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Ago 2012 02

Pronunciamiento Pueblos Indígenas MPC_ Cuestionan organización OPIC - exigen al gobierno cumplimiento de acuerdos y rechazan discriminacion

 

COMUNICADO URGENTE DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS REPRESENTADAS EN LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION, COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS, COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, COMISION NACIONAL DE TRABAJO DE CONCERTACION DE LA EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (CONTCEPI), COMISION TECNICA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS

 Los miembros de la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, la comisión nacional de territorios indígenas, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión nacional de trabajo de concertación de la educación para los pueblos indígenas (CONTCEPI), la comisión técnica nacional de salud para pueblos indígenas, las autoridades y líderes indígenas, preocupados por los últimos acontecimientos sucedidos en diferentes regiones del país y en particular en los territorios indígenas, manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente: 

1. Desde el reinicio de los diálogos con el Gobierno Nacional en el mes de octubre del año 2010, cuando el entonces ministro del Interior, German Vargas Lleras, convocó a las organizaciones indígenas para el restablecimiento de los espacios de discusión y concertación con nuestros pueblos, manifestamos nuestra disposición y voluntad política para sentarnos a emprender caminos de entendimiento. 

2. Posteriormente, con el correr de los días y, después de acordar temas y rutas metodológicas en algunos casos, se han presentado toda clase de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, los cuales se expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido beneficio alguno.

3. Por otro lado, los pueblos indígenas del Cauca representados en la ACIN, el CRIC y autoridades tradicionales de base, cansados de la guerra que se desarrolla en medio de sus campos y pueblos, decidieron decir NO MAS A LA GUERRA EN SUS TERRITORIOS ANCESTRALES y literalmente, sacaron de sus resguardos al Ejército Nacional y a las FARC. 

4. Así mismo, los pueblos indígenas del Putumayo realizaron una movilización pacífica exigiendo el respeto y cumplimiento a sus derechos fundamentales, en especial a sus territorios ancestrales, toda vez que están padeciendo la falta de tierras que garanticen su pervivencia étnica y cultural al no tener reconocimiento legal de sus territorios ancestrales, presentándose por parte del INCODER demoras injustificadas para la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos, con comunidades que llevan cinco o más años esperando la legalización de sus territorios con trámites estancados en los anaqueles de esa institución. 

5. Y el 25 de julio del presente año, la Corte Constitucional expidió el Auto 173 conminando al Ministerio de Defensa a “la devolución del área del resguardo JIW de Barrancón-Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e infantería de Marina, en un período no mayor a seis (6) meses.” 

Ante este cuadro crítico de la situación de derechos humanos de nuestros pueblos, que al decir de la Corte Constitucional nos encontramos en un estado de cosas inconstitucional que tiene en alto riesgo de desaparición física y cultural a gran parte de nuestros pueblos indígenas, el Gobierno Nacional ha emprendido una campaña de desprestigio y xenofobia generalizada, a través de los medios de comunicación, invirtiendo la concepción de víctimas y posicionando en su lugar a uno de los actores armados, aspecto que no se compadece con la cruda realidad que día a día viven nuestros hermanos indígenas en todo el país. 

Queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de los soldados de la Patria, sabemos que son campesinos e indígenas que han sido reclutados por el Ejército Nacional y reiteramos que  nuestra inconformidad es con las políticas públicas que el Gobierno Colombiano pretende implementar desconociendo nuestro legítimo derecho a existir como pueblos diferenciados y con autonomía territorial en el marco de la República unitaria consagrada en la Constitución. 

Cuestionamos igualmente que el Estado Colombiano amparado en la “organización” de la OPIC, creada por el Gobierno anterior, genera y promueve en la opinión pública un sentimiento xenófobo, que en nada contribuye a la construcción de paz que desde nuestros territorios propendemos y promulgamos. 

Precisamente, el día de hoy, en horas de la mañana, mientras un grupo de integrantes de la OPIC adelantan una manifestación en las calles de Popayán, un helicóptero del Ejército Nacional realiza sobrevuelos por la sede del CRIC pidiendo por altavoces a los guerrilleros que se desmovilicen y se entreguen, en una clara provocación al movimiento indígena y sus autoridades. 

Reiteramos que es importante hacer claridad sobre lo sucedido por cuanto las informaciones y el sesgo que el Gobierno nacional y los medios de comunicación le han imprimido a las noticias originadas en el Cauca, Putumayo, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó, entre otros, pretenden mostrar a nuestros hermanos indígenas como los causantes de todos los males que padecen estas regiones, cuando la causa se encuentra en la clase política tradicional y en el accionar del Estado en nuestros territorios que solo se hace a través de intervenciones militares, las cuales reflejan una política clara de desprestigio y desprecio por la suerte que puedan correr nuestros hermanos indígenas en estos territorios. 

Frente a la OPIC, EXIGIMOS al Gobierno Nacional que por ser una organización paralela creada por el Gobierno del Expresidente Uribe para dividir y deslegitimar las justas luchas de nuestros pueblos, se revoque la Resolución N° 0073 de 3 de Septiembre de 2009 a través de la cual la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior le dio personería jurídica.

Es necesario que el Gobierno Nacional y la fuerza pública reconozcan y respeten el ejercicio jurisdiccional de nuestros pueblos en todo el país y que en el caso del departamento del Cauca se manifiesta entre otros aspectos, en la Guardia Indígena, creada por las autoridades tradicionales de base para el control territorial y la gobernabilidad de los territorios ancestrales. 

