Reforma a la justicia debe ser una bandera nacional
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"El proyecto busca combatir la impunidad, la corrupción, la descongestión judicial, entre otros": senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U).
Cuando el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó a consideración del Congreso el proyecto de Reforma a la Justicia, la opinión pública, los medios de comunicación, los partidos políticos y los ciudadanos no solo la calificamos de oportuna sino como el escenario en la redefinición del sistema mismo de justicia.
Hoy, a la puerta de la culminación del período legislativo, hay quienes la critican y hasta llaman a hundirla sin saber lo que puede significar para Colombia, que un decisión de esa envergadura salga del Congreso, sin antes evaluar su dimensión y sus efectos posteriores.
Lo primero que hay que decir, es que países que se la jugaron toda por el fortalecimiento de la justicia como Chile, Argentina o el mismo Estados Unidos es que una Reforma a esta rama del poder público requiere tiempo y paciencia.
En otras palabras, sus resultados van apareciendo en el camino de manera progresiva. Implican importantes cambios culturales e institucionales que no son fáciles de percibir a simple vista. Un hecho que en el caso de Colombia se podría decir que está en proceso de aprendizaje.
Bajo ese escenario, lo que se requiere es un gran compromiso del país alrededor del proyecto de ley de Reforma a la Justicia, que en esencia busca combatir la impunidad, la corrupción, la descongestión judicial y brindar garantía jurídica a los militares a través de un fuero especial.
Una línea de acción que defiendo e invito a los colombianos a acompañar por que está en juego no solo el futuro de la presente generación sino de quienes nos han de suceder en la conducción de municipios, departamentos, el legislativo y por supuesto: la Jefatura del Estado.
Particularmente, sobre la aprobación o no de esta iniciativa, tengo la tesis que la debilidad del consenso alrededor del proyecto de Reforma a la Justicia es el mejor camino al fracaso. Un error que sería histórico, si se analiza que la globalización y la internacionalización de la economía, las normas jurídicas y el sistema de justicia deben mostrar su capacidad de asimilar y afrontar estas nuevas realidades.
Es más, resulta incuestionable que los diferentes procesos de reforma institucional en curso en América Latina ya comienzan a resaltar la importancia del vínculo entre el fortalecimiento de los sistemas de justicia y la promoción de la inversión. Una operación que en términos económicos apunta al crecimiento, a mejores oportunidades de empleo para los ciudadanos e involucra al dialogo a los actores de la reforma judicial, el senado y la cámara, los partidos políticos, las autoridades económicas y el sector empresarial.
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