Ordenanzas ilegales
La crisis económica del país, la situación financiera del Departamento, la opinión de la comunidad y los cambios hechos al contrato inicial, llevaron al Gobernador de Antioquia, ingeniero Guillermo Gaviria, a revisar a fondo el proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente -conocido como Túnel de Oriente-, a fin de tener claridad sobre su real factibilidad. La revisión técnica mostró inconvenientes en la oportunidad de la inversión en la construcción, debido al aumento en la oferta vial y la disminución de la demanda, lo cual podría afectar considerablemente el presupuesto del Departamento, que debía cumplir con la garantía de ingresos mínimos para sostener la tasa interna de retorno del Concesionario.
Otros inconvenientes, los diseños del proyecto no eran definitivos, generando incertidumbre en los costos; en lo ambiental, se preveía un efecto sobre las aguas de Santa Elena; los estudios ignoraron la necesidad de construir un segundo túnel por efecto de la saturación por gases y por sobrepasar la capacidad de la vía; además de la inseguridad legal de los recursos de crédito e inexistencia de obligación por parte del Concesionario de garantizar el cierre financiero del proyecto, entre otros.
En marzo de 2003, le informamos al Concesionario del Túnel, la conveniencia de negociar una terminación del contrato. Con la mediación del Señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, acordamos y firmamos en Rionegro unas modificaciones, las cuales se centraron en el aplazamiento del Túnel en el tiempo, hasta tanto un nuevo estudio de demanda y tráfico indicaran la conveniencia de construirlo; avanzar en la construcción de la doble calzada a las Palmas, en el tramo Chuscalito–Los Balsos– Alto de las Palmas, una solución al problema del K10+700 de la Vía a Santa Elena y la pavimentación por el corredor actual, de las vías El Retiro–La Ceja y Canadá–El Carmen.
A los inconvenientes y reparos realizados por especialistas, editorialistas y columnistas sobre la inviabilidad económica y ambiental del proyecto como lo concibe el actual gobierno departamental, agregamos las objeciones sobre la legalidad de las Ordenanzas que le dan vía libre al Gobernador para que comprometa vigencias futuras para ejecutar la obra y el grave hecho de que la Asamblea de Antioquia no verificara, como era su obligación, si sumados todos los compromisos que se pretendían adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración, se excedía la capacidad de endeudamiento del Departamento, tal y como lo establece el artículo 12 de la ley 819 de 2003.
Las Ordenanzas son ilegales, de acuerdo con el Consejo de Estado, que confirmó el pasado 14 de julio un fallo contra una autorización equivalente que la Asamblea de Casanare le había otorgado al Gobernador de ese departamento. Según la Contraloría General de la República: “Se trata de un fallo trascendental, pues sostiene la misma tesis jurídica que de manera conjunta fijaron en septiembre de 2010 la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda y la Auditoría, toda vez que otras entidades territoriales estaban procediendo con base en los mismos supuestos jurídicos ilegales”.
El contundente fallo fija una clara disciplina fiscal, al ordenar no aplicar por inconstitucional los actos administrativos que autoricen incorporar a los respectivos estatutos presupuestales territoriales la figura de las vigencias futuras excepcionales, que a finales del año pasado superaban los $15 billones. Así las cosas, quedan sin piso legal las Ordenanzas 13, 14 y 16 de 2010 que autorizan al Gobernador del Departamento de Antioquia para comprometer más de $864 mil millones para el Plan Departamental de Aguas, las Autopistas de la Montaña y el controvertido Túnel de Oriente. ¿Cómo solucionaremos esta compleja situación?
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