Qué hay de fondo en movilizaciones del Putumayo
La vía Mocoa- Pitalito permanece tapada por la movilización pacífica que adelantan indígenas, afro y campesinos que exigen al gobierno nacional cumplimento en materia territorial y que cese el auge de concesiones y expedición de licencias para explotación minera, hidrocarburos y de recursos naturales, a diestra y siniestra lo cual afecta profundamente su integridad física, cultural, territorial y espiritual pues vulnera sus sitios y ritos sagrados…
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Durante el último mes en el departamento del Putumayo comunidades indígenas, afro y campesinas han decidido plantarse frente a los atropellos que les han impuesto tanto el gobierno nacional y local con sus proyectos de desarrollo de infraestructura y de extracción de recursos, como las empresas, y que ha dejado a las diversas comunidades afectadas en su integridad cultural, ambiental y territorial y excluidas de los beneficios sociales.
En ese sentido desde el fin de la semana pasada ríos de gente marcharon de Puerto Asís hacia la capital, Mocoa, para exigir el derecho fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada frente a la construcción de la variante San Francisco Mocoa, obra vial que afectará a estas comunidades en cuanto a sus ríos, ecosistemas y todo el hábitat territorial. “La manifestación es porque no se nos ha consultado a la comunidad el desarrollo de esta vía, estamos reclamando este derecho fundamental y queremos que nos respeten; la consulta debe hacerse con todos, con la comunidad, y no sólo con unos pocos dirigentes”, explicó Lilia Tisoy Jajoy, una joven del pueblo indígena inga del municipio de Santiago, Valle de Sibundoy.
El sentimiento joven en la defensa territorial, ha sido protagonista en esta movilización y en la que desde el 25 de junio, se tomó pacíficamente la Vía Mocoa -Pitalito, en Yunguillo, donde unos 2500 indígenas y campesinos protestan por los incumplimientos del gobierno y el abandono en que están las comunidades rurales del Putumayo y Nariño. El Taita inga Ángel Jacanamijoy, por ejemplo, explicó que no ha habido avances del INCODER en materia de saneamiento, ampliación o titulación de resguardos como se acordó, tampoco ha habido avances en los acuerdos del Plan de Desarrollo, ni en los acuerdos logrados en la Mesa Permanente de Concertación.
Señaló que el gobierno nacional se empeña en entregar concesiones mineras, de hidrocarburos o de explotación de recursos naturales en una feria de ofertas al mejor postor y que través de Ministerio de Ambiente se ha empeñado en otorgar licencias ambientales para la explotación de estos recursos, lo cual afecta la integridad territorial de las comunidades de la región.
Otros líderes de la movilización ratifican que detrás de esta feria de concesiones vienen atropellos indiscriminados contra la población civil y que el gobierno con su táctica de estigmatizar la protesta social lo que hace es poner en grave riesgo la vida de los habitantes que exigen sus derechos y justificar los atropellos de la fuerza pública, en este caso el ESMAD, para agredir los manifestantes.
De todas maneras las formas de actuar del gobierno por la fuerza o por graves señalamientos han minado la poca confianza de la población civil en la Fuerza Pública y en la frágil voluntad política del gobierno, pues uno de los puntos de acuerdo o de exigibilidad para levantar la toma pacífica, es que los “escuadrones de terror” del ESMAD, como los llaman los lugareños, sean retirados para iniciar los diálogos. Hoy se espera que haya una reunión de alto nivel en la que el gobierno reanude el cumplimiento de los acuerdos y de esa forma los 2500 manifestantes levantan la toma.
De otra parte está también la poca o nula atención del Estado en materia de servicios básicos y programas sociales, como indicaron las autoridades indígenas, lo cual fue otra motivación que llevó a varios cabildos indígenas del Putumayo y de Nariño a concentrarse en el resguardo Condagua, ubicado en la región de Yunguillo, y tomarse la vía para poder ser escuchados.
Los líderes de la movilización pacífica reiteran la defensa del territorio, la dignidad y la existencia, así como el arraigo a sus tradiciones culturales, por lo cual exigen además una consulta previa con las comunidades para efectos de desarrollar diversos proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales, mineros y petroleros, entre otros. Por ello una de las principales agresiones que motivo la movilización fue la declaratoria del Putumayo como distrito minero, sumado al tema de tierra y territorio, pues aseguran que se ha desatado una ola violatoria de los derechos humanos en los territorios indígenas.
