

El objetivo final de la Reforma Rural Integral (RRI), pactada entre el gobierno nacional y las FARC en los Diálogos de paz de La Habana, es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales. El acuerdo especifica que mediante la acción conjunta de los planes nacionales de la RRI, en una fase de 15 años, se debe lograr la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%. Más aún, se debe generar una tendencia lo suficientemente fuerte como para que se reduzca al mínimo la brecha existente entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Con lo que la Reforma propone ¿será posible lograr este objetivo? 

 

Brecha de pobreza entre el campo y la ciudad:

El Acuerdo no menciona las causas de la pobreza en Colombia, pero reconoce que en términos de acceso a oportunidades, el contexto de las zonas rurales ha sido históricamente más complejo que el de los territorios urbanos.

 

En los últimos años la economía de Colombia ha crecido constantemente, no obstante, a la hora de evaluar el impacto que el crecimiento económico ha tenido sobre las diferentes poblaciones, las zonas rurales no se han visto tan beneficiadas como las zonas urbanas, e incluso, la brecha de pobreza entre la una y la otra se ha aumentado. Según el Informe detallado de la Misión para la Transformación del Campo del DNP, la reducción de pobreza no ha sido suficiente para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Mientras que en 2003 la pobreza rural era 1,9 veces la pobreza urbana, en 2013 la razón aumentó a 2,5. Es decir que, para el año 2013, mientras que el 46 % de la zona rural es pobre multidimensionalmente, solo el 18,5 % de la población urbana se encontraba en esta condición.

 

Para realizar estas mediciones, el informe utiliza el índice de pobreza multidimensional, el cual es el método directo utilizado en Colombia para medir la pobreza. Este evalúa el grado de satisfacción que tiene los individuos respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación, empleo y otras dimensiones. Este índice resulta fundamental pues se centra en las potencialidades de las personas y en las condiciones que restringen la libertad de lo que cada quién considera racionalmente que vale la pena tener y ser. 

 

 

Dada entonces la forma en que está construido este indicador de pobreza, la brecha existente entre el campo y la ciudad según la pobreza multidimensional es sinónimo de la falta de oportunidades con las que cuenta la población rural en términos de educación, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos.

 

Por otro lado, el informe también analiza la pobreza de forma indirecta, es decir, evaluando si los ingresos de las familias son suficientes para adquirir los bienes y servicios de mínima necesidad. Según el método de análisis indirecto, la caída en pobreza entre 2002 y 2013 en la zona rural no estuvo acompañada de un aumento similar en la clase media, sino en el grupo de los vulnerables que, si bien tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, tienen una alta probabilidad de volver a caer en ella.

 

Para el 2013, la clase media en la zona rural representaba solo el 7,4 % de la población, mientras que la clase media urbana ya había alcanzado el 36,4 %. En la zona rural, el grupo principal sigue siendo la población pobre o vulnerable, que es equivalente a más del 90% de la población. 

 

La evolución del comportamiento de la pobreza sustenta los objetivos de la RRI sobre pobreza en el sentido de que, a pesar de que el país crezca económicamente, las zonas rurales no se están viendo alcanzadas por el impacto que el desarrollo debería tener sobre ellas. Por ende, el Acuerdo plantea en la RRI unos Planes Nacionales destinados específicamente a realizar estrategias que tendrían como consecuencia final la reducción de la pobreza y la disminución de la brecha existente con las ciudades.

 

¿Cómo se va a combatir la pobreza? Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral:

Los Planes Nacionales son las estrategias recogidas en el punto 1.3 del Acuerdo que buscan traer desarrollo económico al campo para lograr condiciones sociales más homogéneas a lo largo del país. En ese orden de ideas, se contempla la creación de planes estratégicos que permitan que las poblaciones rurales accedan a mejores oportunidades para superar la pobreza y la desigualdad, y así cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Además, estos Planes tiene un particular enfasis en fortalecer la economía campesina, familiar y solidaria para integrarla con los mercados en todo el país.

 

 

Estos Planes están orientados a garantizar la base de una vida digna, entendida como el acceso universal y adecuado a servicios y bienes públicos, y no simplemente como un incremento al ingreso.

