El próximo 20 de julio el Congreso de la República retoma sus labores en lo que promete ser un semestre muy movido en términos políticos. Esta nueva legislatura estará marcada por las discusiones en torno a los proyectos de ley faltantes para la implementación de los Acuerdos de Paz, los escándalos de corrupción de Odebrecht y el comienzo de las campañas, tanto legislativas como presidenciales, para las elecciones del próximo año. Además de esto, una serie de iniciativas clave y debates sobre temas de relevancia nacional ocuparán el tiempo de los congresistas en la segunda mitad del año.

 

Por Santiago Virgüez R., investigador de Congreso Visible

 

Hacia el final de la última legislatura (2016-2017), el Gobierno nacional tuvo problemas para mantener las mayorías necesarias para aprobar los proyectos de ley que desarrollaban aspectos claves de los acuerdos firmados con las Farc. Hoy, cuando esta guerrilla entregó todas sus armas mediante proceso verificado por la ONU, el Gobierno tiene que enfrentar estos mismos obstáculos sumados a unos nuevos. En primer lugar, dado que empiezan las campañas políticas para las elecciones del próximo año, se espera que el ausentismo por parte de los congresistas que buscan su reelección dificulte el logro del número de votos requeridos para aprobar las iniciativas legislativas. En segundo lugar, el cambio de miembros de mesas directivas – que se hace cada año – tanto en Senado y Cámara puede afectar el orden de prioridades en la discusión de proyectos ya que son las directivas las encargadas de definir la agenda legislativa durante todo su periodo. Esto sumado a la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre a congresistas para que puedan, sin aval previo del Gobierno, proponer y aprobar modificaciones a los textos de los proyectos, puede llevar a una mayor tardanza en el trámite de las normas necesarias para cumplir lo acordado en La Habana.

 

Teniendo en cuenta que el “procedimiento legislativo especial para la paz”, conocido como Fast Track, solo estará vigente hasta finales de este año, el Congreso deberá acelerar la marcha si quiere aprobar todo los proyectos de paz bajo este mecanismo que reduce los tiempos y el número de debates necesarios (ver “Abajo las Armas, Arriba las Leyes”). Algunos de los proyectos que deberán seguir su trámite son la ley que autoriza ampliar la planta de la Unidad Nacional de Protección; la reforma constitucional que busca crear 16 circunscripciones especiales de paz con representación en la Cámara; la ley que busca asegurar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado Colombino; la modificación transitoria al régimen de regalías para garantizar recursos a las regiones más afectadas por el conflicto; así como los proyectos que buscan la adecuación de las tierras y la creación de un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. De igual forma, se espera que se inicie el trámite de la reforma política al sistema electoral que busca desarrollar temas clave del segundo punto de los acuerdos sobre participación política, iniciativa que hasta ahora ha generado resistencia por parte de diversos congresistas. Otros proyectos pendientes de ser radicados para su discusión son la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley sobre reforma rural integral.

 

Otros proyectos de relevancia nacional

Al mismo tiempo que tramita los proyectos de ley sobre paz, el Congreso deberá discutir otras iniciativas no menos importantes sobre temas de economía, educación, salud, entre otros.

Las modificaciones a las disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia; la creación del Registro Nacional de Ofensores Sexuales; la regulación del ejercicio del cabildeo, o “lobby político”; la reglamentación del procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas y la doble instancia son algunos de los temas que están en la agenda para este segundo semestre.

 

En temas de política internacional están pendiente la aprobación del tratado cooperación judicial con Perú; el protocolo modificatorio al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; el Convenio de Minamata sobre el mercurio; el acuerdo con la Unión que crea un marco para la participación de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea; el protocolo de enmienda a la Organización Mundial del Comercio; la creación de los Consejos de residentes en el exterior; y el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico.

 

Además, las comisiones económicas deberán estudiar temas como la autorización al Banco de la República para acuñar moneda con fines conmemorativos o numismáticos en relación con la visita papal; el proyecto que establece crea un esquema de crédito basado en los ingresos para los créditos educativos otorgados por el Icetex y el que regula la política de gasto público en subsidios.

 

Finalmente, en temas de seguridad, defensa y fuerza pública, serán debatidos el proyecto que establece las convocatorias para resolver la situación militar de los ciudadanos mayores de veinticuatro (24) años y el que establece el tiempo mínimo y máximo de vinculación a la Policía Nacional, de los miembros del nivel ejecutivo vinculados a la Policía Nacional, para acceder al derecho de asignación de retiro.

 

No todos son proyectos de ley

Teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que han sacudido al país y los discursos “anti-corrupción” que han surgido como tema de campaña de alguno(a)s congresistas precandidato(a)s a la presidencia, las citaciones a control político – por las cuales los y las congresistas pueden llamar a miembros del Gobierno para que rindan cuentas sobre un asunto específico – también serán protagonistas en el segundo semestre de este año. De hecho, durante época de elecciones tiende a aumentar el número de citaciones a control político, al respecto la siguiente infografía muestra dicho aumento para las pasadas elecciones regionales (ver “La lupa del Congreso en elecciones”):