Políticas públicas, debates sin solución

May 2011 10

En temas tan diferentes como el aborto, los derechos de los homosexuales, la propiedad intelectual o la sostenibilidad fiscal existen posiciones irreconciliables porque se basan en valores opuestos o en postulados que nadie puede probar. ¿Cómo es posible entonces la convivencia en un país tan dividido como el nuestro?

Por Francisco Thoumi, analista de www.razonpublica.com

Opiniones diferentes, acuerdos difíciles

En los debates sobre políticas frecuentemente se encuentran posiciones encontradas de personas inteligentes y bien intencionadas que, al analizar un problema, llegan a conclusiones totalmente diferentes. En estas situaciones es tentador promover el diálogo para buscar un acuerdo.

Sin embargo, en muchos casos la naturaleza y estructura del problema no permiten lograr una solución de este tipo. Cuando esto ocurre, es muy probable que quienes toman posiciones opuestas tiendan a concluir que sus opositores son deshonestos y que utilizan argumentos aparentemente lógicos para satisfacer agendas ocultas, es decir, que ellos son inmorales y deshonestos. En esta situación, cada opositor siente que es moralmente superior a sus contrincantes, pero no es posible llegar a un acuerdo.

Infortunadamente en muchos argumentos sobre políticas públicas, la naturaleza y estructura del problema simplemente no permiten llegar a acuerdos satisfactorios para todos, porque las soluciones dependen de argumentos que requieren juicios de valor basados en visiones particulares sobre la vida y la forma en que opera la sociedad o en supuestos metafísicos.

En otras palabras, en muchos casos no hay una política que sea la única solución posible y todas las soluciones dependen de creencias y evaluaciones subjetivas. Por eso en sociedades como la colombiana es tan difícil llegar a acuerdos fundamentales, dada una fuerte diversidad regional y racial, que se traduce en diferencias culturales sustantivas.

Así, por ejemplo, la diversidad ha llevado a que un porcentaje de la población considere que la mal llamada "malicia indígena es una virtud": no creer y desconfiar de todo lo que el opositor afirma. Eso explica por qué vivimos todavía en una sociedad con bajos niveles de confianza, de solidaridad, de empatía y de respeto por el otro. Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar estos problemas.

Debate sobre el aborto

Este es un caso clásico de conflicto entre visiones de la vida. En un extremo están quienes afirman que la vida empieza en la concepción, por lo que el embrión ya es un ser humano, aunque apenas tenga un minuto, y entonces el aborto se considera como un auténtico asesinato.

En el otro están los que afirman que la mujer tiene derecho a controlar lo que pasa dentro de su cuerpo y que la vida no empieza sino cuando el feto viable sale de la madre, por lo que el aborto no es un asesinato. Entre estos dos extremos hay un sinnúmero de posibilidades intermedias.

Ninguna de estas posiciones tiene una base científica definitiva. Primero, en biología se considera que cualquier célula tiene vida. Por eso, un asesinato es muy distinto de acabar con la vida de un animal, virus u otra forma de vida. El problema para decidir si el aborto es o no un asesinato exige entonces diferenciar entre clases de vida.

Una diferenciación posible es entre formas de vida con y sin conciencia. Pero esta diferenciación también crea problemas:

Primero, si se cree en la reencarnación en otras formas de vida, esta diferenciación no tiene sentido y además, lleva al vegetarianismo para no comer antepasados y a tener que andar con una escoba adelante para barrer el suelo que se va a pisar y así no matar involuntariamente a pequeños seres vivos reencarnados.
Segundo, hay animales que claramente demuestran tener sentimientos, que pueden entender varias instrucciones y responder a diversas situaciones. Siendo esto así, ¿se justifica matar un perrito o un mono, pero no un ser humano que tenga un atraso mental que lo haga semejante a ellos?

Para responder esta pregunta muchos apelarían a resolver otra pregunta: ¿existe el alma? Y si existe, ¿quién tiene y quién no tiene alma? ¡Esto sí es meterse en camisa de once varas, cuya respuesta requiere actos de fe, tanto si es afirmativa como si es negativa! Basta recordar los debates sobre la existencia del alma de los indios latinoamericanos o de los negros, en el período que siguió a la conquista española.