 

Para lograr los objetivos de reducción de pobreza se tienen tres pilares: infraestructura para la integración regional, desarrollo social y estímulos a la productividad y  mejoras al mercado laboral. Estos tres pilares no están enunciados de forma explícita en la RRI, sin embargo se pueden agrupar los diferentes Planes Nacionales en esas tres categorías.

 

Limitaciones de la Reforma Rural Integral (RRI):

La primera limitación que salta a la vista cuando se habla de provisión de bienes y servicios es la limitación económica. El Informe de la Misión para la Transformación del Campo estima que el costo promedio por año de esta transformación del campo costará alrededor de 13 billones de pesos anuales (1,2% del PIB) entre 2016 y 2030, un costo que seguramente será difícil de afrontar dado el contexto en el cual se encuentra la economía actual. Dado los bajones en los precios del petróleo, el gobierno se vio obligado a reducir su gasto para el 2017, según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), solo en presupuesto público para el agro se pasó de $2.5 billones en 2016 a $1.7 billones en 2017, casi el mismo monto con el que contaba para en el 2006, en otras palabras, hubo una disminución de casi el 34% en el presupuesto, lo cual resulta preocupante en un contexto de posconflicto donde la implementación de la RRI se va a llevar a cabo.

 

Por otro lado, también existen una serie de barreras relacionadas con la capacidad del estado. Algunos académicos como James Robinson son escépticos sobre los alcances del Acuerdo de Paz. Este cree que no se está resolviendo el problema de fondo.

 

Según Robinson la sociedad está regida por un conjunto de instituciones económicas y políticas que determinan el éxito en el desarrollo de los países, por ende, el investigador ve la causa del conflicto colombiano en la forma en la que el Estado está organizado y cómo este funciona o no.

 

En el caso de Colombia, Robinson afirma que el Estado colombiano se encuentra en un derrumbe parcial, caracterizado por incompetencia, ilegitimidad, falta de capacidad y comportamiento arbitrario. Según su visión, Colombia cuenta con muchas instituciones extractivas, que como su nombre lo indica, tienen la finalidad de extraer recursos de la mayoría de la población para transferirlos hacia a una pequeña élite dominante. Ejemplo de esto es la forma en cómo se ha organizado el derecho sobre la tierra, que a pesar de que la cantidad de leyes que se han tramitado para reducir la concentración de la tierra, esta se ha hecho más desigual con el paso del tiempo. A pesar de los esfuerzos del Estado, se ha dado una combinación entre intereses particulares primando sobre los colectivos e incapacidad institucional para realizar efectos deseados sobre la concentración de la tierra.

 

Para Robinson, el problema con las tierras consiste en que es una lucha demasiado costosa que traería pocos beneficios para la sociedad. Las elites colombianas se han centrado la solución del problema agrario en la restitución de tierras cuando el futuro de la economía se está movilizando a otros sectores más especializados, además, como ser propietario de una tierra implica excluir a las demás personas del usufructo de esta, las soluciones redistributivas serán siempre de conflicto.

 

Para el autor el campo no es el mejor modelo de desarrollo pues en él no existen las oportunidades necesarias para sacar a las personas de la pobreza. Muchas de las personas que siguen en estos territorios abandonados por el Estado no han logrado encontrar una fuente de sustento y probablemente no la encontrarán. Una mejor forma para traer bienestar a las personas sería incrementándoles  sus oportunidades. La mejor forma para lograrlo es a partir de la educación; el conocimiento es universal y no es rival. El camino a la modernidad está fuertemente ligado con la democratización de la educación.

 

Desde esta mirada la pobreza no sería una causa del conflicto sino una de sus consecuencias. El problema colombiano está en el ‘derrumbe parcial’ de  un Estado ineficiente, incapaz de llevar oportunidades a las zonas marginadas y mucho menos de ejecutar una RRI.

 

Finalmente, lo que el académico cree que hubiera sido más pertinente para solucionar el conflicto serían dos cosas: arreglar el estado de cosas y trazar unas metas que sean consistentes con lo que el Estado realmente puede hacer. Si no se arregla el derrumbe parcial, la desigualdad en Colombia seguirá latente y nunca se podrá cerrar la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad.