MENORES MALTRATADOS ¡POTENCIALES DELINCUENTES!

Mar 2011 12

Un menor maltratado en casa, huye hacia las calles para buscar un mejor ambiente, encontrar salidas a su situación, en ese proceso conoce a otro menor en problemas o alguno que ya está metido en el delito y cae. Es ahí cuando para conseguir sostenerse libre, roba, trafica y consume drogas, con el tiempo posiblemente se prostituye y vende todo lo que le representa dinero: cuerpo, conciencia, temores, hasta “el otro” y crea dependencias afectivas y de mando con el entorno que le significa “vida” y “poder”.

La figura del delito, la infracción de la ley, aumenta en la medida en que crecen en edad y ambiciones, del robo callejero, el raponazo, pasan asaltos a residencias, atracos a mano armada, hurto de motocicletas, carros, fleteo y delitos conexos hasta terminar en el terrorismo, secuestro y sicariato. Aunque el menor es protagonista de la transgresión, el adulto que lo insta, le compra sus servicios, es por lo general el autor intelectual del hecho. Este juego de malos poderes les está robando la vida a nuestros niños, y jóvenes.

Quienes son los responsables de tan nefasta realidad que supera el imaginario colectivo, los padres, el Estado o la sociedad, paradigma este, que genera adeudo de los diversos frentes. Soluciones, compromisos a su vez aunados entre los diferentes actores del contexto.

Diversos estudios muestran las limitaciones de los enfoques de asistencia social de carácter sectorial y desde la perspectiva de grupos poblacionales, dado que no facilitan respuestas integrales a la multimensionalidad de la delincuencia de menores. A esto se suma que quienes incurren en el delito, repiten su actuación porque aprenden la laxitud de las leyes (más que un castigo por su acción se les observa desde la corrección, e identifican que por muy mal que les vaya si es un delito de menor cuantía sólo pasarán un trimestre retenido, como mucho. Quizá quienes mayor pena pagan son aquellos que participan en homicidios y, aun así, no pasan de tres años en un centro correccional, pues se supone que allí se resocializan).

En Santander las cifras son alarmantes, oscilan dependiendo de la contravención del infante (delitos contra el patrimonio económico, contra la vida e integridad personal, contra la salud pública, contra la familia, y contra la libertad individual) y se han incrementado con los años (por un menor infractor hace 10 años hoy tenemos entre 15 y 20), estadísticas que maneja el Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC) de la Policía; progresivamente los porcentajes se amplían y las medidas correctivas quedan cortas para responder a la demanda.

Por ende, El interés social, político y jurídico suscitado alrededor del tema ha despertado alarmas que nos exigen trabajar de manera más oportuna y constitutiva. Las actuales herramientas de atención, sujetas a la gravedad del delito (la medida educativa impartida por un juez, la internación en medios cemi-cerrados y la privación de la libertad en Centros de Atención especializados, entre otros), atendidas por un Juez de Menores, La Comisaria de Familia o EL Instituto de Bienestar Familiar, necesitan reforzamiento en jurisdicción, apoyo institucional, educación y convivencia ciudadana, pues mientras los menores están en las instituciones reciben asistencia pedagógica, pero cuando salen vuelven a su hábitat, amigos y familias, que si les ofrecen un esquema de antivalores, vuelven a infringir.

Que responden los menores ¡Quiero cambiar pero no hay oportunidades! entre sus sueños se dibuja el ingeniero, el médico, la trabajadora social, el comerciante exitoso, es decir, el proyecto de un ser humano que quiere crecer sanamente y ser valor agregado, pero la realidad de su condición le niega toda posibilidad.

Que se necesita en parte para subsanar: prevención y seguimiento. Liderar procesos de atención integral, que garanticen el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes vulnerados a través de diversas alternativas de respuesta, que se ajusten a las necesidades y características de los beneficiarios y usuarios de los servicios institucionales de Colombia.

A propósito en la Cámara de Representantes se debate el proyecto de ley 160 de 2010 por medio del cual se reforma el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros, con el propósito de prevenir y enfrentar la criminalidad organizada, puntualizar más sobre responsabilidad de los jóvenes infractores , y vincular a la comunidad en la prevención de la criminalidad y la violencia y convivencia ciudadana; este en buen paso en el mancomunado y arduo camino para disminuir las grietas de una sociedad vulnerada.

Finalizo puntualizando que la guerra no se gana en los campos de batalla, sino en las ciudades donde crece este germen tan delicado de descomposición, y los invito hacer seguimiento a las proposiciones y aprobación de este proyecto.

HR JORGE GOMEZ VILLAMIZAR

Tags: Menores de edad Participación Ciudadana Democracia Seguridad ciudadana

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