En conclusión, el debate sobre el aborto no tiene solución. Al final uno cree o no cree y asume alguna posición al respecto, pero no puede demostrar empíricamente que esa posición tenga una base científica irrefutable, que haga que la posición tomada sea la única posible apoyada por la ciencia.

Derechos de los homosexuales

Este es otro debate sin solución posible. Desde una orilla se afirma que la homosexualidad es antinatural, porque los cuerpos del mismo sexo no tienen órganos que se acoplen fácilmente; que Dios reveló que el sexo tiene solamente una función: la reproductiva; que la familia tradicional, creada por Dios, es la raíz de la sociedad y que la homosexualidad es una perversión.

Desde la otra orilla se afirma que la homosexualidad es parte de la sexualidad humana, que cada persona puede tener algunas inclinaciones homosexuales, que la psicología apoya estas afirmaciones, por lo que es simplemente natural.

Además, la sexualidad tiene muchos fines, uno de los cuales es la reproducción, que precisamente ha perdido importancia en un mundo sobrepoblado; que los heterosexuales practican con alguna frecuencia sexo oral y anal; y además, se insiste en que la configuración de la familia tradicional- considerada solamente como una pareja y sus hijos- es solamente uno de muchos modelos de familia posibles, los cuales han variado enormemente en la historia humana.

Los homosexuales buscan que la sociedad reconozca sus relaciones como naturales y que la legislación de familia no los discrimine: que les permita tener seguros familiares, heredar, adoptar hijos y tener todos los privilegios de las familias heterosexuales. Los opositores son muy diversos, desde quienes rechazan totalmente la homosexualidad, hasta quienes simplemente insisten en que los homosexuales tengan los mismos derechos de las familias, pero que su unión no se llame familia.

En este caso es claro que los debates no pueden llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.

Propiedad intelectual y bienes públicos intangibles

Este es un caso de enfrentamiento entre derechos individuales y sistemas de producción de bienes públicos. Los "bienes públicos" pueden ser tangibles como el espacio público, o intangibles, como el conocimiento y la información.

Los costos de producción de estos últimos se concentran en investigación y desarrollo, pero una vez que se producen, su reproducción o los servicios prestados tienen un costo bajísimo, que puede ser cero o casi cero. En la jerga de los economistas, la producción de estos bienes y servicios tiene altos costos fijos y costos marginales muy bajos o nulos.

El conocimiento, la información, los libros, la música, el arte, el software, los medicamentos y otros bienes semejantes entran en esa categoría. En el caso del conocimiento y el arte, es claro que descubrirlos o crearlos es costoso, pero una vez que existen o se sabe cómo hacerlos, se pueden reproducir a costos muy bajos.

Como los costos de reproducción son tan bajos, en muchos casos los precios a los que se venderían en un mercado libre o donde todos los pudieran producir, no compensarían los costos incurridos en el proceso de creación del conocimiento requerido para su producción. Por eso, si se acepta la "solución neoliberal del mercado libre", la producción de conocimiento sería mucho menor de la que le convendría a la sociedad.

En el pasado artículos de arte y composiciones musicales eran financiados por mecenas a quienes no les importaba el retorno de su inversión y los científicos generalmente eran hijos de familias adineradas, que no necesitaban generar ingresos para sobrevivir.

En el mundo moderno el problema continúa. Por ejemplo, quienes contribuimos con la redacción de artículos para Razón Pública, somos mecenas modernos, que no recibimos ninguna remuneración por nuestro trabajo.

¿Cómo producir más conocimiento?

A principios de la revolución industrial, quien inventaba algo buscaba por todos los medios mantener en secreto el proceso que había descubierto, para que otros no lo copiaran.

En el mundo moderno hay dos opciones para producir conocimiento: que el Estado financie la investigación y el desarrollo y que los resultados queden bien sea bajo control gubernamental o pasen al dominio público, o que lo haga el sector privado.

Ambas opciones son problemáticas. En un mundo ideal, el gobierno benévolo impondría un impuesto a los beneficiarios potenciales del conocimiento y de la información y utilizaría estos fondos para financiar su creación.