Conminamos al Gobierno Nacional a que suspenda todo señalamiento, estigmatización y victimización de nuestras autoridades indígenas, líderes y pueblos, por cuanto no es posible que nuestras organizaciones sigan dialogando con un Gobierno que insta a la sociedad a tener comportamientos xenófobos y discriminatorios contra nuestras autoridades, líderes, pueblos y culturas. 

Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que las consultas previa se lleven a cabo de conformidad con los postulados constitucionales y legales reconocidos en los instrumentos internacionales y a su vez EXIGIMOS el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, tanto con la Mesa Permanente de Concertación como con los diferentes pueblos en todo el país.                                       

MESA PERMANENTE DE CONCERTACION

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA P.I.

COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS

COMISION TECNICA DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS

COMISION TECNICA DE SALUD PARA P.I.

 



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Blog de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

por

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

44 Posts    

Desde su conformación en 1.971, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, se constituyó en un dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía nacional para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales. Con el propósito de visibilizar y socializar sus problemáticas, compartir la experiencia organizativa y establecer dinámicas de unidad para la exigibilidad de sus derechos, a los Congresos Regionales y espacios de trabajo colectivo del CRIC, asistían cada vez y de manera más representativa autoridades y delegados indígenas de otros pueblos y comunidades indígenas de Colombia. Este fenómeno de integración durante la década de los setenta, permitió que en algunos congresos del CRIC se realizaran comisiones de trabajo para tratar los asuntos de los pueblos indígenas de Colombia. Así conocimos a líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y Amazónicos, entre otros, quienes en unión de los Nasa, Coconuco y Giuambiano, estimularon y trabajaron para la conformación de una entidad organizativa que representará y desatará acciones a nivel nacional para realizar los intereses de los pueblos indígenas del País. En esta dinámica de sacar a la luz pública y denunciar ante la comunidad nacional e internacional los atropellos que a diario vivían los indígenas en Colombia, el periódico “Unidad Indígena”, órgano oficial del CRIC, se constituyó en el vocero y medio fundamental para la visibilización de las necesidades, amenazas y vulneración de los derechos de los pueblos Indígenas. Su director Trino Morales, indígena Guambiano quien desde 1963 venia liderando procesos de recuperación territorial de su pueblo, fue el encargado por el CRIC, para trabajar en el tema organizativo nacional. Trino Morales acompañado de líderes indígenas del Tolima, Cauca, la Sierra Nevada, Antioquia, Caldas, Nariño y los Llanos Orientales, entre otros, visitaron durante dos años a los pueblos indígenas del país en comisiones de trabajo que aún hoy se recuerdan con nostalgia. Del esfuerzo de este puñado de compañeros surge el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia, realizado en la comunidad de Lomas de Ilarco, Municipio de Coyaima, sur del Departamento del Tolima, el 12 de octubre de 1980. Evento que constituye el primer paso concertado entre pueblos, autoridades y organizaciones indígenas para dotar al movimiento indígena nacional de una estructura política y organizativa del mismo orden. Mil quinientos delegados en representación de los pueblos indígenas del país, en asamblea general acordaron en Lomas de Ilarco la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena Nacional; así como la constitución de la ONIC. La ONIC como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática. El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional indígena de Colombia, fue celebrado en la Localidad de Bosa en febrero de 1982, y estuvo conformado por representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y contó con la presencia de 12 delegaciones indígenas internacionales. Por primera vez en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas del país, se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integralidad de sus identidades étnicas. El Primer Congreso Indígena Nacional adoptó para la ONIC los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía que configuran las líneas de acción de la entidad y produjo su mandato en temas como la Legislación Indígena y el cumplimiento por parte del estado de la Ley 89 de 1890, recomendando a todos los indígenas del país el fortalecimiento de la autonomía indígena y de rodear a las autoridades tradicionales para el ejercicio de su gobierno. Al momento de conformarse la ONIC, Colombia atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su historia nacional matizado por el asenso al poder político del Estado de personajes vinculados a economías subterráneas, la presencia de grupos de justicia privada, el fortalecimiento del accionar de los grupos guerrilleros y el desconocimiento por parte del Estado y el Gobierno Nacional de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos colombianos, todo lo cual generó un clima de violencia institucional, caracterizada por la violación sistemática de los DDHH y de infracciones al DIH, lo que afectó de manera dolorosa a los pueblos indígenas quienes llevaran para siempre en su memoria las masacres, torturas, desapariciones y asesinatos de sus autoridades y dirigentes desde la política gubernamental del Estatuto de Seguridad, impuesta por el presidente Turbay Ayala. En la década de los ochenta la dinámica organizativa y política de los pueblos indígenas de Colombia, se inscribe en un proceso de exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Por lo mismo mientras en Colombia los pueblos indígenas dan un primer paso hacia la realización de su autonomía política y organizativa, a nivel internacional las minorías étnicas acceden a espacios y escenarios de incidencia donde logran ser admitidos y escuchados en sus problemáticas. Fruto de esta dinámica, el 9 de agosto de 1982, se reúne por primera vez la El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, establecido a raíz del estudio presentado por el Sr. Martínez Cobo, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Este Grupo de Trabajo, actuó como órgano subsidiario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Es más, para conmemorar la fecha de la primera reunión de este grupo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, instituyó el nueve de agosto como día internacional de las poblaciones indígenas.

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