Ante la crisis fiscal que sufrió el país en la década de los noventas, se introdujeron cambios normativos al sistema administrativo de los departamentos, distritos y municipios que les dieran posibilidad de subsistir y de garantizar la prestación de los servicios públicos a su cargo. Para ese entonces, la mayoría de las entidades territoriales del país -como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal con la que se venían administrando-, tenían deudas que comprometían seriamente su sostenibilidad financiera, no tenían provisionados sus pasivos laborales y pensionales, gastaban en funcionamiento mucho más de los que les ingresaba y estaban entrando en cesación de pagos. El departamento de Antioquia no era la excepción.

Esta difícil problemática territorial llevó al Congreso de la República a la expedición de normas como la Ley 358 de 1997 que reguló el endeudamiento territorial, la Ley 550 de 1999 que estableció criterios para la reestructuración de entidades y empresas territoriales, la Ley 617 de 2000 que estableció límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales y la Ley 819 de 2003 que introdujo nuevos requerimientos para garantizar más transparencia y mayor responsabilidad fiscal en los territorios.

En los Gobiernos fiscalmente responsables de “Una Antioquia Nueva” y “Una Antioquia Nueva un Hogar para la Vida”, entre el 2003 y el 2007, organizamos la casa e hicimos la tarea dejando importantes ahorros, gastando menos de lo que nos ingresó, reduciendo el endeudamiento de $385 mil millones a $264 mil millones, provisionando el pasivo laboral y pensional, logrando cubrirlo en casi un 30%, controlando los gastos de funcionamiento, reduciendo los gastos de personal en más de un 77% y cancelando la totalidad del déficit fiscal que recibimos, el cual al año 2000 ascendía a más de $500 mil millones.

A diferencia del modelo fiscalmente responsable de Una Antioquia Nueva, el actual Gobierno de Antioquia le entregará al Gobernador Fajardo, una deuda de más de $650 mil millones, es decir, con un crecimiento del 145%, casi $400 mil millones por encima de la que recibieron en el 2007. Entregan también un departamento nuevamente burocratizado, los gastos de funcionamiento crecieron más del 46% y los gastos de personal se incrementaron más del 113%. Dejan deudas en salud por alrededor de $250 mil millones, sin contar con los problemas que entregan en entidades como el IDEA y en la FLA, desde la cual esperan recaudar en este mes alrededor de $500 mil millones por compras anticipadas obligadas a los distribuidores, que de permitirse, afectaran negativamente la caja del nuevo Gobierno.

Nos preguntamos ¿cómo se comprometieron o ejecutaron los recursos por US $200 millones de Hidroituango recibidos por anticipado, en un mal negocio para Antioquia; los que se dejaron en caja en el 2007, $140 mil millones para el fondo del agua; $12 mil millones para convertir el Politécnico JIC en Universidad Politécnica de Antioquia y los recursos para la Plaza de la Libertad y Teleantioquia? ¿Deberá cerrarse el IDEA si el Ministerio de Hacienda no modifica nuevamente -como ya lo hizo por nuestra solicitud-, la reglamentación de la calificación, que por falta de rigor técnico e indebidos manejos bajó el IDEA y no ha podido recuperar?

Los nuevos Gobiernos territoriales, asambleas y concejos deberán evaluar a la luz de la Ley de vigencias futuras que aprobamos en el Congreso de la República, las ordenanzas y acuerdos ilegales que se hayan expedido. En Antioquia las que comprometieron recursos por más de $1 billón de los periodos 2012-2015 y 2016-2019 para el fracasado Plan Departamental de Aguas, las Autopistas de la Montaña y el Túnel de Oriente.

Gobernador Fajardo, recupere el modelo de responsabilidad fiscal para Antioquia.