Si bien la movilización de Puerto Asís a Mocoa se levantó de momento se espera que en próximas semanas se vuelva a reactivar pues el ímpetu juvenil de la región esta presto ahora a apoyar cualquier iniciativa en defensa del territorio. Un grupo de jóvenes inga con quien conversamos desde la consejería de Comunicaciones ONIC manifiestan que si bien hay autoridades del cabildo de Santiago y algunos dirigentes indígenas que por ser funcionarios públicos de gobierno pretenden desaprobar las manifestaciones, habrá resistencia para muchos años y ya los jóvenes se organizan para hacer frente a las estrategias de coptación del gobierno, primero está la conservación y respeto de la cultura y el territorio indígena…
Lo de fondo, defensa de los pueblos
En 2010 con movilizaciones pacíficas, acciones jurídicas, unidad y arraigo territorial ancestral los pueblos indígenas del Putumayo y comunidades afrocolombianas lograron frenar la implementación del proyecto vial variante San Francisco -Mocoa, proyecto considerado por el gobierno pilar para el “desarrollo” regional y que corresponde al mega proyecto de infraestructura IIRSA, el cual busca implementar infraestructura para extraer recursos mineros, petroleros, energéticos, naturales, biodiversidad y conocimiento ancestral de la Amazonia.
Lo ocurrido entones responde la mismo propósito de hoy, al defensa territorial, en este sentido los pueblos inga y kamëntza, otros sectores sociales, campesinos y afro de la Bota Caucana, se han decidido a defender el territorio del Putumayo y especialmente el territorio ancestral conocido con el nombre de Carlos Tamabioy, en homenaje al taita indígena quien legó a los pueblos este territorio sagrado, él mismo lo compró a la corona española en el año 1700.
No obstante pueblos indígenas, afro y campesinos son conscientes de la magnitud del problema, el el reto no es fácil, además de la estrategia de desarrollo, locomotora minera y graves y constantes vulneraciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades por cuenta del conflicto armado y actividades de narcotráfico en la zona, los pueblos deben encarar un monstruo mayor: los objetivos globales de desarrollo. Para la región el principal reto es el objetivo del Eje de Integración y Desarrollo para el Amazonas -del cual hace parte la variante San Francisco- Mocoa-, enmarcado en la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA, pensado por los gobiernos de UNASUR para propiciar mayor integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con Ecuador, Perú y Brasil, mediante mejoramiento de comunicación por vía terrestre entre los países, que permita consolidar el Corredor de transporte Intermodal Tumaco -Puerto Asís – Belén Pará, como mecanismo eficiente en la promoción del desarrollo del sur de Colombia y norte de Ecuador, Perú y Brasil, fortaleciendo el comercio entre los países del Eje del Amazonas.
La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA, que además nunca ha sido consultada, al cual deben enfrentarse los habitantes del Putumayo, es un conjunto de mega proyectos orientados a un modelo extractivista. La iniciativa surgió en 2000 como propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a la reunión de presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia a finales de agosto.
Allí los 12 mandatarios de la región acordaron realizar acciones conjuntas para impulsar el proceso de integración política, social y económica de la región suramericana, incluyendo la modernización de infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y desarrollo de sub-regiones aisladas. Tal compromiso se tradujo en un Plan de Acción, formulado en la reunión de Ministros de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de América del Sur, realizada en Montevideo, en diciembre de 2000, el cual estableció las líneas de acción principales de IIRSA, hoy constituido como marco de referencia para el desarrollo de estas actividades.