En el mundo real, los gobiernos que financian investigación lo hacen por razones políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte de la investigación que llevó a la revolución tecnológica en computación y comunicaciones de las últimas décadas, surgió de programas del Pentágono (Ministerio de Defensa), que financió el programa espacial y el desarrollo de armas para protegerse de la Unión Soviética.

Sin embargo, otros conocimientos quedan en secreto por razones estratégicas o de seguridad nacional. En los países autoritarios como Cuba y los países árabes, el Estado impone mayores restricciones, especialmente en lo relacionado con la divulgación de información y con la expresión de opiniones diferentes de las del gobierno.

Cuando el sector privado financia el conocimiento y la información, se presentan otros problemas. Por ejemplo, en el caso de los periódicos privados, estos también están sometidos a fuertes presiones políticas, que restringen las voces "políticamente incorrectas". Además, para su financiación recurren a la publicidad, casi siempre del sector privado, que busca atraer consumidores y elevar los precios de sus productos.

En la jerga de los economistas, para financiar la prensa se requiere que los mercados de los bienes y servicios ofrecidos mediante la propaganda no sean perfectamente competitivos, es decir, que los bienes se diferencien por marcas o estilos, de manera que la publicidad sea efectiva.

En el caso de la propiedad industrial -como la derivada de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos por parte de laboratorios farmacéuticos- la solución jurídica a la que llegó la sociedad fue la de crear un sistema de patentes que establece un monopolio temporal.

En este caso, para producir conocimiento, el sector privado tiene que tener mercados imperfectos que garanticen que el precio de sus productos y servicios exceda a sus costos marginales, lo cual no maximiza el bienestar social.

El problema actual surge de cambios tecnológicos que han socavado la capacidad para controlar la reproducción de información y conocimiento, tanto en el sector público como en el privado. Copiar música, libros y otra información es cada vez más fácil y el internet ha disminuido enormemente la necesidad de productos impresos.

Además, las constituciones y legislaciones modernas "garantizan" cada vez más el derecho a la información y al conocimiento. Esto crea un conflicto entre derechos muy intenso y muy grave: el derecho de quien genera información y conocimiento a ser remunerado por su trabajo, frente al derecho de los demás de tener acceso y beneficiarse del conocimiento y la información.

Es cierto que cualquiera de los sistemas viables, bien sea financiados por el sector publico o por el privado, lleva a soluciones que no son ideales: en un caso, el sesgo político e ideológico cuando el Estado controla la información, lo que se investiga y el conocimiento que se genera y en el otro, los precios resultantes son monopolísticos y exceden sustancialmente el costo marginal de los productos del sector privado, lo que lleva a situaciones donde por ejemplo, enfermos graves en países pobres no tengan acceso a medicamentos que los curarían.

Sin embargo, a pesar de lo injusto que esto parezca, también es cierto que si se elimina el sistema de patentes y no se reemplaza por otro que nadie ha propuesto y que permita un alto y continuo nivel de investigación y desarrollo, lo que se lograría seria satisfacer los derechos de los beneficiarios actuales, a costa de socavar los de los de las generaciones futuras.

Esto ocurriría por ejemplo, en el caso de los medicamentos donde se disminuiría la oferta de nuevos productos. Algo semejante ocurre con las copias de libros y artículos académicos tan comunes en las universidades actuales. Si simplemente se elimina el pago de derechos de autor por libros y artículos, o se reduce al nivel de su costo marginal -que reciben los negocios copiadores y no los autores- la producción de conocimiento disminuiría y con eso, los derechos y beneficios que recibirían las generaciones venideras.

Las nuevas tecnologías también afectan los derechos de expresión en otras formas complejas. Si bien es cierto que abaratan la reproducción y la diseminación de la información, pueden tener efectos muy nocivos con relación a su producción. Por ejemplo, el mundo de la información virtual ha hecho que cada vez sea más difícil financiar el periodismo investigativo, porque el internet ha limitado cada vez más los ingresos de los periódicos y estos están quebrando. Tan es así que algunos periódicos están cobrando por visitar sus páginas web.

