Universidad de los Andes

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Abr 2012 29

¡Niños maltratados... potenciales delincuentes!

 

Al observar la barbarie que media las relaciones de nuestra malla social, un escalofrío me aturde y traigo a la memoria los años de mi infancia en Barrancabermeja, cuando la expresión máxima de violencia, era el empujón por quitarle la pelota al compinche de clase, el grito de la canica que se metía en el hueco y la correteada al bobo del pueblo¡¡¡ años viejos, años mozos revestidos de inocencia y una sana convivencia.

Hoy la realidad nos bombardea y nos desborda, cualquier imaginario no alcanza para pensar en más violencia, y el nicho de tan apocalíptico entorno se desdibuja en la absoluta intolerancia, que nace en los hogares, en el desasosiego intrafamiliar donde entre padres, hijos, hermanos, y primos, la vivencia se camufla entre rabias, golpes, negaciones, y hasta sangre sobre el más débil.

Un menor maltratado en casa, es un potencial delincuente; huye hacia las calles para  buscar un mejor ambiente, encontrar salidas a su situación, en ese proceso conoce a otro menor en problemas o alguno que ya está metido en el delito y cae, y su mente se pierde en el laberinto donde el poder es igual a la opresión, y humillación que conduce hasta la muerte. Para muchos niños y jóvenes hoy, la libertad significa robo, tráfico y consumo de drogas, prostitución  y venta de todo lo que se traduce en dinero: cuerpo, conciencia, temores, y hasta “el otro”, y crea dependencias afectivas y de mando con el escenario que le personifica “vida” y “poder”.

La infracción de la ley aumenta en la medida en que crecen en edad y ambiciones, del robo callejero, el raponazo, pasan  asaltos a residencias, atracos a mano armada, hurto de motocicletas, carros, fleteo y delitos conexos hasta terminar en el terrorismo, secuestro y sicariato. Aunque el menor es protagonista de la transgresión, el adulto que lo insta, le motiva el maquiavelismo o le compra sus servicios, es por lo general el autor intelectual del hecho. Este juego de malos poderes les está robando la vida a nuestros niños y jóvenes.

Son los responsables de tan nefasta realidad que supera el ideario colectivo, los padres, el colegio, el Estado que no ha planteado una PolItica Pública de atención a esta población en empleo, educación, manejo del ocio, disciplina y autoridad y la sociedad.Soluciones, compromisos a su vez aunados entre los diferentes actores del contexto.

Diversos estudios muestran las limitaciones de los enfoques de asistencia social de carácter sectorial y desde la perspectiva de grupos poblacionales, dado que no facilitan respuestas integrales a la multimensionalidad de la violencia y delincuencia de menores. A esto se suma que quienes incurren en el delito, repiten su actuación porque aprenden la laxitud de las leyes y del castigo.  Quizá quienes mayor pena pagan son aquellos que participan en homicidios y, aun así, no pasan de tres años en un centro correccional, pues  se supone que allí se resocializan. 

En Santander las cifras son alarmantes, oscilan dependiendo de la contravención del infante (delitos contra el patrimonio económico, contra la vida e integridad personal, contra la salud pública, contra la familia, y contra la libertad individual) y se han incrementado con los años. Por un menor infractor hace 10 años hoy tenemos entre 15 y 20, estadísticas que maneja el Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC) de la Policía; progresivamente los porcentajes se amplían y las medidas correctivas quedan cortas para responder a la demanda. Por ende, el interés social, político y jurídico suscitado alrededor del tema ha despertado alarmas que nos exigen trabajar de manera más oportuna y constitutiva. Las actuales herramientas de atención, sujetas a la gravedad del delito (la medida educativa impartida por un juez, la internación en medios semi-cerrados y la privación de la libertad en Centros de Atención especializados, entre otros), atendidas por un Juez de Menores, la Comisaria de Familia o EL Instituto de Bienestar Familiar, necesitan reforzamiento en jurisdicción, apoyo institucional,  educación y convivencia ciudadana, pues mientras los menores  están en las instituciones reciben asistencia pedagógica, pero cuando salen vuelven a su hábitat,  amigos y familias, que si les ofrecen un esquema de antivalores, vuelven a infringir. 

Que se necesita en parte para subsanar?: prevención y seguimiento. Liderar procesos de atención integral, que garanticen el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes vulnerados a través de diversas alternativas de respuesta, que se ajusten a las necesidades y características de los beneficiarios y usuarios de los servicios institucionales de Colombia. 

A propósito en la Cámara de Representantes, hoy contamos con un Código de Infancia y Adolescencia, más asertivo y preventivo para enfrentar  la delincuencia organizada, puntualizar más sobre responsabilidad de los jóvenes infractores y vincular a la comunidad en la prevención de la criminalidad y la intolerancia y convivencia ciudadana; este en buen paso en el mancomunado y arduo camino para disminuir las grietas de una sociedad vulnerada, entre padres, docentes y gobernantes. 

 El Estado y la pedagogía no serán menos en la responsabilidad de recuperar los infantes y adolescentes!!

HR JORGE GOMEZ VILLAMIZAR

Tags: Código de Infancia y Adolescencia



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Blog del Representante Jorge Gómez Villamizar

por

Jorge Eliécer Gómez Villamizar

Socio-fundador, Socio-fundador

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