Estas actividades IIRSA buscan identificar requerimientos de tipo físico, normativo e institucional para planificar e implementar las infraestructuras estructurantes de integración suramericana, trazando fines como: coordinación de planes e inversiones; compatibilización y armonización de aspectos regulatorios e institucionales asociados y; generar mecanismos innovadores de financiamiento público y privado. En respuesta a ello el movimiento indígena de Latinoamérica, en distintos escenarios y con sus distintas organizaciones ha optado por sentar una oposición reflexiva en defensa del territorio, la autonomía y los derechos de los pueblos aborigen del continente, que se ven amenazados y vulnerados con este proyecto “devastador y depredador de la Madre Naturaleza”, consideración hecha por organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y la ONIC entre otras…
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Blog de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Desde su conformación en 1.971, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, se constituyó en un dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía nacional para demandar del Estado colombiano medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales. Con el propósito de visibilizar y socializar sus problemáticas, compartir la experiencia organizativa y establecer dinámicas de unidad para la exigibilidad de sus derechos, a los Congresos Regionales y espacios de trabajo colectivo del CRIC, asistían cada vez y de manera más representativa autoridades y delegados indígenas de otros pueblos y comunidades indígenas de Colombia. Este fenómeno de integración durante la década de los setenta, permitió que en algunos congresos del CRIC se realizaran comisiones de trabajo para tratar los asuntos de los pueblos indígenas de Colombia. Así conocimos a líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y Amazónicos, entre otros, quienes en unión de los Nasa, Coconuco y Giuambiano, estimularon y trabajaron para la conformación de una entidad organizativa que representará y desatará acciones a nivel nacional para realizar los intereses de los pueblos indígenas del País. En esta dinámica de sacar a la luz pública y denunciar ante la comunidad nacional e internacional los atropellos que a diario vivían los indígenas en Colombia, el periódico “Unidad Indígena”, órgano oficial del CRIC, se constituyó en el vocero y medio fundamental para la visibilización de las necesidades, amenazas y vulneración de los derechos de los pueblos Indígenas. Su director Trino Morales, indígena Guambiano quien desde 1963 venia liderando procesos de recuperación territorial de su pueblo, fue el encargado por el CRIC, para trabajar en el tema organizativo nacional. Trino Morales acompañado de líderes indígenas del Tolima, Cauca, la Sierra Nevada, Antioquia, Caldas, Nariño y los Llanos Orientales, entre otros, visitaron durante dos años a los pueblos indígenas del país en comisiones de trabajo que aún hoy se recuerdan con nostalgia. Del esfuerzo de este puñado de compañeros surge el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia, realizado en la comunidad de Lomas de Ilarco, Municipio de Coyaima, sur del Departamento del Tolima, el 12 de octubre de 1980. Evento que constituye el primer paso concertado entre pueblos, autoridades y organizaciones indígenas para dotar al movimiento indígena nacional de una estructura política y organizativa del mismo orden. Mil quinientos delegados en representación de los pueblos indígenas del país, en asamblea general acordaron en Lomas de Ilarco la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena Nacional; así como la constitución de la ONIC. La ONIC como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática. El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional indígena de Colombia, fue celebrado en la Localidad de Bosa en febrero de 1982, y estuvo conformado por representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y contó con la presencia de 12 delegaciones indígenas internacionales. Por primera vez en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas del país, se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integralidad de sus identidades étnicas. El Primer Congreso Indígena Nacional adoptó para la ONIC los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía que configuran las líneas de acción de la entidad y produjo su mandato en temas como la Legislación Indígena y el cumplimiento por parte del estado de la Ley 89 de 1890, recomendando a todos los indígenas del país el fortalecimiento de la autonomía indígena y de rodear a las autoridades tradicionales para el ejercicio de su gobierno. Al momento de conformarse la ONIC, Colombia atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su historia nacional matizado por el asenso al poder político del Estado de personajes vinculados a economías subterráneas, la presencia de grupos de justicia privada, el fortalecimiento del accionar de los grupos guerrilleros y el desconocimiento por parte del Estado y el Gobierno Nacional de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos colombianos, todo lo cual generó un clima de violencia institucional, caracterizada por la violación sistemática de los DDHH y de infracciones al DIH, lo que afectó de manera dolorosa a los pueblos indígenas quienes llevaran para siempre en su memoria las masacres, torturas, desapariciones y asesinatos de sus autoridades y dirigentes desde la política gubernamental del Estatuto de Seguridad, impuesta por el presidente Turbay Ayala. En la década de los ochenta la dinámica organizativa y política de los pueblos indígenas de Colombia, se inscribe en un proceso de exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Por lo mismo mientras en Colombia los pueblos indígenas dan un primer paso hacia la realización de su autonomía política y organizativa, a nivel internacional las minorías étnicas acceden a espacios y escenarios de incidencia donde logran ser admitidos y escuchados en sus problemáticas. Fruto de esta dinámica, el 9 de agosto de 1982, se reúne por primera vez la El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, establecido a raíz del estudio presentado por el Sr. Martínez Cobo, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Este Grupo de Trabajo, actuó como órgano subsidiario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Es más, para conmemorar la fecha de la primera reunión de este grupo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, instituyó el nueve de agosto como día internacional de las poblaciones indígenas.
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