El periodismo investigativo ha demostrado ser muy importante como factor de control social sobre los políticos y el sector privado. Así, sin periodismo investigativo no hubiera existido el caso Watergate en Estados Unidos o no se hubieran "destapado" la mayoría de los casos de corrupción y abuso de poder de muchos gobiernos.

Es importante resaltar que facebook y twitter, que se proclaman como profundamente democráticos, se alimentan de lo que el periodismo produce, pero no lo pueden reemplazar.

En conclusión, cuando se enfrentan derechos de propiedad intelectual contra derechos al conocimiento y a la información, no hay forma de llegar a una solución donde todos queden satisfechos. En este caso los usuarios del conocimiento afirman su derecho y las tecnologías modernas les facilitan violar las leyes sobre propiedad intelectual y los productores de conocimiento e información simplemente terminan como mecenas forzados, mientras no exista otro sistema que los financie.

La "sostenibilidad fiscal"

La discusión a este respecto es candente en el país y tiene por lo menos dos caras opuestas. Por un lado, la Constitución "garantiza" una cantidad de derechos, cuya satisfacción requiere disponer de grandes recursos económicos, pero no garantiza impuestos u otros ingresos suficientes para financiarlos: simplemente supone que el Estado los debe conseguir.

Por otro lado, el desarrollo sostenido de largo plazo requiere que se mantengan controlados los déficit fiscal y en cuenta corriente en la balanza de pagos. El problema se agrava en un país donde la gente no se siente parte del Estado, al que perciben como un padre rico al cual hay que pedirle, rogarle o simplemente extraerle fondos.

En otras palabras, los colombianos queremos un Estado que nos resuelva muchos problemas, pero no estamos dispuestos a pagar por ellos. Esta actitud la justificamos con argumentos como: "para qué pago impuestos, si se los roban".

El apoyo a los derechos y a las tutelas como recurso para garantizarlos se basa en argumentos de justicia social. El razonamiento sobre la necesidad de limitar el gasto público -y en especial el déficit fiscal- se basa en argumentos económicos derivados de observar la experiencia de muchos países, que demuestra que se generan grandes crisis, cuyo costo social es muy alto, cuando no se controlan los desbalances macroeconómicos. Este argumento también se apoya en la razones de justicia: las crisis agravan la pobreza y la desigualdad, frustran expectativas y tienden a generar grandes injusticias.

El hecho es que la garantía de los derechos constitucionales requiere, por un lado, niveles de impuestos más altos y en algunos casos redistribución de la riqueza -en el caso colombiano especialmente en el sector agrario- y por el otro, un sistema legal y judicial que reconozca con realismo que el nivel del ingreso de Colombia corresponde al de un país en vías desarrollo, por lo que no es viable "garantizar" derechos económicos y sociales, cuyo costo sea semejante al que se asume en Estados Unidos por ejemplo.

Lo anterior no significa una defensa a la actual propuesta de ley de sostenibilidad fiscal, que cursa en el Congreso, sino simplemente resalta el hecho de que los argumentos a favor de ambas posiciones pueden ser muy sólidos y que no hay solución satisfactoria para ambos bandos.

¿Diferencias irresolubles sin violencia física o legal?

Las sugerencias a continuación suponen una sociedad razonable, que busque tolerar y respetar las diversas opiniones y creencias de sus miembros, sin tratar de forzar a un grupo a aceptar las creencias de los más poderosos.

El primer paso para llegar a una convivencia razonable requiere aceptar que no hay verdad absoluta, que mis creencias son mías y que aunque me parezcan totalmente razonables, puede haber personas que no las compartan. Este primer paso muchas veces es imposible cuando existen fundamentalismos políticos o religiosos.

Por ejemplo, si considero que tengo un mandato divino de propagar lo que "sé" que es la ley de Dios, o estoy totalmente convencido de la naturaleza inmoral de los sistemas económicos y políticos del país, no puedo tener dudas sobre mi verdad y no puedo aceptar las posiciones opuestas como válidas para quienes las tienen aunque yo no las comparta. En estos casos el mundo está dividido entre "buenos" (los míos) y "malos" (los opositores) y la única meta satisfactoria es que el otro cambie y adopte mi creencia.

