Los modelos fiscales de Antioquia

Nov 2011 27

Ante la crisis fiscal que sufrió el país en la década de los noventas, se introdujeron cambios normativos al sistema administrativo de los departamentos, distritos y municipios que les dieran posibilidad de subsistir y de garantizar la prestación de los servicios públicos a su cargo. Para ese entonces, la mayoría de las entidades territoriales del país -como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal con la que se venían administrando-, tenían deudas que comprometían seriamente su sostenibilidad financiera, no tenían provisionados sus pasivos laborales y pensionales, gastaban en funcionamiento mucho más de los que les ingresaba y estaban entrando en cesación de pagos. El departamento de Antioquia no era la excepción.

Esta difícil problemática territorial llevó al Congreso de la República a la expedición de normas como la Ley 358 de 1997 que reguló el endeudamiento territorial, la Ley 550 de 1999 que estableció criterios para la reestructuración de entidades y empresas territoriales, la Ley 617 de 2000 que estableció límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales y la Ley 819 de 2003 que introdujo nuevos requerimientos para garantizar más transparencia y mayor responsabilidad fiscal en los territorios.

En los Gobiernos fiscalmente responsables de “Una Antioquia Nueva” y “Una Antioquia Nueva un Hogar para la Vida”, entre el 2003 y el 2007, organizamos la casa e hicimos la tarea dejando importantes ahorros, gastando menos de lo que nos ingresó, reduciendo el endeudamiento de $385 mil millones a $264 mil millones, provisionando el pasivo laboral y pensional, logrando cubrirlo en casi un 30%, controlando los gastos de funcionamiento, reduciendo los gastos de personal en más de un 77% y cancelando la totalidad del déficit fiscal que recibimos, el cual al año 2000 ascendía a más de $500 mil millones.

A diferencia del modelo fiscalmente responsable de Una Antioquia Nueva, el actual Gobierno de Antioquia le entregará al Gobernador Fajardo, una deuda de más de $650 mil millones, es decir, con un crecimiento del 145%, casi $400 mil millones por encima de la que recibieron en el 2007. Entregan también un departamento nuevamente burocratizado, los gastos de funcionamiento crecieron más del 46% y los gastos de personal se incrementaron más del 113%. Dejan deudas en salud por alrededor de $250 mil millones, sin contar con los problemas que entregan en entidades como el IDEA y en la FLA, desde la cual esperan recaudar en este mes alrededor de $500 mil millones por compras anticipadas obligadas a los distribuidores, que de permitirse, afectaran negativamente la caja del nuevo Gobierno.

Nos preguntamos ¿cómo se comprometieron o ejecutaron los recursos por US $200 millones de Hidroituango recibidos por anticipado, en un mal negocio para Antioquia; los que se dejaron en caja en el 2007, $140 mil millones para el fondo del agua; $12 mil millones para convertir el Politécnico JIC en Universidad Politécnica de Antioquia y los recursos para la Plaza de la Libertad y Teleantioquia? ¿Deberá cerrarse el IDEA si el Ministerio de Hacienda no modifica nuevamente -como ya lo hizo por nuestra solicitud-, la reglamentación de la calificación, que por falta de rigor técnico e indebidos manejos bajó el IDEA y no ha podido recuperar?

Los nuevos Gobiernos territoriales, asambleas y concejos deberán evaluar a la luz de la Ley de vigencias futuras que aprobamos en el Congreso de la República, las ordenanzas y acuerdos ilegales que se hayan expedido. En Antioquia las que comprometieron recursos por más de $1 billón de los periodos 2012-2015 y 2016-2019 para el fracasado Plan Departamental de Aguas, las Autopistas de la Montaña y el Túnel de Oriente.

Gobernador Fajardo, recupere el modelo de responsabilidad fiscal para Antioquia.

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Eugenio Prieto Soto

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