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Oct201207

POR EL DERECHO AL TRABAJO Y A UNA PENSION DIGNA, LAS MADRES COMUNITARIAS INICIAN HOY PARO NACIONAL INDEFINIDO

 

Ante la inminencia de un retiro masivo de las mujeres que por más de 20 años han tenido bajo su responsabilidad el funcionamiento del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, para la ejecución de la denominada estrategia de Atención de la Primera Infancia “Cero a Siempre” y ante la negativa persistente del sistema político imperante de reconocerlas como trabajadoras con plenos derechos laborales y sociales, han tomado la decisión  de iniciar en el de hoy, UN PARO NACIONAL INDEFINIDO con el propósito de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, sobre las graves violaciones a sus derechos humanos y sociales fundamentales que le han impedido el reconocimiento del salario mínimo como retribución a su trabajo y, sobre todo, el acceso a una pensión digna.
 
A las 7.500 madres comunitarias que serán retiradas forzosamente del servicio por razón de la edad y que por la situación de pobreza en que han vivido, no han podido cotizar al Sistema General de Pensiones, pese al sistema especial que rige para ellas desde el 2008, la propuesta que de tiempo atrás ha venido sosteniendo la dirección del ICBF, es la reconocerles el auxilio que se otorga a los “ancianos indigentes” con recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, que hoy está fijado en la cuantía de $80.000 pesos, se paga cada dos o tres meses y que según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, a esta suma, previa identificación de las beneficiarias, el ICBF complementará una proporción que deberá ser reglamentada por el gobierno nacional, lo cual hasta la fecha no se ha producido, quedando en la incertidumbre su cuantía y el tiempo a partir del cual las madres comunitarias serán acreedoras a dicho beneficio, que no alcanza el estatus de una pensión de vejez.
 
La otra opción que se les ofrece, es la vinculación a los denominados Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, que obliga a estas mujeres trabajadoras al sometimiento de un ahorro forzoso al término de su vida laboral, lo que resulta nugatorio de su derecho a una pensión digna y una forma irresponsable de evadir la obligación constitucional y convencional de garantizar el mínimo vital al término de la vida laboral.
 
Si bien es cierto, la política del gobierno nacional de atender de forma integral a los niños colombianos, especialmente los que provienen de los estratos más pobres de la población, lo que subyace en la Estrategia “Cero a Siempre”, es una política de privatización del Servicio Público de Atención a la Primera Infancia, impuesto como se sabe por el Bando Mundial, desde su perspectiva de solución de la pobreza en el mundo, cuya implementación sacrifica la experiencia acumulada durante más de 20 años por lasmadres comunitarias en la atención amorosa y sacrificada de cientos de niños y niñas, hijos de las mujeres pobres de las comunidades.
Esta grave situación que se ha tornado generalizada y sistemática, se constituye, sin lugar a dudas, en una forma de DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DEL GENERO, en una violación a los PRINCIPIOS DE IGUALDAD e IGUALDAD DE OPORTUNIADES Y DE TRATO en las relaciones de trabajo y aPRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD que debe imperar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre los cuales el Comité del PIDESC, ha efectuado recomendaciones al gobierno colombiano, que no han sido tenidas en cuenta, pese al carácter vinculante que éstas tienen para los Estados Partes, de conformidad con la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, por lo cual el Estado colombiano estaría incurso en una responsabilidad internacional por la violación sistemática a estos postulados acogidos por la comunidad internacional.
 
De ahí que sea totalmente legítima y justa la acción de protesta que inician hoy lasMadres Comunitarias en defensa de un régimen jurídico que regule su situación laboral y social, que les reconozca el derecho a una pensión digna a las que van a ser retiradas forzosamente del servicio y por la adopción de una Política Nacional de la Primera Infancia que esté en manos del Estado y que garantice los derechos prevalentes e inalienables de los niños y niñas colombianos.
Por estas sopesadas razones, expreso mi solidaridad y mi compromiso de continuar defendiendo desde el Congreso de la República, los derechos laborales y sociales de lasMadres Comunitarias, a la vez que informo a la opinión pública, que dado el silencio a que ha sometido el PROYECTO DE LEY No. 32 DE 2011 – SENADO“Por medio de la cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la labor de las madres comunitarias en Colombia”, que cursa en la Comisión Séptima del Senado, de iniciativa de la Representante a la Cámara Gloria Díaz, por parte de los parlamentarios ponentes, he radicado ponencia positiva, a fin de que sean nuevamente consideradas las justas reclamaciones de las Madres Comunitarias del país por el establecimiento de un régimen jurídico que les otorgue el reconocimiento como trabajadoras con plenos derechos

Tags: ICBF



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