La aceptación de verdades no absolutas permite llegar a acuerdos sobre asuntos que tengan que ver con argumentos metafísicos. El caso del aborto es "fácil" de resolver si todos aceptan que la decisión sobre los conceptos de vida y de alma se basa en razones metafísicas las cuales no son físicamente objetivas por lo que cada persona las puede interpretar a su manera, tal vez con algunas excepciones.

En otras palabras, el acuerdo no tiene por qué ser completo. Por ejemplo, el aborto de un feto de cuatro semanas podría considerarse como distinto del de uno de seis meses, cuya vida podría ser viable fuera de la madre, dada la tecnología actual.

Los conflictos sobre la homosexualidad también serian "fáciles" de resolver aceptando que mi "verdad" no es única. En este caso también los acuerdos pueden ser parciales. Por ejemplo, uno sería dar a los homosexuales todos los derechos de las familias heterosexuales, sin llamar familias a sus acuerdos de convivencia. Es decir, es posible avanzar dando satisfacción parcial a los agravios de un grupo, sin tener que lograr que el otro grupo cambie completamente su posición.

Los conflictos sobre sostenibilidad fiscal y derechos de propiedad intelectual son hasta cierto punto más sencillos conceptualmente, pero enfrentan otra clase de dificultades, porque implican cambios sustanciales en la forma como se distribuyen la riqueza y el ingreso de la sociedad.

Por ejemplo, el conflicto sobre la sostenibilidad fiscal se solucionaría si el gobierno cobrara más impuestos, si no hubiera "carruseles" en el gasto público y si las cortes limitaran las compensaciones a cifras que estuvieran en concordancia con el nivel de ingreso del país, como restringir la cobertura de cirugías electivas puramente cosméticas.

Sin embargo, el debate actual implícitamente supone que esa solución físicamente realista no es viable políticamente y por eso se concentra en contraponer los derechos de unos frente a los de otros.

La solución del conflicto no es posible mientras no se acepte que estamos ante "un debe haber, pero no hay", es decir ante una limitación real en el ingreso y la riqueza, que no permite satisfacer las expectativas y derechos de todos, aunque estén incluidos en la Constitución.

Los problemas de propiedad intelectual y de información son conceptualmente claros, pero cualquier solución requiere un financiamiento que implique ya sea transferencias del gobierno o de los usuarios hacia los productores de conocimiento e información.

El problema se ha acentuado porque las tecnologías modernas facilitan los comportamientos "gorreros" ("free riders"), personas que consideran que tienen derecho a acceder de manera gratuita a la información y al conocimiento. Otro agravante surge de la posibilidad de reproducir la información sin conocimiento de su productor (copiar artículos, libros, música, etc.) El dilema que enfrenta la sociedad al respecto surge de que cada vez predomina más la "ley de oro: el que tiene el oro hace la ley".

La información y el conocimiento se generan de acuerdo con los intereses de los gobiernos o de los grupos o individuos económicamente poderosos. En ambos casos, aunque se tenga la apariencia de libertad de expresión, la censura es real aunque pueda ser sutil. Por eso, como se mencionó anteriormente, cada vez es más difícil financiar actividades como el periodismo investigativo.

Comentarios finales

En la sociedad moderna han surgido muchos conflictos relacionados con políticas públicas de naturaleza económica o social, cada vez más difíciles de resolver por medio del consenso.

Algunos conflictos podrían manejarse si la gente aceptara que las verdades metafísicas no son absolutas. La solución de otros conflictos requiere cambios sustanciales en la repartición del ingreso y la riqueza, que enfrentan otros obstáculos.

Por eso, muchos de los diálogos entre contradictores no pueden llevar a acuerdos que los resuelvan. El gran desafío de países como Colombia es ¿cómo evitar que estos conflictos se solucionen por la fuerza? ¡Desafortunadamente, la vida es injusta!

Tags: Francisco Thoumi Propiedad intelectual Píldora aborto Colombia Aborto Colombia Homosexuales Colombia adopción Razonpublica.com Www.razonpublica.com

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